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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00338-01

Acción de tutela contra providencias judiciales: accede /

Fecha
8 de mayo de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00338-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. - REVOCAR la sentencia del 23 de febrero de 2023, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, por los motivos antes expuestos. SEGUNDO.- AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la señora Elisa Nubia Ortiz Ortiz, respecto del defecto material o sustantivo, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia. Como consecuencia, (i) se deja sin efectos el auto de 26 de agosto de 2022, dictado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el proceso de reparación directa radicado 76001-23-33-003-2012-00030-01 y, (ii) se ordena dicha autoridad judicial que, en el término de diez (10) días, contado a partir de la notificación de la presente providencia, se sirva proferir una nueva decisión respecto a la solicitud de corrección interpuesta por la parte demandante contra el fallo de 31 de marzo 2022, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. 12 Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00338-01 Demandante: Elisa Nubia Ortiz Ortiz Demandado:Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia TERCERO. – DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, respecto al defecto fáctico, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. CUARTO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. QUINTO. - ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00338-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

8 de mayo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., ocho (08) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00338-01
Demandante: Elisa Nubia Ortiz Ortiz
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – accede /
DEFECTOS MATERIAL O SUSTANTIVO - Configuración / errada interpretación de
las normas aplicables al asunto bajo estudio / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL-
Carga argumentativa.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la señora Elisa Nubia Ortiz
Ortiz en contra de la sentencia proferida el 23 de febrero de 2023, por la Sección
Primera del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción
de tutela.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 25 de enero de 2023, la señora Elisa Nubia Ortiz Ortiz presentó acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con el fin de que se
amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad y el acceso a
la administración de justicia. La accionante pretende que como consecuencia de
dicho amparo, se deje sin efectos el auto proferido el 26 de agosto de 20221 por la
mencionada autoridad judicial, a través del cual se resolvió la solicitud de aclaración,
corrección y adición de sentencia, dentro del proceso de reparación directa 2 que
promovió contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial.

2.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y
de las pruebas allegadas se tiene, que:

3.- La señora Elisa Nubia Ortiz, en ejercicio del medio de control de reparación
directa, presentó demanda contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, con el fin de que se le declarara patrimonialmente
responsable por el error judicial en el que incurrió el Juzgado Octavo Civil del Circuito
de Cali, dentro de un proceso divisorio de venta en pública subasta. La accionante

1 Notificado el 1 de septiembre de 2022, según información visible en el expediente digital allegado en préstamo.
2 76001-23-33-003-2012-00030-01

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00338-01
Demandante: Elisa Nubia Ortiz Ortiz
Demandado:Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia

afirma que luego de participar en el remate y que el inmueble objeto de litigio le fuese
adjudicado, no fue posible la entrega del mismo porque en la diligencia adelantada
para tal efecto, un tercero se opuso alegando su calidad de poseedor. Precisa que
dicha oposición prosperó, y no obstante ello, en la sentencia proferida posteriormente
el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cali ordenó la distribución del dinero objeto
de la venta, entre los comuneros. El inmueble se mantuvo por un tiempo en un limbo
jurídico, pero finalmente, en un proceso de prescripción adquisitiva de dominio se
declaró al tercero como propietario del mismo. Así, a pesar de pagar el dinero del
remate no pudo hacerse con la propiedad del bien, y tampoco se le devolvió lo
pagado.

4.- El asunto le correspondió en primera instancia al Juzgado Tercero Administrativo
Oral de Cali, quien en sentencia de 22 de junio de 2015 negó las pretensiones de la
demanda.

5.- Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante presentó recurso de
apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
quien por fallo de 31 de marzo de 2022 revocó la decisión del A quo, para, en su
lugar, declarar administrativamente responsable a la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

6.- Dicha autoridad judicial consideró que el Juzgado Octavo Civil del Circuito de
Cali incurrió en error judicial porque, si bien decretó como medidas cautelares el
embargo y secuestro del inmueble, nunca se practicó la diligencia de secuestro. En
ese sentido no se aseguró el bien y ello derivó en las situaciones que posteriormente
afectaron la entrega. Adicionalmente, el Juzgado dispuso la entrega de los dineros
producto del remate judicial, conociendo que había prosperado una oposición
presentada por un poseedor. Dicha persona posteriormente adquirió la propiedad del
bien en un proceso de prescripción adquisitiva de dominio.

