RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-00296-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00296-00

Fecha
2 de febrero de 2023
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00296-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Rubén Darío Pérez Contreras, en nombre propio y en representación de sus hijas menores Ana Gabriela Pérez Mora y Sara Sofía Pérez Mora, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días siguientes a su notificación (art. 31 Dcto. 2591 de 1991). Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el cuaderno original de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00296-00

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

2 de febrero de 2023

R ad ic a do : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 0 0 29 6- 0 0
Ac c i o na nt e : Ru b én D arí o P ér ez C on tre ras , en no m bre pro p i o y e n
r ep r es e nt ac ió n d e l as me n or es A na G abr i e l a P ér ez M or a y S ar a
S of ía Pér ez M or a.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

F.T: 16
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00296-00
Accionante: RUBÉN DARÍO PÉREZ CONTRERAS, EN NOMBRE PROPIO Y
EN REPRESENTACIÓN DE LAS MENORES ANA GABRIELA
PÉREZ MORA Y SARA SOFÍA PÉREZ MORA.
Accionados: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y OTRO

Temas: Acción de tutela, como mecanismo transitorio, para suspender los efectos
jurídicos de un acto administrativo, hasta que se produzca una decisión de fondo en
un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Estudio de la exigencia
general de subsidiariedad e inexistencia de un perjuicio irremediable.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de tutela,
decide la acción de la referencia.

HECHOS RELEVANTES

a) Proceso disciplinario

El 2 de junio de 2016 la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento
de Policía de Magdalena Medio, mediante el Oficio núm. S-2016-015002 DEMAM-
CODIN, remitió a la Inspección Delegada Región Cinco las diligencias
documentales del proceso disciplinario con radicado P-DEMAM-2016-57, por el
presunto actuar irregular del señor Rubén Darío Pérez Contreras en los hechos
ocurridos el 25 de mayo de 2016, cuando se desempeñaba como comandante de
la Estación de Policía Buena Vista.

El 1.° de marzo de 2021 el inspector delegado de la Región Cinco de Policía declaró
disciplinariamente responsable al señor Pérez Contreras, al encontrar probadas las
conductas descritas en los ordinales 26 y 30 del literal e del artículo 34 y del numeral
17 del artículo 36 de la Ley 1015 de 2006 y, en consecuencia, lo sancionó con
destitución e inhabilidad general por un término de 15 años. Por lo anterior, el
sancionado interpuso recurso de apelación. El 28 de octubre de 2021 el inspector

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

R a d ic a d o: 1 1 00 1 - 03- 1 5- 00 0- 20 2 3- 0 0 2 96- 0 0
Ac c i o na nt e : Ru b én D arí o P ér ez C on tre ras , en no m bre pro p i o y
en r epr es en t ac i ó n d e l as m en or es A n a G a bri e la Pér ez M or a y
S ara So fí a Pér ez M or a .

general de la Policía Nacional (E) confirmó en su integridad la decisión de primera
instancia. El 7 de enero de 2022 el Ministerio de Defensa Nacional, mediante la
Resolución núm. 0057, ejecutó la sanción impuesta.

b) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

El señor Rubén Darío Pérez Contreras instauró demanda en contra de la Nación-
Ministerio de Defensa-Policía Nacional, con el fin de obtener la nulidad de los fallos
disciplinarios y de la Resolución mencionada. Asimismo, a título de restablecimiento
del derecho, solicitó (i) el reintegro al mismo cargo o a otro de superior jerarquía; (ii)
el pago de todos los salarios, primas de navidad, actividad y de vacaciones,
subsidios de transporte, alimentación y demás emolumentos dejados de percibir
como consecuencia de la sanción impuesta y (iii) declarar que no existió solución
de continuidad en la prestación del servicio durante la destitución del cargo.
Además, requirió, como medida cautelar, la suspensión de los actos administrativos
precitados.

El 31 de octubre de 2022 el Juzgado Décimo Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Cartagena ordenó remitir la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho al Tribunal Administrativo de Bolívar, por ser el competente, en virtud del
factor funcional, para conocer ese asunto. El 25 de enero de 2023 la corporación
judicial mencionada inadmitió la demanda, por la falta de remisión de esta y de sus
anexos al demandado, por lo cual le otorgó un término de 10 días al demandante
para que corrigiera este defecto.

c) Inconformidad

El señor Rubén Darío Pérez Contreras, en nombre propio y en representación de
sus menores hijas Ana Gabriela Pérez Mora y Sara Sofía Pérez Mora, consideró
que la Nación-Ministerio de Defensa y la Policía Nacional amenazan sus derechos
fundamentales a la vida digna, mínimo vital y móvil, bienestar y trabajo, puesto que,
debido al hecho de que se le reprochara y sancionara por una conducta que, en su
criterio no cometió, sus condiciones económicas y nivel de vida se han visto
seriamente afectados, lo cual incide profundamente en su núcleo familiar y social.

