Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00417-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00417-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00417-00
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
20 de febrero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., veinte (20) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2023-00417-001
Actora : Sixta Tulia Herazo Hurtado
Demandados : Magistrados del Tribunal Administrativo del Chocó
Tema : Tutela contra providencia judicial; derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia
Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del
trámite relacionado con la acción de tutela incoada por la señora Sixta Tulia
Herazo Hurtado contra los señores magistrados del Tribunal Administrativo
del Chocó, por la presunta vulneración de sus derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de
justicia.
I. ANTECEDENTES
1.1 La solicitud de amparo. La señora Sixta Tulia Herazo Hurtado, por
conducto de apoderado, presenta acción de tutela con el fin de obtener la
protección de las garantías superiores a las que se hizo referencia,
presuntamente quebrantadas por los señores magistrados del Tribunal
Administrativo del Chocó.
Como consecuencia de lo anterior, pide se deje sin efectos el auto de 12 de
agosto de 2022, mediante el cual el Tribunal Administrativo del Chocó
confirmó el de 17 de enero de 2019, con el que el Juzgado Segundo (2º)
Administrativo de Quibdó liquidó el crédito reclamado en el asunto ejecutivo
promovido contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) [expediente
27001-33-33-002-2016-00068-00]; en su lugar, se ordene a las autoridades
accionadas que profieran una nueva providencia en la que determinen el valor
de la obligación allí exigida, de acuerdo con el ordenamiento jurídico.
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Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00417-00
Actora: Sixta Tulia Herazo Hurtado
1.2 Hechos. Relata la accionante que incoó acción de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la entonces Caja Nacional de Previsión
Social en Liquidación (expediente 27001-33-31-001-2011-00585-00), con el
propósito de obtener la anulación del acto administrativo2 que le negó la
pensión gracia y el reconocimiento de dicha prestación, súplicas a las que
accedió el 17 de julio de 2012 el Juzgado Sexto (6º) Administrativo de
Descongestión de Quibdó, decisión judicial confirmada el 28 de agosto de
2014 por el Tribunal Administrativo del Chocó.
Que, en razón a que no se acataron las precitadas sentencias, instauró
demanda ejecutiva contra la UGPP (expediente 27001-33-33-002-2016-
00068-00), de la que conoció el Juzgado Segundo (2º) Administrativo de
Quibdó, que el 7 de julio de 2016 libró mandamiento de pago y el 17 de abril
de 2018 dispuso seguir adelante con la ejecución de la obligación y requirió
de las partes presentar la liquidación del crédito, conforme al artículo 446 del
Código General del Proceso (CGP).
Dice que arrimó escrito en el que calculó la deuda reclamada en
$789’418.343, pero el 17 de enero de 2019 el Juzgado de conocimiento la fijó
en $622’387.728, determinación contra la cual interpuso recurso de apelación,
con el argumento de que el capital adeudado ascendía a $396’759.896 y no a
$330’789.583, como equivocadamente lo señaló el a quo, alzada desatada el
12 de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo del Chocó, en el sentido
de confirmar al auto de primera instancia, habida cuenta de que la referida
liquidación se efectuó con base en los fallos dictados dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho 27001-33-31-001-2011-00585-00.
Que la providencia cuestionada adolece de defecto fáctico, comoquiera que,
al momento de liquidar el crédito, se dedujeron los aportes a salud, pese a que
ello no se ordenó en las sentencias ordinarias, de lo que se colige que acaeció
una indebida valoración de las pruebas que obran en el expediente 27001-33-
33-002-2016-00068-00, lo cual, dicho sea de paso, redujo de manera
significativa el capital adeudado, en consecuencia, los intereses moratorios.
Además, no era dable dicha deducción, porque la UGPP no es la destinataria
de esos dineros.
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No individualiza decisión administrativa alguna.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00417-00
Actora: Sixta Tulia Herazo Hurtado
II. TRÁMITE PROCESAL
Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a
través de auto de 1º de febrero de 2023, admitió la presente acción, ordenó
notificar a los señores magistrados del Tribunal Administrativo del Chocó y
dispuso vincular a la señora directora general de la UGPP, en los términos del
artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
2.1 Contestaciones de la acción.
2.1.1 Los señores magistrados del Tribunal Administrativo del Chocó, por
conducto de la ponente del proveído censurado, piden negar el amparo
deprecado, al estimar que la liquidación del crédito reclamado en el trámite
ejecutivo 27001-33-33-002-2016-00068-00 la realizaron en atención a las
sentencias de 17 de julio de 2012 y 28 de agosto de 2014, con las que el
Juzgado Sexto (6º) Administrativo de Descongestión de Quibdó y esa
Corporación, en su orden, decidieron la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho 27001-33-31-001-2011-00585-00, por
consiguiente, no es factible atribuirles vulneración de garantías superiores.
