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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00309-00

Fecha
3 de marzo de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00309-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 9 Radicación: 11001-03-15-000-2023-00309-00 Accionante: Pedro Nicolás Leal Rubiano Accionado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Villavicencio y otro Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia) PRIMERO: DESVINCULAR al Consejo Seccional de la Judicatura del Meta y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público del presente trámite de tutela, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado, en los términos expuestos en la parte motiva de la presente sentencia. TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00309-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

3 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00309-00
Accionante: Pedro Nicolás Leal Rubiano
Accionado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Villavicencio y otro
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO / Improcedencia
/ SUBSIDIARIEDAD – Existencia de otro mecanismo idóneo y eficaz – vacaciones
individuales de los empleados de la Rama Judicial

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del recurso de amparo constitucional formulado por Pedro Nicolás Leal Rubiano
contra la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Villavicencio y
el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de
Garantías de Villavicencio.

I. ANTECEDENTES

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El señor Pedro Nicolás León Rubiano instauró acción de tutela, con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, descanso y
trabajo en condiciones dignas. Estima que tales prerrogativas fueron vulneradas por
las autoridades accionadas al no realizar las acciones pertinentes para garantizar el
disfrute de sus vacaciones. En ese sentido, solicita que se ordene a las entidades
accionadas apropiar las respectivas partidas presupuestales, emitir el
correspondiente CDP y garantizar su derecho a vacaciones.

2.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y
de las pruebas allegadas se tiene, que:

3.- El accionante se desempeña como Oficial Mayor en el Juzgado Primero Penal
Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Villavicencio.

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00309-00
Accionante: Pedro Nicolás Leal Rubiano
Accionado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Villavicencio y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

En ese contexto, el 9 de septiembre de 2022, solicitó al titular del aludido despacho
la concesión de sus vacaciones, causadas entre el 11 de octubre de 2018 y 11 de
octubre de 2019.

4.- Mediante Resolución 12 del 25 de octubre de 2022, el Juez Primero Penal
Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Villavicencio
negó dicha solicitud argumentando que para garantizar la efectiva prestación del
servicio y evitar una sobrecarga laboral era necesario nombrar un reemplazo, pero
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Villavicencio, a través
del oficio DESAJVIO22-1321 del 19 de septiembre de esa misma anualidad, informó
que no expediría certificado de disponibilidad presupuestal para ese propósito.

5.- El actor sostuvo que la negativa de proveer los recursos necesarios para
designar un remplazo mientras disfruta de sus vacaciones, vulneró los derechos
fundamentales invocados, teniendo en cuenta que el Despacho para el cual labora,
únicamente cuenta con una planta de personal de tres servidores -2 empleados y el
juez-, por lo que resulta “materialmente imposible” pretender que la otra empleada
atienda adecuada y eficazmente tanto sus funciones, como las labores que tiene a
su cargo el accionante, durante un periodo tan extenso como las vacaciones.

6.- Por lo que, otorgarle sus vacaciones sin designar un remplazo y pretender que
su compañera asuma simultáneamente ambas funciones, afecta la administración
de justicia, así como la salud de los servidores judiciales en razón a la excesiva carga
laboral que ello acarrearía. Según afirma, en ese mismo sentido se ha pronunciado
la Sección Cuarta de esta Corporación2.

7.- Además, aseveró que no existe norma alguna que faculte a la Rama Judicial
para que permita que un empleado ejerza simultáneamente las funciones de dos
cargos, en aquellos casos en que sus compañeros entran a disfrutar su periodo
vacacional.

8.- Aunado a lo anterior, manifestó que dicha decisión también transgrede su
derecho fundamental a la igualdad, toda vez que otras Seccionales sí han apropiado
los recursos para garantizar las vacaciones de los empleados que pertenecen a
Juzgados Penales Municipales con Función de Control de Garantías.

9.- Por último, solicitó vincular al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la
Unidad de Planeación y División de Programación Presupuestal, como terceros
interesados en las resultas del proceso.

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

2 En sentencia del 12 de diciembre de 2018, rad. número 08001-23-33-000-2018-00756-01.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00309-00
Accionante: Pedro Nicolás Leal Rubiano
Accionado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Villavicencio y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

10.- Inicialmente, el asunto le correspondió para su conocimiento al Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Villavicencio. Esa Corporación, por auto del 3 de
noviembre de 2022, dispuso: (i) admitir la demanda; (ii) notificar de su presentación
a las autoridades accionadas; y (iii) vincular al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, a la Unidad de Planeación y División de Programación Presupuestal y al
Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, en calidad de terceros con interés.