Además, afirmó que han transcurrido más de cinco meses, sin que el juez del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se pronuncie sobre la admisión
de la demanda y mucho menos sobre la medida cautelar solicitada y la celebración
de la audiencia inicial.

PRETENSIONES

La parte accionante requirió amparar de forma transitoria sus derechos
fundamentales previamente citados y, en consecuencia, peticionó ordenar al
Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional suspender, en el término de cuarenta
y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia, los

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

R a d ic a d o: 1 1 00 1 - 03- 1 5- 00 0- 20 2 3- 0 0 2 96- 0 0
Ac c i o na nt e : Ru b én D arí o P ér ez C on tre ras , en no m bre pro p i o y
en r epr es en t ac i ó n d e l as m en or es A n a G a bri e la Pér ez M or a y
S ara So fí a Pér ez M or a .

efectos jurídicos de la Resolución núm. 0057 del 7 de enero de 2022, hasta tanto
exista un pronunciamiento de fondo por parte del juez del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.

TRÁMITE DE LA PRESENTE ACCIÓN

El 13 de diciembre de 2022 fue remitido a esta corporación el expediente de la
acción de la referencia, para resolver el recurso de impugnación instaurado por la
parte accionante en contra de la sentencia proferida el 21 de noviembre de 2022
por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión núm. 2, mediante la cual
declaró improcedente este mecanismo de amparo. Por lo anterior, en la fecha
mencionada el citado expediente fue repartido al despacho del magistrado
sustanciador para adelantar el trámite de segunda instancia.

Sin embargo, el 20 de enero de 2023 el despacho precitado dejó sin efectos todo lo
actuado en la acción de la referencia, a partir, inclusive, del auto admisorio proferido
el 4 de noviembre de 2022, debido a que al Tribunal precitado le asistía interés en
la causa, en tanto que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, cuya
mora se alega, había sido remitido por competencia a esa corporación, de manera
que aquel debió enviarla al Consejo de Estado, conforme a lo dispuesto en el
artículo 1.° del Decreto 333 de 2021.

En consecuencia, dentro de la misma providencia, se avocó conocimiento del
presente asunto y, en aras de garantizar la celeridad que cobija este trámite, se
admitió en contra de la Nación-Ministerio de Defensa y la Policía Nacional y,
adicionalmente, se vinculó al Juzgado Décimo Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Cartagena y al Tribunal Administrativo de Bolívar.

CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO

Juzgado Décimo Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena

La jueza Giovanna Bonilla Mitrotti, luego de hacer un recuento de las actuaciones
adelantadas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
promovido por el señor Rubén Darío Pérez Contreras, indicó que no puede
pronunciarse sobre la medida de suspensión provisional solicitada porque carece
de competencia funcional para conocer y tramitar dicho asunto, conforme a lo
dispuesto en el ordinal 23 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011, modificado por
la Ley 2080 de 2021.

Adicionalmente, sostuvo que, del hecho de no haber resuelto la solicitud de medida
cautelar elevada no es posible deducir la vulneración de los derechos
fundamentales que invoca el accionante, por cuanto esta no deviene de la actuación
de las autoridades judiciales, pues incluso aquel manifestó, en la tutela, que la
trasgresión de sus derechos al mínimo vital y vida digna son consecuencia
presuntamente de la actuación de la Nación - Ministerio de Defensa y Policía

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

R a d ic a d o: 1 1 00 1 - 03- 1 5- 00 0- 20 2 3- 0 0 2 96- 0 0
Ac c i o na nt e : Ru b én D arí o P ér ez C on tre ras , en no m bre pro p i o y
en r epr es en t ac i ó n d e l as m en or es A n a G a bri e la Pér ez M or a y
S ara So fí a Pér ez M or a .

Nacional, al proferir los actos administrativos y retirarlo de su cargo, el cual se
materializó desde el mes de enero de esta anualidad y que nada tiene que ver con
el ejercicio de la acción jurisdiccional.

