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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00377-01

Fecha
3 de agosto de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00377-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DESVINCULAR del proceso de la referencia a la Unidad Nacional de Protección, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 26 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2023-000377-01 Demandante: Rafael de Ávila y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Magdalena SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación del trámite propuestas por el municipio de Pueblo Viejo, Magdalena y la Gobernación del Magdalena. TERCERO: REVOCAR la sentencia de primera instancia del 6 de marzo de 2023, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que negó la acción de tutela de la referencia y, en su lugar, CONCEDER la protección de los derechos fundamentales invocados por la parte actora, al haberse configurado el yerro procedimental por exceso ritual manifiesto en concurrencia con el defecto fáctico, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: DEJAR sin efecto el numeral tercero de la sentencia del 25 de mayo de 2022 proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Magdalena, proferida dentro del proceso de reparación directa No. 05001-23-31-000-2007-03245-01. En consecuencia, ORDENAR a la referida autoridad judicial que decrete la prueba idónea para acreditar el parentesco entre la señora Mayerlis Dayana Gutiérrez. Una vez cumplido lo anterior, deberá proferirse una sentencia aditiva dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta decisión, conforme a los parámetros señalados en la parte motiva de este proveído. QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. SEXTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-00377-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

3 de agosto de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00377-01
Demandantes: Rafael de Ávila y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de
Magdalena

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00377-01
Demandantes: RAFAEL ÁNGEL DE ÁVILA MEJÍA Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

Temas: Tutela contra providencia judicial – desconocimiento del
precedente – defecto procedimental absoluto por exceso
ritual manifiesto en concurrencia con el defecto fáctico

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por el apoderado de la parte
actora, contra la providencia del 6 de marzo de 2023, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó la
solicitud de amparo que se formuló contra el Tribunal Administrativo del
Magdalena.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado por correo electrónico el 30 de enero de 2023 al
buzón web del Consejo de Estado, los señores Rafael Ángel De Ávila Mejía,
Elsy Esther De Ávila Mejía, Jainer Enrique De Ávila Mejía, Amelci Judith De
Ávila Mejía, Edgardo Cesar De Ávila Mejía, Vilma Rosa De Ávila Mejía,
Yaneth Del Carmen De Ávila Mejía, Elizabeth María De Ávila Mejía, Rosa
Margarita Miranda Padilla, Juan Manuel Miranda Padilla, Iris María Miranda
Padilla, Silfredo Rafael Garizabalo Fernández, Elvira Rosa Garizabalo
Hernández, Aidee Mercedes Garizabalo Hernández, Elena Rosa Garizabalo
Hernández, Yasmin Del Carmen Garizabalo Fernández, Bienvenida
Garizabalo Fernández, Yaneris Paola Machado Rodríguez, Francisca Elena
González, Yenis María Gutiérrez Bravo, Wilfrido Gutiérrez Bravo, Aramis
Gutiérrez Bravo, Rocío Del Pilar Gutiérrez Bravo, Armando Segundo
Gutiérrez Bravo, María Teresa Gutiérrez Bravo, Nuris María Gutiérrez Bravo,
Francisca Elena González De Niebles, Meladis Mercedes Niebles González,
Saida Inés Niebles González, Gilma María Gutiérrez Gutiérrez y Mayerlis

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Demandante: Rafael de Ávila y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Magdalena

Dayana Gutiérrez Gutiérrez, actuando a través de apoderado judicial,
ejercieron la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Magdalena, con el fin de que sean amparados los derechos fundamentales
“a la igualdad, debido proceso, buena fe, a la reparación integral de los
daños sufridos y acceso a la justicia”.

2. Los accionantes consideraron vulneradas las referidas garantías
constitucionales, con ocasión de la sentencia proferida por tal autoridad
judicial, el 25 de marzo de 2022, mediante la cual revocó parcialmente el
fallo dictado el 16 de marzo de 2017 por el Juzgado Séptimo Administrativo
de Santa Marta, en el sentido de declarar la falta de legitimación en la causa
por activa de la señora Mayerlis Dayana Gutiérrez Gutiérrez y la excepción
de caducidad de la demanda respecto de las personas que suscribieron la
adición de la misma en 26 de abril de 20071.

3. Dicha demanda fue instaurada el 8 de octubre de 2003, en ejercicio
del medio de control de reparación directa por el señor Alejandro de Ávila
Cantillo y otros contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
y otros, proceso que se identificó con el radicado No. 05001-23-31-000-
2007-03245-00/01.

1.2. Pretensión

4. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los
derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

“(…) Con fundamento en las circunstancias fácticas inmediatamente
expresadas, solicito al Juez de tutela que para la eficacia de la protección
pedida para los derechos Fundamentales Violados a los accionantes en el
proceso de reparación directa relacionado en los hechos de este escrito,
ordene al Tribunal Administrativo del Magdalena dejar sin efecto la sentencia
de segunda instancia calendada 26 de mayo de 2022 que dictó en dicho litigio.
notificada al suscrito a través de edicto desfijado el día 2 de agosto de 2022, y
que en su defecto proceda a dictar uno nuevo, que reconozca las situaciones
fácticas probadas en la causa, el precedente jurisprudencial y que acoja sin
reservas los preceptos del Art 90 de la C. N (…)”.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

5. La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos
relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

1 Por parte del señor Wilden de Ávila Mejía: Amelci de Ávila, Elsi de Ávila, Jaime Enrique de

Ávila, Vilma Rosa de Ávila, Yaneth de Ávila, Rafael de Ávila, Elizabeth María de Ávila y
Edgardo de Ávila Mejía. Por el señor Agapito Gutiérrez Meléndez: Rocío del Pilar Gutiérrez,
Aramis Gutiérrez, Nuris María Gutiérrez, María Teresa Gutiérrez, Armando Gutiérrez, Yenis
María Gutiérrez y Wilfrido Gutiérrez Bravo. Por el señor Gilberto Enrique Gutiérrez
Garizabalo: Gilma Garizabalo, Tomás Gutiérrez y Gilma María Gutiérrez. Por el señor
Rafael Antonio Garizabalo Fernández: Silfredo Garizabalo, Aides Mercedes Garizabalo,
Yasmin del Carmen Garizabalo, Elvia Rosa Garizabalo, Bienvenida Garizabalo, Elena
Garizabalo y Elvira Garizabalo. Por el señor José Luis Niebles: Francia Elena González,
Miladys Niebles y Saida Inés Niebles.

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Demandante: Rafael de Ávila y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Magdalena

6. El 8 de octubre de 2001, en el corregimiento de Nueva Venecia, en el
municipio de Sitionuevo, Magdalena, fueron encontrados los cadáveres de
los señores Wilder Rafael de Ávila Mejía, Agapito Gutiérrez Meléndez,
Gilberto Enrique Gutiérrez, Rafael Antonio Garizabalo Fernández y José Luis
Niebles González, quienes era pescadores y fueron víctimas de una
ejecución perpetrada por miembros de un grupo insurgente.

7. El 8 de octubre de 2003, los familiares de las víctimas directas
presentaron demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional – Policía Nacional, el extinto Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS), el municipio de Pueblo Viejo y el
departamento de Magdalena, con el propósito de que estos fuesen
declarados administrativamente responsables por la muerte de los señores
Wilder Rafael de Ávila Mejía, Agapito Gutiérrez Meléndez, Gilberto Enrique
Gutiérrez, Rafael Antonio Garizabalo Fernández y José Luis Niebles
González, por parte de un grupo subversivo, bajo el régimen subjetivo de
imputación de falla en el servicio.

8. La demanda fue admitida en auto del 1.° de diciembre de 2003 por el
Tribunal Administrativo del Magdalena. Sin embargo, luego el proceso fue
remitido, por competencia, al Juzgado Séptimo Administrativo de Santa
Marta que continuó con la actuación.

9. El 26 de abril de 2007, la parte actora presentó un escrito de
“corrección y adición” de la demanda, en el que se adjuntaron poderes de
nuevos demandantes y copias de registros civiles. En suma, la parte actora
quedó conformada así:

(i) Por el señor Wilder de Ávila Mejía: los señores Alejandro de Ávila Cantillo, Ramona
Padilla Berrio, Darwin de Ávila Padilla, Yiseth de Ávila Padilla, Amelsy de Ávila Mejía,
Elsy de Ávila Mejía, Jaunier de Ávila Mejía, Vilma Rosa de Ávila Mejía, Yaneth de
Ávila Mejía, Rafael Ángel de Ávila Mejía, Elizabeth de Ávila Mejía, Edgardo de Ávila
Mejía, Rosa Margarita Miranda Padilla y Juan Manuel Miranda Padilla.

(ii) Por el señor Agapito Gutiérrez Meléndez: María Bravo, Wilfrido Gutiérrez Bravo,
Nuriz María Gutiérrez Bravo, Aramis Gutiérrez Bravo, María Teresa Gutiérrez Bravo,
Armando Gutiérrez Bravo, Yenis María Gutiérrez Bravo y Rocío del Pilar Gutiérrez
Bravo.