7.- Para el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, las anteriores situaciones
conllevaron a que la señora Elisa Nubia Ortiz perdiera el valor depositado para
participar en la diligencia judicial de remate. En ese sentido condenó a la demandada
al pago de una suma de $86’665.573, por concepto de daño emergente. Según lo
indicado por la autoridad judicial, ese valor corresponde a la suma pagada por la
señora Elisa Nubia Ortiz por el inmueble, luego de la correspondiente indexación.

8.- El apoderado judicial de la parte actora presentó solicitud de corrección,
aclaración y adición de sentencia, al considerar que hubo un error respecto de la
operación aritmética que aplicó el Tribunal para llegar a ese monto indemnizatorio.
Como sustento de dicha solicitud indicó lo siguiente: (i) el valor que se reconoció
como daño emergente, y posteriormente se indexó, fue $63.816.959 y esa suma es
inferior a la que debía reconocerse porque el Tribunal erró al descontar $4´083.041
de impuesto predial; (ii) los valores de IPC que se utilizaron en la fórmula de la
indexación estaban errados, pues el correspondiente a julio de 2005 es 58,21 no
83,40, el de febrero de 2006 es de 59,91 no 85,11 y el de marzo de 2022 (fecha de
expedición de la sentencia) es de es 116,26 no 113.26; y (iii) se omitió la pretensión
relacionada con el rubro correspondiente al 3% del valor final del remate, que está
claramente demostrada y probada, por lo que respecto a esto último, consideró que
se debía adicionar la sentencia.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00338-01
Demandante: Elisa Nubia Ortiz Ortiz
Demandado:Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia

9.- Por auto de 26 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
negó la anterior solicitud, por lo siguiente: (i) frente al argumento de que existían
errores interpretativos que hicieron que se tuviera en cuenta un valor inferior al
pagado por el inmueble, sostuvo que la solicitud realizada por la parte demandante
no se acompasa a los postulados para aclarar la sentencia, como quiera que no
existe ninguna frase que ofrezca duda o se encuentra en la parte resolutiva de la
sentencia; (ii) en lo concerniente con el argumento según el cual en la fórmula de
indexación se encuentran mal aplicadas las tasas de IPC, sostuvo que dicha solicitud
no cumple con los lineamientos para corregir un error aritmético, como quiera que se
está requiriendo una modificación respecto de las prestaciones reconocidas; y (iii)
en lo relacionado con el argumento relativo a que no se decidió acerca del rubro
correspondiente al 3% del valor del remate final, adujo que hubo pronunciamiento
acerca de los perjuicios y, por tanto, no existe omisión en ningún extremo de la litis.
En razón a lo anterior, concluyó que lo que se observa son inconformidades
interpretativas con la forma de liquidar el perjuicio.

10.- En el escrito de tutela, la parte accionante sostuvo que la autoridad judicial
demandada, a través de dicha providencia, vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en un defecto fáctico.

11.- Sostuvo que sí existe una inconformidad con la tasación de los perjuicios, pero
no como lo aseveró el Tribunal accionado en el auto cuestionado, por cuanto la
fórmula para liquidar la indexación ya está diseñada, y en la misma se integra un IPC
inicial y un IPC final para poder establecer la renta actualizada. Es por ello que, en
su caso, al utilizarse un IPC inicial errado, la cifra cambia notablemente en más de
$50’000.000. Por lo tanto, adujo que no existe ninguna frase que ofrezca duda, pero
sí existe un error puramente aritmético, que puede ser corregido por el juez que dictó
la providencia.

12.- Por otra parte, adujo que frente al impuesto del 3% del valor final del remate,
se desconoce todo el volumen probatorio y los supuestos de hecho y de derecho,
toda vez que, si este rubro no se hubiera pagado, la diligencia de remate jamás se
hubiera aprobado, ya que este es un requisito de ley indispensable para cumplir la
condición del acta de remate. Así, con relación a este rubro, como el Tribunal
accionado lo omitió, a su juicio, se deberá adicionar el fallo respecto de esta
pretensión.

