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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00364-00

Fecha
30 de marzo de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00364-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación que radicó la DEAJ. SEGUNDO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada por el señor Javier Guerrero Caicedo. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-00364-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

30 de marzo de 2023

Demandante: Javier Guerrero Caicedo
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00364-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00364-00
Demandante: JAVIER GUERRERO CAICEDO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA -
SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela contra providencia judicial proferida por alta corte –
Declara improcedente por falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la acción de tutela de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El 25 de enero de 2023, señor Javier Guerrero Caicedo, en nombre propio,
presentó acción de tutela con el fin de que se ampare su derecho fundamental al
debido proceso y el principio de la prevalencia de lo sustancial sobre las formas.

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión del
fallo proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, el 29 de
julio de 2022, mediante el cual revocó la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander de 1.º de julio de 2021, que negó las
pretensiones y, en su lugar, decretó probada de oficio la excepción de caducidad
al interior del medio de control de reparación directa identificado con el radicado
54001-23-31-000-2010-00269-02.

1.2. Pretensiones

Lo requerido en el mecanismo constitucional es lo siguiente:

Ruego al Señor Juez Constitucional TUTELAR los derechos fundamentales
aludidos, artículos 29 y 228, de la C.P./91, consecuencialmente, se anule la
sentencia adiada en Julio 29de 2.022 proferida por al Subsección A de la
Sección Tercera del H. Consejo de Estado M.P. Dra Martha Nubia Velásquez
Rico y se ordene proferir la que en derecho corresponda1.

1
Trascrito con posibles errores ortográficos, mayúsculas sostenidas del texto original.

1
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Demandante: Javier Guerrero Caicedo
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00364-00

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

1.3.1. Demanda contenciosa

• El 9 de agosto de 2010 el señor Javier Guerrero Caicedo y otros2 formularon la
pretensión de reparación directa en contra de la Nación – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial [en adelante DEAJ] y la Fiscalía General de la Nación, por
la presunta privación injusta que padeció el primero en mención y el señor Rubén
Ángel Becerra Arévalo, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos
legales3.

• Resulta pertinente destacar que la libertad del señor Rubén Ángel Becerra
Arévalo se dio el 21 de agosto de 2007, cuando la Sala Penal de Decisión del
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cúcuta declaró extinta la acción penal por
prescripción.

• Por su parte, el señor Javier Guerrero Caicedo recobró su locomoción con
ocasión del mecanismo extraordinario de casación en contra de la sentencia de
segundo grado del proceso punitivo, recurso que la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia resolvió el 31 de marzo de 2008, en el sentido de
disponer la extinción de la acción penal frente a éste y, acto seguido, decretó la
cesación del procedimiento.

• El 20 de mayo de 2008 el Juzgado Quinto Penal del Circuito Judicial de Cúcuta
«declaró» la ejecutoria de la decisión adoptada por la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia.

1.3.2. Trámite del medio de control

• El 19 de agosto de 2010, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander
rechazó la demanda, pues consideró que había caducado la acción de reparación
directa interpuesta. Sin embargo, el 27 de abril de 2011, la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado revocó tal determinación porque estimó
que el escrito inicial sí fue presentado de forma oportuna.

• El 1.º de julio de 2021, el tribunal a quo negó las pretensiones de la demanda,

2
La parte demandante estuvo integrada por: Javier Guerrero Caicedo, Socorro Caicedo de
Guerrero, Isabel Cristina Guerrero Caicedo, Gloria Betty Castiblanco Mendoza, Javier Mauricio
Guerrero Ortega, Mónica Liliana Guerrero Castiblanco, Carlos Felipe Guerrero Castiblanco, Rubén
Ángel Becerra Arévalo, Olga Lucía Becerra Arévalo, Marlene Becerra Arévalo, Yasmine Becerra
Arévalo, Alfonso Becerra Arévalo, Manuel Guillermo Becerra Arévalo, María Eugenia Becerra
Arévalo, Manuel Guillermo Becerra Rangel, Mayra Alejandra Becerra Martínez y Juana Inés
Martínez Murillo.
3
El 6 de junio de 2003, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Judicial de Cúcuta declaró
penalmente responsables a los señores Javier Guerrero Caicedo y Rubén Ángel Becerra Arévalo
por la comisión del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El 21 de agosto de
2007, en segunda instancia, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Cúcuta confirmó la condena impuesta a Javier Guerrero Caicedo y declaró extinta la acción penal
frente a Rubén Ángel Becerra Arévalo por cuenta de su prescripción.

