Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00433-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00433-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-00433-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
3 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00433-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: JORGE MARÍA PARRA ALBARRACÍN
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD POR
INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL Y DEL LITERAL “E” ESTABLECIDO EN LA
SENTENCIA C-590 DE 2005. EL ACTOR NO ARGUMENTÓ CON
DETALLE CUALES FUERON LAS PRUEBAS DEJADAS DE VALORAR
EN CUANTO A LA BUENA FE ALEGADA, ADEMÁS, LO PRETENDIDO
ES REABRIR EL DEBATE SURTIDO DENTRO DEL PROCESO
ORDINARIO. DE OTRA PARTE, LOS ALEGADOS DEFECTO
PROCEDIMENTAL ABSOLUTO Y DEFECTO FÁCTICO POR
INDEBIDA VALORACIÓN DE LA CONSTANCIA QUE DETERMINÓ
LA INAPLICABILIDAD DE LA PRESCRIPCIÓN, SON ASUNTOS QUE
DEBIERON SER PUESTOS DE PRESENTE ANTE EL JUEZ NATURAL
DEL ASUNTO, SIN QUE EL ACTOR LOS HAYA ALEGADO EN ESA
OPORTUNIDAD.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA DEFENSA, A LA
IGUALDAD, Y A LA BUENA FE.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00433-00
Actor: JORGE MARÍA PARRA ALBARRACÍN
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL
CONSEJO DE ESTADO1.
I. ANTECEDENTES
I.1 La solicitud
El señor JORGE MARÍA PARRA ALBARRACÍN, actuando a través
de apoderado especial, en ejercicio de la acción de tutela prevista
en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a
la igualdad, a la buena fe y a los principios de legalidad y confianza
legítima, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la
SECCIÓN SEGUNDA, al haber proferido las providencias de 30
de septiembre de 2021 y 24 de noviembre de 2022, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 66001-23-33-000-
2015-00356-02.
I.2 Hechos
1 En adelante la Sección Segunda.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00433-00
Actor: JORGE MARÍA PARRA ALBARRACÍN
Indicó que estuvo vinculado a la institución educativa Deogracias
Cardona, ubicada en el Municipio de Pereira, desde el 8 de abril
de 1980 hasta el 5 de febrero de 2002 y que en la certificación
expedida el 17 de marzo de 2004 por la Gobernación de Risaralda,
se consignó que el tipo de vinculación fue nacional.
Refirió que solicitó ante la Caja Nacional de Previsión Social –
CAJANAL, ahora Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, el reconocimiento de la pensión gracia, la cual fue denegada
mediante la Resolución núm. 41264 de 24 de noviembre de 2005,
al estimar que no cumplía con los requisitos establecidos en la ley
para dicho reconocimiento, específicamente 20 años de servicio
como docente del orden territorial.
Sostuvo que, con el fin de obtener el reconocimiento pensional,
presentó acción de tutela contra CAJANAL, la cual fue conocida por
el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Honda – Tolima
que, en sentencia de 30 de enero de 2006, bajo el número único
de radicación 2006-00026-00, accedió a las pretensiones y ordenó
a la mencionada entidad el reconocimiento de la pensión gracia.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00433-00
Actor: JORGE MARÍA PARRA ALBARRACÍN
Añadió que CAJANAL, en cumplimiento de lo anterior, expidió la
Resolución núm. 16335 de 11 de abril de 2006, por medio de la
cual le reconoció la pensión gracia, efectiva a partir del 1o. de
mayo de 2001, en cuantía de $1.035.741 y en su artículo 2º
ordenó reconocer la cuantía de $1.116.954 con efectos fiscales a
partir del 3 de febrero de 2006.
Relató que, teniendo en cuenta lo expuesto en precedencia,
CAJANAL mediante la Resolución núm. 57447 del 31 de octubre
de 2006, revocó y modificó parcialmente el anterior acto, en el
sentido de establecer que existió una contradicción, por lo que
reconoció la pensión gracia en cuantía de $1.116.954 efectiva a
partir del 10 de mayo de 2001.
Manifestó que la UGPP, promovió demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho – en
modalidad de lesividad, en su contra, a fin de que se declarara la
nulidad de las resoluciones núms. 16335 y 57447 de 2006 y, como
consecuencia de ello, se condenara el reintegro de los dineros
recibidos por concepto de la pensión gracia y su respectivo
retroactivo, proceso al cual le fue asignado el número único de
radicación 2015-00356-00.
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Actor: JORGE MARÍA PARRA ALBARRACÍN
Arguyó que la demanda correspondió al Tribunal Administrativo
de Risaralda2 que, en sentencia de 2 de junio de 2017, accedió a
las pretensiones de la demanda, al estimar que no le asistía
derecho para el reconocimiento de la pensión gracia, pues no
acreditó los 20 años que exige la ley al servicio del orden
departamental o territorial, además, que no actuó de buena fe
ante CAJANAL por lo que le ordenó el reintegro de la totalidad de
las sumas canceladas en virtud del acto de reconocimiento de la
pensión gracia.
