Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00364-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00364-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-00364-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
16 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000-2023-00364-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: JAVIER GUERRERO CAICEDO
TESIS: SE MODIFICA EL FALLO IMPUGNADO QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA Y, EN SU LUGAR, SE
DENIEGA EL AMPARO. RESULTABA VÁLIDO QUE LA SECCIÓN
TERCERA DE ESTA CORPORACIÓN SE PRONUNCIARA SOBRE LA
CADUCIDAD EN LA SENTENCIA, PESE A QUE EN ETAPA ANTERIOR
YA HUBIESE EFECTUADO UN ESTUDIO AL RESPECTO.
DERECHO FUNDAMENTAL: AL DEBIDO PROCESO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la
sentencia de 30 de marzo 2023, proferida en primera instancia por
la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia por falta de
relevancia constitucional.
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En adelante SECCIÓN QUINTA.
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Número único de radicación: 110010315000-2023-00364-01
Actor: JAVIER GUERRERO CAICEDO
I.– ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor JAVIER GUERRERO CAICEDO, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de su derecho
fundamental al debido proceso y el principio de primacía del derecho
sustancial, los cuales estima vulnerados por la SECCIÓN TERCERA
-SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO al proferir en
segunda instancia la sentencia de 29 de julio de 2022, dentro de la
acción de reparación directa identificada con el número único de
radicación 540012331000-2010-00269-02.
I.2.- Hechos
Indicó que, como consecuencia de las funciones que ejerció como
secretario de educación del DEPARTAMENTO DE NORTE DE
SANTANDER entre los años 1995 y 1996, fue vinculado junto con el
señor RUBÉN ÁNGEL BECERRA ARÉVALO, representante de los
educadores, a una investigación penal por la presunta comisión del
delito de celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos
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legales.
Sostuvo que, como consecuencia de lo anterior, mediante sentencia
de 6 de junio de 2003, el JUZGADO QUINTO PENAL DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE CÚCUTA lo declaró penalmente
responsable, así como al señor RUBÉN ÁNGEL BECERRA ARÉVALO
y los condenó a 5 años de prisión.
Manifestó que, mediante sentencia de 21 de agosto de 2007, la SALA
PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CÚCUTA confirmó la
condena que le fue impuesta, pero declaró extinguida la acción penal
seguida contra el señor RUBÉN ÁNGEL BECERRA ARÉVALO.
Expuso que interpuso el recurso extraordinario de revisión ante la
SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA que, mediante sentencia de 31 de marzo de 2008, declaró
extinta la acción penal seguida en su contra y decretó la cesación del
proceso por prescripción.
Agregó que el 20 de mayo de 2008 el JUZGADO QUINTO PENAL
DEL CIRCUITO DE CÚCUTA declaró la ejecutoria de la decisión
proferida por la SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE
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SUPREMA DE JUSTICIA y archivó las actuaciones.
Precisó que el 5 de abril de 2010, junto con el señor RUBÉN ÁNGEL
BECERRA ARÉVALO y sus respectivos familiares, presentaron la
solicitud de conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad
de la acción de reparación directa y el 24 de junio de 2010 se expidió
la constancia de agotamiento respectiva.
Explicó que, el 9 de agosto de 2010, junto con el señor RUBÉN
ÁNGEL BECERRA ARÉVALO y sus respectivos familiares,
promovieron la acción de reparación directa contra la RAMA
JUDICIAL y la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN2, por la
privación injusta de la libertad a la que fueron sometidos.
Anotó que el proceso aludido fue identificado con el número único de
radicación 540012331000-2010-00269-00 y atribuido para su
trámite en primera instancia al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
NORTE DE SANTANDER3 que, mediante auto de 19 de agosto de
2010, rechazó la demanda por caducidad, al estimar que el auto
mediante el cual la SALA DE CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA
2
En adelante la FISCALÍA.
3
En adelante el TRIBUNAL.
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DE JUSTICIA decidió el recurso extraordinario de casación, había
quedado ejecutoriado el 31 de marzo de 2008.
Explicó que, como consecuencia del recurso de apelación que
interpuso, mediante auto de 27 de abril de 2011, la SECCIÓN
TERCERA de esta Corporación estimó que la demanda sí había sido
presentada en término, por lo que revocó la decisión recurrida, al
considerar que la decisión de la SALA DE CASACIÓN DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA había quedado ejecutoriada el 20 de mayo
de 2008, cuando el JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO DE
CÚCUTA así lo declaró.
Comentó que, surtido el trámite respectivo, mediante sentencia de
1o. de julio de 2021, el TRIBUNAL declaró probada de oficio la
excepción de indebida representación de la RAMA JUDICIAL y
denegó las pretensiones de la demanda.
Agregó que interpuso el recurso de apelación ante la SECCIÓN
TERCERA de esta Corporación que, a través de sentencia de 29 de
julio de 2022, revocó la decisión del TRIBUNAL y, en su lugar,
declaró probada de oficio la excepción de caducidad, al estimar que
en efecto el término debía contabilizarse desde la ejecutoria del auto
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de 31 de marzo de 2018, proferido por la SALA DE CASACIÓN
PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, esto es desde el
23 de abril de esa anualidad, cuando trascurrieron 3 días desde su
notificación.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Afirmó que al proferir la providencia cuestionada la autoridad judicial
accionada “[…] vulneró el principio de cosa juzgada y nom bis in
idem, cuando la sentencia de segundo nivel deja de lado la decisión
tomada por el mismo órgano, en firme y vigente que al valorar el
requisito de caducidad estableció su inocurrencia (sic) […]”.
Comentó que se configuró un defecto fáctico, comoquiera que la
SECCIÓN TERCERA varió la interpretación que ya había dado a las
mismas pruebas que obraban en el plenario, para concluir, en un
primer estudio, que la demanda fue presentada en término.
Explicó que la decisión cuestionada afecta la seguridad jurídica,
máxime si se tiene en cuenta que con ocasión a la oportunidad en la
que indicó que la demanda había sido presentada en término, el
proceso se tramitó durante más de una década, con lo cual se alteró
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el principio de cosa juzgada y la preclusión de las etapas procesales
como elementos del debido proceso.