B. Sentencia de primera instancia

13.- Mediante providencia del 23 de febrero de 2022 3 , la Sección Primera del
Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo, al considerar que
el asunto carece de relevancia constitucional, por falta de carga argumentativa, por
cuanto, a su juicio, la argumentación que expuso la parte actora para acreditar la
supuesta vulneración de los derechos fundamentales en que incurrió la autoridad
judicial accionada contiene “serias deficiencias justificativas y argumentativas que
hacen imposible que el juez constitucional aborde el estudio de fondo de su solicitud
de amparo”.

3 Notificada el 11 de enero de 2023.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00338-01
Demandante: Elisa Nubia Ortiz Ortiz
Demandado:Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia

14.- Sostuvo que si bien es cierto el apoderado judicial de la accionante alude que
se incurrió en defecto fáctico, aquel ni siquiera identificó el o los medios de convicción
que fueron mal valorados o dejados de valorar por la autoridad accionada. Así
mismo, que la discusión expuesta por la accionante no gira en torno al alcance,
aplicación y/o desarrollo de un derecho fundamental, sino frente a la mera
inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del asunto, que por demás
se circunscribe a un conflicto meramente económico.

C. La impugnación

15.- En desacuerdo con lo anterior, la parte accionante interpuso impugnación, en
la que indicó, que como el Tribunal accionado guardó silencio, se debió dar por
ciertos los hechos y, por ende, la solicitud de amparo tuvo que resolverse de plano.

16.- Por otra parte, manifestó que con la decisión constitucional de primera instancia
se le siguen vulnerando sus derechos fundamentales, en la medida en que se le está
causando un perjuicio irremediable por la mala tasación de perjuicios. Además,
puntualizó que esta acción se rige por el principio de informalidad y de la lectura de
la demanda de tutela se puede advertir con facilidad los derechos vulnerados, así
como las pretensiones.

17.- Por último, indicó que no se está preservando el principio de seguridad jurídica,
habida cuenta que desde el año 2005 la Nación – Rama Judicial le causó a la señora
Ortiz un flagrante perjuicio, y pasados 17 años la autoridad que le reconoce dicho
perjuicio la vuelve a revictimizar, afectando su patrimonio por existir un error
aritmético en la sentencia.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Competencia

18.- La Sala es competente para conocer de la impugnación, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19914.

E. La acción de tutela contra providencias judiciales

19.- El Consejo de Estado ha enunciado de manera consistente y reiterada, los
requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los
derechos fundamentales5. Así, tales requisitos se refieren, a: (i) que la cuestión que
se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado
todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los

4 “[P]or el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017,

exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00338-01
Demandante: Elisa Nubia Ortiz Ortiz
Demandado:Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia

derechos fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique, de
manera razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que
esto hubiere sido posible; y, (vi). que no se trate de sentencias de tutela.

20.- A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha decantado la
jurisprudencia constitucional a partir de la Sentencia C-590 de 2005, acogida por la
Sala Plena de esta Corporación, corresponden a los denominados defectos
materiales, identificados y definidos como las fuentes de vulneración de derechos
fundamentales6: (i) orgánico; (ii) sustantivo; (iii) procedimental; (iv) fáctico; (v) error
inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial;
y (viii) violación directa de la Constitución.

21.- Los criterios generales y específicos de procedencia suponen pautas
metodológicas que limitan la competencia del juez constitucional al abordar el
escrutinio de una acción de tutela promovida en contra de una providencia judicial.
Tanto unos como otros confluyen en el propósito de realizar el mandato de
efectividad de los derechos fundamentales en un escenario de respeto por el valor
de la cosa juzgada, la garantía de seguridad jurídica y los principios constitucionales
de autonomía e independencia judicial. De ahí que la autoridad judicial a cargo de
esta labor carezca de competencia para reemplazar al juez de la causa en la
interpretación del derecho legislado, o en la evaluación detenida de las pruebas del
caso, o para imponer su criterio en debates de orden legal que corresponden a otras
autoridades judiciales, ya que su rol “se reduce a asegurar de manera residual y
excepcional la protección de los derechos fundamentales en los trámites judiciales”7.

F. Análisis del caso concreto

22.- En los términos precedentes, la Sala se ocupará de verificar si los hechos que
se alegan en la presente causa cumplen los requisitos generales de procedibilidad
de la tutela contra providencias judiciales. Solo en el evento de acreditarse, pasará
a abordar el estudio de los demás criterios con el propósito de establecer si el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en los yerros o vicios alegados
por la parte actora y si se justifica la adopción de medidas de protección de los
derechos fundamentales invocados.

