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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00469-01

Fecha
31 de julio de 2023
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00469-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 10 de abril de 2023 proferida por la Sala de Conjueces de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-00469-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

31 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00469-01
Actora: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social- UGPP
Demandado: Sección Segunda del Consejo de Estado

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/falta del cumplimiento del
requisito general de subsidiariedad

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) acceso a la
administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de
tutela de 10 de abril de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado1, por medio del cual declaró improcedente el amparo.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

1 Sentencia proferida por una Sala de Conjueces.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00469-01
Actora: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social- UGPP

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, a través del Subdirector de Defensa Judicial Pensional, presentó
acción de tutela contra la Sección Segunda del Consejo de Estado, porque, a su
juicio, al proferir la sentencia de 11 de agosto de 2022, en el proceso adelantado en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el número único de radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01, vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, la señora Hirma Nubia Jiménez Lozano nació el 21 de mayo de 1959
y prestó sus servicios al magisterio oficial en el Departamento de Boyacá - Municipio
de Sogamoso, con una vinculación de carácter municipal y nacionalizada.

4. Expresó que, la señora Hirma Nubia Jiménez Lozano solicitó ante la UGPP el
reconocimiento de la pensión gracia; sin embargo, esta petición fue negada,
mediante las resoluciones: (i) núm. RDP 003051 del 27 de enero de 2015, que le
negó el reconocimiento de la pensión gracia; (ii) núm. RDP 009070 del 6 de marzo
de 2015, que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión
y la confirmó; y (iii) núm. RDP 014101 del 13 de abril de 2015, que resolvió el recurso
de apelación ratificando la postura de la entidad demandada.

5.Adujo que, la señora Hirma Nubia Jiménez Lozano presentó demanda contra la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social - UGPP, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restableciendo del derecho, en donde solicitó que se declarara la nulidad de las
resoluciones indicadas supra.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00469-01
Actora: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social- UGPP

6. El Tribunal Administrativo de Boyacá profirió sentencia de primera instancia el 11
de mayo de 2017, negando las pretensiones de la demanda.

7. La Sección Segunda del Consejo de Estado profirió sentencia de segunda
instancia el 11 de agosto de 2022, resolviendo lo siguiente:

“[…] Primero. Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de
precisar la siguiente regla en cuanto al entendimiento que debe otorgarse al artículo
15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 para efectos de reconocer la pensión
gracia de jubilación:

Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento.

Segundo. Advertir a la comunidad en general que la regla jurisprudencial fijada en
la presente sentencia de unificación es vinculante en los siguientes casos: (i)
respecto de los asuntos similares que actualmente se están tramitando en sede
administrativa; (ii) respecto de los procesos similares que se están adelantando en
juzgados, tribunales administrativos y Consejo de Estado. En consecuencia, no
tiene efectos respecto de aquellos asuntos en los que ya existe sentencia
ejecutoriada. En tal virtud, los conflictos judiciales ya resueltos están amparados por
la cosa juzgada y, por ende, resultan inmodificables.

Tercero. Por tratarse de una sentencia de unificación que reconoce un derecho, esta
sentencia debe ser extendida por las autoridades administrativas en virtud de los
artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, a quienes acrediten encontrarse en los
mismos supuestos fácticos y jurídicos, de conformidad con las reglas señaladas en
la parte motiva de esta providencia.

Cuarto. Revocar la sentencia del 11 de mayo de 2017, proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda de la
referencia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En su
lugar, se dispone lo siguiente:

Quinto. Declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 003051 del 27 de enero de
2015, RDP 009070 del 6 de marzo de 2015 y RDP 014101 del 13 de abril de 2015,
mediante las cuales la UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia de la
actora.

Sexto. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento
del derecho, ordenar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP reconocer y pagar la
pensión gracia de la señora Hirma Nubia Jiménez Lozano, identificada con cédula
de ciudadanía 46.353.735, en cuantía del 75% del promedio de los factores
devengados en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional,
comprendido entre el 21 de mayo de 2008 y el 21 de mayo de 2009, con inclusión
de la asignación básica y las doceavas partes de las primas de vacaciones docentes
y de navidad. La prestación tendrá efectos fiscales a partir del 26 de septiembre de
2011 por haber operado el fenómeno de la prescripción trienal.

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Séptimo. La UGPP hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo
en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación
de la fórmula matemática indicada en las consideraciones de esta sentencia.

Octavo. La UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del
plazo señalado en el artículo 192 del CPACA.

Noveno. Negar las demás pretensiones de la demanda.

Décimo. No se condenará en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Décimo primero. Rechazar la solicitud de unificación jurisprudencial elevada por la
UGPP, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Décimo segundo. Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal
de origen, previas las anotaciones que fueren menester […]”.

8.La Sección Segunda del Consejo de Estado consideró que:

“[…] Con fundamento en los análisis precedentes, la Sección Segunda del Consejo
de Estado fija la siguiente regla de unificación en cuanto al entendimiento que debe
otorgarse al artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 para efectos de
reconocer la pensión gracia de jubilación:

Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento […]”.