(iii) Por el señor Gilberto Enrique Gutiérrez Garizabalo: Tomás Emilio Gutiérrez Pérez,
Gilma Garizabalo Mejía, Nuriz Gutiérrez Bravo, Jorge Luis Gutiérrez Gutiérrez, Ingrid
Gutiérrez Gutiérrez, Jhon Jairo Gutiérrez Gutiérrez, Mayelis Gutiérrez Gutiérrez y
Gilma María Gutiérrez Gutiérrez.

(iv) Por el señor Rafael Antonio Garizabalo Fernández: Rosa Elena Fernández
Parejo, Yaneris Machado Rodríguez, Bienvenida Garizabalo Fernández, Silfredo
Rafael Garizabalo Fernández, Yasmin Garizabalo Fernández, Aides Mercedes
Garizabalo Fernández, Elvira Garizabalo Fernández y Elvia Rosa Garizabalo
Fernández.

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Demandante: Rafael de Ávila y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Magdalena

(v) Por el señor José Luis Niebles González: Francia Elena González Meléndez,
Yamile Esther Rodríguez Nieves, Yulis Niebles Rodríguez, Angy Marcela Niebles
Rodríguez, Linda Rosa Niebles Rodríguez, Nayelis Tatiana Niebles Rodríguez,
Miladis Mercedes Niebles González, Saida Inés Niebles González.

10. Mediante auto de 6 de junio de 2007, el Juzgado Séptimo
Administrativo de Santa Marta admitió la adición de la demanda y continuó
con el proceso judicial.

11. En sentencia del 16 de marzo de 2017, el Juzgado Séptimo
Administrativo de Santa Marta concluyó que en el caso bajo examen hubo
una falla en el servicio por omisión del deber de proteccion y, en
consecuencia, decidió:

(i) declarar a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejercito
Nacional y Policía Nacional, administrativamente responsables por falla
en el servicio frente a la muerte de las víctimas directas, por los hechos
ocurridos el 8 de octubre de 2001 en el sector denominado “Ciénaga de
Contrabando”, en Santa Marta;

(ii) condenar a las entonces demandadas a pagarles a los
demandantes la suma de $3.991.547.299,74, a título de indemnización
por los perjuicios morales y materiales padecidos por la muerte de las
víctimas directas;

(iii) negar el reconocimiento de perjuicios a favor de los
demandantes Juan Manuel Miranda Padilla, Rosa Margarita Padilla,
Juan Manuel Miranda Padilla, Iris María Miranda Padilla, Mayelis
Gutiérrez Gutiérrez, Elvira Garizabalo y Elena Rosa Garizabalo
Fernández, por no haber acreditado en debida forma la legitimación en
la causa para actuar en el proceso.

12. Las partes apelaron la anterior decisión y, en segunda instancia, en
sentencia de 25 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo del Magdalena
decidió confirmar el numeral primero de fallo del a quo, pero declaró la
caducidad de la acción respecto de las personas que allegaron el poder con
el escrito de corrección o adición de la demanda2. Adicionalmente, el ad
quem declaró probada de oficio la falta de legitimación en la causa por activa
en relación con la señora Mayelis Dayana Gutiérrez Gutiérrez.

2 Por parte del señor Wilden de Ávila Mejía: Amelci de Ávila, Elsi de Ávila, Jaime Enrique de

Ávila, Vilma Rosa de Ávila, Yaneth de Ávila, Rafael de Ávila, Elizabeth María de Ávila y
Edgardo de Ávila Mejía. Por el señor Agapito Gutiérrez Meléndez: Rocío del Pilar Gutiérrez,
Aramis Gutiérrez, Nuris María Gutiérrez, María Teresa Gutiérrez, Armando Gutiérrez, Yenis
María Gutiérrez y Wilfrido Gutiérrez Bravo. Por el señor Gilberto Enrique Gutiérrez
Garizabalo: Gilma Garizabalo, Tomás Gutiérrez y Gilma María Gutiérrez. Por el señor
Rafael Antonio Garizabalo Fernández: Silfredo Garizabalo, Aides Mercedes Garizabalo,
Yasmin del Carmen Garizabalo, Elvia Rosa Garizabalo, Bienvenida Garizabalo, Elena
Garizabalo y Elvira Garizabalo. Por el señor José Luis Niebles: Francia Elena González,
Miladys Niebles y Saida Inés Niebles.

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1.4. Sustento de la vulneración

13. La parte actora señaló que la sentencia objeto de la censura incurrió
en los defectos por desconocimiento del precedente, procedimental por
exceso ritual manifiesto y fáctico.

14. En primer lugar, la parte actora reclamó que, tratándose de delitos de
lesa humanidad o en casos de graves violaciones a los derechos humanos,
no se contabiliza el término de caducidad de dos años, sino que la demanda
puede presentarse en cualquier tiempo, conforme se ha sostenido en las
sentencias del 17 de septiembre de 2013 y del 30 de abril de 2021, ambas
de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Asimismo,
mencionó los autos del 30 de marzo de 2017, exp. 2014-01449; 7 de febrero
de 2018, exp. 58805 y 28 de junio de 2019, exp. 61147, de la misma sección
de esta corporación.

15. Según los demandantes, el tribunal aplicó la tesis unificada de la
sentencia del 29 de enero de 2020, que contabiliza el término de dos años
de caducidad en todos los casos, incluyendo las graves violaciones de los
derechos humanos y los delitos de lesa humanidad. En este punto, el
apoderado resaltó que los demandantes formularon la demanda con la
confianza de que se tramitaría bajo las reglas jurisprudenciales que
imperaban en la época y no que sería fallada con una nueva postura
contraria.

16. Finalmente, argumentaron que la decisión acusada desconoció la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso
Órdenes Guerra vs Chile, que estableció que las acciones civiles son
imprescriptibles cuando se trata de la reclamación de reparaciones por
graves violaciones de los derechos humanos. En este punto, señalaron que
ese asunto era extensible a las demandas administrativas, como la que se
examinó por la autoridad accionada.

17. En segundo lugar, frente a la declaratoria de falta de legitimación en la
causa por activa de la señora Mayerlis Dayana Gutiérrez Gutiérrez, hija de la
víctima directa, Gilberto Enrique Gutiérrez Garizabalo, el apoderado
consideró que existió un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
pues si bien no se aportó la copia del registro civil de nacimiento, le
correspondía al juez de segunda instancia decretarla, en ejercicio de las
facultades oficiosas como director del proceso.

18. Además, consideró que el Tribunal Administrativo del Magdalena
debía tener en cuenta que en el momento en que se radicó la demanda, la
señora Mayerlis Dayana Gutiérrez era menor de edad, por lo que acudió
representada por la señora Nurys Gutiérrez Bravo, quien es la madre de ella.

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19. En el mismo sentido, existían las declaraciones de los testigos Ernes
Alfonso Pérez, Marcelina Isabel Mendoza, Luz Meris Garizabalo y Yamile
Esther Torregrosa Meléndez, que identificaron a la señora Mayerlis Dayana
Gutiérrez como hija de una de las víctimas directas. Esto significa que
también incurrió en un defecto fáctico porque existían elementos de juicio
que permitían inferir el parentesco.

1.5. Admisión de la demanda

20. El magistrado ponente de la primera instancia, mediante auto del 1.º
de febrero de 2023: i) admitió la demanda de tutela; ii) ordenó notificar a la
parte actora, así como a los magistrados del Tribunal Administrativo de
Magdalena, como autoridad judicial accionada y iii) vinculó, en calidad de
terceros con interés, al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Santa
Marta, autoridad judicial de primera instancia; a la Nación- Ministerio de
Defensa Nacional3- Policía Nacional y al Ejército Nacional, que fungieron
como demandados; y a los señores Alejandro de Ávila Cantillo, Ramona
Padilla Berrio, Darwis Herlay de Ávila Padilla, Yiseth Patricia de Ávila Padilla,
María Bravo, Emilio Gutiérrez, Gilma Garizabalo, Jorge Luis Gutiérrez
Gutiérrez, Ingris Gutiérrez Gutiérrez, Katis Lorena Gutiérrez Gutiérrez, Jhon
Jairo Gutiérrez Gutiérrez, Rosa Elena Fernández Parejo, Francia Elena
González Meléndez, Yamilis Esther Rodríguez Nievez, Yulis Paola Niebles
Rodriguez, Angie Marcela Niebles Rodríguez, Linda Rosa Niebles
Rodriguez, Bleidis Tatiana Niebles Rodríguez, Efraín José Niebles
Rodríguez, Nayelis Tatiana Niebles Rodríguez, que fueron parte
demandante en el proceso de reparación directa.

21. En segunda instancia del trámite de tutela, en auto del 2 de junio de
2023, la magistrada ponente explicó que revisada la demanda de tutela y la
actuación procesal, se observó que también fueron parte accionada dentro
del trámite de reparación directa: el Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS)4, el departamento de Magdalena y el municipio de Pueblo
Viejo, Magdalena, por lo que esas autoridades debían ser llamadas a esta
actuación, en calidad de terceras con interés.