Sostuvo que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de
apelación, el cual fue desatado por la Sección Segunda que, en
sentencia de 30 de septiembre de 2021, modificó la decisión del a
quo, en el sentido que para el reintegro de la totalidad de las
sumas canceladas la UGPP debía suscribir con este un acuerdo de
reembolso que prestara mérito ejecutivo, en que los montos y
plazos acordados para el efecto no pusieran en condiciones de
vulnerabilidad al obligado y, en todo lo demás, confirmó la
sentencia de primera instancia.
Finalmente, puso de presente que formuló solicitud de aclaración
y/o corrección frente a la anterior providencia, la cual fue
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En adelante el Tribunal.
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denegada por la Sección Segunda mediante providencia de 24 de
noviembre de 2022, al considerar que lo pretendido era que se
realizara un nuevo análisis probatorio en relación con la
prescripción de las mesadas que debe reintegrar.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió
en defecto procedimental absoluto al conceder pretensiones no
solicitadas por la UGPP en el escrito de demanda e incluso por
valores superiores, toda vez que declaró que actuó de mala fe sin
que ello hubiese sido argumentado en su momento y, además,
ordenó el reintegro de todas las mesadas percibidas pese a que al
presentar la estimación razonada de la cuantía la demandante se
limitó únicamente a los tres años previos a la demanda.
Arguyó que se incurrió en defecto fáctico por valoración
defectuosa del material probatorio al dar por probada la mala fe
sin estarlo, pues, por el contrario, persistía incólume la presunción
de buena fe. Esto, en la medida que la Sección Segunda llegó a
inferencias tergiversadas y basándose solo en indicios,
comoquiera que la valoración permitía inferir lo contrario, pasando
por alto que aun cuando presentó la acción de tutela fuera del
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lugar de su residencia, esta no fue instaurada por el mismo sino
por su apoderado judicial, por lo que no es posible atribuírsele tal
yerro.
Resaltó que la pensión le fue concedida por un juez, sin que
hubiese ocultado que su lugar de domicilio era Pereira, además,
la sentencia del juez de tutela goza de presunción de legalidad, lo
cual le generó confianza legítima.
Por último, aseveró que también se incurrió en defecto fáctico por
valoración incorrecta o errónea de la constancia que originó la
inaplicabilidad de la prescripción, pues no es cierto que el valor a
retornar sea de $259.328.919,47 por las mesadas causadas entre
febrero de 2014 y agosto de 2015, pues de una simple operación
aritmética se arroja un valor de $41.104.433,2, lo que torna
necesario que se corrija y/o aclare la sentencia de 30 de
septiembre de 2021, en el sentido que se señale que no debe
reintegrar todas las mesadas recibidas.
I.4. Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
invocados y, en consecuencia:
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“[…] dejar sin la providencia proferida por el H. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección
Segunda – Subsección A, del 30 de septiembre de 2021 y
en su auto del 24 de noviembre de 2022.
1.3. Se ORDENE al H. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo – Sección Segunda –
Subsección A, según corresponda, proferir fallo en los
términos razonados en la sentencia de tutela, esto es,
determinando que el tutelante no está obligado a reintegrar
las mesadas recibidas por haber actuado de buena fe, bajo
el principio de confianza legítima.
1.4. Subsidiaria a al anterior; Se ORDENE al H. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección
Segunda – Subsección A, según corresponda, proferir fallo
en los términos razonados en la sentencia de tutela, esto
es, reconociendo el fenómeno de la prescripción de las
mesadas que hayan superado los tres (3) años entre la
exigibilidad de ellas y la fecha de presentación de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
[…]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- La Sección Segunda, pese a ser notificada en debida
forma del presente trámite constitucional, guardó silencio.
I.6. Intervinientes
I.6.1.- El Tribunal sostuvo que no se advierte la ocurrencia de
ninguno de los yerros endilgados por el actor, pues la decisión
adoptada obedeció al análisis juicioso y exhaustivo de las
disposiciones aplicables al asunto y de la jurisprudencia dispuesta
al caso, en conjunto con los medios probatorios obrantes en el
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plenario, los cuales fueron valorados dentro de la sana crítica en
forma integral.
De otra parte, resaltó que la controversia tiene connotación
patrimonial de carácter estrictamente privado, razón por la cual la
cuestión que se debate se refiere a un aspecto meramente legal,
que no impacta derechos fundamentales sino beneficios
patrimoniales, máxime cuando lo pretendido es crear una
instancia adicional en el proceso ordinario, por lo que no se
encuentra superado el requisito de relevancia constitucional.
En cuanto al defecto fáctico, destacó que el actor no fundamentó
ni precisó concretamente tal yerro, pues no indicó, aunque sea de
forma parcial, por qué debe restársele mérito probatorio y por qué
afirma que se desconoció la sana crítica, máxime cuando una
prueba admite varias lecturas o de ella se derivan varias
interpretaciones, de tal forma que la escogencia que de una de
ellas haga la autoridad judicial no puede constituir un error
grosero susceptible de amparo constitucional.
Advirtió que el escrito de tutela se asemeja más a una apelación,
como si se estuviera promoviendo una tercera instancia, pues el
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actor se limitó a reiterar los argumentos expuestos dentro del
proceso ordinario.