Que la discusión planteada en esta acción carece de relevancia constitucional,
toda vez que la actora pretende un nuevo pronunciamiento sobre cuestiones
desestimadas al interior del expediente 27001-33-33-002-2016-00068-00, lo
que denota que la emplea como una tercera instancia, con desconocimiento de
su naturaleza excepcional.
2.1.2 La señora directora general de la UGPP, mediante el señor subdirector
de defensa judicial pensional del organismo que regenta, asevera que, con
Resolución RDP 12875 de 2 de junio de 2020, dio cumplimiento al fallo de
28 de agosto de 2014, con el que el Tribunal Administrativo del Chocó
decidió, en segunda instancia, el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho 27001-33-31-001-2011-00585-00, pues le concedió a la tutelante
«pensión de jubilación» con efectos fiscales a partir del 15 de febrero de 2007
y en un monto de $1’793.180.
Que la acción de la referencia resulta improcedente, habida cuenta de que «lo
pretendido por la parte accionante es sustituir una decisión judicial
ejecutoriada proferida por el juez natural de la causa, por encontrarse
inconforme con su decisión al dar por terminado el proceso ejecutivo» y no
se evidencia la configuración de un perjuicio irremediable, pues la actora no
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Actora: Sixta Tulia Herazo Hurtado
se halla en una situación que involucre afectación de sus prerrogativas
constitucionales, máxime cuando devenga una «mesada» con la que puede
suplir sus necesidades.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Corresponde a esta Corporación, en virtud de las reglas de
reparto de la acción de tutela, previstas en los Decretos 1382 de 2000 y 1983
de 2017, determinar si en el presente caso hay lugar al amparo deprecado por
la accionante, quien aduce quebranto de sus derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de
justicia.
3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de
la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992,
1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera
que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la
tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional
fundamental que pueda comportar el auto de 12 de agosto de 2022, por cuyo
conducto el Tribunal Administrativo del Chocó confirmó el de 17 de enero de
2019, con el que el Juzgado Segundo (2º) Administrativo de Quibdó liquidó
el crédito exigido en el trámite ejecutivo promovido por la tutelante contra la
UGPP (expediente 27001-33-33-002-2016-00068-00); y, en caso afirmativo,
si se han vulnerado las garantías superiores al debido proceso, igualdad y
acceso a la administración de justicia invocadas en la solicitud de amparo.
3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate
jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que
declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la
amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en
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Actora: Sixta Tulia Herazo Hurtado
sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en
apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de
hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y
desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la
acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el
reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la
administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos
fundamentales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia
fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura
cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos
protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión
controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii)
defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de
sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el
que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que
aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del
proceso establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de
unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las
cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional
destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de
manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos
porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
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Actora: Sixta Tulia Herazo Hurtado
Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora. (v) Que el actor identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial
siempre que esto hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.
Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta
procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de
competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto
fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto
material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo
adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00417-00
Actora: Sixta Tulia Herazo Hurtado
del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la
Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de
vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una
burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan
derechos fundamentales.
Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo
del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales3, rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 20124, en el sentido de disponer
que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando
vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los
parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con
anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos5.
3.5 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que
(i) el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad y acceso a la administración de justicia de la accionante; (ii) contra
el auto acusado no procede recurso alguno, toda vez que se emitió en segunda
instancia y se encuentra ejecutoriado; (iii) se establecieron los hechos que
originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el
requisito de inmediatez se satisface, comoquiera que la determinación judicial
atacada se profirió el 12 de agosto de 2022 y la solicitud de amparo se
3
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-
administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2)
31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P.
Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de
junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-
0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia
López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
4
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
5
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008,
exp. 2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P.
Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de
febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp.
2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp.
2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00417-00
Actora: Sixta Tulia Herazo Hurtado
instauró el 30 de enero de 2023, es decir, dentro de un término prudencial (5
meses y 18 días); y (v) la providencia acusada no desató una acción de tutela.
