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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00310-00

Fecha
16 de febrero de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00310-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR el amparo solicitado, de conformidad con lo expuesto en precedencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00310-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

16 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-00310-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: HÉCTOR GUILLERMO PALACIO JARAMILLO

TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. EL RECURSO DE
APELACIÓN DEBE TENER RELACIÓN CON LO DECIDIDO EN
PRIMERA INSTANCIA. NO SE CONFIGURÓ EL DEFECTO
SUSTANTIVO ALEGADO.

DERECHO FUNDAMENTAL: AL DEBIDO PROCESO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra el

JUZGADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO ORAL DEL

CIRCUITO DE MEDELLÍN1 y la SALA SEXTA ORAL DEL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA2.

1
En adelante el JUZGADO.
2
En adelante el TRIBUNAL.

2

Número único de radicación: 110010315000-2023-00310-00
Actor: Héctor Guillermo Palacio Jaramillo

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor HÉCTOR GUILLERMO PALACIO JARAMILLO, actuando

en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su

derecho fundamental al debido proceso, el cual, a su juicio, le fue

vulnerado por el JUZGADO y el TRIBUNAL, al haber proferido los

autos de 31 de enero de 2020 y 29 de noviembre de 2022,

respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 058373333034-2019-00073-01.

I.2.- Hechos

Manifestó que prestó sus servicios como conductor en la ESE

HOSPITAL SAN RAFAEL DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE3 entre el

9 de septiembre de 2016 y 9 de octubre de 2017, vinculado mediante

contrato a término fijo.

3
En adelante el JUZGADO.

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Actor: Héctor Guillermo Palacio Jaramillo

Agregó que en el año 2018, dentro de los 3 años previstos para tal

efecto, promovió una demanda ordinaria laboral contra el

HOSPITAL, con la finalidad de obtener el pago de unas acreencias

laborales que estimaba se habían derivado de la relación contractual.

Comentó que el proceso aludido fue atribuido para su trámite al

JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE CISNEROS que,

mediante auto de 31 de enero de 2019, declaró la excepción previa

de falta de competencia al estimar que dada la naturaleza del cargo

implicado, el conocimiento del proceso correspondía a la Jurisdicción

de lo Contencioso Administrativo.

Informó que el proceso fue remitido a la jurisdicción aludida,

identificado con el número único de radicación 058373333034-2019

00073-01 y atribuido para su trámite en primera instancia al

JUZGADO que, a través de auto de 14 de mayo de 2019, dispuso la

adecuación del escrito introductorio, para luego admitir la demanda.

Precisó que mediante auto dictado en audiencia inicial celebrada el

31 de enero de 2020 el JUZGADO declaró probada la excepción de

ineptitud de la demanda, al estimar que se había solicitado la nulidad

de un acto administrativo de 7 de marzo de 2019 que no era el que

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había definido la situación particular, porque se trataba de una

comunicación que reiteraba lo ya decidido previamente en otra

actuación de 7 de diciembre de 2017.

Explicó que además el JUZGADO señaló que la solicitud de nulidad

sobre el acto enjuiciado lo único que pretendió fue revivir los

términos perentorios para poder demandar en esa jurisdicción, esto

último, porque teniendo en cuenta las fechas de notificación del acto

administrativo primigenio y de la radicación inicial de la demanda, se

advertía la caducidad del medio de control.

Expuso que interpuso el recurso de apelación respectivo alegando

que el JUZGADO había desconocido los hechos de la demanda, el

tipo de contratación que había tenido, el trámite que efectuó para el

reconocimiento de sus derechos ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral

y que la petición que dio origen al acto demandado no tuvo como

finalidad la de revivir términos, sino cumplir con un requisito

procesal.

Indicó que, a través de auto de 29 de noviembre de 2022, el

TRIBUNAL confirmó la decisión aludida, sin estudiar los argumentos

que expuso en su recurso, al considerar que este carecía de

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sustentación, por cuanto sus fundamentos no tenían relación con las

razones de la decisión recurrida.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Expuso que “[…] el artículo 246 [...]” del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA no prevé

requisitos taxativos para entender cuándo un recurso es sustentado

o no, por lo que aun cuando en su apelación puso de presente

nociones “[…] así fueran vagas […]”, los reproches debían ser

resueltos.