Precisó que, en ese orden de ideas, conforme con lo indicado
inicialmente por la autoridad judicial accionada, “[...] el conteo de la
caducidad debe hacerse a partir de la última actuación procesal, esto
es desde el 20 de mayo de 2008 cuyo término para su expiración,
caducidad, está determinado para el 21 de mayo de 2010 y teniendo
en cuenta que dentro de su tránsito, el 5 de abril de 2010, los
accionantes instauraron solicitud de audiencia de conciliación […]”.
Manifestó que de igual forma la providencia cuestionada incurrió en
el defecto sustantivo, por cuanto la SECCIÓN TERCERA desbordó
el marco de acción que le confiere la Ley.
Señaló que la primera decisión que profirió la autoridad judicial
accionada sobre la caducidad resultaba incontrovertible, incluso si
hubiese un error en ella, porque fue proferida por un funcionario
competente, por lo que la fecha allí indicada era la que debía tenerse
en cuenta para efectuar el cómputo de la caducidad.
Agregó que es una persona de la tercera edad, frente a un debate de
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caducidad que ya había sido resuelto 11 años atrás, por lo que no
había lugar a que se omitiera el estudio del fondo del asunto
afectando su derecho sustancial.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:
“[…] Ruego al Señor Juez Constitucional TUTELAR los derechos
fundamentales aludidos, artículos 29 y 228, de la C.P./91,
consecuencialmente, se anule la sentencia adiada en Julio 29 de
2.022 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del H.
Consejo de Estado M.P. Dra Martha Nubia Velásquez Rico y se
ordene proferir la que en derecho corresponda […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN TERCERA expuso que no desconoció que, en
oportunidad anterior, se pronunció acerca del presupuesto procesal
de la caducidad de la acción interpuesta por los señores JAVIER
GUERRERO CAICEDO y RUBÉN ÁNGEL BECERRA ARÉVALO en
compañía de sus núcleos familiares.
Anotó que bastaba con revisar el fallo acusado, para establecer que
en la sentencia cuestionada consignó expresamente cuáles fueron las
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razones para apartarse de lo resuelto inicialmente en el auto del 27
de abril de 2011.
Indicó que dado que el presupuesto procesal de la caducidad debe
ser analizado por el juez al momento de dictar sentencia, no podía
dejar de establecer que el juicio de oportunidad inicialmente
efectuado no fue completo, “[…] toda vez que frente al señor Rubén
Ángel Becerra Arévalo no se realizó realmente análisis de caducidad
alguno -a pesar de que la demanda también se admitió de dicho
sujeto procesal […]”.
Explicó que, en todo caso, en virtud del deber que le asistía de
verificar de forma oficiosa el cumplimiento de los presupuestos
procesales, específicamente el de la demanda en tiempo, se encargó
de complementar el estudio de caducidad que con anterioridad esta
Corporación había adelantado.
Agregó que al revisar con detalle las providencias judiciales
proferidas en el proceso penal adelantado contra el actor y el señor
RUBÉN ÁNGEL BECERRA ARÉVALO, pudo determinar que las
condiciones jurídicas fueron diferentes para ambos demandantes; sin
embargo, para efectos de contabilizar el término máximo para acudir
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a esta jurisdicción, la lógica adjetiva sí era la misma para los
demandantes.
Anotó que, en ese orden de ideas, estudió de forma razonada cuáles
eran las disposiciones procesales aplicables a la firmeza de las
providencias judiciales adoptadas en el marco de un juicio penal y
determinó que la demanda había sido presentada fuera de término.
Concluyó que, contrario a lo señalado por el actor, no era cierto que
al momento de fallar hubiese perdido la oportunidad de estudiar el
presupuesto procesal de la caducidad de la demanda, puesto que
dicho análisis estaba plenamente justificado en el deber oficioso y,
además, “[…] en el hecho de que una revisión inicial incompleta -la
realizada en el auto del 27 de abril de 2011- no tenía la virtualidad
de atar e impedirle a esta Subsección abordar el juicio de oportunidad
que ahora reprocha el accionante […]”.
I.5.2.- La FISCALÍA, vinculada en calidad de tercera con interés
directo en las resultas del proceso, solicitó declarar improcedente la
acción de tutela de la referencia, “[…] por cuanto no se cumple con
las causales generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, ni se vulnera derecho fundamental alguno
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[…]”.
Anotó que el actor no sustentó de forma suficiente las causales
específicas de procedibilidad de la acción, además que lo que
pretende en realidad es retrotraer las etapas del proceso ordinario,
con la finalidad de obtener una decisión diferente, lo cual desconoce
la subsidiariedad de la solicitud de amparo.
I.5.3.- La RAMA JUDICIAL solicitó declarar su falta de legitimación
en la causa por pasiva, comoquiera que lo cuestionado es una
actuación de una autoridad judicial frente a la cual no tiene ninguna
injerencia.
Comentó que, en todo caso, la solicitud de amparo es improcedente
por inmediatez, comoquiera que, en su sentir, no fue interpuesta en
un término razonable.
I.5.4.- La señora GLORIA BETTY CASTIBLANCO MENDOZA,
vinculada en calidad de tercera con interés directo en las resultas del
proceso, solicitó acceder a las pretensiones del actor.
Comentó que la autoridad judicial accionada erró al contabilizar el
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término de la caducidad, porque tuvo en cuenta la ejecutoria de la
providencia mediante la cual la SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA resolvió el recurso extraordinario
de casación, mientras que, en su sentir, debió ser a partir del
momento en que el JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO DE
CÚCUTA profirió el auto respectivo de “obedece y cumple lo
ordenado por el superior”.
Insistió en que, además, el debate sobre la caducidad ya había sido
dirimido, por lo que no podía volver a ser discutido.
II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN QUINTA de esta Corporación, mediante sentencia de
30 de marzo de 2023, declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia por falta de relevancia constitucional.
No obstante, como asunto previo indicó que no desvincularía a la
RAMA JUDICIAL, “[…] en razón a que su comparecencia a este
mecanismo se hizo en calidad de tercero con interés en las resultas
del proceso y no como autoridad demandada […]”.
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Sostuvo que no se superó el requisito de la relevancia constitucional,
porque la controversia se enfocó en intentar, con sustento en la
presunta trasgresión a los principios de cosa juzgada y nom bis in
ídem, en establecer que no era posible para el ad quem declarar
probada la excepción de caducidad, porque ya había un
pronunciamiento al respecto emitido por esa misma Corporación.