[…]

“[…] 112. Teniendo en cuenta el anterior recuento fáctico, en consonancia con el
marco normativo y jurisprudencial descrito en acápites anteriores, la Sala revocará
la decisión del a quo que negó el reconocimiento de la pensión gracia a favor de la
demandante.

Esta conclusión se funda en los siguientes razonamientos: i) La señora Hirma Nubia
Jiménez Lozano demostró que laboró en el magisterio oficial durante más de 20 años
como docente de primaria, en plazas clasificadas como nacionalizadas y territoriales.
Igualmente, tuvo una experiencia como educadora anterior al 31 de diciembre de
1980, por ende, en lo que respecta al tiempo de servicio, cumple con los
presupuestos previstos por las Leyes 114 de 1913 y 91 de 1989 para ser acreedora
del beneficio pensional pretendido.

ii) El tiempo de servicio computable para obtener la pensión gracia corresponde al
siguiente: […]”.

[…]

“[…] 113. En relación con las vinculaciones antes descritas es oportuno hacer las
siguientes precisiones:

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a. La demandante tuvo vinculaciones en interinidad, las cuales son válidas para
obtener la pensión gracia objeto de controversia. Al respecto esta corporación ha
sostenido lo siguiente:

Respecto de la vinculación del demandante como docente interino, debe reiterarse
que las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928 concibieron la prestación gracia de
jubilación como una dádiva o recompensa a favor de quienes ejercieran la actividad
docente en el nivel territorial, razón por la cual, y conforme lo disponen las normas
en cita y la jurisprudencia de esta Corporación, la única exigencia válida para efectos
de reconocer la prestación pensional en cita es haber acreditado 20 años al servicio
de la docencia oficial sin importar la modalidad de la vinculación, siempre que esta
responda a cualquiera de las previstas en la ley.

En efecto, si bien el ordenamiento jurídico no define expresamente la naturaleza de
la interinidad, como una forma de proveer cargos docentes, esta Corporación ha
precisado que dicha figura debe entenderse como el mecanismo mediante el cual la
administración, ante la imposibilidad de contar con docentes de carrera, designa con
carácter transitorio a personas instruidas en el ejercicio de la referida actividad, en
atención a la necesidad y urgencia de garantizar la efectiva prestación de los
servicios educativos.

114. Conforme al anterior criterio, las vinculaciones en interinidad son computables
para acceder a la pensión gracia, pues lo relevante es la prestación efectiva del
servicio en el ramo docente del orden territorial o nacionalizado, lo cual se acreditó
en el sub lite. b.

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio certificó que la actora fue
vinculada como docente por contratos de prestación de servicios durante los años
1993 y 1994,98 los cuales también deben computarse para efectos de obtener la
pensión gracia […]”.

[…]

“[…] 115. Conforme al anterior lineamiento interpretativo, en el sub lite se
computarán los tiempos laborados por la actora en virtud de contratos de prestación
de servicios, celebrados con el alcalde del municipio de Sogamoso y que se pagaron
con recursos propios de dicho ente territorial, en razón a que la normativa especial
no excluyó tal modalidad contractual para el acceso a dicho beneficio laboral; por el
contrario, lo relevante es que el interesado demuestre haber trabajado en el
magisterio oficial como maestro territorial o nacionalizado, así como tener una
experiencia docente anterior al 31 de diciembre de 1980.

116. Es pertinente aclarar que esta tesis es consonante con el mandato
constitucional de privilegiar la realidad sobre las formalidades en aras de garantizar
el acceso de los trabajadores a sus derechos mínimos laborales […]”.

[…]

“[…] 124. En este orden de ideas, la presente decisión se ciñe integralmente al
criterio unificado del Consejo de Estado en torno a la forma en que debe acreditarse
la plaza docente territorial o nacionalizada que viabiliza el cómputo del tiempo de
servicios para acceder a la pensión gracia.

iii) La señora Hirma Nubia Jiménez Lozano cuenta con más de 50 años de edad y
durante su ejercicio como docente no se registraron sanciones disciplinarias, es
decir, que cumple con los requisitos de edad, buena conducta y desempeño laboral

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con honradez y consagración previstos por la Ley 114 de 1913 para el
reconocimiento del beneficio pensional reclamado […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

9. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRINCIPALES:

Primero. Conforme a lo anterior, solicito de manera respetuosa, sean AMPARADOS
los derechos fundamentales deprecados por la UGPP, vulnerados por el CONSEJO
DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA con la sentencia del 11 de agosto de 2022.

Segundo. Consecuentemente DEJAR sin efectos la decisión proferida por el
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA con la sentencia del 11 de agosto de 2022 dentro de la acción
de Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 15001233300020160027801
promovido por la señora HIRMA NUBIA JIMÉNEZ LOZANO contra la UGPP en
razón a que reconoce y ordena el pago de una pensión gracia a la causante quien
no tiene derecho a ello y que genera un absoluto detrimento a la sostenibilidad
financiera del Sistema Pensional por la evidente irregularidad sustancial en la orden
impartida.

Tercero. Que como consecuencia de lo anterior se sirva ordenar:

Al CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, dictar nueva sentencia ajustada al marco del reconocimiento
de la pensión gracia bajo el principio de legalidad.