Arguyó que además la presente acción de tutela reviste de relevancia

constitucional, dado que hay una vulneración a su derecho al debido

proceso porque, en su sentir, las autoridades accionadas

desconocieron que su caso debía ser estudiado de fondo porque la

demanda inicialmente fue presentada dentro del término que

correspondía en la Jurisdicción Ordinaria Laboral.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:

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“[…] Primero: tutelar el derecho fundamental al debido proceso,
en mi favor y en consecuencia se deje sin efecto la actuación
dictada el 31 de enero de 2020 por el Juzgado Treinta y Cuatro
Administrativo de Medellín y todas las que se deriven de la
misma, ello por constituir una violación al debido proceso […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El JUZGADO manifestó que su decisión tuvo como

fundamento el hecho de que el actor pretendía la nulidad de un acto

administrativo de 7 de marzo de 2019, emitido por el HOSPITAL,

pese a que este ya se había pronunciado sobre la misma reclamación

de las prestaciones del actor a través de decisión de 7 de diciembre

de 2017.

Agregó que, en ese orden de ideas, comoquiera que lo que se había

demandado no eran prestaciones periódicas, sino una obligación

unitaria, había advertido que la petición que dio lugar a la decisión

de 7 de marzo de 2019, lo que pretendía era revivir términos en

relación con la caducidad del medio de control respectivo.

Apuntó que la presente acción de tutela no cumple con los requisitos

de procedibilidad, en razón a que su decisión se encuentra

debidamente sustentada en las normas aplicables, así como en la

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jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la materia.

I.5.2.- El TRIBUNAL expuso que la solicitud de amparo de la

referencia carece de relevancia constitucional, dado que, en su

sentir, el actor no sustenta de forma detallada las razones de la

presente vulneración al derecho deprecado.

Informó que además los argumentos plasmados en el escrito de

tutela “[…] no guardan relación con los motivos que fueron expuestos

en las providencias discutidas […]”.

I.5.3.- El HOSPITAL, vinculado en calidad de tercero con interés

directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificado en

debida forma, guardó silencio.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de

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11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y

del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma

Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de

tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

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perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades

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judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto

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los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente

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en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el caso bajo examen, el actor pretende que se deje sin efecto los

autos de 31 de enero de 2020 y 29 de noviembre de 2022,

proferidos por el JUZGADO y el TRIBUNAL, respectivamente,

mediante los cuales fue declarada la ineptitud de la demanda

presentada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento

del derecho, identificado con el número único de radicación

058373333034-2019-00073-01.

La controversia tiene origen en una demanda que inicialmente fue

presentada por el actor ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral, con la

finalidad de reclamar el pago de unas prestaciones derivadas de una

relación contractual que tuvo como conductor del HOSPITAL entre

los años 2016 y 2017.

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El proceso fue remitido a la Jurisdicción de lo Contencioso

Administrativo y una vez fue adecuado el escrito introductorio, en la

audiencia inicial, el JUZGADO declaró probada la excepción de

ineptitud de la demanda, en razón a que el acto administrativo

demandado no era la decisión que había definido la situación jurídica

reprochada, sino una actuación previa.

Dicha decisión fue apelada por el actor, no obstante, el TRIBUNAL

la confirmó al estimar que el recurso no tenía una argumentación

congruente con el auto recurrido.

El disenso del actor en el presente asunto radica en que, en su sentir,

su recurso estaba sustentado de forma suficiente, de forma tal que

debía ser resuelto, además porque las autoridades judiciales no

tuvieron en cuenta que la demanda inicial fue presentada en término,

teniendo en cuenta que fue radicada ante la Jurisdicción Ordinaria

Laboral.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que el estudio del presente

caso recaerá sobre el auto de 29 de noviembre de 2022, a través

del cual el TRIBUNAL confirmó la decisión del JUZGADO por

carencia de argumentación del recurso de apelación del actor.

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Lo anterior comoquiera que el auto de 29 de noviembre de 2022 fue

la providencia con la que se concluyó el proceso origen de la

controversia, por lo que cualquier reproche contra la decisión del

JUZGADO debió formularse en el recurso de apelación respectivo y,

en todo caso, si hubiera orden de amparo a conceder su

cumplimiento correspondería al TRIBUNAL.

Así entonces, en razón a que el actor alegó que el artículo 246 del

CPACA no exige una argumentación específica para los recursos de

apelación, el estudio del caso se efectuará bajo los preceptos del

defecto sustantivo.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de

ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró el derecho al debido

proceso deprecado e incurrió en el defecto sustantivo al proferir el

auto de 29 de noviembre de 2022, a través del cual confirmó la

excepción de ineptitud de la demanda, por falta de argumentación

del recurso respectivo, en el medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 058373333034-2019-00073-01.