Adicionalmente, refirió que si el tutelante considera que el juez de
segunda instancia omitió pronunciarse sobre la prescripción,
cuenta con el recurso extraordinario de revisión, mecanismo
judicial idóneo para el asunto.
I.6.2.- La UGPP indicó que la acción de tutela de la referencia
resulta improcedente, dado que lo pretendido por el actor es
sustituir una decisión judicial ejecutoriada proferida por el juez
natural de la causa, por encontrarse inconforme con la decisión
acusada, además, este mecanismo constitucional no puede ser
utilizado con un fin netamente económico, como erradamente lo
pretende el actor, quien pretende a través de este medio se le
reconozca en pago de prestaciones de carácter laboral.
Sumado a lo anterior, destacó que no se demostró la ocurrencia
de un perjuicio irremediable o la afectación al mínimo vital que
haga procedente el estudio, pues a la fecha el actor se encuentra
pensionado y percibiendo mesada pensional por parte del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG,
asimismo está activo en el servicio de salud.
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Añadió que no se acreditó que el fallo cuestionado haya incurrido
en uno de los defectos señalados, pues la Sección Segunda realizó
un estudio juicioso del asunto.
Así las cosas, solicitó que se declare improcedente la solicitud de
amparo de la referencia, en la medida que no se cumple con los
requisitos para analizar de fondo las pretensiones.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6
de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número
377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de
Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre
las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de
2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento
de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial
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Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20123, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y
con miras a unificar la jurisprudencia, luego de analizar la
evolución jurisprudencial de la acción de tutela contra
providencias judiciales tanto en la Corte Constitucional como en
esta Corporación, concluyó que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala había sido el de considerar improcedente la
acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que
las distintas Secciones que la componen han abierto paso a dicha
acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales. De ahí que a partir de tal pronunciamiento se
modificó ese criterio radical y se declaró la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, cuando se esté en
presencia de la violación de derechos constitucionales
fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros
fijados hasta el momento jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de
2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, número de radicación: 2009-01328.
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sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o
aquella, elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo4.
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción
de tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el
juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia
constitucional que afecta los derechos fundamentales
de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa
de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la
acción de tutela como un mecanismo de protección
alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias
de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la
4Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de
agosto de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01
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jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a
ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que
la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la
acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre
que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No
obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia
C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de
derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de
pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio
y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable
tanto los hechos que generaron la vulneración como
los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es
comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su
naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es
menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa
a la decisión judicial, que la haya planteado al interior
del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos
fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida,
mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas
a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación,
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proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas
para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan
definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados,
para que proceda una acción de tutela contra una sentencia
judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o
causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar
plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha
señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una
sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los
vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que
se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal
fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño
lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de
los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo
para garantizar la eficacia jurídica del contenido
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constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado[11].
i. Violación directa de la Constitución. […]”
En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora
pretende que se dejen sin efecto las providencias de 30 de
septiembre de 2021 y el 24 de noviembre de 2022, proferidas
por la Sección Segunda, por medio de las cuales, de una parte,
se confirmó parcialmente la decisión del a quo, que accedió a las
pretensiones de la demanda y, de otra, negó la solicitud de
aclaración y/o corrección respecto de la sentencia de segunda
instancia, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho -en modalidad de lesividad-
identificado con el número único de radicación 2015-00356-02.
A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la
igualdad, a la buena fe y a los principios de legalidad y confianza
legítima, habida cuenta que, a juicio de la parte actora, la
autoridad judicial accionada incurrió en los defectos procedimental
absoluto y fáctico.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que
debe resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso
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cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencia judicial y, de superarse tal
derrotero, ii) establecer si la Sección Segunda vulneró los
derechos fundamentales invocados dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 2015-00356-02.
Conforme con lo anterior y para resolver el problema jurídico, es
necesario traer a colación la providencia de 30 de septiembre de
2021 cuestionada con el fin de verificar los argumentos
esgrimidos, así como los fundamentos de la decisión.
La providencia de 30 de septiembre de 2021 se translitera a
continuación:
“[…] 2. Problema jurídico De conformidad con los argumentos
planteados en el recurso de apelación formulado por la parte
demandada, corresponde a la Sala determinar si ¿es procedente
el reintegro de las sumas pagadas por concepto de pensión
gracia, por la entidad demandante a favor del señor Jorge María
Parra Albarracín, en virtud de las Resoluciones 16335 de 2005 y
57447 de 2006, por las cuales se dio cumplimiento a un fallo de
tutela y le fue reconocida a su favor una pensión gracia, por
haberse desvirtuado la buena fe en su actuación?
[…]
De acuerdo con el anterior contexto normativo, jurisprudencial
y probatorio, la Sala de Subsección resolverá el problema
jurídico planteado.
(i). A través de la Resolución No 16335 del 11 de abril de 2006,
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CAJANAL, hoy UGPP reconoció y ordenó el pago de la pensión
gracia a favor del señor Jorge María Parra Albarracín, y
posteriormente, mediante la Resolución 57447 del 31 de octubre
de 2006, modificó la resolución anterior, en los términos
anteriormente indicados.
