Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00350-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00350-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00350-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
16 de febrero de 2023
Demandante: María Yolanda Usuriaga Fory
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00350-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00350-00
Demandante: MARÍA YOLANDA USURIAGA FORY
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
Tema: Tutela contra providencia judicial. Defecto fáctico – niega
amparo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por la señora María
Yolanda Usuriaga Fory contra el Tribunal Administrativo de Nariño, de
conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
La señora María Yolanda Usuriaga Fory, en nombre propio presentó acción de
tutela1 con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales “al debido proceso,
al mínimo vital, a la seguridad social y al acceso a la administración de justicia”.
Las mencionadas garantías constitucionales las estimó vulneradas por el Tribunal
Administrativo de Nariño, que en providencia de 7 de octubre de 2022, revocó la
sentencia de 10 de febrero de 2022, proferida por el Juzgado Noveno (9º)
Administrativo del Circuito Judicial de Pasto y, en su lugar, negó las pretensiones
de la demanda interpuesta en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho2, promovida por la accionante contra la Nación -
Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional.
1.2. Pretensiones
La parte actora solicitó lo siguiente:
1 Mediante escrito radicado el 26 de enero de 2023, a través del buzón electrónico
tutelaenlinea2@deaj.ramajudicial.gov.co y remitido en la misma fecha al correo de la Secretaría
General del Consejo de Estado, secgeneral@consejodeestado.gov.co.
2 Proceso que se identificó con el radicado No. 52001-33-33-009-2018-00285-00/01.
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Demandante: María Yolanda Usuriaga Fory
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
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“Con base en la anterior exposición solicito que se amparen mis derechos
fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad social y al acceso
a la administración de justicia y, en consecuencia, se revoque la sentencia de
segunda instancia emitida por el Tribunal Administrativo de Nariño el día 07 de
octubre de 2022 dentro del radicado 5200133330092018-00285 (11634), para que
en su lugar se confirme la sentencia de primera instancia emitida por el Noveno
Admirativo del Circuito de Pasto el día 10 de febrero de 2022 radicado No. 52-001-
33-33-009-2018-00285. Todo con el objetivo de amparar mis derechos
fundamentales y así lograr que se me reconozca el derecho a la pensión de
sobrevivientes por la muerte de mi hijo JOHNNY ALBERTO MEJÍA USURIAGA”.
(Sic a toda la cita)
1.3. Hechos
La parte actora fundó su escrito de tutela en los siguientes:
Señaló que su hijo, el señor Johnny Alberto Mejía Usuriaga, estuvo vinculado al
Ejército Nacional como soldado regular por 17 meses, contados desde el 29 de
septiembre de 1999 y hasta el momento en que falleció por una situación que fue
calificada por la entidad como “simple actividad”.
Explicó que el 29 de noviembre de 2017, en calidad de madre de Johnny Alberto
Mejía Usuriaga, le solicitó a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército
Nacional el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, de conformidad con lo
establecido en el artículo 463 de la Ley 100 de 1993.
Alegó que mediante Resolución No. 1581 de 11 de abril de 2018, el Departamento
de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional le negó el
reconocimiento de la citada prestación, con fundamento en el artículo 8º4 del
Decreto 2728 de 1968.
3 “ARTÍCULO 46. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. Tendrán
derecho a la pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que
fallezca y,
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste
hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al
fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones:
(…)
PARÁGRAFO 1o. Cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el
régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de que trata el artículo
66 de esta ley, los beneficiarios a que se refiere el numeral 2 de este artículo tendrán derecho a la
pensión de sobrevivientes, en los términos de esta ley. // El monto de la pensión para aquellos
beneficiarios que a partir de la vigencia de la Ley, cumplan con los requisitos establecidos en este
parágrafo será del 80% del monto que le hubiera correspondido en una pensión de vejez”.
4 “Artículo 8º. El Soldado o Grumete en servicio activo, que fallezca por causa de heridas o
accidente aéreo en combate o por acción directa del enemigo, bien sea en conflicto internacional o
en mantenimiento del orden público, será ascendido en forma póstuma al grado de Cabo Segundo
o Marinero y sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de cuarenta y ocho (48)
meses de los haberes correspondientes a dicho grado y el pago doble de la cesantía. A la muerte
del Soldado o Grumete en servicio activo, causada por accidente en misión del servicio, sus
beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de treinta y seis (36) meses del sueldo
básico que en todo tiempo corresponda a un Cabo Segundo o Marinero. // A la muerte de un
Soldado o Grumete en servicio activo o por causas diferentes a las enunciadas anteriores a sus
beneficiarios tendrá derecho al reconocimiento y pago de veinticuatro (24) meses de sueldo básico
que en todo tiempo corresponda a un Cabo Segundo o Marinero”.