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La Sala observa que en el presente caso se cumple con el requisito

de la relevancia constitucional, por cuanto el actor plantea con

suficiente carga argumentativa las razones por las cuales, en su

criterio, se ha vulnerado su derecho fundamental al debido proceso

y se configuró el defecto aludido; contra la decisión cuestionada no

proceden recursos y tampoco se estructuran las causales de los

recursos extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y

unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de

tutela se interpuso en un plazo razonable4, la solicitud identifica los

hechos y derechos que se estiman lesionados; y, por último, no se

trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

Visto que el presente caso cumple con los requisitos generales de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, en

relación con lo decidido en el auto de 29 de noviembre de 2022

aludido, la Sala hará mención al marco jurídico general del defecto

alegado, para enseguida efectuar el estudio del fondo del asunto.

4
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).

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Del defecto sustantivo

En relación con el defecto sustantivo, la Corte Constitucional5 ha

precisado que este se presenta cuando “[…] la autoridad judicial

aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la

que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraría

los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica […]”.

En ese orden de ideas, respecto de los eventos que dan lugar a

conceder el amparo a los derechos fundamentales que resulten

vulnerados por la configuración del defecto sustantivo, en sentencia

T-949 de 20096, la Corte Constitucional señaló los siguientes:

“[…] (i) cuando la decisión judicial tiene como fundamento una
norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente b) ha
perdido su vigencia por haber sido derogada, c) es inexistente d)
ha sido declarada contraria a la Constitución, e) a pesar de que
la norma en cuestión está vigente y es constitucional, “no se
adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la
norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a
los expresamente señalados por el legislador”.

(ii) cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima
facie, dentro del margen de interpretación razonable o “la
aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o

5 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
6
M.P Mauricio González Cuervo.

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claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las
partes” o cuando en una decisión judicial “se aplica una norma
jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco
de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal
decisión judicial […]”

De igual forma, la Corte Constitucional7 ha dicho que al examinar

estos eventos, el Juez de tutela se debe limitar a verificar esa ruptura

con el ordenamiento constitucional o legal, pues su decisión “[…]no

puede constituirse en un escenario para la evaluación acerca del

grado de convencimiento que ofrecen los razonamientos elaborados

por el Juez ordinario, sino que se restringe a identificar la

incompatibilidad entre estos y las normas jurídicas que regulan la

materia debatida en sede jurisdiccional […]”.

Caso concreto

El TRIBUNAL confirmó el auto de 31 de enero de 2020, mediante el

cual el JUZGADO había declarado la excepción de ineptitud de la

demanda, al estimar que el recurso de apelación respectivo no tenía

relación con la decisión cuestionada, con base en el siguiente

análisis:

7
Sentencia T-310 de 2009, M.P Luis Ernesto Vargas Silva.

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“[…] Observa la Sala que el apelante no presentó argumentos
de reproche frente a los planteamientos que utilizó el juez de
primera instancia para declarar probada la excepción de inepta
demanda y como consecuencia terminar el proceso.

Por lo anterior, se realizará un análisis sobre la indebida
sustentación del recurso de apelación y la configuración de la
denominada jurisprudencialmente como apelación fallida.

El artículo 320 de la Ley 1564 de 2012, aplicable por integración
del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, señala como fin de la
apelación que el superior examine la cuestión decidida,
únicamente en relación con los reparos concretos formulados por
el apelante, para que revoque o reforme la decisión.

Al respecto, el Consejo de Estado en Sentencia del 10 de octubre
de 2022, señaló:

“Bajo esta óptica, resulta claro que en el recurso de apelación
deben exponerse las razones o los fundamentos de disenso por
los cuales no se comparten las consideraciones de la sentencia
recurrida, en orden a que el superior jerárquico confronte el
sustento de la decisión apelada con los argumentos de
inconformidad planteados por la parte recurrente, máxime
porque, se insiste, los reproches frente a la providencia
impugnada son los que fijan la competencia del juez de segunda
instancia, “cuya función no puede ir al extremo de suponer las
razones de inconformidad de la parte apelante frente a la
sentencia y, por esa vía, de suplir las cargas que legalmente le
han sido impuestas a ella”

En ese orden de ideas, la Sala reitera lo señalado por esta
Subsección en oportunidad anterior, en el sentido de que, al
advertirse la ausencia de sustentación suficiente, adecuada o
material del recurso de apelación, cuyo fundamento sean
simplemente afirmaciones genéricas y vagas, sin traer a colación
argumentos para cuestionar la providencia impugnada, al
superior jerárquico no le queda una opción diferente que la de
confirmar el proveído apelado” Negrilla fuera del texto original.
(…)

[…]

Para el caso concreto, se advierte que el auto recurrido tuvo
como fundamento la indebida individualización del acto
administrativo demandado, puesto que, se enjuició aquel que
había sido expedido en razón de una reiteración de una petición

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y no el inicial donde a criterio del a quo se había resuelto de
forma definitiva la situación jurídica del demandante.