11.- En virtud de lo anterior, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Villavicencio, el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con
Función de Control de Garantías de Villavicencio, el Consejo Seccional de la
Judicatura del Meta y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, rindieron informe
sobre los hechos objeto de la solicitud de amparo, así:

(i) Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Villavicencio3

12.- La Seccional manifestó que no vulneró los derechos fundamentales
deprecados, pues la decisión de negar la provisión de recursos para la designación
de un remplazo del accionante durante el disfrute de su periodo vacacional se profirió
en estricto acatamiento a la normatividad que regula la materia, particularmente, la
Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 20114, proferida por el Consejo Superior
de la Judicatura, así como el artículo 715 del Decreto 111 de 19966.

13.- Además, indicó que es al nominador a quien le corresponde conceder las
vacaciones solicitadas por los empleados a su cargo, y en ausencia de dicho servidor
puede solicitar apoyo al Centro de Servicios de los Juzgados Penales Municipales o
adoptar cualquier otra medida, sin que sea necesario supeditar la concesión de las
vacaciones a la expedición de un certificado de disponibilidad presupuestal.

14.- En ese sentido, precisó que el juez constitucional carece de competencia para
proferir órdenes que tengan incidencia en el presupuesto, pues ello implicaría una
indebida intromisión en el ejercicio de las funciones que son propias de las
autoridades administrativas, planteamiento que, según afirma, ha sido acogido por
la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia.

(ii) Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de
Control de Garantías de Villavicencio7

3 Intervención digital contenida en 10 folios.
4 A través de la cual se prevén disposiciones relacionadas con la programación de vacaciones de los funcionarios

judiciales que pertenecen al régimen de vacaciones individuales.
5 “Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados

de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. (…)
En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso
del saldo disponible, o sin la autorización previa del Confis o por quien éste delegue, para comprometer vigencias
futuras y la adquisición de compromisos con cargo a los recursos del crédito autorizados (…)”.
6 “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto

Orgánico del Presupuesto.”
7 Intervención digital contenida en 5 folios.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00309-00
Accionante: Pedro Nicolás Leal Rubiano
Accionado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Villavicencio y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

15.- El titular del Juzgado precisó que es la primera vez que el accionante solicita el
goce de sus vacaciones, por lo que la decisión de negarle su concesión no obedeció
a un capricho o arbitrariedad, sino que aquella se sustentó en la necesidad del
servicio y la consecuente correcta y eficaz administración de justicia. En ese sentido,
sostuvo que no incurrió en vulneración alguna de los derechos fundamentales
invocados por la parte actora, pues la ausencia de presupuesto para designar su
remplazo, es la fuente vulneradora de tales prerrogativas. Por lo tanto, señaló que
no se opone a las pretensiones de la demanda.

(iii) Consejo Seccional de la Judicatura del Meta8

16.- La entidad solicitó ser desvinculada de la presente acción constitucional ante la
falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que carece de competencia
para atender lo pretendido por la parte accionante, pues la gestión presupuestal es
una función propia de las Direcciones Seccionales de Administración Judicial y,
además, no tiene incidencia alguna en las decisiones adoptas por el juez en su
condición de nominador.

(iv) Ministerio de Hacienda y Crédito Público9

17.- La cartera ministerial solicitó su desvinculación del trámite de tutela de la
referencia al carecer de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no incurrió
en las acciones u omisiones que se alegan como vulneratorias de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante. Además, señaló que, en el marco
de las funciones que le han sido legalmente atribuidas, carece de competencia para
resolver las pretensiones incoadas en la solicitud de amparo, pues es la Rama
Judicial el órgano competente para resolver los trámites relacionados con la
ejecución de recursos para las vacaciones de los servidores.

18.- Mediante sentencia del 21 de noviembre de 2022, el Tribunal Superior de
Distrito Judicial de Villavicencio accedió al amparo solicitado en la demanda en lo
referente al juzgado accionado. En consecuencia, ordenó a dicha autoridad judicial
que, en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de esa providencia,
dejara sin efectos el acto por el cual negó la solicitud de vacaciones presentadas por
el actor “y previa coordinación con el servidor judicial tutelante (...) respecto de un
período que no afecte las necesidades del servicio y que tampoco desconozca el
derecho al descanso de éste, resuelva nuevamente sobre la concesión de las
vacaciones por el mismo peticionadas, sin que para ello, le sea dable exigir el
certificado de disponibilidad presupuestal para el reemplazo de dicho empleado.”