(ii). La sentencia apelada, accedió a las pretensiones de la
demanda y declaró la nulidad del acto administrativo
demandado, así como el reintegro de los dineros causados, en
virtud del reconocimiento de la pensión gracia, sin tener los
requisitos para ello.
(iii) Ahora bien, es pertinente poner de presente que, por regla
general, al declarar la nulidad de un acto de carácter particular
y concreto, las cosas deben volver al estado en el que se
encontraban antes de que este naciera a la vida jurídica. No
obstante, en aquellas demandas donde se pretenda la nulidad
de un acto que reconoció una prestación periódica, como es el
caso de la pensión gracia, y como restablecimiento se peticione
la devolución de las sumas de dinero pagadas y no debidas,
dicho precepto no puede aplicarse de forma absoluta, dado que
el numeral 1, literal c) del artículo 164 del CPACA, previó que «[
...] no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a
particulares de buena fe [...]»
(iv) De acuerdo con lo anterior, para que resulte adecuado
ordenar el reintegro de los valores recibidos por aquellas
personas a las que se les haya reconocido una prestación sin
tener derecho a ella, deberá acreditarse la mala fe con que
pudieron actuar para obtener el pago de los beneficios
pensionales otorgados, en atención a que la buena fe es una
presunción que requiere ser desvirtuada.
(v) Ahora bien, se encuentra probado dentro del proceso que a
través de la Resolución No 41264 del 24 de noviembre de 2005
CAJANAL negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia al
señor Jorge María Parra Albarracín, por cuanto el peticionario no
demostró el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley,
es decir 20 años de servicio en la docencia oficial del orden
territorial, municipal o distrital.
(vi) No obstante lo anterior, se evidenció que el docente acudió
a través de una acción de tutela para obtener tal pretensión en
un lugar apartado de su domicilio y del último lugar de prestación
de servicios, de ello dan cuenta los diferentes oficios, poderes,
solicitudes que el demandado envió a CAJANAL, en los que se
indicaba que su domicilio era «en Pereira», lo que demuestra
que para la fecha en que interpuso la acción de tutela en el
municipio de Honda Tolima, el señor Jorge María Parra residía en
Pereira; aunado a ello, a folio 60 reverso, se observa el poder,
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con el cual facultó a su abogado para presentar la acción de
tutela ante el Juez Civil y o Familia, Penal Circuito de Honda -
Tolima, así como una declaración extra juicio por parte del
demandado, en el que indica que su dirección de residencia es
en la ciudad de Pereira, lo que pone en entredicho la buena fe
de su actuar, en ese sentido, para la Sala no es de recibo, que
en el recurso de apelación se manifieste que el demandado no
era conocedor del derecho, pues tal situación no lo exonera de
su deber de haber interpuesto la acción de tutela en el lugar de
su domicilio y/o el último lugar donde prestó sus servicios.
[…]
(vii) En ese sentido, se advierte que el señor Jorge María Parra
Albarracín prestó sus servicios en la Institución Educativa
DEOGRACIAS CARDONA, desde el 8 de abril de 1980 hasta el 5
de febrero de 2002, y en el Instituto Técnico Superior, ubicados
en Pereira - Risaralda y presentó la acción de tutela en el
municipio de Honda - Tolima, es decir, por fuera del lugar de su
domicilio y del lugar donde prestó por último sus servicios.
Situación que desconoce lo previsto en el Decreto 2591 de 1991
según el cual «... son competentes para conocer de la acción de
tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en
el lugar donde ocurriera la violación o la amenaza que motivaren
la presentación de la solicitud».
Así mismo, se pasa por alto el Decreto 1382 de 2009, que fija
ciertas reglas de reparto en esta materia, así: «... para los
efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991,
conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con
jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que
motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren
sus efectos». Ambas normas fueron, desconocidas por la
mencionada autoridad judicial.
Aunado a ello, el demandado no dio una justificación razonable
para que la acción de tutela se hubiese presentado en lugar
diferente al de su domicilio y donde se ocasionó la supuesta
vulneración del derecho.
(viii) Bajo esa línea argumentativa, y como lo ha expuesto esta
Subsección en casos similares, le asiste razón a la entidad
cuando afirma que el docente actuó de mala fe, siendo
improcedente la aplicación de la disposición prevista en el
artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
(ix) Conforme a lo expuesto, se encuentra que se desconoció la
línea jurisprudencial de esta Corporación sobre los requisitos
para obtener el beneficio de la pensión gracia; las reglas de
competencia consagradas en los Decretos 2591 de 1991 y 1382
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de 2009 y se puso en entredicho la buena fe del señor Jorge
María Parra Albarracín, lo que faculta la devolución de las sumas
que le han sido canceladas por concepto del reconocimiento
pensional.
Para el efecto, la UGPP deberá suscribir con el demandado un
acuerdo de reembolso que preste mérito ejecutivo, en
condiciones tales que los montos y plazos acordados para tal
efecto no pongan en condiciones de indignidad al obligado, para
lo cual deberá tener en cuenta sus condiciones socioeconómicas
actuales, por tratarse de una persona mayor que hoy cuenta con
70 años de edad.
