Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00522-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00522-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-00522-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
17 de mayo de 2023
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitrés (2023).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2023-00522-01
Demandante: NOHORA EDITH MADRIGAL SAINZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. CADUCIDAD
DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
Síntesis del caso: se cuestionó el auto de segunda instancia por medio del cual se confirmó la
decisión que declaró la caducidad del medio de control de reparación directa incoado, entre otros,
por la señora Madrigal Sainz. Se revocará la decisión de primera instancia que declaró
improcedente el mecanismo y, en su lugar, se negará el amparo.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia
de 3 de marzo 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado mediante la cual se dispuso:
“PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo solicitado, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia”. (mayúsculas fijas del
original - archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI).
I. ANTECEDENTES
Mediante escrito presentado el 5 de febrero 2023, la señora Nohora Edith Madrigal Sainz,
por intermedio de apoderado judicial, promovió proceso de acción de tutela para que le
sean amparados sus derechos fundamentales del debido proceso y acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión del auto del 22
de septiembre de 2022 que confirmó la decisión de declarar la caducidad del medio de
control de reparación directa.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-00522-01
Actor: Nohora Edith Madrigal Sainz
Acción de tutela
Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:
1) El 10 de marzo de 2018, el señor Fabio Ramírez Realpe, quien se encontraba en
prisión domiciliaria, le propinó unos disparos que le ocasionaron la muerte al señor Julio
Enrique Gulteros Zaenz.
2) Mediante sentencia del 24 de agosto de 2018, el Juzgado Quinto Penal del Circuito
Judicial de Popayán condenó al señor Fabio Ramírez Realpe por los hechos antes
descritos.
3) El 23 de noviembre de 2020, los aquí demandantes presentaron una solicitud de
conciliación extrajudicial que se declaró fallida el 26 de enero de 2021.
4) El 27 de enero de 2021, en ejercicio del medio de control de reparación directa, la
señora Nohora Edith Madrigal Sainz y otros familiares demandaron a la Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional, INPEC y a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial para que se les declarara patrimonialmente responsables por la
muerte del señor Julio Enrique Gulteros Zaenz, pues este gozaba de detención
domiciliaria y el INPEC ni ninguna de las entidades demandadas lo vigilaba, pese a que
tenía un brazalete electrónico que emite señales que en este caso fueron ignoradas.
5) Con auto del 10 de mayo de 2021, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Popayán declaró probada de oficio la excepción de caducidad del medio de
control, por cuanto el conteo del término de los dos años inició desde el día siguiente a
la muerte del señor Julio Enríquez Gualteros Sánchez ocurrida el 10 de marzo de 2018.
6) Los actores apelaron tal decisión con fundamento en que el término de los dos años
se debía efectuar desde el 25 de agosto de agosto de 2018, día siguiente al que cobró
ejecutoria la sentencia condenatoria del homicida, y finalizaba el 30 de noviembre de
2020, pues, de lo contrario se violaría el principio de presunción de inocencia.
7) Agregaron que en el momento del homicidio no tuvieron conocimiento de que el señor
Fabio Ramírez Realpe era una persona privada de la libertad, quien disfrutaba del
beneficio de prisión domiciliaria y que, para día del homicidio, no había certeza en punto
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-00522-01
Actor: Nohora Edith Madrigal Sainz
Acción de tutela
a que ese daño lo pudo causar la administración pública, pues dicha situación solo fue
advertida con certeza con la sentencia condenatoria, pues fue allí donde se manifestó
que el señor Ramírez Realpe contaba con el subrogado penal de prisión domiciliaria.
8) Mediante auto del 22 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo del Cauca
confirmó la decisión con base en que el conteo de los 2 años inició a partir del día
siguiente de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, esto es, la muerte
de la víctima.
9) Como sustento de ello, argumentó que la afirmación de los demandantes dirigida a
demostrar que se dieron cuenta de la situación jurídica del señor Fabio Ramírez Realpe
tan solo hasta el 24 de agosto de 2018 -fecha en que cobró ejecutoria la sentencia
condenatoria del victimario- contradecía los hechos expuestos en la demanda en los que
se consignó que el día de los hechos “los agentes policiales se dieron cuenta de que el
PPL Ramírez Realpe portaba en una de sus extremidades inferiores, una tobillera de
vigilancia electrónica”.
10) Así entonces, concluyó que como el fundamento de la demanda era que el homicida
portaba brazalete electrónico y ello era indicativo de una falla del servicio de las
demandas que incumplieron su deber de vigilancia del reo “dicho motivo hace que
carezca de fundamento el argumento que la familia sólo tuvo conocimiento de la acción
u omisión que presuntamente generó el hecho dañoso, el día en que se dictó sentencia
condenatoria, y que por ende, los términos de caducidad debían iniciar el 24 de agosto
de 2018”.
