Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00387-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00387-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00387-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
29 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00387-00
Actora: Ángela María Estupiñán Araújo
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros1
Temas: Derecho fundamental al debido proceso/alcance
Derecho fundamental de petición/alcance
Derecho fundamental al acceso a cargos públicos/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso; ii) petición y iii) acceso
a cargos públicos
Derecho Fundamental Amparado: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la actora contra la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial y la Universidad Nacional de Colombia.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en forma digital.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00387-00
Actora: Ángela María Estupiñán Araújo
ANTECEDENTES
La solicitud
1. Ángela María Estupiñán Araújo, en nombre propio, presentó solicitud de tutela
contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, porque,
a su juicio, i) la Unidad de Administración de Carrera Judicial, al expedir las
Resoluciones núms. CJR22-0351 de 1.° de septiembre de 20222 y CJR23-0029 de
16 de enero de 20233; y ii) la Universidad Nacional de Colombia, al: i) haberle
asignado un puntaje que no correspondía respecto de las pruebas realizadas
dentro del respectivo concurso de méritos; y ii) al no resolver de fondo “[…] de
manera concreta, congruente y motivada los reparos efectuados a cada una de las
preguntas que objeté […] específicamente frente a las preguntas 62, 63, 69, 84 y
113 del cuadernillo de preguntas correspondiente al cargo de Juez de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad […]”: vulneraron sus derechos fundamentales
de petición, debido proceso y “[…] acceso a cargas públicos […]”.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, mediante Acuerdo núm. PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018,
el Consejo Superior de la Judicatura desarrolló la convocatoria núm. 027 para la
provisión de cargos de funcionarios en la Rama Judicial.
4. Expresó que, con fundamento en la Resolución núm. PCSJA18-11077 de 2018
procedió a la inscripción en las fechas establecidas para el cargo de Juez de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. Mediante la Resolución núm. CJR22-
2 "Por medio de la cual se publican los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente al
concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial"
3 “Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución CJR22-0351
de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de la Rama Judicial”.
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Actora: Ángela María Estupiñán Araújo
0351 del 1º de septiembre de 2022 se estableció que obtuvo un puntaje de 794,46
y en consecuencia no aprobó el examen.
5. Indicó que, interpuso recurso de reposición contra la Resolución núm. CJR22-
0351 de 2022, el cual fue objeto de ampliación; oportunidad en la que expuso unos
cuestionamientos claros y específicos sobre las preguntas núms. 62, 63, 69, 84 y
113.
6. Adujo que, “[…] interpuse dentro del término concedido Recurso de Reposición,
el cual fue resuelto de manera desfavorable mediante la resolución CJR23-0029 del
16 de enero de 2023 […]”.
7. Sostuvo que, la Unidad de Administración de Carrera Judicial expidió la
Resolución núm. CJR23-0029 de 16 de enero de 20234, de la cual adujo que, “[…]
No obstante en el citado acto administrativo y en los anexos del mismo no se
resolvió de fondo, de manera concreta, congruente y motivada los reparos
efectuados a cada una de las preguntas que objeté, situación que evidentemente
transgrede de forma flagrante los derechos fundamentales incoados a través de
esta acción constitucional. […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
8. La actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] Se tutele a mi favor el derecho fundamental al debido proceso, petición y
acceso a cargos públicos y como consecuencia de ello, al evidenciarse yerros tan
notorios como los presentados en las preguntas 62, 63, 69 y 113, que atentan
contra mi derecho fundamental al debido proceso:
1.- SE ORDENE al Consejo Superior de la Judicatura Unidad de Administración de
Carrera Judicial y a la Universidad Nacional de Colombia, (i) dejar sin efecto alguno
en lo que a mí respecta, la resolución CJR23-0029 del 16 de enero de 2023 “Por
medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la
4 “Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución CJR22-0351
de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de la Rama Judicial”.
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Actora: Ángela María Estupiñán Araújo
Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se
publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos,
correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la Rama Judicial.” (ii) tener en
cuenta a mi favor como respuestas acertadas las que fueron objeto de reparo en
el recurso presentado, o en su defecto, invalidar dichas preguntas de la prueba de
conocimientos y redistribuir el porcentaje en las demás preguntas, y como
consecuencia de ello, (iii) se proceda por las accionadas mediante resolución a
RECALIFICAR el examen que presenté para el cargo de Juez de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad.
2.- En el evento de no prosperar mi pretensión principal relacionada en el numeral
anterior, solcito como pretensión subsidiaria, SE ORDENE al Consejo Superior de
la Judicatura Unidad de Administración de Carrera Judicial y a la Universidad
Nacional de Colombia, (i) se sirvan hacer el análisis exhaustivo y concienzudo de
las preguntas objeto del recurso por mi presentado, teniendo en cuenta para ello
los argumentos expuestos, específicamente frente a las preguntas 62, 63, 69, 84 y
113 del cuadernillo de preguntas correspondiente al cargo de Juez de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad, y una vez realizado dicho análisis, (ii) se
resuelva de forma efectiva, de fondo y congruente los reparos efectuados y
argumentados en el recurso de reposición interpuesto frente a la Resolución No.
CJR22- 0351 del 1º de septiembre de 2022, y de aceptarse los mismos, (iii) se
proceda a dejar sin efecto alguno en lo que a mí respecta, la resolución CJR23-
0029 del 16 de enero de 2023 “Por medio de la cual se resuelven los recursos de
reposición presentados contra la Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de
2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo
de Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la Rama Judicial.”, y
recalificar mi examen. […]”.
9. Indicó que:
“[…] SEXTO: Es pertinente resaltar que si bien la autoridad se encuentra autorizada
a resolver de manera general los recursos por unidad del tema, lo cierto es que, tal
como puede evidenciarse de los fundamentos antes señalados, el recurso por mi
interpuesto contenía aspectos específicos y puntuales que evidentemente no fueron
objeto de análisis por las accionadas.
SEPTIMO: Es menester señalar que si bien podría existir otro medio de defensa
judicial, como lo es la vía contencioso administrativa para dirimir este conflicto, no se
puede dejar de lado que dado la alta congestión que se presenta en dicha
jurisdicción, para el momento en que se resuelva la demanda, ya se habrá superado
lo atinente a la etapa del curso concurso, haciendo nugatorias mis pretensiones.
Adicionalmente, es de tener en cuenta que la misma Corte Constitucional en sus
pronunciamientos ha dejado establecido que a pesar de que pueda existir la vía
contencioso administrativa para dirimir el litigio, no es motivo para afirmar que la
tutela sea improcedente, por cuanto el juicio y/o análisis que se impone al Juez
Constitucional, es determinar, si ese medio judicial ordinario existente, es tan ágil
para prodigar el amparo y evitar la causación del perjuicio al interesado.
En mi caso particular se causaría un perjuicio irremediable toda vez que al no
realizarse por las accionadas el análisis correspondiente y valorarse de forma
correcta y congruente los reparos realizados en el recurso de reposición presentado,
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pese a ser tan notorios los errores, se coartaría la posibilidad de continuar con las
siguientes etapas del concurso, y hacer parte de la lista de elegibles, debiendo
esperar otros años más para poder opcionar nuevamente […]”.
[…]
“[…] De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Carta, la acción de tutela
es un mecanismo de defensa judicial residual y subsidiario, que permite la protección
inmediata de los derechos fundamentales de una persona, vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, o incluso de los
particulares, en los términos prescritos por la ley. Procede cuando la persona no
dispone de otro medio de defensa judicial o cuando, existiendo otro medio alternativo
de protección, este no resulta idóneo para su amparo efectivo. Asimismo. Procede
como mecanismo transitorio, en aquellas circunstancias en las que, a pesar de existir
un medio adecuado de protección, se requiere evitar un perjuicio irremediable, por
lo que se exige una perentoria acción constitucional […]”.
[…]
“[…] La Corte Constitucional, por medio de una sentencia de tutela, explicó que los
recursos interpuestos con la finalidad de controlar los actos administrativos y agotar
la vía gubernativa constituyen una de las formas de ejercitar el derecho de petición,
en la medida que este último permite no solo participar en la gestión que realice la
Administración sino controvertir directamente ante aquella sus decisiones […]”.
Actuación
10. El Despacho sustanciador de la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado mediante auto del 7 de febrero de 2023: i) admitió la acción de
tutela; ii) notificó como demandados al Consejo Superior de la Judicatura, Unidad
de Administración de Carrera Judicial y a la Universidad Nacional de Colombia; iii)
negó la solicitud de la medida provisional; iv) remitió copia de la solicitud de tutela a
la parte demandada y a los terceros interesados, para que procedan a ejercer su
derecho de defensa, y rindieran el respectivo informe en un término de tres (3) días.
11. El Despacho sustanciador de la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado a través de auto del 21 de febrero de 2023: i) vinculó de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2951 de 1991 a los
demás aspirantes inscritos en la Convocatoria 27, como terceros interesados, para
que, si lo considerasen del caso, intervengan en la presente tutela dentro de un
término de dos (2) días en su condición de terceros interesados; ii) ordenó publicar
la admisión de la presente demanda en la página web del referido concurso de
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Actora: Ángela María Estupiñán Araújo
méritos y remitir el auto, el escrito de tutela y sus anexos a los correos electrónicos
autorizados por las personas inscritas a la Convocatoria 27.