5. Prescripción
[…]
En este caso en particular, y de acuerdo con la certificación
expedida por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional
FOPEP visible al folio 39, cuya presunción de autenticidad no fue
desvirtuada por las partes, no hay lugar a la prescripción por
cuanto se tiene demostrado lo siguiente:
[…]
La entidad demandante le pagó al señor Jorge María Parra
Albarracín las mesadas pensionales causadas desde febrero de
2014 hasta agosto de 2015, con ingreso en nómina el 01 de
febrero de 2014, razón por la cual no resulta aplicable la
prescripción, teniendo en cuenta que no transcurrieron los tres
años exigidos para que se configure este instituto, pues la UGPP
presentó la demanda el 16 de septiembre de 2015.
En ese orden de ideas, y de acuerdo a lo expuesto, el señor Jorge
María Parra Albarracín deberá reintegrar las sumas recibidas en
virtud del acto de reconocimiento de la pensión gracia a la
entidad demandante, pero para ello, la UGPP deberá suscribir
con el demandado un acuerdo de reembolso, que preste mérito
ejecutivo, en condiciones tales que los montos y plazos
acordados para tal efecto no pongan en condiciones de
indignidad al obligado, para lo cual deberán tenerse en cuenta
sus condiciones socio económicas actuales, por tratarse de una
persona mayor que hoy cuenta con 70 años de edad.
En ese sentido la Sala modificará el numeral tercero de la parte
resolutiva de la sentencia de primera instancia, en todo lo demás
se confirmará […]”.
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De la lectura de la sentencia de 30 de septiembre de 2021, objeto
de tutela, la Sala observa que la autoridad judicial accionada, al
conocer del proceso en segunda instancia, circunscribió el estudio
a los argumentos que habían sido planteados ante esa instancia,
frente a los cuales la Sala advierte que el hoy tutelante no planteó
de manera alguna los reproches referentes al defecto
procedimental absoluto, los cuales pretende sean resueltos a
través de la presente acción de tutela.
En efecto, aunque en sede de tutela el actor afirma que se incurrió
en defecto procedimental absoluto al conceder pretensiones no
solicitadas por la UGPP en el escrito de demanda e incluso por
valores superiores, toda vez que declaró que actuó de mala fe sin
que ello hubiese sido argumentado en su momento y, además,
ordenó el reintegro de todas las mesadas percibidas pese a que al
presentar la estimación razonada de la cuantía la demandante se
limitó únicamente a los tres años previos a la demanda; una vez
analizada la sentencia de 30 de septiembre de 2021, objeto de
debate, se advierte que dichos planteamientos nunca fueron
expuestos ante el juez natural de la causa, que delimitó los
argumentos del recurso de apelación así:
“[…] 6. EL RECURSO DE APELACIÓN
El señor Jorge María Parra Albarracín solicitó revocar la
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sentencia apelada con fundamento en las siguientes razones:
(i) Sostuvo que no actuó de mala fe, pues si bien es cierto se
encontraba domiciliado en la ciudad de Pereira - Risaralda y
prestó sus servicios a dicho departamento, este no es una
persona ilustrada y conocedora del derecho para saber dónde
era el lugar conveniente e idóneo para radicar la acción de
tutela, y es por ello, que otorgó poder a un profesional de
derecho para que adelantara el trámite respectivo, en ese
sentido, quien procedió con mala fe fue el abogado.
(ii) Igualmente el pago de las mesadas pensionales que realizó
la UGPP lo fue en virtud del cumplimiento de un fallo de tutela,
motivo por el cual, se presume la legalidad de dichos actos
administrativos […]”.
Lo anterior pone de manifiesto que estos argumentos no fueron
expuestos por el señor PARRA ALBARRACÍN en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, especialmente, en el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primer
grado, proferida el 2 de junio de 2017, que era el espacio natural
para agotar dicho debate, omisión que no puede ser subsanada
por el juez de tutela, pues emitir un pronunciamiento al respecto
configuraría la sustracción de las competencias propias del juez
del asunto.
Para la Sala resulta evidente que el accionante contó con la
posibilidad de ventilar este argumento dentro del trámite del
proceso ordinario o por lo menos advertir ante el juez natural el
presunto yerro que ahora alega, sin embargo, omitió hacerlo sin
justificación alguna.
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En consonancia con lo anterior, la Sala conviene en mencionar que
el argumento planteado en sede constitucional referente el defecto
procedimental absoluto difiere respecto de los planteados en sede
ordinaria. De ahí que no pueda ser estudiado, pues no fue objeto
de controversia, ni fue puesto a consideración de las partes e
intervinientes; de tal manera que analizar en sede de tutela este
hecho nuevo, que no fue estudiado por el juez natural,
comportaría la violación de los derechos al debido proceso, a la
defensa y contradicción de aquellos.
En ese mismo sentido, respecto del alegado defecto fáctico por
valoración incorrecta o errónea de la constancia que originó la
inaplicabilidad de la prescripción, la Sala destaca que tampoco
tiene vocación de prosperidad, toda vez que si el actor consideraba
que los valores allí consignados eran erróneos, debió ponerlo de
presente dentro del proceso ordinario, esto es, cuando tal prueba
fue incorporada al expediente, sin que la misma fuese tachada de
falsedad.