Fundamento de la vulneración
La parte demandante sustentó sus reparos frente al auto de segunda instancia que
confirmó la decisión de declarar la caducidad del medio de control de reparación directa
incoado por los aquí accionantes, con los siguientes argumentos:
El tribunal accionado incurrió en un defecto sustantivo por entender que la Policía y los
familiares eran una unidad y, por tanto, que ambos conocieron el mismo día de los hechos
que el señor Ramírez Realpe era un preso que estaba en prisión domiciliaria.
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Actor: Nohora Edith Madrigal Sainz
Acción de tutela
La Policía supo de inmediato que se trataba de un privado de la libertad porque llevaba
una tobillera del INPEC y porque posteriormente pudo corroborar esa información en el
sistema de información SPOA, pero frente a ellos no ocurrió lo mismo, ya que hasta la
sentencia condenatoria conocieron con certeza que el sindicado era culpable y, por
consiguiente, solo hasta ese momento se derivó la responsabilidad del Estado porque
fue allí donde conocieron que el INPEC incumplió su deber de vigilancia.
Esa situación de ignorancia fue superada con la sentencia condenatoria que desvirtuó la
presunción de inocencia del homicida y determinó con certeza que el reo cometió el delito
mientras estaba en prisión domiciliaria vigilado por el INPEC.
Es por ello que los términos de caducidad deben contarse a partir del 25 de agosto de
2018 y no desde el 11 de marzo de 2018, como lo señaló el tribunal Administrativo del
Cauca, pues no fue un agente del estado, policía uniformado, militar uniformado o
funcionario público el que realizó el daño sino un reo vestido de particular que actuaba
como cualquiera y de quien no se sabía nada, mucho menos su situación jurídica.
Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:
“PRIMERO: Tutelar el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia y debido proceso.
SEGUNDO: Consecuencialmente, se sirva ordenar a los accionados, que se
realice un nuevo estudio de la demanda, que se identifica con radicado 19001-
33-33-009-2021-00014-01 en la cual los demandados es la rama judicial y otros
y los demandantes son NOHORA EDITH MADRIGAL SAINZ Y OTROS, para
establecer si se presentó o no el fenómeno de la caducidad.
TERCERO: Que para el nuevo estudio, se tenga en cuenta que la familia de
JULIO ENRIQUE GULTEROS ZAENZ se enteró de que quien lo mató era un
privado de la libertad solo hasta el 24 de agosto de 2018. Tal como lo resalto el
Tribunal accionado, en los folios 5 (parte inferior) y 6 (parte superior) del Auto
Interlocutorio No. 407”. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo
SAMAI).
Actuación procesal
Mediante auto de 7 de febrero de 2023, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó del Tribunal Administrativo del
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Actor: Nohora Edith Madrigal Sainz
Acción de tutela
Caquetá y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado con el fin de que allegaran
un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.
Sentencia de primera instancia
Mediante providencia de 3 de marzo de 2023, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional, en razón a que fue utilizada para reabrir el debate
sobre el rechazo del medio de control de reparación directa, habida cuenta que en el
escrito se emplearon los mismos argumentos del recurso de apelación, aspectos que
fueron analizados y definidos de manera razonable por la autoridad demandada en la
providencia en cuestión.
Impugnación
La parte demandante alegó que la decisión de declarar improcedente la acción de tutela
en primera instancia por falta de relevancia constitucional parece un capricho
jurisdiccional del a quo, pues el tribunal demandado incurrió en un falso raciocinio en
cuanto entendió que el hecho de que la Policía Nacional se enteró de que la persona que
mató a su familiar era un preso a cargo del INPEC también era una circunstancia que
ellos automáticamente sabían.
En su criterio, tal interpretación vulnera sus derechos del debido proceso y acceso a la
administración de justicia, por cuanto la decisión estuvo fundada en un falso raciocinio,
pues, no siempre que la policía se entera de una circunstancia la comparte con los
familiares, de hecho, lo común es que guarde silencio por las circunstancias propias de
la investigación penal.
Trámite en segunda instancia
Previo a dictar sentencia el despacho advirtió que en el curso de la primera instancia no
se vinculó a la Policía Nacional, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)
ni a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, quienes obraron como autoridades
demandadas en el proceso de reparación directa.
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Actor: Nohora Edith Madrigal Sainz
Acción de tutela
Asimismo, advirtió que en el escrito de la demanda de tutela el apoderado de la parte
actora manifestó actuar en representación de “la señora Nohora Edith Madrigal Sainz y
otros”, pero en el poder a él conferido solo estaba la firma de la primera.
En consecuencia, se ordenó requerir al apoderado de la parte actora para que aclarara
la condición en la que actúan él y su poderdante, y se ordenó poner en conocimiento de
las autoridades antes mencionadas la irregularidad constitutiva de nulidad de carácter
saneable.