Agregó que, no obstante, el actor no justificó las razones por las
cuales el análisis de la autoridad judicial accionada incurrió en una
vulneración arbitraria a sus derechos fundamentales, además porque
no controvirtió los motivos que esta dio sobre el aspecto reprochado,
en relación con el cual aquella se había basado en una sentencia de
unificación conforme con la cual “[…] los límites competenciales del
ad quem frente al recurso de apelación no restringen la potestad para
pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean
necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la
caducidad […]”.
Expuso que, en ese orden de ideas, era posible concluir que los
argumentos expuestos por el actor apuntan a convertir este
mecanismo constitucional en una instancia adicional al proceso
ordinario, máxime cuando sus fundamentos fueron resueltos por el
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juez natural de la causa, lo que implica que la tutela se torne
improcedente.
Destacó que no le corresponde al juez constitucional realizar un
estudio de fondo del caso con el fin de señalar, de manera oficiosa,
cuál es la correcta interpretación jurisprudencial o implementación
normativa aplicable al caso, pues se vulneraría la independencia y
autonomía con la que cuenta el funcionario que conoce el trámite
ordinario.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor impugnó la sentencia proferida en primera instancia
poniendo de presente que, en su sentir, la acción de tutela sí tiene
relevancia constitucional como quiera que la divergencia deviene de
la vulneración al derecho fundamental al debido proceso.
Puso de presente que los hechos tienen origen en el año 2007 cuando
la SALA DE DECISIÓN PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
CÚCUTA hizo caso omiso a los requerimientos que efectuó el
Ministerio Público, “[…] quien insistentemente rogaba la emisión del
fallo ordinario de primera instancia del juicio penal […]”.
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Sostuvo que presentó de forma oportuna la demanda de reparación
directa, teniendo en cuenta el auto por medio del cual el JUZGADO
QUINTO PENAL DEL CIRCUITO DE CÚCUTA ordenó el archivo de
la actuación como consecuencia de la orden dada por la SALA DE
CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
Sostuvo que la SECCIÓN QUINTA de esta Corporación estimó “[...]
necesario aplicar una sentencia de unificación de 2018, es decir,
proferida 8 años posteriores a la incoación de la demanda
administrativa, lo cual emerge como una violación indirecta de la ley,
amén que las reglas ya aceptadas por las partes en contienda, que
rigen para este momento, lo cual emerge como práctica de
inseguridad jurídica […]”.
Destacó que la sentencia impugnada, al no resolver el asunto de
fondo, privilegió lo adjetivo sobre lo sustancial para proteger a la
autoridad judicial accionada.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
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La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
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afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
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tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
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víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el caso bajo examen, el actor pretende que se deje sin efecto la
sentencia de 29 de julio de 2022, proferida por la SECCIÓN
TERCERA de esta Corporación, mediante la cual revocó la decisión
de primera instancia y, en su lugar, declaró la caducidad de la acción
de reparación directa identificada con el número único de radicación
540012331000-2010-00269-02.
La controversia tiene origen en una demanda de reparación directa
presentada en el año 2010 por el actor contra la RAMA JUDICIAL y
la FISCALÍA, con el fin de que se le indemnizara por la privación de
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la libertad a la que fue sometido, como consecuencia de un proceso
penal en el cual finalmente, vía recurso extraordinario de revisión, la
SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA decretó la extinción por prescripción de la acción penal
iniciada en su contra.
El disenso del actor subyace del hecho de que, en su sentir, en la
sentencia cuestionada la SECCIÓN TERCERA no podía haber
estudiado la caducidad, porque dicho aspecto ya había sido decidido
en etapa previa, en la que la misma autoridad estableció que la
demanda fue presentada en término.
A la providencia cuestionada la actora atribuyó el desconocimiento
de la cosa juzgada, el principio del non bis in ídem y la configuración
de los defectos fáctico y sustantivo, porque en su sentir la accionada
no podía ir en contra de lo que ya había decidido previamente frente
a la caducidad de la acción.
En el curso de la primera instancia la SECCIÓN TERCERA declaró
improcedente la acción de tutela por falta de relevancia
constitucional, al estimar que el actor no había argumentado en
forma suficiente la solicitud, además porque no se refirió a las
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razones que la autoridad accionada dio para haber estudiado en la
sentencia la caducidad.
En la impugnación el actor indicó que el asunto tenía relevancia
constitucional por versar sobre la vulneración del derecho al debido
proceso, explicó las razones por las cuales el cómputo de la
caducidad que efectúo la accionada era errado y cuestionó la
aplicación de la sentencia de unificación que fundamentó el estudio
de aquella.
Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de
ser así, establecer si la SECCIÓN TERCERA de esta Corporación
vulneró el derecho al debido proceso del actor, al haber proferido la
sentencia de 29 de julio de 2022, dentro de la acción de reparación
directa identificada con el número único de radicación 540012331000
2010-00269-02.
La Sala advierte que, contrario a lo estimado por el a quo la presente
acción de tutela sí tiene relevancia constitucional, comoquiera que la
presunta vulneración al derecho fundamental al debido proceso está
fundamentada por el actor en el hecho de que, en su sentir, se
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desconoció la garantía constitucional de cosa juzgada, esta última
que hace parte del núcleo esencial del derecho aludido.
Respecto de la cosa juzgada, como parte del núcleo esencial del
debido proceso, la Corte Constitucional en sentencia C 252 de 20014
indicó:
“[…] La cosa juzgada, ha sido tema de estudio por parte
de esta corporación en distintos fallos, y en ellos ha
dejado claramente definido que existe un derecho
constitucional fundamental a la sentencia firme y, por
tanto, a la autoridad de la cosa juzgada. Dijo la Corte:
"El principio de la cosa juzgada hace parte inescindible de las
reglas del debido proceso aunque no se halle mencionado de
manera expresa en el artículo 29 de la Constitución. Todo juicio,
desde su comienzo, está llamado a culminar, ya que sobre las
partes no puede ceñirse indefinidamente la expectativa en torno
al sentido de la solución judicial a su conflicto En consecuencia,
hay un verdadero derecho constitucional fundamental a la
sentencia firme y, por tanto, a la autoridad de la cosa juzgada
(…) La sentencia con autoridad de cosa juzgada representa, para
la parte favorecida, un título dotado de plena validez y oponible
a todo el mundo, pues crea una situación jurídica indiscutible a
partir de la firmeza del fallo."[…]” (Destacado fuera de texto)
En ese orden de ideas, comoquiera que el actor no plantea un asunto
de legalidad, sino que deriva de un aspecto que toca el núcleo
esencial de un derecho fundamental y que no pudo ser discutido en
el proceso ordinario al haber sido decidido en ese único sentido en la
4
MP. Carlos Gaviria Diaz.