ACCESORIAS:

En caso de que esa H. Magistratura determine que en este caso procede otro medio
de defensa judicial solicitamos:

Primero. AMPARAR de manera TRANSITORIA los derechos fundamentales
deprecados por la UGPP, vulnerados por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA, al ordenar el
reconocimiento de una pensión gracia sin el lleno de requisitos legales.

Segundo. Como consecuencia de lo anterior, SUSPENDER el cumplimiento de la
sentencia del 11 de agosto de 2022 proferida por el CONSEJO DE ESTADO SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
E, dentro del proceso contencioso Nº 15001233300020160027801 para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable al Erario, mientras se resuelve la
actuación judicial que esa H. Corporación determine debemos iniciar para
controvertir la legalidad de las órdenes impartidas en las sentencias objeto de tutela
[…]”.

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10. La actora en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial accionada
incurrió en un i) defecto fáctico, en un ii) defecto sustantivo por interpretación
irrazonable; y en un iii) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial.

Actuación

11. La Sala de Conjueces de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, por auto de 21 de marzo de 2023; i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó
notificar a los magistrados de la Sección Segunda del Consejo de Estado; y iii) vinculó
a Hirma Nubia Velázquez Lozano y al Tribunal Administrativo de Boyacá, en calidad
de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que
rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

12. Hirma Nubia Velázquez solicitó que:

“[…] Considero de manera respetuosa, que no existe ningún hecho o fundamento
jurídico, para la procedencia de la acción de tutela de la referencia, por cuanto ningún
derecho fundamental se le ha vulnerado a la Entidad y adicionalmente, se surtió la
demanda, conforme a lo que ordena la Ley.

En cuanto a las razones expuestas por la accionante, la UGPP, respecto a la
aplicación errada de la normatividad, por la Sección Segunda del H. Consejo de
Estado, en la Sentencia proferida dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento
del Derecho de radicado No. 15001 23 33 000 2016 00278 01, resultan ser
consideraciones de hecho infundadas, por cuanto el reconocimiento de la prestación
denominada Pensión Gracia, no contempla el requisito de vinculación mediante
forma legal y reglamentaria, por el contrario, solo se requiere que la vinculación sea
territorial y previa al 31 de diciembre de 1980 […]”.

[…]

“[…] La discusión relacionada con mi derecho a la Pensión Gracia, ya fue resuelto
previamente ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Acción de Tutela no
es el mecanismo para atacar dichas consideraciones correspondientes a otra
instancia judicial, bajo el entendido que ese es el argumento al cual acude la UGPP
al Juez de Tutela […]”.

13. La Sección Segunda del Consejo de Estado consideró que:

“[…] En este orden de ideas, la UGPP pretende una nueva evaluación en sede de
tutela de los argumentos que fueron ampliamente estudiados en segunda instancia

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dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho y que llevaron
a concluir que la señora Hirma Nubia Jiménez Lozano tenía derecho al
reconocimiento de la pensión gracia debatida.

ix) Con el presente trámite constitucional se pretende habilitar una nueva oportunidad
en aras de reiterar los argumentos ventilados en el proceso ordinario, así como
exponer mejores consideraciones en defensa de los intereses de la entidad
accionante, lo cual desconoce la finalidad de la acción de tutela, el principio de
preclusión de las actuaciones judiciales y los derechos al debido proceso,
contradicción y defensa de las partes.

Así las cosas, es oportuno resaltar que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo
para reabrir el debate sobre un asunto que fue analizado de manera concienzuda en
primera y segunda instancia por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con
respeto del debido proceso de los intervinientes, garantizando los derechos de
audiencia y de defensa de las partes y teniendo en cuenta la normativa aplicable en
la materia puesta a consideración de los jueces competentes, en armonía con las
pruebas allegadas al expediente […]”.

14. El Tribunal Administrativo de Boyacá guardó silencio en esta oportunidad
procesal.

La sentencia impugnada

15. La Sala de Conjueces de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado mediante sentencia de 10 de abril de 2023, resolvió lo siguiente:

“[…] Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela instaurada por la UGPP
en contra de la Sección Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con la parte
motiva de esta providencia […]”.

16. La Sala de Conjueces de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado consideró que:

“[…] La acción de tutela, como mecanismo de protección de los derechos
fundamentales que resulten amenazados o vulnerados por la actuación u omisión
de las autoridades o de algunos particulares, es procedente para controvertir
providencias judiciales, siempre y cuando se cumplan con los requisitos generales
y específicos fijados jurisprudencialmente. Así las cosas, una de las exigencias
generales es precisamente la subsidiariedad, como se expuso en precedencia.

Al respecto, se aprecia que es el recurso extraordinario de revisión, bajo la causal
que consta en el numeral 7 del artículo 250 del CPACA que dice: «No tener la
persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del
reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a
la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida»2 la

2 Esta posición ha sido adoptada, entre otras, en las siguientes providencias: 2 de junio de 2022, radicación:

11001-03-25-000-2019-00451-00 (3403-2019), demandante: Esperanza Trujillo Delgado; 3 de noviembre de

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herramienta judicial con la que cuenta quien considera que la decisión acusada ha
reconocido una pensión a quien no tenía la aptitud legal para acceder a ella,
entendiendo aquella como la situación jurídica necesaria para adquirir el estatus de
pensionado. Incluso, de considerar que se ha vulnerado el debido proceso podrá
alegar la casual contenida en el literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la
cual introdujo en el ordenamiento colombiano la posibilidad de revisar las
providencias judiciales que hayan decretado el reconocimiento de sumas periódicas
a cargo del Tesoro Público o de fondos de naturaleza pública.