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Manifestó que interpuso una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con el fin de atacar la legalidad de los actos
administrativos que le negaron el reconocimiento de la pensión, proceso que
correspondió por reparto al Juzgado Noveno (9º) Administrativo del Circuito
Judicial de Pasto, bajo el radicado número 52001-33-33-009-2018-00285-00.
Comentó que, mediante sentencia de 10 de febrero de 2022, el citado juzgado
accedió a las pretensiones de la demanda, al considerar que, si bien la Ley 100 de
1993 exceptuó del régimen general a las Fuerzas Militares, con fundamento en la
sentencia de unificación de 12 de abril de 2018, proferida por el Consejo de
Estado, era procedente aplicarles las normas de dicho régimen con apoyo en el
principio de favorabilidad y el derecho a la igualdad.
Por lo tanto, al encontrar acreditados los requisitos exigidos por la Ley 100 de
1993, entre estos, la dependencia económica respecto del señor Johnny Alberto
Mejía Usuriaga, con base en los testimonios dados por los señores Diomedez Fori
Paz y Ximena Mera Zúñiga, ordenó decretar la nulidad de la Resolución No. 1581
de 11 de abril de 2018 y condenó a la demandada a reconocer y pagar la pensión
de sobrevivientes.
Expuso que la anterior decisión fue apelada por la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional - Ejército Nacional y que, en sentencia de 7 de octubre de 2022, el
Tribunal Administrativo de Nariño al resolver la segunda instancia dispuso revocar
el fallo de primer grado para, en su lugar, negar las pretensiones del medio de
control, comoquiera que no encontró probado el requisito de la dependencia
económica.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora alegó que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales “al debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad social y al acceso a la
administración de justicia”, toda vez que al proferir la sentencia de 7 de octubre de
2022, incurrió en un defecto fáctico.
Al respecto, precisó que el Tribunal Administrativo de Nariño valoró
equivocadamente los testimonios que se practicaron en el proceso que daban
cuenta de la dependencia económica de ella respecto de su hijo y, además, omitió
el decreto de pruebas de oficio que eran necesarias para garantizar la efectividad
de sus derechos.
Particularmente, destacó que en el presente caso se configuró el defecto fáctico
en su dimensión negativa, toda vez que los testimonios de los señores Diomedes
Fori Paz y Jenny Ximena Mera Zúñiga, que sí fueron estimados por el Juzgado
Noveno (9º) Administrativo del Circuito Judicial de Pasto, demostraban la
dependencia económica de su hijo, quien si bien no percibía altos ingresos por su
actividad, si le permitían ahorrar para enviarle el dinero suficiente para que se
garantizara su mínimo vital.
Alegó que en la sentencia de segunda instancia la autoridad judicial accionada
determinó que tales declaraciones no establecieron a cuánto ascendía la ayuda
económica que su hijo le brindaba, no obstante, no explicó las razones por las
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cuales los testigos estaban obligados a probar tal monto. Asimismo, que la parte
demandada nunca tachó de falsas tales afirmaciones, razón por la cual estas
constituían plena prueba y debían ser valoradas bajo las reglas de la sana crítica.
Indicó que el sistema jurídico colombiano es mixto, es decir que hay un equilibrio
entre la iniciativa de las partes para solicitar pruebas y el poder oficioso del juez
para decretar aquellas que considere necesarias. En ese sentido, puso de
presente que si el Tribunal Administrativo de Nariño consideraba que el requisito
de la dependencia económica no se encontraba acreditado, debió decretar
pruebas de oficio para despejar esa duda; no obstante, no lo hizo.
Señaló que con la sentencia enjuiciada se vulneró su derecho al mínimo vital,
pues (i) “es madre de una familia que depende de ella”; y (ii) no tiene los recursos
necesarios para vivir de manera digna, lo cual la pone en una situación de
vulnerabilidad.
De igual manera, respecto de la afirmación realizada por el juez ordinario según la
cual, al tener más hijos estos tenían el deber jurídico de mantenerla, trajo a
colación la sentencia T-167 de 2022 de la Corte Constitucional y aquella proferida
el 4 de marzo de 2021, por la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del
radicado número 18001-2333-000-2016-00218-01 (4437-19).
1.5. Trámite de la acción
Con auto de 30 de enero de 2023, el magistrado ponente admitió la solicitud de
amparo y ordenó notificar a la parte actora y a los magistrados que integran el
Tribunal Administrativo de Nariño, como autoridades accionadas.
Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591
de 1991, vinculó como terceros interesados al Juzgado Noveno (9º) Administrativo
del Circuito Judicial de Pasto, [autoridad judicial de primera instancia al interior del proceso
N.º 52001-33-33-009-2018-00-00285-00/01], y a la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional [parte pasiva del expediente N.º 52001-33-33-009-2018-00-
00285-00/01].