Pese a lo anterior, el apoderado del actor sin relación alguna,
manifestó que se hacía alusión a un acto ficto y reiteró de forma
imprecisa lo expuesto en la demanda sobre la vulneración de
derechos del demandado.

Así las cosas, la Sala no se pronunciará de fondo sobre el acto
recurrido, por cuanto no existe correspondencia con los
presupuestos de hecho y de derecho del asunto que se resuelve
y en consecuencia tal decisión permanecerá incólume […]”.

Conforme con la transcripción en cita, la Sala advierte que el

TRIBUNAL estableció que de acuerdo con el artículo 320 del Código

General del Proceso, el recurso de apelación tiene como finalidad que

el superior examine la cuestión decidida únicamente en relación con

los reparos concretos formulados por el apelante.

Aunado a lo anterior, con base en jurisprudencia de esta Corporación,

la autoridad judicial aludida determinó que la sustentación del

recurso debía ser adecuada, lo que significaba que sus argumentos

debían estar soportados en motivos que guardaran relación con la

decisión impugnada.

El TRIBUNAL encontró que en el auto recurrido el JUZGADO había

determinado que existía una indebida individualización del acto

administrativo demandado, porque no se trataba de la decisión que

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inicialmente había definido la situación jurídica reclamada.

Fijadas las premisas aludidas, el TRIBUNAL encontró que no había

lugar a pronunciarse de fondo sobre el asunto, porque los

argumentos del actor no tenían relación alguna con lo decidido por el

JUZGADO, en razón a que en el recurso se había limitado a indicar

que hacía alusión a un acto ficto y a reiterar las manifestaciones

sobre el derecho al pago de los emolumentos reclamados.

Ahora bien, revisado el contenido de la providencia mediante la cual

el JUZGADO declaró la excepción de ineptitud de la demanda

interpuesta por el actor, se advierte que en efecto dicha decisión

obedeció a que este pretendía la nulidad de un acto administrativo

de 7 de marzo de 2019, pese a que la situación jurídica cuestionada

ya había sido resuelta previamente por la entidad implicada en

actuación de 7 de diciembre de 2017, esta última fecha, desde la que

la autoridad judicial aludida advirtió la caducidad del medio de

control.

Por su parte, el recurso de apelación interpuesto por el actor fue

sustentado en los siguientes términos:

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“[…] Se presenta recurso de apelación por acto administrativo
ficto por cuanto es una negación al reajuste de los pagos
salariales al señor Héctor y por horas extras que efectivamente
sí se realizó en la vía administrativa. Por el mismo motivo se
desconoce si el señor fue presentado como servidor público o
funcionario público en el cargo que presentaba en el hospital,
por tales motivos se presentó una falta de inconstitucionalidad,
que se vulneraron acreencias laborales desde el momento en
que el señor Héctor fue vinculado a la entidad […]”. (Sic)

De lo anterior la Sala advierte que, en efecto, en su recurso de

apelación, el actor no presentó argumentos que se dirigieran contra

las razones de la decisión que pretendía cuestionar, pues incluso hizo

mención a un acto administrativo ficto del cual no se explican las

razones de la configuración, además de limitarse a replicar la

afirmación sobre los derechos económicos reclamados.

Ahora bien, en el presente asunto el actor alegó que aun cuando sus

alegaciones “[...] fueran vagas […]” debían ser resueltas porque “[…]

el artículo 246 del CPACA […]”8 no exigía argumentación especial

alguna.

Al respecto la Sala advierte, en primer lugar, que la norma citada por

8
“[…] Artículo 246.Súplica. El recurso de súplica procede contra los siguientes autos dictados por el
magistrado ponente […]”.

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el actor versa sobre la procedencia del recurso de súplica y, en

segundo lugar, que pese a que el CPACA no determina la forma en

que deben ser desarrollados los argumentos de un recurso de

apelación, lo cierto es que, de cara al objeto de este, es claro que los

fundamentos respectivos deben guardar relación con la decisión que

se pretende cuestionar, pues de lo contrario la consecuencia es que

lo decidido en primera instancia permanezca incólume.