8
Intervención digital contenida en 2 folios.
9 Intervención digital contenida en 10 folios.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00309-00
Accionante: Pedro Nicolás Leal Rubiano
Accionado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Villavicencio y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

19.- En desacuerdo con la decisión de primera instancia, la parte demandante y el
Juzgado accionado, interpusieron impugnación, cuyo conocimiento le correspondió
a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.

20.- Estando el asunto para decidir la impugnación, la Corte Suprema de Justicia –
Sala de Casación Civil advirtió que el mismo se encontraba viciado de nulidad, por
falta de competencia de esa Corporación y del Tribunal Superior de Distrito Judicial
de Villavicencio para conocer de la presente acción constitucional, según lo previsto
en el inciso 2o, numeral 8 10 del artículo 1 del Decreto 333 de 2021 11 . En
consecuencia, mediante auto del 18 de enero de 2023, resolvió remitir el caso al
Consejo de Estado.

21.- En consideración a lo anterior, el expediente fue asignado al Despacho a cargo
del Magistrado Sustanciador, quien, por auto del 30 de enero de 2023 dispuso avocar
conocimiento del asunto, precisando que, en atención a los principios de celeridad y
economía procesal, las actuaciones surtidas dentro del proceso de tutela de la
referencia, hasta antes de haberse dictado el fallo de primera instancia que fue
declarado nulo, tienen plena validez y por tanto se continuaría con el trámite que
correspondiera para proferir decisión de primera instancia.

II. CONSIDERACIONES

C. Cuestión previa

22.- La Sala accederá a las solicitudes de desvinculación formuladas por el Consejo
Seccional de la Judicatura del Meta y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
toda vez que, en efecto, carecen de legitimación en la causa por pasiva, pues
ninguna acción u omisión está comprometida en los hechos que se traen a
conocimiento de la judicatura. Adicional a ello, no son las llamadas a responder por
las presuntas vulneraciones a los derechos fundamentales invocados, pues, de
acuerdo con el artículo 103 de la Ley 270 de 1996, “corresponde al Director Seccional
de la Rama Judicial, ejercer en el ámbito de su jurisdicción y conforme a las órdenes,
directrices y orientaciones del Director Ejecutivo Nacional de la Administración
Judicial, las siguientes funciones: 6. Actuar como ordenador del gasto para el
cumplimiento de las obligaciones que correspondan”. En ese contexto, a dichas
entidades no les corresponde expedir el certificado de disponibilidad presupuestal
para el nombramiento de quien remplace al accionante, mientras goza de sus
vacaciones, si esto resultare procedente.

D. Consideraciones generales

10 “Cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan

o pertenecieron a la jurisdicción ordinaria, el conocimiento corresponderá a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo (...)”.
11
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1,2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela"
5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00309-00
Accionante: Pedro Nicolás Leal Rubiano
Accionado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Villavicencio y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

23.- En virtud de su carácter subsidiario, la acción de tutela procede cuando el
accionante no dispone de otro medio de defensa salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. Es
decir, los interesados deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y
extraordinarios que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para remediar la situación
que amenaza o lesiona sus derechos, de modo que se impida el uso indebido de
este mecanismo constitucional como vía preferente o instancia judicial adicional de
protección, pues eso implicaría desconocer abiertamente que la Constitución y la ley
determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

24.- Lo anterior, de conformidad con el artículo 86 12 de la Constitución Política y el
numeral 1° del artículo 613 del Decreto 2591 de 1991, los cuales prevén como causal
de improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa
para la protección de los derechos invocados. Por lo tanto, para que el juez
constitucional estudie una solicitud de tutela, el interesado debió haber agotado los
recursos –idóneos y eficaces– que tenía a su disposición para lograr el amparo de
sus derechos, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente.

25.- Sin perjuicio de lo anterior, también cabe reconocer que, aún en los casos en
que concurran otros medios de defensa, la jurisprudencia constitucional ha
establecido que existen dos excepciones que justifican la procedibilidad de la acción
de tutela. Tales son: (i) la falta de idoneidad y eficacia del medio de defensa judicial
ordinario; o (ii) en aquellas hipótesis en las que pese a existir un medio de defensa
judicial que cumple con las mencionadas características, éste no impide la ocurrencia
de un perjuicio irremediable 14 , caso en el cual la acción de tutela procede como
mecanismo transitorio15.