En razón a que se colman los presupuestos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, esta Sala examinará el fondo
del asunto, conforme a la causal específica denominada defecto fáctico.
3.5.1 Hechos probados. Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el
expediente, se destaca:
a) Mediante Resolución PAP 57053 de 10 de junio de 2011, la desaparecida
Caja Nacional de Previsión Social le negó a la tutelante la pensión gracia,
puesto que no colmaba las exigencias legales para su concesión.
b) La demandante incoó acción de nulidad y restablecimiento del derecho
contra el mencionado ente estatal (expediente 27001-33-31-001-2011-00585-
00), con el propósito de obtener la anulación del acto administrativo
enunciado en la letra precedente y el reconocimiento de la correspondiente
prestación, asunto del que conoció el Juzgado Sexto (6º) Administrativo de
Descongestión de Quibdó, que el 17 de julio de 2012 accedió a las
pretensiones, al considerar que la actora satisfacía los requisitos estipulados
en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989.
En la sentencia se ordenó calcular el monto de la mesada «con base en el 75%
del salario promedio devengado, durante el último año en el cual se causó el
derecho pensional y demás factores salariales (prima de navidad, vacacional
y de servicios), la cual se hará efectiva a partir de la fecha de adquisición de
su status y se ajustará anualmente en las cuantías ordenadas por la ley».
c) Contra la anterior decisión la parte allí demandada interpuso recurso de
apelación, con el argumento de que la demandante tenía la condición de
docente nacional, por ende, no era destinataria de la prestación reclamada,
desatado el 28 de agosto de 2014 por el Tribunal Administrativo del Chocó,
en el sentido de confirmar el fallo de primera instancia, habida cuenta de que
la accionante se vinculó como profesora de entes territoriales antes de 1981,
laboró allí por más de veinte (20) años y supera los cincuenta (50) de edad.
d) El 1º de marzo de 2016 la tutelante promovió acción ejecutiva contra la
UGPP (expediente 27001-33-33-002-2016-00068-00), con el fin de exigir el
pago de la condena impuesta en el proceso de nulidad y restablecimiento del
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00417-00
Actora: Sixta Tulia Herazo Hurtado
derecho 27001-33-31-001-2011-00585-00, asunto del que conoció el Juzgado
Segundo (2º) Administrativo de Quibdó, que el 7 de julio de esa anualidad
libró mandamiento de pago «por la obligación de hacer y de pagar el
retroactivo pensional causado debidamente indexado cada mayor valor
pensional desde su causación y exigibilidad hasta la ejecutoria de la
sentencia y a partir de allí por los intereses de mora» (sic para toda la cita).
e) El 27 de julio de 2017 el Juzgado de conocimiento celebró «audiencia de
decisión de excepciones de mérito», sin embargo, la parte ejecutada desistió
de las que formuló en la contestación de la demanda, a lo que accedió aquel,
por lo que dio por terminada la diligencia.
f) El Juzgado Segundo (2º) Administrativo de Quibdó (i) el 17 de abril de
2018 dispuso seguir adelante con la ejecución de la obligación y ordenó que
la UGPP le pagara a la demandante lo reclamado, al estimar que las pruebas
arrimadas dan cuenta de que aquella es clara, expresa y exigible y la ejecutada
no la había cancelado; y (ii) el 11 de septiembre de ese año corrió traslado de
la liquidación del crédito allegada por la ejecutante, en la que se consignó que
el capital y los intereses moratorios ascendían a $396’759.896 y
$392’658.447, en su orden, para un total de $789’418.343.
g) El 17 de enero de 2019 el a quo desestimó la liquidación presentada por la
demandante y la calculó en $622’387.287, de los cuales $330’789.583
corresponden a capital y $291’597.703 a intereses moratorios, y fijó como
costas del trámite $24’895.491, decisión que aquella apeló, con el argumento
de que no era dable deducir los respectivos aportes a salud, porque ello
mermaba sustancialmente el valor de la deuda, máxime cuando el ente
encargado de realizar dicha retención es el Fosyga y no la UGPP.
h) La precitada alzada fue desatada el 12 de agosto de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Chocó, en el sentido de confirmar la determinación
judicial de primera instancia, al considerar que la obligación reclamada, de
acuerdo con las sentencias que decidieron la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho 27001-33-31-001-2011-00585-00, es «el 75%
del salario promedio devengado, durante el último año en el cual se causó el
derecho pensional y demás factores salariales (prima de navidad, vacacional
y de servicios), la cual se hará efectiva a partir de la fecha de adquisición de
su status y se ajustará anualmente en las cuantías ordenadas por la ley».
