Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00487-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00487-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00487-00
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
9 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00487-00
Accionante: JUAN SEBASTIÁN CARDONA MARULANDA
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL Y OTRO
Tema: Tutela por presunta vulneración de los derechos
fundamentales de petición, defensa, debido proceso,
acceso a la información y acceso a cargos públicos /
principio de confianza legítima / concurso de méritos /
incumplimiento del requisito de subsidiariedad
ACCIÓN DE TUTELA - SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala de Subsección decide la acción de tutela presentada por el señor
Juan Sebastián Cardona Marulanda, actuando a nombre propio, en
contra del Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración
de Carrera Judicial y de la Universidad Nacional de Colombia.
I. ANTECEDENTES
El accionante solicita la protección de los derechos fundamentales de
petición, defensa, debido proceso, acceso a la información y acceso a
cargos públicos, así como del principio de confianza legítima, con
fundamento en los siguientes:
ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00487-00
Accionante: Juan Sebastián Cardona Marulanda
1. Hechos
1.1. El accionante se inscribió en la «Convocatoria 027 para la
provisión de cargos de funcionarios en la Rama Judicial» iniciada por el
Consejo Seccional de la Judicatura mediante Acuerdo n.° PCSJA18-
11077 del 16 de agosto de 2018, en la que aspiró al cargo de juez
promiscuo municipal.
1.2. En consecuencia, el 24 de julio de 2022 presentó el examen en el
que obtuvo como puntaje 788,68. Este resultado fue notificado a través
de la Resolución n.° CJR22-0351 del 1º de septiembre de 2022.
1.3. Encontrándose dentro del término legal, interpuso «derecho de
Petición (Concurso a Nivel Central - Convocatoria 27: funcionarios de
Carrera de la Rama Judicial)- RECURSO DE REPOSICIÓN» en contra de
la anterior decisión a fin de que se recalificara la prueba, recurso que
complementó el 15 de noviembre de 2022, luego de asistir a la
exhibición de los cuadernillos de la misma.
1.4. Mediante Resolución n.° CJR23-0042 del 16 de enero de 2023, el
Consejo Superior de la Judicatura confirmó lo dispuesto en la Resolución
n.° CJR22-0351 del 1.º de septiembre de 2022, lo cual considera que
afecta su confianza legítima porque se eliminaron preguntas que no
superaron el control de vigencia y, con base en ello, se ajustaron los
cuadernillos correspondientes.
1.5. Asimismo, señala que dicha resolución se limitó a enunciar
justificaciones sin mayor análisis jurídico y no hubo respuesta de fondo
respecto de las objeciones presentadas a las preguntas 6, 7, 9, 16, 18,
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Accionante: Juan Sebastián Cardona Marulanda
21, 23, 24, 28, 29, 32, 33, 34, 51, 52, 55, 59, 63, 65, 68, 77, 79, 82,
84, 87, 88, 97, 101, 103, 116, 126 y 129.
2. Fundamentos de la acción
Sostiene que la figura de los concursos de méritos está dirigida a
garantizar la selección objetiva del aspirante con base en la evaluación
y determinación de su capacidad e idoneidad para asumir las funciones
a desempeñar, de manera que se impida la subjetividad o arbitrariedad
del nominador o criterios contrarios a los principios y valores
constitucionales.
Así pues, considera que las decisiones dictadas en el desarrollo de un
concurso de méritos para la provisión de empleos generalmente
constituyen actos de trámite y contra estos no proceden los recursos
ordinarios, ni tampoco son susceptibles de los medios de control
previstos en la Ley 1437 de 2011 – CPACA, por lo que en el evento de
presentarse en desarrollo del mismo la flagrante vulneración de un
derecho fundamental, la acción de tutela es procedente ante la carencia
de medios de defensa judiciales para lograr la continuidad en el
concurso.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«PRIMERO: Dar respuesta de fondo a las peticiones de información contenidas en el
memorial de fecha 20 de septiembre de 2022 “Referencia: Derecho de Petición (Concurso
a Nivel Central - Convocatoria 27: funcionarios de Carrera de la Rama Judicial)-
RECURSO DE REPOSICIÓN.”
SEGUNDO: RESOLVER de fondo las objeciones a las preguntas 6, 7, 9, 16, 18, 21, 23,
24, 28, 29, 32, 33, 34, 51, 52, 55, 59, 63, 65, 68, 77, 79, 82, 84, 87, 88, 97, 101, 103, 116,
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126 y 129, contenidas en el memorial de complementación a la reposición que fuer radicado
oportunamente el 15 noviembre de 2022 y como consecuencia tener como válidas las
opciones de respuestas seleccionadas por el suscrito en el examen.
TERCERO: MODIFICAR la Resolución CJR22-0351 del 01 de septiembre de 2022 y su
respectivo anexo emitida dentro de la convocatoria 27 - ACUERDO PCSJA1811077.), por
medio de la cual expide el listado de los resultados de la prueba de conocimientos y que
me asignó una calificación de 194,05 en la prueba de aptitudes y 594,63 en la prueba de
conocimientos para un resultado total de 788,68 para el Cargo de Juez Promiscuo
Municipal, Y EN SU LUGAR REPONER DICHA DECISION ASIGNADO el puntaje
aprobatorio superior a 800 PUNTOS que corresponda acorde a los argumentos expuestos
en las objeciones a algunas preguntas que tiene doble respuesta válida que coindice que la
marcada por la suscrita o ya que algunas preguntas presentan inconsistencias por lo cual
solicito sean tenidas como válidas; por consiguiente, se proceda a aumentar el puntaje
otorgado. Además, solicito que en caso de que alguna pregunta sea validada para otro
concursante que haya presentado reposición, por derecho a la igualdad se me aplique la
misma validez en el evento de encontrarme en las mismas condiciones y se me otorgue el
puntaje correspondiente, tal como lo argumenté en el referido recurso.
CUARTO: REVOCAR el acto administrativo RESOLUCIÓN CJR23-0042 16ENE2023 Y
SUS ANEXOS QUE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICION INTERPUESTO EN
CONTRA LA RESOLUCIÓN CJR22-0351 Y SU ANEXO, por medio del cual se negó el
recurso de reposición presentado y se ORDENE expedir otro conforme las pretensiones
precedentes y en consecuencia se modifique el puntaje que me asignó de 194,05 en la
prueba de aptitudes y 594,63 en la prueba de conocimientos para un resultado total de
788,68 para el Cargo de Juez Promiscuo Municipal, para que en su lugar se asigne un
puntaje superior a 800 puntos.» (Sic en toda la cita)
4. Intervenciones
Mediante auto del 7 de febrero de 2023 se admitió la acción de tutela
de la referencia y se ordenó notificar al Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial y a la
Universidad Nacional de Colombia como accionados.
4.1. La Universidad Nacional de Colombia informó que a través de
la Resolución n.° CJR23-0042 del 16 de enero de 2023 brindó respuesta
de fondo a todos los reparos y solicitudes invocadas por el accionante
en ejercicio del recurso de reposición, por lo que se debe declarar la
carencia actual de objeto por hecho superado.
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Así pues, insistió que las preguntas rebatidas por el actor fueron
debidamente justificadas en el anexo 2 del acto administrativo en
comento.
Por otra parte, advirtió que en el presente asunto no se demostró un
perjuicio irremediable para el aspirante que lo habilite para desplazar
los mecanismos ordinarios contemplados en la Ley 1437 de 2011,
circunstancia que torna improcedente el mecanismo constitucional
invocado.
4.2. El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Administración de Carrera Judicial solicitó declarar la carencia actual
de objeto por hecho superado, toda vez que las objeciones presentadas
por el accionante en el escrito de adición del recurso de reposición
fueron atendidas por la Universidad Nacional mediante la Resolución n.°
CJR23-0042 del 16 de enero de 2023 en debida forma y se encuentran
previstas en el anexo 2 de la resolución en cita.
4.3. No se rindieron más informes.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de
Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:
• ¿La presente solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela?
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De resultar afirmativo el anterior interrogante, se determinará:
• ¿Las autoridades accionadas vulneraron los derechos
fundamentales de petición, defensa, debido proceso, acceso a la
información y a cargos públicos, así como el principio de confianza
legítima, al expedir las Resoluciones CJR22-0351 del 1º de
septiembre de 2022 y CJR23-0042 del 16 de enero de 2023
mediante las cuales se le asignó y confirmó la puntuación final al
accionante en el marco de la convocatoria 027 para la provisión
de cargos de funcionarios en la Rama Judicial?
2. Procedencia de la acción de tutela en desarrollo de concursos
de méritos
A partir de lo dispuesto en el artículo 86 de la carta política, se tiene que
la acción de tutela tiene carácter residual, en tanto que su procedencia
está supeditada a que el afectado carezca de otro mecanismo judicial
que permita la protección de sus derechos fundamentales, salvo que se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable1.
