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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00370-01

Fecha
4 de mayo de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00370-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 2 de marzo de 2023, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado que rechazó por improcedente la tutela, para, en su lugar, DECLARAR improcedente la solicitud de amparo presentada por el señor José Grigelio Rodríguez Gómez. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00370-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

4 de mayo de 2023

Demandante: José Grigelio Rodríguez Gómez
Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00370-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00370-01
Demandante: JOSÉ GRIGELIO RODRÍGUEZ GÓMEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisitos de subsidiariedad e
inmediatez.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Resuelve la Sala la impugnación elevada por la parte actora contra el fallo de 2 de
marzo de 2023, por medio del cual, la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado «rechazó» por improcedente la solicitud de amparo por no
encontrar satisfechos los requisitos de la subsidiariedad y de inmediatez.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor José Grigelio Rodríguez Gómez, en nombre propio, interpuso1 acción de
tutela para que le fueran amparados sus derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso.

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de la
sentencia de 4 de febrero de 2020, del Tribunal Administrativo del Cauca, mediante
la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho que inició contra la Administradora Colombiana de
Pensiones, cuyo proceso se identificó con el radicado número 19001-23-33-000-
2017-00366-00.

1.2. Pretensiones

Las peticiones deprecadas son las siguientes:

Primero. Se ampare mi derecho fundamental al debido proceso y la administración de
justicia por la vulneración de los principios constitucionales a la seguridad jurídica y a la
legalidad.

Segundo. Se revoque parcialmente la sentencia del 4 de febrero de 2020, M.P. Carlos
Hernando Jaramillo Delgado, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del
Cauca.

1 La demanda se presentó el 26 de enero de 2023.

1
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Demandante: José Grigelio Rodríguez Gómez
Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00370-01

Tercero. Se profiera una nueva sentencia en la que además de lo declarado y ordenado
en los numerales 1, 2, 3 y 4 se declare “El reconocimiento de todos los factores salariales
que se percibieron en el último año laborado y cotizado para efectos de que se incluyan
en el IBL de la reliquidación de la pensión de vejez que fue decretada en la Resolución
No. GNR 278692 del 6 de agosto de 2014”.

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión
que se adoptará en esta sentencia:

1.3.1. El señor José Grigelio Rodríguez Gómez presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Administradora
Colombiana de Pensiones, en la cual solicitó entre otras cosas, la reliquidación de su
pensión de jubilación con todos los factores salariales devengados en el último año de
servicios y la indexación de la primera mesada pensional.

1.3.2. El Tribunal Administrativo del Cauca, autoridad judicial a la que le correspondió
por reparto el asunto, en sentencia de 4 de febrero de 2020, accedió parcialmente a
las súplicas deprecadas, en el sentido de ordenar la indexación de la primera mesada
y negar la reliquidación de la pensión en los términos solicitados.

1.3.3. Contra la anterior decisión el demandante interpuso recurso extraordinario de
revisión, del cual conoció la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado que, con auto de 25 de noviembre de 2021, lo rechazó por extemporáneo.

1.3.4. El señor Rodríguez Gómez elevó acción de tutela contra el anterior proveído, la
que correspondió para su estudio a la Sección Quinta de esta Corporación, que con
fallo de 2 de junio de 20222, la declaró improcedente por no satisfacer el requisito
relativo al agotamiento de los medios de defensa judicial. Esta decisión fue confirmada
con providencia de 7 de julio de 2022, de la Subsección A de la Sección Segunda del
mismo cuerpo colegiado.

1.3.5. La sentencia del Tribunal Administrativo del Cauca fue notificada en estrado el
4 de febrero de 2020.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte actora manifestó que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales, por cuanto, en su sentir, se incurrió en un defecto procedimental,
porque:

(…) el Tribunal adoptó una normatividad que vulneró principios constitucionales como
ya se señaló con anterioridad los de favorabilidad e inescindibilidad que se reconocen
en la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición y que se soporta en
una sentencia de la Corte Constitucional como subregla de interpretación.

El Tribunal sustenta jurídicamente su posición en las sentencias C-258 del 7 de mayo de
2013 y SU-230 del 29 de julio de 2015 de la Corte Constitucional y en la Sentencia de

2 Expediente número 11001-03-15-000-2022-02563-00, magistrado ponente Dr. Luis Alberto Álvarez

Parra.
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unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018, con radicado 2012 00143
01, jurisprudencia que no es aplicable al presente asunto debido a que la aplicación de
estas subreglas de interpretación contenidas en esas sentencias no contienen la
condición más beneficiosa para el trabajador. Por otra parte, la misma Corte
Constitucional ha establecido que por regla general y salvo que se indique lo contrario
en el fallo, la declaratoria de inexequibilidad de una disposición tiene efectos hacia el
futuro, por la congruencia con el principio de seguridad jurídica, que lleva implícita la
presunción de constitucionalidad de las normas que integran el sistema jurídico.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 1° de febrero de 2023, el a quo constitucional admitió la solicitud de
amparo y ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Cauca, y le otorgó el término
de tres (3) días para que rindiera el informe de que trata el artículo 19 del Decreto 2591
de 1991.