12. El Despacho sustanciador de la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado por medio de auto del 24 de marzo de 2023 dispuso:
“[…] Primero. Por Secretaría General, remitir el expediente de la referencia al
despacho del consejero Hernando Sánchez Sánchez, para que decida sobre su
posible acumulación a la acción de tutela con radicado 11001 03 15 000 2023 00230
00 y, de ser el caso, asuma su conocimiento.
Eventualmente, si la Secretaría General del Consejo de Estado determina que fue
otro magistrado el que primero admitió alguna de las acciones de tutela, con
identidad de objeto, remitir el expediente de la referencia a este, para que decida
sobre su acumulación […]”.
13. El Despacho sustanciador mediante auto del 18 de abril de 2023: i) avocó el
conocimiento de la acción de tutela interpuesta por Ángela María Estupiñán Araújo
contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia; ii) vinculó
a los participantes de la convocatoria pública ordenada por el Acuerdo núm.
PCSJA18- 11077 de 16 de agosto de 2018, expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura, en calidad de terceros con interés legítimo; iii) ordenó a la Unidad de
Administración de Carrera Judicial que comunique a los participantes de la
convocatoria pública ordenada por el Acuerdo núm. PCSJA18- 11077 de 16 de
agosto de 2018, acerca de la tutela de la referencia y, en ese mismo sentido, se
acreditara tal actuación ante este Despacho en un término de tres (3) días siguientes
a la comunicación; iv) ordenó a la Unidad de Administración de Carrera Judicial que
publicara el contenido de la presente providencia en su página web, con el fin de
informar y notificar a las personas indicadas en el ordinal anterior, sobre la acción
de tutela de la referencia, en su calidad de terceros con interés legítimo, quienes
tuvieron un término de tres (3) días, a partir de la notificación, para rendir informe y
allegar los documentos que pretendan hacer valer como pruebas.
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Actora: Ángela María Estupiñán Araújo
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
14. Carlos Eduardo Angulo Vivas, Yeison René Sánchez Bonilla, José Mauricio
Meneses, Ramón Ángel Hernández Trujillo y Yady Marcela Arias Loaiza solicitaron
que se accediera a las pretensiones del amparo.
15. Edwar Fernney Martínez Cáceres señaló que:
“[…] Existe un desconocimiento de los principios de transparencia y publicidad con
el procedimiento utilizado para calificar, además de una impericia en la manera de
evaluar conforme a lo que está señalado en el acuerdo, vulnerándose el derecho
fundamental al debido proceso administrativo, debiéndose preponderar el
componente de aptitudes sobre el componente de conocimientos, además de la
existencia de preguntas ambiguas, con múltiple o ninguna respuesta, mal
redactadas y/o desactualizadas, preguntas de conocimientos que no se ajustaban
al cargo de juez promiscuo municipal, expedición irregular del acto reprochado y con
infracción de las normas en que debía fundarse: vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, buena fe y confianza legítima, ya que algunas de
las preguntas del componente de conocimientos generales y específicos se
realizaron fuera del marco previsto dentro del instructivo expedido por la UNAL […]”.
16. El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial adujo que:
“[…] Toda vez que la pretensión de la accionante se encamina a que se resuelvan
las objeciones presentadas en el recurso de reposición interpuesto contra los
resultados obtenidos en la prueba aplicada el 24 de julio de 2022, argumentando que
las preguntas 62 y 69 no hacen parte de la temática dada en el instructivo, que la 63
tiene problemas de redacción y la 113 no brinda todos los elementos para determinar
si está dentro de los eventos que son de la competencia del cargo de aspiración; es
del caso precisar que mediante la Resolución CJR23-0029 del 16 de enero de 2023
“Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la
Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se
publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos,
correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la Rama Judicial", se atendieron de
manera clara, completa y de fondo la totalidad de las objeciones formuladas en el
recurso presentado por el tutelante […]”.
[…]
“[…] En virtud de lo anterior, es pertinente indicar respecto de la presunta vulneración
del derecho de petición de la accionante, que las inconformidades frente a la
explicación dada a las preguntas 62, 63, 69 y 113, fueron atendidas en los puntos
17, 18 y 35 de la Resolución CJR23-0029 del 16 de enero de 2023; siendo necesario
precisar que, si bien las preguntas 62, 63 y 69, no fueron marcados expresamente
para la aspirante en el “Anexo 2” de la citada resolución, fueron resultas en atención
a quienes expresaron el mismo interés frente los ítems en cuestión, con base en la
información proporcionada por la Universidad Nacional de Colombia, como operador
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Actora: Ángela María Estupiñán Araújo
técnico de la prueba, en cumplimiento de los numerales 262 y 293 de las
obligaciones generales y específicas del contratista, establecidas en el del contrato
096 de 2018 al cual ya se hizo referencia.
De este modo, cabe resaltar que los cuestionamientos efectuados sobre preguntas
del examen por motivos de redacción, formulación en su enunciado y opciones de
respuesta, vigencia frente a su contenido, pertinencia de la temática, expresados en
el marco de los recursos de reposición interpuestos por los aspirantes al cargo de
“Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad ” contra los resultados de la
prueba de aptitudes y conocimientos, fueron respondidas en la Resolución CJR23-
0029 del 16 de enero de 2023, en el punto 17 denominado “Proceso de construcción
de la prueba - Controles de calidad - Diseño de la prueba Idoneidad y pertinencia de
las temáticas e ítems - Inexistencia de errores en el ensamblaje y diagramación de
la prueba”, en el punto 18 denominado “Preguntas capciosas, ambiguas, confusas -
Solicita excluir preguntas - Informar si fue excluido algún ítem – Recalificar-“ y en el
punto 35 denominado “Objeciones a preguntas de aptitudes y conocimientos
generales y específicas”, con la respectiva marcación dentro del Anexo 1 del referido
acto administrativo, tal como se evidencia realizando la búsqueda por nombres y
apellidos y/o número de cédula del aspirante en el siguiente link:
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/7227621/132623650/CJR23-0029+-
+ANEXO+1-
+Juez+de+Ejecuci%C3%B3n+de+Penas+y+Medidas+de+Seguridad.pdf/2b5a0248
-38f9-4576- a15e-01bdccca9a46 […]”.
[…]
“[…] Por lo anterior, no hay vulneración de los derechos invocados por el accionante,
ya que la accionada dio respuesta clara, completa y de fondo, a las inquietudes sobre
la construcción de las preguntas con fundamento en la temática dada en el
instructivo, así como la redacción en el enunciado de las respuestas.
Adicionalmente, se advierte que, la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para
atacar actos administrativos que por su propia naturaleza se encuentran amparados
por el principio de legalidad, partiendo del presupuesto que la administración, al
momento de manifestarse a través de un acto, debe acatar las prerrogativas
constitucionales y legales a las que se encuentra subordinada.
Por las razones presentadas en este escrito, solicito muy respetuosamente, negar el
amparo solicitado por el accionante en atención a que:
● Las objeciones presentadas por la accionante en el recurso de reposición y su
adición, relacionadas con que no se contestó de fondo las preguntas 62, 63, 69 y
113, fueron atendidas mediante la Resolución CJR23-0029 del 16 de enero de 2023,
por lo que se configura la carencia de objeto por hecho superado.
● La Unidad de Administración de la Carrera Judicial no ha vulnerado los derechos
invocados puesto que, dio respuesta clara, completa y de fondo, de conformidad con
la información suministrada por la Universidad Nacional de Colombia como operador
técnico de la prueba.
● La tutela no procede bajo el entendido que existe otro mecanismo de defensa
idóneo […]”.
17. La Universidad Nacional indicó que:
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Actora: Ángela María Estupiñán Araújo
“[…] En primera medida, resulta necesario informar que, a la fecha de presentación
de este informe, la Universidad Nacional de Colombia ya ha brindado respuesta de
forma clara, completa y de fondo a todos los reparos y solicitudes invocados por la
accionante en ejercicio del citado recurso de reposición. En ese punto, debe
reiterarse que el 16 de enero de 2023, fue expedida la Resolución CJR23-0029 "Por
medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la
Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se
publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos,
correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la Rama Judicial" junto con sus
respectivos anexos.
En ese sentido, mediante la Resolución mencionada y sus respectivos anexos, las
entidades accionadas resolvieron, de manera particular, las solicitudes y reparos de
la accionante expresando la justificación técnica de los diferentes ítems de la prueba
en sus dos componentes, su pertinencia de cara a los planteamientos expuestos por
la accionante con relación al cargo aplicado y la justificación técnico-jurídica de cada
opción de respuesta establecida como correcta o incorrecta para efectos del cálculo
del puntaje obtenido.
En ese orden de ideas, en el ANEXO 2 del precitado acto administrativo (documento
anexo) se expresó con detalle la justificación de cada opción de respuesta frente a
todas las preguntas objetadas por la tutelante. Esto con miras a destacar las
consideradas correctas para el cómputo del puntaje de cada aspirante; opciones de
respuesta y justificaciones que atendieron a estándares técnicos internacionalmente
aceptados como los estándares para pruebas educativas y psicológicas (Standards
for Educational and Psychological Testing, en inglés) de American Educational
Research Association -AERA-, American Psychological Association – APA- y
National Council on Measurement in Education - MNCE – edición del año 2014. […]”.
