Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00463-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00463-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-00463-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
23 de febrero de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00463-00
Demandante: Lamadrid & Cía. S. en C.S. en liquidación
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00463-00
Demandante: LAMADRID & CIA S. en C.S. EN LIQUIDACIÓN
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A, Y
OTRO
Temas: Contra providencia judicial. Medio de control de reparación directa.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la sociedad Lamadrid & Cía SC.S. en
liquidación contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
1.1. El 31 de enero de 2023, en ejercicio de la acción de tutela la sociedad Lamadrid &
Cía S en C.S. en liquidación pidió la protección de los derechos fundamentales a la
propiedad privada y de acceso a la administración de justicia. A juicio de la parte actora,
la vulneración se presenta con ocasión de las sentencias del 31 de marzo de 2020 y 20
de mayo de 2022, dictadas, en su orden, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B, y el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A. En concreto, formuló las siguientes pretensiones:
Siendo competente la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para conocer del
ejercicio de esta acción de tutela, respetuosamente solicito el AMPARO DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES A LA PROPIEDAD PRIVADA Y AL EFECTIVO ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, y, en tal sentido, se deje sin valor los referidos fallos; en su
defecto, se disponga la correspondiente sentencia de reemplazo que reconozca las pretensiones de
la demanda de reparación directa que fueron negadas por las accionadas.
2. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
2.1. La sociedad Lamadrid & Cía presentó demanda de reparación directa contra la
Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Rama
Judicial, con el propósito de que se les declarara patrimonialmente responsables por la
operación administrativa que se concretó en “la usurpación ilegal de los predios no
baldíos ‘La Salvación I’ ‘La Salvación II’, en el municipio de Tubará, Atlántico” y por el
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supuesto error judicial en que incurrieron la Sala Cuarta Civil-Familia del Tribunal Superior
de Barranquilla y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en las
sentencias del 16 de noviembre de 2012 y 27 de noviembre de 2015, respectivamente,
en un proceso reivindicatorio.
2.1.1. Por lo anterior, solicitó que se condenara a las entidades demandadas a pagarle:
(i) “lo que resultara probado en el proceso” por concepto de perjuicios morales; (ii) la
suma de $ 3.841.971.092, por daño emergente, y (iii) el monto de $4.187.749.035, por
lucro cesante.
2.2. El conocimiento de la demanda correspondió al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que, mediante sentencia del 31 de marzo
de 2020, declaró probadas las excepciones de caducidad respecto de las pretensiones
relacionadas con la Agencia Nacional de Tierras y de falta de legitimación en la causa
por pasiva del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; además, negó las pretensiones
formuladas en contra de la Rama Judicial.
2.3. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación y el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por sentencia del 20
de mayo de 2022, la modificó, en el sentido de declarar probada la excepción de
caducidad en relación con las pretensiones formuladas contra la Agencia Nacional de
Tierras y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y denegar las pretensiones
formuladas contra la Rama Judicial.
2.3.1. En concreto, la autoridad judicial consideró que el daño alegado por la parte actora
frente a la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural,
no tuvo origen en una operación administrativa, por lo que no era procedente el medio de
control de reparación directa, sino el de nulidad y restablecimiento del derecho, respecto
del que operó la caducidad.
2.3.2. Frente la imputación realizada en contra de la Rama Judicial, determinó que los
argumentos del apelante, más allá de su evidente inconformidad con las sentencias del
16 de noviembre de 2012 y 27 de noviembre de 2015, porque no fueron favorables a sus
intereses, resultaban insuficientes para establecer los yerros con los que supuestamente
se le causó un daño antijurídico.
3. Argumentos de la acción de tutela
3.1. La sociedad actora, de manera preliminar, manifestó que la tutela cumple los
requisitos generales de procedencia contra providencia judicial. Específicamente frente
al requisito de inmediatez, sostuvo que el término de seis meses establecido para
interponer acciones de tutela encontraba una excepción en este caso, por cuanto la
vulneración de derechos fundamentales persistía.
3.2. En cuanto al fondo del asunto, alegó que las providencias objeto de tutela decidieron
denegar las pretensiones de la demanda, pese a que en el caso concreto se acreditaron
los elementos de daño antijurídico, título de imputación (daño especial) y relación de
causalidad.
3.3. Que, además, “los fallos de lo contencioso administrativo renunciaron a la verdad
jurídica objetiva, al desconocer la prueba que acreditaba la identidad de los predios
reclamados por la sociedad Lamadrid y los poseídos por INCORA, como también la
calidad de dueño de la demandante”.