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sentencia de segunda instancia, es claro que la solicitud de amparo
sí tiene relevancia constitucional.
Por otro lado, contra la decisión cuestionada no proceden recursos y
tampoco se estructuran las causales de los recursos extraordinarios
de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de
jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem).
En particular, respecto de la improcedencia del recurso
extraordinario de revisión en controversias como la planteada en el
presente asunto, en el que se discute el desconocimiento de la cosa
juzgada frente a la caducidad, cuando el ad quem se pronuncia
frente a esta, tanto en el curso del proceso como en la sentencia,
esta Corporación5 ha señalado:
“[…] La causal contemplada en el artículo 250, ordinal 5, del
CPACA, se sustenta fundamentalmente en que, en criterio
del recurrente, «[E]l Consejo de Estado, en su calidad de
máximo órgano de la jurisdicción contenciosa
administrativa, dentro del proceso de la referencia en
primer lugar, frente al recurso de apelación contra el auto
que rechazó de plano la demanda, resolvió en el año 2006
que la demanda de controversias contractuales
interpuesta por el demandante Cromas S.A. no había
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Revisión,
sentencia de 14 de diciembre de 2022, CP Pedro Pablo Vanegas Gil, número único de radicación 11001-
03-15-000-2021-11535-00.
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caducado y ello bajo la potísima razón que estimó que
estaba vigente y era aplicable al caso el artículo 55 de la
Ley 80 de 1993. Sin embargo, 14 años después, es decir
en el año 2020, en sede de segunda instancia, se
contradijo a sí mismo, y decidió negar las pretensiones de
la demanda, decretando la supuesta caducidad del medio
de control de acciones contractuales».
33. Así, el reproche de la parte recurrente consiste en la
existencia de una presunta transgresión de los principios de
seguridad jurídica y cosa juzgada, por cuanto, en su criterio, el
ad quem carecía de competencia para pronunciarse nuevamente
sobre un aspecto que ya había sido objeto de su conocimiento y
había sido descartado previamente en el auto que revocó la
decisión que rechazó inicialmente la demanda por caducidad.
34. Al respecto, la sala encuentra que las afirmaciones del
accionante no tienen la posibilidad de configurar la causal
de revisión invocada, toda vez que no se enmarcan dentro
de ninguno de los eventos contemplados en el artículo
133 del Código General del Proceso, ni se refieren a
alguno de los casos de vulneración del derecho al debido
proceso que la jurisprudencia de esta corporación ha
señalado como susceptibles de ser revisados en el marco
de este mecanismo excepcional de impugnación […]”.
(Destacado fuera de texto)
En lo demás, la Sala advierte que la acción de tutela se interpuso en
un plazo razonable6, la solicitud identifica los hechos y derechos que
se estiman lesionados y no se trata de una solicitud de amparo
contra sentencia de tutela.
Visto que el presente asunto cumple con los requisitos de
procedibilidad, la Sala hará mención al marco jurídico de los defectos
6
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).
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alegados, para enseguida efectuar el estudio del fondo del asunto.
Del defecto fáctico
En lo que respecta al defecto fáctico la Corte Constitucional, en
sentencia T-362 de 20137, explicó lo siguiente:
“[…] El defecto fáctico o probatorio ocurre cuando el juez “toma
una decisión, sin que se halle plenamente comprobado el
supuesto de hecho que legalmente la determina, como
consecuencia de una omisión en el decreto o valoración de las
pruebas, de una valoración irrazonable de las mismas, de la
suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance
contraevidente a los medios probatorios.
Es importante resaltar que, esta causal es una de las más
exigentes para su comprobación, debido a que la valoración de
las pruebas en un proceso judicial es uno de los ámbitos en que
el juez desarrolla en mayor medida el ejercicio de la autonomía
e independencia judicial, pues se basa en la aplicación de las
reglas de la lógica y la sana crítica. De hecho, esta Corporación
ha identificado que “el yerro en la apreciación del material
probatorio constitutivo del defecto fáctico debe ser flagrante,
protuberante y manifiesto, a tal punto que en razón de él se
desconozca “la realidad probatoria del proceso […]”.
En esa medida, a juicio de la referida Corte:
“[…] solo es factible fundar una acción de tutela, cuando se
observa que de una manera manifiesta aparece irrazonable la
valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente
providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba
7
M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
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debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y
manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa
en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia, porque ello
sería contrario al principio de que la tutela es un medio
alternativo de defensa judicial, aparte de que se invadiría la
órbita de la competencia y la autonomía de que son
titulares las otras jurisdicciones […]”. (Negrillas del original).
De las consideraciones transcritas la Sala advierte que el defecto
fáctico debe ser manifiestamente arbitrario, esto es, que el error en
el juicio valorativo de la prueba sea ostensible y flagrante, además
con una incidencia directa en la decisión, en razón a que el Juez de
tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad
de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un
asunto, según las reglas generales de competencia.
Del defecto sustantivo
En relación con el defecto sustantivo, la Corte Constitucional8 ha
precisado que este se presenta cuando “[…] la autoridad judicial
aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la
que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraría
8 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica […]”.
En ese orden de ideas, respecto de los eventos que dan lugar a
conceder el amparo a los derechos fundamentales que resulten
vulnerados por la configuración del defecto sustantivo, en sentencia
T-949 de 20099, la Corte Constitucional señaló los siguientes:
“[…] (i) cuando la decisión judicial tiene como fundamento una
norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente b) ha
perdido su vigencia por haber sido derogada, c) es inexistente d)
ha sido declarada contraria a la Constitución, e) a pesar de que
la norma en cuestión está vigente y es constitucional, “no se
adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la
norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a
los expresamente señalados por el legislador”.