[…]
“[…] Por lo dicho se tiene que la Universidad Nacional de Colombia ha garantizado
el debido proceso a la señora Estupiñán Araujo en todas las etapas del concurso y
de igual modo, ha resuelto en debida forma los diferentes cuestionamientos de la
aspirante.
Así pues, en el presente caso, la tutela no es un mecanismo judicial adecuado para
solicitar la salvaguarda de los derechos, pues ante la ausencia de los supuestos
fácticos que le dieron origen, la decisión que eventualmente pudiese tomar el juez
constitucional para el caso concreto en búsqueda de resolver la pretensión se
tornaría ineficaz. […]”.
[…]
“[…] Como quiera que las circunstancias que, a consideración de la tutelante, han
dado origen a la interposición de la presente acción constitucional, ya han sido
atendidas de manera suficiente mediante el acto administrativo que resolvió los
recursos interpuestos en contra de la calificación de cara al cargo al cual aplicó,
resulta importante advertir que la intervención del juez constitucional se torna inane
y por lo tanto, de forma respetuosa se solicita se sirva declararla improcedente. […]”.
[…]
“[…] Dicho lo anterior, es preciso señalar que la acción de tutela no es el mecanismo
idóneo para controlar eventuales irregularidades por parte de la administración,
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00387-00
Actora: Ángela María Estupiñán Araújo
puesto que la aspirante debe acudir a los medios jurídicos propios dispuestos para
dicho fin. Dentro de la normatividad vigente, existe un control jurisdiccional que
puede ser agotado por la aspirante y que, por su naturaleza, corresponde a la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Dentro del caso en concreto, los
cuestionamientos que pudieran surgir en torno a la Resolución CJR23-0029 "Por
medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la
Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se
publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos,
correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la Rama Judicial" junto con sus
respectivos anexos.
Así las cosas, también debe advertirse que la acción de tutela tampoco resulta
procedente de manera excepcional dentro del presente asunto, ya que no se advierte
un perjuicio irremediable para la aspirante, que la habilite a desplazar los
mecanismos ordinarios, dado que la norma también cuenta con un mecanismo
ordinario, que puede adoptar medidas de carácter inmediato, como serían las
medidas cautelares previstas en la Ley 1437 de 2011. […]”.
[…]
“[…] Consecuente con lo expuesto por la Corte, por ser la acción de tutela un
mecanismo protector de derechos fundamentales de carácter eminentemente
subsidiario, su procedencia depende de la demostración del perjuicio irremediable;
requisito que no fue acreditado por la accionante ni siquiera de manera sumaria,
motivo por el cual se solicita se rechace por improcedente la acción de tutela en
referencia. Así las cosas, y como quiera que las accionadas ya dieron respuesta a
la petición elevada por la señora Estupiñán Araujo, encuentra la Universidad
Nacional de Colombia necesario solicitarle sirva declarar improcedente la presente
solicitud de amparo […]”.
[…]
“[…] Atendiendo los hechos y argumentos expuestos, así como la jurisprudencia y la
normatividad aplicables al caso concreto, es preciso concluir que la Universidad
Nacional de Colombia, como consultor del concurso, ha desarrollado su labor dentro
de los términos señalados en la Ley y la reglamentación específica que regula el
sistema especial de selección para los cargos requeridos en la Convocatoria 27 de
2018, y en consecuencia:
• La Universidad no ha vulnerado ningún derecho de la accionante.
• La accionante no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.
• No existe ningún elemento que acredite algún indicio frente a la vulneración de los
derechos de la accionante dentro del presente proceso de selección.
• Dentro del caso en concreto, se presentó el fenómeno de hecho superado por
actual carencia del objeto […]”.
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Actora: Ángela María Estupiñán Araújo
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
18. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915, por el cual se
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20216 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20187 y con el artículo
13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20198, que asigna a esta sección el
conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
19. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
De la coadyuvancia
20. La Sala encuentra que los señores Jhon Darío Álvarez García, Wilson Murcia,
Juan Diego Hernández Galindo, Paola Andrea Meléndez Díaz, Diego Stiven
Tacuma Gongora, Israel Otálora Arias, Edisson Ferney Gómez Rodríguez, Dominick
Cybulkiewicz Acuña, Ariel Arias Núñez, Josman Martínez Fandiño, Hernán Darío
Benavides Jurado, Gloria Inés Hernández Trujillo, Fernando Arístides Revollo
Pérez, Carmen Elena Zuleta Vanegas, Alveiro Rojas Zabala, Zenaida Jiménez
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“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
6 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
8 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00387-00
Actora: Ángela María Estupiñán Araújo
Ponton, John Facter Gómez Cuellar, Edgar Antonio Díaz Rey, Luis Ángel Paz,
Sandra Milena García Cardona, Alexander López Rodríguez, Karen Johanna Mejía
Toro, Martín Gilberto González Tores y Elsa Gladys Cifuentes presentaron escrito
de coadyuvancia.
21. Al respecto, la Sala encuentra que, si bien el inciso 2º. Del artículo 13 del Decreto
núm. 2591 de 1991, señala que “[…] Quien tuviere un interés legítimo en el resultado
del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o
autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud […]”, la Corte
Constitucional ha destacado que “[…] la coadyuvancia surge en los procesos de
tutela, como la participación de un tercero con interés en el resultado del proceso
que manifiesta compartir reclamaciones y argumentos expuestos por el
demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste pueda realizar
planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las hechas por el
demandante, pues de suceder esto se estaría realmente ante una nueva tutela, lo
que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la coadyuvancia […]”9
22. En el mismo sentido se pronunció la Corte al señalar que los terceros
intervinientes no están facultados para solicitar la protección de sus propios
derechos. Esto dijo textualmente10:
“[…] en la acción de tutela contra providencias judiciales los parámetros para estudiar
la intervención de los terceros son mucho más estrictos. En primer lugar, siguiendo el
concepto general del tercero coadyuvante, quienes tienen un interés legítimo en los
resultados del proceso pueden coadyuvar la solicitud del actor o de la persona o
autoridad pública contra quien se hubiera hecho la solicitud, pero no están facultados
para solicitar la protección de sus propios derechos, mucho menos en detrimento de
los derechos de quien solicitó el amparo, pues es la solicitud de este último la que le
da la unidad al proceso de tutela. Pero, adicionalmente, si una persona considera que
una providencia judicial desconoce sus derechos fundamentales, lo pertinente es que
promueva una acción de tutela diferente y no que presente en el trámite de amparo
de los derechos fundamentales ajenos las razones de su inconformidad.
Esto último es indispensable atendiendo al carácter excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Aun cuando por regla general el juez constitucional no
puede entrar a examinar los fallos de otros jueces excepto en las extraordinarias
situaciones en las que la providencia es violatoria de los derechos fundamentales, en
los eventos en los que adquiere potestad para hacerlo por reunirse los requisitos
generales y específicos de procedibilidad, su competencia sigue teniendo como
9 Corte Constitucional, sentencia T-1062 de 16 de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
10 Corte Constitucional, sentencia T-269 de 29 de marzo de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Actora: Ángela María Estupiñán Araújo
límites los principios de seguridad jurídica, autonomía judicial y respeto por la cosa
juzgada.
Ellos se verían afectados en una medida mucho mayor si el juez constitucional avoca
el estudio, no solo de los defectos planteados por el accionante, sino sobre otros
defectos ‘nuevos’ que otros intervinientes pudieran aducir, toda vez que podrían
ventilarse en una acción de carácter excepcional y subsidiaria la totalidad de los
aspectos debatidos en las instancias precedentes. Un escenario como el planteado
convertiría la acción de tutela en una tercera instancia, pese a que la Corte ha
proscrito expresamente esta hipótesis. En este sentido, admitir las controversias
propuestas por los terceros dentro del proceso de tutela en relación con sus propios
derechos y con independencia de los hechos y derechos planteados por el
accionante, desnaturalizaría la acción constitucional. […]”. (Resaltado por la Sala).
23. Teniendo en cuenta la Convocatoria núm. 27, en sentencia SU - 067 de 24 de
febrero de 2022, la Corte Constitucional hizo algunas precisiones en relación con la
figura de la coadyuvancia e intervinientes en este tipo de asuntos, así:
“[…] Cuestión previa: la intervención de coadyuvantes en los procesos
bajo revisión
75. Asunto que debe resolverse. Antes de dar comienzo al análisis anunciado,
la Sala Plena encuentra necesario analizar un asunto previo, que incide en los
efectos de la decisión que habrá de adoptarse en esta oportunidad. Esta
cuestión tiene origen en la ingente cantidad de intervenciones que se han
presentado, durante los trámites de instancia y de revisión de los fallos bajo
revisión, por personas que se encuentran en una situación similar a la de los
demandantes.