2
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al considerar, frente a la DEAJ, que las medidas de aseguramiento objeto de
estudio fueron impuestas por la Fiscalía General de la Nación y no por un juez,
razón por la cual se presentó una indebida representación de la Nación respecto a
la DEAJ, y al concluir que la Fiscalía General de la Nación contaba con los indicios
para imponer la medida restrictiva, de lo cual coligió una debida implementación
de la norma.

• El 29 de julio de 2022, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado revocó lo dispuesto por el a quo, para en su lugar, declarar de oficio la
excepción de caducidad del medio de control.

• Para llegar a esa conclusión, en primera medida hizo alusión a la facultad
oficiosa del ad quem para referirse a todas aquellas cuestiones que sean
necesarias para proferir una decisión de fondo, como lo es la caducidad, ello, con
fundamento en la sentencia de unificación de 6 de abril de 2018, con radicado
interno 46.0054.

• Agregó, que es un deber del juez de lo contencioso administrativo revisar el
«presupuesto procesal de la caducidad de la acción, a pesar de que exista un
pronunciamiento previo en el que se haya considerado que no se configuró, […]»5.

• Luego destacó que si bien en la providencia de 27 de abril de 2011, no se
realizó un análisis de la caducidad frente al señor Rubén Ángel Becerra Arévalo,
«el recurso extraordinario de casación interpuesto por el señor Javier Guerrero
Caicedo en contra de la sentencia de segunda instancia proferida en el juicio
penal, efectivamente, suspendió la ejecutoria de ese fallo, aun cuando la cesación
del procedimiento a favor de Rubén Ángel Becerra Arévalo -determinación
contenida en dicha providencia- no hubiere sido recurrida».

• Ahora bien, aclarado que el término perentorio operaba en la misma
oportunidad, tanto para el señor Guerrero como para el señor Becerra, en atención
a que la «decisión proferida por el aludido órgano de cierre en la especialidad
penal afectó la ejecutoria del fallo de segunda instancia», la Sala determinó que el
cómputo del plazo judicial en ese asunto debía efectuarse a partir de la ejecutoria
de la providencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, en atención
a los preceptos del artículo 187 del CPP6.

4
En el fallo se citó lo dispuesto en la sentencia de unificación así: «[...] “19. Este entendimiento del
principio de congruencia y de los límites competenciales del ad quem frente el recurso de
apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que si se apela un aspecto global de la
sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese
aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante único. Lo
anterior, desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse
oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una
decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida
escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos
de su inconformidad con la providencia censurada” [...]».
5
En este punto, la Subsección citó, como antecedente de esta facultad, el siguiente proveído:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 22 de mayo de 2020, No. interno 56.660.
6
Código de Procedimiento Penal [Ley 600 de 2000], «ARTICULO 187. EJECUTORIA DE LAS
PROVIDENCIAS. <Para los delitos cometidos con posterioridad al 1o. de enero de 2005 rige la Ley
906 de 2004, con sujeción al proceso de implementación establecido en su Artículo 528> Las

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• En este punto, el tribunal de cierre resaltó que «no [encontraba] una hipótesis
en la que la ejecutoria de una providencia penda de que sea “declarada” a través
de otra decisión judicial, lo cual permite concluir que dicha interpretación, de
ninguna manera, se acompasa a los lineamientos establecidos en el CPP para
determinar desde cuándo debe entenderse que ha adquirido firmeza un auto y/o
una sentencia que se profiera en el marco de un proceso de naturaleza penal».

• Lo anterior, con el fin de argumentar que no era posible darle valor jurídico al
auto de 20 de mayo de 2010, «a través del cual el Juzgado Quinto Penal del
Circuito Judicial de Cúcuta “declaró” la ejecutoria de la providencia del 31 de
marzo de 2008 -proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia-, toda vez que, se reitera, la firmeza de las decisiones judiciales está
predeterminada por los eventos que ha fijado el legislador para dicho efecto».

• Finalmente estableció que, con apego a la norma, la providencia de la Corte
Suprema en ese caso quedó ejecutoriada el 23 de abril de 2008, comoquiera que
fue notificada por estado el 18 de abril de 2008, por lo que la demanda
contenciosa se debió presentar, a más tardar, el 24 de abril de 2010.