(ii) cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima
facie, dentro del margen de interpretación razonable o “la
aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las
partes” o cuando en una decisión judicial “se aplica una norma
jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco
de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal
decisión judicial […]”
De igual forma, la Corte Constitucional10 ha dicho que al examinar
9
M.P Mauricio González Cuervo.
10
Sentencia T-310 de 2009, M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
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estos eventos, el Juez de tutela se debe limitar a verificar esa ruptura
con el ordenamiento constitucional o legal, pues su decisión “[…]no
puede constituirse en un escenario para la evaluación acerca del
grado de convencimiento que ofrecen los razonamientos elaborados
por el Juez ordinario, sino que se restringe a identificar la
incompatibilidad entre estos y las normas jurídicas que regulan la
materia debatida en sede jurisdiccional […]”.
Caso concreto
Mediante sentencia de 29 de julio de 2022, proferida en segunda
instancia dentro del medio de control de reparación directa origen de
la controversia, la SECCIÓN TERCERA de esta Corporación declaró
probada de oficio la excepción de caducidad, con base en el siguiente
análisis:
“[…] En los asuntos de reparación directa en los que se demande
la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de
esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el
término de caducidad se empieza a contar a partir del día
siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la
investigación, de la sentencia absolutoria o desde que quede en
libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del
cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho
fundamental a la libertad.
La demanda objeto de estudio pretende que se declare la
responsabilidad patrimonial de las entidades públicas
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demandadas por cuenta de la supuesta privación injusta de la
libertad de los señores Javier Guerrero Caicedo y Rubén Ángel
Becerra Arévalo y su “mantenimiento sub judice” a un proceso
que finalizó con la declaratoria de la prescripción de la acción
penal y, como consecuencia de ello, se decretó cesación del
procedimiento a favor de los actores.
Sobre el presupuesto procesal de la caducidad de la acción de
reparación directa materia de análisis, es necesario recordar
que, inicialmente, el Tribunal a quo, mediante auto del 19 de
agosto de 2010, rechazó la demanda con fundamento en la
presentación extemporánea del escrito inicial.
[…]
En contra de la decisión previamente comentada, la parte actora
interpuso recurso de apelación. Con el propósito de sustentar su
impugnación, aseguró que el término para contabilizar la
caducidad de la acción de reparación directa inició su cómputo
desde el 20 de mayo de 2008, fecha en la que el juez de primer
grado en el proceso penal dictó el auto en el que “declaró”
ejecutoriada la providencia del 31 de marzo de la misma
anualidad.
Esta Subsección, mediante auto del 27 de abril de 201130,
revocó la decisión proferida el a quo. Para tal efecto, precisó que
la demanda pretendía la indemnización de los perjuicios
ocasionados a los integrantes del extremo activo por cuenta de
la supuesta privación injusta de la libertad del señor Javier
Guerrero Caicedo -sin pronunciarse respecto del señor Rubén
Ángel Becerra Arévalo-.
En tal virtud, la Sala, en su momento, realizó el conteo del
término de caducidad de la acción de reparación directa -en
relación con todos los demandantes- de la siguiente manera
[transcripción literal]:
[...] Ahora bien, para determinar el momento en el cual ha de
iniciarse el cómputo del término de caducidad de la acción de
reparación directa para el caso concreto, la Sala tendrá como
punto de referencia el día siguiente a la fecha de ejecutoria de
la providencia de 31 de marzo de 2008, a través de la cual se
declaró la prescripción de la acción penal, esto es el 20 de mayo
de 2008, razón por la cual, en principio, el término de caducidad
finalizaría el 21 de mayo de 2010; no obstante, dado que la parte
actora presentó solicitud de conciliación prejudicial el 5 de abril
de 2010, dicho término de caducidad se suspendió desde ese día
hasta el 24 de junio de 2010, en virtud de lo dispuesto en el
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artículo 21 de la Ley 640 de 2001; por consiguiente se deben
adicionar a esa última fecha 34 días -los cuales corresponden al
tiempo que faltaba para el vencimiento del aludido término legal
de dos años-, por lo cual el término de caducidad finalizó el 13
de agosto de 2010 [...]”.
Así pues, como el escrito inicial se radicó el 9 de agosto de 2010,
se concluyó que su presentación fue oportuna y, como
consecuencia de ello, revocó el auto de rechazo impugnado y
admitió la demanda respecto de todos los accionantes, incluido
el señor Rubén Ángel Becerra Arévalo, cuando lo cierto es que
frente a esta persona no se hizo análisis de caducidad alguno.
No obstante lo anterior, la Sala, en virtud de la facultad
oficiosa31 que le impone revisar32 este presupuesto procesal -
sin el cual no es posible proferir una decisión de fondo-, pasará
a explicar las razones por las cuales advierte que la demanda sí
fue presentada extemporáneamente, conclusión que, como se
verá, resulta ser extensible tanto en el caso del señor Javier
Guerrero Caicedo como en el de Rubén Ángel Becerra Arévalo,
frente a quien, se reitera, no se hizo análisis de caducidad de la
acción en el proveído del 27 de abril de 2011.
En efecto, en dicha decisión no se realizó consideración alguna
frente al plazo máximo con el que contaba el señor Rubén Ángel
Becerra Arévalo para acudir a esta jurisdicción, pues en dicha
providencia solo se analizó el aludido presupuesto procesal
respecto de Javier Guerrero Caicedo y, a pesar de ello, la
demanda se admitió respecto de todos los actores.
En secuencia con lo anterior, es necesario precisar que el
proceso penal adelantado en contra del señor Rubén Ángel
Becerra Arévalo no se desenvolvió de la misma forma en que lo
hizo frente a Javier Guerrero Caicedo, tal como lo refleja la
siguiente información.
A través de sentencia del 6 de junio de 200333, el Juzgado
Quinto Penal del Circuito Judicial de Cúcuta condenó penalmente
a los señores Javier Guerrero Caicedo y Rubén Ángel Becerra
Arévalo por la supuesta comisión del delito de contrato sin
cumplimiento de requisitos legales, decisión que fue impugnada
en sede de apelación por los aquí accionantes.