3 En la primera instancia, el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)
compareció a través de su apoderado judicial, con el escrito de contestación de la demanda,
como se observa en la página 263 y siguientes del cuaderno 001, anexado al proceso de
tutela. Luego, en la misma instancia procesal, ante la inminente extinción de la entidad por
cuenta de la orden de supresión, mediante memorial del 12 de junio de 2014 (visible a folio
426 del cuaderno 001), el liquidador del DAS le solicitó al juez que tuviera como sucesor
procesal al Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional. Mediante auto del 26 de
noviembre de 2014, el Juzgado tercero Administrativo de Descongestión de Santa Marta,
admitió la sucesión procesal solicitada y dispuso que el Ministerio de Defensa Nacional –
Policía Nacional tomaría el proceso en el estado en el que se encontrara (folio 445 y ss del
cuaderno 001). En tal condición, el Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
presentó alegatos de conclusión en la primera instancia (vero folio 482 del cuaderno 001).
4 Entidad que fue suprimida por mandato del Decreto Ley 4057 de 2011.

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22. En conseuencia, se dispuso notificar de la existencia de la presente
acción a las entidades mencionadas y a las que asumieron las funciones del
extinto DAS, es decir, el Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional,
Fiscalía General de la Nación y Unidad Nacional de Protección (UNP).

1.6. Intervenciones

23. Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las
siguientes intervenciones:

Autoridad Síntesis de la respuesta
Tribunal El magistrado sustanciador del fallo cuestionado, en primer lugar,
Administrativo se opuso al amparo, esto porque consideró que no vulneró ningún
de Magdalena derecho fundamental, por el contrario, afirmó que el fallo se ajustó
a los hechos, las pruebas, las normas y la jurisprudencia aplicable.
En segundo lugar, aludió a los requisitos de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales y resaltó que es
excepcional, por lo que concluye que en este caso no se cumplen
los requisitos que habilitan el estudio de fondo del caso, pues a su
juicio, la parte actora pretende agotar una instancia adicional del
proceso de reparación directa.
En tercer lugar, frente al término de la caducidad, explicó que la
demanda se presentó dentro del plazo legal, esto es, el 8 de
octubre de 2003, un día antes de la fecha límite, dado que el
hecho dañoso fue el 8 de octubre de 2001. La solicitud de adición
y/o corrección de la demanda, que incluyó nuevas pretensiones y
actores, ocurrió el 26 de abril de 2007, cuando había vencido el
término legal, pues la fecha límite para que operara la caducidad
fue el 9 de octubre de 2003.
Como en el escrito de adición no se señaló ninguna situación
especial que le impidiera a los demandantes acudir a la
jurisdicción dentro del término preclusivo consagrado en la Ley, no
había razones para flexibilizar el estudio de la caducidad. De ahí
que la decisión censurada esté ajustada a derecho.
En cuarto lugar, frente a la declaratoria de la excepción de falta de
legitimación en la causa por activa de la señora Mayerlis Gutiérrez
Gutiérrez, explicó que se debió a la falencia probatoria, la cual no
podía ser suplida por la autoridad judicial porque afectaría el
equilibrio de las cargas procesales y se desdibujaría el principio de
imparcialidad, al acreditar de oficio presupuestos necesarios para
la prosperidad de pretensiones de contenido meramente
económico.
Ministerio de La apoderara de esa cartera solicitó que se negaran las
Defensa pretensiones de la demanda. En primer lugar, sostuvo que no se
Nacional acreditó la vulneración iusfundamental invocada y que no puede
utilizarse la acción de tutela como instancia judicial adicional del
proceso ordinario.
En segundo lugar, frente a la declaratoria de la excepción de
caducidad de la acción, consideró que tal determinación se ajustó
a la norma y jurisprudencia aplicables. Por lo que si la parte no
acudió ante los jueces dentro del término legal, debe aplicársele la
consecuencia procesal correspondiente prevista en los artículos
144 y 164 del Decreto 1 de 1984.
Juzgado El juez afirmó que se atiene a lo que decida esta corporación.
Octavo
Administrativo

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de Santa
Marta
Policía El jefe del Área Jurídica solicitó negar las pretensiones del amparo
Nacional ante la improcedencia de esta acción de tutela, pues no se
vislumbra la existencia de una vulneración a los derechos
fundamentales invocados. Después de trascribir apartes de la
decisión censurada, concluyó que estuvo ajustada a derecho.
Además, afirmó que al apoderado y a la señora Mayerlis Dayana
Gutiérrez Gutiérrez les correspondía aportar la prueba para
acreditar el parentesco con la víctima, conforme a lo normado en
el artículo 167 del C.C.A.
Finalmente, señaló que en este caso la acción es improcedente
porque no se acreditaron los elementos del perjuicio irremediable.
Departamento El apoderado de la Gobernación del Magdalena se opuso a las
del Magdalena pretensiones del amparo. Después describió las reglas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Finalmente, en el caso concreto, formuló la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no es la
encargada de otorgar lo pedido en esta actuación y pidió la
desvinculación de la entidad de este trámite.
Municipio de El jefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía se opuso a las
Pueblo Viejo pretensiones del amparo y formuló las excepciones de: (i) falta de
legitimación en la causa por pasiva, ya que la falla del servicio que
sustentó el medio de reparación directa se predicó de la Nación -
Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional. (ii) Falta de
jurisdicción y competencia pues “resulta evidente que la
jurisdicción contencioso administrativa carece de competencia
para conocer del presente litigio, pues se reitera que no es la
entidad que represento las que deba responder por los daños que
le fueron causados a los accionantes”. (iii) Inexistencia del nexo
causal de responsabilidad, ya que no hay prueba de que los
perjuicios reclamados hubieren sido causados por el ente
territorial. (iv) Hecho exclusivo y determinante de un tercero como
eximente de responsabilidad.
Unidad El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad se opuso a las
Nacional de pretensiones del amparo pues las funciones y objeto de la entidad
Protección no están relacionadas con lo que se persigue en esta acción.
Además, las pretensiones están dirigidas contra el Tribunal
Administrativo del Magdalena. De ahí que solicitara que se declare
la falta de legitimación en la causa por pasiva y se le desvincule
de la actuación.

1.7. Sentencia de primera instancia

24. Mediante sentencia del 6 de marzo de 2023, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado negó el amparo invocado. En
primer lugar, aludió a las reglas generales y específicas de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, hizo especial énfasis en los
defectos fáctico, procedimental por exceso ritual manifiesto y por
desconocimiento del precedente.

25. En segundo lugar, estableció que en este caso se cumplieron los
requisitos de procedencia de la acción porque el asunto guarda relevancia
constitucional, se accionó dentro de un plazo razonable, los accionantes no
cuentan con otro medio de defensa judicial, se plantearon de forma clara los

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hechos denunciados y los derechos reclamados, y la sentencia cuestionada
no fue proferida en el marco de un trámite de tutela.

26. En tercer lugar, frente al defecto fáctico y procedimental por exceso
ritual manifiesto porque no se decretó de oficio la prueba del registro civil de
nacimiento para demostrar el parentesco de la señora Mayelis Gutiérrez
Gutiérrez, con su padre, el señor Gilberto Enrique Gutiérrez Garizabalo, ni se
valoraron en debida forma las declaraciones obrantes en el expediente que
apuntaban a demostrar el vínculo. El juez de primera instancia concluyó que
el Tribunal Administrativo del Magdalena no podía decretar de oficio la
prueba aludida porque “se menoscabaría el equilibrio de las cargas
procesales y se desdibujaría el principio de imparcialidad del cual se
encuentra revestida la jurisdicción de lo contencioso administrativo, al
acreditar de oficio presupuestos necesarios para la prosperidad de
pretensiones de contenido meramente económico”. En consecuencia,
estableció que no se configuró el yerro endilgado.

27. En cuarto lugar, frente al desconocimiento del precedente por razón
de la contabilización del término de caducidad cuando se persigue la
reparación de daños causados por delitos de lesa humanidad o graves
violaciones de los derechos humanos, en este punto, el a quo prohijó la tesis
del juez ordinario, en el sentido de que la adición de los demandantes se
hizo por fuera del término de caducidad, pues

“el 8 de octubre de 2003, un día antes de la fecha límite para el ejercicio de la acción
de reparación, teniendo en cuenta que los actores conocieron de los hechos el 8 de
octubre de 2001. No obstante, advirtió que, en la fecha en que se radicó la solicitud
de corrección y/o adición de la demanda, es decir, el 26 de abril de 2007, se
incorporaron nuevos actores y se relacionaron otras pretensiones de carácter
económico; por lo que se trataba la solicitud estaba afectada por el fenómeno de
caducidad, pues se itera el plazo límite para que operara la caducidad feneció el 9 de
octubre de 2003”.

28. La primera instancia agregó que no se advirtió ninguna situación
especial que les hubiere impedido a los demandantes acudir antes a la
jurisdicción, por lo que no hay justificación para flexibilizar el término de
caducidad.

29. En este punto, reiteró la regla de decisión establecida en la sentencia
de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sala Plena de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, según la cual, el término de caducidad
empieza a correr desde el momento en que ocurrió el hecho dañoso o en su
defecto, desde la oportunidad que tuvo o debía tener la parte afectada de
conocer sobre el mismo, regla que aplica a todo tipo de pretensión sin
importar la situación que la originó.