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4. Trámite procesal
4.1. Por auto del 3 de febrero de 2023, el despacho sustanciador admitió la demanda de
tutela y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados
del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, y del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B. Adicionalmente, vinculó en calidad de
terceros con interés, al director de la Agencia Nacional de Tierras, a la ministra de
agricultura y desarrollo rural, y al director ejecutivo de administración judicial.
4.2. En cumplimiento de la anterior orden, la Secretaría de esta Corporación practicó las
notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 6 de febrero de
20231.
5. Intervenciones
5.1. La magistrada del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, rindió
informe en el que manifestó que la acción de tutela no cumplía con el requisito de
relevancia constitucional, pues lo cierto era que la sociedad la presentó a manera de
instancia adicional del proceso ordinario.
5.1.1. Sin perjuicio de lo anterior, precisó que la providencia acusada explicó, con
suficiencia, los motivos por los que modificó la sentencia de primera instancia.
5.2. La magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, ponente de la decisión acusada, solicitó que se declarara improcedente
la acción de tutela o, en su defecto, se denegara el amparo, con fundamento en que esa
Corporación no vulneró los derechos fundamentales de la parte actora. Sostuvo que lo
pretendido por la parte demandante era debatir nuevamente las actuaciones del
INCORA, con relación a unos predios, para invalidar todo lo actuado en sede contencioso
administrativa, además de lo ya resuelto en el proceso reivindicatorio en la jurisdicción
ordinaria civil.
5.2.1. Adicionalmente, manifestó que, aunque en el escrito de tutela ligeramente la parte
actora señaló las razones por las que estima que la solicitud de amparo goza de
relevancia constitucional, justificó la inmediatez y el agotamiento de los medios de
defensa judicial, lo cierto era que no evidenciaba un argumento del que se pudiera derivar
alguna irregularidad procesal.
5.2. El jefe de la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras –ANT– solicitó que
se denegara la solicitud de amparo por improcedente por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad, pues, a su juicio, la acción constitucional no es el mecanismo idóneo para
pretender la censura de actos administrativos ni la reapertura de un proceso caducado.
5.3. El jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural pidió que se negara por improcedente la acción de tutela y se desvinculara del
presente trámite a esa cartera ministerial, en consideración a que no violó ninguno de los
derechos fundamentales cuya protección invoca la parte actora.
5.3.1. Resaltó que el hecho de que un proceso se resolviera de manera desfavorable
para la parte demandante no significaba que el mismo desconociera derechos
constitucionales y legales.
1 Índice No. 6 de Samai.
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5.4. La abogada de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó que se declarara la falta de
legitimación en la causa por pasiva, porque los derechos alegados por la sociedad actora
como vulnerados, no eran consecuencia de una acción u omisión de esa entidad.
Adicionalmente, pidió que se declarara improcedente la acción de tutela, por inexistencia
de las causales de procedencia contra providencia judicial, así como de perjuicio
irremediable.
CONSIDERACIONES
1. De la acción de tutela contra providencias judiciales
1.1. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un
mecanismo judicial previsto para la protección de derechos fundamentales, cuando se
vean amenazados o vulnerados por cualquier autoridad, incluidos los jueces de la
República2.
1.2. La Corte Constitucional ha determinado dos tipos de requisitos para la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. En primer lugar, están los requisitos
generales de procedibilidad que son de naturaleza procesal y, por lo tanto, deben
estudiarse de manera previa a cualquier análisis de fondo. Esos requisitos fueron fijados
en la sentencia C-590 de 2005, así: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez;
el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de
una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de tutela; la
identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho
fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.
1.3. En segundo lugar, están los requisitos específicos o vicios de fondo que son de
naturaleza sustancial y se analizan cuando se han superado los requisitos generales.
Esos vicios de fondo se han clasificado en defecto orgánico3, defecto sustantivo4,
procedimental5, fáctico6, error inducido7, decisión sin motivación8, desconocimiento del
precedente judicial9 o violación directa de la Constitución10.
1.4. Solo cuando se superen los requisitos generales y, al menos uno de los requisitos
específicos, el juez constitucional puede conceder un amparo y dejar sin efectos una
decisión judicial.
2. Planteamiento y solución del problema jurídico
2.1. De manera preliminar y previo a cualquier consideración sobre el fondo del asunto,
la Sala verificará si la tutela cumple con el requisito de inmediatez. De encontrarse
2 Sentencia C-543 de 1992.
3 Sentencias SU-388 de 2021, SU-355 de 2020, SU-373 de 2019, SU-309 de 2019, SU-072 de 2018, SU-050 de
2018, SU-041 de 2018.
4 Sentencias SU-424 de 2021, SU-260 de 2021, SU-116 de 2018, SU-055 de 2018, SU-050 de 2018, SU-041 de
2018, SU-035 de 2018, SU-395 de 2017, SU-050 de 2017, SU-556 de 2016.