Seguidamente, mediante fallo del 21 de agosto de 200734, la
Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial
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de Cúcuta resolvió lo siguiente [transcripción literal]:
[...] TERCERO: CONFIRMAR la sentencia de origen y fecha
señalados, respecto de la condena proferida contra
JAVIER GUERRERO CAICEDO, de acuerdo con lo expresado
en la parte motiva.
CUARTO: DECLARAR extinguida la acción penal, dentro de
la actuación que se le adelantó al procesado RUBÉN
ÁNGEL BECERRA ARÉVALO, por el delito contrato sin
cumplimiento de los requisitos legales, por haberse presentado
el fenómeno de la prescripción de la acción penal, de
conformidad con el artículo 88, numeral 4 del C.P., concordante
con el artículo 83 ibidem, en consecuencia se DECRETA
cesación de todo procedimiento a su favor, por los motivos
expuestos en este proveído [...]
Contra esta providencia procede Casación [...] [énfasis añadido
y mayúsculas sostenidas propias del texto original].
En contra de la decisión previamente referida, solo el señor
Javier Guerrero Caicedo formuló demanda de casación35; sin
embargo, mediante providencia del 31 de marzo de 2008, la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia consideró que
[transcripción literal]
[…] [A]tendiendo a lo preceptuado en los artículos 38 y
39 del Código de Procedimiento Penal [se refiere a la Ley
600 de 2000], se declarará36 la extinción de la acción
penal por el delito y en los términos señalados;
decretándose así mismo, la cesación de todo
procedimiento a favor del sentenciado JAVIER GUERRERO
CAICEDO [...] [énfasis añadido y mayúsculas sostenidas
propias del texto original].
De acuerdo con lo definido en las providencias en comento, para
la Subsección es completamente claro que las condiciones
jurídicas en las que se desarrolló y finalizó el proceso penal del
señor Rubén Ángel Becerra Arévalo son diferentes de las de
Javier Guerrero Caicedo.
No obstante lo anterior, la Sala no pierde de vista que, como en
los hechos por los cuales se investigaron a los ahora
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demandantes resultaron implicadas varias personas, ello
generaba la obligación de agotar una sola actuación penal, con
la finalidad de determinar la responsabilidad de todos los
investigados.
Dicha situación, en virtud de lo previsto en el artículo 89 del CPP,
en concordancia con dispuesto en artículo 92 de la misma
codificación procesal, impedía la ejecutoria parcial o
fragmentada de las determinaciones adoptadas en el transcurso
del proceso, salvo en los casos previstos por el legislador, dentro
de los cuales no se encontraba aquel en el que a través de una
misma providencia -la sentencia de segunda instancia- se
condenaba a algunos de los procesados -Javier Guerrero
Caicedo- y se declaraba la prescripción la acción penal respecto
de otros -Rubén Ángel Becerra Arévalo-.
En ese orden de ideas, la Subsección debe precisar que el
recurso extraordinario de casación interpuesto por el señor
Javier Guerrero Caicedo en contra de la sentencia de segunda
instancia proferida en el juicio penal, efectivamente, suspendió
la ejecutoria de ese fallo, aun cuando la cesación del
procedimiento a favor de Rubén Ángel Becerra Arévalo -
determinación contenida en dicha providencia- no hubiere sido
recurrida.
Así las cosas, para poder determinar cuál era el término máximo
con el que contaba el señor Rubén Ángel Becerra Arévalo para
acudir a esta jurisdicción, necesariamente, se debe establecer
en qué fecha adquirió firmeza la providencia - del 31 de marzo
de 2008- a través de la cual la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia decretó la cesación del procedimiento -con
fundamento en la prescripción de la acción penal- a favor del
señor Javier Guerrero Caicedo.
Lo anterior, en la medida que la decisión proferida por el aludido
órgano de cierre en la especialidad penal afectó la ejecutoria del
fallo de segunda instancia, lo cual, de forma natural, modifica la
lógica que debe utilizar esta Corporación para estudiar el
presupuesto procesal de la caducidad de la acción de reparación
directa interpuesta por los señores Guerrero Caicedo y Becerra
Arévalo.
Realizadas las precisiones conceptuales antecedentes, es
necesario recordar que, inicialmente, se consideró que la
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determinación proferida por Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia quedó ejecutoriada el 20 de mayo de
200840, pues así lo habría “declarado” el Juzgado Quinto Penal
del Circuito Judicial de Cúcuta, a través de auto de esa misma
fecha y, como consecuencia de ello, se estimó que la demanda
de reparación directa se presentó en el término legalmente
previsto para ese efecto -en relación con todos los actores-
A pesar de lo que se acaba de indicar, ha de advertirse que la
tesis argumentativa anteriormente referida no se ajusta a las
prescripciones adjetivas fijadas en el CPP, específicamente, en
lo relativo a los supuestos normativos en los que las decisiones
judiciales adquieren firmeza, afirmación cuyo sustento es el
siguiente: Respecto de la ejecutoria de las providencias
judiciales en materia penal, el artículo 187 del CPP disponía que
[transcripción literal]:
Artículo 187. Ejecutoria de las providencias. Las providencias
quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas si no
se han interpuesto los recursos legalmente procedentes.
La que decide los recursos de apelación o de queja contra las
providencias interlocutorias, la consulta, la casación, salvo
cuando se sustituya la sentencia materia de la misma y la acción
de revisión quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas
por el funcionario correspondiente.
Las providencias interlocutorias proferidas en audiencia o
diligencia quedan ejecutoriadas al finalizar ésta, salvo que se
hayan interpuesto recursos. Si la audiencia o diligencia se
realizare en varias sesiones, la ejecutoria se producirá al término
de la última sesión [...] [énfasis añadido].
En los términos de la norma transcrita, la Sala no encuentra una
hipótesis en la que la ejecutoria de una providencia penda de
que se “declarada” a través de otra decisión judicial, lo cual
permite concluir que dicha interpretación, de ninguna manera,
se acompasa a los lineamientos establecidos en el CPP para
determinar desde cuándo debe entenderse que ha adquirido
firmeza un auto y/o una sentencia que se profiera en el marco
de un proceso de naturaleza penal.