1.6. Contestaciones
Realizadas las notificaciones correspondientes, de conformidad con las
constancias visibles en la copia digital de la acción de tutela, se presentaron los
siguientes pronunciamientos:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Nariño
La magistrada ponente de la sentencia enjuiciada solicitó que se niegue la tutela
deprecada por la parte accionante, al señalar que esta se emitió de conformidad
con el estudio de la demanda, las pruebas aportadas al proceso, las alegaciones
de las partes, el precedente jurisprudencial y la normatividad constitucional y legal.
Particularmente, precisó lo siguiente:
“El fallo de segunda instancia se emitió en los términos por los cuales hoy se tutela,
de conformidad con las prescripciones jurisprudenciales del H. Consejo de Estado,
según las cuales, en los casos en los que se apliquen las disposiciones de la Ley
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100 de 1993 para acceder a un reconocimiento pensional por la muerte de un
servidor de las fuerzas militares, porque se trata de la norma más beneficiosa, es
necesario tener en cuenta la totalidad de las prescripciones de esta norma, es decir,
no se puede escindir para aplicar lo más acorde con las pretensiones de los actores
en relación con un estatuto pensional y lo que no les favorezca dejarlo de lado para
aplicar otra normatividad, lo cual no se tuvo en cuenta al emitir el fallo de primera
instancia”.
Enfatizó que, en acatamiento del precedente jurisprudencial y los principios
jurídicos, se realizó un análisis que concluyó que la actora no demostró la
dependencia económica requerida por la norma. Por lo tanto, consideró que la
acción de tutela de la referencia se torna improcedente, de conformidad con el
numeral 1° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, teniendo en cuenta que se
invoca un supuesto desconocimiento del orden jurídico que no ha ocurrido.
1.6.2. Ministerio de Defensa Nacional
La coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional del Ministerio de Defensa
Nacional solicitó que se nieguen las pretensiones de la accionante, comoquiera
que la acción de tutela se torna improcedente, pues la decisión reprochada por la
tutelante se ciñó a las normas que rigen a los miembros de las Fuerzas Militares,
especialmente el Decreto 4433 de 20045, y a los principios que regulan la
valoración de pruebas, dentro del contexto de la autonomía e independencia de la
que gozan los jueces.
Explicó que carece de fundamento el argumento según el cual la autoridad judicial
accionada debió decretar pruebas de oficio para acreditar la dependencia
económica de la accionante respecto a su hijo, pues ello vulneraría el principio de
igualdad de las partes ante la ley.
Adujo que de la lectura del Decreto 4433 de 2004 no puede derivarse el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de los soldados regulares
que en prestación del servicio militar obligatorio fallecieran en simple actividad.
Así mismo, reprochó la aplicación de la sentencia de unificación de 12 de abril de
2018, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que estableció las reglas
para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de personas vinculadas a
las Fuerzas Militares, por cuanto no se acreditó el requisito de la dependencia
económica y los testimonios que fueron recepcionados en el proceso solo se
limitaron a expresar acerca de las buenas relaciones familiares.
Especialmente, dijo que la testigo Ximena Mera Zúñiga expresó que desconocía el
monto de los ingresos del señor Johnny Alberto Mejía Usuriaga y con cuánto
contribuía al sostenimiento económico de su madre. Así mismo, respecto a dicho
testimonio y el del señor Diomedes Fori Paz alegó que ambos “declararon que el
occiso se fue a prestar servicio militar porque quería ayudar a su mamá es decir que
hablan de una ayuda futura, eventual, no cierta y como lo tiene establecido la
jurisprudencia del Consejo de Estado al respecto, todos los perjuicios cualquiera que sea
su naturaleza deben ser ciertos”.
5 “Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública.”
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Destacó que en la sentencia de primera instancia se otorgó credibilidad a una de
las testigos, quien afirmó que no obstante el hijo de la demandante devengaba
poco, este ahorraba para ayudarla económicamente, afirmación que carecía de
respaldo probatorio y que desconocía (i) que los jóvenes que prestan su servicio
militar obligatorio al Ejército Nacional devengan solo una bonificación, que para el
año 2001 era de aproximadamente $40.000; y (ii) que la familia de la actora
estaba conformada por varios hermanos mayores, con cuyos ingresos podían
proveer el sostenimiento económico de su madre.
Finalmente, manifestó que la actora no acreditó la vulneración de su mínimo vital y
que el Tribunal Administrativo de Nariño no violó los derechos fundamentales de la
accionante, pues la decisión que adoptó en segunda instancia se ciñó a las
normas constitucionales y legales pertinentes y especialmente con profundo
respeto al derecho de defensa de las partes.