En efecto, a juicio del actor, no es cierto que el valor a retornar
sea de $259.328.919,47 por las mesadas causadas entre febrero
de 2014 y agosto de 2015, pues de una simple operación
aritmética se arroja un valor de $41.104.433,2, lo que torna
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necesario que se corrija y/o aclare la sentencia de 30 de
septiembre de 2021, en el sentido que se señale que no debe
reintegrar todas las mesadas recibidas.
Sin embargo, revisada la sentencia de 30 de septiembre de 2021,
se desprende que la Sección Segunda tuvo en cuenta la constancia
controvertida para inaplicar la prescripción, pues su presunción de
autenticidad no fue desvirtuada por las partes, tal como se
evidencia de la siguiente transcripción:
[…] En este caso en particular, y de acuerdo con la certificación
expedida por el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional
FOPEP visible al folio 39, cuya presunción de autenticidad
no fue desvirtuada por las partes, no hay lugar a la
prescripción por cuanto se tiene demostrado lo siguiente:
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La entidad demandante le pagó al señor Jorge María Parra
Albarracín las mesadas pensionales causadas desde febrero de
2014 hasta agosto de 2015, con un ingreso en nómina el 01 de
febrero de 2014, razón por la cual no resulta aplicable la
prescripción, teniendo en cuenta que no transcurrieron los tres
años exigidos para que se configure este instituto, pues la UGPP
presentó la demanda el 16 de septiembre de 2015 […]”.
De lo expuesto en precedencia, es dable inferir que la referida
constancia fue tenida en cuenta por la autoridad judicial accionada
únicamente para efectos de determinar la prescripción, mientras
que la inconformidad alegada por el actor tiene relación con la
supuesta errada operación aritmética de las sumas de dinero allí
contenidas, frente a lo cual, si se encontraba en desacuerdo, debió
ponerlo de presente dentro del proceso ordinario.
Así las cosas, es del caso advertir que los alegatos expuestos por
el actor no están encaminados a demostrar una indebida
valoración de la prueba, sino una inconformidad en cuanto al
contenido en sí mismo de la constancia, asunto que no puede ser
discutido en esta sede constitucional, sino que debió ser puesto
de presente dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho ante el juez natural del asunto.
Significa entonces que en el presente caso no se cumple con el
requisito general establecido en el literal “e” que exige la sentencia
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C-590 del 2005, para la procedencia de las acciones de tutela
contra providencias judiciales, debido a que los hechos que
generaron la presunta vulneración, frente a tales yerros, no fueron
alegados por el accionante dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho seguido en su contra, habida cuenta
que guardó silencio sobre los mismo, inconformidades que ahora
pretende retrotraer a esta instancia constitucional, sin que sea
este el escenario idóneo para el efecto.
Es del caso advertir, que la Sala ya ha declarado la improcedencia
de la acción de tutela al considerar que no se acreditó el
cumplimiento del literal “e” establecido en la citada sentencia C-
590 de 20055, como es el caso de la sentencia de 3 de diciembre
de 20206, en la que se dispuso lo siguiente:
“[…] Si bien es cierto en el escrito de la demanda de tutela
los hechos que generarían el defecto sustantivo por i)
desconocimiento del precedente judicial, ii) falta de aplicación
de una norma jurídica relevante y iii) por violación directa
de la Constitución, por no haberse aplicado la excepción de
inconstitucionalidad están identificados de manera razonable
al igual que los derechos fundamentales vulnerados7, estos
debieron ser alegados en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
La Sala acoge el siguiente criterio jurisprudencial establecido
por la Corte Constitucional:
5 Ut supra página 7.
6 Proceso radicado bajo el número 11001-03-15-000-2020-04709-00. M.P. ROBERTO
AUGUSTO SERRATO VÁLDES.
7 Folios 2 al 14 del cuaderno de tutela.
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“En efecto, como ya se señaló, la acción de tutela no es un
medio alternativo, adicional o complementario con el que
cuentan las personas, para mantener de forma indefinida e
ilimitada en el tiempo, la resolución de una controversia
jurídica. Por ello, cuando quiera que las personas acudan
al juez constitucional, han de demostrar que, en el
asunto bajo controversia, sus derechos fundamentales
están siendo trasgredidos. Igualmente, deben acreditar
que ello fue puesto a consideración del juez natural de
la causa, o, en su defecto, que ello no fue posible por
razones ajenas a su voluntad. De esta manera, una
carga exigible al interesado supone que -de haber sido
posible- haya expuesto con claridad la presunta
transgresión de sus derechos fundamentales ante el
juez natural, en atención a que la subsidiariedad de la
acción de tutela implica el respeto a la autonomía de las
autoridades judiciales. “8
Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas
en la parte motiva de esta sentencia, la Sala declara
improcedente la presente acción de tutela teniendo en cuenta
que la accionante no acreditó el cumplimiento de una de las
causales genéricas de procedibilidad contra providencias
judiciales9 […]” (Destacado fuera de texto).