[…]
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En línea con lo anterior, la Subsección advierte que la
providencia del 31 de marzo de 2008 -en contra de la cual no
procedía ningún recurso- fue notificada mediante anotación en
el estado del 18 de abril de 200842, de ahí que dicho proveído
cobró ejecutoria el 23 de abril de la misma anualidad, al igual
que la sentencia del 21 de agosto de 2007 -fallo de segunda
instancia-, puesto que la primera decisión mencionada
determinó, consecuencialmente, la firmeza de la segunda. En tal
virtud, los señores Javier Guerrero Caicedo y Rubén Ángel
Becerra Arévalo debían presentar su demanda de reparación
directa, a más tardar, el 24 de abril de 2010.
Ahora bien, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 640 de
2001, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 3 del
Decreto 1716 de 2009, dicho término se suspendió el 5 de abril
de 2010 -inclusive-, porque ese día se presentó la solicitud de
conciliación extrajudicial45, la cual se declaró fallida -por falta
de ánimo conciliatorio- según la constancia expedida el 24 de
junio de 2010.
En ese contexto, el término de caducidad se suspendió cuando
faltaban veinte [20] días para que se venciera, reanudándose al
día siguiente de la expedición de la aludida constancia, por lo
que el término finalizaba el 14 de julio de 2010, cuando
finalizaron los dos [2] años de la caducidad y, como los señores
Javier Guerrero Caicedo y Rubén Ángel Becerra Arévalo
interpusieron su demanda el 9 de agosto de 2010, se concluye
que se presentó por fuera del término legalmente previsto para
ello.
[…]”.
De los apartes transcritos de la providencia cuestionada se desprende
que la SECCIÓN TERCERA sí tuvo en cuenta que, en auto de 27 de
abril de 2011, al resolver una apelación dentro del proceso origen de
la controversia, estimó que la demanda había sido presentada en
término, no obstante, señaló que debía pronunciarse nuevamente
sobre la caducidad, dado que en aquella oportunidad solo se tuvo en
cuenta a uno de los allí demandantes y, en particular, porque le asistía
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una facultad oficiosa que le imponía revisar ese presupuesto procesal
en la sentencia.
Respecto de la facultad oficiosa del ad quem para pronunciarse incluso
sobre aspectos no propuestos en las apelaciones, la SECCIÓN
TERCERA citó la sentencia de unificación de 6 de abril de 2018,
proferida por su Sala Plena, dentro del expediente identificado con el
número único de radicación, con ponencia del Consejero Danilo Rojas
Betancourth, en la que señaló:
“[…] Este entendimiento del principio de congruencia y de los
límites competenciales del ad quem frente el recurso de
apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que si se
apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere
competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de
ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya
referido a ellos el apelante único. Lo anterior, desde luego,
sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de
pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas
cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión
de mérito, tales como la caducidad, la falta de
legitimación en la causa y la indebida escogencia de la
acción, aunque no hubieran sido propuestos por el
apelante como fundamentos de su inconformidad con la
providencia censurada [...]”
A partir de lo anterior, estableció que en efecto el término de caducidad
debía ser contabilizado desde la ejecutoria de la providencia que
declaró la cesación del procedimiento -con fundamento en la
prescripción de la acción penal- a favor del señor Javier Guerrero
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Caicedo, esto es aquella de 31 de marzo de 2008, proferida por la
SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA, incluso para las dos personas que habían sido
investigadas, por la imposibilidad de ejecutoria fragmentada.
La autoridad judicial accionada determinó que la ejecutoria de dicha
providencia no podía ser la que había declarado el JUZGADO
QUINTO PENAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CÚCUTA (20 de
mayo de 2008), porque esa tesis no se ajustaba a lo señalado en el
artículo 187 del Código de Procedimiento Penal vigente para el caso,
conforme con el cual dicha decisión quedó ejecutoriada tres días
después de que fue notificada, esto es, que el término de caducidad
debía contabilizarse desde el 23 de abril de 2008.
Precisado lo anterior, la Sala pone de presente que la acción de tutela
contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un
juicio de corrección del fallo cuestionado, de manera que un eventual
amparo solo procedería ante una evidente decisión arbitraria, esto es
que desde el punto de vista jurídico o fáctico es irrazonable.
En el presente asunto, la Sala encuentra que los reproches del actor
no tienen vocación de prosperar, comoquiera que no se configuran los
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defectos alegados, porque en efecto la autoridad accionada explicó de
forma razonada y admisible los motivos por los cuales en la sentencia
cuestionada tenía facultad imperiosa de estudiar el presupuesto
procesal de la caducidad, incluso, si sobre ese aspecto ya se había
pronunciado en etapa previa.
La tesis de la autoridad judicial accionada además encuentra sustento
en los señalado por la Sala Cuarta Especial de Revisión en la sentencia
de 14 de diciembre de 2022 antes citada, en la que se indicó:
“[…] 33. Así, el reproche de la parte recurrente consiste en la
existencia de una presunta transgresión de los principios de
seguridad jurídica y cosa juzgada, por cuanto, en su criterio, el
ad quem carecía de competencia para pronunciarse nuevamente
sobre un aspecto que ya había sido objeto de su conocimiento y
había sido descartado previamente en el auto que revocó la
decisión que rechazó inicialmente la demanda por caducidad.
[…]
En ese orden de ideas, para la aplicación de la revocabilidad o
desconocimiento de autos interlocutorios la Corte Constitucional,
exige estar cobijado bajo los dos supuestos jurídicos a saber:
• En aplicación directa de la ley: Es decir, que sea la ley que
señale de manera expresa señale (sic) la posibilidad de
revocatoria de autos interlocutorios, como por ejemplo los autos
que deciden sobre levantamiento de medidas cautelares, y la
sustitución o revocatoria de la medida de aseguramiento.
• Cuando la decisión contenida en la sentencia no armoniza con
la decisión previa: la Corte Constitucional habilita al operador
judicial a cambiar su opinión, cuando considera que la conclusión
final del proceso no armonizó con un auto interlocutorio, y en
consecuencia es menester su revocabilidad.
