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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00410-00

Fecha
27 de febrero de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00410-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Rechazar la acción de tutela interpuesta por el señor César Olmedo Hernández Sánchez, por falta del requisito de subsidiariedad, conforme a la parte considerativa que antecede. Segundo. En caso de que no fuere impugnada la presente decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00410-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

27 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 00410 00
Demandante: César Olmedo Hernández Sánchez
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad electoral.
Vulneración de los derechos al debido proceso, a la igualdad y al acceso
efectivo a la administración de justicia. Proceso en trámite.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

1. Antecedentes

1.1. La solicitud de tutela

El señor César Olmedo Hernández Sánchez promueve acción de tutela contra la
providencia del 17 de enero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, que rechazó por extemporáneo el recurso de queja que interpuso contra el
auto que no repuso el proveído a través del cual se declaró no probada la excepción
de caducidad.

1.2. Pretensiones

El accionante formula las siguientes súplicas:

Primero: Se sirva tutelar […] mis derechos fundamentales, al [debido proceso,
igualdad, y acceso efectivo a la administración de justicia], y los demás que se

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 00410 00
Demandante: César Olmedo Hernández Sánchez

observen vulnerados por la entidad accionada.

Segundo: Consecuencia de lo anterior, se sirva ordenar al Despacho No. 6 del
Tribunal Administrativo de Boyacá, que, en el término máximo de 48 horas desde
el momento de notificado el fallo de la presente acción de tutela, proceda a
conceder el recurso de queja interpuesto de manera oportuna, para que, su
superior jerárquico, decida sobre la procedencia o no del recurso de apelación
interpuesto.

1.3. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, el accionante señala los siguientes:

i) Mediante Resolución 40 del 24 de junio de 2022, el Concejo Municipal de
Sogamoso expidió la Convocatoria 1 de 2022 «por la cual […] reglamenta el concurso
público de méritos para proveer el cargo de personero municipal de Sogamoso Boyacá
para lo que resta del período 2020 - 2024».

ii) En ejercicio de sus derechos como ciudadano colombiano se inscribió y participó
en el aludido concurso, superando las diferentes etapas del proceso de selección
reguladas en la Resolución 40 de 2022 y en la ley.

iii) Una vez se desenvolvieron la totalidad de las fases del concurso por parte del
Concejo Municipal de Sogamoso, se expidió la respectiva lista de elegibles, en la cual
ocupó el primer lugar. A través de la Resolución 54 del 23 de agosto de 2022, fue
nombrado personero municipal de Sogamoso (Boyacá).

iv) La señora Ángela Lorena Sánchez Pérez en uso del medio de control de nulidad
electoral interpuso demanda contra el acto de elección, al que se le asignó la
radicación 15001 23 33 000 2022 00600 00 y fue repartido al Despacho 6 del Tribunal
Administrativo de Boyacá, donde actualmente está en curso.

v) A través de apoderada, dentro de los términos legales dio contestación a la
demanda y propuso, entre otras, la excepción de caducidad de la acción. El Tribunal
fijó para el 17 de enero de 2023, la realización de manera virtual de la audiencia inicial,
fecha en la que efectivamente se surtió.

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Demandante: César Olmedo Hernández Sánchez

vi) Durante el desarrollo de la diligencia, una vez se evacuó la etapa de saneamiento
del proceso, el magistrado ponente, Dayán Alberto Blanco Leguízamo, procedió a
resolver las excepciones formuladas, declarando no probada la caducidad de la
acción. Contra esa decisión interpuso recurso de apelación.

vii) El Tribunal no confirió recurso de apelación y, en su lugar, le dio trámite a la
reposición, la que resolvió en el sentido de no reponer el auto de rechazo de la alzada.
Por esa razón, su apoderada formuló apelación y solicitó que, si no se accedía, se
tramitara el recurso de queja, los cuales se despacharon desfavorablemente y, sin la
posibilidad de interponer impugnaciones adicionales, se prosiguió con la diligencia,
fijando para el 6 de febrero de 2023, la realización de audiencia de pruebas.