76. Fundamento normativo de la figura de la coadyuvancia. El inciso segundo
del artículo trece del Decreto 2591 de 1991 establece que la persona que tenga
«un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él», para
respaldar las pretensiones del actor o de la persona o autoridad pública contra
la cual se dirige la acción de tutela[32]. La jurisprudencia constitucional ha
definido la coadyuvancia en los procesos de tutela como «la participación de
un tercero con interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir las
reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la tutela»[33]. En
este sentido, ha considerado que los coadyuvantes poseen la facultad para
intervenir dentro del proceso, por el interés personal en la suerte de las
pretensiones de una de las partes y solo con el fin de manifestar su apoyo a
estas[34].
77. Límites a la coadyuvancia. Pese a la informalidad propia de la acción de
tutela, que se transmite a la figura procesal bajo análisis, la jurisprudencia ha
advertido que la coadyuvancia se encuentra sometida a límites, que pretenden
conservar la índole jurídica que tiene esta figura procesal. En la medida en que
quien actúa empleando este título lo hace para coadyuvar las pretensiones de
una parte, no puede actuar en contra de los intereses de esta: «[E]l
coadyuvante, entonces, ejercita, dentro del proceso, las facultades que le son
permitidas y, en todo caso, no puede afectar a la parte, pues de la esencia de
la coadyuvancia es la intervención antes de la sentencia de única o de segunda
instancia, para prestar ayuda, mas no para hacer valer pretensiones
propias»[35] [énfasis fuera de texto]. De igual manera, atendiendo la remisión al
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00387-00
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Código General del Proceso, se entiende que el coadyuvante no podrá llevar a
cabo actos procesales que «impliquen disposición del derecho en litigio»[36]. De
lo anterior resulta que las facultades del coadyuvante se encuentran sometidas
a límites, que surgen de la propia naturaleza de la institución procesal que
permite su intervención en la causa judicial.
78. Límites a la posibilidad de plantear nuevos argumentos por la vía de la
coadyuvancia. En esta oportunidad, es preciso analizar la posibilidad de
modificar, por esta vía, el problema jurídico planteado en la acción de tutela,
mediante la formulación de argumentos y razonamientos distintos a los
planteados en el escrito de demanda. Dicho asunto fue examinado en la
Sentencia T-1062 de 2010. En dicha ocasión, la Corte conoció una acción de
tutela que fue coadyuvada por terceros que tenían un interés legítimo en la
decisión. En calidad de coadyuvantes, plantearon argumentos diferentes a los
que fueron expuestos en el escrito de tutela y elevaron peticiones específicas,
que tenían por objeto favorecer sus intereses particulares. Al analizar este
asunto, la Corte manifestó lo siguiente:
[E]s claro entonces que la coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como
la participación de un tercero con interés en el resultado del proceso que
manifiesta compartir las reclamaciones y argumentos expuestos por el
demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste pueda realizar
planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las
hechas por el demandante, pues de suceder esto se estaría realmente
ante una nueva tutela, lo que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica
de la coadyuvancia [énfasis fuera de texto].
79. Atendiendo esta consideración, en la providencia en comento, la Corte
acotó en los siguientes términos el alcance de los escritos de coadyuvancia
presentados: «Bajo esa calidad [de coadyuvantes], se entenderá que su
participación en el trámite de esta tutela, se limita a apoyar y compartir las
reclamaciones que hace la parte demandante […], razón por la cual, el
pronunciamiento que se emita por parte de esta Sala de Revisión, se
atendrá a los fundamentos contenidos en la demanda de tutela, y no se
pronunciará respecto de aquellos que difieran o no hagan parte en ésta»
[énfasis fuera de texto].
80. Conclusión en el caso concreto. Durante el trámite de instancia de los
expedientes T-8.252.659 y T-8.258.202, se recibió un número ingente de
escritos de personas que coadyuvaron las demandas interpuestas. En su gran
mayoría, se trataba de aspirantes que, al igual que los accionantes, superaron
la prueba de conocimientos y aptitudes practicada el 2 de diciembre de 2018.
Los intervinientes manifestaron su respaldo a las pretensiones formuladas en
los procesos bajo revisión, plantearon diversos argumentos contra la
Resolución CJR20-0202, solicitaron la práctica de pruebas y el reconocimiento
de dictámenes periciales preparados por ellos y reclamaron la extensión de los
efectos de esta providencia, a través de los dispositivos establecidos con dicho
propósito por la jurisprudencia (efectos inter comunis e inter pares).
81. Teniendo en cuenta que quien actúa en calidad de coadyuvante tiene
vedado «realizar planteamientos distintos […] que difieran de los hechos por el
demandante»[37], la Sala Plena centrará su atención en los argumentos
planteados en las cuatro acciones de tutela que aquí se revisan. Por
consiguiente, en cuanto a las peticiones elevadas por los intervinientes,
únicamente habrá de pronunciarse sobre la solicitud de conceder la extensión
de los efectos de esta sentencia. Tal petición debe ser resuelta como
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Actora: Ángela María Estupiñán Araújo
consecuencia de la jurisprudencia constitucional que impone este remedio
cuando el principio de igualdad así lo exige […]”. (Resaltado por la Sala).
24. Conforme con la sentencia de unificación en cita, los coadyuvantes poseen la
facultad para intervenir dentro del proceso, por el interés personal en la suerte de
las pretensiones de una de las partes y solo con el fin de manifestar su apoyo a
estas, más no para hacer valer sus propias demandas.
25. Además, en los asuntos que se presenten coadyuvancias o intervenciones, el
estudio de los casos solo debe limitarse a los fundamentos formulados por las
partes, sin que haya lugar a pronunciarse respecto de aquellos que difieran o no
hagan parte de sus argumentaciones.
26. Precisado lo anterior, la Sala advierte que aceptará la solicitud de coadyuvancia
de los señores Jhon Darío Álvarez García, Wilson Murcia, Juan Diego Hernández
Galindo, Paola Andrea Meléndez Díaz, Diego Stiven Tacuma Gongora, Israel
Otálora Arias, Edisson Ferney Gómez Rodríguez, Dominick Cybulkiewicz Acuña,
Ariel Arias Núñez, Josman Martínez Fandiño, Hernán Darío Benavides Jurado,
Gloria Inés Hernández Trujillo, Fernando Arístides Revollo Pérez, Carmen Elena
Zuleta Vanegas, Alveiro Rojas Zabala, Zenaida Jiménez Ponton, Edgar Antonio
Díaz Rey, Luis Ángel Paz, Sandra Milena García Cardona, Karen Johanna Mejía
Toro, Martín Gilberto González Tores y Elsa Gladys Cifuentes comoquiera que sus
intervenciones están encaminadas a apoyar la solicitud de amparo de la referencia,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
27. Ahora bien, los señores John Facter Gómez Cuellar y Alexander López
Rodríguez en sus intervenciones presentaron pretensiones nuevas y derechos
fundamentales nuevos que no fueron abordados en el escrito de tutela de la actora,
por lo que no se pueden realizar planteamientos distintos ni reclamaciones propias
que difieran de las expuestas por la parte actora, en tanto que, como se señaló
supra, corresponde a pretensiones propias, con lo que desvirtúan la naturaleza de
la coadyuvancia.
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Actora: Ángela María Estupiñán Araújo
Problemas jurídicos
28. En el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste
en determinar si se debe proteger los derechos fundamentales al debido proceso,
de petición y al acceso a cargos públicos invocados por la actora, los cuales
considera vulnerados por la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial, al expedir las
Resoluciones núms. CJR22-0351 de 1.° de septiembre de 202211 y CJR23-0029
de 16 de enero de 202312; y ii) la Universidad Nacional de Colombia, al: i) haberle
asignado un puntaje que no correspondía dentro de las pruebas realizadas dentro
del respectivo concurso de méritos; y ii) al no resolver “[…] de manera concreta,
congruente y motivada los reparos efectuados a cada una de las preguntas que
objeté […] específicamente frente a las preguntas 62, 63, 69, 84 y 113 del
cuadernillo de preguntas correspondiente al cargo de Juez de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad […]” se vulneraron sus derechos fundamentales
invocados supra.
29. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes temas:
i) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; ii)
marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de petición; iii) marco
normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a cargos públicos;
iv) análisis del caso concreto y finalmente las v) conclusiones de la Sala.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso
30. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
11 "Por medio de la cual se publican los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente
al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial".
12 “Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución CJR22-
0351 de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de la Rama Judicial”
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Actora: Ángela María Estupiñán Araújo
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
31. Atendiendo a que, la Corte Constitucional13 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de petición
32. Visto el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas
a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas
para garantizar los derechos fundamentales. […]”.
33. Atendiendo a que, en reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional14 ha
precisado que “[…] el contenido esencial de este derecho comprende: (i) la
posibilidad efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las
autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii)
13 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-077 de 2 de marzo de 2018, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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la respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos establecidos en el
ordenamiento jurídico, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo;
(iii) una respuesta de fondo o contestación material, lo que implica una obligación
de la autoridad a que entre en la materia propia de la solicitud, según el ámbito de
su competencia, desarrollando de manera completa todos los asuntos planteados
(plena correspondencia entre la petición y la respuesta) y excluyendo fórmulas
evasivas o elusivas […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a
cargos públicos
34. Visto el numeral 7 del artículo 40 de la Constitución Política de Colombia de
1991, que establece que:
“[…] Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: […]”.