1.6.3. Juzgado Noveno (9°) Administrativo del Circuito Judicial de Pasto
El mencionado juzgado remitió el enlace para consultar el proceso 52001-33-33-
009-2018-00285-00/01.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por la
señora María Yolanda Usuriaga Fory contra el Tribunal Administrativo de Nariño,
de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, y en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta la
vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante, con ocasión de
la providencia de 7 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Nariño, mediante la cual se revocó la sentencia de 10 de febrero de 2022, dictada
por el Juzgado Noveno (9º) Administrativo del Circuito Judicial de Pasto y, en su
lugar, negó las pretensiones de la demanda interpuesta en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovida por la accionante
contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional.
Lo anterior, comoquiera que, a juicio de la actora, presuntamente en el proveído
de 7 de octubre de 2022 se incurrió en el defecto fáctico, al desconocer los
testimonios que se presentaron al interior del proceso, que daban cuenta de la
dependencia económica de la señora María Yolanda Usuriaga Fory respecto de su
hijo Johnny Alberto Mejía Usuriaga.
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos
de procedibilidad adjetiva y de superarse; (iii) las generalidades del defecto
invocado; y (iv) el caso concreto.
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2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 6
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema7.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales8.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el
momento jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 9, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la relevancia
constitucional, resulta pertinente recordar el criterio adoptado por la Corte
Constitucional en la SU-215 de 2022, en cuanto a la procedencia de la acción
Constitucional de cara a este requisito, así:
“(…) 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez
debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (…)
6 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
8 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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La Sala destaca que el presente asunto es relevante constitucionalmente pues,
conforme con los argumentos esgrimidos en el escrito de tutela, este involucra la
presunta lesión de los derechos fundamentales “al debido proceso, al mínimo vital, a
la seguridad social y al acceso a la administración de justicia”, ante la posible
configuración de un defecto fáctico.
De acuerdo con lo anterior, se evidencia una tensión o contradicción entre la
razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial de los derechos fundamentales
alegados por la parte actora, especialmente el del mínimo vital, en tanto que se
interpreta que la autoridad judicial presuntamente incurrió en la indebida
valoración del material probatorio allegado al proceso ordinario.
En ese sentido, la Sala evidencia que este asunto trasciende un estudio de lo
meramente legal, comoquiera que la accionante justificó razonadamente la
existencia de una amenaza a sus garantías mínimas de existencia, pues en su
escrito de tutela señaló que depende del reconocimiento pensional para su digna
subsistencia, dado que es una persona de 61 años con una precaria condición
económica y social, de manera que no se trata de una simple inconformidad con
las decisiones adoptadas por el Tribunal Administrativo de Nariño, sino que
predica una presunta restricción desproporcionada a sus derechos a la seguridad
social y al mínimo vital ante la negativa de que se le reconozca una pensión que le
ayudará a su manutención.
Así las cosas, se insiste que se acreditaron los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado el requisito de
relevancia constitucional, en atención a que se está en presencia de una posible
trasgresión de las garantías constitucionales de la tutelante, cuya controversia no
se enfocó en un debate de orden de contenido legal o económico, sino que se
justificó en una notoria tensión entre las garantías invocadas y la decisión judicial
objeto de reproche, por lo que la Sala superará esta causal.
2.5.2. De manera preliminar, se establece que la acción de tutela de la referencia
no se dirige contra una sentencia de la misma naturaleza, puesto que la
providencia judicial que censura la parte accionante fue dictada en el marco del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado No.
52001-33-33-009-2018-00285-00/01.
2.5.3. Respecto al requisito de inmediatez, es preciso señalar que la decisión de
segunda instancia que se cuestiona fue proferida el 7 de octubre de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Nariño, mientras que la solicitud de amparo se presentó
el 26 de enero de 2023, de manera que, sin que se revise la fecha de ejecutoria de
la sentencia enjuiciada, se observa que su interposición se hizo en un término que
a juicio de la Sala es razonable, por cuanto fue antes de transcurridos seis (6)
meses desde que se dictó.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201410, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200511
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05.08.14., M.P.
Jorge Octavio Ramírez, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
11 “c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
8
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para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar
el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión
de providencias judiciales.
2.5.4. Por otra parte, en consideración al agotamiento de los mecanismos
judiciales, en el caso concreto, la sentencia que se cuestiona es la proferida por
el Tribunal Administrativo de Nariño, el 7 de octubre de 2022, mediante la cual se
revocó la decisión del Juzgado Noveno (9º) Administrativo del Circuito Judicial de
Pasto y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda interpuesta por el
actor, razón por la cual contra la providencia controvertida no procede ningún
recurso ordinario, y los reproches expuestos en el escrito de tutela no se ajustan a
las causales de procedencia de los recursos extraordinarios de revisión y de
unificación de jurisprudencia.