30. En este caso, los demandantes conocieron de la muerte de los
señores Wilder Rafael de Ávila Mejía, Agapito Gutiérrez Meléndez, Gilberto
Enrique Gutiérrez, Rafael Antonio Garizabalo Fernández y José Luis Niebles

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González, por lo que debieron acudir al medio de control dentro de los dos
años siguientes, de ahí que no se configure el defecto endilgado.

1.8. Impugnación

31. La parte actora impugnó el anterior proveído. Después de transcribir
apartes de la sentencia recurrida, discrepó de la conclusión del a quo frente
al desconocimiento del precedente, porque consideró que se aplicó de forma
retroactiva la postura unificada del 29 de enero de 2020 de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, por lo que señaló que en el fallo de 30 de
abril de 2021, la Subsección B de la misma Sección, en un caso similar,
resaltó que cuando existe un cambio de postura jurisprudencial que afecta la
caducidad, esta no puede aplicarse de forma retroactiva.

32. En ese contexto, iteró que cuando se instauró la acción y se
adicionaron los actores y las pretensiones, el 26 de abril de 2007, imperaba
otra postura jurisprudencial, la cual admitía demandar en cualquier tiempo
cuando se trataba de crímenes de lesa humanidad o graves violaciones de
los derechos humanos. Además, reiteró las consideraciones que efectuó en
el escrito inicial sobre el caso Órdenes Guerra vs Chile de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.

33. En cuanto a los defectos fáctico y procedimental por exceso ritual
manifiesto reiteró que existían indicios en el expediente que permitían inferir
el parentesco entre la señora Mayerlis Dayana Gutiérrez Gutiérrez con la
víctima, el señor Gilberto Enrique Gutiérrez Garizabalo.

1.9 Trámite en segunda instancia

34. Sometido el proyecto de fallo a aprobación de la Sala de Decisión, no
se logró la mayoría necesaria para su aprobación por lo que se ordenó el
sorteo de un conjuez para dirimir el empate, siendo designado el doctor
Jesus Vall de Ruten Ruíz, quien participará en la adopción de la sentencia
de segunda instancia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

35. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por
la parte actora contra la sentencia del 6 de marzo de 2023, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de
conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política,
en el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 así como en el artículo 13 del
Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

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2.2. Cuestión previa

36. En el escrito de contestación del amparo, el municipio de Pueblo
Viejo, Magdalena, la Gobernación del Magdalena y la Unidad Nacional de
Protección afirmaron que no están legitimados en la causa por pasiva, en
tanto que no son la autoridad que se acusa de haber vulnerado los derechos
fundamentales ni tampoco tuvieron relación con los hechos que motivaron el
ejercicio de la acción de reparación directa.

37. Sin embargo, la petición será negada respecto de los entes
territoriales, porque Sala los vinculó a este trámite porque fueron parte
accionada dentro del proceso ordinario, por lo que si bien es cierto que no
son los llamados a otorgar la protección que se reclama respecto del
Tribunal Administrativo del Magdalena, también lo es que eventualmente,
podrían verse afectados con la decisión que aquí se profiera.

38. En cuanto a la solicitud de la Unidad Nacional de Protección, esta
corporación encuentra que en el trámite judicial ordinario, los intereses del
extinto DAS estuvieron representados por el Ministerio de Defensa Nacional
– Policía Nacional, que fue admitido como sucesor procesal del
Departamento Administrativo de Seguridad, por lo que tiene razón la entidad
en solicitar su desvinculación, en la medida que no tiene interés jurídico en
las resultas del proceso.

39. En consecuencia, se negarán las solicitudes de desvinculación del
trámite propuestas por el municipio de Pueblo Viejo, Magdalena y la
Gobernación del Magdalena; y se accederá respecto de la Unidad Nacional
de Protección.

2.3. Problemas jurídicos

40. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte
actora y las respectivas pretensiones elevadas, el material probatorio
recaudado y las intervenciones presentadas, en primer lugar, le corresponde
a la Sala determinar si ¿Se superan en este asunto los requisitos de
procedibilidad de la tutela?

41. En segundo lugar, de ser positiva la respuesta a la anterior pregunta,
la Sección debe establecer si ¿debe confirmarse, revocarse o modificarse la
decisión del a quo?

42. Para resolver esta cuestión jurídica, esta corporación debe estudiar si
es este caso ¿el Tribunal Administrativo del Magdalena incurrió en los
defectos fáctico y procedimental por exceso ritual manifiesto al haber
declarado probada la excepción de falta de legitimación por activa de la
señora Mayerlis Dayana Gutiérrez Gutiérrez por no allegar el registro civil de
nacimiento para acreditar el parentesco con la víctima? Y ¿el Tribunal

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Administrativo del Magdalena le vulneró los derechos fundamentales a la
parte actora al haberle aplicado el precedente unificado de la Sección
Tercera sobre caducidad de la acción?

43. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los
siguientes temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) los requisitos
de procedibilidad adjetiva; iii) las víctimas del conflicto armado como sujetos
de especial protección constitucional; iv) la caracterización de los defectos
invocados; y v) análisis del caso en concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

44. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio
de 20125 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre
el tema6 y declaró su procedencia.7

45. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como
parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes
requisitos: i) relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra
tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los
requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos
y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo
que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se
declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo
del asunto.

46. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo
impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya
la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12.,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñado.
7 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela

contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta
providencia.”

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2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

47. De acuerdo con la postura unificada del Consejo de Estado, la acción
de tutela contra providencias judiciales es de carácter excepcional8. Esto
quiere decir que la procedencia de este dispositivo está supeditada a que se
formule en clave de infracción de las garantías superiores de quien acude al
sistema de justicia. Por lo tanto, la intervención del juez constitucional no es
oficiosa, sino que está limitada al estudio de los yerros identificados en el
recurso de amparo9. Lo anterior encuentra fundamento en los principios del
juez natural, de cosa juzgada y de autonomía e independencia judicial10.

48. En este sentido, la Sección Quinta11 ha explicado que la revisión de
las decisiones judiciales en sede de tutela, implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección de la actuación impugnada12. De esta manera, la
actuación del juez constitucional está restringida a aquellos asuntos que
tengan como objeto interpretar, aplicar, desarrollar o fijar el alcance de un
derecho fundamental13. Dicho de otra manera, para que haya lugar a la
revisión de una providencia judicial, es preciso que se demuestre que esta
es incompatible con el ordenamiento superior14.

49. En las decisiones recientes de la Corte Constitucional se ha señalado
que la valoración del presupuesto de la relevancia constitucional también
exige que la autoridad judicial evalúe los hechos, la decisión cuestionada y el

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 31 de julio
de 2012, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
9 Corte Constitucional, SU-215 de 2022, T-267 de 2021, SU-131 de 2021, SU-573 de 2019,
SU-573 de 2017, T-458 de 2016 y C-590 de 2005.
10 Recientemente, en la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional refirió que el

requisito de la relevancia constitucional tiene tres finalidades: “i) preservar la competencia y
la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por
tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii)
restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que
afecten los derechos fundamentales y, finalmente, iii) impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces”.
11 La Sección Quinta ha acogido la postura reiterada de la Corte Constitucional en las

sentencias T-240 de 2022, SU-215 de 2022, T-140 de 2022, SU-134 de 2022, SU-131 de
2022, SU-103 de 2022, T-267 de 2021, SU-131 de 2021, SU-573 de 2019 y SU-573 de
2017.
12 Por ejemplo, la Sección Quinta declaró la improcedencia de la acción por no superar el

requisito de relevancia constitucional ya que el actor no propuso ningún debate jurídico en
torno a la trasgresión de algún derecho fundamental y lo que pretendía era someter
nuevamente a discusión lo que analizó el juez natural de la causa. Cfr. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022, Radicación: 11001-03-15-000-2022-03365-01.
13 Corte Constitucional, sentencias SU-215 de 2022, T-267 de 2021, SU-753 de 2019 y SU-

439 de 2017.
14 Corte Constitucional, sentencias T-240 de 2022, SU-215 de 2022, T-140 de 2022, SU-134

de 2022, SU-131 de 2022, SU-103 de 2022, T-267 de 2021, SU-131 de 2021, SU-573 de
2019 y SU-573 de 2017, entre otras.

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problema jurídico puesto a su consideración15. Esto para determinar si la
providencia censurada tiene la virtualidad de afectar de manera
desproporcionada las garantías superiores. Por lo anterior, están
descartadas aquellas cuestiones encaminadas a reabrir el debate judicial, a
una discusión meramente legal o de contenido patrimonial16.

50. A partir de los derroteros planteados por la Corte Constitucional en
fallos recientes y acogidos por la Sección Quinta del Consejo de Estado17, se
extrae que la acción de tutela contra providencias judiciales es excepcional y
procede ante la afectación desproporcionada de los derechos
fundamentales, por lo que se excluyen: (i) los argumentos que no se
encaminan a definir el alcance, contenido y goce de las garantías
iusfundamentales18; (ii) las pretensiones que son de contenido económico19;
(iii) las discusiones encaminadas a reabrir el trámite procesal o para agotar
una instancia judicial adicional20; (iv) los cuestionamientos dirigidos a discutir
aspectos legales21; y (v) cuando el recurso de amparo tiene origen en la
propia negligencia del accionante22.