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00417-00
Actora: Sixta Tulia Herazo Hurtado
Que al calcular el monto de la deuda se deben descontar los aportes a salud,
pues, de lo contrario, se tendrían en cuenta sumas de las cuales la actora no es
titular, porque pertenecen al «Régimen Contributivo de Salud».
3.5.2 Defecto fáctico. Una providencia judicial se encuentra viciada por
defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «[…] surge cuando carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión»6.
La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba
no apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto
negativo que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se
configura en los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente,
pese a obrar suficiente material probatorio que lo demuestra7.
En la solicitud de amparo la demandante sostiene que el proveído cuestionado
incurre en defecto fáctico, en razón a que, al liquidar el crédito reclamado en
el trámite ejecutivo 27001-33-33-002-2016-00068-00, descontó las
cotizaciones a salud, actuación que carece de respaldo probatorio, puesto que
los elementos de convicción que allí obran, en particular, las sentencias que
decidieron el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 27001-33-31-
001-2011-00585-00, no instituyeron dicha deducción, la cual, valga anotar,
redujo significativamente el monto del capital exigido, por tanto, de los
intereses moratorios. Además, no era dable efectuar la disminución, porque la
UGPP no es la administradora de los aportes a salud.
Con el fin de dilucidar si el anterior reproche tiene o no asidero jurídico,
resulta oportuno indicar que la acción ejecutiva es un mecanismo judicial a
través del cual un acreedor pide del juez la ejecución en su favor de una
obligación clara, expresa y exigible8 contraída por el deudor, que debe constar
6
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
7
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
8
Corte Constitucional, sentencia T-747 de 2013, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «[…] es clara la
obligación que no da lugar a equívocos, en otras palabras, en la que están identificados el deudor, el
acreedor, la naturaleza de la obligación y los factores que la determinan. Es expresa cuando de la redacción
misma del documento, aparece nítida y manifiesta la obligación. Es exigible si su cumplimiento no está
sujeto a un plazo o a una condición, dicho de otro modo, si se trata de una obligación pura y simple ya
declarada […]».
10
Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00417-00
Actora: Sixta Tulia Herazo Hurtado
en un documento emitido por este o en un fallo condenatorio, al que se
denomina título ejecutivo, conforme lo prevé el artículo 4229 del CGP.
Una vez el beneficiario de la deuda promueva ese instrumento judicial, el juez
determinará si el escrito adosado por aquel cumple las exigencias formales y
sustanciales para ser considerado título ejecutivo, lo cual, de acontecer,
origina la expedición del mandamiento de pago, que comporta «una
providencia, que hace [las] veces de [auto admisorio,] por cuanto implica que
[se] encontró que la demanda reunía los requisitos legales […]»10.
Luego de ello, se corre traslado de esa decisión a la parte ejecutada, con la
finalidad de que proponga excepciones, y una vez agotado el trámite al que
están sometidas y de no prosperar parcial o totalmente, se ordena (i) seguir
adelante con la ejecución, (ii) efectuar los correspondientes avalúos de los
bienes que llegaren a estar embargados, y (iii) liquidar el crédito y las costas,
etapa en la que las partes establecen el monto de la deuda11 (constituida por el
capital y los intereses), del cual se corre traslado, para que, posteriormente, el
juez determine si lo aprueba o no.
Cabe advertir que el numeral 3 del artículo 446 del CGP señala que el juez
está facultado para modificar la liquidación del crédito presentada por alguna
de las partes, en consecuencia, variar el monto que se consignó en el auto que
libró mandamiento de pago, pues involucra un momento procesal oportuno
para garantizar que la cuantía de la deuda que se ejecuta esté acorde con lo
que verdaderamente el demandado le debe al acreedor, lo que, dicho sea de
paso, constituye un control de legalidad de las actuaciones procesales en el
asunto ejecutivo, dado que permite ajustarlas a la realidad12.
Por otra parte, en lo concerniente a la pensión gracia, esta fue creada a través
de la Ley 114 de 191313 y es considerada una prestación de carácter especial
otorgada a los docentes de entidades territoriales, como reconocimiento a sus
esfuerzos, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la actividad
9
«Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en
documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que
emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra
providencia judicial […]».
10
LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Código General del Proceso: parte especial. Dupré Editores. 2017.