En respuesta a dicha decisión el apoderado de la señora Madrigal Sainz informó que “los
mayores de edad Kenny Ledher Gualteros Madrigal y Britney Chabelly Gualteros
Madrigal, a pesar de manifestar interés en la presente acción de tutela, no me otorgaron
poder para representarlos. En tal sentido, manifiesto que represento únicamente a la
señora NOHORA EDITH MADRIGAL SAINZ”, en consecuencia, solo se tendrá por
legitimada a la última.
El Ministerio de Defensa Nacional intervino para solicitar que se declare improcedente el
mecanismo por falta de relevancia constitucional porque la intención de la actora es revivir
la discusión sobre la caducidad.
Las demás autoridades guardaron silencio, a pesar de que fueron notificadas en debida
forma
II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-00522-01
Actor: Nohora Edith Madrigal Sainz
Acción de tutela
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo del Cauca con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión del auto de
segunda instancia que confirmó la decisión de declarar la caducidad del medio de control
de reparación directa incoado por los aquí accionantes.
La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente el
mecanismo por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, en razón a que
fue utilizada para reabrir el debate sobre el rechazo del medio de control de reparación
directa.
En la impugnación, la parte demandante reiteró que la autoridad demandada realizó un
falso raciocinio al momento del conteo de la caducidad, pues entendió que el hecho de
que la Policía conociera desde el día de los hechos que quien cometió el delito fue un
privado de la libertad en prisión domiciliaria no significaba que ellos también.
Al respecto y, contrario a lo señalado por el a quo, para la Sala el presente asunto cumple
los requisitos genéricos de procedibilidad, por cuanto: se agotaron todos los medios de
defensa judiciales disponibles al alcance de la persona afectada, sin que sea procedente
algún otro; ii) se cumplió con el requisito de la inmediatez1; iii) no se atacó una sentencia
de tutela y, v) la parte actora identificó de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos que estimó transgredidos.
Asimismo, para la Sala iv) la cuestión que se discute sí resulta de relevancia
constitucional, en tanto lo que se reprocha es que el juez de segunda instancia del
proceso ordinario entendió que el hecho de que la Policía haya advertido que el homicida
era un privado de la libertad con detención domiciliaria implicaba que ellos también
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La providencia se profirió el 22 de septiembre de 2022 y la tutela se presentó el 5 de febrero de 2023,
esto es, en un plazo no superior a los seis meses.
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Actor: Nohora Edith Madrigal Sainz
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conocieron tal circunstancia, asunto que no se pudo discutir ante el juez de la
especialidad, pues dicho raciocinio, se reitera, se planteó fue por parte del ad quem.
Así las cosas, en el contexto en que fue propuesta la controversia la Sala revocará la
sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional y, en su lugar, negará el amparo
frente al defecto sustantivo, por las razones que procederá a exponer:
1) Se recuerda que la parte demandante alegó un defecto sustantivo porque el tribunal
accionado realizó un errado juicio de valoración por cuanto extendió a la familia el
conocimiento que tenía la Policía Nacional sobre que el homicida gozaba del subrogado
penal de prisión domiciliaria.
2) Si bien la Policía supo de inmediato que se trataba de un privado de la libertad porque
llevaba una tobillera del INPEC y porque posteriormente pudo corroborar esa información
en el sistema de información SPOA, lo cierto es que frente a ellos no ocurrió lo mismo,
ya que solo hasta la sentencia condenatoria conocieron con certeza que el sindicado era
culpable y, por consiguiente, únicamente en ese momento fue que conocieron de la
responsabilidad del Estado porque el INPEC incumplió su deber de vigilancia.
3) En ese contexto, en criterio de la parte actora, los términos de caducidad debían
contarse desde la fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia condenatoria proferida
por la jurisdicción penal en contra del homicida –25 de agosto de 2018– y no desde el día
siguiente al fallecimiento del señor Julio Enrique Gulteros Zaenz –11 de marzo de 2018–
, como lo señaló el tribunal en la providencia cuestionada.
4) Pues bien, frente a los hechos expuestos la Sala considera necesario exponer las
consideraciones de la providencia reprochada para efectos de resolver el problema
jurídico planteado, así -se transcribe-:
“De esa manera, para el presente caso se tiene que:
• El homicidio del señor Juan se dio el 10 de marzo de 2018.
• El trámite de conciliación extrajudicial se radicó el 23 de noviembre de 2020.
• La audiencia de conciliación se hizo el 26 de enero de 2021.
• La demanda se radicó el 27 de enero de 2021.
En ese orden de ideas, realizando el conteo en que aplicaría el término de
caducidad para la presentación de la demanda de reparación directa, daría
lugar a ser iniciado dentro de los 2 años contados a partir del día siguiente de
la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, para lo cual se tiene
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como fecha en el registro civil de defunción del señor Julio Enríquez Gualteros
Sánchez, el 10 de marzo de 2018.