Precisado lo anterior, la Sala abordará el fondo de la solicitud, sin perjuicio de
resaltar el carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin garantizar la
intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, la protección
de derechos de terceros de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en los
fallos judiciales.
2.6. Generalidades del defecto fáctico invocado
Frente al defecto fáctico, esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201512
precisó los alcances y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la
ocurrencia de este en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en
la presente decisión así:
i) Omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii)
desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad
de los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las
pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas
con violación del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:
Evento Características
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que
alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para
resolver el problema jurídico sometido a consideración, y ésta
fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez ordinario
de negar pruebas que no atiendan los requisitos de
conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es
importante considerar que no toda negativa a un decreto de
Omisión de pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto, ya
decreto y práctica que este procederá cuando se rechace el decreto y práctica
de pruebas de la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con los
indispensables parámetros arriba señalados.
para fallar el
asunto De esta manera, se requiere que la parte:
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.”
12 Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
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Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00350-00
a) Identifique el elemento probatorio que solicitó
b) Demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
c) Expongan las razones por la cuales la prueba solicitada
era conducente, pertinente o idónea.
d) Señale de manera razonada la razón por la cual, de
haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión
hubiere sido otro.
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en
el expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos
que se pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por
Desconocimiento el fallador ordinario. En este punto, se requiere que de forma
del acervo específica, se concrete en el escrito de amparo, cuáles
probatorio pruebas, aportadas oportuna y legalmente, fueron
determinante para desconocidas por el juez.
identificar la
veracidad de los Así las cosas, se configura siempre que se:
hechos alegados
por las partes a) Identifiquen los elementos de prueba no valorados por el
juez.
b) Demuestre que estos fueron aportados en forma legal y
oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes para
la decisión
d) Precise, razonadamente, la incidencia de los mismos
para variar el sentido del fallo.
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica,
la apreciación efectuada por el fallador, resulta
manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el
peso otorgado a la prueba se entiende alterado.
Requiere entonces que:
Valoración
irracional o a) La parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron
arbitraria de las objeto de indebida valoración por el juez
pruebas aportadas b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la
consideración del operador judicial se aleja de las reglas
de la lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados, resulta de vital
importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo
en relación con la conclusión a la cual arribó el juez de
instancia, de ninguna manera puede ser razón para
ordenar el amparo constitucional por este aspecto.
Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución arbitraria
del juez natural.
c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el
Dictar sentencia asunto con base en pruebas que no observaron los requisitos
con fundamento legales para su producción o introducción al proceso. Así las
en pruebas cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca en su
obtenidas con apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para
violación del decidir el problema jurídico que le fue planteado, al ser esta
debido proceso una prueba que desconoce el debido proceso de las partes.
Para su configuración corresponde:
a) Señalar con claridad los elementos probatorios
aportados con violación al artículo 29 constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción fueron el
sustento de la decisión.
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Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar en su
escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto,
sino también, su incidencia en la decisión judicial.
Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para
lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una
providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la
buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución
Política.
Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en
que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre sí, de tal
manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba,
como suele ocurrir, pues es desacertado.
2.7. Caso concreto
2.7.1. La parte actora consideró que el Tribunal Administrativo de Nariño, vulneró
sus derechos al debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad social y de acceso
a la administración de justicia, con ocasión de la decisión adoptada mediante la
sentencia de 7 de octubre de 2022, consistente en revocar la providencia de 10 de
febrero de 2022, dictada por el Juzgado Noveno (9º) Administrativo del Circuito
Judicial de Pasto y, en su lugar, negar las súplicas de la demanda interpuesta en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
promovida por la accionante contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional -
Ejército Nacional.
La tutelante adujo que dicha judicatura incurrió un defecto fáctico en su dimensión
negativa, pues valoró equivocadamente los testimonios de los señores Diomedes
Fori Paz y Jenny Ximena Mera Zúñiga que daban cuenta de la dependencia
económica de ella respecto de su hijo Johnny Alberto Mejía Usuriaga, los cuales,
por el contrario, sí fueron estimados en primera instancia por el Juzgado Noveno
(9º) Administrativo del Circuito Judicial de Pasto, quien dio por acreditado el citado
requisito para acceder al reconocimiento pensional.
Alegó que en la sentencia de segunda instancia, la autoridad judicial determinó
que tales declaraciones no establecieron a cuánto ascendía la ayuda económica
que su hijo le brindaba, pero que en el fallo no se explicó por qué los testigos
estaban obligados a establecer tal monto de dinero. Asimismo, que la parte
demandada nunca tachó de falsas las afirmaciones, razón por la cual estas
constituían plena prueba y debían ser valoradas bajo las reglas de la sana crítica.