Bogotá. P. 534.
11
Consejo de Estado, sección primera, auto de 13 de noviembre de 2014, C. P. María Elizabeth García
González, expediente 05001-23-33-000-2014-00259-01.
12
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, auto de 28 de noviembre de 2018, C. P. Rafael
Francisco Suárez Vargas, expediente 23001-23-33-000-2013-00136-00.
13
«Que crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
11
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Actora: Sixta Tulia Herazo Hurtado
educativa.
Tal beneficio les fue extendido a los maestros de secundaria, normales e
inspectores (Ley 116 de 192814) y, posteriormente, a los del nivel secundario
(Ley 37 de 193315). Asimismo, el Decreto 81 de 197616 dispuso que la
concesión de la referida pensión estaba a cargo de la entonces Caja Nacional
de Previsión Social, lo que también previó el artículo 15 (numeral 2) de la
Ley 91 de 198917, en los siguientes términos:
A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional
y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de
1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones:
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por
mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás
normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá
siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo
total o parcial de la Nación […].
Ahora bien, el artículo 4º de la Ley 91 de 1989 estipula que «[s]erán
automáticamente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren
vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley […]» y sus
recursos están constituidos por «[e]l 5% del sueldo básico mensual del
personal afiliado» y «[e]l 5% de cada mesada pensional que pague […]
incluidas las mesadas adicionales, como aporte de los pensionados».
En ese sentido, el artículo 161 (numeral 2) de la Ley 100 de 199318 consagra
que los «integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, los
empleadores, cualquiera que sea la entidad o institución en nombre de la
14
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
15
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».
16
«Por el cual se trasladan unas funciones a la Caja Nacional de Previsión Social».
17
«Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
18
«Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».
12
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Actora: Sixta Tulia Herazo Hurtado
cual vinculen a los trabajadores», les asiste el deber de «contribuir al
financiamiento» del referido sistema, para lo que deben efectuar
cumplidamente la «cotización al Régimen Contributivo de Salud», a la que
están sujetas todas las pensiones, de acuerdo con el artículo 28019 ibidem.
Por su parte, el artículo 81 (inciso 4º) de la Ley 812 de 200320 establece que
«[e]l valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio corresponderá a la suma
de aportes que para salud y pensiones establezcan las Leyes 100 de 1993
y 797 de 2003».
Del anterior recuento normativo, se colige que los docentes destinatarios de la
pensión gracia deben cotizar a salud por recibir esa prestación, lo que fue
avalado por la Corte Constitucional21, en los siguientes términos:
[…] no existe disposición que excluya a los regímenes de excepción del
deber de cotizar al Sistema General de Seguridad Social, por el
contrario, se encuentra demostrado, que a través del tiempo los
beneficiarios de la pensión gracia han estado obligados a efectuar los
aportes correspondientes al sistema de salud para la prestación de los
servicios médico asistenciales, situación que no varió con la expedición
de la Ley 100 de 1993. El pago de las cotizaciones en salud es
obligatorio, independientemente de que se preste o no el servicio de
salud, en acatamiento del principio de solidaridad que rige el sistema de
Seguridad Social en Colombia.
Dicha postura coincide con la del Consejo de Estado22, que dijo:
[…] sobre la pensión que se reconoce y paga a través de la Caja
Nacional de Previsión Social hoy de la UGPP, se debe efectuar el
descuento del 12% con destino al Sistema General de Seguridad Social
en Salud.
[…] la mesada de pensión gracia no se encuentra exenta del descuento
para salud, ni goza de un porcentaje inferior o diferente al previsto tanto
para los afiliados al sistema general de seguridad social en salud, como
para los afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.
19
«Los aportes para los fondos de solidaridad en los regímenes de salud y pensiones […] serán obligatorios
en todos los casos y sin excepciones […]».
20
«Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario».
21
Sentencia T-546 de 2014, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
22
Sección segunda, subsección A, sentencia de 21 de junio de 2018, C. P. William Hernández Gómez,
expediente 25000-23-42-000-2014-02587-01.
13
Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00417-00
Actora: Sixta Tulia Herazo Hurtado
En virtud de lo expuesto, se concluye que los docentes que reciben pensión
gracia están obligados a efectuar las cotizaciones a salud, conforme lo prevén
las precitadas normas y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado sobre la materia.