• Ahora, como el trámite de la conciliación extrajudicial se dio entre 5 de abril de
2010 y 24 de junio siguiente, el plazo se suspendió cuando faltaban 20 días, lo
que arrojó como nueva fecha para radicar la acción el 14 de julio de 2010, no
obstante, esta fue allegada el 9 de agosto de 2010, cuando ya había vencido el
plazo.

• Según el aplicativo web SAMAI, la providencia de segunda instancia del proceso
ordinario fue notificada el 25 de agosto de 2022. Por su parte, la acción de tutela
de la referencia fue radicada el 25 de enero de 2023.

1.4. Fundamentos de la solicitud

En el sub examine el accionante expuso que se le vulneraron sus derechos
fundamentales, al configurase los defectos fáctico y sustantivo, porque a su juicio
se trasgredieron los principios de la «cosa juzgada y nom bis in bidem, cuando la
sentencia de segundo nivel dej[ó] de lado la decisión tomada por el mismo órgano,
en firme y vigente que al valorar el requisito de caducidad estableció su
inocurrencia [sic], contabilizó los tiempos aplicables y dio curso a la actuación
ordinaria».

Particularmente, el tutelante alegó en el mecanismo constitucional, lo siguiente:

[d]efecto fáctico, en tanto que el juez colegiado varió interpretativamente el
apoyo probatorio, generando por esta vía, un supuesto legal contraevidente,
yerro con el cual sustenta la decisión en claro error injudicando. El juzgador
ad-quem inobservó que esta autoridad ya había valorado el fáctico puesto a
su conocimiento, pa[r]ticularmente en el conteo pormenorizado de los plazos
que tenía el actor para iniciar su reclamación judicial, en tal oportunidad su

providencias quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas si no se han interpuesto los
recursos legalmente procedentes. […]».

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mirada exclusiva hacia este [í]tem, pues era el sustento del recurso del que
estaba conociendo, es decir, su mirada fue puntual y específica a determinar
si era o no oportuno el introductorio, encontrando razón al demandante y de
contera permitiendo el desarrollo procesal de la acción. Por lo expuesto no es
de recibido que después de once años de actuación judicial, se varíe el criterio
y más de manera oficiosa, pues claro está que la judicatura y las partes
habían aceptado, sin reparos procesales o extraprocesales pertinentes, dando
la oportunidad para examinar el núcleo sustentatorio [sic] de las pretensiones.

[...] la providencia atacada contiene defecto sustantivo pues la decisión
tomada por el Señor Juez Colegiado de segundo nivel desbordó el marco de
acción que la Constitución y la ley le reconoce al interpretar y aplicar las
normas jurídicas, pues habrá de recordarse que esta facultad no es
completamente absoluta, aunque se funde en el principio de autonomía e
independencia judicial […]

Finalmente, advirtió que la competencia del ad quem no es absoluta, para lo cual
hizo énfasis en la sentencia T-757 de 2009.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 30 de enero de 2023 el magistrado sustanciador admitió la
acción de tutela y ordenó notificar al (i) Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A; (ii) al Tribunal Administrativo de Norte de Santander; (iii) a Socorro
Caicedo de Guerrero, Isabel Cristina Guerrero Caicedo, Gloria Betty Castiblanco
Mendoza, Javier Mauricio Guerrero Ortega, Mónica Liliana Guerrero Castiblanco,
Carlos Felipe Guerrero Castiblanco, Rubén Ángel Becerra Arévalo, Olga Lucía
Becerra Arévalo, Marlene Becerra Arévalo, Yasmine Becerra Arévalo, Alfonso
Becerra Arévalo, Manuel Guillermo Becerra Arévalo, María Eugenia Becerra
Arévalo, Manuel Guillermo Becerra Rangel, Mayra Alejandra Becerra Martínez y
Juana Inés Martínez Murillo y Fabián Andrés Becerra Martínez, y (iv) a la Fiscalía
General de la Nación y a la DEAJ.

De igual forma, ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado realizar
una publicación en la página web de la Corporación, con la información de la
tutela, con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados7.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron los siguientes informes:

1.6.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por intermedio
de la magistrada sustanciadora de la decisión controvertida, indicó que la
Subsección que integra no incurrió en ninguno de los defectos alegados, debido a
que, «contrario a lo señalado por el tutelante, no es cierto que la Sala hubiese
perdido la oportunidad de estudiar el presupuesto procesal de la caducidad de la
demanda presentada, puesto que […] dicho análisis estaba plenamente justificado
en el deber oficioso y, además, en el hecho de que una revisión inicial incompleta -
la realizada en el auto del 27 de abril de 2011- no tenía la virtualidad de atar e

7
El aviso a la comunidad fue publicado en la página web oficial de la Rama Judicial el 1.º de
febrero de 2023.

5
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impedirle a esta Subsección abordar el juicio de oportunidad que ahora reprocha
el accionante».