En relación con lo anterior, el artículo 248 de la Ley 1437 de 2011 determina que el
recurso extraordinario de revisión procede en contra de las sentencias dictadas por
las Secciones o Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, de los Tribunales o de los jueces administrativos y el artículo
250 ibidem regula las causales descritas en precedencia, como la séptima que se
citó en el párrafo anterior. Por lo tanto, quien estima que se ha vulnerado el debido
proceso o se ha reconocido una pensión a quien no tenía la aptitud legal para ello
dispone del recurso extraordinario de revisión de que trata el título VI, capítulo I, de
la Ley 1437 de 2011, dentro del término previsto en el artículo 251 de la precitada
norma.

III. Existencia de otro mecanismo judicial

La UGPP considera que el Consejo de Estado, Sección Segunda, transgredió sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia
en conexidad con el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, toda
vez que reconoció una pensión gracia en favor de la señora Hirma Nubia Jiménez
Lozano sin el cumplimiento de los requisitos previstos en las Leyes 114 de 1913,
116 de 1928 y 91 de 1989. Al respecto, alegó que el ad quem inobservó que los
tiempos de servicio prestados con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 fueron
en virtud de una vinculación del orden nacional. Asimismo, que se contabilizaron los
tiempos trabajados a través de contratos de prestación de servicio, y, finalmente,
porque en su concepto, pese a que las certificaciones adolecían de irregularidades
fueron valoradas para acceder al derecho pensional.

Por la claridad de la situación en este caso, no cabe duda que la UGPP tiene a su
disposición otro mecanismo judicial idóneo de defensa de sus derechos, como lo
es el recurso extraordinario de revisión, en donde de conformidad con el numeral 7
del artículo 250 del CPACA, puede discutirse y decidirse la legalidad de la pensión
gracia otorgada por la autoridad judicial a la Señora Hirma Nubia Jiménez Lozano.
Incluso a través del recurso antes referido mecanismo judicial puede plantear se
estudie la violación al debido proceso que también aduce la Accionante, con base
en el literal a) del artículo 20 de la ley 797 de 2003 , en donde además se puede
discutir la supuesta o real afectación al erario publico y la sostenibilidad fiscal que
aduce la accionante contra la sentencia censurada […]”.

[…]

“[…] Una vez revisadas las pruebas que obran en el expediente de la referencia, se
denota que no se dan los presupuestos para considerar la afectación o amenaza
urgente de los derechos fundamentales que la accionante UGPP invoca, con el fin
de flexibilizar la exigencia de subsidiariedad, y que se haga necesaria la intervención
del juez constitucional, en tanto que, no demuestran una situación de vulnerabilidad
que deba ser atendida a través de este mecanismo constitucional. Además, que

2022, radicación: 110010325000201500276 00 (0532-2015), demandante: Municipio de Morroa, Sucre,
demandado: Olimpo Rafael Guzmán Méndez.

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justamente, mediante la acción judicial especial para revisar decisiones judiciales
que concedieron derechos prestacionales de carácter económico como en el caso
de la pensión gracia, cuenta claramente con el recurso de revisión - se reitera- en el
cual el juez tiene amplia competencia, de conformidad con el articulo 255 del CPACA
para que mediante la sentencia respectiva, si encuentra violada la causal 7 del
artículo 250 del CPACA, decida invalidando la sentencia revisada y dictando la que
corresponda en derecho y así mismo en esta resolverá sobre restituciones,
cancelaciones, perjuicios y demás consecuencias de dicha invalidación , o bien si
encuentra pruebas de la violación del literal a) del artículo 20 de la ley 797 de 2003
declarara’ la nulidad de la sentencia cuestionada por la UGPP y devolverá el proceso
para que la autoridad judicial aquí cuestionada rehaga la actuación conforme a
derecho […]”.

La impugnación

17. La actora impugnó la sentencia proferida por la Sala de Conjueces de la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En ese orden de
ideas, expresó lo siguiente:

“[…] El estrado judicial accionado, en su decisión del 11 de agosto de 2022, erró en
la aplicación de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 91 del 29 de diciembre de
1989, que regularon los requisitos para otorgar la prestación gracia por cuanto:

a.- Si bien es cierto la señora Hirma Nubia Jiménez Lozano se desempeñó como
docente antes del 30 de diciembre de 1980, las vinculaciones son de carácter
Nacional, lo que impide que sean tenidas en cuenta para conceder el derecho a la
pensión gracia.

b.- El accionado no podía computar, para el reconocimiento prestacional, tiempos
de servicio prestados bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, pues
ellos no constituyen un vínculo legal y reglamentario a los cuales se les pudiera
aplicar las leyes que regulan la pensión gracia, lo que hace que la causante no tenga
acreditada, a través de actos administrativos de nombramiento y posesión, la
vinculación directa al servicio educativo territorial como así lo exige la Ley 115 de
1994 […]”.