51. En el caso bajo estudio, la Sala encuentra que la tutela cumple con
este requisito porque revisado el escrito inicial, la parte actora presentó una
fundamentación que permite inferir que el asunto está relacionado con la
satisfacción de derechos fundamentales, principalmente, el debido proceso y
el acceso a la administración de justicia, pues la decisión cuestionada
declaró probada la excepción de falta de legitimación por activa de la señora
Mayerli Dayana Gutiérrez Gutiérrez y la caducidad de la acción respecto de
los (nuevos) demandantes que acudieron al proceso el 26 de abril de 2007.
En principio, la Sección Quinta encuentra que ambos reproches suponen
que el juez de segunda instancia no estudió de fondo su petitum, aspecto
que impacta las garantías superiores ya identificadas.

52. Desde esta perspectiva, la postura garantista que reitera esta Sección
entiende que, ante este tipo de decisiones, los sujetos afectados ven
amenazadas sus garantías fundamentales. Esta hipótesis se refuerza
cuando en sede de amparo presenta un razonamiento encaminado a

15 Corte Constitucional, sentencias T-240 de 2022, SU-215 de 2022, T-140 de 2022, SU-134

de 2022, SU-131 de 2022, SU-103 de 2022, T-267 de 2021, SU-131 de 2021, SU-573 de
2019 y SU-573 de 2017, entre otras.
16 Corte constitucional, sentencias SU-215 de 2022, T-267 de 2021, SU-753 de 2019 y SU-

439 de 2017.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del

3 de noviembre de 2022, Rad. 11001-03-15-000-2022-05186-00.
18 Corte Constitucional, sentencias SU-215 de 2022, SU-103 de 2022, T-267 de 2021 y

SU573 de 2019.
19 Corte Constitucional, sentencias T-240 de 2022, SU-215 de 2022, SU-134 de 2022, SU-

103 de 2022, T-267 de 2021, SU-128 de 2021, SU-573 de 2019, entre otras.
20 Corte Constitucional, sentencias SU-134 de 2022, T-131 de 2022, SU-128 de 2021, T-131

de 2021 y SU-573 de 2019, entra otras.
21 Corte Constirucional, sentencias SU-215 de 2022, T-140 de 2022, SU-134 de 2022, T-131

de 2022, SU-103 de 2022, T-267 de 2021, SU-128 de 2021.
22 Corte Constirucional, sentencia SU-128 de 2021.

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demostrar el yerro en el que pudo incurrir la autoridad judicial. En suma, en
este caso, se plantea una discusión ius fundamental y se cumplió con el
requisito de la carga argumentativa mínima.

53. Además, debe tenerse en cuenta que, en este caso, la parte actora
perdió a sus familiares producto del conflicto armado interno que ha
atravesado el país desde el siglo pasado y fue por la omisión de protección
del Estado que se afectaron sus condiciones de vida, de ahí que, la Sala no
pase por alto el hecho de que se trata de víctimas que son sujetos de
especial protección constitucional.

54. Por lo anterior, la Sala concluye que en este caso se cumple el
requisito de la relevancia constitucional, en la medida que la controversia
expuesta gravita sobre la posible afectación de los derechos fundamentales
de los accionantes.

2.5.2. Tutela contra tutela

55. La Sala observa que no se trata de una tutela contra una decisión de
la misma naturaleza, ya que la providencia censurada fue proferida en
segunda instancia del proceso de reparación directa.

2.5.3. Inmediatez

56. En relación con el acatamiento del referido requisito, no se advierte
ningún reproche, en vista de que la providencia acusada fue proferida el 25
de mayo de 2022. La sentencia aludida se notificó por edicto que se fijó el 29
de julio de 2022 y se desfijó el 3 de agosto del mismo año. De este modo,
sin necesidad de verificar la ejecutoria del proveído censurado, se observa
que los accionantes interpusieron la acción de tutela el 31 de enero de 2023,
término que la Sala considera razonable para el ejercicio de la acción de
tutela contra providencia judicial.

57. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de
23
2014 en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado adoptó los criterios fijados por la Corte en la sentencia C-590 de
200524, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra
providencia judicial, y reiteró que seis meses es el término prudente para
acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen

23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de
agosto de 2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia
jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
24 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere

interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o
aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución
de conflictos.

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vulnerados con ocasión de providencias judiciales.

2.5.4. Subsidiariedad

58. En relación con los argumentos expuestos en el escrito de la
demanda, se acredita que la parte actora reclama la aplicación retroactiva
del precedente y los defectos fáctico y procedimental por exceso ritual
manifiesto, situaciones que no encajan en el marco del recurso
extraordinario de revisión del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. De ahí
que se concluya que la parte actora no cuenta con otro medio de defensa
judicial ordinario ni extraordinario para reclamar la protección de sus
derechos.

2.6. Caracterización de los defectos invocados

2.6.1 El defecto por desconocimiento del precedente

59. Este defecto encuentra su fundamento en el principio de igualdad, en
virtud del cual todas las personas tienen derecho a recibir un trato igual ante
la ley y por parte de las autoridades. Esto significa que, ante casos análogos,
deben proferirse decisiones similares, so pena de infringir la garantía
superior.

60. La Corte ha definido como precedente judicial: “la sentencia o el
conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia
y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente
considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”25.

61. Para esta corporación, existe desconocimiento del precedente
cuando se desconoce una regla decisional fijada para determinado caso
particular por un órgano de cierre de la respectiva jurisdicción o por la Corte
Constitucional en sede de control abstracto o de unificación de tutela. En
este caso, su vinculatoriedad atiende al principio de igualdad y limita la
autonomía de los jueces inferiores, a quienes les corresponde seguir la
postura de las altas cortes26.

62. La Corte Constitucional ha fijado los criterios que deben consultarse
al momento de estudiar la causal de desconocimiento del precedente, así:
“(i) establecer si existe un precedente aplicable al caso concreto y distinguir
las reglas decisionales; ii) comprobar que dicho precedente debía aplicarse
so pena de desconocer el principio de igualdad; iii) verificar si el juez expuso
razones fundadas para apartarse del precedente -ya sea por diferencias
fácticas o por considerar que existía una interpretación más armónica y

25 Cfr. Sentencia SU-053 de 2015.
26 Cfr. Sentencia SU-035 de 2018 y SU-354 de 2017.

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favorable de cara a los principios constitucionales y los derechos
fundamentales, de acuerdo con el principio pro homine-27”.

63. En síntesis, para que se configure el defecto por desconocimiento del
precedente debe existir una regla de decisión de un órgano de cierre en la
respectiva jurisdicción o de la Corte Constitucional en sede de
constitucionalidad o de unificación de tutela, que resolvió un caso con
supuestos fácticos y jurídicos iguales, y que el juez natural se haya apartado
sin justificación válida.

2.6.2. Defecto fáctico y su concurrencia con el yerro procedimental por
exceso ritual manifiesto

64. El defecto fáctico se ha entendido como la ausencia de respaldo
probatorio que sustente una decisión judicial. La jurisprudencia ha entendido
que este yerro comporta dos dimensiones: una positiva, que se configura,
por ejemplo, cuando existiendo las pruebas dentro del proceso, el juez las
valora de forma inadecuada y, otra negativa, que se presenta en, al menos,
dos escenarios: i) cuando no se decretan las pruebas esenciales para
formar un juicio sobre la realidad del caso; y ii) cuando se omite valorar la
prueba que obra en el expediente, entre otras situaciones, dejando de lado
una realidad que resultaba determinante en la providencia adoptada28.

65. Teniendo en cuenta que en este caso, la parte actora reprochó que el
juez ordinario no hubiere decretado la prueba necesaria y pertinente para
acreditar el parentesco de la señora Mayerli Dayana Gutiérrez Gutiérrez y
no le diera valor probatorio a los indicios que daban cuenta de que ella era
la hija de una de las víctimas directas, la Sala, en primer lugar, aludirá a la
jurisprudencia sobre el defecto fáctico en la dimensión negativa y después al
yerro procedimental por exceso ritual manifiesto en clave de valoración
probatoria.

66. Desde sus inicios la Corte Constitucional29 ha insistido en que es
necesario que los jueces cuenten con el respaldo probatorio suficiente para
alcanzar la verdad real en los asuntos bajo su conocimiento, esto como
garantía del debido proceso y el acceso a la administración de justicia.