[…]
“[…] Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos,
por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará
esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse […]”.
35. Atendiendo a que la Corte Constitucional15 ha entendido que entran dentro del
ámbito de protección de este derecho “[…] (i) la posesión de las personas que han
cumplido con los requisitos para acceder a un cargo16, (ii) la prohibición de
establecer requisitos adicionales para entrar a tomar posesión de un cargo, cuando
el ciudadano ha cumplido a cabalidad con las exigencias establecidas en el
concurso de méritos17, (iii) la facultad de elegir de entre las opciones disponibles
aquella que más se acomoda a las preferencias de quien ha participado y ha sido
seleccionado en dos o más concursos18, (iv) la prohibición de remover de manera
ilegítima (ilegitimidad derivada de la violación del debido proceso) a una persona
que ocupen un cargo público […]”.
15 Corte Constitucional, sentencia SU-339 de 4 de mayo de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
16 Sentencia T-309 de 1993.
17 Sentencia T-313 de 2006.
18 Sentencia T-451 de 2001.
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Actora: Ángela María Estupiñán Araújo
Análisis del caso concreto
36. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
37. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y aportadas
en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema jurídico
planteado en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
38. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
38.1. Documentos anexos al escrito de tutela.
38.2. Informes rendidos por el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional, junto con sus anexos.
Solución del caso concreto
39. La actora en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Nación –
Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, porque, a su juicio, i) la
Unidad de Administración de Carrera Judicial, al expedir las Resoluciones núms.
CJR22-0351 de 1.° de septiembre de 202219 y CJR23-0029 de 16 de enero de
202320; y ii) la Universidad Nacional de Colombia, al: i) haberle asignado un puntaje
19 "Por medio de la cual se publican los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente
al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial"
20 “Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución CJR22-0351
de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de la Rama Judicial”.
20
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Actora: Ángela María Estupiñán Araújo
que no correspondía respecto de las pruebas realizadas dentro del respectivo
concurso de méritos; y ii) al no resolver de fondo “[…] de manera concreta,
congruente y motivada los reparos efectuados a cada una de las preguntas que
objeté […] específicamente frente a las preguntas 62, 63, 69, 84 y 113 del
cuadernillo de preguntas correspondiente al cargo de Juez de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad […]”: vulneraron sus derechos fundamentales de petición,
debido proceso y “[…] acceso a cargas públicos […]”.
40. La Sala advierte que el recurso de reposición promovido por la actora contra la
Resolución núm. CJR22-0351 de 1.° de septiembre de 2022, efectivamente fue
resuelto a través de la Resolución núm. CJR23-0029 de 16 de enero de 2023,
expedida por la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura. Sin embargo, a juicio de la actora esta respuesta no atendió de
fondo y de manera congruente los argumentos expuestos en su respectivo recurso.
41. Al respecto, en relación con el requisito general de la inmediatez, la Sala
considera que éste se encuentra satisfecho, toda vez que la Resolución núm.
CJR23-0029 de 16 de enero de 2023, por medio de la cual se resolvieron los
recursos, fue expedida el 16 de enero de 2023; y la actora radicó la solicitud de
amparo el 27 de enero del 2023, es decir que, la acción de tutela fue promovida
dentro de un término razonable.
42. Cabe destacar, en cuanto al cumplimiento del requisito general de
subsidiariedad, que si bien es cierto la actora solicita que se deje sin efectos la
Resolución núm. CJR23-0029 de 16 de enero de 2023 y sus anexos, la realidad es
que dicha petición surge porque a juicio de la actora, las accionadas no resolvieron
de manera clara, de fondo y congruente los cuestionamientos u objeciones que
presentó frente a las preguntas 62, 63, 69, 84 y 113.
43. Significa lo anterior que el presente asunto está orientado a determinar si se
violó o no el núcleo esencial de los derechos fundamentales indicados supra, con
ocasión del recurso de reposición que promovió en contra de la Resolución CJR22-
0351 de 1° de septiembre de 2022, razón por la cual el medio de defensa ordinario
resultaría ineficaz para tal fin.
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Actora: Ángela María Estupiñán Araújo
44. De conformidad con lo expuesto, la Sala procederá a abordar el estudio de fondo
de la presente acción de tutela en lo que concierne a las preguntas núms. 62, 63,
69, 84 y 113, es decir, analizará si las autoridades demandadas desconocieron el
derecho fundamentales al debido proceso, de petición y de acceso a cargos
públicos de la actora, con ocasión a la falta de una respuesta congruente y de fondo
al recurso de reposición promovido por Ángela María Estupiñán Araújo en contra de
la Resolución núm. CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022.
45. Por lo anterior, la Sala evidencia que la actora en su escrito de adición al recurso
de reposición objetó las preguntas núms. 62, 63, 69, 84 y 113 por lo cual, a través
del siguiente cuadro, se confrontará lo manifestado en el citado recurso de
reposición y la respuesta remitida, mediante la Resolución núm. CJR23-0029 de 16
de enero de 2023 – Anexo núm. 2, por la Unidad de Administración de Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura:
Solicitudes de la actora de conformidad Respuesta de las accionadas conforme
con el recurso de reposición a la Resolución núm. CJR23-0029 de 16
de enero de 2023 – Anexo núm. 2
“[…] PREGUNTA 62. “[…] Pregunta No. 62
La pregunta 62 tenía el siguiente Esta pregunta es pertinente porque revisar
enunciado: “Según el Código General del los ajustes de forma propuestos se propone
Proceso, la carga de la prueba debe ser elaborar una pregunta que interrogue sobre
comprendida como una exigencia general la naturaleza del significado de la carga de
de comportamiento de las partes en el la prueba de acuerdo con el CGP, de
proceso. Esta exigencia es una manera que las opciones de respuesta
consagración de la obligación sustancial y sean más precisas, al tiempo que se
legislativa, que tiene como fundamento:” puedan concretar y clarificar las
justificaciones de las opciones de
RESPUESTA UNIVERSIDAD. C) La carga respuesta. Conviene señalar que, mientras
del ejercicio de los derechos procesales, que en el enunciado se toma como
consistente en la colaboración con la referente el CGP, en las justificaciones de
justicia civil, la búsqueda de la verdad de un las opciones de respuesta se cita la
orden justo en el proceso. sentencia C- 086 de 2016 de la Corte
Constitucional y la Doctrina.
RESPUESTA DE LA RECURRENTE. A) La
obligación sustancial de las partes de La opción A no resuelve de manera
buscar y ofrecer a través de la prueba la adecuada el enunciado y por ende es una
verdad Frente a la anterior pregunta se respuesta incorrecta porque la naturaleza
realizaron unos reparos concretos a saber: de la carga de la prueba es más bien la de
• La fundamentación consistió en el hecho una carga procesal que para las partes en
de que a la luz de la Jurisprudencia de la el proceso “comportan o demandan una
Corte Constitucional, en sentencia C-086 conducta de realización facultativa,
de 2016, se resolvió lo atinente a la normalmente establecida en interés del
demanda de inconstitucionalidad contra el propio sujeto y cuya omisión trae
artículo 167 (parcial) de la ley 1564 de 2012 aparejadas para él consecuencias
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00387-00
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(Código General del Proceso), y el Alto desfavorables, como la preclusión de una
Tribunal Constitucional realizó un análisis oportunidad o un derecho procesal e
exhaustivo frente al tema de la carga de la inclusive hasta la pérdida del derecho
prueba, determinando de forma clara y sustancial debatido en el proceso”.
precisa que dicha carga lleva inmersa la (Sentencia C-086-16). En cambio, la
obligación de probar por cada uno de los obligación procesal, es una prestación de
extremos del litigio, la existencia o contenido patrimonial que se impone a las
inexistencia de un hecho (onus probandi), partes en virtud del proceso y “obedece[n]
ello con el fin de colaborar con el buen al concepto de responsabilidad procesal
funcionamiento de la administración de derivada del abuso del derecho de acción o
justicia, contribuir al esclarecimiento de la del derecho de defensa”. (Sentencia C-
verdad en el marco de un proceso judicial, 086-16).
asegurar la prevalencia del derecho, de ahí
que tal pronunciamiento se ajusta a la La opción B no resuelve de manera
respuesta por mí dada y que corresponde adecuada el enunciado y por ende es una
a la “A”, ya que en la misma se expone lo respuesta incorrecta porque la carga de la
siguiente: “La obligación sustancial de las prueba simplemente demanda de las
partes de buscar y ofrecer a través de la partes en el proceso “una conducta de
prueba la verdad.” realización facultativa, normalmente
establecida en interés del propio sujeto y
• El segundo reparo frente a la misma cuya omisión trae aparejadas para él
pregunta (en el evento de no prosperar el consecuencias desfavorables, como la
primero), es que ni siquiera por vía de preclusión de una oportunidad o un
remisión resulta aplicable el art. 167 del derecho procesal e inclusive hasta la
CGP al proceso penal, pues la teleología de pérdida del derecho sustancial debatido en
esta norma en punto a la carga de la prueba el proceso”. (Sentencia C-086-16). Por el
se opone notoria y sustancialmente al contrario, los deberes procesales “[s]e
mismo, teniendo en cuenta que el art. 7º del caracterizan porque emanan,
Código de Procedimiento Penal, dispone precisamente, de las normas procesales,
que: “...corresponderá́ al órgano de que son de derecho público, y, por lo tanto,
persecución penal la carga de la prueba ... de imperativo cumplimiento en términos del
en ningún caso podrá invertirse esta carga artículo 6° del Código (artículo 6° del
probatoria”. Subraya y negrilla propias […]”. CGP)”. (Sentencia C-086-16). En síntesis,
los deberes procesales son imperativos
[…] legales que impone la ley y tienen como fin
la adecuada realización del proceso; por
“[…] Así las cosas, resulta evidente que la consiguiente, la conducta “es exigible
Unidad de Carrera Judicial no ha realizado cuando no puede ejecutarse el acto debido
el análisis respectivo frente al reparo por intermedio del juez o de otra persona”.
efectuado, ya que como se mencionó (DEVIS ECHANDIA, Hernando. Teoría
anteriormente y tal como se argumentó en general de la prueba judicial. Bogotá:
el recurso, la respuesta por mí dada y que Temis. 2006, p.