Ahora bien, es necesario advertir que no basta con la existencia de otro
mecanismo de defensa judicial, sino que éste deberá ser eficaz en
cuanto al fin pretendido por el ciudadano, apreciación que implica la
1 Reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1° establece que "Toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto", sin embargo de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del
artículo 6° ibídem, ésta acción no procede cuando existen otros medios de defensa judiciales, salvo que se interponga
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En esto consiste su condición de medio judicial
subsidiario. Ese mecanismo alterno, según reiterada jurisprudencia constitucional, debe ser eficaz, pues de no serlo, la
tutela no procede como medio judicial de protección de los derechos fundamentales.
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realización de un estudio minucioso del mecanismo judicial previsto por
el ordenamiento jurídico, y establecer, además, la idoneidad de este
para lograr el propósito perseguido, es decir, el cese de la amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales. Igualmente, el juez de
tutela deberá realizar un estudio de las circunstancias del caso concreto
en que se encuentra el solicitante.
En materia de concursos públicos, la Corte Constitucional ha
considerado que si bien, en principio, podría sostenerse que los
afectados por una presunta vulneración de sus derechos fundamentales
podrían controvertir las decisiones tomadas por la administración -las
cuales están contenidas en actos administrativos de carácter general o
de carácter particular- mediante las acciones señaladas en el Código
Contencioso Administrativo, hoy CPACA, se ha estimado que éstas vías
judiciales no son idóneas y eficaces para restaurar los derechos
fundamentales conculcados2.
En ese sentido, frente a decisiones de trámite que se dictan en el
desarrollo de un concurso de méritos para la provisión de empleos,
contra estos no proceden los recursos de la vía gubernativa ni los medios
de control que regula la Ley 1437 de 2011 – CPACA. Por lo tanto, en el
evento de que se presente, en desarrollo del concurso, la flagrante
violación de un derecho fundamental, la acción de tutela para el afectado
resulta procedente ante la carencia de medios de defensa judiciales para
lograr la continuidad en el concurso.
Sin embargo, en lo que se refiere a los actos definitivos, se ha señalado
que estos son pasibles de los medios ordinarios de control judicial
2 Corte Constitucional, sentencia T-532 de 2008, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.
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contemplados en el CPACA, en los cuales se puede solicitar, como
medida cautelar la suspensión del acto3.
3. Caso concreto
En el asunto bajo estudio, el accionante reprocha las Resoluciones
CJR22-0351 del 1.º de septiembre de 2022 y CJR23-0042 del 16 de
enero de 2023 por medio de las cuales se publicaron los resultados del
examen en el marco de la convocatoria 027 iniciada para proveer cargos
de funcionarios en la Rama Judicial.
Su inconformidad radica, en síntesis, en que no se dio respuesta de
fondo a las objeciones presentadas en ejercicio del recurso de reposición
a las preguntas 6, 7, 9, 16, 18, 21, 23, 24, 28, 29, 32, 33, 34, 51, 52,
55, 59, 63, 65, 68, 77, 79, 82, 84, 87, 88, 97, 101, 103, 116, 126 y
129. Asimismo, «al afirmarse que se eliminaron preguntas que no
superaron el control de vigencia y por el hecho de ajustar los
cuadernillos correspondientes».
Para resolver, esta Sala de Subsección considera:
4.1. En primer lugar, la parte accionante «en uso del derecho de petición
y por ende a tener una información completa» solicitó la siguiente
información:
«1- La cantidad de preguntas acertadas por mí en el caso de la prueba de aptitudes y la
prueba de conocimientos.
2- Indicar los puntajes directos de cada uno de los aspirantes al cargo de Juez Promiscuo
Municipal, en la prueba de aptitudes y en la de conocimientos.
3 Al respecto, se pueden consultar las sentencias T-368 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-244 de 2010 (MP
Luis Ernesto Vargas Silva) y T-800A de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
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3- En igual sentido, solicito se me informe si le fue otorgado un valor de puntaje diferente
a cada una de las preguntas, tanto en la prueba de conocimientos como en la prueba de
aptitudes, en caso afirmativo, se señale una a una el valor otorgado a las preguntas y en este
caso se me indique cuáles fueron mis respuestas acertadas con miras a ponderar el puntaje
final asignado al suscrito.
4- Cuál fue el promedio de aptitudes y su desviación estándar respecto del cargo al que me
presente, es decir, Juez Promiscuo Municipal.
5- Cuál fue el promedio de la prueba de conocimientos y su desviación estándar respecto
del cargo al que me presenté, es decir, al de Juez Promiscuo Municipal.
6- Indicar la(s) formula(s) o guarismo(s) que aplicaron para obtener la calificación final en
las pruebas escritas de conocimientos y aptitudes para el Cargo de Juez Promiscuo
Municipal. Datos estadísticos que permitieron establecer la medida estándar en las pruebas
de aptitudes y conocimiento.
7- Indicar cuál fue el número de participantes inscritos, el número de ausentes en la
aplicación de la prueba, el número de aprobados y el número de no aprobados con el puntaje
discriminado en aptitudes y conocimientos de cada uno de ellos para el cargo de Juez
Promiscuo Municipal.
8- Indicar la justificación de la respuesta correcta para cada una de las preguntas de
aptitudes, conocimientos generales y específicos del examen para el cargo de Juez
Promiscuo Municipal.
9- Indicar de manera detallada el peso dentro de la fórmula para las preguntas de aptitudes
y las de conocimientos.
10- Se entregue a mi cargo lo siguiente: Copia del Cuadernillo de la prueba que utilicé el
día 24 de julio de 2022, Hoja de Respuestas diligenciadas, Claves de respuestas otorgadas
por la Universidad Nacional en mi respectiva prueba.
11- Solito se realice la audiencia de exhibición de los cuadernillos, hoja de respuesta en la
ciudad de Manizales, Caldas, lugar en el que presenté la prueba escrita, permitiendo que
dicha audiencia se realice bajo el mismo tiempo concedido para practicar la prueba, con los
parámetros de la sentencia emitida por el Honorable Consejo de Estado el 19 de septiembre
de 2019, radicado 11001-03-15-000-2019-01310-01, es decir, teniendo acceso a cámara
para grabar, hojas y lapiceros para realizar las respectivas anotaciones, y poder obtener los
insumos para ampliar el recurso.
12- Solicito se informe sobre la pertinencia y pertenencia del cuestionario realizado para el
cargo de Juez Promiscuo Municipal. De igual manera que se informe sobre la cadena de
custodia, fiabilidad, confiabilidad e idoneidad de la prueba.
13- Pido además, se me informe, si las claves de respuestas de la Universidad Nacional,
obedecían a lo reseñado en la Ley, o en la jurisprudencia y en caso de ser esta última,
indicará, si es proveniente del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, o de algún
Tribunal de Distrito, especificando de cuál.
14- Solicito se me informe por qué razón en la caratula del examen decía el año 2021, y las
razones por las cuáles en lo atinente a la idoneidad del examen no se tuvo en cuenta, las
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últimas actualizaciones en materia de administración de justicia, verbi gracia, el Decreto
legislativo 806 de 2020, adoptado como legislación permanente en la Ley 2213 de 2022.
15- Solicito se me informe sobre los índices de confiabilidad y discriminación, así como
de dificultad, y si estos cumplen con los estándares necesarios y objetivos de calificación
para el cargo de Juez Promiscuo Municipal.
16- Solicito se me informe sobre el nivel de dificultad de la prueba de conocimientos y
aptitudes, si la prueba de conocimientos generales, conocimientos específicos y aptitudes
se clasifica en un nivel de dificultad alto, medio o bajo, cada una para el cargo de Juez
Promiscuo Municipal; y si en general la prueba se puede catalogar como fácil o difícil.
17- ¿Se me informe de manera específica, si existieron preguntas con más de una respuesta
acertada, de ser cierta precisará cuáles?
18- Se me informe de manera específica cuáles preguntas fueron excluidas del examen por
razones de elaboración, taxonomía, ambigüedad, dualidad de respuestas, etc. y cuáles
fueron asignadas como válidas para todos los aspirantes para el cargo de Juez Promiscuo
Municipal.
19- Por último, y como el pedimento más importante, solicito se me informe a partir de qué
razonamientos, cálculos, estudios y soportes de análisis cuantitativo objetivo se determinó
que el tiempo asignado para la resolución de las pruebas de aptitudes, conocimientos y
psicotécnica era el adecuado para resolver el cuestionario, con relación a la extensión de
algunas preguntas (aptitudes) y taxonomía de cada pregunta».
Adicionalmente, presentó:
«[…] recurso de reposición, en contra de la Resolución CJR22-0351 del 1 de septiembre
de 2022 “Por medio de la cual se publican los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los cargos de
Funcionarios de la Rama Judicial”, para que se revise una a una las preguntas y respuestas
de mi examen, y se proceda de manera inmediata a recalificar el mismo, asignando el
puntaje que corresponde, conforme a la fórmula idónea de calificación, excluyendo las
preguntas con problemas en su elaboración, taxonomía, ambigüedad, dualidad de
respuestas, etc. y proceder a asignar puntaje aprobado a las preguntas que fueron válidas
para todos los aspirantes al cargo de Juez Promiscuo Municipal».