67. Tal postura se ha mantenido hasta tiempos recientes, por ejemplo, en la
sentencia SU-129 de 2021,30 el tribunal constitucional insistió en que se
configura un defecto fáctico cuando el juez niega un derecho “con el
argumento de que el enunciado descriptivo no ha sido probado por la parte

27 Corte Constitucional, sentencias T-153 de 2015 y T-146 de 2014.
28 Corte Constitucional, Sentencias SU-050 de 2018, SU-649, SU-573 y SU-210 de 2017, T-

241 de 2016, T-734 y T-261 de 2013, T-1100, T-628 y T-360 de 2011, T-078 de 2010, T-747
de 2009, T-458 y T-162 de 2007, T-902 de 2005 y T-814 de 1999.
29 Corte Constitucional, Sentencias T-526 de 2001, T-488 de 1999 y T-393 de 1994.
30 Corte Constitucional, sentencia SU-129 de 2021 (MP Jorge Enrique Ibáñez Najar).

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a quien corresponde la respectiva carga, sin hacer uso de las competencias
probatorias oficiosas”.

68. En el mismo fallo, sobre la carga de la prueba señaló que si bien, por
regla general, le corresponde a las partes arrimar los elementos probatorios
necesarios, pertinentes y suficientes para probar su dicho; también es cierto
que, de “manera subsidiaria y siempre que las partes no logren aportar los
elementos necesarios para resolver de fondo el litigio, deberá el juez hacer
uso de sus poderes oficioso”. Según la Corte, esa situación debe verificarse
en cada caso concreto. Tal postura fue reiterada en la sentencia SU-062 de
2023.

69. Ahora bien, desde la década de los noventa, el órgano de cierre de la
jurisdicción constitucional ha aludido al esquema del procedimiento
contencioso administrativo (aún en vigencia del Decreto 1 de 1984) y, en
ese escenario, ha sostenido que les corresponde a las partes solicitar las
pruebas que respaldan su dicho y, al juez, como director del proceso,
“decretar de oficio aquellas que estime necesarias para dirimir el conflicto
puesto a su consideración”31. Esto último porque la jurisprudencia32 ha
entendido que, desde la Constitución de 1991, las autoridades judiciales
adquirieron un rol dinámico que les permite ejercer los poderes legales que
les fueron entregados para lograr la justicia, como fin estatal y razón de ser
del sistema judicial33.

70. El órgano de cierre de la jurisdicción constitucional en distintas
decisiones34 ha reprochado que los jueces no desplieguen la actividad
probatoria suficiente para alcanzar la verdad real, lo cual pasa por la
omisión en el decreto y/o práctica de las pruebas fundamentales para
decidir un caso.

71. Por ejemplo, en la sentencia T-817 de 2012, la Corte Constitucional
estudió una acción de tutela contra una providencia judicial proferida en el
marco de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en la que se
pretendía obtener una sustitución pensional, pero fue negada porque no
obraba el registro civil de matrimonio de la peticionaria con el causante y el
juez administrativo no la decretó de oficio. En esa oportunidad, se consideró
que existió un:

“defecto por exceso ritual manifiesto (el cual tiene relación directa con el defecto
fáctico que alega el actor), al dejar de hacer uso de la facultad que les otorga la

31 Corte Constitucional, Sentencia SU-268 de 2019.
32 Corte Constitucional, Sentencia T-407 de 2017.
33 Corte Constitucional, Sentencias SU-768 de 2014 y SU-268 de 2019. En la sentencia SU-

573 de 2017, la Corte se estudió una acción de tutela de una persona que fue excluida de
recibir una herencia por no haber acreditado el parentesco con el heredero. En esa
oportunidad, se reprochó la conducta del juez ordinario por haberle dado prevalencia a las
normas procesales sobre lo sustancial y no haber decretado de oficio la prueba necesaria
para adoptar la decisión.
34 Corte Constitucional, Sentencias T-488 de 1999, T-526 de 2001, SU-132 de 2002,

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norma procesal para decretar la prueba de oficio solicitando la aportación del
respectivo registro civil de matrimonio, con el fin de establecer si la señora Clara
Nancy Herrera en verdad figura como cónyuge del causante José Antonio Cárdenas
Pachón para, a partir de la información obtenida, proveer el fondo del asunto con
mayores elementos de juicio”.

72. En el mismo sentido, en la sentencia SU-768 de 2014 la Corte
precisó que el decreto oficioso de pruebas no es una mera liberalidad del
juez, sino “un verdadero deber legal” y, en ese contexto, le corresponde
hacerlo:

“(i) cuando a partir de los hechos narrados por las partes y de los medios de prueba
que estas pretendan hacer valer, surja en el funcionario la necesidad de esclarecer
espacios oscuros de la controversia; (ii) cuando la ley le marque un claro derrotero a
seguir; o (iii) cuando existan fundadas razones para considerar que su inactividad
puede apartar su decisión del sendero de la justicia material; (iv) cuidándose, en todo
caso, de no promover con ello la negligencia o mala fe de las partes”.

73. En el fallo T-339 de 2015, la Corte conoció de un caso en que se
negaron las pretensiones de una acción de reparación directa por la muerte
de un soldado profesional, pese a haberse demostrado la falla en el servicio,
porque no se aportó el registro civil de nacimiento para acreditar el parentesco
entre la parte actora y la víctima.

74. En ese caso se advirtió que, si bien las autoridades judiciales no
tienen el deber de sumir las cargas procesales de las partes, en su rol de
directores del proceso “están en la obligación de adoptar las medidas que
consideren necesarias para lograr el esclarecimiento de los hechos, eliminar
los obstáculos que les impidan llegar a decisiones de fondo, y decretar las
pruebas de oficio que consideren necesarias, tanto en primera como en
segunda instancia”35.

75. En esa ocasión, se concluyó que la Sección Tercera incurrió en un
exceso ritual manifiesto en concurrencia con el defecto fáctico por no haber
decretado de oficio la copia del registro civil que acreditaba el parentesco.
En consecuencia, concedió la protección de los derechos fundamentales
invocados, dejó sin efecto la sentencia impugnada y le ordenó al juez proferir
una nueva decisión, previo decreto de la prueba.

76. En síntesis, la jurisprudencia ha identificado que los jueces incurren en
un defecto fáctico cuando en un asunto específico el juez omite decretar las
pruebas que resultaban determinantes para resolver el caso, dando lugar a
una decisión que no se atempera con la verdad real y, por ende, infringe los
principios del debido proceso y a la justicia material.

77. Ahora bien, el defecto por exceso ritual manifiesto se ha descrito como
el escenario en que el juez actúa con apego irrestricto a las formas
procesales, dejando de lado la prevalencia de los aspectos sustanciales,

35 Un análisis similar se efectuó en la sentencia T-407 de 2017.

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que a la postre termina por entorpecer la realización de los derechos al
debido proceso, de acceso a la justicia y a la justicia material. En este
sentido, la Corte Constitucional ha sostenido que el sistema procesal “no
puede utilizarse como una razón válida para negar la satisfacción de tales
prerrogativas, en la medida que la existencia de las reglas procesales se
justifica a partir del contenido material que propenden”36.

78. En la sentencia T-926 de 2014, se estudió un recurso de amparo
contra una providencia judicial proferida al interior de un proceso de
reparación directa adelantado contra la Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional, con ocasión de una ejecución extrajudicial. Los jueces
ordinarios habían declarado la falta de legitimación en la causa por activa de
algunos de los accionantes porque no se aportó el registro civil de
nacimiento de la víctima, por lo que no se pudo demostrar el parentesco con
sus padres y sus hermanos.

79. En ese caso, se concluyó que el defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto se configura cuando, a pesar de la incertidumbre sobre
determinados hechos definitivos para la decisión judicial y cuya ocurrencia
se infiere razonablemente del acervo probatorio, el juez omite decretar
oficiosamente las pruebas que podrían conducir a su demostración.

80. En tal sentido, se estableció que el juez cuenta con el deber de
aligerar algunos pesos probatorios o aplicar el dinamismo de la carga
probatoria con el fin de reparar integralmente a las víctimas de los daños
causados por responsabilidad del Estado, más aún, en situaciones de
violaciones a los derechos humanos. Entonces, la Corte concluyó que la
providencia cuestionada incurrió en un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto y vinculado con un defecto fáctico en su dimensión negativa,
porque no decretó oficiosamente la incorporación al proceso del registro civil
de la víctima directa, a pesar de que en el expediente había indicios de que
era familiar de los demandantes.

81. Después, en el fallo SU-355 de 2017, la corte revisó una acción de
tutela interpuesta contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
por la muerte de persona en manos de guerrilleros cuando estaba bajo
custodia de la Policía Nacional. En segunda instancia, el Consejo de Estado
consideró que el daño no se había demostrado, pues no se aportó el registro
civil de defunción para probar el fallecimiento de la víctima.

82. El tribunal constitucional consideró que se incurrió en los defectos
procedimental por exceso ritual manifiesto y fáctico pues no se atendió al
material probatorio restante que probaba el fallecimiento de la víctima y se
omitió el decreto oficioso de la prueba requerida para tener certeza del
hecho. Por tanto, se concluyó que, con esa aplicación excesivamente

36 Sentencia SU-268 de 2019 y SU-061 de 2018.

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rigurosa de aquella exigencia formal, la autoridad judicial renunció a la
verdad objetiva y a la efectividad del derecho sustancial, haciendo
prevalecer lo procedimental como fin en sí mismo.