1.6.2. La DEAJ, por intermedio de apoderado judicial, presentó informe en el que
solicitó declarar improcedente el mecanismo y establecer la falta de legitimación
en la causa por pasiva, en atención a que su representada «hasta el momento no
tiene injerencia en los hechos narrados».

Agregó que no se acreditó el requisito general de inmediatez, pero se limitó a
afirmar que el plazo máximo para presentar la acción de tutela es de seis meses,
sin especificar por qué en este caso se superó ese término.

1.6.3. La Fiscalía General de la Nación requirió declarar la improcedencia de la
solicitud de amparo, por cuanto el accionante no sustentó la configuración del
presunto defecto en el que habría incurrido la autoridad judicial accionada, a pesar
de que tenía la carga de la prueba.

Resaltó que «la providencia emitida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, dentro del proceso de reparación directa No. 2010-00269-00, no
puede ser censurada, más aún cuando las normas aplicadas por el operador
judicial para dar solución al asunto, tienen soporte legal y constitucional».

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el señor Javier Guerrero Caicedo, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y
el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa - solicitud de desvinculación

Esta Colegiatura advierte que la DEAJ solicitó su desvinculación del presente
trámite, no obstante, la referida petición será negada, en razón a que su
comparecencia a este mecanismo se hizo en calidad de tercero con interés en las
resultas del proceso y no como autoridad demandada.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración al derecho fundamental invocado por el accionante por parte de la
autoridad judicial demandada, con ocasión de la providencia proferida el 29 de
julio de 2022, emitida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.

Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva; y de encontrarse
superados, (iii) la generalidad de los defectos alegados y; (iv) el caso en concreto.

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2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 20128
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema9.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales10.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201411, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022, en
cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, así:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez
debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra

8
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela
• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada ponente: María Elizabeth
García González.
9
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
10
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
11
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.12

Sobre el particular, la Sala recuerda que en este asunto los argumentos
esgrimidos en el escrito de tutela apuntan a probar la presunta lesión del derecho
fundamental al debido proceso, ante la posible configuración de los defectos
fáctico y sustantivo.

Ahora, es pertinente establecer si los argumentos del tutelante apuntan o no a
convertir este mecanismo constitucional en una tercera instancia y si trasciende de
una «mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales13» y si cuentan con la carga argumentativa mínima para ser estudiados.

En este orden de ideas, resulta importante enfatizar que la parte actora no expone
las razones por las cuales considera que la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, en su condición de alta corte, suprema autoridad en la
materia y de tribunal de cierre, incurrió en una «vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales» o en «una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales», ni mucho menos controvirtió el fundamento normativo y
jurisprudencial que sustentó la decisión que declaró de oficio la caducidad del
medio de control.

Ahora, a esta Colegiatura le resulta pertinente destacar que si bien la tutela puede
ser procedente para controvertir decisiones de cualquier grado, sin excluir las de
las corporaciones de cierre, también es importante recordar que la jurisprudencia
de la Corte Constitucional hace especial énfasis en la carga argumentativa que se
debe tener cuando se pretenda dejar sin efectos una decisión de la colegiatura,
que la Constitución Política14 y la Ley15, determinó como suprema autoridad en la
materia, trasgresión que se sintetiza en una actuación «arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales16».

En otras palabras, constituye un deber para el accionante exponer con suficiencia

12
Énfasis de la Sala.
13
Corte Constitucional en la SU-215 de 2022.
14
«Artículo 237. Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de
tribunal supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley.
[…]» (Énfasis de la Sala).
15
Ver Ley 270 de 1996: «Artículo 34. INTEGRACION Y COMPOSICION. Modificado por el Artículo
9 de la Ley 1285 de 2009. El Consejo de Estado es el máximo Tribunal de la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo y estará integrado por treinta y un (31) magistrados, elegidos por la
misma Corporación para los períodos individuales que determina la Constitución Política, de listas
superiores a cinco (5) candidatos, que reúnan los requisitos constitucionales, por cada vacante que
se presente, enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura». (Énfasis
de la Sala).
16
Ver al respecto SU-573 de 2019: «Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional
orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela
contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a
problemas de carácter legal”. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si la decisión se
fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de
derechos fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los jueces
constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios». (Énfasis de la Sala).