Como tercero con interés, vinculó a la Administradora Colombiana de Pensiones, en
su calidad de demandada en el proceso ordinario; además dispuso la notificación de
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que si lo consideraba se
manifestara en el presente trámite.

1.6. Intervención

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentó la siguiente manifestación:

1.6.1. Tribunal Administrativo del Cauca

Por conducto de la secretaría de la referida corporación, la autoridad judicial se limitó
a remitir el expediente del proceso ordinario, pero sin hacer ningún pronunciamiento
sobre los argumentos de la tutela.

1.7. Fallo impugnado

Mediante sentencia de 2 de marzo de 2023, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado «rechazó» por improcedente la solicitud de amparo por no
encontrar satisfechos los requisitos de la subsidiariedad y la inmediatez.

Indicó que, en el presente caso, de las pruebas allegadas al expediente se pudo
establecer que, contra la sentencia del 4 de febrero de 2020, el demandante no
interpuso el recurso de apelación, es decir, no agotó los mecanismos ordinarios de
defensa que tenía a su alcance para controvertir la negativa de su pretensión, relativa
a la reliquidación de su pensión de jubilación con todos los factores salariales
devengados en el último año de servicios.

Sumado a lo anterior, advirtió que la mentada providencia fue notificada en estrado, al
ser dictada en la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011,
luego, cobró ejecutoria el 18 de febrero de 2020, y la tutela se radicó el 26 de enero
de 2023, es decir, pasados 3 años, lapso que supera ampliamente los 6 meses que
fijó la jurisprudencia para la interposición oportuna del mecanismo constitucional.

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Finalmente, señaló que el argumento esgrimido por el actor para tener por cumplido el
requisito de la inmediatez, esto es, lo relativo a la suspensión de los términos con
ocasión de la pandemia del Covid-19, no tenía vocación de prosperidad, en atención
a que no guardaba relación fáctica con las pretensiones deprecadas en la acción de
tutela, pues en este se refiere a un auto de 25 de noviembre de 2021, mientras que en
las suplicas se solicita infirmar la sentencia de 4 de febrero de 2020.

1.8. Impugnación3

Mediante escrito enviado por correo electrónico el 22 de marzo de 2023, la parte actora
planteó su inconformidad con el fallo de primera instancia, para lo cual, solicitó que se
revocara dicha decisión.

Precisó, después de afirmar que la sentencia del tribunal quedó ejecutoriada el 18 de
febrero de 2020, que, en el mes de octubre de dicho año, encontró que el referido fallo
estaba viciado de nulidad, razón por la cual, por conducto de apoderado judicial,
presentó el recurso extraordinario de revisión, con fundamento en la causal número 1,
del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, al encontrar pruebas que no se descubrieron
o conocieron en el curso del proceso ordinario. Sobre este trámite señaló que:

Redactado el Recurso Extraordinario de Revisión de Sentencia ejecutoriada, cuando se
dispuso su radicación ante el H. Consejo de Estado se encontró con el hecho
sobreviniente de suspensión de actividades en el sector público y en consecuencia la
suspensión provisional de términos Administrativos decretado por el gobierno nacional
por motivo de la pandemia Covid-19, por lo que el recurso sólo pudo ser radicado en el
Honorable Consejo de Estado el 01 de marzo de 2021.

Aseveró que dicho mecanismo de defensa fue rechazado por extemporáneo, por lo
que presentó tutela contra dicha providencia, la cual fue declarada improcedente por
no haber presentado el recurso súplica que, en su sentir, no procedía al considerar
que el auto es una decisión de plano y, además porque en la notificación de este no
se le dio a conocer dicha formalidad.

Señaló que, contrario a lo manifestado por el a quo constitucional, se demostró en la
tutela, que no ha sido negligente en la búsqueda de la protección de sus derechos
fundamentales después de que fue dictada la sentencia cuestionada, pues, si bien no
presentó el recurso de apelación contra esta, fue porque no contaba con las pruebas
para hacerlo, pero que una vez las obtuvo, inmediatamente solicitó la revisión del fallo.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora contra la sentencia de 2 de marzo de 2023, proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con el Decreto 2591 de
1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

3 La sentencia fue notificada el 16 de marzo de 2023.

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2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
decisión de primera instancia de 2 de marzo de 2023, a través de la cual el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A «rechazó» por improcedente la solicitud
de amparo presentada por el señor José Grigelio Rodríguez Gómez contra el Tribunal
Administrativo del Cauca, por no encontrar acreditados los requisitos de subsidiariedad
e inmediatez.

Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) la procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad
adjetiva, en especial los de agotamiento de los medios de defensa judicial e inmediatez
y, de superarse; (iii) el caso concreto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20124,
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema5.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales6.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20147, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

2.4.1. En relación con el acatamiento del requisito de agotamiento de todos los
medios de defensa judicial, el mismo no se encuentra superado, pues el inciso 3º
del artículo 86 de la Constitución consagra este requisito como presupuesto de
procedencia de la acción de tutela y determina que «[e]sta acción sólo procederá

4 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
6 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial», precepto
reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

Así mismo, tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional8 como de esta
Corporación ha sostenido que, debido al carácter subsidiario y residual de la acción de
tutela, en principio, este medio de defensa judicial resulta improcedente cuando: i) el
accionante dejó de interponer los recursos judiciales ordinarios que estaban a
su alcance para confrontar la vulneración o amenaza de sus derechos
fundamentales; ii) el accionante acude directamente a la acción de tutela a pesar de
existir otro mecanismo de defensa judicial a su disposición o; iii) el proceso o asunto
se encuentra en trámite.

Frente al punto, debe precisarse que acorde con el artículo 86 de la Constitución
Política, la tutela es una acción de naturaleza excepcional y subsidiaria que se torna
improcedente ante la existencia de otro mecanismo de defensa judicial.

En efecto, tal como lo expuso el a quo, contra la decisión acusada, esto es, la sentencia
que negó la reliquidación de la pensión de jubilación con todos los factores salariales
devengados en el último año de servicios, la parte demandante contaba con el recurso
de apelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 243 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 9, modificado por el
artículo 62 de la Ley 2080 de 2021.

Ahora, de lo acreditado en el proceso y, de la propia manifestación del actor, no se
interpuso el recurso de alzada contra la sentencia de primera instancia, es decir, que
no se agotó el medio de defensa judicial idóneo que tenía a su alcance para plantear
su inconformidad contra dicha providencia.

Precisa la Sala que la afirmación del tutelante, referida a que no presentó el mentado
mecanismo de defensa porque no contaba con pruebas para el momento de la
expedición de la sentencia, febrero de 2020 y, que solo hasta el mes de octubre del
mismo año, pudo recobrarlas y que por lo tanto procedió a impetrar el recurso
extraordinario de revisión, no es de recibo, pues, se itera, ante la decisión adversa a
sus intereses respecto de la pretensión de reliquidación de la pensión, el señor
Rodríguez Gómez debió manifestar su desacuerdo por medio del recurso procedente
y en el término que la ley procesal lo prescribe.

En ese orden de ideas, la presente tutela se torna improcedente, comoquiera que el
tutelante contaba con otro medio de defensa idóneo, propio del proceso judicial para
defender sus derechos fundamentales.

Se itera que, existiendo otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y
eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o
vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la acción de tutela.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando se recurre a la
administración de justicia con el fin de que sean protegidos derechos fundamentales,

8 Corte Constitucional, sentencia T-011 de 2007.
9 ARTÍCULO 243. Apelación. <Artículo modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo

texto es el siguiente:> Son apelables las sentencias de primera instancia (…).
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no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento
jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del
funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su competencia. 10

Se recuerda que la acción de tutela se torna improcedente para suplir mecanismos
idóneos de defensa y/o para revivir términos, pues una interpretación contraria nos
llevaría a que ésta fuera empleada como un instrumento para desplazar las
competencias ordinarias, lo que de suyo desnaturalizaría esta acción que es
eminentemente protectora de derechos fundamentales.

Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que la
protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto reservado
exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos judiciales deben
buscar la defensa de aquellos.

2.4.2. De igual forma, se establece que la acción de tutela de la referencia no cumple
con el requisito de la inmediatez, por las razones que a continuación se explican:

Al respecto, se ha insistido en que la acción de tutela debe ejercerse en un plazo
razonable11, el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso, pues de lo contrario
se burlaría el alcance jurídico establecido por el constituyente y se desvirtuaría su
finalidad de ser un medio de protección actual, inmediato y efectivo 12.

De acuerdo con lo anterior, esta Sección13 ha considerado como plazo prudencial el
de seis (6) meses, contado desde la ocurrencia del hecho generador –el cual es la
ejecutoria de la providencia judicial cuestionada– que da lugar a la solicitud de
protección y la presentación de la misma y cuando este sobrepasa este límite se
declara su improcedencia.

