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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00506-01

Fecha
18 de mayo de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00506-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero: Revocar el numeral primero de la sentencia proferida el 19 de enero de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. En su lugar, amparar los derechos fundamentales de petición y debido proceso de la accionante únicamente respecto del ICETEX. Segundo: Ordenar al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente decisión, en aplicación del Acuerdo No. 76 del 30 de diciembre de 2021, emita nuevamente una respuesta a la solicitud de condonación del crédito No. 2780219 presentada por la accionante, teniendo en consideración el reporte de consulta del SISBEN identificado con la ficha No. 080001174647100000073, expedido por el Departamento Nacional de Planeación. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15 Radicado: 11001-03-15-000-2023-00506-01 Demandantes: Tiffany Shanean Rangel Gómez Demandado: Presidencia de la República y otros En caso de encontrar la novedad de aplicación de dicha condonación se remitirá al área de cartera priorizando por orden de solicitud y de acuerdo con la disponibilidad de recursos asignados por el Gobierno Nacional. En lo demás, se confirmará la decisión impugnada. Tercero: En lo demás se confirmará la decisión impugnada. Cuarto:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00506-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

18 de mayo de 2023

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00506-01
Demandantes: Tiffany Shanean Rangel Gómez
Demandado: Presidencia de la República y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 00506 01
Demandante: TIFFANY SHANEAN RANGEL GÓMEZ
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Tema: Condonación de la deuda para crédito de educación superior/
Requisito de subsidiariedad/ Sujeto de especial protección
constitucional.

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la
sentencia proferida el 06 de marzo de 2023 por la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, a través de la cual se negó el amparo de los derechos
fundamentales invocados en la acción de tutela.

ANTECEDENTES

La señora Tiffany Shanean Rangel Gómez promovió acción de tutela en contra del
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (en
adelante ICETEX), la directora de la Unidad de la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas (en adelante UARIV), la Fiscalía General de la Nación y la Presidencia de la
República por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la vida,
educación, a la verdad, justicia y reparación integral.

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Demandantes: Tiffany Shanean Rangel Gómez
Demandado: Presidencia de la República y otros

Los hechos narrados en la tutela pueden resumirse de la siguiente forma:

La accionante indicó que tanto ella como su grupo familiar para el año 1997 residían
en el municipio de La Dorada, Caldas y que con ocasión a las amenazas de muerte y
extorsiones que recibieron por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC),
tuvieron que desplazarse hacia la ciudad de Barranquilla, Atlántico y de manera
posterior, al municipio de San Jacinto en el departamento de Bolívar.

Que, como consecuencia de lo anterior, el señor Wilman Rangel Mejía, padre de la
accionante, interpuso una denuncia contra los presuntos miembros de las AUC por los
delitos de secuestro, hurto, extorsión, amenaza y desplazamiento forzado.

Igualmente, se relata en el escrito tutelar que, una vez radicados en la ciudad de
Barranquilla, el señor Rangel Mejía fue objetivo militar del grupo Héroes de los Montes
de María por lo que optó por trasladarse a Estados Unidos (donde actualmente vive),
hecho que fue objeto de denuncia ante el ente investigador.

Anunció que como víctimas del conflicto armado fueron incluidos en el Registro
Nacional de Población Desplazada desde el 9 de marzo de 2010. No obstante, nunca
han recibido ayudas, subsidios o indemnización alguna por parte de la UARIV.

De forma posterior, la accionante relató que adquirió un crédito de estudio con el
ICETEX para financiar la carrera de medicina y que dicha entidad se negó a condonar
la deuda en atención a que al momento de graduarse no se encontraba incluida en la
base de datos del SISBEN, pese a que fue encuestada cuando era menor y a la fecha
su puntaje la categoriza dentro grupo B1.

Que, desde el mes de enero de 2022, el ICETEX ha remitido comunicado los estados
financieros de su deuda, la cual asciende a la suma de $123.845.479,86 y que se dada
su condición económica, la enfermedad catastrófica que padece su padre y los cobros
jurídicos que recaen sobre la vivienda donde creció, se encuentra imposibilitada para
pagar el monto anunciado.

