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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00481-00

Fecha
2 de marzo de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00481-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

2 de marzo de 2023

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Radicación: 11001 03 15 000 2023 00481 00
Demandante: José Gildardo Ramírez Giraldo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE (E): RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 00481 00
Demandante: José Gildardo Ramírez Giraldo
Demandado: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Civil.

Tema: Elección presidente Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín. Inexistencia de la transgresión de los derechos
fundamentales invocados.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por el señor José Gildardo Ramírez
Giraldo contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
el señor José Gildardo Ramírez Giraldo, magistrado de la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín, promovió demanda en orden a que se le
tutelen sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, junto con los
principios de buena fe y confianza legítima.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001 03 15 000 2023 00481 00
Demandante: José Gildardo Ramírez Giraldo

En consecuencia, solicitó dejar sin efecto la sala ordinaria llevada a cabo el 25 de
enero de 2023 y, en ese sentido, ordenar a la corporación que convoque una nueva
sesión, con el propósito de elegir al presidente y vicepresidente de la Sala Civil, según
las reglas previamente establecidas.

1.1.2. Hechos de la solicitud

El accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

i) El 23 de enero de 2023 la Presidencia de la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín convocó a los magistrados que la integran para llevar a
cabo el 25 de igual mes y año la sala ordinaria y, entre otros asuntos, elegir al
presidente y vicepresidente.

ii) En 2018 la Sala acordó como regla para la elección del cargo de presidente la
siguiente:

«[…] que sea en orden alfabético comenzando por quienes no hayan sido
presidentes, cuando se acaben estos, se comienza por quienes han sido
presidentes una vez y luego por quienes han sido presidentes dos veces, con la
excepción a la regla de que si alguno voluntariamente quiere postularse y tiene el
aval de la Sala, el orden alfabético inicial se pueda romper y posteriormente se
retome»

iii) En el Acta 01 del 29 de enero de 2020 sobre la elección de presidente se dispuso
que:

«[…] la designación de Presidente se debe realizar en orden alfabético
comenzando por quienes no hayan sido presidentes, cuando se acaben éstos, se
comienza por quienes hayan sido presidentes una vez, y luego, por quienes hayan
sido presidentes dos veces, con la excepción a la regla de que si alguno
voluntariamente quiere postularse y tiene el aval de la Sala, el orden alfabético
inicial se pueda romper y posteriormente retomarse»

iv) La metodología para la elección de presidente acordada se siguió en los años 2020,
2021 y 2022.

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Demandante: José Gildardo Ramírez Giraldo

v) En la Sala de Decisión del 25 de enero de 2023 se informó, de acuerdo con las
pautas definidas en sesiones de años anteriores, cuáles magistrados no habían
ocupado esa designación y quienes lo habían hecho en una, dos o más ocasiones.

vi) El magistrado Ricardo León Carvajal Martínez fue elegido presidente de la Sala
Civil para el año 2023; sin embargo, se apartó de la decisión mayoritaria.

1.1.3. Fundamentos de derecho

El accionante fundamenta la solicitud de amparo en los siguientes aspectos:

i) La elección del magistrado Ricardo León Carvajal Martínez como presidente para el
año 2023 no respetó el mecanismo ni las pautas acordadas por la Sala desde el 2018,
pues se acogió su auto postulación, sin considerar a quienes estaban en turno para tal
cargo ni el orden alfabético. Lo anterior, desatiende el principio venire contra factum
propium y los criterios de elección que revisten carácter obligatorio para los miembros,
al tener el alcance que un acuerdo.

ii) Esa actuación no se compadece con la naturaleza de la corporación judicial, ya que
debió darse cabal cumplimiento al orden fijado previamente para la elección del cargo.

1.2. Actuación procesal

1.2.1. Mediante auto del 7 de febrero de 2023, se admitió la acción de tutela y, en
consecuencia, se ordenó notificar a los magistrados de la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín para que, dentro del término de los dos días
siguientes a la notificación de la providencia y, en uso de su derecho de defensa,
rindieran el respectivo informe.

1.3. Intervenciones

1.3.1. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, por
intermedio de la vicepresidente, la magistrada Martha Cecilia Lema Villada, solicitó
negar el amparo deprecado, en razón a lo siguiente:

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i) El nombramiento del presidente del año en curso atendió las pautas definidas por la
Sala y obedeció a la excepción acordada, según la cual podía votarse por el
magistrado que proponía voluntariamente su aspiración al cargo, independientemente
de que no siguiera en el orden alfabético; además, la decisión contó con el voto de la
mayoría de los asistentes y antes de deliberar se indagó si otro magistrado tenía
interés en ser elegido, sin presentarse candidatos.

ii) No se cumple el requisito de subsidiariedad, pues el demandante no ejerció los
medios judiciales ordinarios frente al acto de elección que pretende discutir.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069
de 2015, modificado por el artículo 8 del Decreto 333 de 2021, según el cual «Cuando
se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que
pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicción ordinaria, el conocimiento corresponderá
a la jurisdicción de lo contencioso administrativo» en concordancia con los artículos 86
Constitucional y 25 del Acuerdo 080 de 20191, según el cual «[l]as tutelas que sean de
competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para
conocer de la presente acción de tutela.