1.4. Fundamentos jurídicos

El accionante alega que con la providencia objeto de censura se vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia y se incurrió en desconocimiento del precedente judicial, por
los siguientes motivos:

i) El magistrado ponente no concedió el recurso interpuesto contra la providencia que
declaró no probada la excepción de caducidad con fundamento en que no era
susceptible de apelación, porque no está incluida en los autos descritos en el artículo
243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
sin tener en cuenta que su apoderada sustentó la presentación de la alzada en el
proveído que la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió dentro del proceso con
radicado 76001 23 33 000 2016 00231 01 del 8 de septiembre de 2016, en el que se
establece que los autos que resuelven sobre las excepciones previas en el medio de
control de nulidad electoral son pasibles del recurso de apelación.

ii) Si bien, los artículos 180 y 243 de la Ley 1437 de 2011, fueron modificados por los
artículos 40 y 62 de la Ley 2080 de 2021, respectivamente, el primero prevé que las
decisiones que se profieran en el curso de la audiencia inicial pueden ser recurridas

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Demandante: César Olmedo Hernández Sánchez

conforme a lo dispuesto en los artículos 242, 243, 245 y 246 ibidem, según el caso,
manteniendo incluido el 243, que hace referencia a la apelación; por ello, procede en
contra de las decisiones que se adoptan en el desarrollo de la audiencia inicial, como
ocurre en su caso, con el auto que niega una excepción.

iii) El Tribunal desconoció lo descrito en el auto del Consejo de Estado y, a pesar de
que se presentaron problemas de conectividad, el referido precedente fue invocado
por su apoderada; sin embargo, se resolvió no conceder la apelación, ante lo cual,
impetró el recurso de queja, que fue «negado también», bajo el sustento de
extemporaneidad, sin que se expresaran argumentos claros.

iv) En gracia de discusión, si el magistrado ponente estimaba que, con las
modificaciones efectuadas por la Ley 2080 de 2021, ya no procede el recurso de
apelación, debió motivar su decisión en ese sentido y, ante la duda, conceder la queja,
que fue interpuesta oportunamente, para que el superior la examinara, y evitar, una
eventual violación de sus garantías fundamentales.

1.5. Actuación procesal

La acción de tutela se admitió mediante proveído del 7 de febrero de 2023, que se
ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá, como
demandados. Así mismo, se dispuso la notificación al Concejo Municipal de Sogamoso
(Boyacá), a la señora Ángela Lorena Sánchez Pérez y a todas las personas que
intervienen dentro del medio de control de nulidad electoral con radicación 15001 23
33 000 2022 00600 00, como terceros interesados en las resultas de este proceso,
para que dentro del término de tres días y en uso de su derecho de defensa, rindieran
el respectivo informe. Igualmente, se resolvió no decretar la medida provisional.

1.6. Intervenciones

Del Tribunal Administrativo de Boyacá. El magistrado Dayán Alberto Blanco
Leguízamo solicita se declare improcedente la acción de tutela porque el demandado
en el proceso electoral no interpuso el recurso de queja oportunamente o en su

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Demandante: César Olmedo Hernández Sánchez

defecto, se nieguen las pretensiones de la demanda, por las siguientes razones:

i) Al dar apertura a la audiencia inicial llevada a cabo el 17 de enero de 2023, se le
precisó a las partes y a los intervinientes las reglas que gobernaban ese estadio
procesal, así mismo, que las decisiones que se dictaran se notificarían por estrados;
en consecuencia, los recursos, si eran del caso, se debían interponer en forma
inmediata, una vez se cumpliera su notificación.

ii) Durante el trámite de la diligencia establecida en el artículo 283 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), se
atendieron los derechos al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al
debido proceso, en especial, el de contradicción y el principio de publicidad de las
decisiones judiciales, toda vez que los autos proferidos se sustentaron adecuadamente
y de forma congruente con los antecedentes fácticos y legales; además, fueron
notificados en estrados, garantizando que las partes intervinieran e interpusieran los
recursos que consideraran procedentes.

iii) En el presente asunto, la abogada Adriana María Mora Pulido, apoderada del señor
César Olmedo Hernández Sánchez, no formuló oportunamente el recurso de queja
contra el auto que 1) resolvió que no procedía la apelación contra el que declaró no
probada la excepción de caducidad y 2) adecuó la impugnación al trámite del recurso
de reposición.

iv) En efecto, cuando se notificó en estrados esa decisión y se les preguntó a las
partes si estaban enteradas de su contenido, la profesional del derecho manifestó que
sí la conocía, pero guardó silencio respecto de los recursos (minuto 01:01:48).

v) En relación con el precedente que citó la apoderada del demandado en la
audiencia y en la acción de tutela, se debe indicar que no resulta aplicable al caso bajo
estudio, comoquiera que fue emitido antes de la entrada en vigor de la Ley 2080 de
2021, mientras que el auto que se dictó el 17 de enero de 2023, que declaró no
probada la excepción de caducidad, está regulado por el artículo 243 de la Ley 1437

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Demandante: César Olmedo Hernández Sánchez

de 2011, modificado por el artículo 62 ibidem, según el cual, esa decisión no es
apelable.