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Por otro lado, expresó que la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA no la ha incluido ni
a ella ni a su familiar en los programas sociales de subsidio de vivienda asignados para
las víctimas de la violencia.

Finalmente expresó que la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN omitió su deber de
proteger sus derechos a la justicia, a la verdad, a la reparación y no repetición, por
cuanto no ha mostrado resultados visibles con relación a las denuncias instauradas.

PRETENSIONES

La parte accionante el demandante formula la presente acción de tutela con el
propósito de que se amparen sus derechos fundamentales, de tal suerte que se ordene
lo siguiente:
1. A la UARIV la entrega de las ayudas humanitarias y la reparación integral a
que tienen derecho.
2. Al ICETEX la condonación inmediata que tiene con la entidad, la cual
asciende a la suma de $123.845.479, producto del crédito educativo de
estudios profesionales.
3. A la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN que agilice los procesos penales
por las denuncias formuladas por sus familiares frente al hecho victimizante
de desplazamiento forzado.
4. A la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA la inclusión en los programas de
subsidio de vivienda y otros beneficios sociales que por Ley se otorgan a las
víctimas de violencia.

ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO

El 8 de febrero de 2023, la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación
admitió la acción de tutela presentada por la señora Tifanny Shanean Rangel Gómez
y dispuso la notificación de la decisión a las entidades accionadas. De igual forma,
inadmitió el trámite respecto de los señores Wilman Rangel Mejía, Naidu Gómez
Blanco y Wilman Jadik Rangel toda vez que no se había acreditado la calidad de
agente oficiosa de la señora Tifanny Shanean Rangel Gómez frente a estos ni se
acreditó la imposibilidad que tenían para hacer valer sus derechos por cuenta propia.

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Por ello, se otorgó un término de tres (3) días para que subsanara tal defecto so pena
de que se entendiera únicamente presentada por la señora Rangel Gómez.

A través del mismo proveído dispuso negar la medida provisional solicitada al no
haberse advertido prima facie una vulneración manifiesta de derechos fundamentales
y al ser necesario el recaudo de medios de prueba para concluir si le asiste o no razón
a la accionante en su reclamación.

POSICIÓN DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Dentro de la
oportunidad concedida rindió informe a través del cual solicita su desvinculación de la
presente acción de tutela. A tal petición arriba luego de concluir que no le corresponde
al presidente de la República otorgar directamente ningún beneficio o asistencia a
persona alguna y que, en todo caso la discusión puesta en conocimiento no amerita la
intervención del juez constitucional al existir numerosas vías adicionales para debatir
y resolver este tipo asuntos.

UARIV. Con el informe rendido peticiona se nieguen las pretensiones de la parte
accionante al haberse demostrado la ocurrencia de un hecho superado. Al efecto,
indicó que la accionante se encuentra incluida en el Registro Único de Víctimas por el
hecho de desplazamiento forzado bajo el radicado No. 859927.

Que en atención a la solicitud de indemnización administrativa presentada por la
accionante, la Unidad el 23 de noviembre de 2022 decidió reconocer la medida
indemnizatoria por el hecho victimizante de desplazamiento forzado y aplicar el método
técnico de priorización al no haberse acreditado una situación de urgencia manifiesta
o extrema vulnerabilidad en los términos del artículo 4 de la Resolución 1049 de 2019
y del artículo 1 de la Resolución 582 de 2021.

Adicionalmente, resaltó que si la accionante llegase a contar con uno de los tres
criterios de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad contenidos en la Ley podrá
adjuntar en cualquier tiempo, la certificación y/o documentos necesarios con los
requisitos establecidos para priorizar la entrega de la medida.