Así las cosas, en cuanto a la falta de respuesta a la petición interpuesta
a la Universidad de Colombia, se tiene que a través de la Resolución n.°
CJR23-0042 del 16 de enero de 2023 – Anexo 2, notificada al día
siguiente de su promulgación a través de la página web de la Rama
Judicial en virtud de lo dispuesto en el numeral 5° del acto
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administrativo en comento4, se contestaron todas las preguntas que
fueron objetadas por los recurrentes para el cargo juez promiscuo
municipal, en donde se indicó su pertinencia, la justificación, así como
la razón de las opciones de respuesta no válidas.
Además, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente se
advierte que el señor Cardona Marulanda, el 20 de septiembre de 2022
solicitó lo que, in extenso, se cita:
«PREGUNTAS QUE REQUIEREN LA REVISIÓN Y RECALIFICACIÓN
PREGUNTA 6.
(…)
En este caso, la opción C parece más acertada. Si el pensamiento crítico bien entendido
implica superar cierta apatía generalizada, se entiende que rechazar el compromiso con una
postura política particular, en aras de perseguir la verdad, sería un elemento fundamental;
una condición para establecer un escenario donde impere el pensamiento crítico bien
entendido.
PREGUNTA 7.
(…)
Por otra parte, la respuesta B, que crea la afirmación: una persona que ha adoptado una
postura de respeto ante el pensamiento de los demás “Entiende que los demás pueden
pensar distinto”, la cual tiene un mayor sentido de lógica, debido a que se afirma que la
persona ENTIENDE, que los demás pueden pensar distinto, es decir que admite
integralmente que sus palabras o lo que habla, no siempre será la verdad, lo que lo conduce
a respetar el pensamiento de otros, conforme a la idea planteada en el enunciado, resultando
esta respuesta la acertada.
(…)
PREGUNTA 9.
(…)
El enunciado persigue elegir la que no es una condición para aceptar la moneda como forma
de pago. El enunciado presenta error en el momento de lanzar la tarea y al leer los ítems de
repuesta están mal diseñados generando ambigüedades en el momento de responder lo que
desea la pregunta, cada uno de los ítems presenta una condición. Sin embargo a su vez se
muestran carentes de argumentos para elegir la respuesta correcta. No hay claridad en el
diseño de los ítems de repuesta (Sic) ya que todos son de alguna manera, condiciones a
favor. Los ítems son arbitrarios por lo que no se puede aceptar ninguna respuesta como
correcta. En virtud de lo anterior, solicito sea tenida como válida mi respuesta como
recurrente o en su defecto sea excluida la pregunta del examen.
PREGUNTA 16.
(…)
4 ARTÍCULO 5º: NOTIFICAR esta decisión, mediante su fijación, durante el término de cinco (5) días hábiles, en el
Consejo Superior de la Judicatura. De igual manera se informará a través de la página web de la Rama Judicial,
www.ramajudicial.gov.co y en los Consejos Seccionales de la Judicatura.
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Accionante: Juan Sebastián Cardona Marulanda
La pregunta presenta serias inconsistencias en su redacción y estructura. Propiamente, el
enunciado de la pregunta no permite comprender de buena forma cuales son los elementos
que pretende indagar. Igualmente, la pregunta aparece marcada como la opción A, esto
genera que solo se presenten 3 opciones de respuesta.
PREGUNTA 18.
(…)
En las opciones de respuesta tanto a) como b) pueden ser tomadas como no compatibles ya
que en el texto no se rescata que Nueva Zelanda quiera ser reconocida como archipiélago,
lo que tal vez busca es ser reconocida como continente, y no habla de geólogos que pueden
desvirtuar dicha teoría. No son claras las dos opciones, carece de elementos para poder
elegir una. En virtud de lo anterior, solicito sea tenida como válida mi respuesta o en su
defecto sea excluida la pregunta del examen.
PREGUNTA 21.
(…)
Ninguno cumple al menos 3 condiciones por lo tanto ninguno es apto para ser contratado y
ninguna opción es correcta, más aún la proposición “más años de experiencia.” Es ambigua
porque no se puede determinar si es verdadera solo para M o si en caso de comparar por
ejemplo a P con C es verdadera para C.
PREGUNTA 23.
(…)
Las opciones B y C no son acertadas porque la argumentación ofrecida por el arqueólogo
Q es incorrecta, puesto que se asegura como condicionante de una civilización sedentaria
la existencia o presencia de estructuras de resguardo.
PREGUNTA 24.
(…)
A partir de lo enunciado en este texto se pueden expresar una serie de elementos que
podrían plantearse como inconsistentes en lo que respecta al establecimiento de una
respuesta adecuada a la pregunta. La opción C es incorrecta, dado que el tratamiento fue
ineficaz, por lo menos, para una persona, y desde la afirmación del representante
farmacéutico, cualquier persona que sufriera de la enfermedad M se curaría con el
medicamento suministrado. En este mismo sentido, la opción A es incorrecta, pues el texto
afirma que por lo menos un paciente se curó de la enfermedad M con el tratamiento
suministrado.
Luego, la inconsistencia presentada en esta pregunta se encuentra en las opciones B y D,
pues si se atiende a que al menos una persona se curó de la enfermedad M y otra no, el
argumento para establecer la veracidad de ambas afirmaciones sería el mismo; esto es, que
se puede asegurar tanto que la afirmación del representante farmacéutico es falsa para al
menos un paciente, pero igualmente verdadera para, a lo sumo, un paciente.
PREGUNTA 28.
(…)
Así las cosas, si observamos la respuesta C, que indica: “No aumentó el presupuesto y no
disminuyó la tasa de desempleo”, podemos aseverar que esta es una conclusión acertada,
al tomar una interpretación únicamente ceñida a la literalidad del texto.
PREGUNTA 29.
(…)
DE CONFORMIDAD Y CONGRUENTE CON LA PREGUNTA El número total de autos
robados NO podría ser ni 33, ni 27 ni 24.
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PREGUNTA 33.
(…)
Opción A Es correcto afirmar que Agua tratada en el laboratorio que tiene 0 SDT es Agua
destilada o desionizada por ser menor que 10 SDT.
Opción B Es correcto afirmar que puede haber Agua de la red común que sea de calidad
aceptabe (Sic), la que este entre 250 y 255.
Opción C Es correcto ya que toda Agua purificada y envasada es de Calidad aceptable por
ser menor a 255 SDT.
Opción D es la incorrecta, Ya que nada del tipo de Agua de la red común se puede usar No
recomendable para uso regular porque tiene que ser mayor que 500 y la Agua de la red
común es menor que 500.
PREGUNTA 34.
(…)
Si bien el enunciado de la respuesta es correcto, lo cierto es que la clave seleccionada no
responde al interrogante planteado, que versa sobre la razón por la que se vulneró la regla
de mantener la equivalencia de medida en los 5 carriles, lo cual solo podía obedecer a dos
razones, a que: i) no se hizo la ampliación en la medida mínima requerida o a que ii) el área
dispuesta para bicicletas excedió lo que correspondía (supuestos que si tienen en cuenta las
respuestas a y d).
Por lo tanto, la Universidad Nacional calificó como acertada una respuesta que, a pesar de
ser cierta, no responde lo preguntado, con lo cual creó una ventaja injustificada a favor de
los participantes que marcaron la respuesta b), que establece el porcentaje final de la
medida, pero no la razón por la que se vulneró la regla de equivalencia entre los carriles
establecida por la autoridad de tránsito.
PREGUNTA 51.
(…)
Por lo anterior, la respuesta descrita en la opción “B. verificar su cumplimiento y eficacia.”,
resulta válida, si hablamos del positivismo Jurídico planteado por Kelsen y Austin.
De manera respetuosa, se solicita que se reponga el resultado del examen y en su lugar se
tome la respuesta B que marqué en la pregunta 51 de la prueba, como válida, subiendo el
puntaje otorgado, con el cual superaría los 800 puntos, necesarios para aprobar la prueba.
PREGUNTA 52.
(…)
Por lo anterior, dado que en la pregunta 52 estudiada tanto la opción “D” (valores) como la
opción “C” (principios) responden al enunciado formulado por la institución evaluadora,
conllevando así que una misma pregunta tenga dos opciones correctas de respuesta, pido
que el resultado de dicha pregunta se asuma como VÁLIDA para el suscrito y se sumen a
las demás preguntas acertadas que tuve dentro del examen objeto del presente recurso.
PREGUNTA 55.
(…)
Así las cosas, es correcto afirmar que, desde una perspectiva de lógica formal, en el marco
de un proceso judicial, la categoría de verdad seria aplicada a través del silogismo
aristotélico, esto es, representada por 2 premisas y una conclusión, en donde la primera
premisa constituye la base normativa; la segunda describe un hecho (enunciado
descriptivo) y la decisión, que se infiere lógicamente de las dos anteriores.