Sobre este tema esta Sala ha señalado9:

“[…] Sobre la carga de sustentar adecuadamente el recurso de
apelación, el Consejo de Estado, en decisión de 3 de marzo de
2016, sostuvo que tal actividad determina su eficacia y delimita
el alcance del poder decisorio del juez de segunda instancia,
aunado al hecho de que dicha sustentación se concibe como un
requisito de procedibilidad:

«… es la sustentación del recurso de apelación, lo que determina
la eficacia del mismo, pues además de ser requisito de
procedibilidad, su sustento o fundamentación delimita el alcance
del poder decisorio del juez de segunda instancia.

En este sentido y de acuerdo con la finalidad del recurso de
apelación, resulta necesario no solo que el recurrente sustente
la decisión, sino que lo haga de la forma adecuada, es decir,
que no solamente debe manifestar los asuntos que considera
lesivos de sus derechos, sino además los motivos de
inconformidad en concreto respecto del fallo del A-quo, los
cuales determinarán el objeto de análisis del Ad quem y su
competencia frente al caso.

Lo anterior demanda un grado de congruencia inequívoco entre
el fallo recurrido y la fundamentación u objeto de la apelación,

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 3 de diciembre
de 2018, CP Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 25000-23-41-000-2016-01507-01.

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fuera de lo cual, se estaría desconociendo el debate jurídico y
probatorio que fundamentó la decisión del juez de primera
instancia, como también la finalidad y objeto mismo de la
segunda instancia.» (Énfasis de la Sala).

En efecto, se constata que el demandante no sustentó
adecuadamente la impugnación de la decisión de rechazo
de la demanda, en tanto que no presentó ningún
argumento que tuviera como finalidad expresar sus
motivos de inconformidad en contra de la decisión del
Tribunal en lo que atañe a que el acto acusado no era
pasible de control contencioso administrativo; es decir,
no impugnó lo decidido en el sentido de sustentar alguna
razón por la cual el acta del congreso de la confederación
sindical, en su criterio, sí era susceptible del medio de
control de nulidad, omisión que implica una indebida
sustentación del recurso […]”. (Destacado fuera de texto)

En el mismo sentido la SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación ha

indicado10:

“[…] Tal como se expuso en la providencia citada, cuando
los argumentos expuestos en el recurso de apelación no
se dirigen contra el fondo de la decisión recurrida al no
existir correspondencia con los presupuestos del asunto
que se resuelve, se presenta la apelación fallida, lo que
trae como consecuencia que permanezca incólume lo resuelto
en primera instancia.

Lo anterior materializa el debido proceso, teniendo en cuenta
que la decisión que debe adoptar el ad quem necesariamente
debe guardar congruencia con lo resuelto por el juez de primera
instancia, razón por la cual los argumentos que se presenten en
el recurso de apelación son los que eventualmente darán lugar
a que la providencia sea confirmada, revocada o modificada,
según el caso […]”. (destacado fuera de texto)

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección “A”,
sentencia de 18 de noviembre de 2021, CP William Hernández Gómez, número único de radicación
25000-23-42-000-2013-06074-01.

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En ese orden de ideas, para la Sala ni el análisis ni la decisión

contenida en la providencia controvertida resultan caprichosos o

arbitrarios, sino que fueron adoptados a partir del alcance dado a las

fuentes jurídicas aplicables al caso y a un análisis de las

particularidades de este.

Situación distinta es que el actor no comparta la tesis allí dispuesta,

al ser adversa a sus intereses, lo cual no significa que la decisión sea

arbitraria, sino que de conformidad con la autonomía judicial de la

que goza el juez de conocimiento, la autoridad judicial accionada

decidió el asunto sometido a su consideración.

Por lo demás, cabe anotar que en la medida que el actor no interpuso

en debida forma el recurso de apelación contra el auto de 31 de enero

de 2020, a través del cual el JUZGADO declaró probada la excepción

de ineptitud de la demanda, la acción de tutela se tornaría

improcedente para discutir los aspectos que en dicha providencia

fueron resueltos, pues este mecanismo no es una vía alternativa para

remediar la inactividad frente a los medios de impugnación

ordinarios, máxime porque no se advierte la posible configuración de

un perjuicio irremediable.

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En ese orden de ideas, la Sala denegará el amparo pretendido, como

en efecto se dispondrá en la parte motiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR el amparo solicitado, de conformidad con lo

expuesto en precedencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

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y aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de febrero de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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