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Fiscalía General de la Nación. Dentro del término concedido para el efecto, la
directora de la Seccional Bolívar (E) dio respuesta a la acción de tutela, mediante
escrito en el que expresó su disentimiento frente a las pretensiones de la demanda
bajo el argumento que no se vislumbra la afectación o violación a los derechos
fundamentales invocados por parte de la dependencia que representa.

Igualmente, afirmó que una vez verificado el sistema de información SIJUF de la
entidad encontró que el radicado No. 243041 fue asignado a la Fiscalía 27
Especializada y el radicado No. 165505 a la Fiscalía 43 Seccional, por lo cual, remitió
el trámite de tutela con todos sus anexos a la Dirección Especializada contra las
Violaciones a los Derechos Humanos y a la Unidad de Fiscalías de El Carmen de
Bolívar, respectivamente.

Fiscalía 84 Especializada contra las violaciones de Derechos Humanos (ECV-
DH). Mediante memorial allegado el pasado 17 de febrero de 2023 informó las
actuaciones adelantadas dentro del radicado No. 243041 y el estado actual del
proceso.

En ese sentido, manifestó ante la presencia de diferentes situaciones que limitaban la
continuación de la actuación, como lo es, el transcurso del tiempo desde la
materialización de la conducta y el grado de certeza acerca del grupo que ocasionó el
desplazamiento forzado, fue proferida sentencia inhibitoria por parte del Despacho
encargado; decisión que fue notificada a la denunciante mediante Oficio No. 0386 del
12 de junio de 2021 y se encuentra en ejecutoria formal.

Wilman Rangel Mejía y Naidú Gómez Blanco. Presentaron memorial de
coadyuvancia, en el cual indicaron que residen en el estado de Florida, Estados
Unidos. Al igual que manifestaron que el señor Rangel Mejía padece de la patología
denominada mieloma múltiple, por lo que se encuentra en tratamiento oncológico y
que la señora Gómez se encuentra al cuidado de este.

En el escrito señalan que se encuentran en condición de debilidad manifiesta y que
pese a ello, la UARIV adujo que entregaría la indemnización solo hasta el año 2024.

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El ICETEX pese a estar debidamente notificado, guardó silencio.

SENTENCIA IMPUGNADA

El 6 de marzo de 2016, la Sección Tercera del Consejo de Estado negó las
pretensiones de la acción de tutela, pues consideró que las autoridades accionadas
no vulneraron los derechos fundamentales invocados por la actora.

En primer lugar, sobre la solicitud de la entrega de las ayudas humanitarias y de la
indemnización administrativa advirtió que de la verificación de los documentos
aportados por la entidad demandada Naidú Isabel Gómez Blanco, Wilman Rangel
Mejía, Wilman Jadik Rangel Gómez y la actora se encuentran incluidos en el Registro
Único de Víctimas y que mediante Resolución No. 041020191868688 del 23 de
noviembre de 2022 la UARIV les reconoció el derecho a la indemnización
administrativa.

No obstante, en la providencia se adujo que el trámite del pago de la medida
indemnizatoria administrativa se encuentra en curso y que, en la medida que no se
aportó con el escrito tutelar solicitud a través de la cual la accionante haya peticionado
la aplicación de la priorización de la entrega por alguno de los criterios establecidos en
la Ley, están sometidos a la aplicación del método técnico de priorización el 31 de julio
de 2023.

En lo que respecta a la condonación de la deuda contraída con el ICETEX, el a quo
precisó que la parte actora no acreditó que hubiese elevado la solicitud de condonación
del crédito educativo, ni que el ICETEX la hubiese negado por no figurar en el Sisbén,
por lo que no es posible determinar si la autoridad accionada vulnera sus derechos
fundamentales.

Seguidamente, sobre el subsidio a las víctimas del conflicto armado solicitado
estableció, por un lado que, a la Presidencia de la República no le corresponde la
concesión de subsidios ya que los programas sociales del Gobierno Nacional son
desarrollados y administrados por autoridades especializadas y designadas para ello

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y por el otro que, si la actora desea acceder a los diferentes subsidios otorgados por
el Gobierno debe realizar las solicitudes correspondientes ante las autoridades
competentes y cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos para ellos.