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Por lo anteriormente expresado, la opción de respuesta B) la relación entre premisas y la
conclusión que integran un argumento es la opción correcta puesto, que es la única que
representa el modelo de razonamiento judicial a través del silogismo.
PREGUNTA 59.
(…)
De tal forma la respuesta acorde a la doctrina y la jurisprudencia, es la opción b, esto es la
proporcionalidad en sentido estricto. En virtud de lo anterior, solicito sea tenida como
válida mi respuesta o en su defecto sea excluida la pregunta del examen.
PREGUNTA 63.
(…)
La Universidad Nacional da como clave de respuesta la C, no obstante, de acuerdo con lo
establecido en el Código General del Proceso en su artículo 191, tanto la opción de
respuesta C como la B serían válidas.
PREGUNTA 65.
(…)
Por todo, solicito tener como RESPUESTA VÁLIDA la opción B elegida por este
recurrente y adicionar el puntaje correspondiente, de manera subsidiaria al no existir
respuesta correcta respecto de esta pregunta, se solicita IMPUTARLA COMO
CORRECTA y adicionar el puntaje correspondiente.
PREGUNTA 68.
(…)
De manera respetuosa, se solicita que se reponga el resultado del examen y en su lugar se
tome la respuesta A que marqué en la pregunta 68 de la prueba, como válida, subiendo el
puntaje otorgado, con el cual superaría los 800 puntos, necesarios para aprobar la prueba.
PREGUNTA 77.
(…)
La universidad, da como clave acertada la C, comité de derechos sociales y culturales de
las Naciones Unidas. Sin embargo, el recurrente considera que esa no es la única respuesta
admisible a lo preguntado, sino que la opción de la clave A, Comité de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas, también se corresponde con el marco funcional que describe la
pregunta. Fundamentos que serán entendidos en los argumentos que se presentan a
continuación.
PREGUNTA 79.
(…)
De lo anterior se extrae que tanto la opción A como la C serian correctas, y al existir 2
preguntas válidas, solicitó se me califique como correcta, o sea excluida.
PREGUNTA 82.
(…)
De manera respetuosa, se solicita que se reponga el resultado del examen y en su lugar se
tome la respuesta B que marqué en la pregunta 82 de la prueba, como válida, subiendo el
puntaje otorgado, con el cual superaría los 800 puntos, necesarios para aprobar la prueba.
PREGUNTA 84.
(…)
De tal forma, tanto la Ley Estatutaria de Administración de Justicia como la Corte
Constitución (Sic) máxima autoridad establece que la administración de justicia es un
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servicio público esencial y a la vez es función pública, por ello ambas opciones de respuesta
son válidas. Así observándose que mi respuesta fue que la Administración de Justicia es un
servicio público, mi respuesta debe considerase válida.
PREGUNTA 87.
(…)
Entonces, si bien el suscrito eligió la opción C), al ser las opciones b) y d) correctas, solicitó
me sea calificada como buena, o se excluya.
PREGUNTA 88.
(…)
De cara a lo anterior es claro que según el presupuesto de la pregunta se trataba de un
poseedor de BUENA FE, en consecuencia, se debió haber ordenado la restitución de los
frutos percibidos desde el momento de la contestación de la demanda, ya que la opción
“naturales y civiles del inmueble, incluidos los que el dueño hubiera podido recibir teniendo
en su poder” sería viable en caso de que se tratara de un poseedor de MALA FE.
En consecuencia solicito se tenga por válida mi respuesta, ya que NINGUNA de las
opciones dadas por la UNIVERSIDAD se acompasa con la norma.
PREGUNTA 97.
(…)
Por lo anterior, aparte del contenido de la respuesta C, la respuesta D, también es correcta,
en el sentido que se debe tener en cuenta en la diligencia de oposición, aparte de la
oportunidad procesal, también la calidad de la persona que la presenta, y está es de un
poseedor que demuestre su calidad, a través de pruebas si quiera sumarias de que ejerce
actos de señor y dueño, situación sin la cual el juez no podrá dar trámite a la oposición del
tercero.
PREGUNTA 101.
(…)
Es claro que, los jueces promiscuos municipales no son competentes para conocer una
segunda instancia, y mucho menos un recurso de apelación, por tanto, no existe ningún
factor funcional que así lo determine, dado que antes de los jueces promiscuos municipales,
no existen una primera instancia, que, en la temática de la pregunta, es de derecho civil,
para ello, el Código General del Proceso, señala la competencia en materia civil para los
jueces municipales.
PREGUNTA 103.
(…)
Conforme a todo lo expuesto, y en todo caso a los posibles conflictos de competencias que
puedan presentarse, queda claro, que, en ningún caso, el asunto de protección de patentes,
seria competencia de los jueces promiscuos municipales bajo ninguna razón.
PREGUNTA 116.
(…)
Hay que decir que el texto es claro en establecer una pena de 180 meses pero no da
elementos para justificar de donde sale la misma, por lo que se considera que en lo que
tiene que ver con la pena impuesta versus las características del delito y la pena establecida
por la ley (peculado en grado de tentativa), conllevan a un error en la pregunta que debe
calificarse como buena o en su defecto, dar por ciertas dos respuestas, la prisión
domiciliaria y la libertad condicional como válidas para quienes las hayamos respondido
de esta forma o en última medida, de no aceptarse los argumentos anteriores, solicito se
excluya la pregunta para efectos de calificación.
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PREGUNTA 126.
(…)
Queda entonces claro que, en el presente caso el vehículo es ingrediente relevante e
indispensable de la comisión del delito, y la actividad que se realizaba en él es condición
sine cuanon para que se configure la conducta de TRANSPORTAR, que pone de presente
la universidad en la pregunta que se alega. Es decir, el automotor es uno de los ingredientes
indispensables para la adecuación punible de la conducta, pues sin el vehículo no podría
endilgarse el verbo rector que se acusa.
PREGUNTA 129.
(…)
En el presente caso, no tiene asidero la clave escogida por la UNAL ya que si bien el literal
F está consagrado como una de las causales por las cuales se debe negar la conversión de
la acción penal, ello no opera de manera automática pues debe realizarse un análisis del
enunciado de la pregunta para establecer si realmente existe un riesgo frente a la persona
jurídica que figura como sujeto pasivo de la conducta punible desplegada.
(…)
Con fundamento en todo lo anteriormente expuesto, respecto de la pregunta 129 solicito
me sea calificada como acertada.»
Frente a esto, la parte accionada, por medio de Resolución n.° CJR23-0042 del
16 de enero de 2023 – Anexo 2, contestó:
« (…)
ANEXO 2
Se relaciona a continuación una a una las preguntas que fueron objetadas por los
recurrentes para el Cargo Juez Promiscuo Municipal, indicando su pertinencia, la
justificación de la clave asignada, así como la razón de las opciones de respuesta no válidas,
las cuales son el producto de la estructura y elaboración de las preguntas.
(…)
Pregunta No. 6
La opción A no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque el conocimiento de los hechos debe estar desligado de cualquier
alineación política y, en este caso, tener el propósito de guiar la sociedad por una mejor
senda política pre supondría una alineación política que indique cuál es la mejor senda.
La opción B no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque el autor llama la atención sobre el hecho de que el pensamiento crítico
no se trata de responder a la causa de la posverdad con una causa de la contra-posverdad.
Según el texto, al hacer alusión a “cada uno de nosotros, motu proprio, opte por respetar la
verdad”, con la denuncia establecida en la opción de respuesta se iría en contravía con la
forma de actuar propuesta por el autor.
La opción C no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque no necesariamente se debe rechazar la adopción de una postura política;
lo que sí se requiere es que alinearse con esa postura no influya en la búsqueda de la verdad.
La opción D es la respuesta correcta porque el inicio del texto se refiere a la voluntad de
superar la apatía como un elemento que puede añadirse al pensamiento crítico, lo cual
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indica que el pensamiento crítico y la ausencia de apatía son aspectos separados, y que se
puede tener una sin tener la otra.
Pregunta No. 7
La opción A es la respuesta correcta porque la principal barrera que plantea el autor para
lograr el respeto de los demás pensamientos es asumir que se tiene la verdad absoluta. Partir
del reconocimiento de la posibilidad de estar equivocado es un primer paso necesario para
lograr el respeto hacia el pensamiento ajeno.
La opción B no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque aunque se pueda comprender que las demás personas piensen distinto, se
puede seguir pensando que lo que uno piensa es la verdad absoluta. La principal barrera
que plantea el autor para lograr el respeto de los demás pensamientos es asumir que se tiene
la verdad absoluta.
La opción C no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque aunque pedir pruebas en una discusión puede ser constructivo, esto no es
incompatible con la principal barrera que plantea el autor para lograr el respeto de los demás
pensamientos, que es asumir que se tiene la verdad absoluta. Si no se atiende a este
problema fundamental, cualquier estrategia de interacción fallaría para lograr el respeto al
pensamiento ajeno.