83. En suma, el máximo tribunal constitucional ha identificado que se
incurre en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, susceptible
de ser corregido por el juez de tutela37, siempre que: “(i) que no haya
posibilidad de corregir la irregularidad; (ii) que el yerro tenga incidencia en la
decisión; (iii) que se haya alegado en el proceso y (iv) que implique la
vulneración de derechos fundamentales”38.

84. En ese contexto, se ha entendido que existen situaciones donde
concurren los defectos fácticos en su dimensión negativa y procedimental
por exceso rigor manifiesto39, cuando el juez:

(i) no le otorga valor probatorio a un documento aportado en copia
simple que fue conocido y no controvertido por la contraparte;
(ii) cuando no solicita de oficio las copias originales o auténticas de los
documentos allegados en copia simple;

(iii) cuando no decreta ni practica las pruebas que fueron pedidas o
insinuadas al interior del trámite o que se necesitan para llegar a la
verdad real de los hechos.40

85. En conclusión, aun cuando las partes deben cumplir las cargas
procesales de aportar y solicitar las pruebas que respaldan sus
pretensiones, no es menos cierto que el rol de juez ordinario como director
del proceso, en últimas, es garantizar la justicia material de los usuarios del
sistema, de ahí que deba dar prevalencia al derecho sustancial sobre el
formal y, en determinados casos, como en la acción de reparación directa,
decretar de oficio las pruebas que considere necesarias y pertinentes para
emitir la decisión que corresponda.

2.7. Caso concreto

2.7.1. La decisión del Tribunal Administrativo del Magdalena no vulneró
el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de la
parte actora al declarar probada la excepción de caducidad de la acción

86. En el presente caso, la parte actora reclamó que, en segunda instancia,
la sentencia del 22 de mayo de 2022 del Tribunal Administrativo del

37 Sentencia SU-573 de 2017.
38 Sentencias SU-268 de 2019, reiterando lo expuesto en las sentencias SU-535 de 2016, T-

599 de 2009, T-737 de 2007, C-590 de 2005 y SU-159 de 2002.
39 Cfr. Sentencias SU-268 de 2019, SU-061 de 2018, SU-573 de 2017, SU-636 de 2016, T-

535 de 2015, T-104 de 2014, T-599 y T-264 de 2009,
40 Cfr. Sentencia SU-636 de 2015.

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Magdalena declaró probada la excepción de caducidad de la acción de
reparación directa respecto de las personas que, el 26 de abril de 2007,
fueron adicionadas como parte actora en aquel proceso.

87. Sobre el particular, la sentencia cuestionada explicó que en los
procesos ordinarios la parte actora puede corregir y/o adicionar la demanda,
sin embargo, es necesario verificar que esta cumpla el requisito de la
caducidad, incluso de las pretensiones. En ese contexto, concluyó lo
siguiente:

“[en el sub lite se radicó ante la corporación solicitud de corrección y/o aditivo del
libelo, vale remembrar, 26 de abril de 2007, esto es, por fuera del máximo plazo para
incorporar la acción contenciosa que lo era en calendada del 09 de octubre de 2003
en la que la parte actora – se itera- radicó escrito señalando nuevos actores y
relaciona además otras pretensiones de carácter económico de tal guisa que por la
circunstancia palmar referida se denota la configuración del referido término extintivo
de la acción (caducidad) el que se deberá declarar probado en forma oficiosa (…)”
(texto original de la sentencia acusada, puede tener errores).

88. La parte actora afirmó que actuó bajo la convicción de que la postura
jurisprudencial que imperaba en la época en que se presentó la adición y/o
corrección de la demanda de reparación directa, admitía presentarla en
cualquier tiempo, más allá del plazo de los dos años de caducidad, cuando
se trataba de graves violaciones de los derechos humanos o delitos de lesa
humanidad, conforme se ha sostenido en las sentencias del 17 de
septiembre de 2013 y del 30 de abril de 2021, ambas de la Subsección C de
la Sección Tercera del Consejo de Estado. Asimismo, mencionó los autos
del 30 de marzo de 2017, exp. 2014-01449; 7 de febrero de 2018, exp.
58805 y 28 de junio de 2019, exp. 61147, de la misma sección de esta
corporación.

89. En ese contexto, los demandantes consideraron que el tribunal vulneró
sus derechos fundamentales cuando aplicó de forma retroactiva el
precedente unificado de la sentencia del 29 de enero de 2020, que
contabiliza el término de dos años de caducidad en todos los casos,
incluyendo las graves violaciones de los derechos humanos y los delitos de
lesa humanidad, puesto que los demandantes formularon la demanda con la
confianza de que esta se tramitaría bajo las reglas jurisprudenciales que
imperaban en la época y no que sería fallada con una nueva postura
contraria.

90. Finalmente, argumentaron que la decisión acusada desconoció la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso
Órdenes Guerra vs Chile, que estableció que las acciones civiles son
imprescriptibles cuando se trata de la reclamación de reparaciones por
graves violaciones de los derechos humanos. En este punto, señalaron que
ese asunto era extensible a las demandas administrativas, como la que se
examinó por la autoridad accionada.

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91. Frente a lo anterior, la Sala encuentra que el Tribunal Administrativo del
Magdalena41, consideró lo siguiente:

Ahora bien, a partir del estudio de la Sentencia de Unificación de 29 de enero de
2020, proferida por el Consejo de Estado, se ratifica que es necesario el conocimiento
de la conducta dañosa por parte de los afectados para poder ejercer debidamente su
derecho a acudir ante la administración de justicia.

Dicho de otro modo, de conformidad con la actual tesis de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, incluso tratándose de asuntos de reparación directa por delitos de
lesa humanidad o de crímenes de guerra, si los interesados estaban en condiciones
de inferir que el Estado estuvo implicado en la acción u omisión causante del daño y
que le era imputable el daño y, pese a ello no acudió a esta jurisdicción, el juez de lo
contencioso administrativo debe declarar que el derecho de acción no se ejerció en
tiempo.

A partir de lo anterior, cuando se este frente a una demanda de reparación directa, el
término de caducidad empieza a correr desde el momento en que ocurrió el hecho
dañoso o en su defecto, desde la oportunidad que tuvo o debía tener la parte
afectada de conocer sobre el mismo, regla que aplica a todo tipo de pretensión sin
importa la situación que la originó.

92. En este punto, es preciso señalar que en el presente caso, los
demandantes reconocen que el término de caducidad puede flexibilizarse
atendiendo a las condiciones particulares de quien acciona, es decir, que se
demuestre que se encontraban en una situación que les impedía hacerlo
bajo los plazos legales ordinarios.

41 En este sentido, la sentencia acusada afirma que: Así pues, es palmar de las
declaraciones que anteceden, que no solo era manifiesta la existencia de un grupo
delincuencial en los corregimientos, zonas terrestres y acuáticas adyacentes a la Ciénaga
Grande de Santa Marta sino además el amplio conocimiento que las autoridades, policivas,
militares y políticas poseían de ese hecho y la eventual permisibilidad, que especialmente
tenían las mismas frente a las transgresiones a la población civil por parte del grupo
insurgente máxime si se considera que con antelación a los execrables hechos que se
examinan va había acaecido dos masacres en el mismo entorno, vale remembrar, la de
Nueva Venecia y las de Trojas de Cataca (…) En virtud de lo anterior, colige esta Sala de
las pruebas allegadas al plenario, que en el asunto sub iuris las entidades demandas
incumplieron abiertamente los deberes de vigilancia y protección que el Estado, que en
aplicación del reseñado principio de planeación, tenían sobre la población continental,
palafítica y de otro orden existente en la zona, habida cuenta que no solo tenían abierto
conocimiento de la presencia de fuerzas paraestatales en ese sitio bien que se les llame
paramilitar, guerrillera o delincuencia común, máxime si se considera que con antelación va
habían ocurrido dos masacres en la zona en comento.
En efecto, en calenda del 22 de noviembre había acaecido en la misma zona del Magdalena
una reprochable masacre por parte de un grupo armado insurgente, en la que perdieron la
vida más de cuarenta (40)personas y fueron desplazados muchos pobladores del
prenombrado territorio incluso tan execrables e infames hechos tuvo conocimiento al
colegiatura por virtud de actuación contenciosa promovida ante esta instancia y definida
mediante interlocutorio de calenda doce (12) de octubre de dos mil once (2011), M.P. LUIS
ERNESTO ARCINIEGAS TRIANA confirmatorio del fallo en que se declaró administrativa y
patrimonialmente responsable a las mismas entidades ahora demandadas, por los
precitados hechos acaecidos el 2 de septiembre del 20 en el Corregimiento de Nueva
Venecia -Magdalena. Señaló el Tribunal en la mencionada providencia: (…) Conforme a lo
expuesto, evidencia la Sala que las autoridades accionadas podían precaver con suficiente
antelación otra incursión de algún grupo delincuencial o paraestatal que pusiera en riesgo a
poblaciones inermes y sin ninguna presencia estatal en materia de seguridad y por ello
surge con mayores veras irrefragable la consideración de existir responsabilidad por omisión
a la posición de garante e institucional asignada por la Constitución y la Ley”.