De igual forma, resaltó que desde el 25 de enero de 2022 entraron en vigor las
nuevas competencias que en la Ley 2080 de 2021 se dispusieron en los juzgados
administrativos y que han implicado un incremento de los procesos que deben ser
asistidos por ese despacho. Asimismo, expuso que, si bien es cierto que desde la
fecha de reparto de la demanda hasta el momento en que se pronunció el Juzgado
transcurrieron cuatro meses, también lo es que no corresponde a una actuación de
desidia, sino a las múltiples labores que debe atender y respecto de las cuales
algunas deben ser priorizadas. Por tanto, solicitó su desvinculación del presente
trámite constitucional.

Policía Nacional

El inspector delegado de la Región 5 de Juzgamiento, Andrés Chapal Sánchez,
indicó que la desmejora que puede llegar a sufrir el señor Rubén Darío Pérez
Contreras no constituye un acto de desconocimiento o violación de su derecho,
como él lo afirma, sino una simple consecuencia material de la aplicación de la ley
disciplinaria.

De otra parte, explicó que la acción de tutela fue concebida únicamente para dar
solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que
implican la transgresión o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de los
cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser
invocado, de ahí que, en el caso en concreto, la acción de amparo no sea
procedente por la existencia de un medio judicial apto para la defensa de los
derechos presuntamente amenazados. Adicionalmente, sostuvo que tampoco
procedería de manera transitoria este medio de amparo, por cuanto no existe
vulneración, ni perjuicio o riesgo inminente que amerite tutelar estos derechos. En
consecuencia, solicitó denegar las pretensiones del accionante.

El Ministerio de Defensa y el Tribunal Administrativo de Bolívar no rindieron el
informe solicitado, a pesar de que fueron debidamente notificados del auto
admisorio de la presente acción.

CONSIDERACIONES

Competencia

La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente
para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política y el artículo 1.° del Decreto 333 de 20211, el cual regula que:

1 Por medio del cual se modificaron los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015

referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

R a d ic a d o: 1 1 00 1 - 03- 1 5- 00 0- 20 2 3- 0 0 2 96- 0 0
Ac c i o na nt e : Ru b én D arí o P ér ez C on tre ras , en no m bre pro p i o y
en r epr es en t ac i ó n d e l as m en or es A n a G a bri e la Pér ez M or a y
S ara So fí a Pér ez M or a .

«[…] [l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán
repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior
funcional de la autoridad jurisdiccional accionada […]».

Problema jurídico

El problema jurídico en esta instancia puede resumirse en las siguientes preguntas:

1. ¿Se encuentra en trámite el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho en el que el accionante solicitó la nulidad del acto administrativo,
cuya suspensión provisional pretende en esta sede constitucional?

2. En caso de una respuesta positiva al anterior interrogante, deberá resolverse
el siguiente: ¿Está acreditada la probable e inminente configuración de un
perjuicio irremediable, y, en esa medida, procede la acción de tutela de forma
transitoria?

Para resolver el problema así planteado, se abordarán las siguientes temáticas: (I)
exigencia general de subsidiariedad, (II) improcedencia de la acción de tutela
cuando el proceso se encuentra en trámite, (III) análisis del caso en concreto, (IV)
perjuicio irremediable y (V) inexistencia de ese perjuicio en el caso bajo estudio.
Veamos:

• Primer problema jurídico

¿Se encuentra en trámite el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en el que el accionante solicitó la nulidad del acto administrativo, cuya
suspensión provisional pretende en esta sede constitucional?

I. Exigencia general de subsidiariedad

La jurisprudencia de la Corte Constitucional2 como de esta corporación ha sostenido
que, debido al carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, en principio,
este medio de defensa judicial resulta improcedente cuando: 1. El accionante dejó
de interponer los recursos judiciales ordinarios que estaban a su alcance para
confrontar la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales; 2. El
accionante acude directamente a la acción de tutela, a pesar de existir otro
mecanismo de defensa judicial a su disposición o 3. El proceso o asunto se
encuentra en trámite.

2 Corte Constitucional, sentencia T-011 de 2007. Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil. «[…]En este

orden de ideas, si la parte afectada no interpuso en su debido momento, los recursos establecidos en el
ordenamiento jurídico para salvaguardar los derechos amenazados o vulnerados, es innegable que la acción
de amparo constitucional no tiene la virtualidad de revivir los términos vencidos ni de convertirse en un recurso
adicional o supletorio de las instancias ordinarias previstas en el desarrollo de cada actuación procesal, como
de forma reiterada lo ha manifestado esta Corporación […]»

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

R a d ic a d o: 1 1 00 1 - 03- 1 5- 00 0- 20 2 3- 0 0 2 96- 0 0
Ac c i o na nt e : Ru b én D arí o P ér ez C on tre ras , en no m bre pro p i o y
en r epr es en t ac i ó n d e l as m en or es A n a G a bri e la Pér ez M or a y
S ara So fí a Pér ez M or a .