Ahora, de las pruebas allegadas constató que el 31 de mayo de 2021, el ente
investigador sí adelantó las actuaciones correspondientes en la denuncia interpuesta
por la señora Gómez Blanco luego de proferir resolución inhibitoria.

Finalmente, frente a la denuncia adelantada por el señor Wilman Rangel Mejía señaló
que la actora dio cuenta de un radicado que no se encuentra en la base de datos de
la Fiscalía General de la Nación – SPOA (Sistema Penal Oral Acusatorio) y que, los
indicativos señalados por la directora Seccional de Bolívar de la Fiscalía General de la
Nación- No. 243041 (adelantado por la madre de la actora) y No. 165505- están
asignados a la Fiscalía 43 Seccional pero no se pueden ser verificados al requerirse
el número completo.

IMPUGNACIÓN

La accionante impugnó la sentencia de tutela de primera instancia argumentando que,
actualmente, como consecuencia del desplazamiento forzado al que fue sometida
junto con su familia, atraviesa una situación de vulnerabilidad que le impide saldar la
deuda que posee con el ICETEX.

Señala que sus derechos fundamentales a la vida, a la educación, a la verdad. justicia
y a la reparación integral están siendo vulnerado y que, con la decisión de primera
instancia se le está imponiendo una carga que no está en el deber jurídico de soportar.

Por otro lado, el señor Wilman Rangel Mejía, quien se presentó como tercero con
interés trámite constitucional, presentó escrito durante el plazo para impugnar la
decisión en iguales términos a los de la accionante.

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

Corresponde a la Sala en segunda instancia determinar si la sentencia proferida el 06
de marzo de 2023 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
se ajusta a derecho. En tal sentido, se debe determinar si en el caso específico se
vulneran los derechos fundamentales invocados por la accionante o si, por el contrario,
las entidades accionadas dentro del marco de sus competencias han realizado las
gestiones necesarias para cumplir los mandatos legales y constitucionales o no han
tenido injerencia alguna en la vulneración alegada.

A efectos de resolver la impugnación, la decisión seguirá el siguiente esquema: i)
Principio “onus probandi incumbit actori” en la acción de tutela, ii) jurisprudencia sobre
procedencia excepcional de la acción de tutela para dirimir controversias de carácter
comercial y, iii) se resolverá el caso concreto.

i. Principio “onus probandi incumbit actori” en la acción de tutela

El máximo tribunal de cierre constitucional ha establecido que en sede tutela rige el
principio “onus probandi incumbit actori”, el cual implica que aquel que instaura la
acción de tutela por estimar vulnerado o amenazados sus derechos fundamentales
tiene la carga de probar sus afirmaciones a fin de que la determinación del juez
obedezca a la certeza y convicción de que se ha violado o amenazado el derecho.

En tal sentido, aunque es cierto que en materia de tutela la carga de la prueba no
resulta rigurosa como en otras materias ordinarias, ello no implica que el juez
constitucional pueda entrar a tutelar derechos sin que la afectación se demuestre
mínimamente.

Al respecto, la Sentencia T- 997 de 2005 resaltó:
“
(…) La carga de la prueba en uno y otro momento del análisis corresponde
a las partes enfrentadas: debe el solicitante aportar prueba en el sentido
de que elevó la petición y de la fecha en la cual lo hizo, y la autoridad, por
su parte, debe probar que respondió oportunamente. La prueba de la petición y

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de su fecha traslada a la entidad demandada tiene la carga procesal de
demostrar, para defenderse, que, al contrario de lo afirmado por el actor, la
petición sí fue contestada, resolviendo de fondo y oportunamente. Pero si ante
el juez no ha sido probada la presentación de la solicitud, mal puede ser
condenada la autoridad destinataria de la misma, pues procesalmente no
existe el presupuesto del cual se deduzca que, en tal evento, estaba en la
obligación constitucional de responder” (negrilla fuera del texto original).