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93. Sin embargo, en este caso, ellos no acreditaron que se encontraran
en una situación excepcional o extraordinaria que les impidiera acudir ante
los jueces administrativos dentro del plazo legal, tal como lo hicieron los
otros demandantes, por lo que tal conclusión, no desconoce el precedente ni
menos los derechos fundamentales reclamados.

94. Si bien es cierto que los demandantes reprochan que el Tribunal
Administrativo del Magdalena debió analizar el término de caducidad de la
adición y/o corrección de la demanda presentada el 26 de abril de 2007, con
base en la jurisprudencia que imperaba en esa época y desde la perspectiva
de las víctimas de delitos de lesa humanidad o graves violaciones de los
derechos humanos, lo cierto es que, incluso, la postura jurisprudencial
unificada del 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, permite flexibilizar el término de caducidad, cuando se acredita una
situación excepcional, la cual no se demostró en este caso42.

95. En consecuencia, la Sección no encuentra configurado el defecto por
desconocimiento del precedente invocado.

2.7.2. El Tribunal Administrativo del Magdalena incurrió en un defecto
fáctico en concurrencia con el yerro procedimental por exceso ritual
manifiesto

96. La parte actora reprochó la declaratoria de falta de legitimación en la
causa por activa de la señora Mayerlis Dayana Gutiérrez Gutiérrez, hija de la
víctima directa, Gilberto Enrique Gutiérrez Garizabalo. En este punto, el
reproche se sustentó en dos situaciones:

(i) existió un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, pues
si bien no se aportó la copia del registro civil de nacimiento, al juez
de segunda instancia le correspondía decretarla, en ejercicio de
las facultades oficiosas como director del proceso; y

(ii) el Tribunal Administrativo del Magdalena incurrió en un defecto
fáctico porque existían las declaraciones de los testigos que

42 En un caso similar, la Sección Tercera. Subsección B, dentro del expediente de tutela
11001-03-15-000-2020-04068-01, señaló que “[n]o sería lógico que al momento de
presentarse la demanda el usuario de la administración de justicia, habiendo puesto su
confianza, desde un punto de vista histórico, en un criterio jurisprudencial que lo conducía
plausiblemente a determinar la manera correcta de reclamar sus derechos vulnerados ante
la administración de justicia, posteriormente resulte que dicho criterio ha sido modificado por
esa misma autoridad judicial y el mencionado usuario afectado -al hacer el cambio de
velocidad jurisprudencial- quedaría asaltado en su buena fe y se le cercenaría, sobretodo, el
libre acceso a la administración de justicia, ya que el juez, al amparo del nuevo criterio
procesal, se inhibiría de fallar de fondo el litigio puesto a su consideración o negaría las
pretensiones en atención al nuevo criterio procesal.(…) Huelga aclarar que en estos casos,
valga decir, cuando los cambios jurisprudenciales se refieren a asuntos del orden procesal,
la discusión sobre derechos de raigambre constitucional como la buena fe, el debido proceso
y el acceso a la administración de justicia recobra mayor sentido.”

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identificaron a la señora Mayerlis Dayana Gutiérrez como hija de
una de las víctimas directas. Esto significa que también incurrió en
un defecto fáctico porque existían elementos de juicio que
permitían inferir el parentesco.

97. En la sentencia de 25 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo del
Magdalena estableció que:

“Así las cosas, y descendiendo al busilis del asunto, se advierte que la señora
MAYERLIS DAYANA GUTIÉRREZ no allegó al proceso el respectivo registro civil de
nacimiento para acreditar el parentesco con el señor GILBERTO ENRIQUE
GUTIÉRREZ GARIZABALO, razón por la cual, habrá lugar a declarar configurada la
falta de legitimación en la causa por activa”

98. La Sala observa que, en atención a la jurisprudencia aludida en el
capítulo sobre el defecto fáctico en concurrencia con el yerro procedimental
absoluto por exceso ritual manifiesto, las partes tienen la carga de aportar o
solicitar las pruebas que respaldan su dicho. No obstante, también se ha
sostenido que, en subsidio, bajo circunstancias particulares, se activa el
deber del juez como director del proceso es decretar las pruebas que estime
necesarias para dilucidar la verdad real.

99. En este caso, el apoderado de la señora Mayerlis Dayana Gutiérrez
Gutiérrez no aportó la copia del registro civil de nacimiento y tampoco lo
solicitó. Es decir, la parte incumplió con la carga procesal de aportar o
solicitar la prueba que respaldaba su pretensión indemnizatoria.

100. Sin embargo, la Sala no pierde de vista dos circunstancias especiales
que, en este caso concreto, activan el deber del decreto oficioso de pruebas
por parte del juez: la primera porque la señora Mayerlis Dayana Gutiérrez
Gutiérrez en el momento en que se presentó la acción de reparación directa
era menor de edad, por lo que acudió al proceso, representada por su
progenitora, de ahí que resulte desproporcionado endilgársele la falta de
defensa técnica de su representante legal para agenciar sus intereses. La
segunda porque la ciudadana es víctima del conflicto armado interno al
haber perdido a su padre en el contexto del mismo, por lo que debe
flexibilizarse la exigencia a la luz de la jurisprudencia constitucional.

101. En efecto, de conformidad con la Corte Constitucional43 y según lo
establece el artículo 213 de la Ley 1437 de 2011, el juez de lo contencioso
administrativo cuenta con facultades oficiosas para el decreto de pruebas de
oficio “cuando el proceso esté para sentencia en cualquiera de las
instancias, mediante auto de mejor proveer, con el fin de esclarecer
puntos oscuros o difusos del debate”44 (Negrillas fuera del texto), como
efectivamente existían en este proceso ordinario.

43 Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, Sentencia T-113 del 22.03.19. M.P. José

Fernando Reyes Cuartas.
44 Ibidem.

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102. Lo anterior sumado al hecho de que había declaraciones rendidas
ante el juez comisionado, esto es el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal
de Ciénaga, donde los señores Enes Alfonso Pérez García, Marcelina
Mendoza Cadena, Luz Meris Garizabalo Camacho y Yamile Ester
Torregroza Meléndez identificaron a la señora Dayana Mayerlis como hija de
la víctima directa. Los testimonios aludidos constituían un indicio del vínculo
de parentesco. Una razón más para que el Tribunal decretara la prueba y
corroborará la información declarada.

103. En consecuencia, el Tribunal Administrativo incurrió en un exceso
ritual manifiesto en concurrencia con el defecto fáctico, por lo que el cargo
endilgado a la sentencia del 25 de mayo de 2022, prospera.

2.7.3 Conclusiones

104. En primer lugar, la Sala ordenará la desvinculación del trámite de la
Unidad Nacional de Protección. En segundo lugar, se negará la solicitud de
desvinculación del asunto solicitada por la la Alcaldía de Pueblo Viejo,
Magdalena, y la Gobernación del Magdalena.

105. En tercer lugar, con fundamento en los argumentos expuestos en los
párrafos precedentes, se revocará la sentencia de primera instancia que
negó el amparo invocado, en su lugar, se concederá la protección de los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia de la parte actora.

106. En consecuencia, se dejará sin efecto el numeral tercero de la
sentencia del 25 de mayo de 2022 del Tribunal Administrativo del Magdalena
y se le ordenará a dicha autoridad judicial que decrete la prueba idónea para
determinar el parentesco entre la señora Mayerlis Dayana Gutiérrez
Gutiérrez y la víctima directa, Gilberto Enrique Gutiérrez Garizabalo, una vez
surtido lo anterior, profiera una providencia aditiva en la que se tenga en
cuenta dicho elemento probatorio. Esto, al interior del proceso de reparación
directa con radicado n.° 05001-23-31-000-2007-03245-01, de acuerdo con la
parte motiva del presente fallo.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DESVINCULAR del proceso de la referencia a la Unidad
Nacional de Protección, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

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SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación del trámite propuestas
por el municipio de Pueblo Viejo, Magdalena y la Gobernación del
Magdalena.

TERCERO: REVOCAR la sentencia de primera instancia del 6 de marzo de
2023, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado que negó la acción de tutela de la referencia y, en su lugar,
CONCEDER la protección de los derechos fundamentales invocados por la
parte actora, al haberse configurado el yerro procedimental por exceso ritual
manifiesto en concurrencia con el defecto fáctico, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: DEJAR sin efecto el numeral tercero de la sentencia del 25 de
mayo de 2022 proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo
del Magdalena, proferida dentro del proceso de reparación directa No.
05001-23-31-000-2007-03245-01. En consecuencia, ORDENAR a la referida
autoridad judicial que decrete la prueba idónea para acreditar el parentesco
entre la señora Mayerlis Dayana Gutiérrez. Una vez cumplido lo anterior,
deberá proferirse una sentencia aditiva dentro de los treinta (30) días
siguientes a la ejecutoria de esta decisión, conforme a los parámetros
señalados en la parte motiva de este proveído.

QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

SEXTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Salva voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

Salva voto
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

27
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www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-000377-01
Demandante: Rafael de Ávila y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Magdalena

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ
Conjuez

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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