5 Sentencia SU-061 de 2018.
6 Sentencias SU-424 de 2021, SU-405 de 2021, SU-226 de 2019, SU-355 de 2017, SU-448 de 2016.
7 Sentencia SU-261 de 2021.
8 Sentencia SU-489 de 2016.
9 Sentencias SU-317 de 2021, SU-228 de 2021, SU-053 de 2015.
10 Sentencias SU-228 de 2021, SU-201 de 2021, SU-516 de 2019, SU-069 de 2018.
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cumplido ese requisito, junto con los demás de procedibilidad de tutela contra providencia
judicial, será estudiado el fondo del asunto, en los términos propuestos en la demanda
de tutela.
2.2. La inmediatez es un requisito de procedibilidad que el juez debe examinar, antes de
pasar al estudio de las causales específicas de tutela contra providencia judicial, con el
fin de determinar si la demanda se ha presentado de manera oportuna.
2.2.1. La inmediatez, en todo caso, no es un término de caducidad que limite el ejercicio
de la acción de la tutela. Es más bien un requisito que busca que la acción se presente
en un término razonable, esto es, desde el mismo momento en que el afectado tiene
conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales. Justamente, la
exigencia tiene razón de ser porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de derechos fundamentales y, por ende, se espera que el
interesado la ejerza en un tiempo razonable, prudencial, sin demora.
2.2.2. Ese mismo entendimiento ha sido expuesto por la Corte Constitucional, que ha
señalado que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o
puesta en riesgo de los derechos fundamentales del interesado y la presentación de la
demanda11, en la medida en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial
no solo tiene que ver con la urgencia, sino también con el respeto a la seguridad jurídica
y a los derechos de los terceros que pudieran resultar afectados.
2.2.3. Ahora, la Sala Plena de esta Corporación estableció que seis meses, contados a
partir de la notificación de la providencia judicial cuestionada, es un término razonable
para ejercer la acción de tutela, en consideración a «la naturaleza del acto jurisdiccional,
los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y
extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad
de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad»12.
2.3. En el caso concreto, la sociedad actora cuestiona las sentencias del 31 de marzo de
2020 y 20 de mayo de 2022, dictadas, en su orden, por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, y el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, en el proceso de reparación directa No. 25000-23-36-000-2017-
02052-03.
2.4. Del expediente digital y de la información que obra en el Sistema de Gestión Judicial
Samai, la Sala advierte que la providencia del 20 de mayo de 2022 fue notificada
mediante correo electrónico del 14 de junio de 2022, mientras que la demanda de tutela
fue radicada por correo electrónico del 31 de enero de 2023, esto es, luego de 7 meses
y 16 días, de modo que fue ampliamente superado el término adoptado por esta
Corporación en la Sala Plena.
2.5. La Sala no desconoce que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar
al juez a concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda vez que pueden
existir circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción de tutela no se haya
presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o la omisión que
vulnera el derecho fundamental sean permanentes, persisten en el tiempo, y hacen que
la violación sea siempre actual.
11 Sentencia T- 123 de 2007.
12 Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014. Exp. Nº 11001-03-15-000-2012-02201-01, demandante: Alpina
Productos Alimenticios S.A., C P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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2.6. Sin embargo, se insiste: cuando se cuestionan providencias judiciales, la oportunidad
de la solicitud de amparo se determina a partir del momento en que se notifica la
providencia acusada, pues la notificación supone que las partes tienen conocimiento de
las decisiones judiciales. Luego, no es de recibo el argumento de la sociedad actora
relativo a que la vulneración de los derechos fundamentales persiste y que, por
consiguiente, deba darse por superado el requisito de inmediatez, pues lo cierto es que
desde que le fue notificada la decisión que ahora censura, pudo advertir la presunta
violación de derecho fundamentales.
2.7. En este caso, no se advierte alguna circunstancia que justifique la demora en
presentar la acción de tutela. Si la parte demandante estimaba la sentencia dictada en el
proceso de reparación directa vulneraba los derechos fundamentales a la propiedad
privada y de acceso a la administración de justicia, lo propio era que presentara la acción
de tutela tan pronto tuvo conocimiento de es providencia.
2.8. Lo anterior es suficiente para que la Sala se abstenga de hacer un pronunciamiento
de fondo sobre las inconformidades de la parte actora. Por lo tanto, se declarará
improcedente la solicitud de amparo promovida por tenga por la sociedad Lamadrid &
Cía S en C.S. en liquidación.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la sociedad Lamadrid & Cía
S en C.S. en liquidación, por las razones expuestas.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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