397.
corresponde a la “A”, se ajusta al
planteamiento de la pregunta 62, ya que en La opción C es la respuesta correcta
la misma se indica que la carga de la porque se consagra legislativamente la
prueba tiene como fundamento la carga de la prueba en el CGP tomando en
obligación sustancial de las partes de consideración que “[e]n efecto, responde a
buscar y ofrecer a través de la prueba la fines constitucionalmente legítimos: ejercer
verdad. los derechos con responsabilidad y
colaborar con el buen funcionamiento de la
Por otro lado, tampoco se hizo administración de justicia, contribuir al
pronunciamiento alguno frente al segundo esclarecimiento de la verdad en el marco
reparo, en el evento de no prosperar el de un proceso judicial, asegurar la
primero, en el cual se argumenta el hecho prevalencia del derecho sustancial y velar
de que la pregunta 62 no hace parte de la por la vigencia de un orden justo”.
temática dada en el instructivo en lo que
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Actora: Ángela María Estupiñán Araújo
concierne al componente general, esto por “Es también una carga adecuada para
cuanto en dicho instructivo se indica lograr esos mismos cometidos, si se tiene
claramente que las temáticas deben ser del en cuenta que quien invoca un hecho lo
conocimiento de cada uno de los hace –lo debe hacer- sobre la base de un
concursantes, ello en el entendido de que conocimiento previo del mismo y por lo
se aplican en todas las especialidades, por general dispone de algunos elementos
cuanto son indispensables para el mínimos para dar crédito a sus
desempeño satisfactorio de las funciones, afirmaciones, en especial cuando pretende
en consecuencia la pregunta en cuestión y obtener algún beneficio de ellos;
teniendo en cuenta los fundamentos antes igualmente, contribuye eficazmente con el
expuestos, es evidente que no es aplicable juez en su tarea de dilucidar la verdad,
de ninguna forma en el área penal […]”. garantizar la primacía del derecho
sustancial y resolver los litigios dentro de un
término razonable (celeridad)”. (Sentencia
C-086-16).
La opción D no resuelve de manera
adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque la noción de
carga de la prueba debe entenderse en su
naturaleza como una carga procesal que se
destaca “porque el sujeto a quien se la[s]
impone la ley conserva la facultad de
cumplirla[s] o no, sin que el Juez o persona
alguna pueda compelerlo coercitivamente a
ello, todo lo contrario de lo que sucede con
las obligaciones; de no, tal omisión le
puede acarrear consecuencias
desfavorables. Así, por ejemplo, probar los
supuestos de hecho para no recibir una
sentencia adversa”. (Sentencia C-086-16).
Como consecuencia esta opción al
involucrar los términos “imperativo” y
“obligación” excluye cualquier posibilidad
de tenerla por correcta, porque ellos no son
compatibles jurídicamente. En efecto,
como conclusión se señala que las
obligaciones procesales “obedecen al
concepto de responsabilidad procesal
derivada del abuso del derecho de acción o
del derecho de defensa”. (Sentencia C-
086-16). […]”.
“[…] PREGUNTA 63. “[…] Pregunta No. 63
La pregunta 63, tenía el siguiente Esta pregunta es pertinente porque el
enunciado: “En un proceso una de las medio de prueba de confesión, se puede
partes solicita al Juez tener como confesión
obtener de diversas formas en la demanda,
lo manifestado en la contestación de la la contestación y otros actos procesales,
demanda, ante esta situación el juez debe así que es fundamental para el
desestimar la declaración como prueba de administrador de justicia tener la suficiente
confesión cuando:” claridad para determinar cuándo se está
frente a la confesión. La valoración
RESPUESTA UNIVERSIDAD. C) Cuando probatoria de los diferentes medios de
verse sobre hechos que produzcan prueba practicados en el curso de un
consecuencias jurídicas favorables de proceso judicial es muy compleja,
confesión o adversas a la parte contraria. especialmente con aquellos medios
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indirectos como la confesión, por lo cual es
RESPUESTA DE LA RECURRENTE. B) necesario tener claridad para aplicarlo.
Cuando recaiga sobre hechos “que exijan”
otro medio de prueba. El reparo concreto La opción A no resuelve de manera
frente a dicha pregunta consistió en que adecuada el enunciado y por ende es una
tanto la respuesta “B” como la “C” son respuesta incorrecta porque este es uno de
correctas a la luz de lo establecido en el art. los requisitos de la CONFESIÓN
191 del C.G. del P. establecido en el C.G.P., Art. 191 Núm. 1
Así las cosas al entrarse a resolver el
recurso de reposición, se denota que no se La opción B no resuelve de manera
realizó un estudio acucioso frente al reparo adecuada el enunciado y por ende es una
planteado, toda vez que la Unidad de respuesta incorrecta porque este es uno de
Carrera Judicial se limitó a indicar que la los requisitos de la CONFESIÓN
opción “B”, no corresponde a la correcta, establecido en el C.G.P., Art. 191 Núm. 3.
esto por cuanto es un requisito de la
confesión, sin percatarse que la forma en la La opción C es la respuesta correcta
que está redactada dicha respuesta, es porque esta opción es diametralmente
diametralmente opuesta a lo establecido en opuesta a la consagrada en el Art. 191
el numeral 3º del art. 191 del C.G. del P., tal Núm. 2 del C.G.P., toda vez que la
como sucede con la opción “C”, en confesión debe reportarle consecuencias
consecuencia, la misma no es un requisito adversas al confesante y no favorables, tal
de la confesión como erradamente se como está en la opción.
indica y se argumenta por la Unidad de
Carrera Judicial, hecho que lleva a concluir La opción D no resuelve de manera
que hubo una FALSA MOTIVACIÓN al adecuada el enunciado y por ende es una
momento de resolver el recurso, y por ende respuesta incorrecta porque esa opción
no se efectuó en debida forma el análisis encierra los requisitos de la CONFESIÓN
respectivo frente al reparo por mi establecido en el C.G.P., Art 191 Núm. 5, y
planteado, transgrediendo con ello de por lo tanto debe estimarse como tal. […]”.
forma flagrante mis derechos
fundamentales de petición y debido
proceso […]”.
“[…] PREGUNTA 69. “[…] Pregunta No. 69
La pregunta 69, tenía el siguiente Esta pregunta es pertinente teniendo en
enunciado: “El Juez decide en la audiencia cuenta que los jueces deben comprender y
inicial tras la inasistencia injustificada de las aplicar de forma correcta en el proceso, la
partes, fijar el litigio lo cual es:” El reparo operancia del principio dispositivo en
frente a dicha pregunta consistió en que la materia de fijación del objeto litigioso, el
misma versa respecto al trámite cual está exclusivamente en cabeza de las
procedimental que se lleva a cabo en los partes.
procesos verbales de la especialidad civil,
regulado específicamente en el art. 372 del La opción A no resuelve de manera
C.G. del P. y en donde se establece: adecuada el enunciado y por ende es una
“Cuando ninguna de las partes concurra a respuesta incorrecta porque se ha
la audiencia, esta no podrá celebrarse, y establecido “que cuando ninguna de las
vencido el término sin que se justifique la partes concurre a la audiencia inicial y no
inasistencia, el juez, por medio de auto, justifican su inasistencia dentro del término
declarará terminado el proceso. correspondiente, se tiene que declarar la
terminación del proceso, pues no habría
Así las cosas, es claro que lo reglado en el manera de fijar el objeto del litigio (inciso
art. 372 del C.G. del P. no es aplicable en segundo del numeral 4º del artículo 372 del
el ámbito penal, teniendo en cuenta para Código General del Proceso), toda vez que
ello que el Código de Procedimiento Penal, ni el juez ni los apoderados pueden suplir
regula claramente cada una de las etapas esa función exclusiva de las partes.