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los motivos de inconformidad o las actuaciones vulneradoras de sus derechos
fundamentales sobre todo cuando se trata de tutelas ejercidas contra providencias
judiciales, las cuales, dada su naturaleza, exigen por parte de los jueces
constitucionales un estudio más riguroso de la materia, lo cual se acentúa cuando
el proveído proviene de una alta corte.

Sobre el punto, se itera que en materia de tutelas contra providencias judiciales le
está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de
los jueces naturales de la causa; por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por los
actores dentro del trámite de tutela, toda vez que analizar puntos meramente
legales atentaría contra el principio de autonomía judicial y así, en últimas se
convertiría el mecanismo constitucional en una tercera instancia.

En consecuencia, se considera que en este caso no se acreditaron los criterios
fijados por la Corte Constitucional en las sentencias de unificación 573 de 2019 y
215 de 2022 para encontrar superado el requisito de relevancia constitucional,
puesto que la controversia se enfocó en intentar, con sustento en la presunta
trasgresión a los principios de la «cosa juzgada y nom bis in bidem [sic]», en
establecer que no era posible para el ad quem declarar probada la excepción de
caducidad, porque ya había un pronunciamiento al respecto emitido por esa
misma corporación.

No obstante lo anterior, el tutelante no justificó por qué el análisis efectuado por el
órgano de cierre fue errado, ni se pronunció o controvirtió el hecho de que la
decisión de la autoridad judicial accionada se fundamentó, entre otros aspectos,
en la implementación de una sentencia de unificación17 que establece que los
límites competenciales del ad quem frente el recurso de apelación no restringen la
potestad18 para pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que
sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad.

Luego, es posible concluir que los argumentos expuestos por la parte actora
apuntan a convertir este mecanismo constitucional en una instancia adicional al
proceso ordinario, máxime cuando sus fundamentos fueron resueltos por el juez
natural de la causa, lo que implica que la tutela se torna improcedente.

En este sentido, para esta Sección, resulta claro que la controversia se
circunscribe a una mera inconformidad del tutelante frente a la decisión adoptada
por el funcionario judicial aquí enjuiciado, de modo que la situación descrita es «de
competencia exclusiva del juez ordinario»19.

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de
unificación de 6 de abril de 2018, expediente con radicado interno N.º 46.005, M.P. Danilo Rojas
Betancourth.
18
En este punto, se reitera que la Subsección citó, como antecedente de esta facultad, el siguiente
proveído: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
A, sentencia del 22 de mayo de 2020, No. interno 56.660.
19
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, reitera lo señalado en las providencias SU-
573 de 2017 y C-590 de 2005.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Javier Guerrero Caicedo
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00364-00

Al respecto, esta Sala advierte que no le corresponde al juez constitucional
realizar un estudio de fondo del caso con el fin de señalar, de manera oficiosa,
cuál es la correcta interpretación jurisprudencial o implementación normativa
aplicable al caso, pues se vulneraría la independencia y autonomía con la que
cuenta el funcionario que conoce el trámite ordinario, donde cabe destacar que de
hacerlo, se reitera, esta Sección se convertiría en una tercera instancia o una
segunda para asuntos que son de único grado.

En palabras de la Corte Constitucional «[…] al tratarse de un argumento que
busca un cambio en la forma en la que la autoridad judicial accionada interpretó la
ley, el asunto carece de relevancia constitucional»20.

2.6. Conclusión

Por lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la solicitud de tutela
por no cumplir el requisito de relevancia constitucional, pues se observa que el
accionante pretende usar el mecanismo como una instancia adicional, sin contar
con una carga argumentativa mínima que le permita a esta Sala, investida como
juez de tutela, realizar un pronunciamiento de fondo, aunado a que los
fundamentos de la acción tampoco advierten una anomalía evidente o una
«vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales» en los términos de
la jurisprudencia en cita, máxime cuando estamos en presencia de decisión de una
alta corte.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación que radicó la DEAJ.

SEGUNDO: DECLARAR la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por el señor Javier Guerrero Caicedo.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

20
SU-215 de 2022.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Javier Guerrero Caicedo
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00364-00

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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