En esa misma línea, la Corte Constitucional en sentencia T-153 del 2011 precisó que:

“(…) un juez no puede conceder una tutela si en el respectivo proceso no
existe prueba, al menos sumaria, de la violación concreta de un derecho
fundamental, pues el objetivo de la acción constitucional es garantizar la
efectividad de los derechos fundamentales, cuya trasgresión o amenaza opone
la intervención del juez dentro de un procedimiento preferente y sumario. Por
eso, la decisión del juez constitucional no puede ser adoptada con base en el
presentimiento, la imaginación o el deseo, sino que ha de obedecer a su
certidumbre sobre si en efecto ha sido violado o está amenazado un derecho
fundamental, si acontece lo contrario, o si en el caso particular es improcedente
la tutela” (negrilla fuera del texto original).

En suma, el juez debe contar con la totalidad de los elementos de juicio que le permitan
arribar a la conclusión de si en el caso específico se produjo o no en realidad el
atropello del que se queja el demandante y para ello, entre otras cosas debe estar
probada presentación de la solicitud ante la entidad a la que se reclama el derecho.

ii) Jurisprudencia sobre procedencia excepcional de la acción de tutela para
dirimir controversias de carácter comercial

En diversas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado en acciones de
tutela que involucran presuntas afectaciones a derechos fundamentales, ocasionadas
en el marco de los créditos educativos adjudicados por el ICETEX u otras entidades
de derecho público. En la sentencia T-214 de 2019 se dijo:

“En síntesis, la Sala concluye que como regla general, las controversias de tipo

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contractual emanadas de relaciones negociales de derecho privado deben
ventilarse a través del instrumento de defensa aplicable según su naturaleza y
de conformidad con las reglas de competencia estatuidas en la ley; sin embargo,
la acción de tutela procede excepcionalmente, en la medida que se constate la
posible trasgresión de un derecho fundamental y la inminente concurrencia de
un perjuicio irremediable y/o la falta de idoneidad de los medios ordinarios de
defensa.

Adicionalmente, cuando el estudio constitucional compromete los derechos de
la población víctima del conflicto, se flexibiliza considerablemente el estándar de
subsidiariedad, de manera que el juez de tutela analizará de manera más amplia
si los otros medios de defensa tienen la entidad suficiente para dar una respuesta
diligente, célere, integral y oportuna; en otras palabras, si atendiendo su
condición de sujeto de especial protección constitucional, resultaría
desproporcionado imponer la carga de agotar los recursos ordinarios de
defensa.”

iii. Caso concreto

En la sentencia objeto de impugnación, la Sección Tercera del Consejo de Estado,
negó el amparo solicitado en la medida que no se constató que la accionante hubiera
presentado las respectivas solicitudes ante las accionadas para: i) la entrega de la
ayuda humanitaria y/o la priorización de la medida indemnizatoria, ii) el acceso a los
programas gubernamentales a que tienen derecho las víctimas del conflicto armado y,
iii) la obtención de la condonación del crédito estudiantil ante el ICETEX.

Por otro lado, encontró que se adelantaron las actuaciones correspondientes en una
de las denuncias penales presentadas y en cuanto a la otra no se encontró en la base
de datos de la Fiscalía General de la Nación el SPOA indicado, por lo que no podía
efectuar pronunciamiento frente a la misma.

La impugnación de la actora se fundamenta principalmente, en la ausencia de recursos
para suplir el pago de la deuda que tiene a la fecha con la entidad que aprobó su

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crédito educativo y lo desproporcionado que resulta imponer una carga que no está
llamada a soportar.

Analizados los documentos aportados por las partes y respecto a los hechos que
soportaron la acción frente a la UARIV, se observa que si bien es cierto la accionante
se encuentra incluida en el Registro Único de Víctimas, tal y como lo indicó el juez de
primera instancia, no existe prueba sumaria que demuestre que efectivamente haya
presentado derecho de petición ante la entidad accionada para la entrega de las
medidas asistenciales y de reparación.