En el sub lite se evidencia que en la providencia cuestionada, al liquidar el
crédito dentro del trámite ejecutivo 27001-33-33-002-2016-00068-00, se
descontaron de las mesadas adeudadas los aportes a salud, lo que para la
actora comporta defecto fáctico, porque, a su juicio, esa deducción carece de
respaldo probatorio, dado que en los elementos de convicción que allí
reposan, en particular, en las sentencias que decidieron el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho 27001-33-31-001-2011-00585-00, no se
instituyó dicha disminución.
Analizada la normativa correspondiente, la Sala estima que la forma como se
realizó la liquidación del crédito en el asunto ejecutivo 27001-33-33-002-
2016-00068-00 se ajusta al ordenamiento jurídico, por cuanto la pensión
gracia, tal como se estudió en precedencia, está sujeta a los aportes a salud,
por tanto, las sumas atañederas a ese concepto no pertenecen a la accionante,
sino al sistema general de seguridad social en salud, por consiguiente, no
integran la deuda reclamada en las referidas diligencias, situación que
imponía excluirlas, tal como aconteció.
En ese orden de ideas, no era factible, contrario a lo aseverado por la actora,
que el capital exigido por la presunta omisión de la UGPP de atender la
condena impuesta en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
27001-33-31-001-2011-00585-00, se calcule sin los descuentos de las
cotizaciones a salud, a las cuales están sujetas todas las pensiones, inclusive,
la de gracia, conforme se concluyó en líneas anteriores.
Ahora bien, la demandante sostiene que no era dable que las autoridades
accionadas descontaran los aportes a salud, porque la UGPP no es la
administradora de esos recursos, argumento que para la Sala carece de asidero
jurídico, toda vez que a aquel ente le asiste el deber legal de hacer las
mencionadas deducciones cuando otorguen pensiones, entre estas, la pensión
gracia, circunstancia que imponía aplicarlos al momento de liquidar el crédito
dentro del trámite ejecutivo 27001-33-33-002-2016-00068-00. Sobre este
14
Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00417-00
Actora: Sixta Tulia Herazo Hurtado
aspecto, el Consejo de Estado23 señaló:
[…] los descuentos operan por mandato legal, es decir, no se requiere
de decisión judicial que los ordene taxativamente, por el contrario, es
la Administración la que, al momento de otorgar cualquier
reconocimiento pensional, debe ajustarse a los parámetros
establecidos en las leyes que regulan la prestación social reconocida,
entre ellos, efectuar las deducciones a que haya lugar.
De acuerdo con lo expuesto, como la UGPP debe descontar los aportes a
salud cuando le conceda la pensión gracia a la demandante, era procedente
que las autoridades accionadas los restaran del capital reclamado, así en los
fallos que decidieron la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
27001-33-31-001-2011-00585-00 no se hubiere dispuesto nada sobre el
particular, comoquiera que para realizarlos no es indispensable una orden
judicial, en razón a que involucra un mandato legal de obligatorio
cumplimiento, y ellos no integran la deuda, puesto que su titularidad no recae
en la tutelante, sino, se reitera, en el sistema general de seguridad social en
salud.
Además, aunque en el auto que libró mandamiento de pago dentro del asunto
ejecutivo 27001-33-33-002-2016-00068-00 no se hizo alusión alguna a los
descuentos de salud, ello no impedía que las autoridades accionadas los
dedujeran al momento de liquidar el crédito, por cuanto esta etapa está
instituida en los procedimientos de esa naturaleza, con el fin de que el juez, en
el ejercicio de un control de legalidad de las actuaciones, determine la cuantía
real de la deuda, como sucedió.
Así las cosas, la deducción efectuada en la providencia cuestionada, que
liquidó el crédito reclamado en el expediente 27001-33-33-002-2016-00068-
00, goza de respaldo normativo y jurisprudencial y no comporta una
inferencia arbitraria de los elementos de convicción que allí obran.
A partir de los anteriores prolegómenos, la Sala negará el amparo deprecado,
dado que la decisión judicial censurada no involucra defecto fáctico.
23
Sección segunda, subsección B, sentencia de 31 de enero de 2019, C. P. Carmelo Perdomo Cuéter,
expediente 63001-23-31-2012-00099-00.
15
Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00417-00
Actora: Sixta Tulia Herazo Hurtado
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
1º. Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales al
debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia invocados
por la señora Sixta Tulia Herazo Hurtado, por las razones expuestas en las
consideraciones.
2º. Notifíquese esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
3º. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de
1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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