La opción D no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque reconocer que los demás pueden equivocarse no implica que uno
reconozca la posibilidad de que lo que uno piensa no sea verdad. La principal barrera que
plantea el autor para lograr el respeto de los demás pensamientos es asumir que se tiene la
verdad absoluta
Pregunta No. 9
(…)
La opción C es la respuesta correcta porque en el texto, es la confianza en el medio de
pago la que surge a partir del criterio básico de mensurabilidad. Sin embargo, lo contrario
no es cierto: la mensurabilidad no depende de la confianza en el medio de pago.
(…)
Pregunta No. 16
La opción A no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque como la dificultad consiste en “manejar la diferencia entre lo que lee y
lo que escucha”, al seguir el sonido del piano, sin mirar las partituras sólo escuchará, lo
cual sería coherente recomendarle para solucionar el conflicto.
La opción B no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque de esta manera lograría cantar los tonos de las adaptaciones indicadas sin
confundirse con las partituras originales, lo cual sería coherente recomendarle para
solucionar el conflicto.
La opción C es la respuesta correcta porque esta opción no le ayuda con el conflicto entre
la lectura y la escritura de las partituras para adaptar los tonos, porque al cantar una
tonalidad menor igual será diferente lo que cante de lo que lea, y el conflicto se mantendrá
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latente. Además, si el cantante siempre está a una tonalidad menor a la indicada, nunca
corresponderá con la adaptación que el coro debe cantar.
La opción D no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque al tener las partituras con las adaptaciones, lograría leer lo que va a cantar
y así no se confundiría con lo que escucha, porque no usaría las partituras originales que
son las que tienen tonos diferentes, lo cual sería coherente recomendarle para solucionar el
conflicto.
()
Pregunta No. 18
La opción A es la respuesta correcta porque el interés de Nueva Zelanda estaría encaminado
a ser reconocido como un continente, lo cual implicaría cambiar su estatus actual de estado
archipelágico.
La opción B no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque si parte de los reclamos de Nueva Zelanda se basan en evidencia
geológica, un experto en esta área con el interés de que Nueva Zelanda no sea reconocida
como continente, podría atacar la evidencia disponible que soporta la idea de que Nueva
Zelanda es un continente.
La opción C no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque la discusión sobre el estatus de Nueva Zelanda podría incluir las
observaciones sobre los límites geográficos desde perspectivas como la historia.
La opción D no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque el hecho de que Nueva Zelanda tenga intereses en ser reconocida como
continente, no impide que en Australia o Nueva Caledonia su iniciativa reciba apoyo o se
acepte. La información presente en el texto no permite afirmar que una eventual aceptación
por parte de estos países es contradictorio con el planteamiento del autor.
(…)
Pregunta No. 21
La opción A no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque X no puede ser contratado porque no cumple con las condiciones 2, 3 y
4 y M no puede ser contratado porque no cumple con las condiciones 1 y 3.
La opción B no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque a pesar de que P SÍ cumple con al menos tres de las condiciones para ser
contratado, M no puede ser contratado porque no cumple con las condiciones 1 y 3.
La opción C no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque a pesar de que C SÍ cumple con al menos tres de las condiciones
establecidas, X no puede ser contratado porque no cumple con las condiciones 2, 3 y 4.
La opción D es la respuesta correcta porque P cumple con las condiciones 1, 2, 3 y 4. C
cumple con tres de las condiciones: 1, 3 y 4. Por lo tanto, estas dos personas son las
elegibles para ser contratadas.
Pregunta No. 23
La opción A no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque si bien la argumentación de Q sí es incorrecta, para la argumentación de
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P, si las herramientas de caza que se encuentran son de tamaño pequeño y poco peso, no se
puede concluir que el grupo sea nómada, ya que pueden pertenecer a otro grupo, pues no
se garantiza que las herramientas pequeñas y de poco peso sean de uso exclusivo de este
grupo, de acuerdo con la información del contexto.
La opción B no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque para la argumentación de P, si las herramientas de caza que se encuentran
son de tamaño pequeño y poco peso, no se puede concluir con total certeza que el grupo
sea nómada y, para la argumentación de Q, si no se encontraron estructuras de resguardo,
se puede concluir correctamente que el grupo no es sedentario; como los restos son, o de
un grupo nómada o de uno sedentario, pero no son de un grupo sedentario, entonces son de
un grupo nómada, por lo cual SÍ es posible determinar si el grupo era nómada o sedentario.
La opción C no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque si bien la argumentación de P SÍ es incorrecta, para la argumentación de
Q se debe considerar que, si no se encontraron estructuras de resguardo, se puede concluir
correctamente que el grupo no es sedentario; como los restos son o de un grupo nómada o
de uno sedentario, pero no son de un grupo sedentario, entonces son de un grupo nómada,
por lo cual SÍ es posible determinar si el grupo era nómada o sedentario.
La opción D es la respuesta correcta porque de los resultados de la investigación se puede
concluir que el grupo era nómada; sin embargo, el argumento de P es incorrecto porque
esto se puede sustentar por el hecho de no haber encontrado estructuras de resguardo, más
no por haber encontrado herramientas de caza de tamaño pequeño y poco peso, lo cual es
una condición necesaria pero no suficiente para caracterizar a un grupo como nómada, pues
no se garantiza que las herramientas pequeñas y de poco peso sean de uso exclusivo de este
grupo.
Pregunta No. 24
La opción A no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque existe al menos un paciente para el cual el tratamiento con el
medicamento fue efectivo. La afirmación es falsa porque no describe de manera correcta el
estado del paciente 76.
La opción B es la respuesta correcta porque de acuerdo con la información en el contexto,
existe al menos un paciente para el cual el tratamiento no fue efectivo; sin embargo, no se
puede asegurar que otros pacientes hayan tenido el mismo problema, dado que solo se
mostraron algunos resultados.
La opción C no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque existe al menos un paciente para el cual el tratamiento no fue efectivo.
La afirmación es falsa porque no describe de manera correcta el estado del paciente 76.
La opción D no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque de acuerdo con la información en el contexto, existe al menos un paciente
para el cual el tratamiento fue efectivo; sin embargo, no se puede asegurar que otros
pacientes hayan tenido la misma efectividad, dado que solo se mostraron algunos
resultados.
Pregunta No. 28
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La opción A es la respuesta correcta porque si se considera como verdadera la afirmación
“si se aumenta el presupuesto del proyecto, se puede contratar más personas”, pero se niega
que se contraten más personas, entonces se puede concluir que no se aumenta el
presupuesto en virtud de la relación propuesta. Sin embargo, si se niega que se contratan
más personas, no se puede concluir que la tasa de desempleo no vaya a disminuir. Esta
disminución puede darse por factores ajenos a la contratación en el proyecto. Por tanto, si
no se contratan más personas, se puede afirmar que no se aumenta el presupuesto, pero
podría disminuir la tasa de desempleo.
La opción B no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque es suficiente con que se aumente el presupuesto para que se contraten
más personas. Por tanto, si no se contratan más personas, la única conclusión a la que se
puede llegar es que el presupuesto no aumenta. De manera análoga, es suficiente con que
se contraten más personas para que la tasa de desempleo disminuya. Sin embargo, aún si
no se contratan más personas, la tasa de desempleo puede mantenerse constante.
La opción C no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque si bien es cierto que solo se puede concluir que no se aumenta el
presupuesto al no contratar más personas, la segunda afirmación es falsa. Es suficiente con
que se contraten más personas para que la tasa de desempleo disminuya. Sin embargo, aún
si no se contratan más personas, la tasa de desempleo puede mantenerse constante.
La opción D no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque no se está teniendo en cuenta que se está negando la contratación de más
personas (y por lo tanto, no se puede concluir que el presupuesto aumenta), por lo que
afirmar que si se contratan más personas disminuye la tasa de desempleo, es falso.
Pregunta No. 29
La opción A es la respuesta correcta porque de acuerdo con la información en el contexto,
algunas bodegas tienen 6 autos y otras 9, pero no todas tienen 6 o 9 autos. Por tanto, solo
hay tres posibilidades (omitiendo repeticiones): en tres bodegas hay de a 6 autos y en una
bodega hay 9; en dos bodegas hay de a 6 autos y en dos bodegas hay 9; y en tres bodegas
hay de a 9 autos y en una bodega hay 6. En cualquiera de los tres casos, la suma da diferente
a 24 (los resultados de las sumas son 27, 30, y 33, respectivamente). Los 24 autos
correspondería si en todas las bodegas se encuentran de a 6 autos, lo cual es incorrecto
porque en el contexto se solicita que, por lo menos, una bodega debe tener 9 o 6 autos.
La opción B no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque si en tres bodegas hay de a 6 autos y en una bodega hay 9, entonces en
total hay 6+6+6+9 = 27 autos.
La opción C no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque si en dos bodegas hay de a 6 autos y en dos bodegas hay 9, entonces en
total hay 6+6+9+9 = 30 autos.
La opción D no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque si en tres bodegas hay de a 9 autos y en una bodega hay 6, entonces en
total hay 6+9+9+9 = 33 autos.