Pese a lo anterior es dable reconocer que la mencionada regla general tiene algunas
excepciones. En relación con el primero de los casos, la acción de tutela resulta
procedente cuando logre demostrarse que dicha acción es el único mecanismo de
defensa para proteger un daño gravísimo a un derecho fundamental y que el
accionante no utilizó los mecanismos ordinarios de defensa por encontrarse en una
situación que se lo impedía por completo. Ahora, en cuanto a la excepción frente al
segundo y tercero de los eventos, se configura cuando los otros mecanismos no
resultan idóneos para proteger el derecho fundamental presuntamente vulnerado
y/o no son expeditos para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

II. Improcedencia de la acción de tutela cuando el proceso se encuentra en
trámite

En caso de que mediante la acción de tutela pretenda cuestionarse una decisión
dictada dentro de un proceso judicial que está en trámite y en el cual existan
mecanismos idóneos y eficaces para la protección de los derechos fundamentales,
esta se torna en improcedente, puesto que es al juez natural a quien corresponde
subsanar los yerros en que pueda incurrir. Aunado a ello, la Corte Constitucional 3
ha reiterado que el interior del proceso es el primer escenario donde debe
efectuarse la protección de los derechos fundamentales y de las garantías propias
de aquel, para lo cual en el ordenamiento jurídico se han creado los medios y
recursos necesarios, con el fin de que las partes puedan utilizarlos para alegar las
irregularidades que puedan presentarse y el juez se pronuncie sobre el particular.

En efecto, la acción de tutela no es un mecanismo complementario a los procesos
ordinarios, debido a que lo deseado no es reemplazar al juez natural, sino proteger
derechos fundamentales que puedan verse transgredidos con la actuación u
omisión de una autoridad judicial o administrativa o de un particular, en los casos
señalados en la ley. Por lo tanto, debe declararse la improcedencia de la tutela y,
por ende, no es posible conocer el fondo, cuando la decisión controvertida haya sido
dictada dentro de un proceso que está en curso y en el cual existen los mecanismos
judiciales para proteger los derechos fundamentales de las partes.

III. Análisis del caso en concreto

El señor Rubén Darío Pérez Contreras, en nombre propio y en representación de
sus hijas menores Ana Gabriela Pérez Mora y Sara Sofía Pérez Mora, solicitó la
protección transitoria de sus derechos fundamentales a la vida digna, mínimo vital
y móvil, bienestar y trabajo, los cuales consideró amenazados por la Nación-
Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, puesto que, al sancionarlo por una
conducta que, en su criterio, no cometió, han afectado seriamente sus condiciones
económicas y nivel de vida, lo cual incide profundamente en su núcleo familiar y
social. En consecuencia, solicitó la suspensión provisional de la Resolución 0057
de 2022, mediante la cual se ejecutó la sanción impuesta en los fallos proferidos
dentro del proceso disciplinario con radicado SIJUR REGI5-2016-92.

3 Ver entre otras la sentencia T-211 de 2013.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

R a d ic a d o: 1 1 00 1 - 03- 1 5- 00 0- 20 2 3- 0 0 2 96- 0 0
Ac c i o na nt e : Ru b én D arí o P ér ez C on tre ras , en no m bre pro p i o y
en r epr es en t ac i ó n d e l as m en or es A n a G a bri e la Pér ez M or a y
S ara So fí a Pér ez M or a .

Al respecto, revisado el material probatorio obrante en el expediente de la
referencia, se advierte que el aquí accionante instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía
Nacional, para que se declarara la nulidad de los fallos disciplinarios proferidos el
1.° de marzo de 2021 y el 28 de octubre de igual anualidad, mediante los cuales fue
sancionado con destitución e inhabilidad general por un término de 15 años; y de la
Resolución núm. 0057 del 7 de enero de 2022, por medio de la cual se dio
cumplimiento a la anterior decisión. Adicionalmente, se observa que el demandante
solicitó, como medida cautelar, la suspensión de los efectos jurídicos de los actos
administrativos precitados.

Igualmente, se denota que el 31 de octubre de 2022 el Juzgado Décimo Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena ordenó remitir, por competencia,
la demanda al Tribunal Administrativo de Bolívar, autoridad judicial que, el 25 de
enero de 2023, inadmitió la demanda, por la falta de remisión de esta y de sus
anexos al demandado.