En el caso objeto de estudio, la Sala observa que: i) el fallo censurado fue proferido el
4 de febrero de 2020, por el Tribunal Administrativo del Cauca; ii) se notificó en estrado
el mismo día, de manera que; iii) la sentencia cuestionada quedó ejecutoriada el 18
de febrero siguiente; y iv) la tutela se radicó el 26 de enero de 2023, luego, entre el día
siguiente a la ejecutoria de la mencionada providencia y la presentación de la solicitud

10 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y

la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo
común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el
contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la
Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada
una de las jurisdicciones.”
11 Dicho criterio fue expuesto en la sentencia Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, de fecha 5 de agosto
de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios, Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Así mismo, reiterado entre otras en: Consejo
de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 26 de febrero del 2015, Radicación 2015-00045-00, Magistrada Ponente:
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 15 de octubre del 2015,
Radicación 2015-01605-01, Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro.
12 Corte Constitucional. Sentencia T-290 de 14 de abril de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
13 Ver sentencias: de 18 de abril de 2013 Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01172-01, Magistrada Ponente: Susana
Buitrago Valencia; 3 de julio de 2013. Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01891-01, 12 de agosto de 2013, Rad. No.
11001-03-15-000-2013-1435-00, Magistrada Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; 3 de julio de 2013,
Rad. No. 11001-03-15-000-2013-00142-01, 12 de septiembre de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02203-01,
Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro; 21 de septiembre de 2016, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01,
Magistrada Ponente: Rocío Araújo Oñate entre otras.
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de amparo han transcurrido casi tres (3) años, término que para la Sala no resulta
razonable.

En relación con aquellas circunstancias que justifican el retardo para promover la
acción de tutela, la Corte Constitucional en sentencia T-256 de 2015, cuya tesis es
acogida por esta Sala como criterio auxiliar, indicó que la acción de tutela será
procedente cuando:

[…] fuere promovida en un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración,
siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por
ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad
física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos
de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv) cuando
se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho
que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación
desfavorable de la actora derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual
[…]14.

Al respecto, la Sala advierte que la parte accionante manifestó en su escrito de
impugnación que, contrario a lo considerado por el a quo, no había sido negligente en
la búsqueda de la defensa de sus derechos fundamentales, pues, después de la
expedición de la sentencia cuestionada, al encontrar las pruebas pertinentes, solicitó
la revisión de esta. Asimismo, hizo referencia a la suspensión de términos ocurrido con
ocasión de la pandemia del Covid-19.

Sin embargo, debe advertirse que dichos argumentos no son de recibo, pues, una vez
en firme la sentencia que en su sentir vulneraba sus derechos, debió, si así lo
consideraba, acudir al mecanismo constitucional para la protección inmediata de sus
garantías, para lo cual no requería del recaudo de prueba alguna, sumado a que el
trámite de estas acciones no fue cobijado por ninguna restricción.

Deviene entonces de lo dicho que, a juicio de esta Colegiatura, controvertir la
providencia judicial, lo que supone cuestionar principios como los de cosa juzgada y
seguridad jurídica impone para el interesado que se haga en un plazo pertinente, salvo
justificación razonable, carga que le corresponde alegar a la parte accionante.
Por ello, el juicio sobre el requisito de la inmediatez frente al caso de las tutelas contra
providencias judiciales resulta ser estricto, pues basta con que la decisión que se
señala de vulnerar derechos sea conocida y se encuentre ejecutoriada para que la
persona acuda ante el juez constitucional para solicitar el amparo de sus derechos.

En ese orden de ideas, en el sub examine no existe una explicación válida para el
ejercicio de la acción de tutela por fuera del tiempo proporcional y razonable adoptado
por la Corporación.

No obstante, se precisa que en el caso del señor Rodríguez Gómez, tal como se indicó
en precedencia, previo a la interposición de la tutela, era necesario que en el proceso
ordinario se agotaran todos los recursos consagrados en la norma procesal y obtener

14Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de 2005, T-158 de
2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.
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Demandante: José Grigelio Rodríguez Gómez
Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00370-01

las decisiones pertinentes, pues, bien pudo interponerla en término, pero resultaba
improcedente por no cumplirse con el primer requisito.

2.5. Conclusión

En consecuencia, se modificará la providencia de la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado de 2 de marzo de 2023, que «rechazó» por
improcedente la tutela, en el sentido de declarar la improcedencia de la solicitud de
amparo por ausencia de agotamiento de los mecanismos de defensa judicial, así como
por incumplimiento del requisito de la inmediatez.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 2 de marzo de 2023, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado que rechazó por
improcedente la tutela, para, en su lugar, DECLARAR improcedente la solicitud de
amparo presentada por el señor José Grigelio Rodríguez Gómez.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Esta providencia fue generada con firma electrónica la cual tiene plena validez y efectos jurídicos
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.”
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