23.- Para dicho análisis, la Sala estudiará por separado los dos cargos formulados
por la accionante, iniciando por (i) el defecto fáctico, relativo a la supuesta omisión
de pronunciarse sobre la pretensión de reembolsar el impuesto del 3% del valor final
del remate; para posteriormente analizar (ii) la censura que se sustenta en la
negativa del Tribunal de corregir un supuesto error al reemplazar los valores
correspondientes al IPC en la fórmula de la indexación, que como se indicará más
adelante, se enmarca en un defecto sustantivo.

6 Es de anotar que la jurisprudencia constitucional en torno a las vías de hecho evolucionó para comprender

situaciones que no despojaban a la providencia de su condición de tal, pero que aún llevaban a un
desconocimiento de derechos fundamentales, por lo cual se cambió el vocablo de vía de hecho por causal
específica de procedibilidad. Cfr. Sentencias T-774 de 2004 y T-453 de 2005 de la Corte Constitucional.
7 Sentencia T-297 de 2020 de la Corte Constitucional.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00338-01
Demandante: Elisa Nubia Ortiz Ortiz
Demandado:Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia

(i). Defecto fáctico.

24.- La accionante sostiene que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca omitió
pronunciarse respecto de la pretensión relacionada con el 3% del valor del impuesto
que consignó en el remate, desconociendo el acervo probatorio y obviando que el
pago de este rubro fue un requisito para aprobar dicho remate. Así, considera que
se configuró un defecto fáctico.

25.- La Sala advierte que, el aludido cargo carece de relevancia constitucional, por
falta de carga argumentativa.

26.- Lo anterior, toda vez que la parte actora se limitó a plantear el mismo, sin
explicar qué pruebas fueron desconocidas o cuales indicaban que aquel rubro se
hubiera pagado; es decir, no construyó ningún argumento con el fin de explicar las
razones para entender configurado el aludido error.

27.- Adicional a ello, se advierte que los argumentos, van encaminados a discutir el
fallo de 31 de marzo de 2022 y la valoración probatoria que realizó el juez natural de
la causa, cuando en el marco de esta tutela la accionante únicamente cuestionó el
auto de 26 de agosto de 2022, a través del cual se negó la solicitud de aclaración,
corrección y adición de sentencia.

28.- En ese contexto, no basta con que la accionante enuncie los derechos
presuntamente vulnerados y el defecto en que, a su sentir, incurrió la autoridad
accionada, sino que tal vulneración debe estar justificada, es decir, tener una carga
argumentativa mínima, en la que se exprese con suficiencia las razones y motivos
que desde la perspectiva constitucional, revelan un juicio de desvalor de los derechos
fundamentales de quien la promueve de cara a la acción y definición que ha
adoptado el juez encargado por mandato constitucional de definir el derecho y, se
debe argumentar los motivos de la presunta vulneración.

29.- Así las cosas, la tutela resulta improcedente respecto este cargo.

(ii). Defecto sustantivo.

a) Verificación de los requisitos generales de procedencia.

30.- En lo concerniente al cargo presentado por la negativa del Tribunal de corregir
un supuesto error presentado al reemplazar los valores correspondientes al IPC en
la fórmula de la indexación, la Sala encuentra que pueden tenerse por cumplidos los
requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial,
establecidos en la jurisprudencia constitucional, así:

31.- Que la cuestión sometida a estudio por parte del juez de tutela resulte de
evidente relevancia constitucional. Previa constatación de la suficiencia
argumentativa ofrecida en la demanda por haberse identificado con un riguroso nivel
de detalle los motivos de la violación que se le atribuye al pronunciamiento judicial
objeto de reproche, la Sala considera que la cuestión que se debate en la presente
oportunidad trasciende el ámbito de la mera legalidad y posee indiscutible relevancia
constitucional, en la medida en que se persigue la efectiva protección del derecho

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00338-01
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fundamental al debido proceso y acceso a la administración de justicia, en relación
con un presunto análisis y alcance errado dado por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca al artículo 286 del C.G.P., en el auto que decidió la aclaración,
corrección y adición de la sentencia del 31 de marzo de 2022, el cual fue proferido
el 26 de agosto de 2022, que ha adquirido firmeza y que supone la eventual
configuración del defecto material o sustantivo.