Pues bien, como el medio de control, en el que el accionante solicitó la nulidad de
la Resolución precitada, se encuentra en trámite, es necesario precisar que la
acción de tutela no es un mecanismo alterno o complementario a los procesos
judiciales, menos aun cuando la autoridad está a cargo de la dirección de este y es
a quien le corresponde adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos
de las partes y terceros intervinientes en el asunto. Por consiguiente, no es factible
que se acuda paralelamente a este medio subsidiario de protección de derechos
fundamentales, para que sea en esta sede donde se resuelvan las discusiones que
deben efectuarse al interior del medio de control.

En ese orden de ideas, mal podría el juez constitucional invadir la órbita de la
autoridad judicial que tiene a cargo el conocimiento del proceso y emitir un
pronunciamiento de fondo frente a la suspensión solicitada, pues ello conllevaría
desconocer las competencias que le son propias al juez natural y desnaturalizaría
el carácter subsidiario de la acción de tutela.

De otra parte, se aclara que, si bien el accionante no dirige la acción y sus
pretensiones de manera concreta en contra del Juzgado Décimo Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena y del Tribunal Administrativo de
Bolívar, de la lectura del escrito de tutela, se evidencia que también les atribuye la
transgresión de sus derechos fundamentales, dado que, según expuso, han
transcurrido más de cinco meses sin que resuelvan la medida cautelar solicitada.

Sin embargo, de las pruebas obrantes en el expediente no se observa que el
accionante haya agotado el medio de defensa con el que cuenta para discutir la
presunta mora judicial, esto es, la vigilancia judicial administrativa, la cual se
encuentra regulada en el artículo 101-6 de la Ley 270 de 1996, reglamentado por el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

R a d ic a d o: 1 1 00 1 - 03- 1 5- 00 0- 20 2 3- 0 0 2 96- 0 0
Ac c i o na nt e : Ru b én D arí o P ér ez C on tre ras , en no m bre pro p i o y
en r epr es en t ac i ó n d e l as m en or es A n a G a bri e la Pér ez M or a y
S ara So fí a Pér ez M or a .

Acuerdo PSAA11-8113 del 4 de mayo de 20114, en el que la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura atribuyó como función a las Salas Administrativas
de los Consejos Seccionales de la Judicatura la de: «ejercer la vigilancia judicial
administrativa para que la justicia se administre oportuna y eficazmente, y cuidar del
normal desempeño de las labores de funcionarios y empleados de los despachos
judiciales ubicados en el ámbito de su circunscripción territorial».

Por tanto, la Subsección concluye que en el presente asunto no se encuentra
satisfecho el requisito general de subsidiariedad, el cual exige que se hayan agotado
todos los instrumentos de defensa con los que se cuenta antes de acudir a esta
sede de amparo.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el accionante solicita que se suspenda el acto
administrativo mediante el cual se ejecutó la sanción que le fue impuesta, debe
determinarse si la acción de tutela procede como mecanismo transitorio, para evitar
la configuración de un perjuicio irremediable y, en esa medida, es posible emitir un
pronunciamiento sobre la suspensión de los efectos de aquel.

-Segundo problema jurídico

¿Está acreditada la probable e inminente configuración de un perjuicio irremediable,
y, en esa medida, procede la acción de tutela de forma transitoria?

IV. El perjuicio irremediable

El perjuicio que determina la procedencia de la acción de tutela de manera
transitoria es aquel que genera un daño de imposible reparación, lo cual justifica la
intervención del juez en orden a evitar el menoscabo de los derechos y garantías
constitucionales. De conformidad con lo definido por la Corte Constitucional5, el
perjuicio debe reunir varias características, que deben ser identificadas por la
autoridad judicial para poder conocer el fondo del asunto, estas son: 1. Inminencia,
lo cual implica que el solicitante debe demostrar que el daño está por suceder
prontamente y que no se trata de una simple posibilidad y 2. Gravedad, esto es, que
revista gran relevancia para el ordenamiento jurídico y que, por ende, amerita la
atención inmediata de las autoridades públicas.