De ahí pues, a pesar de que la accionante manifestó que ostenta la condición de
desplazada por la violencia (circunstancia que ratificó la entidad accionada) y que
requiere la entrega la indemnización administrativa que fue reconocida, esto no implica
que este mecanismo constitucional se convierta en el escenario inicial para reclamar
el derecho que ante la instancia administrativa respectiva no ha procurado, ya que no
resulta procedente utilizar esta acción especial como un medio alterno a los
contemplados originalmente para esos fines y, en todo caso, es necesario que la
tutelante previamente presente la solicitud invocando el derecho para predicar
violación del mismo.

En lo que concierne a la vinculación de la accionante por parte de la Presidencia de la
República a los programas o proyectos que brinda el Sistema Nacional de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), no puede darse por el juez de tutela dar
orden alguna dado que, la postulación a las convocatorias realizadas es de resorte de
la accionante y, por tanto, es ella quien debe presentar las solicitudes necesarias ante
las entidades competentes, según sea el caso. La acción de tutela no es el mecanismo
procedente para hacer solicitudes de asignación de subsidios de vivienda de
naturaleza indemnizatoria, ni mucho menos un instrumento para reemplazar los
trámites existentes o para transgredir las vías administrativas que se han establecido
en la Ley.

Frente a las denuncias instauradas ante la Fiscalía General de la Nación no se observa
ninguna conducta que contribuya a la presunta mora en la resolución de su caso por
cuanto uno de los expedientes aludidos no tiene actuaciones pendientes de realizar al

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existir sentencia inhibitoria y frente a la denuncia instaurada por el señor Wilman
Rangel Mejía, no obran casos registrados en la base de datos del SPOA, según el
radicado indicado por la accionante, sin que pueda efectuarse un pronunciamiento de
fondo como lo indicó el a quo.

Finalmente, en lo que respecta a la solicitud de la condonación del crédito educativo
ante el ICETEX se advierte que, aunque durante el trámite de la primera instancia no
se allegó la respuesta mediante la cual se negó la condonación de la deuda con la
impugnación fue remitido por la tutelante como anexo el oficio del 27 de agosto de
2020, identificado con el radicado No. CAS-16127965-C0P3, a través del cual se
resolvió la petición de condonación de créditos por graduación, en los siguientes
términos:

“(...) Al validar el histórico reportado por el DNP (Departamento Nacional de
Planeación) se evidencia que, al momento de graduación del estudiante no
registraba puntaje con la metodología actual Sisbén IV, publicada a partir de
marzo de 2021.

Por lo expuesto y lo contenido en el reglamento de crédito no hay lugar a
condonación por graduación, toda vez que no se evidencia registro en el Sisbén
(en las bases de datos del DNP), tampoco se evidencia registro como indígena
en las bases de datos de los autocensos aportados por las comunidades
indígenas del Ministerio del Interior, no se evidencia registro como población
víctima del conflicto armado, a partir del otorgamiento del crédito o en el
desarrollo de la etapa de estudios.”

En ese sentido y en atención a los desarrollos jurisprudenciales de la Corte
Constitucional, para el asunto concreto se entenderá por surtido el requisito de
subsidiariedad, pues pese a que el Acuerdo No. 013 de 2007 de la Junta Directiva del
ICETEX establece que los actos que realiza la entidad para el desarrollo de sus
actividades comerciales se rigen por las disposiciones del derecho privado y en
principio, sería posible concluir que la actora debió acudir al proceso declarativo verbal
para resolver la controversia presentada ante el juez de constitucional; por la condición

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de sujeto de especial protección constitucional que ostenta la tutelante, es necesario
indicar que esta carece de los medios de defensa materialmente idóneos y céleres
para lograr la protección de los derechos fundamentales invocados.