12 “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un

procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública (…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable (…)”. (se destaca).
13 “Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:

1. “Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante (…)”.
14 La noción de perjuicio irremediable ha sido definida como un riesgo cierto y real de daños provenientes de la

amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría ninguna manera
de ser reparado, esto es, diferente a la mera indemnización del perjuicio. Por ende, ante tales hipótesis, es
necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela. Sobre la condición anotada, a Corte
Constitucional ha trazado una serie de criterios para identificar el perjuicio irremediable; así ha indicado que “es
aquel (i) que se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente;
(iii) que de ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección
para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos
es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela
15 Corte Constitucional, Sentencia T-375 de 2018.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00309-00
Accionante: Pedro Nicolás Leal Rubiano
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

E. Análisis del caso concreto

26.- De entrada, la Sala advierte que la solicitud de amparo deviene improcedente
por no cumplir el presupuesto de subsidiariedad ante la existencia de otros
mecanismos judiciales idóneos y eficaces para obtener la protección de los derechos
invocados.

27.- En el caso objeto de estudio, la parte actora le atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales a las autoridades demandadas al no concederle sus
vacaciones, en tanto se abstuvieron de realizar las acciones presupuestales
pertinentes para garantizar el disfrute de las mismas.

28.- En ese contexto, preliminarmente se advierte que la acción de tutela no ha sido
establecida como un mecanismo judicial paralelo de administración del régimen
salarial y prestacional de los servidores de la rama judicial, sin perjuicio de que sea
el mecanismo de protección llamado a activarse cuando circunstancias diversas a
la de la aplicación ordinaria del régimen del servicio resulten comprobadamente
violatorias de un derecho fundamental.

29.- Con esta precisión, la Sala encuentra que en este caso tal premisa no tiene
variación alguna en tanto no hay prueba de una vulneración de los derechos
fundamentales invocados, cuando la evidencia ofrecida revela que las distintas
determinaciones adoptadas se enmarcan en el régimen del servicio, particularmente
de vacaciones individuales, tal y como pasa a explicarse:

30.- El artículo 146 de la Ley 270 de 1996 es claro al disponer que los servidores
judiciales de los Juzgados Penales Municipales que pertenecen al régimen de
vacaciones individuales tienen derecho a un descanso remunerado de 22 días
continuos por cada año de servicio, los cuales deben ser concedidos por el
respectivo nominador, acorde con las necesidades del servicio.

31.- Bajo el tenor de lo dispuesto en la norma antes indicada, se advierte que le
corresponde al Juez Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de
Control de Garantías de Villavicencio conceder las vacaciones del accionante. Ello
en la medida en que el trámite y expedición del CDP, como decisión autónoma de la
administración, no tiene relación directa con el derecho fundamental al trabajo en
condiciones dignas ni con el beneficio del descanso remunerado, cuando bajo este
régimen no existe tal condicionamiento.

32.- Así, atendiendo a las necesidades del servicio, el nominador, bajo facultades
discrecionales, es el llamado a establecer la fecha para hacer efectivo el derecho al
descanso de los servidores que dependen de él, previendo una eficiente prestación
del servicio de justicia, potestad legal con discrecionalidad limitada, en tanto media

7

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

la realización de ese derecho sin posibilidad alguna de sujetarlo a la obtención de
un certificado de disponibilidad presupuestal previo para proveer un reemplazo.

33.- Este criterio ha sido acogido por esta Corporación16, en casos similares en los
cuales se ha establecido que:

<<En efecto, la orden pretendida –la expedición de un certificado de disponibilidad
presupuestal, con el fin de cubrir vacantes provisionales por vacaciones individuales–
implicaría una indebida intromisión en el ejercicio de funciones que son propias
de dichas autoridades y de su exclusiva competencia, y por tanto resulta ajena del
todo a la finalidad de protección inmediata de los derechos constitucionales alegados,
los que, por lo demás, no están amenazados ni pueden resultar vulnerados, toda vez
que su eficacia y efectividad no están sometidos, al trámite presupuestal dicho>>17.
(Negrilla fuera del texto original)

34.- Asimismo, en la sentencia de 13 de octubre de 202018 esta Corporación señaló:

<< Se advierte que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Antioquia al negar la asignación de recursos para sufragar el pago del reemplazo de
los accionantes cuando estos cumplan los requisitos para acceder a las vacaciones,
no tiene relación directa con el derecho al descanso, comoquiera que es una decisión
autónoma de la administración y la petición respecto a las mismas, no resulta
procedente a través de la acción de tutela.