32.- Que se hayan agotado todos los recursos judiciales -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se advierta la ocurrencia de un perjuicio de carácter irremediable. Frente a
esta particular exigencia, es claro que dentro del proceso contencioso administrativo
de reparación directa se agotaron todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa que el actor tenía a su disposición para procurar la salvaguarda de los
derechos fundamentales que considera transgredidos, pues contra el fallo proferido
por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Cali a través del cual se
negaron las pretensiones de la demanda, la actora interpuso recurso de apelación,
el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del Valle del Cauca, en el
sentido de revocar la decisión del A quo, para acceder a lo pretendido parcialmente,
proveído con respecto al cual se solicitó aclaración, corrección y adición de
sentencia. Tanto el recurso como dicha solicitud eran procedentes en este caso.

33.- Que la solicitud de amparo tutelar cumpla con el requisito de inmediatez.
En esta oportunidad, la Sala encuentra que el recurso de amparo constitucional fue
promovido dentro de un término razonable y proporcional al de la ocurrencia del
hecho que presuntamente originó la vulneración, pues este se formuló con un
promedio de menos de 5 meses de diferencia luego de haberse proferido el auto que
resolvió la solicitud de aclaración, corrección y adición de sentencia, por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca. Esto último, en vista de que la decisión judicial
censurada se notificó el 1 de septiembre de 2022 y la acción de tutela se radicó por
correo electrónico el 25 de enero de 2023.

34.- Que, en caso de tratarse de una irregularidad procesal, esta tenga
incidencia directa en la decisión que resulta lesiva de las prerrogativas
iusfundamentales. Este presupuesto no es exigible en el presente asunto, dado que
los alegatos contenidos en el escrito demandatorio son de índole sustantivo y, por
ende, no están enderezados a poner de manifiesto ningún tipo de irregularidad desde
el punto de vista procesal, aun cuando lo discutido tenga una incidencia directa y
trascendental en los efectos del proceso contencioso administrativo.

35.- Que quien pretende el amparo identifique, de forma razonable, tanto los
hechos que generan la violación como los derechos que resultan infringidos y
que ello haya sido alegado en el proceso judicial, siempre que esto fuese
posible. Para el caso concreto, se tiene que la accionante, obrando por conducto de
apoderado judicial, identificó en su respectivo escrito de demanda las razones
puntuales por las que estima vulneradas garantías de orden superior a raíz de la
decisión adoptada dentro del proceso de reparación directa, por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca. Así las cosas, puede afirmarse que logró
identificar con claridad los hechos que generaron la violación planteada por vía de
tutela y los derechos que resultaron transgredidos.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00338-01
Demandante: Elisa Nubia Ortiz Ortiz
Demandado:Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia

36.- Que el fallo impugnado no se trate de una acción de tutela. Por último, debe
puntualizarse que, de los hechos expuestos en la demanda, no se trata de una
solicitud de amparo promovida contra una sentencia de tutela.

b) Verificación de la existencia de la causal específica de procedibilidad
atribuida en la acción de tutela contra la providencia judicial acusada en
el caso concreto.

37.- Al acreditarse, entonces, el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales le corresponde a la
Sala estudiar la causal específica de procedibilidad de tutela contra providencias
judiciales.

38.- En el caso bajo estudio, si bien la parte actora alegó un defecto fáctico, la Sala
advierte que las inconformidades frente al IPC aplicado en la fórmula matemática de
la indexación, y la negativa de efectuar la corrección en el auto censurado, se
enmarcan realmente en un defecto material o sustantivo, por ende, se estudiará
este cargo, bajo el mencionado defecto.

39.- En este punto, debe traerse a colación que la causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales por la configuración de un defecto
material o sustantivo se halla caracterizada, principalmente, como la existencia de
una falencia o yerro en una providencia judicial que tiene origen en el proceso de
interpretación o aplicación de las disposiciones jurídicas que utiliza el juez al resolver
el caso. Sin embargo, para que esa falencia o yerro de lugar a la procedencia del
mecanismo de amparo constitucional, debe evidenciarse una irregularidad de tal
entidad, que indiscutiblemente lleve a que se profiera una decisión que obstaculice
o lesione la efectividad de prerrogativas iusfundamentales8.