vi) La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante auto de 15 de julio de 2021,
consideró que se debe aplicar de manera integral la Ley 2080 de 2021, en cuanto al
trámite y recursos procedentes en materia de excepciones previas y mixtas para
aquellos asuntos en los que se hayan interpuesto en su vigencia, de acuerdo con ello,
no procedía el recurso de apelación contra el auto que declaró no probada la excepción
mixta de caducidad.

vii) Por otra parte, cuando la apoderada del señor César Olmedo Hernández Sánchez
manifestó que tenía inconvenientes técnicos, se suspendió la audiencia con el objeto
de que éstos fueran superados, mientras tanto no se adoptó ninguna decisión ni se
continuó con el trámite de la audiencia hasta que la profesional del derecho indicó que
se encontraba conectada y que había solucionado las dificultades de comunicación.

viii) En conclusión, el trámite de la audiencia inicial respecto de las excepciones, la
notificación de las providencias y la procedencia de los recursos cumplió con los
requisitos previstos en la Ley 1437 de 2011 y respetó los derechos constitucionales
del accionante.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento del presente asunto, de acuerdo
con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, modificado por el
Decreto 333 de 2021, según el cual «[l]as acciones de tutela dirigidas contra los
Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al
respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada» y conforme al
inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,1 que dispone que «las tutelas
que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda

1 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

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instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de
lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual
haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para
efecto de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos que plantea el señor
César Olmedo Hernández Sánchez contra la providencia del 17 de enero de 2023, que
profirió el Tribunal Administrativo de Boyacá dentro del medio de control de nulidad
electoral con radicación 15001 23 33 000 2022 00600 00.

2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40,
estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin
embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la
cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e
independencia judicial y las normas de competencia que fija la Constitución.

No obstante lo anterior, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad
para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela
procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,

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actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión
pueda causar un perjuicio irremediable».

Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las cuales, finalmente,
convergieron en la Sentencia C-590 de 2005,3 donde la Corte concentró y diferenció
las causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la
oportunidad del amparo.

Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado
a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la
sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los
derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial, siempre
que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.

A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes: defecto
orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente,
violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que para que proceda el
amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.

El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,4 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo cuando se esté en

2 T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567

de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de
2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
3 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García

González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).

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presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.

Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
agosto de 2014,5 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir,
con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los
presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.4. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:

2.4.1. El 6 de octubre de 2022, la señora Ángela Lorena Sánchez Pérez interpuso
medio de control de nulidad electoral para que se declararan nulas la Resolución 54
del 23 de agosto de 2022, emitida por la Mesa Directiva del Concejo Municipal de
Sogamoso, por medio de la cual declaró la elección del señor César Olmedo
Hernández Sánchez como personero del municipio de Sogamoso (Boyacá), para lo
que resta del período 2020 a 2024, y el Acta de la sesión extraordinaria del 23 de
agosto de 2022.6

2.4.2. El 17 de enero de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá realizó la
audiencia inicial establecida en el artículo 283 de la Ley 1437 de 2011 dentro del
proceso con radicación 15001 23 33 000 2022 00600 00.7

2.4.3. El 17 de enero de 2023, el Tribunal declaró no probada la excepción de

5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez,
expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
6 Índice 9, del expediente electrónico.
7 Índice 9, del expediente electrónico.

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caducidad del medio de control de nulidad electoral propuesta por el señor César
Olmedo Hernández Sánchez.8

2.4.4. El 17 de enero de 2023, al desatar la apelación interpuesta por el señor
Hernández Sánchez contra la anterior providencia resolvió «adecuar el recurso de
apelación al trámite del recurso de reposición».9

2.4.5. El 17 de enero de 2023, el Tribunal decidió no reponer el auto a través del cual
dispuso declarar no probada la excepción de caducidad formulada por la apoderada
del demandado.10

2.4.6. El 17 de enero de 2023, el magistrado ponente resolvió rechazar por
improcedente el recurso de apelación interpuesto contra el proveído que decidió el
recurso de reposición y rechazó por extemporáneo el recurso de queja impetrado por
la apoderada del señor César Olmedo Hernández Sánchez.11

2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala

Examen de procedencia de la acción de tutela

En el asunto objeto de examen el señor César Olmedo Hernández Sánchez alega que
el Tribunal Administrativo de Boyacá violó sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, con la providencia
del 17 de enero de 2023, dictada en audiencia inicial, mediante la cual rechazó por
extemporáneo el recurso de queja que interpuso contra «la decisión que adecuó la
apelación a reposición», a través de la que se impugnó el auto que declaró no probada
la excepción de caducidad dentro del proceso electoral con radicación 15001 23 33
000 2022 000600 00, en el que actúa como parte demandada.