En tal sentido, no puede ser una excusa la falta de nombramiento de un reemplazo
para que el respectivo empleado pueda disfrutar de su descanso, como se advirtió en
precedencia, máxime cuando en este caso no se demostró en qué medida la
autorización de las vacaciones a los respectivos empleados podía afectar el buen
funcionamiento del servicio o vulnerar los derechos fundamentales de estos o del resto
de servidores del juzgado, pues ni siquiera se aportó prueba de las cargas del
despacho o mucho menos de los respectivos empleados.

Además, la acción de tutela no es el instrumento idóneo para dictar órdenes de
carácter presupuestal que conlleven la necesidad de realizar apropiaciones
presupuestales, salvo que se advierta la inminencia de un perjuicio irremediable,
circunstancia que no se acreditó en el sub lite>>

35.- Aunado a lo anterior, recuerda la Sala que el empleado que hoy impetra el
medio de tutela, al posesionarse en su respectivo cargo, aceptó las condiciones
dispuestas para el mismo, en ellas, que pertenece al régimen de vacaciones
individuales y que el goce o disfrute de las mismas depende de las necesidades del
servicio y el régimen que, para su solicitud, programación y disfrute, se ha
establecido por vía general a quienes hacen parte del mismo.

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 28 de enero de 2021, exp. 11001-03-15-

000-2020-04490-01, CP. William Hernández Gómez; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 18 de marzo de 2021, exp. 11001-03-15-000-2021-00681-00, CP. Gabriel Valbuena Hernández.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de noviembre de 2020, exp. 11001-03-

15-000-2020-04282-00, CP. Rafael Francisco Suárez Vargas.
18 Radicado número 11001-03-15-000-2020-03973-00.

8

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

36.- Las consideraciones precedentes no pretenden soslayar la importante
naturaleza del derecho que se reclama. Tampoco las dificultades que la carga
laboral, la insuficiencia de recursos, y no pocas veces, la acción desprendida y
descuidada de quienes tienen a su cargo la organización de los asuntos
administrativos, de recursos humanos y presupuestales de la Rama Judicial con
impacto sobre los derechos de quienes laboran en los despachos judiciales. Lo que
se destaca es que esto último no se proyecta por sí mismo como una afectación a
derechos fundamentales, asunto que exige de un estándar probatorio que va más
allá de una irregular organización y planeación oportuna de los períodos individuales
de vacaciones y la regularidad en la prestación del servicio de administración de
justicia.

37.- Bajo estas consideraciones, la Sala encuentra que lo que pretende el actor es
controvertir la legalidad de los actos administrativos, mediante los cuales le negaron
la concesión de sus vacaciones y la expedición de un certificado de disponibilidad
presupuestal para designar su remplazo. Así, dicho asunto debe ser solucionado
sobre la base de las indicaciones que contemplan los distintos reglamentos y
circulares expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura y, en consonancia,
contra estos actos administrativos proceden los medios de control judicial que están
disponibles frente a determinaciones definitivas del nominador. Se anota, además,
acerca de la posibilidad de solicitar las medidas cautelares que considere necesarias
al momento de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa.

38.- Aunado a lo anterior, no se acreditó la configuración de un perjuicio
irremediable que amerite la intervención del juez constitucional, como mecanismo
transitorio, en asuntos que no son de su competencia, pues el accionante ni siquiera
realizó una manifestación al respecto, por lo cual, no es posible flexibilizar el requisito
de subsidiariedad y analizar el asunto de fondo.

39.- Lo reseñado también sirve de base para indicar que no se está frente a un
asunto con relevancia constitucional, pues a no dudarlo, se trata de la valoración
legal y reglamentaria del régimen de vacaciones individuales, en el cual no se
inscribe la exigencia de un CDP, de manera que el asunto no trasciende a la esfera
constitucional y así será considerado.

40.- Así las cosas, al no cumplirse el requisito de subsidiariedad, la Sala habrá de
declarar improcedente el amparo impetrado por el señor Pedro Nicolás Leal Rubiano.

41.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

9

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00309-00
Accionante: Pedro Nicolás Leal Rubiano
Accionado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Villavicencio y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

PRIMERO: DESVINCULAR al Consejo Seccional de la Judicatura del Meta y al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público del presente trámite de tutela, de acuerdo
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado, en los
términos expuestos en la parte motiva de la presente sentencia.

TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Con salvamento de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE19
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

19 VF

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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