40.- A partir de tales premisas, por ejemplo, en la Sentencia SU-195 de 20129, el
pleno de la Corte Constitucional identificó, por un lado, que, en un sentido amplio, se
estaba en presencia de un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial empleaba
una norma inaplicable al caso concreto, dejaba de aplicar la norma adecuada o
interpretaba las normas de tal manera que contrariaba la razonabilidad jurídica. Por
otro lado, explicó que, en un sentido estricto, la configuración de este defecto podía
predicarse en las siguientes circunstancias: (i) el fundamento de la decisión judicial
es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente o porque ha
sido derogada, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los
otorgados por el Legislador; (ii) no se hace una interpretación razonable de la norma;
(iii) cuando se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con efectos
erga omnes; (iv) la disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución; (v)
el ordenamiento otorga poder al juez y éste lo utiliza para fines no previstos en la
disposición; (vi) la decisión se funda en una interpretación no sistemática de la
norma, es decir se trata de un grave error en la interpretación; y (vii) se afectan
derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustenta o justifica de
manera insuficiente su actuación.

8 Cfr. Sentencias SU-950 de 2014, SU-241 de 2015, SU-217 de 2016 y SU-395 de 2017 de la Corte
Constitucional.
9 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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Demandante: Elisa Nubia Ortiz Ortiz
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia

41.- En otra sentencia de unificación, la Corte definió al defecto sustantivo como una
circunstancia que determinaba la carencia de validez constitucional de las
providencias judiciales y que tenía lugar cada vez que la autoridad judicial respectiva
desconocía normas de rango legal o infralegal aplicables a un asunto determinado,
“ya sea por absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error grave en su
interpretación o por el desconocimiento del alcance de las sentencias judiciales con
efectos erga omnes cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma
sobre la que pesa la cosa juzgada”10.

42.- Valoradas las circunstancias fácticas que dieron lugar a que se negara la
solicitud de corrección de sentencia, dentro del proceso de reparación directa que
promovió la señora Ortiz Ortiz, la Sala encuentra que el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca efectivamente incurrió en el defecto específico que acaba de
caracterizarse, tal y como pasa a explicarse.

43.- El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por fallo de 31 de marzo de 2022
declaró administrativamente responsable a la Nación – Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial por el error judicial en que incurrió el Juzgado
Octavo Civil del Circuito de Cali. En razón a ello, le impuso una condena pecuniaria
de $86’665.573 por concepto de daño emergente, teniendo en cuenta lo pagado por
la señora Elisa Nubia Ortiz por el inmueble objeto de litigio en el proceso ordinario.

44.- Para realizar la mencionada liquidación de perjuicios, el tribunal accionado
sostuvo, que:

<<(…) Así pues, conforme a las pruebas aportadas al expediente, únicamente se
encuentran acreditados los siguientes gastos:
Valor pagado por la adjudicación del inmueble: $67.900.000 (25 de julio de 2005)
(folios 127 -128 Cuaderno de pruebas No. 2)

Ahora bien, el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cali con sentencia N° 037 del 15
de febrero de 2008 (folios 348 a 355 Cuaderno de pruebas N° 1), dispuso entregar los
dineros consignados por ELISA NUBIA ORTIZ ORTIZ como rematante por la venta del
bien inmueble a los señores RICARDO EFRÉN GONZALEZ PAZ y MARIA EVERYLDE
RIASCOS ARAGÓN en igual porcentaje después de descontar los gastos en que
incurrió el señor González Paz durante el trámite del proceso. La referida providencia
dispuso:

“El remate del bien inmueble objeto de la demanda se llevó a cabo el día 14 de Julio
de 2005, y aprobado por auto de fecha 26 de julio de la misma anualidad, ordenando
la entrega del bien a la rematante, el valor del remate ascendió a la suma de SESENTA
Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M. CTE ($67.900.000,oo M. Cte),
cumpliéndose entonces el objeto del proceso. A la rematante ya le fue devuelto el valor
correspondiente a los impuestos pagados por ella a efectos de la aprobación del
remate por la suma de $4.083.041,oo m. Cte, lo que quiere decir que se encuentran
consignados a órdenes del Juzgado $63.816.959,oo M. Cte. (…)”

Acreditado como se encuentra el daño emergente por estos rubros, solo estos
únicamente serán objeto de reconocimiento y para lo cual se procede previamente la
actualización de los valores previstos en las pruebas aportadas al expediente. Para
dicha actualización se tendrán en cuenta los siguientes parámetros:

10 Cfr. Sentencia SU-918 de 2013 de la Corte Constitucional.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00338-01
Demandante: Elisa Nubia Ortiz Ortiz
Demandado:Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia

Ahora bien, frente al valor pagado por mejoras al bien inmueble por $4.650.000 (15 de
febrero de 2006) (folios 749 – 804 cuaderno de pruebas No. 03), debe decirse que no
puede tenerse en cuenta debido a que las facturas de venta no cumplen con los
requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario.