[…]

“[…] Con base en las consideraciones expuestas por el a quo en el fallo del 10 de
abril de 2023 y que dan lugar a la declaratoria de improcedencia de la acción, esta
entidad se permite esgrimir dicha posición, al considerar que la acción de tutela en
este caso es el mecanismo idóneo para garantizar la protección de los derechos
fundamentales vulnerados a la UGPP, aun cuando exista un mecanismo alterativo
de defensa judicial como lo es el recurso extraordinario de revisión, el cual, debido
a sus ritualidades procesales supedita necesariamente que la protección de estos
derechos se postergue y no sea inmediata, lo que a su vez genera que el perjuicio
ocasionado al Sistema General de Pensiones se incremente con el paso del tiempo.
En consecuencia, se procede a sustentar la procedencia de esta acción:

1. CON RESPECTO AL PERJUICIO IRREMEDIABLE

A pesar de que en el fallo de tutela de primera instancia manifiesta la inexistencia
de un perjuicio irremediable en este caso, esta entidad considera que, conforme a
los criterios jurisprudenciales definidos por la Corte Constitucional, para determinar

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Actora: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
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la procedencia de la acción de tutela como mecanismo de uso inminente e
impostergable, el a quo debió realizar una valoración objetiva de los fundamentos
fácticos y jurídicos expuestos en la demanda de tutela, y de las pruebas aportadas,
con el fin de determinar si existe un perjuicio irremediable que amerite que la acción
de tutela sea el mecanismo para evitar la materialización de un riesgo inminente de
perdida de recursos públicos […]”.

[…]

“[…] Conforme a los presupuestos jurisprudenciales descritos y de cara a la realidad
procesal es claro que en el presente caso este defecto se configura con la decisión
del 11 de agosto de 2022, dictada por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA, por reconocer a favor
de la señora Hirma Jiménez una prestación sin el lleno de los requisitos legales para
ser beneficiario de ella conforme a las Leyes que regulan el tema de la pensión
gracia, las cuales al no ser aplicadas y darles un alcance que las mismas no tienen,
generaron que en el presente caso se diera un reconocimiento pensional gracia a la
señora HIRMA NUBIA JIMÉNEZ LOZANO quien no tiene derecho […]”.

[…]

“[…] Teniendo en cuenta lo anterior, es dable indicar que la pensión gracia
consagrada en la Ley 114 de 1913, no admite completar o computar tiempos de
servicio prestados en la Nación cuyo nombramiento provenga del Ministerio de
Educación Nacional por ser estos incompatibles con los prestados en un
Departamento, Municipio o Distrito, de tal manera que los tiempos de orden nacional
deben ser desestimados […]”.

[…]

“[…] Teniendo en cuenta lo hasta aquí señalado y para el presente caso el defecto
fáctico en cabeza del CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA, se configura en la errada valoración del
material probatorio aportado ya que como se observa del proceso contencioso
administrativo se demostró que la señora HIRMA NUBIA JIMÉNEZ LOZANO, no
cumplía con los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia toda vez que
al 31 de diciembre de 1980, no se encontraba vinculada como docente de carácter
departamental, distrital o municipal y por tanto de conformidad con los estipulado en
el literal a) del numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 no es acreedora de la
pensión Gracia […]”.

[…]

“[…] En ese orden de ideas, los tiempos de servicio prestados por la señora HIRMA
NUBIA JIMÉNEZ LOZANO anteriores a diciembre de 1980 deben ser desestimados
para el reconocimiento de la pensión gracia, por ser tiempos de carácter Nacional y
en consecuencia resulta evidente que al no contarse con vinculación válida antes
de diciembre de 1980 para el reconocimiento de la prestación no se cumple con uno
de los requisitos legales para exigidos para el reconocimiento de la pensión gracia.

Ahora bien, téngase en cuenta que los demás tiempos de servicio acreditados por
la señora Hirma Nubia Jiménez Lozano desde el año 1982, presentan
inconsistencias respecto de la calidad en que fueron prestados si son Nacionales
y/o municipales: […]”.

[…]

12

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“[…] 5. El Despacho accionado incurrió en los defectos material o sustantivo y fáctico
por cuanto:

Reconoció una pensión gracia sin el cumplimiento de los requisitos legales
contenidos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 91 de 1989 esto
es, sin que la causante contara con vinculación territorial anterior a 30 de diciembre
de 1980, los tiempos acreditados antes de dicha fecha son Nacionales por lo que
debieron desestimarse.

Valoró defectuosamente el material probatorio aportado al tramite procesal, en el
que se evidenciaba que los tiempos de servicio anteriores a diciembre de 1980 eran
de carácter Nacional, y que respecto de los demás tiempos de servicio acreditados
(i) existían inconsistencias respecto de si eran nacionales o territoriales (ii) se
computaron tiempos prestados bajo la modalidad de contrato de prestación de
servicios que no son válidos para el reconocimiento de la pensión gracia […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

18.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19913, por el cual se
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20214 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 2018 5 y con el
artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 6, que asigna a esta
sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

19. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
4 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00469-01
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Problema jurídico

20.Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con
el requisito general de subsidiariedad.