Por otro lado, refutó que el tribunal accionado omitió su deber de decretar pruebas
de oficio que eran necesarias para garantizar la efectividad de sus derechos, pues
si consideraba que el requisito de la dependencia económica no se encontraba
acreditado, debió ordenarlas para despejar esa duda; no obstante, no lo hizo.
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Señaló que con la sentencia enjuiciada se vulnera su derecho al mínimo vital,
pues (i) “es madre de una familia que depende de ella”; y (ii) no tiene los recursos
necesarios para vivir de manera digna, lo cual la pone en una situación de
vulnerabilidad.
De igual manera, respecto a la afirmación realizada por el juez ordinario según la
cual, al tener más hijos, estos tenían el deber jurídico de mantenerla, trajo a
colación la sentencia T-167 de 2022 de la Corte Constitucional y aquella proferida
el 4 de marzo de 2021, por la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del
radicado número 18001-2333-000-2016-00218-01 (4437-19).
2.7.2. Pues bien, para resolver el cargo, es necesario revisar la sentencia dictada
por el Tribunal Administrativo de Nariño, para determinar si, en efecto, incurrió en
el defecto invocado por la señora María Yolanda Usuriaga Fory.
Al respecto, se observa que la accionante presentó una demanda con el fin de que
se declarara la nulidad del acto administrativo a través del cual la Nación -
Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional le negó el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes, a la que, a su juicio, tiene derecho por la muerte de su
hijo Johnny Alberto Mejía Usuriaga, quien se encontraba prestando el servicio
militar obligatorio en dicha institución.
El proceso correspondió por reparto al Juzgado Noveno (9º) Administrativo del
Circuito Judicial de Pasto, autoridad judicial que, en sentencia de 10 de febrero de
2022, accedió a las pretensiones invocadas por la parte demandante.
Lo anterior, al considerar que en el caso era aplicable la sentencia de unificación
del 12 de abril de 2018, del Consejo de Estado, según la cual las personas
vinculadas a las Fuerzas Militares que prestaron su servicio militar obligatorio y
fallecieron simplemente en actividad, con posterioridad a la vigencia de la Ley 100
de 1993, pueden beneficiarse de la pensión de sobrevivientes prevista por el
régimen general contenido en la citada ley. Por lo tanto, al encontrar acreditados
los requisitos para el reconocimiento pensional, accedió a las súplicas de la
demanda.
Esta decisión fue apelada por la entidad demandada y el trámite de la segunda
instancia correspondió al Tribunal Administrativo de Nariño que, en providencia de
7 de octubre de 2022, revocó el fallo proferido en primer grado.
Para ello, indicó que estaba probado que el señor Johnny Alberto Mejía Usuriaga
prestó sus servicios al Ejército Nacional como soldado regular por el término de 1
año, 5 meses y 21 días y que murió mientras se encontraba en servicio activo
“simplemente en actividad”.
Explicó que las partes diferían sobre el régimen que se debía aplicar al caso
concreto, toda vez que la parte demandante exigía el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes con aplicación de la Ley 100 de 1993, bajo el principio
de favorabilidad, mientras que la entidad demandada consideraba que se debía
aplicar el Decreto 2728 de 1968.
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En primer lugar, determinó que como el afiliado estaba prestando sus servicios
como soldado regular cuando ocurrió el deceso (20 de marzo de 2001), era sujeto
al régimen prestacional que rige para las Fuerzas Militares. Sin embargo, que
como este hecho ocurrió en simple actividad, la legislación no tenía una norma
jurídica que estableciera el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes a los
beneficiarios de los soldados regulares que murieran en simple actividad.
Además, aclaró que, en principio, la normatividad aplicable al caso sería el
Decreto 2728 de 1968, el cual, reiteró, no contemplaba una pensión de
sobrevivientes, sino el reconocimiento de 24 meses de sueldo básico de un cabo
segundo o marinero.
Sin embargo, expuso que, en la sentencia de unificación de 12 de abril de 2018, la
Sección Segunda del Consejo de Estado estableció unas reglas respecto de la
procedencia de la pensión de sobrevivientes para personas vinculadas a las
Fuerzas Militares que en prestación del servicio militar obligatorio fallecieran
simplemente en actividad y con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.
Indicó que “si bien la Ley 100 de 1993 exceptuó a las Fuerzas Militares de la aplicación
del Sistema Integral de Seguridad Social, el artículo 288 de la Ley 100 de 1993 permitió
que todo trabajador se beneficie de ella si ante la comparación con leyes anteriores sobre
la misma materia, esta le resulta más favorable, siempre que se someta a la totalidad de
sus disposiciones”.