(…)
Pregunta No. 32
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La opción A es la respuesta correcta porque “para bajar más de 5 kg en dos meses se debe
suprimir en la dieta diaria solo una de las cuatro condiciones” y los sujetos que suprimieron
solo una condición, únicamente bajaron 5 kg, por tanto, los sujetos no bajaron más de los
5 kg.
La opción B no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque aunque el sujeto que suprimió una sola condición haya bajado más de los
5 kg no cumplió con el tiempo planteado en el estudio, por tanto, no se pueden garantizar
los efectos que pudo tener el otro mes en el peso del sujeto.
La opción C no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque así los sujetos hayan bajado más de los 5 kg, no están cumpliendo con
uno de los requerimientos de la investigación, que es suprimir sólo una condición.
La opción D no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque todos los que suprimieron solo una condición bajaron únicamente 5 kg y
los nutricionistas afirman que: “para bajar más de 5 kg en dos meses se debe suprimir en la
dieta diaria solo una de las cuatro condiciones”; por tanto, no bajaron más de los 5 kg.
Pregunta No. 33
La opción A no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque de acuerdo con el texto el agua tratada en el laboratorio (con un SDT
igual a 0) tiene un SDT menor que 10, por lo que también se considera agua destilada o
desionizada y, por tanto, la afirmación es verdadera.
La opción B no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque de acuerdo con el texto el agua de calidad aceptable tiene valores de SDT
menores que 255, y como el agua de la red común tiene valores de SDT mayores que 250
y menores que 500, entonces para valores mayores o iguales a 255 el agua de la red común
no es de calidad aceptable y, por tanto, la afirmación es verdadera.
La opción C no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque de acuerdo con el texto todos los valores de SDT para el agua purificada
envasada están entre 25 y 150 (lo cual indica que son menores que 255), por lo que también
se considera agua de calidad aceptable y, por tanto, la afirmación es verdadera.
La opción D es la respuesta correcta porque de acuerdo con el texto los valores de SDT
para el agua de la red común son menores que 500, y los del agua “no recomendable para
uso regular” son mayores que 500. Por tanto, no es posible que haya agua de la red común
que “no sea recomendable para uso regular”
Pregunta No. 34
La opción A no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque si se mantiene el 20 % del total de la ampliación destinado al carril de
bicicletas, entonces bastaría con que se realizara una ampliación del 31,25 %, y no del 40
%, para que el carril de automóviles tenga un 25 % del 31,25 %, quedando el 6,25 % para
el carril de las bicicletas.
La opción B es la respuesta correcta porque de la ampliación propuesta, el 80 % estaría
disponible para el nuevo carril de automóviles. Dicho porcentaje, en la ampliación del 30
% equivale a un 24 %, lo cual, de acuerdo con lo enunciado sobre los requerimientos
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mínimos establecidos por la autoridad de tránsito, no es suficiente, porque se debería
cumplir con el 25 % de ancho del carril para cumplir la condición de igualdad con los otros
carriles.
La opción C no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque de la ampliación propuesta, el 80 % estaría disponible para el nuevo carril
de automóviles. Dicho porcentaje, en la ampliación del 30 % equivale a un 24 %, que es
mayor que el 10 %.
La opción D no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque de la vía, y se destina un porcentaje máximo del 16,67 % del área añadida
y no del 5 % para el carril de bicicletas, quedaría disponible el 25 % del área total para el
nuevo carril de acuerdo con lo establecido por la autoridad de tránsito y, por tanto, el carril
de las bicicletas no necesariamente debe tener un porcentaje máximo del 5 % de la
ampliación.
(…)
Pregunta No. 51
Esta pregunta es pertinente porque uno de los debates más importantes sobre el sentido y
alcance de la ciencia del derecho es el que se ocupa del objeto de esta ciencia y los métodos
que aplica para su estudio, lo cual constituye un fundamento central del análisis del derecho
que tienen que realizar jueces y magistrados. Para las concepciones clásicas del positivismo
jurídico la ciencia del derecho tiene un carácter exclusivamente descriptivo y tiene como
objeto, además del derecho legislado, el conjunto de decisiones judiciales.
La opción A es la respuesta correcta porque de acuerdo con las concepciones clásicas del
positivismo jurídico, la ciencia del derecho se limita a realizar una descripción del derecho
positivo válido en una sociedad, lo cual incluye las decisiones judiciales.
La opción B no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque las concepciones clásicas del positivismo jurídico consideran que la
ciencia del derecho no se ocupa del análisis del comportamiento de las personas frente al
derecho.
La opción C no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque las concepciones clásicas del positivismo jurídico rechazan que la ciencia
del derecho realice valoraciones morales.
La opción D no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque las concepciones clásicas del positivismo jurídico se esfuerzan por
diferenciar la ciencia del derecho de otras áreas del conocimiento, entre ellas la filosofía.
Pregunta No. 52
Esta pregunta es pertinente porque el conocimiento de las concepciones centrales de las
principales escuelas o corrientes de la filosofía y la teoría del derecho tiene una incidencia
práctica para un juez. En especial, a la hora de fundar una decisión en la adopción de una
u otra respuesta a los interrogantes básicos de la filosofía del derecho.
La opción A no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque para los autores de esta tendencia del iusnaturalismo ciertos aspectos de
la realidad poseen fuerza normativa y constituyen una fuente del derecho a la cual debe
adecuarse el derecho positivo.
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Accionante: Juan Sebastián Cardona Marulanda
La opción B no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque para los autores de esta tendencia del iusnaturalismo el origen del derecho
natural es la voluntad de una autoridad divina y las leyes positivas deben derivarse de aquel.
La opción C es la respuesta correcta porque para los autores de esta tendencia del
iusnaturalismo el origen de los principios morales se encuentra en la estructura de la razón
humana y trataron de axiomatizar esos principios autoevidentes que permitían derivar el
resto de las normas.
La opción D no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque para los autores de esta tendencia del iusnaturalismo los principios del
derecho natural tienen un sustrato antropológico, es decir, se deducen directamente de la
naturaleza humana.
(…)
Pregunta No. 55
Esta pregunta es pertinente porque en el ejercicio de la función jurisdiccional es necesario
conocer las funciones del lenguaje y la manera como se integra en los argumentos, de tal
manera que sea posible distinguir entre las categorías de validez, verdad, eficacia, etc. La
opción A no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque de las normas o prescripciones no es posible afirmar que sean verdaderas
o falsas porque su función es determinar o regular el comportamiento de alguien. Se puede
afirmar su validez, su eficacia o su corrección.
La opción B no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque para determinar la relación entre las premisas y la conclusión que
integran un argumento se acude al concepto de validez.
La opción C no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque el problema jurídico, al ser formulado como una proposición
interrogativa, tienen la función de indagar o de formular una cuestión y, por ende, no se le
puede aplicar la categoría de verdad.
La opción D es la respuesta correcta porque la categoría de verdad se puede aplicar a las
proposiciones descriptivas, en cuanto su función es dar informaciones sobre ciertos hechos
o situaciones.
Pregunta No. 59
(…)
La opción A es la respuesta correcta porque en el juicio de proporcionalidad la
“adecuación” consiste en la relación causal entre la medida restrictiva y el principio
constitucional que se busca maximizar, de manera que, si se decide restringir un derecho o
principio, efectivamente se debe buscar la maximización del derecho enfrentado.
La opción B no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque en el juicio de proporcionalidad la “estricta proporcionalidad” hace
referencia a la relación costo beneficio de la restricción, enfrentada con la maximización.
no podría un juez restringir fuertemente un derecho, para maximizar débilmente otro. Una
decisión es justificada si los beneficios obtenidos (la maximización de un derecho) supera
los costes (la restricción de otro derecho).
La opción C no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque en el juicio de proporcionalidad, la “necesidad” se relaciona con la
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obligación del juez constitucional o del legislador, de seleccionar el mecanismo más
benigno para la restricción del derecho, en el sentido de que no exista un medio alternativo,
igual de idóneo, y menos gravoso.
La opción D no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque la subsunción consiste en la calificación de los hechos probados
empleando los términos generales con los que se formulan los enunciados normativos
relevantes para resolver la cuestión central.
Pregunta No. 63
(…)
La opción A no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque este es uno de los requisitos de la CONFESIÓN establecido en el C.G.P.,
Art. 191 Núm. 1
La opción B no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque este es uno de los requisitos de la CONFESIÓN establecido en el C.G.P.,
Art. 191 Núm. 3.
La opción C es la respuesta correcta porque esta opción es diametralmente opuesta a la
consagrada en el Art. 191 Núm. 2 del C.G.P., toda vez que la confesión debe reportarle
consecuencias adversas al confesante y no favorables, tal como está en la opción.
La opción D no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque esa opción encierra los requisitos de la CONFESIÓN establecido en el
C.G.P., Art 191 Núm. 5,y por lo tanto debe estimarse como tal.
(…)
Pregunta No. 65
Esta pregunta es pertinente porque el artículo 244.2 del CGP presume la autenticidad de
todos los documentos aportados al proceso judicial, sin distinguir que el autor sea una
autoridad pública o particular, parte o tercero, o que se aporten en original o en copia, o
que hayan sido firmados, manuscritos o elaborados, o que lleven la voz o imagen de una
persona.