21.Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia, procediendo posteriormente
a v) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

22.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena , en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
7

acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.

14

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Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales

23.Esta Sección adoptó8 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005 , proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
9

los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

24.Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

25.De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión” que encaje en dichos parámetros.
10

26.Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
9
Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.

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27.El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 . 11

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto

28.La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
subsidiariedad.

Acerca del requisito de agotamiento de los recursos ordinarios y
extraordinarios dentro del marco de la acción de tutela contra providencias
judiciales

29.La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los artículos 86
superior y 6.º del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 12, indica que la
solicitud de tutela es un medio de defensa de carácter subsidiario para obtener la
protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, lo que impone su
procedencia siempre y cuando en el ordenamiento jurídico no exista otra acción
idónea y eficaz para el amparo judicial de estos derechos.

30.En ese orden de ideas, uno de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales es el agotamiento de los recursos
ordinarios y extraordinarios que existen en el ordenamiento jurídico para
controvertir la providencia atacada, teniendo en cuenta que la acción de tutela es
un mecanismo subsidiario y sólo procede cuando el peticionario se encuentra en
presencia de un perjuicio irremediable o cuando se acredita en el caso concreto
que dichos mecanismos no son idóneos o eficaces para la protección de los
derechos fundamentales.

11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
12 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"

16

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31.Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional13:

“[…] Bajo esta perspectiva, la sentencia T-211 de 200914 precisó al menos cuatro
razones por las que el estudio del requisito de subsidiariedad es fundamental para
determinar la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:

“La primera consiste en que las sentencias son decisiones emanadas de un juez
que recibió el encargo constitucional de poner fin a las controversias en una
jurisdicción determinada, para lo cual, fue revestido de autonomía e independencia.
Cuando la acción de tutela se instaura como recurso alternativo o como último
recurso judicial para obtener una decisión favorable en cualquier materia, se
desconoce la división de competencias que la misma Carta ha delineado, y se niega
el principio de especialidad de la jurisdicción. Adicionalmente, cuando se promueve
el amparo de manera complementaria a los procesos judiciales ordinarios, la
decisión del juez constitucional –que por la naturaleza de la acción de tutela tendrá
que adoptar una decisión en menor tiempo- puede terminar imponiendo
interpretaciones de carácter legal al juez que está encargado del proceso.

En uno y otro caso, la acción de tutela que no es presentada con apego estricto al
principio de subsidiariedad, niega la garantía del debido proceso, de acuerdo con la
cual, una persona sólo puede ser procesada por su “juez natural”.

Una segunda razón estriba en el respeto por la importancia del proceso judicial. Las
etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer espacio
de protección de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en
lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es en este sentido que la
sentencia C-543/92 puntualiza que: “tratándose de instrumentos dirigidos a la
preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal
como lo acreditan sus remotos orígenes” (negrillas del original). Por tanto, no es
admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de un derecho
fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del proceso,
pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las herramientas
necesarias para corregir durante su trámite las irregularidades procesales que
puedan afectarle.

Como tercera razón, la acción de tutela instaurada contra providencias judiciales,
cuando no se han agotado los mecanismos ordinarios de protección, atenta contra
la seguridad jurídica del ordenamiento. No hace parte de los fines naturales de la
acción de tutela el causar incertidumbre jurídica entre los asociados. Por esto, la
Corte ha reiterado que la acción de tutela contra providencias judiciales no pretende
sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido definidos, o están
pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el principio de
subsidiariedad, y se intenta usar la acción de tutela como otra instancia u otro
recurso de litigio, sin que existan razones evidentes para advertir violaciones a

13 Corte Constitucional, Sentencia T-113 de 8 de marzo de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

14 Corte, Constitucional, sentencia T-211 de 27 de marzo de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En el

mismo sentido, puede consultarse Corte Constitucional, sentencia T-649 de 1 de septiembre de 2011, M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva, en la cual se estudió la idoneidad y eficacia del recurso de revisión en la
jurisdicción contencioso administrativa que hacía improcedente la acción de tutela porque existía otro medio
de defensa judicial.

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derechos fundamentales, se atenta contra la cosa juzgada y contra la seguridad
jurídica.”

7. En suma, corresponde al juez constitucional evaluar de forma rigurosa la
subsidiariedad de la acción de tutela contra providencias judiciales teniendo en
cuenta las pautas generales sobre la existencia de otros medios de defensa judicial
y si se trata de un proceso concluido o en curso. La anterior verificación del requisito
de subsidiariedad conlleva la salvaguarda de las siguientes garantías: i) el juez
natural; ii) el respeto por el debido proceso propio de cada actuación judicial; y iii) la
protección de la seguridad jurídica y la cosa juzgada […]”.

32.En ese orden de ideas, quien interponga una acción de tutela contra
providencias judiciales, debe agotar previamente todos los recursos ordinarios y
extraordinarios.