Resalta la Sala que le corresponde a las partes el cuidado y
atención que deben procurar sobre los asuntos judiciales que les
concierne, cuya omisión no se puede pretender subsanar por
medio de la acción de tutela, de manera que resulta claro que el
presente mecanismo subsidiario y residual no puede desplazar los
medios ordinarios de defensa con que contaba el actor.
8 Corte Constitucional, Sentencia T-452/14. Magistrado Ponente: Dr. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
9 “(v) que el actor identifique de manera razonable los hechos que generan la violación
y que, en caso de haber sido posible, esta circunstancia haya sido alegada al interior del
proceso.”
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De otra parte, en cuanto a la inconformidad del actor relativa a
que la Sección Segunda incurrió en defecto fáctico por valoración
defectuosa del material probatorio al dar por probada la mala fe,
sin estarlo, la Sala concluye que no se cumple con el requisito de
la relevancia constitucional, en la medida que el señor PARRA
ALBARRACÍN no explicó en forma clara y concreta cuales fueron
las pruebas que las autoridades judiciales accionadas dejaron de
analizar o analizaron indebidamente; además, se evidencia que lo
pretendido es crear una instancia adicional retrotrayendo
argumentos de instancia a este mecanismo constitucional.
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
la Sala Plena de esta Corporación10, en sentencia de unificación de
5 de agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii)
como requisito de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales para evitar que se
convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
10Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de
radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)”; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones”.
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente
el amparo constitucional.
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive
que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061
de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
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“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión
que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe
ser una cuestión de evidente relevancia constitucional.
Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales
no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de un
derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra
decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente
relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir
asuntos de mera legalidad. Si bien no siempre es fácil delimitar
los asuntos de relevancia constitucional de aquellos que no lo
son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente
cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación
razonables. Así por ejemplo, basada en los antecedentes
originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido
proceso. El primero que emerge de la propia Constitución y que
es el denominado debido proceso constitucional, y otro que
es fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente
debido proceso.
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art.
29 CN-, aboga por la protección de las garantías esenciales o
básicas de cualquier proceso. En criterio de la Corte, tales
garantías esenciales son el derecho al juez natural; el derecho
a presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –
que incluye el derecho a la defensa técnica-; el derecho a la
segunda instancia en el proceso penal; el principio de
predeterminación de las reglas procesales o principio de
legalidad; el derecho a la publicidad de los procesos y decisiones
judiciales y la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace
parte de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos
caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la
inexistencia de defensa y contradicción dentro del proceso,
anulándose o restringiéndose de manera grave el equilibrio
procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la
acción, más cuando se trata de atacar las providencias de
las altas Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte
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Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013. […]” (Destacado
fuera del texto).
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico
de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales tiene como propósito (i) evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la
acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones judiciales, y (iii) preservar la
competencia y la independencia del juez ordinario.
En el caso bajo examen, el defecto fáctico alegado se fundamentó
de la siguiente forma:
“[…] Defecto fáctico por valoración defectuosa del
material probatoria, al dar por probada la mala fe, sin
estarlo, por el contrario, persistía incólume la presunción
de buena fe.
Las células judiciales accionadas, incurren en varios errores de
carácter probatorio, para concluir “desvirtuada la buena fe del
accionante”, en la acción de lesividad:
i) Infieren lo que les parece de unos hechos que no tienen
tal incidencia, es decir, a partir de algunos hechos infieren
lo que no indican.
ii) A algunos hechos, que solo permiten inferir hechos
contingentes, los convierten en necesarios.
iii) Omiten hechos y circunstancias que dicen todo lo
contrario.
Las accionadas llegan a inferencias tergiversadas, toda la
valoración que hizo el tribunal permitía inferir lo contrario, esos
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indicios que encontró el tribunal no era indicios graves ni
necesarios y luego son ratificados por la segunda instancia.
Recordemos lo que explicó el a – quo en el proceso de lesividad
para dar por desvirtuada la buena fe del pensionado:
Dicen una y otra vez que el demandado presento la demanda
de tutela en un lugar fuera de su residencia, pero no admiten
que la acción de tutela no fue instaurada directamente por el,
sino que constituyo apoderado judicial para ello.
Exigen al actor, un docente pensionado, el conocimiento excelso
de las reglas de competencia, desbordando las realidades
antroposociologicas (sic) que le son exigibles.
Si a los operadores judiciales, no pocas veces, se les complica
la determinación de la competencia, ¿qué decir de los
ciudadanos de a pie?
Es exagerado y descontextualizada la argumentación de las
accionadas en el sentido de que el pensionado al conferir poder,
actúo de mala fe, pues olvidan lo que dicen las pruebas: el
demandante en tutela no presento la acción de manera directa,
ni aún así, se puede construir un indicio necesario de mala fe o
dolo.
[…]
En estas condiciones, consideramos que las accionadas no solo
vulneraron la presunción constitucional de buena fe, sino que
incurrieron en defecto fáctico por una valoración
manifiestamente irrazonables y desconociendo que los hechos
probados permitían que la presunción permaneciera incólume
[…]”.