Respecto de la reclamación por concepto de lucro cesante pasado, lucro cesante
futuro, así como perjuicios morales, perjuicios psicológicos y perjuicios especiales por
daños a derechos fundamentales, se desestimarán los mismos por carecer de prueba
de su causación teniendo en cuenta la actualización realizada en líneas anteriores
frente al lucro cesante pasado y futuro aunado al hecho de que el pago de estas sumas
se realiza de acuerdo a lo estipulado en los artículos 187 y 192 de la ley 1437 de 2011.

Por otro lado, en cuanto a los perjuicios inmateriales no serán reconocidos en cuanto
a que la parte actora no hace una estimación seria de los mismos, tampoco aporta
pruebas que permitan demostrar la afectación de los derechos fundamentales o el
grado de afectación sicológica y moral para la tasación de estos y compararlo con su
situación previa a la ocurrencia de los hechos debatidos en la demanda (…)>>.

45.- Posteriormente, el apoderado judicial de la parte actora presentó solicitud de
corrección, aclaración y adición de sentencia, al considerar que hubo un error
respecto de la operación aritmética, porque, entre otras cosas, los valores de IPC
que se utilizaron en la fórmula de la indexación estaban errados, pues el
correspondiente a julio de 2005 es 58,21 no 83,40, el de febrero de 2006 es de 59,91
no 85,11 y el de marzo de 2022 (fecha de expedición de la sentencia) es de es 116,26
no 113.26. No obstante, por auto de 26 de agosto de 2022 (providencia censurada),
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó la anterior solicitud, sosteniendo
que la misma “(…) no cumple con los lineamientos para corregir un error aritmético,
como quiera que se está requiriendo una modificación respecto de las prestaciones
reconocidas”.

46.- Para la Sala, el argumento utilizado para negar la solicitud desconoce lo
indicado en el artículo 286 del C.G.P., según el cual “Toda providencia en que se

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00338-01
Demandante: Elisa Nubia Ortiz Ortiz
Demandado:Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia

haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la
dictó en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto (...)”. Lo
anterior, teniendo en cuenta que: (i) es cierto que los valores de IPC utilizados por el
Tribunal, en su sentencia, están errados, (ii) ese es un error meramente aritmético,
y (iii) no es correcto afirmar que la corrección pretendida implicaba un cambio en las
prestaciones reconocidas. Como se explica a continuación.

47.- Una revisión a la tabla de los valores históricos del índice de precios al
consumidor -IPC- que se publica en la página web del DANE11, permite advertir que
los valores usados por el Tribunal accionado en su sentencia, al momento de aplicar
la fórmula de la indexación, están errados pues para julio de 2005 el IPC era 58,21,
para febrero de 2006 era 59,41, y para febrero de 2022 era 115,11 (mes anterior en
el que se profirió el fallo de 31 de marzo de 202212), y ello no corresponde con los
valores plasmados en el fallo de 31 de marzo de 2022.

48.- Para la Sala, este es un error meramente aritmético en tanto es evidente que
el yerro deviene de la incorrecta sustitución de unos valores en una fórmula
matemática. Y tales valores no son establecidos por el juez a su arbitrio, sino que
corresponden a un dato estadístico histórico. Así las cosas, el operador judicial no
está en libertad de modificar los mismos. Su competencia está limitada a establecer
el monto que se debe actualizar, y las fechas inicial y final. A partir de esos datos, el
reemplazo en la fórmula de indexación opera a partir de valores previamente fijados.