Requisito general de subsidiariedad respecto del agotamiento del recurso
extraordinario de revisión señalado en el artículo 20 de la Ley 797 de 200315

33.Visto el artículo 20 de la Ley 797, sobre la revisión de reconocimiento de sumas
periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública, señala:

“[…] Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo
del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. <apartes tachados
inexequibles> Las providencias judiciales que en cualquier tiempo16 hayan
decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a
fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero
o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de
Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a
solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de
la República o del Procurador General de la Nación.

La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.

La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso
extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en
cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código
y además:

a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso,
y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables […]”.

15
Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de
1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.
16
Declarado inexequible

18

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34.Visto el artículo 251 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 17, sobre el término
para interponer el recurso extraordinario de revisión, señala que podrá interponerse
“[…] en los casos previstos en al artículo 20 de la Ley 797 de 2003 dentro de los
cinco años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que
ella no se requiera, dentro del término contado a partir del perfeccionamiento del
acuerdo transaccional o conciliatorio […]”.

35.Atendiendo a que, frente al cumplimiento del requisito general de subsidiariedad
respecto del agotamiento del recurso extraordinario de revisión señalado en el
artículo 20 de la Ley 797 de 200318 por parte de las Cajas de Previsión Social, si
bien la citada norma señaló las autoridades que se encuentran legitimados por
activa para presentarlo “[…] el Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación […]”, lo cierto es
que la Corte Constitucional en la sentencia SU – 427 del 201619, consideró que: i)
con base en el numeral 620 del artículo 6 del Decreto 5021 de 200921 se atribuyó a
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, la competencia para iniciar acciones de tal
naturaleza; e ii) indicó que además de los sujetos señalados en el artículo 20 de la
Ley 797, las administradoras de pensiones se encuentran legitimadas para
interponer el citado recurso. Textualmente, señaló:

[…] 7.23. Ahora, frente a la legitimación para interponer el recurso de revisión
por la configuración de un abuso del derecho, comoquiera que la Constitución
no reguló la titularidad para interponerlo, debe entenderse que recae, además
de los sujetos establecidos en la Ley 797 de 2003, en cabeza de las
administradoras de pensiones encargadas del pago de las prestaciones
periódicas reconocidas de manera irregular, pues son las primeras instituciones

17
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
18
Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de
1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.
19
Corte Constitucional, sentencia SU-426 de 11 de agosto de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
20
6. Adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 o
normas que la adicionen o modifiquen.
21
“Por el cual se establece la estructura y organización de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP– y las funciones de sus dependencias”.

19

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llamadas dentro del sistema pensional a velar por su buen funcionamiento
financiero22 […]”.

36.Asimismo, esta Corporación23 ha señalado que las administradoras de
pensiones deben tomar las medidas necesarias para aplicar el artículo 20 de la Ley
797, entre otras, para solicitar autorización o aval, a las entidades legitimadas para
que se surta el recurso extraordinario señalado supra24, conforme con lo dispuesto
en el artículo 20 de la Ley 797 de 29 de enero de 2003, en armonía con lo señalado
en el artículo 25125 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201126.

37.De lo anterior se colige que, a las administradoras de pensiones, entre ellas, la
UGPP les asiste legitimación en la causa por activa para la interposición del recurso
extraordinario de revisión, cuando se invoca el artículo 20 de la Ley 797, dentro de
los cinco años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial, conforme lo
señala el artículo 251 de la Ley 1437.

38.Esta circunstancia, hace que en principio la acción de tutela sea improcedente,
salvo que se evidencie de manera palmaria la ocurrencia del abuso del derecho
alegado27, caso en el cual, como lo ha señalado esta Sección28 es necesaria la
intervención del juez constitucional para el restablecimiento de los derechos
fundamentales involucrados, a través de medidas inmediatas de protección como

22
Cfr. Sentencias T-363 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz) y T-300 de 2014 (M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez).
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinte Especial de Decisión, sentencia de
26 de octubre de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001 03 15 000
2014 01658 00
24
La Corte Constitucional en sentencia C-258 de 2013 le ordenó a las entidades que tienen a su cargo el
reconocimiento y pago de pensiones, como lo es FONPRECON, que tomaran las medidas necesarias para
aplicar el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.
25
“Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la
ejecutoria de la respectiva sentencia.
En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el recurso
dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos
que dan lugar al recurso.
En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los
cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera,
dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.”
26
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
27
Corte Constitucional, sentencia SU- 068 de 21 de junio de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de octubre de
2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001 03 15 000 2018 03457 00.