2.2. Problema jurídico

El accionante formula acción de tutela contra la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín.

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Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

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Demandante: José Gildardo Ramírez Giraldo

El problema jurídico consiste en determinar si está acreditada la transgresión de los
derechos fundamentales a la igualdad y debido proceso del magistrado José Gildardo
Ramírez Giraldo, debido a la elección del presidente para el año 2023 de Sala Civil del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad o por un particular,
en los casos previstos por la ley, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución
Política. En ese orden de ideas, el medio de amparo se torna improcedente, entre otras
causas, cuando no existe una actuación u omisión del accionado a la que se le pueda
endilgar la supuesta amenaza o vulneración de las garantías fundamentales en
cuestión.

Así entonces, la solicitud de amparo será procedente cuando algún derecho
fundamental se encuentre efectivamente amenazado o vulnerado, sin que el juez de
tutela deba esperar a que se materialice la transgresión de las garantías invocadas,
sino que debe acudir a la defensa de estas, en los eventos que se encuentran
amenazados.

La Corte Constitucional en la sentencia T-647 de 2003 definió las características de la
amenaza, para que sea viable la protección por vía de la acción de tutela, entre estas,
que sea contundente, cierta, ostensible, inminente y clara, razón por la cual si no existe
una razón objetiva y claramente definida que evidencia que los hechos u omisiones
planteados por el tutelante amenacen o lesionen los derechos fundamentales, no
puede concederse el amparo solicitado.

2.3.2. Derecho al debido proceso

En el artículo 29 de la Constitución Política se determinó que el debido proceso debe
regir todas las actuaciones administrativas y judiciales. De igual manera, el artículo
209 ejusdem y el numeral 1. ° del artículo 3.º de la Ley 1437 de 2011, incluyen el

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debido proceso como principio fundamental de la función administrativa.

Por su parte, la Corte Constitucional en la Sentencia C-980 de 2010, señaló que el
debido proceso administrativo debe entenderse como: «(i) el conjunto complejo de
condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento
de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda
relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de
manera constitucional y legal». Igualmente, ha precisado que con dicha garantía se
busca «(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de
sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la
defensa de los administrados».2

En esa lógica, en lo que respecta a la administración, el debido proceso implica una
limitación al ejercicio de sus funciones, puesto que, en todo proceso, desde su inicio
hasta su finalización, las entidades públicas están obligadas a observar los parámetros
procedimentales determinados en el marco jurídico vigente de manera restrictiva, lo
cual busca minimizar el criterio subjetivo dentro de los procesos y evitar conductas
omisivas, negligentes o de descuido de los funcionarios relacionados con este.

2.3.3. Derecho a la igualdad

En el artículo 13 de la Constitución Política se dispone que todas las personas nacen
libres e iguales ante la ley, por lo cual deben recibir el mismo trato y gozar de iguales
derechos, libertades y oportunidades. Adicionalmente, se prevé que no podrán ser
sometidas a ninguna clase de discriminación por razones de «sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica».

El órgano de cierre de la jurisdicción constitucional3, define que la garantía tiene dos
dimensiones: 1. Formal o ante la ley, en virtud de la cual las autoridades deben
abstenerse de concebir normas o políticas que agraven la situación de exclusión de
grupos marginados o vulnerables y 2. Material o de trato, según la cual el Estado debe
adoptar medidas positivas para superar las desigualdades de grupos que

2 Corte Constitucional. Sentencia C-980 de 2010. Magistrado ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
3 Corte Constitucional. Sentencia T-629 de 2010.

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históricamente han sido discriminados y de aquellas personas que se encuentran en
una situación de debilidad manifiesta.

2.4. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se establece lo siguiente:

2.4.1. El magistrado José Gildardo Ramírez Giraldo hace parte de la Sala Civil del
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.

2.4.2. El 26 de enero de 2023 tuvo lugar la sesión ordinaria de la Sala Civil del Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Medellín, para tratar los siguientes temas: 1. Llamado
a lista y verificación de quorum, 2. Aprobación del orden del día, 3. Aprobación de las
Actas de la Sala de las sesiones ordinarias del 12 de enero de 2023 y extraordinarias
del 13 y 18 de enero de ese año, 4. Nombramiento en provisionalidad del juez
diecinueve civil municipal de Medellín, 5. Elección del presidente y vicepresidente para
el año 2023, 6. Calificación de servicios de empleados de la Secretaría de la Sala Civil
y 7. Informes, proposiciones y varios.