(…)
La opción D es la respuesta correcta porque “...la situación es distinta cuando se trata de
instrumentos «dispositivos o representativos» (artículo 272-1). Como la normatividad
presume la certeza, su valoración procede cuando no es desconocida. En el caso de
rechazarse, la apreciación requiere verificar su contenido mediante una articulación (inciso
3º, ibídem). Por esto, «si no se establece la autenticidad del documento desconocido
carecerá de eficacia probatoria» (inciso 5º, ejúsdem). (SC-4792-2020, 7 de diciembre de
2020).
Pregunta No. 68
Esta pregunta es pertinente porque los sistemas de valoración probatoria sirven para que
los jueces y magistrados tengan precisión y claridad conceptual respecto de los
fundamentos que subyacen al sistema la sana crítica en la apreciación de las pruebas, para
que los articulen a la garantía fundamental de motivar razonadamente sus decisiones.
(…)
La opción C es la respuesta correcta porque el principio de la sana crítica implica una
apreciación correcta de acuerdo con las reglas científicas pertinentes. En efecto, en “[e]l
sistema de la sana crítica o persuasión racional, …el juzgador debe establecer por sí mismo
el valor de las pruebas con base en las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia. “Este
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sistema requiere igualmente una motivación, consistente en la expresión de las razones que
el juzgador ha tenido para determinar el valor de las pruebas, con fundamento en las citadas
reglas.” La sana crítica es la unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas
abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos
llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento”.
(Sentencia C-202-05, 8 de marzo de 2005).
(…)
Pregunta No. 77
Esta pregunta es pertinente porque evalúa el conocimiento que el postulante tiene tanto de
la lógica del sistema universal de derechos humanos como de los derechos económicos,
sociales y culturales y sus sistemas de seguimiento.
(…)
La opción A no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque este Comité es el encargado de vigilar el cumplimiento del Pacto de
derechos civiles y políticos de 1996. La progresividad no se aplica a los derechos de este
convenio.
La opción B no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque La Junta Ejecutiva del PNUD no tiene funciones de seguimiento sobre
los tratados de derechos humanos del Sistema Universal de las Naciones Unidas.
La opción C es la respuesta correcta porque corresponde a este órgano revisar los informes
presentados por los Estados y emitir Observaciones Generales sobre los mismos de
conformidad con la Resolución 17 de 1985 del Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas.
La opción D no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque Ni el Relator ni la Comisión de Estadística de Naciones Unidas fijan
parámetros de seguimiento de este tratado.
(…)
Pregunta No. 79
Evalúa la capacidad del postulante para comprender dentro del concepto de derechos
fundamentales el mecanismo de ampliación de su catálogo y el conocimiento de principios
elementales para el Estado de Derecho previamente consagrados en el texto constitucional
como de aplicación inmediata y que son de uso diario en su actividad como juez
constitucional.
La opción A es la respuesta correcta porque es un derecho surgido a partir de la evolución
de los derechos de las víctimas en la normatividad internacional. Y se incorpora en la
jurisprudencia constitucional como derecho fundamental a partir de los fallos de la Corte
Constitucional de conformidad con el art. 94 superior. En la sentencia C344 de 2017 se
encuentra una explicación integral del reconocimiento de este derecho en la jurisprudencia
constitucional.
(…)
Pregunta No. 82
Esta pregunta es pertinente porque es importante que los aspirantes a jueces y magistrados
estén familiarizados con las implicaciones del mandato constitucional que establece en su
artículo 74 que “el secreto profesional es inviolable”; durante el ejercicio profesional de los
aspirantes como jueces de tutela (jueces constitucionales), deberán tener este insumo claro.
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(…)
La opción C es la respuesta correcta porque es el carácter personalísimo de la relación lo
que determina la aplicación del secreto profesional. “La Corte Constitucional ha definido
el secreto profesional como la información reservada o confidencial que se conoce por
ejercicio de determinada profesión o actividad. En este sentido, el secreto profesional es un
derecho – deber del profesional, pues de verse compelido a revelar lo que conoce perderá
la confianza de sus clientes, su prestigio y su fuente de sustento. El secreto profesional nace
de una relación de confianza que surge entre el profesional y su cliente a propósito de los
asuntos objeto de su relación…” Sentencia C301 de 2012 Corte Constitucional.
(…).
Pregunta No. 84
Esta pregunta es pertinente porque es necesario que un servidor de la justicia conozca
adecuadamente la estructura de la Rama.
(…)
La opción D es la respuesta correcta porque así lo dispone el artículo 228 de la Constitución
Nacional. Conforme al Consejo de Estado “La función pública es toda actividad ejercida
por los órganos del estado para la realización de sus fines”.
Pregunta No. 87
Esta pregunta es pertinente porque el funcionario judicial debe diferenciar las
consecuencias de las decisiones en los procesos que conlleven a restituciones mutuas,
teniendo en cuenta la distinción de poseedor de buena fe y de mala fe, a fin de establecer
la clasificación de los frutos y las etapas procesales para las condenas.
La opción D es la respuesta correcta porque el artículo 716 del Código Civil establece la
regla que los frutos le pertenecen al poseedor de buena fe, en armonía con el artículo 964
que indica el momento exacto en que se deben restituir, así:
(…).
La Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, Sentencia SC-10326
(25307310300120080043701), de agosto 05 de 2014, Magistrado Ponente Arturo Solarte
Rodríguez, precisó igualmente:
(…)
Pregunta No. 88
Esta pregunta es pertinente porque un juez debe conocer de las acciones de nulidad en
contra de los actos mediante los cuales se acumulan predios de origen baldío. Dada la
relevancia de la función social de la propiedad y de los predios baldíos en su
materialización, es importante que quienes tienen competencia para ello defiendan a través
de este tipo de decisiones la materialización de los contenidos constitucionales respecto de
los fines de la propiedad en el país.
La opción A es la respuesta correcta porque la Ley 160 de 1994, artículo 72 inc. 9º,
establece que nadie podrá adquirir la propiedad sobre terrenos inicialmente adjudicados
como baldíos si el resultado de los negocios implica que se superen las extensiones
máximas para adjudicación (Unidad Agrícola Familiar – UAF) y les otorga a los contratos
con que se supere dicha extensión la calidad de nulos.
(…)
Pregunta No. 97
Esta pregunta es pertinente porque La pregunta es pertinente toda vez que consagra la
improcedencia de la prescripción adquisitiva de mala fe respecto de los bienes inmuebles
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de una Empresa Industrial y Comercial del Estado, a través de una acción de oposición
manifestada mediante un proceso especial de deslinde y amojonamiento.
(…).
La opción C es la respuesta correcta porque se requiere oposición formal en el sentido legal.
En efecto, el artículo 404 numeral primero del Código General del Proceso, indica que:
“Si antes de concluir la diligencia alguna de las partes manifiestan que se opone al deslinde
practicado, se aplicarán las siguientes reglas: 1. Dentro de los diez (10) días siguientes el
opositor deberá formalizar la oposición, mediante demanda en la cual podrá alegar los
derechos que considere tener en la zona discutida”.
Pregunta No. 101
Esta pregunta es pertinente porque los aspirantes a jueces en la especialidad civil deben
aplicar a casos concretos de resolución de compraventa las reglas sobre las facultades de
quien resuelve el recurso de apelación de una sentencia.
La opción A es la respuesta correcta porque de acuerdo con lo previsto en el inciso 2º del
artículo 328 del Código General del Proceso, “cuando ambas partes hayan apelado toda la
sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin
limitaciones.”. Lo previsto en esta norma resulta aplicable al caso planteado en el contexto
y en el enunciado del ítem, ya que aquí el demandante de un proceso declarativo apeló el
fallo y el demandado (es decir, su contraparte), adhirió a esta apelación, por lo que el juez
de segunda instancia, que es quien conoce de la apelación, deberá resolver el asunto sin
limitarse a los puntos que fueron apelados por quien formuló el recurso.
(…)
Pregunta No. 103
Esta pregunta es pertinente porque la presente pregunta exige que el funcionario judicial
entienda que si bien el régimen de las nuevas creaciones otorga monopolios de explotación
sobre las invenciones (sean estas productos o procedimientos), estos no son ilimitados y
existen unos usos que están permitidos a toda la población como la experimentación,
investigación, etc., sin que se requiera de una autorización del titular de la patente o del
Estado.
(…)
La opción C es la respuesta correcta porque en el caso de las patentes de invención de
procedimiento los derechos de su titular están contemplados en el artículo 52 de la Decisión
486 de 2000. Ahora bien, se consideran como usos permitidos, sin necesidad de licencia,
los contemplados en el artículo 53 de la misma norma porque el titular de la patente no
puede prohibirlos, entre los que figura en el literal b) los “actos realizados exclusivamente
con fines de experimentación, respecto al objeto de la invención patentada”.