Igualmente, arguye que se incurrió en desconocimiento del precedente judicial fijado

8 Índice 9, del expediente electrónico.
9 Índice 9, del expediente electrónico.
10 Índice 9, del expediente electrónico.
11 Índice 9, del expediente electrónico.

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 00410 00
Demandante: César Olmedo Hernández Sánchez

por la Sección Quinta del Consejo de Estado en proveído del 8 de septiembre de 2016,
que establece que las providencias que resuelven las excepciones previas son
pasibles del recurso de alzada.12

Así las cosas, la decisión judicial objeto de censura no tiene carácter definitivo ni con
ella se pone fin al litigio que se planteó en el medio de control de nulidad electoral que
impetró la señora Ángela Lorena Sánchez Pérez para que se declarara la nulidad de
la Resolución 54 del 23 de agosto de 2022, expedida por la Mesa Directiva del Concejo
Municipal de Sogamoso, por medio de la cual se declaró electo al señor César Olmedo
Hernández Sánchez como personero del municipio de Sogamoso (Boyacá), para lo
que resta del período 2020 a 2024 y del Acta de la sesión extraordinaria del 23 de
agosto de 2022, que celebró esa corporación.

La jurisprudencia constitucional ha indicado que cuando la acción de tutela se dirige a
controvertir providencias judiciales debe tenerse en cuenta que, en virtud del principio
de subsidiariedad, el debate frente a la decisión allí adoptada debe haber finalizado, lo
contrario implicaría una intervención injustificada por parte del fallador constitucional y
una transgresión al principio del juez natural.

En ese sentido se pronunció la Corte Constitucional en la Sentencia T-103 del 26 de
febrero de 2014,13 en la que expresó que cuando se atacan decisiones judiciales el
proceso debe haber concluido, pues en caso de que esté en curso, el juez de tutela no
puede analizar la solicitud de amparo, ya que no es posible utilizar la tutela como un
mecanismo paralelo para resolver las controversias que deben solucionarse al interior
del proceso.

Así las cosas, el fallador constitucional debe determinar si el proceso dentro del cual
se profirió la providencia judicial que se ataca se encuentra en trámite y si el debate
que dio origen a la interposición de la acción de tutela no ha sido resuelto al interior de
este, por cuanto si así ocurriere le corresponderá rechazar la acción por

12 Expediente 76001 23 33 000 2016 00231 01.
13 Corte Constitucional. Expediente T-3.286.505. Magistrado ponente Jorge Iván Palacio Palacio.

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 00410 00
Demandante: César Olmedo Hernández Sánchez

improcedente.14

En tal sentido, siendo que, como lo señaló el accionante, cumplida la etapa de decisión
de las excepciones y, sin tener la posibilidad de interponer recursos adicionales, el
magistrado ponente citó a audiencia de pruebas para el 6 de febrero de 2023, se debe
concluir que se trata de un proceso en curso, lo cual impide la mediación del juzgador
constitucional.

Por otra parte, una vez analizadas las circunstancias y los hechos en los que se
sustenta la presente solicitud, así como las razones que llevaron al accionante a acudir
a la vía constitucional, la Sala no encuentra que se cumpla alguno de los criterios
establecidos en la jurisprudencia para que se configure un perjuicio irremediable,15 que
pretermita la subsidiariedad de la acción.

3. Conclusión

La Sala concluye, entonces, que el asunto no cumple con el presupuesto de
subsidiariedad para realizar el estudio de la vulneración alegada, toda vez que se trata
de un proceso que se encuentra en trámite, lo que no permite la intervención del juez
de tutela.

En tal sentido, la Sala rechazará por improcedencia la solicitud de tutela presentada
por el señor César Olmedo Hernández Sánchez, por falta del requisito de
subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia de 15 de febrero de 2018. Radicado

11001 03 15 000 2018 00127 00.
15 Los requisitos que establece la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional para

que proceda la tutela como mecanismo judicial para evitar un perjuicio irremediable son los siguientes:
su inminencia, su urgencia, su gravedad y su impostergabilidad.

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 00410 00
Demandante: César Olmedo Hernández Sánchez

F A L L A:

Primero. Rechazar la acción de tutela interpuesta por el señor César Olmedo
Hernández Sánchez, por falta del requisito de subsidiariedad, conforme a la parte
considerativa que antecede.

Segundo. En caso de que no fuere impugnada la presente decisión, remitir el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada Samái. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

MAM

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