2.4.3. En la sesión se propuso la designación del magistrado Ricardo León Carvajal
Martínez como presidente de la Sala Civil, la cual fue aprobada con un total de nueve
votos a favor, que fueron los siguientes:

MAGISTRADO VOTACIÓN
AGUDELO RAMÍREZ MARTÍN SI
BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS JOSÉ OMAR SI
CARDOSO GONZÁLEZ SERGIO RAÚL SI
CARVAJAL MARTÍNEZ RICARDO LEÓN SI
GIL MARÍN LUÍS ENRIQUE SI
LEMA VILLADA MARTHA CECILIA SI
MONTOYA ARBELÁEZ GLORIA AUSENTE
PATRICIA
OSPINA PATIÑO MARTHA CECILIA SI
RAMÍREZ GIRALDO JOSÉ GILDARDO BLANCO
SOSA LONDOÑO JUAN CARLOS AUSENTE CON PERMISO
VALENCIA CASTAÑO JULIÁN SI
VÉLEZ GAVIRIA PIEDAD CECILIA SI

2.4.4. La magistrada Martha Cecilia Lema Villada se postuló para asumir la
vicepresidencia de la Sala Civil del Tribunal y, luego de que el presidente sometiera a

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consideración de los demás asistentes la propuesta, sin oposición alguna, fue
designada en la representación citada.

2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala

El magistrado José Gildardo Ramírez Giraldo señaló que la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín transgredió sus derechos fundamentales a la
igualdad y debido proceso, pues, la elección del presidente de la corporación para el
año 2023 no atendió las pautas internas fijadas, según las cuales debía elegirse por
orden alfabético e iniciar con los magistrados que no hubieran ocupado esa
designación antes, seguir con quien lo había hecho en una oportunidad y finalizar con
quienes lo hicieron dos o más veces.

Sobre el particular, la Sala observa, en primer lugar, que en la sesión ordinaria llevada
a cabo el 26 de enero de 2023 se discutió el tema y, en ese sentido, algunos
magistrados advirtieron que debían respetarse las reglas aprobadas años atrás; otros
señalaron que, si bien antes establecieron esas pautas, lo cierto era que aquellas no
impedían que los interesados en ese cargo se postularan voluntariamente.

Igualmente, en el Acta 001 de la fecha citada se dejó constancia de que quien presidia
la Sala de Decisión indagó a magistrada Martha Cecilia Lema Villada, con el propósito
de definir si ella tenía la intención de ejercer la presidencia y la respuesta fue negativa;
luego, preguntó a los demás asistentes si querían postularse y, finalmente, ante la
postulación voluntaria del magistrado Ricardo León Carvajal Martínez sometió a
deliberación la elección, la cual fue aprobada por la mayoría de los asistentes, esto es,
con nueve votos de los diez funcionarios que estuvieron presentes en la sesión
ordinaria.

En ese sentido, no existe prueba sobre la transgresión de los derechos fundamentales
invocados por el accionante, menos aun cuando si bien aquel indicó que se desatendió
el procedimiento normado para la elección de presidente y vicepresidente de la Sala
Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, no existe ningún elemento
de convicción frente a la existencia de una disposición legal o reglamentaria que fije
las reglas para ese efecto y, de esta manera, que diera cuenta de su obligatoriedad y

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exigencia. En todo caso, como se explicó en los párrafos precedentes los magistrados
asistentes enunciaron las pautas acordadas internamente en ocasiones anteriores y,
luego de deliberar sobre el tema e indagar sobre la pretensión de cada uno de los
magistrados en la designación, sometieron a votación la postulación del único de los
miembros que mostró su interés, el cual fue elegido presidente para el año 2023, por
mayoría de votos.

Advierte la Sala, en segundo lugar, que la finalidad de la acción de tutela es la
protección de los derechos fundamentales afectados o amenazados; sin embargo, el
accionante, más allá del desacuerdo frente a la forma que se empleó para la elección
del presidente de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, no
precisa como esa situación afectó sus garantías, es decir, cuál es la lesión directa que
esa decisión le generó.

Por lo tanto, en el sub examine, el señor José Gildardo Ramírez Giraldo no demostró
la existencia de una situación concreta que transgreda las garantías cuya salvaguarda
solicitó, de manera que amerite una intervención del juez constitucional. De hecho, ni
siquiera es posible predicar una posible amenaza, puesto que no se aprecia la
contundencia, certeza, ostensibilidad, inminencia ni claridad que esta requiere.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se concluye
que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín no vulneró los
derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso del señor José Gildardo
Ramírez Giraldo; por tanto, se denegará el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

:

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Primero: Denegar el amparo de tutela invocado por José Gildardo Ramírez Giraldo
contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Civil, de acuerdo con
lo expuesto en este proveído.

Segundo: Si no fuere impugnada esta decisión, remitir a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado (E)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

LYGR

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