Por lo tanto, trajo a colación los artículos 46, 47 y 48 de la Ley 100 de 1993 que
regulan los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes y sustentó que,
conforme con la constancia de vinculación expedida por la demandada, el señor
Johnny Alberto Mejía Usuriaga cumplía con el primer requisito exigido por la
norma, esto es, haber cotizado 75 semanas. Igualmente, estableció que no se
probó que existiera un cónyuge o compañera permanente supérstite, o hijos, o
personas con mejor derecho que quienes demandaban.
Ahora, en cuanto a la valoración probatoria expuesta en el proveído en cuestión
sobre el requisito de dependencia económica, el Tribunal Administrativo de Nariño,
expuso in extenso:
“En estos términos, es claro que la dependencia económica no se puede asumir
desde la óptica de la carencia total de recursos económicos como lo indica la
recurrente, sino en la falta de condiciones materiales mínimas para una vida digna.
Es de anotar, que dicho concepto se debe analizar en armonía con los postulados
constitucionales y legales que enmarcan la seguridad social, tales como la
protección especial a las personas que, por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.
Sobre ese punto, la apoderada de la parte demandada cuestiona la dependencia
económica que tenía la demandante respecto de su hijo, al considerar que en
primer lugar no era hijo único, ya que su familia la conformaban cuatro (4)
hermanas más, y segundo, que no es lógico pensar que, si dependía
económicamente de su hijo, como es posible que hubiera sobrevivido desde el
2001 hasta la fecha.
En relación con este requisito, las declaraciones de los señores Diomedes Fori Paz
y Jenny Ximena Mera Zuñiga que se allegaron al expediente se limitaron a exponer
que el señor Johnny Alberto Mejía Usuriaga, ingreso a las filas del Ejército
Nacional, con el fin de ayudar económicamente a su familia y que de los ingresos
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que percibía en la institución, en algunas oportunidades, en una parte los destinada
a su madre.
No obstante, para la Sala es claro que, de conformidad con la prueba testimonial
que se aprehendió en el proceso, la demandante no dependía de los ingresos de su
hijo fallecido, pues son los mismos testigos quienes advierten que la ayuda
económica que el señor Mejía Usuriaga brindaba a su madre era esporádica, y que,
aunque se manifestó que en parte destinaba lo que ganaba a su madre, no puede
aseverar a cuánto ascendía, ni cuándo se efectuaba.
Además, de los testimonios surge que la señora María Yolanda Usuriaga Fory, en
un principio dependía de su esposo quien trabajaba en la agricultura, que tiene
cuatro (4) hijas más, dos (2) de las cuales viven con sus parejas y en la actualidad
son amas de casa y que una de ellas vive con ella.
Esta realidad procesal arroja, no únicamente la certeza de que la actora no
dependía económicamente de su hijo, sino que el porcentaje que aportaba el señor
Mejía Usuriaga no era la base principal de sustento económico para la familia, ya
que como se mencionó en las declaraciones, el aporte que se realizaba no era una
suma cierta ni fija, aparte de que esta demostrado que la demandante tenía más
hijos quienes tenían el deber jurídico de ayudar a sus padres, lo cual implica que su
situación no se enmarca en la interpretación jurisprudencial que de la dependencia
económica precaria realizara la H. Corte Constitucional a través de la sentencia C
111 de 2006.
(…)
Por lo anterior, ni siquiera era necesario que la parte demandada desvirtuara los
dichos de los testigos, puesto que de sus declaraciones no es posible advertir una
dependencia económica, ni la necesidad de la madre de percibir la pensión, sino
una ayuda esporádica que quienes comparecieron no lograron precisar.
Significa lo anterior que, en aplicación de la jurisprudencia objeto de análisis, y de
las normas que antes se mencionaron, está claro para la Sala que la demandante
no tiene derecho a que se les reconozca y pague una pensión de sobrevivientes.
En estas circunstancias, se hace necesario aceptar los argumentos a los que acude
la representación judicial de la entidad demandada”.
2.7.3. Pues bien, como se mencionó en líneas previas, la tutelante alegó la
configuración de un defecto fáctico por la indebida valoración de los testimonios
de los señores Diomedes Fori Paz y Jenny Ximena Mera Zúñiga que daban
cuenta de la dependencia económica de ella respecto de su hijo Johnny Alberto
Mejía Usuriaga, así como por la omisión del Tribunal accionado en decretar de
oficio algunas pruebas que demostraran el citado requisito para el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes.