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37. Tal y como se indica en el aparte citado de la demanda,
existen eventos contemplados en la ley que autorizan a los
jueces a contradecir lo señalado de manera previa en una
providencia que ha adquirido fuerza ejecutoria. En relación con
el desarrollo de la segunda instancia, en aquellos procesos
cobijados por tal garantía, el artículo 328 del Código General del
Proceso, indica lo siguiente:
ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de
segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley. (…)
38. Por otra parte, la jurisprudencia de esta corporación ha
indicado que la caducidad de los medios de control sometidos a
la competencia de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo constituye un instituto de orden público que, por
tanto, no admite renuncia y en caso de resultar acreditado debe
declararse por el juez, independientemente del estado en que se
encuentre el proceso. Al respecto se ha indicado lo siguiente:
[L]a caducidad se encuentra instituida para garantizar la
seguridad jurídica de los sujetos procesales, frente a aquellos
eventos en los que determinadas acciones judiciales se ejercen
dentro de un término específico. Así entonces, a los interesados
les corresponde asumir la carga procesal de promover el litigio
dentro de ese plazo, el cual es fijado por la ley y, por ello, si esto
no se hace en tiempo, pierden la posibilidad de accionar ante la
jurisdicción para hacer efectivo su derecho.
Cabe precisar que la caducidad no admite suspensión, salvo que
se presente una solicitud de conciliación extrajudicial en
derecho, de acuerdo con lo previsto en las Leyes 446 de 1998 y
640 de 2001; tampoco admite renuncia y, de encontrarse
probada, debe ser declarada de oficio por el juez.
[…]
42. De igual forma, el reproche formulado por la parte
demandante carece de sustento, toda vez que, si bien
existía un auto en el que se negó la configuración del
fenómeno de la caducidad del medio de control de
controversias contractuales, lo cierto es que dicha
circunstancia no eximía al ad quem de su deber de
declarar, en cualquier etapa del proceso y aún de oficio,
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la caducidad de la acción en cualquier evento en que la
hubiese encontrado acreditada, como en efecto ocurrió en
el presente asunto
[…]
6. Conclusión
44. De conformidad con lo expuesto, la sala declarará infundado
el recurso extraordinario de revisión presentado por la parte
demandante en contra de la sentencia proferida el 1 de junio de
2020 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
en el proceso de controversias contractuales identificado con el
número de radicación 05001-23-31-000-2004-01247-02, toda
vez que las afirmaciones expuestas por el accionante no se
refieren a ninguna de las causales de nulidad contempladas en
el artículo 133 del Código General del Proceso, ni a los eventos
señalados por la jurisprudencia de la corporación como pasibles
de configurar la causal de revisión prevista en el artículo 250,
ordinal 5, del CPACA, como consecuencia de la transgresión del
derecho fundamental al debido proceso. Igualmente, se
advierte que el ad quem no solo contaba con competencia,
sino que tenía el mandato positivo de declarar la
caducidad del medio de control, en cualquier estado del
proceso e, incluso, de oficio, cuando la encontrara
probada […]”. (Destacado fuera de texto)
En el precedente en cita, la divergencia recaía en el hecho de que, en
un litigio sobre controversias contractuales, en la sentencia de segunda
instancia la SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B- de esta
Corporación declaró la caducidad de la acción, pese a que al resolver
un recurso de apelación en etapa previa ya había resuelto sobre ese
asunto.
En esa oportunidad, esta Corporación señaló enfáticamente que el ad
quem no solo contaba con competencia, sino que tenía el mandato
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impositivo de declarar la caducidad del medio de control, en cualquier
estado del proceso, incluso, de oficio, cuando la encontrara probada.
Lo anterior lleva a concluir que el hecho de que la autoridad judicial
haya estudiado la caducidad en la sentencia cuestionada no constituye
una decisión arbitraria, sino que por el contrario tiene un sustento
razonable y válido, propio de la autonomía del juez natural.
En relación con el argumento formulado por el actor en su
impugnación, con el cual reprochó que la SECCIÓN QUINTA haya
destacado una sentencia de unificación en la cual está basada la
providencia cuestionada, la Sala señala que frente a dicho aspecto el
a quo se refería a la falta de argumentación que aquella autoridad
atribuyó a la solicitud de amparo, por cuanto en esta nada se dijo
frente a esa providencia.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala precisa que en efecto en el escrito
introductorio el actor nada dijo en relación con la inaplicabilidad de
la sentencia de unificación aludida, sin que en todo caso fuera
desacertado que la SECCION TERCERA citara esa providencia como
parte de sus fundamentos para abordar de nuevo el estudio de la
caducidad, porque un precedente de esa naturaleza es aplicable a los
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casos pendientes por resolver, excepto que sus efectos estén
modulados de forma expresa en otro sentido11, lo cual no acaeció.
Asimismo, también resultaba válido que la autoridad judicial accionada
tuviera como fecha de ejecutoria de la decisión de la SALA DE
CASACIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, la que
correspondía conforme con el artículo 187 del Código de Procedimiento
Penal vigente para el caso origen de la controversia, y no la que señaló
el juzgado que recibió el expediente luego de concluida la actuación en
aquella instancia, porque en efecto dicho aspecto estaba regulado en
dicha norma así:
“[…] ARTICULO 187. EJECUTORIA DE LAS PROVIDENCIAS. Las
providencias quedan ejecutoriadas tres (3) días después de
notificadas si no se han interpuesto los recursos legalmente
procedentes.
La que decide los recursos de apelación o de queja contra las
providencias interlocutorias, la consulta, la casación, salvo cuando
se sustituya la sentencia materia de la misma y la acción de
revisión quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el
funcionario correspondiente.
Las providencias interlocutorias proferidas en audiencia o
diligencia quedan ejecutoriadas al finalizar ésta, salvo que se
hayan interpuesto recursos. Si la audiencia o diligencia se realizare
en varias sesiones, la ejecutoria se producirá al término de la
última sesión […]”.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 26 de marzo
de 2019, CP Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación AC 11001 03 15 000 2018 03272
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En ese orden de ideas, para la Sala ni el análisis ni la decisión
contenida en la providencia controvertida resultan caprichosos o
arbitrarios, sino que fueron adoptados a partir del alcance dado a las
fuentes jurídicas aplicables al caso y a un análisis de las
particularidades fácticas de este.
Situación distinta es que el accionante no comparta la tesis allí
dispuesta, lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que
de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de
conocimiento, la SECCIÓN TERCERA de esta Corporación decidió el
caso puesto a su consideración.
Así entonces, la Sala modificará la sentencia impugnada que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia y, en su lugar,
denegará el amparo solicitado como en efecto se dispondrá en la
parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
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PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar,
DENEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de junio de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
Salva voto
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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