La Sala ha discurrido respecto de la ausencia de carga
argumentativa estableciendo que cuando se alegue defecto
alguno, no basta con que el actor haga una narración de los
hechos ocurridos con anterioridad a que fueran proferidas las
providencias cuestionadas, sino que debe identificar de forma
clara y expresa en que consistió la presunta vulneración que alega.
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De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita,
cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe
discutirse una cuestión de “evidente relevancia constitucional”.
Bajo esa expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado
que la acción de tutela contra providencias judiciales no está
diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de
reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la
solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de
legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el
desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido
proceso constitucional11, de manera tal que “sólo aquellas
vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela”.12
Conforme con lo anterior, la Sala advierte que, en efecto, en el
escrito introductorio la parte actora se limitó a afirmar que la
providencia cuestionada adolece del defecto fáctico sin especificar
concretamente cuales fueron las pruebas dejadas de analizar y
11 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra
Porto.
12 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
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que configuraron dicho yerro.
Además, la Sala advierte que las inconformidades descritas por la
parte actora pretenden retrotraer asuntos que fueron objeto de
análisis por el Juez de lo Contencioso Administrativo, sin que se
evidencie relevancia constitucional que permita estudiar el fondo
del asunto, toda vez que la fundamentación de tal defecto está
encaminada a controvertir las conclusiones a las que arribaron el
Tribunal y la Sección Segunda para determinar que no obró de
buena fe.
Esta Sala en reiteradas oportunidades, entre otras, mediante
sentencia de 28 de febrero de 201913, sostuvo que aun cuando la
acción de tutela se caracteriza por su informalidad, a los
accionantes les corresponde argumentar, al menos, de forma
sucinta, en qué forma la autoridad judicial incurrió en algún
defecto al proferir la providencia con la cual estiman vulnerados
sus derechos fundamentales.
Así las cosas, la Sala encuentra que los argumentos en los cuales
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 28 de febrero de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, identificada con número
único de radicación 11001-03-15-000-2018-03615-01.
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fundamentó el presunto defecto fáctico la parte actora no
permiten abordar un estudio constitucional del mismo, máxime si
se tiene en cuenta que los mismos ya habían sido puestos en
consideración de los jueces de instancia dentro del proceso de
reparación directa cuestionado, por lo que claramente lo
pretendido con esta acción constitucional, es reabrir un debate
que ya se surtió por el juez natural del asunto.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que no se cumple con el
requisito de relevancia constitucional, no solo porque la parte
actora no cumplió con el mínimo de carga argumentativa para
explicar la configuración del defecto endilgado, sino en particular,
porque pretende que en sede de tutela se estudien las razones y
fundamentos de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho que dio lugar a la providencia cuestionada, lo que torna
la acción de tutela improcedente, pues este mecanismo no está
instituido para ser ejercido como una instancia adicional a las
establecidas por el legislador en los procesos ordinarios.
Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha
declarado improcedentes acciones de tutela cuando la cuestión
litigiosa no resulta ser de verdadera relevancia constitucional,
debido a que el único fin del interesado ha sido reabrir un debate
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judicial ya clausurado. Tal fue el caso de la providencia de 29 de
agosto de 201814, en la que se sostuvo:
“[…] En torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario
que decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el
escrito de apelación, por lo que el recurso extraordinario
no estaba diseñado para convertirse en una tercera
instancia. Y se tiene que estos argumentos resultan
válidos y razonables.
Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del
actor, sino la reiteración de planteamientos que, por lo
menos en sede de revisión ya fueron estudiados por el juez
natural y que no pueden volver a ser analizados ahora en sede
de tutela, pues esta acción constitucional tiene por objeto
la protección inmediata de derechos de rango
fundamental que se encuentren vulnerados, lo cual no
sucede en este caso […]” (Destacado fuera del texto).
Igualmente, en providencia de 9 de febrero de 201715, se indicó:
“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
número único de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García
González.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
número único de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto
Serrato Valdés.
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genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad
de las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Destacado
fuera del texto)
Significa lo precedente que la parte actora tenía el deber de
sustentar desde la órbita constitucional los motivos por los cuales
estimó que sus derechos fundamentales fueron transgredidos con
ocasión de la providencia cuestionada, pues no resulta admisible
que haga uso de esta acción por el simple hecho de que las
decisiones judiciales fueron adversas a sus intereses,
pretendiendo que en sede de tutela se estudien las razones y
fundamentos conforme a los cuales sustentó el recurso de
apelación que interpuso en el trámite del proceso ordinario, por lo
que la presente acción de tutela resultaría improcedente por
carencia del requisito de relevancia constitucional.
En este punto la Sala destaca que no se advierte la ocurrencia de
un perjuicio irremediable en el asunto, máxime cuando, de
conformidad con las pruebas allegadas al plenario, se observa que
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el actor percibe una pensión de jubilación a cargo del FOMAG, de
tal forma que no se encuentra afectación a su mínimo vital.
En las condiciones anotadas y en la medida en que en el presente
asunto no se invocó ni acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable, que permita de manera excepcional proceder al
análisis de la acción constitucional, la Sala declarará improcedente
la presente acción de tutela por incumplimiento de los requisitos
de relevancia constitucional y del literal “e” establecido en la
sentencia C-590 de 2005, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de marzo
de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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