De igual manera, para que se acredite la existencia de un perjuicio irremediable
debe probarse que las medidas necesarias para evitar su configuración son
urgentes, pues de aplazar su adopción no podría evitarse la ocurrencia del daño.
Así las cosas, se reitera que para que la acción de tutela proceda, a pesar de la
existencia de otro medio de defensa judicial, es necesario que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

4 Que derogó el Acuerdo 088 de 1997.
5 Corte Constitucional. Sentencia T-1316 del 7 de diciembre de 2001. M.P: Rodrigo Uprimny Yepes.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

R a d ic a d o: 1 1 00 1 - 03- 1 5- 00 0- 20 2 3- 0 0 2 96- 0 0
Ac c i o na nt e : Ru b én D arí o P ér ez C on tre ras , en no m bre pro p i o y
en r epr es en t ac i ó n d e l as m en or es A n a G a bri e la Pér ez M or a y
S ara So fí a Pér ez M or a .

V. Inexistencia de ese perjuicio en el caso bajo estudio

El señor Rubén Darío Pérez Contreras manifestó que, al ser padre cabeza de
familia, es el encargado de conseguir el sustento económico para sus hijas, lo cual
no ha sido posible, debido a que no ha podido obtener un empleo digno por la
sanción que le fue impuesta, por lo que se ponen en riesgo no solo sus derechos,
sino los de las infantes. En esa medida, consideró que la acción de tutela resulta
procedente de forma transitoria, para estudiar la suspensión de los efectos de la
Resolución 0057 de 2022, pues, a pesar de que el proceso ordinario está en trámite,
no se ha emitido pronunciamiento alguno sobre la medida cautelar allí solicitada.

Analizado lo expuesto, en primer lugar, debe aclararse que la condición de padre o
madre cabeza de familia, según la Corte Constitucional6, se acredita cuando la
persona cumple los siguientes presupuestos: (i) Tener la responsabilidad
permanente de hijos menores o personas incapacitadas para trabajar, (ii) no contar
con la ayuda de otros miembros de la familia y (iii) que su pareja esté ausente de
manera permanente o abandonó el hogar y se demuestre que esta se sustrajo del
cumplimiento de sus obligaciones, o cuando su pareja se encuentre presente, pero
no asuma la responsabilidad que le corresponde por motivos como la incapacidad
física, sensorial, síquica o mental.

Así las cosas, en el caso que nos ocupa, se tiene que el accionante no cumple
ninguno de los requisitos allí descritos, comoquiera que, en primer lugar, del acta
de conciliación obrante en el expediente, logra evidenciarse que es la progenitora
la que se encuentra a cargo de las menores, tan es así que fue al accionante a quien
le fue fijada la cuota de alimentos. En segundo lugar, no se acreditó que la madre
de las infantes se haya sustraído de sus deberes legales, pues, del documento
precitado, se observa que es ella quien alega que el accionante no la ha apoyado
económicamente para la manutención de sus hijas y, finalmente, en tercer lugar, del
material probatorio tampoco se aprecia que el peticionario no cuente con el apoyo
de otros miembros de la familia.

Ahora, con respecto a la dificultad para conseguir un empleo, debido a la sanción
impuesta, resulta imperioso explicar que ello es una consecuencia directa de las
decisiones adoptadas en el proceso disciplinario, las cuales hasta la fecha gozan
de presunción de legalidad. En ese entendido, este argumento no tiene vocación de
prosperidad para demostrar la ocurrencia de un perjuicio irremediable y, de esta
manera, permitir la procedencia de este medio excepcional de forma transitoria.

Por tanto, se declarará improcedente la acción de tutela instaurada por el señor
Rubén Darío Pérez Contreras, en nombre propio y en representación de sus hijas
menores Ana Gabriela Pérez Mora y Sara Sofía Pérez Mora, de conformidad con la
parte motiva de esta providencia.

6 Sentencia T-003 de 2018 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

R a d ic a d o: 1 1 00 1 - 03- 1 5- 00 0- 20 2 3- 0 0 2 96- 0 0
Ac c i o na nt e : Ru b én D arí o P ér ez C on tre ras , en no m bre pro p i o y
en r epr es en t ac i ó n d e l as m en or es A n a G a bri e la Pér ez M or a y
S ara So fí a Pér ez M or a .

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Rubén
Darío Pérez Contreras, en nombre propio y en representación de sus hijas menores
Ana Gabriela Pérez Mora y Sara Sofía Pérez Mora, de conformidad con la parte
motiva de esta providencia.

Segundo: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días
siguientes a su notificación (art. 31 Dcto. 2591 de 1991). Si esta providencia no fuere
impugnada en tiempo oportuno, remítase el cuaderno original de la actuación a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firma electrónica

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Aclaración de voto
Firma electrónica

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firma electrónica

ARF

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.