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del proceso y las audiencias que se
practican en cada una de ellas, sin que en El juez orienta a las partes en la fijación del
las mismas se aplique ni siquiera por objeto del litigio, pero no está facultado
remisión a lo establecido en dicha norma, para variar los límites trazados por ellas,
especialmente en lo correspondiente al porque tal labor corresponde al ejercicio del
deber que le asiste al Juez de fijar el litigio. principio dispositivo que rige el proceso
civil; y para ello basta con asentar los temas
Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente controvertidos, entendiéndose que
que la pregunta cuestionada hace parte del aquéllas están conformes con todos los
temario especifico del Área Civil, y en tal demás. (Sentencia SC780-2020, 10 de
sentido no está relacionada directamente marzo de 2020).
con las funciones del cargo para el cual me
inscribí, que es Juez de Ejecución de La opción B es la respuesta correcta
Penas y Medidas de Seguridad […]”. porque el proceso establecido
normativamente en el Código General del
[…] Proceso se caracteriza porque se adscribe
al principio dispositivo en el que
“[…]Teniendo en cuenta lo anterior, la exclusivamente las partes disponen o
pregunta en cuestión no podía formar parte determinan la forma y el momento en que
del componente general, ya que la misma plantean su litigio ante el juez.
hace parte del componente especifico pero
del Área Civil, de ahí la importancia de que Así las cosas, de la señalada disposición
se emita una respuesta de fondo frente a que las partes ejercen en torno a la
este reparo, en donde se argumente por oportunidad en que deben presentar su
parte de la Unidad de Carrera Judicial en el problema ante el juzgador, y de la
evento de no estar de acuerdo con mi correspondiente imposibilidad de que éste
planteamiento, en que parte del proceso de oficio intente componer el litigio, se
penal se da aplicación a lo establecido en puede concluir que el objeto del litigio
el art. 372 del C.G. del P. y la razón del por también es delimitado o fijado
qué dicha norma debe ser de conocimiento exclusivamente por las partes. Conforme lo
general de los concursantes a pesar de que anterior, se ha establecido “que cuando
la misma no se aplique en el proceso penal ninguna de las partes concurre a la
como es mi caso. audiencia inicial y no justifican su
inasistencia dentro del término
En virtud de lo anterior, resulta evidente correspondiente, se tiene que declarar la
que la Unidad de Carrera Judicial en lo que terminación del proceso, pues no habría
respecta a esta pregunta, tampoco hizo manera de fijar el objeto del litigio (inciso
pronunciamiento alguno frente al reparo segundo del numeral 4º del artículo 372 del
sustentado en el recurso, omitiendo dar Código General del Proceso), toda vez que
una respuesta de fondo, concreta y ni el juez ni los apoderados pueden suplir
motivada, lo que implica la vulneración de esa función exclusiva de las partes.
mis derechos fundamentales incoados en
esta acción constitucional […]”. El juez orienta a las partes en la fijación del
objeto del litigio, pero no está facultado
para variar los límites trazados por ellas,
porque tal labor corresponde al ejercicio del
principio dispositivo que rige el proceso
civil; y para ello basta con asentar los temas
controvertidos, entendiéndose que
aquéllas están conformes con todos los
demás. (Sentencia SC780-2020, 10 de
marzo de 2020).
La opción C no resuelve de manera
adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque vulnera el
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00387-00
Actora: Ángela María Estupiñán Araújo
principio dispositivo aplicado a la fijación
del objeto de litigio, el cual no corresponde
al juez. En efecto “[l]a fijación del objeto del
litigio no está concebida para que las partes
“ratifiquen” los hechos y pretensiones
narrados en la demanda y la contestación,
ni para resumirlos; pues entonces esa
actuación no cumpliría ninguna función
importante y no sería más que una pérdida
de tiempo; dado que esa “síntesis” debió
hacerse desde un principio en la narración
de los hechos de la demanda y podría
realizarla el juez con posterioridad.
La fijación del litigio cumple una función de
depuración de la información contenida en
esas esas narraciones para conservar lo
que resulte estrictamente necesario para
conformar el tema de la prueba, que
siempre debe estar dirigido a demostrar los
supuestos de hecho previstos en la
proposición normativa que rige el caso.
Todo lo demás no es más que información
irrelevante, que distrae la atención sobre lo
que merece ser debatido y probado. La
mayoría de costos innecesarios que
vulneran el principio de economía procesal,
en términos de tiempo y de recursos, se
generan por no fijar adecuadamente el
objeto del litigio”. (Sentencia SC780-2020,
10 de marzo de 2020).
La opción D no resuelve de manera
adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque vulnera el
principio dispositivo aplicado a la fijación
del objeto de litigio, el cual no corresponde
al juez. En efecto “[l]a fijación del objeto del
litigio no está concebida para que las partes
“ratifiquen” los hechos y pretensiones
narrados en la demanda y la contestación,
ni para resumirlos; pues entonces esa
actuación no cumpliría ninguna función
importante y no sería más que una pérdida
de tiempo; dado que esa “síntesis” debió
hacerse desde un principio en la narración
de los hechos de la demanda y podría
realizarla el juez con posterioridad.
La fijación del litigio cumple una función de
depuración de la información contenida en
esas esas narraciones para conservar lo
que resulte estrictamente necesario para
conformar el tema de la prueba, que
siempre debe estar dirigido a demostrar los
supuestos de hecho previstos en la
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00387-00
Actora: Ángela María Estupiñán Araújo
proposición normativa que rige el caso.
Todo lo demás no es más que información
irrelevante, que distrae la atención sobre lo
que merece ser debatido y probado. La
mayoría de costos innecesarios que
vulneran el principio de economía procesal,
en términos de tiempo y de recursos, se
generan por no fijar adecuadamente el
objeto del litigio”. (Sentencia SC780-2020,
10 de marzo de 2020).
El solo acceso a la administración de
justicia y a la contradicción en el proceso,
no autoriza la fijación del objeto del litigio
por parte del juez. En efecto, el proceso
establecido normativamente en el Código
General del Proceso se caracteriza porque
se adscribe al principio dispositivo en el que
exclusivamente las partes disponen o
determinan la forma y el momento en que
plantean su litigio ante el juez.
Así las cosas, de la señalada disposición
que las partes ejercen en torno a la
oportunidad en que deben presentar su
problema ante el juzgador, y de la
correspondiente imposibilidad de que éste
de oficio intente componer el litigio, se
puede concluir que el objeto del litigio
también es delimitado o fijado
exclusivamente por las partes.
Conforme lo anterior, se ha establecido
“que cuando ninguna de las partes
concurre a la audiencia inicial y no justifican
su inasistencia dentro del término
correspondiente, se tiene que declarar la
terminación del proceso, pues no habría
manera de fijar el objeto del litigio (inciso
segundo del numeral 4º del artículo 372 del
Código General del Proceso), toda vez que
ni el juez ni los apoderados pueden suplir
esa función exclusiva de las partes.
El juez orienta a las partes en la fijación del
objeto del litigio, pero no está facultado
para variar los límites trazados por ellas,
porque tal labor corresponde al ejercicio del
principio dispositivo que rige el proceso
civil; y para ello basta con asentar los temas
controvertidos, entendiéndose que
aquéllas están conformes con todos los
demás. (Sentencia SC780-2020, 10 de
marzo de 2020). […]”.
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Actora: Ángela María Estupiñán Araújo
“[…] PREGUNTA. 84. Conforme a la “[…] Pregunta No. 84
estructura constitucional la administración
de Justicia es: Esta pregunta es pertinente porque es
necesario que un servidor de la justicia
RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD. D) conozca adecuadamente la estructura de la
una función publica Rama.
RESPUESTA DE LA RECURRENTE. A) un La opción A no resuelve de manera
servicio público. adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque La
La Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Constitución establece diferencias entre
administración de justicia), en su art. 1º , servicio público y función pública, y
establece que :“La administración de establece que la administración de justicia
justicia es la parte de la función pública que corresponde a la segunda. Conforme al
cumple el Estado encargada por la Consejo de Estado “El servicio público es
Constitución Política y la ley de hacer una actividad que realiza la Administración,
efectivos los derechos, obligaciones, en forma directa o delegada, con el objeto
garantías y libertades consagrados en de satisfacer las necesidades de los
ellas, con el fin de realizar la convivencia administrados, esto es: el interés general”.
social y lograr y mantener la concordia
nacional”. Mientras que el inc. 2 del art. 125 La opción B no resuelve de manera
de la Ley 270 de 1996, dispone que la adecuada el enunciado y por ende es una
administración de justicia es un servicio respuesta incorrecta porque no aplica a la
público. materia de justicia.
En ese orden, si la pregunta es determinar La opción C no resuelve de manera
qué es la administración de justicia, adecuada el enunciado y por ende es una
entendiendo qué tipo de servicio es, respuesta incorrecta porque no está
claramente la respuesta será un servicio contemplado en la Constitución.
público. Si la pregunta fuera de qué forma
parte la administración de justicia, la La opción D es la respuesta correcta
respuesta seria de la función pública. porque así lo dispone el artículo 228 de la
Constitución Nacional. Conforme al
Así, la respuesta correcta es la A. No Consejo de Estado “La función pública es
obstante, en gracia de discusión cualquiera toda actividad ejercida por los órganos del
de las dos es correcta. estado para la realización de sus fines”.