(…)
Pregunta No. 116
Esta pregunta es pertinente porque los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la
libertad, son necesarios para lograr descongestionar las cárceles y humanizar la pena, más
aún, tratándose de condenados que tienen a su cargo menores de edad. Conocer, analizar y
aplicar estas figuras al caso, es una labor diaria de jueces que se verá reflejada en la
aplicación de las sentencias.
La opción A es la respuesta correcta porque identificar cuándo se está ante un concurso de
delitos, es imprescindible para aplicar adecuadamente las consecuencias jurídicas de la
conducta, en especial, la pena máxima a imponer, tratándose de un concurso de conductas
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punibles. no tendrá las mismas consecuencias punitivas cuándo el individuo ha realizado
una conducta o por el contrario son varias y ellas concursan entre sí.
(…)
Pregunta No. 126
Esta pregunta es pertinente porque es importante que los jueces conozcan los alcances del
comiso, las diferencias entre delitos culposos y dolosos; entre bienes del autor y de terceros,
y también las competencias en materia de devolución de bienes que no han sido afectados
por medidas cautelares, por jueces de control de garantías.
(…)
La opción B es la respuesta correcta porque en los delitos dolosos sólo procede el comiso
cuando el autor es propietario del vehículo, según lo establecido por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia en providencia SP 11015-2016, radicación No.
47660: “En este caso, el comiso sólo es procedente respecto de los bienes y recursos del
penalmente responsable, en el entendido que el artículo 82 de la Ley 906 de 2004, desarrolla
lo consignado en el artículo 100 del Código Penal, y éste faculta la medida exclusivamente
en lo que toca con «…bienes, que tengan libre comercio y pertenezcan al responsable
penalmente, sean utilizados para la realización de la conducta punible, o provengan de su
ejecución».” Como en este caso el automóvil es de libre comercio, y no le pertenece al
indiciado, debe ser regresado a quien acredite su propiedad.
(…)
Pregunta No. 129
Esta pregunta es pertinente porque la Ley 1826 de 2017 introdujo dos instrumentos muy
importantes al ordenamiento jurídico colombiano. Uno de ellos es el procedimiento
abreviado, el otro es la institución del acusador privado regulado constitucionalmente a
través del Acto Legislativo 06 de 2011. Esta figura, creada en 2011 y regulada en 2017,
poco a poco se va haciendo más popular dentro del ordenamiento jurídico. El legislador
decidió que, para habilitar al acusador privado, era necesario regular este fenómeno a través
de la conversión de la acción penal. Así las cosas, es necesario que los operadores judiciales
reconozcan los casos en los que procede o no la conversión de la acción penal para evitar
que se configuren nulidades que podrían viciar el procedimiento en estos eventos.
(…)
La opción C es la respuesta correcta porque de acuerdo con el inciso segundo del artículo
553 de la Ley 906 de 2004, modificada por la Ley 1826 de 2017, no procede la conversión
de la acción penal cuando esta implica un riesgo para la seguridad de la víctima. Sin
embargo, es necesario que exista acuerdo entre todas ellas sobre la conversión de la
acción».
De conformidad con lo anterior, esta Sala de Subsección encuentra que
la solicitud interpuesta por la parte accionante se dividió en dos
aspectos: (i) una petición de información relacionada con el trámite
adelantado en el marco del examen para el concurso de méritos y (ii)
un recurso de reposición en contra de la Resolución CJR22-0351 del 1
de septiembre de 2022 que publicó los resultados de la prueba de
aptitudes.
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En ese sentido, resulta necesario precisar que la respuesta a lo
pretendido por el accionante en ejercicio del derecho fundamental de
petición se resolvió a través de la Resolución n.° CJR23-0042 del 16 de
enero de 2023 – Anexo 2.
Así pues, estima la Sala de Subsección que dicha pretensión no tiene
vocación de prosperidad por cuanto la parte recibió una respuesta de
fondo, clara y oportuna respecto de lo requerido, por lo que se procederá
a negar lo solicitado, con base en lo expuesto previamente.
4.2. Por otra parte, para la Sala de Subsección surge con claridad la
improcedencia de la acción de tutela respecto del segundo reparo, en
tanto que el accionante tiene a su alcance los medios de control de
nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar las
Resoluciones CJR22-0351 del 1º de septiembre de 2022 y CJR23-0042
del 16 de enero de 2023 por medio de las cuales se le asignó al
accionante un puntaje de 788,68 en el marco de la convocatoria 027
para proveer cargos de funcionarios en la Rama Judicial, máxime cuando
dichos resultados consolidaron situaciones particulares y concretas
frente a los demás participantes.
Por tanto, la intervención excepcional del juez constitucional en el
asunto bajo estudio implicaría la vulneración de los derechos
fundamentales de los concursantes que aprobaron el examen, quienes,
al igual que al accionante, debieron someterse a las mismas reglas de
la mencionada convocatoria.
En virtud de lo expuesto, el actor debe acudir, si a bien lo tiene, a los
medios de control contemplados en los artículos 137 y 138 del CPACA,
para controvertir las resoluciones objeto de censura, a fin de que sea el
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juez natural de la causa el que determine si las decisiones particulares
adoptadas se ajustaron o no a las reglas del concurso.
Ahora bien, en sentir del demandante dichos medios de defensa no son
eficaces, porque son actos administrativos de trámite; no obstante,
entiende la Sala de Subsección que son actos administrativos
definitivos, en tanto i) contienen la manifestación de voluntad de una
entidad pública; ii) se expidieron en ejercicio de la función
administrativa; iii) producen efectos jurídicos, teniendo en cuenta que
allí se publicaron los resultados del examen en el marco de la aludida
convocatoria, que define para los aspirantes un situación jurídica, pues
otorgan en cierta parte derechos a los concursantes; los cuales como
bien se indicó anteriormente son susceptibles de ser controvertidos a
través de los medios de control previstos en la Ley 1437 de 2011.
En ese contexto, considera la Sala de Subsección que en este asunto no
confluyen los presupuestos que acrediten la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, de tal manera que se requiera la adopción de una decisión
urgente a través de este mecanismo constitucional5, por lo que el
peticionario puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo en la cual puede solicitar el decreto de alguna de las
medidas cautelares allí previstas, a fin de procurar la tutela judicial
efectiva.
Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado:
«15.- Ahora bien, recientemente, mediante la sentencia SU-691 de 2017, la Sala Plena tuvo la
posibilidad de pronunciarse nuevamente respecto de la eficacia de los medios de defensa
previstos en el ordenamiento jurídico ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y
de las medidas cautelares que pueden ser decretadas por el juez. En esa providencia, esta Corte
consideró que estas nuevas herramientas permiten garantizar la protección de los derechos de
forma igual o, incluso superior a la acción de tutela en los juicios administrativos, pero ello no
5 En este punto, la Sala debe insistir en que la procedencia de la acción de tutela en materia de concursos de méritos es
excepcional y aunque en asuntos anteriores ha adoptado decisiones de fondo, ello ha ocurrido ante la inminencia de un
perjuicio irremediable, evento en el cual el medio ordinario de defensa deviene ineficaz.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00487-00
Accionante: Juan Sebastián Cardona Marulanda
significa la improcedencia automática y absoluta de la acción de tutela como mecanismo de
protección subsidiario de los derechos fundamentales, ya que los jueces constitucionales tienen
la obligación de realizar, de conformidad con el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, un juicio
de idoneidad en abstracto y otro de eficacia en concreto de los medios de defensa alternos y, en
ese sentido, están obligados a considerar: “(i) el contenido de la pretensión y (ii) las condiciones
de los sujetos involucrados”6».
En ese contexto, no se advierte en el expediente elemento probatorio
alguno que permita a la Sala de Subsección intervenir de manera
excepcional, en tanto lo único que cuestiona es la eliminación de
preguntas que no superaron el control de vigencia y por el hecho de
ajustar los cuadernillos correspondientes, razón por la cual se rechazará
por improcedente el segundo reparo presentado por el accionante en el
escrito de tutela, en atención a la existencia de otros mecanismos
judiciales de defensa que tiene a su alcance para controvertir, a través
del respectivo juicio de legalidad, si dicha decisión se ajustó a las reglas
de la convocatoria.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado en lo relacionado con la
pretensión tendente a resolver de fondo la petición
presentada el 20 de septiembre de 2022 y adicionado el
15 de noviembre del mismo año por el señor Juan
Sebastián Cardona Marulanda, por los argumentos
esgrimidos en el presente proveído.
6 T-059 de 2019.
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Accionante: Juan Sebastián Cardona Marulanda
SEGUNDO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela
instaurada por el señor Juan Sebastián Cardona
Marulanda en contra del Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial
y la Universidad Nacional, respecto de la revocatoria de
los actos administrativos contenidos en las Resoluciones
CJR22-0351 del 1º de septiembre de 2022 y CJR23-0042
del 16 de enero de 2023, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
SAMAI.
CUARTO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada el nueve (9) de
marzo de dos mil veintitrés (2023).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
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