49.- De acuerdo a lo anterior, el argumento utilizado por el tribunal accionado en el
auto acusado para no corregir su fallo es insuficiente y carente de razón, como quiera
que, ante el evidente error aritmético, es lógico que la indemnización reconocida va
a aumentar en su valor, sin que ello lleve a considerar que se estén modificando las
prestaciones reconocidas, pues el único valor a indemnizar sigue siendo el lucro
cesante reconocido a la demandante por el valor que pagó para la adjudicación del
inmueble, dentro del proceso divisorio de venta en pública subasta. Y esa suma fue
establecida por el Tribunal a partir de su análisis probatorio, y en su fallo se estableció
que asciende a $63.816.959 que debían ser indexados.

50.- Esa suma representa el monto de la prestación reconocida, y no se pretende
modificar, pero sí debe ser indexada según lo dispuso el mismo Tribunal. Y ese
ejercicio que se hace a partir del reemplazo de unos valores ya determinados, en
una fórmula, fue realizado de manera incorrecta.

51.- Así las cosas, la Sala de Subsección considera que el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca incurrió en un defecto material o sustantivo por no darle una
interpretación razonable al artículo 286 del C.G.P., a través del cual se establece la
procedencia de la corrección de sentencias por errores aritméticos. Pues el yerro de
reemplazar unos valores de IPC errados en la fórmula establecida para la indexación
del monto reconocido como indemnización de perjuicios, se puede considerar como
un error puramente aritmético13. Y con esta corrección, no se están modificando otros

11 Información sustraída de la página del Dane: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc
12 Se tiene en cuenta el mes de febrero y no marzo, porque el IPC se actualiza al final de cada mes. Por lo que

al momento de proferirse el fallo, el IPC actual era el de febrero de 2022.
13 En el mismo sentido ver, auto del Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección B, radicado 25000-23-

31-000-2005-00196-01 (36840), de 22 de febrero de 2017.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00338-01
Demandante: Elisa Nubia Ortiz Ortiz
Demandado:Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia

aspectos -fácticos o jurídicos- que impliquen un cambio del contenido jurídico
sustancial de la decisión.

52.- En definitiva, la Sala estima que la decisión del Tribunal en el auto censurado,
estuvo basada en una interpretación que supera los márgenes que alinderan la
valoración, criterio y aplicación de la ley a cargo del juez que conoce del asunto,
presentándose de tal manera como indebida y en contraposición de las bases y
fundamentos de la ley que dice aplicar, bajo una interpretación que a todas luces se
antoja como desproporcionada para los intereses legítimos de la ahora accionante.
En ese sentido, se procederá a otorgar amparo solicitado en la demanda de tutela
de la referencia, respecto al presente aspecto reclamado a través de esta acción
constitucional.

53.- En consecuencia, para hacer efectiva la orden de protección, la Sala amparará
los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia invocados por la parte actora, de suerte que se dejará sin efectos el auto de
26 de agosto de 2022 proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
para que, en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación de la
presente providencia, se sirva proferir una nueva decisión respecto a la solicitud de
corrección interpuesta por la parte demandante contra el fallo de 31 de marzo de
2022, dentro del proceso de reparación directa 76001-23-33-003-2012-00030-01, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

54.- En virtud de lo anterior, se REVOCARÁ la decisión de 23 de febrero de 2023,
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado y, en su lugar, la Sala
AMPARARÁ los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia de la señora Elisa Nubia Ortiz Ortiz, respecto del defecto
material o sustantivo y, se DECLARARÁ IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
frente al defecto fáctico, por las razones antes expuestas.

55.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III.- RESUELVE

PRIMERO. - REVOCAR la sentencia del 23 de febrero de 2023, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, por los motivos antes expuestos.

SEGUNDO.- AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia de la señora Elisa Nubia Ortiz Ortiz, respecto del
defecto material o sustantivo, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia.
Como consecuencia, (i) se deja sin efectos el auto de 26 de agosto de 2022, dictado
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el proceso de reparación directa
radicado 76001-23-33-003-2012-00030-01 y, (ii) se ordena dicha autoridad judicial
que, en el término de diez (10) días, contado a partir de la notificación de la presente
providencia, se sirva proferir una nueva decisión respecto a la solicitud de corrección
interpuesta por la parte demandante contra el fallo de 31 de marzo 2022, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-00338-01
Demandante: Elisa Nubia Ortiz Ortiz
Demandado:Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia

TERCERO. – DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia,
respecto al defecto fáctico, por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente providencia.

CUARTO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

QUINTO. - ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE14
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los
abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

14 VF

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