[…]”.
Frente al tema es necesario resaltar que en
la Sentencia C-156 de 2020 la Corte
Constitucional en sus diferentes apartes se
refiere a la Administración de Justicia como
un servicio público […]”.
[…]
“[…] En síntesis, la administración de
justicia forma parte de la función pública del
estado, pero es a su vez un servicio público
de gran connotación, como lo ha definido la
ley y la jurisprudencia, por lo tanto, las dos
posibilidades de respuesta (A y D) son
CORRECTAS […]”.
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Actora: Ángela María Estupiñán Araújo
“[…] PREGUNTA 113. “[…] Pregunta No. 113
La pregunta 113 tenía el siguiente Esta pregunta es pertinente porque los
enunciado: “En un proceso de homicidio y funcionarios judiciales deben tener claro,
lesiones agravadas en hechos ocurridos en qué casos no se discute la competencia,
entre Bogotá y otro municipio, la fiscalía la misma se prorroga y en qué casos
radica la competencia en un juzgado de necesariamente se debe decretar una
circuito del mismo departamento del nulidad de un proceso, teniendo en cuenta
municipio mencionado. Se realiza la que el mismo es de competencia de un juez
acusación y no se hacen alegaciones sobre de superior jerarquía.
incompetencia, la audiencia se hace.”
RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD. B). La opción A no resuelve de manera
Se debe decretar la nulidad porque la adecuada el enunciado y por ende es una
competencia recae en un juez de superior respuesta incorrecta porque si bien los
jerarquía. RESPUESTA DE LA delitos son conexos, por el tipo de proceso
RECURRENTE. C) Se mantiene la debe ser adelantado por un juez penal del
competencia, esta se prorroga por falta de circuito especializado, tal como lo
discusión. establece el artículo 35 numeral 3 de la Ley
906 de 2004.
El reparo concreto consistió, en que los
delitos que fijan la competencia según el La opción B es la respuesta correcta
enunciado es el de “homicidio y lesiones porque se presenta una nulidad, al haberse
personales agravadas”, sin embargo, no se adelantado la audiencia de acusación, lo
determinó por cuál de las causales que exige decretar la nulidad de lo actuado
establecidas en el art. 104 del C.P. se por violación al debido proceso como se
generó el agravante, situación que es de desprende del artículo 55 de la ley 906 de
especial importancia, esto en razón a que 2004, que establece que se entiende que el
los Jueces Penales del Circuito juez penal del circuito especializado es de
Especializados, conforme se establece en superior jerarquía que el Juez Penal del
el art. 35 del C.P.P […]”. circuito y del artículo 456 del mismo
estatuto que establece la nulidad por
[…] incompetencia del juez al estar asignado
este caso al conocimiento de un Juez Penal
“[…] Así las cosas, se puede concluir que el del Circuito Especializado.
enunciado de la pregunta no brinda los
elementos suficientes para determinar que La opción C no resuelve de manera
el homicidio o las lesiones personales adecuada el enunciado y por ende es una
agravadas cometidas en el caso planteado, respuesta incorrecta porque el artículo 55
correspondan a las indicadas en los de la Ley 906 de 2004, establece que se
numerales 8, 9 o 10 del art. 104 del C.P. entiende prorrogada la competencia si no
hoy modificado por el artículo 8º de la Ley se alega la incompetencia en la
2197 de 2022 y corregido por el artículo 5º oportunidad indicada en el artículo 54 del
del Decreto 207 de 2022, dado que como mismo estatuto, salvo que esté radicada la
se puede observar, los Jueces Penales del competencia en funcionario de superior
Circuito Especializado no tienen jerarquía. El parágrafo del artículo 55
competencia en todos los eventos establece que el Juez Penal del Circuito
señalados en el art. 104 del C.P. en el cual Especializado es de superior jerarquía
se establece las circunstancias de respecto del juez Penal del circuito, y por lo
agravación, en tal sentido no podría tanto debe declararse la nulidad de este
exigírsele al concursante que realice el proceso.
análisis correspondiente de acuerdo a la
respuesta presuntamente correcta, cuando La opción D no resuelve de manera
no se brindan los elementos necesarios adecuada el enunciado y por ende es una
para su estudio que permitan llegar a esa respuesta incorrecta porque no se puede
conclusión. remitir el proceso, si no se decreta la
nulidad de lo actuado, ya que se había
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00387-00
Actora: Ángela María Estupiñán Araújo
Por otro lado, cabe resaltar que la pregunta realizado la audiencia de acusación. En
en la forma en que fue formulada, permite consecuencia debe decretarse la nulidad
suponer que la falta de competencia que de todo lo actuado, tal como se establece
allí se aduce es por el factor territorial, dado en el artículo 456 de la Ley 906 de 2004
que se indica que los hechos se cometieron […]”.
entre Bogotá y otro Municipio […]”.
46. En este punto, la Sala encuentra que, a través de la Resolución núm. CJR23-
0029 de 16 de enero de 2023, en su anexo 2 la Unidad de Administración de Carrera
Judicial de Colombia – Respuesta Objeciones, en el cual, “[…] Se relaciona a
continuación una a una las preguntas que fueron objetadas por los recurrentes para
el Cargo Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, indicando su
pertinencia, la justificación de la clave asignada, así como la razón de las opciones
de respuesta no válidas, las cuales son el producto de la estructura y elaboración
de las preguntas […]”, remitido por la Universidad Nacional de Colombia, y anexado
por la Unidad de Administración de Carrera Judicial, resolvió uno a uno los
requerimientos de la actora presentados en el recurso de reposición, presentados
el 19 de septiembre y 11 de noviembre de 2022, respectivamente.
47. De conformidad con lo expuesto anteriormente, la Sala considera que no hay
lugar a amparar los derechos fundamentales invocados por la actora, toda vez que
las entidades demandadas sí dieron una respuesta de fondo y concreta a la actora,
a través del Anexo núm. 2 “[…] Se relaciona a continuación una a una las preguntas
que fueron objetadas por los recurrentes para el Cargo Juez de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad, indicando su pertinencia, la justificación de la clave
asignada, así como la razón de las opciones de respuesta no válidas, las cuales son
el producto de la estructura y elaboración de las preguntas […]”, a través de la
Resolución núm. CJR23-0029 de 16 de enero de 2023.
48. En ese orden de ideas, la Sala considera que no existe vulneración alguna a los
derechos fundamentales al debido proceso, de petición y al acceso a cargos
públicos invocados por la actora, en la medida en que la Unidad sí dio una respuesta
congruente y de fondo al recurso de la actora, de conformidad con el Anexo núm. 2
de la CJR23-0029 de 16 de enero de 2023.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00387-00
Actora: Ángela María Estupiñán Araújo
49. Valga resaltar que la Resolución núm. CJR23-0029 de 16 de enero de 2023 y
sus anexos fueron publicados y notificados a través de la página Web
https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-
judicial/resultado-prueba-de-conocimientos-y-aptitudes; como lo establece el punto
5.2 del Acuerdo núm. PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, mediante el cual
“[…] se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para
la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial […]”, norma que
dispone lo siguiente:
“[…] La notificación de las decisiones que conlleven dicha diligencia, se realizarán
mediante su fijación durante el término cinco (5) días hábiles, en el Consejo
Superior de la Judicatura. De igual manera se informará a través de la página web
de la Rama Judicial, www.ramajudicial.gov.co y en los Consejos Seccionales de la
Judicatura.
De la misma forma se notificarán todos los actos de carácter particular y concreto
que expidan, por delegación, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial y
la “Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla”, en desarrollo del proceso de selección,
incluidos los que resuelven los recursos […]”.
50. Por lo anterior, la Sala negará las pretensiones de la presente acción de amparo
porque no se aprecia que la repuesta al recurso de reposición de la actora haya
afectado el núcleo esencial de sus derechos fundamentales indicados supra.
Conclusiones de la Sala
51. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva
de esta sentencia, la Sala negará la solicitud de amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de coadyuvancia a los señores John Facter
Gómez Cuellar y Alexander López Rodríguez, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
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Actora: Ángela María Estupiñán Araújo
SEGUNDO: RECONOCER como coadyuvantes a los señores Jhon Darío Álvarez
García, Wilson Murcia, Juan Diego Hernández Galindo, Paola Andrea Meléndez
Díaz, Diego Stiven Tacuma Gongora, Israel Otálora Arias, Edisson Ferney Gómez
Rodríguez, Dominick Cybulkiewicz Acuña, Ariel Arias Núñez, Josman Martínez
Fandiño, Hernán Darío Benavides Jurado, Gloria Inés Hernández Trujillo, Fernando
Arístides Revollo Pérez, Carmen Elena Zuleta Vanegas, Alveiro Rojas Zabala,
Zenaida Jiménez Ponton, Edgar Antonio Díaz Rey, Luis Ángel Paz, Sandra Milena
García Cardona, Karen Johanna Mejía Toro, Martín Gilberto González Tores y Elsa
Gladys Cifuentes, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NEGAR la solicitud de tutela presentada por la actora contra las
autoridades accionadas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
33
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00387-00
Actora: Ángela María Estupiñán Araújo
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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