De los argumentos expuestos se colige que el Tribunal Administrativo de Nariño
hizo una valoración en conjunto de las pruebas que obraban en el proceso y pudo
concluir, válidamente, que en el expediente no se encontraba plenamente
acreditada la dependencia económica de la actora, comoquiera que las
declaraciones de los señores Diomedes Fori Paz y Jenny Ximena Mera Zuñiga
solo se limitaron a exponer que el señor Johnny Alberto Mejía Usuriaga ingresó al
Ejército Nacional con el fin de ayudar económicamente a su familia y que una
parte de los ingresos que percibía en la institución, en algunas oportunidades, los
destinada a su madre.
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Estos testimonios llevaron a la autoridad judicial accionada a concluir que la
demandante no dependía de los ingresos de su hijo fallecido, dado que la ayuda
económica que el señor Mejía Usuriaga le brindaba a su madre era esporádica y
no se podía establecer a cuánto ascendía, ni cuándo se efectuaba.
Por todo lo anterior, esta Colegiatura considera que la autoridad demandada
realizó un análisis normativo razonable y ponderado del régimen pensional de
sobrevivientes y determinó con las pruebas aportadas al proceso, de acuerdo con
las reglas de la sana crítica y con fundamento en el principio de autonomía
judicial, que no era procedente lo pretendido por la demandante, con fundamento
en que no se acreditó la dependencia económica, de tal suerte que no logró
demostrar los supuestos previstos por la norma aplicable para ser beneficiario de
la referida prestación.
Así, pues, de lo expuesto por la autoridad judicial accionada, la Sala no encuentra
que exista algún elemento que vulnere los derechos fundamentales invocados por
la parte actora, toda vez que la decisión se ajustó integralmente a las normas
legales vigentes que rigen el punto relacionado con la pensión de sobrevivientes e
hizo una adecuada valoración e interpretación de las pruebas aportadas al
proceso para arribar a la decisión que hoy es objeto de reproche.
Ahora, si bien el Juzgado Noveno (9º) Administrativo del Circuito Judicial de Pasto
le dio una interpretación diferente a las afirmaciones hechas por los señores
Diomedes Fori Paz y Jenny Ximena Mera Zuñiga, ello no significa que la
valoración realizada por el Tribunal Administrativo de Nariño sea arbitraria o
desborde su autonomía judicial, toda vez que en estos casos no existe un sistema
de tarifa legal que le impida al tribunal demandado otorgarle a las pruebas
testimoniales el valor probatorio que considere para establecer la dependencia
económica de la tutelante respecto de su hijo.
Por todo lo anterior, lo cargos que se expusieron en la solicitud de tutela no
determinan la configuración de un defecto fáctico, puesto que no se le puede
impedir al funcionario judicial la valoración de unas pruebas que fueron
debidamente aportadas al expediente contencioso, ni establecer un punto de
partida distinto al que determinó o igual al del fallador de primera instancia,
comoquiera que ello riñe con la independencia con la que cuentan los jueces de la
República.
Finalmente, en cuanto al reproche relacionado con la omisión de la autoridad
judicial en decretar pruebas de oficio para esclarecer el requisito de la
dependencia económica, para la Sala es importante precisar que tal facultad,
reglada en el artículo 21313 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
13 “Artículo 213. Pruebas de oficio. En cualquiera de las instancias el Juez o Magistrado Ponente
podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la
verdad. Se deberán decretar y practicar conjuntamente con las pedidas por las partes.
Además, oídas las alegaciones el Juez o la Sala, sección o subsección antes de dictar sentencia
también podrá disponer que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros
o difusos de la contienda. Para practicarlas deberá señalar un término de hasta diez (10) días.
En todo caso, dentro del término de ejecutoria del auto que decrete pruebas de oficio, las partes
podrán aportar o solicitar, por una sola vez, nuevas pruebas, siempre que fueren indispensables
para contraprobar aquellas decretadas de oficio. Tales pruebas, según el caso, serán practicadas
dentro de los diez (10) días siguientes al auto que las decrete.”
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Contencioso Administrativo, es potestativa del magistrado ponente, cuandoquiera
que las considere necesarias, circunstancia que no ocurrió en el presente caso,
toda vez que para el Tribunal Administrativo de Nariño resultaron suficientes para
fallar los medios de convicción obrantes en el expediente.
Así las cosas, para la Sala de Decisión no se encuentra configurado el defecto de
fáctico sobre el cual versa la presunta vulneración invocada, razón por la cual se
negará el amparo invocado por la señora María Yolanda Usuriaga Fory.
Por lo tanto, esta Sala de Decisión negará el amparo de los derechos
fundamentales invocados por la señora María Yolanda Usuriaga Fory, por las
razones expuestas.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR el amparo invocado por la señora María Yolanda Usuriaga
Fory.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su
notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
Aclara voto
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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