20

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mecanismo transitorio mientras el juez competente decide de fondo las acciones
correspondientes, ante la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

39.En ese sentido, la Sala resalta que la misma Corte Constitucional en las
sentencias SU-631 de 12 de octubre de 201729 y T-034 de 13 de febrero de 201830,
estableció una serie de criterios o elementos que pueden ser aplicados para evitar
la concesión de derechos pensionales fundamentados en situaciones contrarias a
la ley por fraude o abuso del derecho. El primero -el elemento objetivo- relacionado
con el aumento o incremento significativo de los ingresos de una persona en el
último año de servicios o en el periodo que sirve de base para calcular el IBL de la
pensión; y, el segundo, -el elemento subjetivo- relacionado con que ese aumento se
haya obtenido: i) con un ánimo de defraudar el sistema pensional; ii) mediante una
“vinculación precaria” o iii) que se desvirtúe la presunción de buena fe31 que rige las
actuaciones de los particulares.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

40.Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

41.Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
32

proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,

29
Corte Constitucional, sentencia SU 631 de 12 de octubre de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
30
Corte Constitucional, sentencia T-034 de 13 de febrero de 2018, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
31
El principio de la buena fe ha sido definido por la Corte Constitucional como aquel que exige a los particulares
y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las
actuaciones que podrían esperarse de una “persona correcta.
32
Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

21

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a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia

42.Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

43.Atendiendo a que, la Corte Constitucional33 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.

33 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00469-01
Actora: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social- UGPP

Análisis del caso concreto

44. La actora, a través del Subdirector de Defensa Judicial Pensional, presentó
acción de tutela contra la Sección Segunda del Consejo de Estado, porque, a su
juicio, al proferir la sentencia de 11 de agosto de 2022, en el proceso adelantado en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con el número único de radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01, vulneraron
sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.

45.Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

46.La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por la
actora en su respectivo escrito de tutela e impugnación.

Acervo y análisis probatorios

47.Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:

47.1. Copia de la sentencia de segunda instancia proferida el 11 de agosto de 2022
por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00469-01
Actora: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social- UGPP

Solución del caso concreto

Análisis del cumplimiento del requisito general de subsidiariedad

48.La Sala advierte que la actora contaba con otro medio de defensa para la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, antes de acudir a la acción de tutela, toda vez que tiene
la posibilidad de interponer el recurso extraordinario de revisión establecido en el
artículo 20 de la Ley 797, en concordancia con el artículo 251 de la Ley 1437 de
2011 para controvertir lo decidido en la sentencia accionada, comoquiera que
conforme a las reglas anteriormente establecidas por parte de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado le asiste legitimación en la causa por activa
para tal efecto.

49.Así las cosas, como lo ha señalado esta Sección34 al resolver problemas jurídicos
similares, la situación que se presenta no es irremediable, dado que el perjuicio
alegado está en posibilidad de desaparecer, para lo cual la entidad accionante está
obligada a hacer uso de lo preceptuado en el artículo 20 de la Ley 797, por lo que
no resulta lógico considerarlo como insuperable, inminente o impostergable.

50.En las anteriores circunstancias, las presuntas irregularidades planteadas en la
solicitud de tutela las debe dirimir el juez ordinario en sede del recurso extraordinario
de revisión, para que verifique el alcance de la regulación aplicable de conformidad
con el precedente mencionado y determinar si la prestación periódica fue
reconocida de manera irregular, lo cual trae como consecuencia el no cumplimiento
del requisito general de subsidiariedad dentro del marco de la acción de tutela.

51.En ese orden de ideas, la Sala encuentra que en el caso sub examine, existen
otros mecanismos de control judicial para garantizar la protección de los derechos
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la actora, como lo
es el recurso extraordinario de revisión, previo al cumplimiento de los requisitos

34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de octubre de
2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001 03 15 000 2018 03457 00.

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legales, para controvertir lo decidido en la sentencia, antes de acudir a la acción de
tutela.

52.Ahora bien, la Sala debe precisar que la actora incluyó en su escrito de tutela las
siguientes pretensiones subsidiarias:

“[…] En caso de que esa H. Magistratura determine que en este caso procede otro
medio de defensa judicial solicitamos:

Primero. AMPARAR de manera TRANSITORIA los derechos fundamentales
deprecados por la UGPP, vulnerados por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA, al ordenar el
reconocimiento de una pensión gracia sin el lleno de requisitos legales.

Segundo. Como consecuencia de lo anterior, SUSPENDER el cumplimiento de la
sentencia del 11 de agosto de 2022 proferida por el CONSEJO DE ESTADO SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
E, dentro del proceso contencioso Nº 15001233300020160027801 para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable al Erario, mientras se resuelve la
actuación judicial que esa H. Corporación determine debemos iniciar para
controvertir la legalidad de las órdenes impartidas en las sentencias objeto de tutela
[…]”.

53.Al respecto la Sala precisa que, al ser el juez natural de la causa el competente
para pronunciarse de fondo respecto a los reparos formulados por la actora, no
puede el juez constitucional en esta instancia inmiscuirse en lo que será objeto de
análisis en un eventual recurso extraordinario de revisión. En ese sentido, no resulta
procedente acceder a la solicitud de la actora en el sentido de suspender los efectos
de los actos administrativos aquí demandados.

Conclusiones de la Sala

54.La Sala considera que la acción de tutela no es un mecanismo alternativo para
lograr la protección de los derechos, en atención a que se trata de un mecanismo
residual y subsidiario, es decir que solo procede cuando no existan otros recursos
o medios de defensa judicial que permitan proteger los intereses de los afectados,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable
que en el presente caso no se configuró.

55.Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 10
de abril de 2023 proferida por la Sala de Conjueces de la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio de la cual declaró

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improcedente la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 10 de abril de 2023 proferida por
la Sala de Conjueces de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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