Por tal razón, al ser la actora beneficiaria del crédito educativo en los términos del
Acuerdo No. 76 del 30 de diciembre de 2021, “Por el cual se adopta el Reglamento de
Recuperación de Cartera del ICETEX”, podía solicitar la condonación por graduación
justo después de obtener el título académico, esto es, desde el pasado 29 de julio de
2021.

Para el efecto, se advierte que a pesar de que se desconoce la fecha en la que se
realizó la solicitud por la accionante se tiene certeza de que la misma se efectuó al
obrar en el expediente respuesta negativa por parte de la entidad.

Vale la pena destacar que, aun cuando en la respuesta aludida se indicó que al
momento de graduación la estudiante no registraba puntaje con la metodología actual
Sisbén IV, ello no se acompasa con la realidad pues, de la documentación aportada
por la misma accionante en la impugnación se encuentra que esta tiene encuesta
vigente en tal sistema desde el 09 de diciembre de 2019, con actualización el 12 de
julio de 2022.

Aunado a lo anterior, debe considerarse que la tutelante no debía adjuntar ningún
documento con la mencionada solicitud ya que es deber del ICETEX validar la
graduación a través de la página web del Ministerio de Educación Nacional – SNIES y
verificar la información respectiva a los requisitos de la condonación cuando esta se
puede obtener a través de las plataformas digitales dispuestas por las entidades
públicas como lo es la dispuesta por el Departamento Nacional de Planeación frente
al SISBEN.

Por lo anterior, toda vez que los requisitos de condonación por graduación se validan
al momento de la graduación del beneficiario y dado que la accionante acreditó dentro
del presente trámite que se encuentra registrada en la base de datos del SISBEN IV y
que de allí es posible extraer la información sobre el subgrupo al que pertenece y el
punto de corte en el que se encuentra, se torna necesario amparar el derecho de la
accionante de petición y debido proceso administrativo.

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www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00506-01
Demandantes: Tiffany Shanean Rangel Gómez
Demandado: Presidencia de la República y otros

Conforme a lo anterior, habrá de modificarse la sentencia impugnada en el sentido de
amparar los derechos fundamentales de petición y debido proceso administrativo de
la señora Tiffany Shanean Rangel Gómez y ordenará al ICETEX para que dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente decisión, en
aplicación del Acuerdo No. 76 del 30 de diciembre de 2021, emita nuevamente una
respuesta a la solicitud de condonación del crédito No. 2780219 presentada por la
accionante teniendo en consideración el reporte de consulta del SISBEN identificado
con la ficha No. 080001174647100000073, expedido por el Departamento Nacional de
Planeación.

En caso de encontrar la novedad de aplicación de dicha condonación se remitirá al
área de cartera priorizando por orden de solicitud y de acuerdo con la disponibilidad
de recursos asignados por el Gobierno Nacional. En lo demás, se confirmará la
decisión impugnada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero: Revocar el numeral primero de la sentencia proferida el 19 de enero de 2023
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. En su lugar, amparar los
derechos fundamentales de petición y debido proceso de la accionante únicamente
respecto del ICETEX.

Segundo: Ordenar al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos
en el Exterior (ICETEX) para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes
a la notificación de la presente decisión, en aplicación del Acuerdo No. 76 del 30 de
diciembre de 2021, emita nuevamente una respuesta a la solicitud de condonación del
crédito No. 2780219 presentada por la accionante, teniendo en consideración el
reporte de consulta del SISBEN identificado con la ficha No.
080001174647100000073, expedido por el Departamento Nacional de Planeación.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00506-01
Demandantes: Tiffany Shanean Rangel Gómez
Demandado: Presidencia de la República y otros

En caso de encontrar la novedad de aplicación de dicha condonación se remitirá al
área de cartera priorizando por orden de solicitud y de acuerdo con la disponibilidad
de recursos asignados por el Gobierno Nacional. En lo demás, se confirmará la
decisión impugnada.

Tercero: En lo demás se confirmará la decisión impugnada.

Cuarto: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591
de 1991. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Quinto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

Sexto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

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