Ahora bien, cuando el accionante aboga en el recurso de apelación,
exponiendo que la familia del señor Julio Gualteros Sánchez se dio cuenta
de la situación jurídica del PPL Fabio Ramírez Realpe, el 24 de agosto de
2018, día que cobró ejecutoria la sentencia condenatoria del sujeto, estaría
contradiciendo los hechos expuestos en la demanda, debido a que en los
mismos se consignó que el día en que se cometió el homicidio del señor
Julio Gualteros Sánchez, los agentes policiales se dieron cuenta de que el
PPL Ramírez Realpe “portaba en una de sus extremidades inferiores, una
tobillera de vigilancia electrónica, dispositivo que realiza la trasmisión de
las alarmas y la localización de la PPL para ser observadas (alarmas y
localización) desde las pantallas de los computadores y video Wall de los
operadores del Área de vigilancia electrónica ARVIE del CERVI del
INPEC”.
Dicho motivo hace que carezca de fundamento el argumento, que la familia sólo
tuvo conocimiento de la acción u omisión que presuntamente generó el hecho
dañoso, el día en que se dictó sentencia condenatoria, y que por ende, los
términos de caducidad debían iniciar el 24 de agosto de 2018”.
5) Frente a la cita expuesta la Sala advierte que, en efecto, la autoridad demandada contó
el término de caducidad desde el día siguiente a los hechos porque la parte actora no
demostró haber conocido del daño en un momento posterior.
6) En efecto, con base en las afirmaciones contenidas en la demanda entendió que la
familia, al igual que los agentes de la Policía, conocieron el mismo día de la muerte de su
familiar que el homicida era un privado de la libertad, análisis que se considera razonable
y que constituye el ejercicio de los principios de autonomía e independencia judicial.
7) Además, incluso si se entendiera que dicho análisis partió de un supuesto “falso
raciocinio”, como lo alega la actora, lo cierto es que en todo caso el tribunal no podía
contar la caducidad desde la fecha de ejecutoria de la sentencia condenatoria, pues como
lo ha señalado esta Corporación si bien la condena penal o disciplinaria contra un
funcionario constituye un antecedente útil para probar la posible responsabilidad del
Estado, de ninguna forma constituye causa o requisito sine qua non para esos efectos,
pues de lo contrario se alterarían los presupuestos para demandar la reparación directa,
pues la Constitución y la ley no exigen la existencia de una condena2.
8) Ahora bien, aunque en ese caso se trató de un funcionario, lo cierto es que el criterio
y el supuesto abordado en esa oportunidad es el mismo porque corresponde a la tesis
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Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B; sentencia de 20 de octubre de 2022, rad. 11001-03-
15-000-2022-05062-00, MP Martín Bermúdez Muñoz.
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Acción de tutela
de esta Corporación en cuanto a la no dependencia de una condena penal como punto
partida para determinar desde cuando se tuvo conocimiento del daño y con ello
determinar la caducidad el medio de control, razón por la que es plenamente aplicable al
asunto sub examine.
9) En efecto, una cosa es que mientras transcurre el término de caducidad de la
reparación directa sobrevenga una condena penal o disciplinaria contra un funcionario o
particular que permita con mayor facilidad edificar la responsabilidad del Estado, y otra
muy distinta es que deba siempre aguardarse a que tal condena se produzca para, a
partir de ese momento, empezar a contabilizar el término de caducidad de la reparación
directa.
10) Es más, en este caso a partir de la valoración de la demanda se observa que la misma
parte demandante aportó un recorte de prensa de marzo de 2018, en el que se consignó
lo siguiente:
“Las investigaciones por este hecho, permitieron establecer que el detenido fue
uno de los tres delincuentes más buscados por la Policía Nacional en el
departamento del Cauca. Presenta antecedentes judiciales y sentencia
condenatoria, por delitos como homicidio, lesiones personales y fuga de presos.
Al momento del asesinato, el sujeto portaba un brazalete electrónico, producto
de una medida de aseguramiento en su lugar de residencia, la cual le fue
dictada por el delito de porte ilegal de armas de fuego”.
11) Así las cosas, no es cierto que los demandantes conocieron el daño tan solo hasta la
sentencia condenatoria, pues incluso las pruebas que ellos mismos aportaron y que datan
de la época del homicidio de su familiar daban cuenta de que el implicado era un privado
de la libertad, de modo que si la razón para imputarle responsabilidad al INPEC era
precisamente que el homicida portaba un brazalete electrónico y, sin embargo, se
encontraba por fuera de su domicilio, es claro que los demandantes conocían
previamente de dicha circunstancia, sin que puedan ahora escudarse en que el tribunal
partió de un falso raciocinio al momento de realizar el cómputo del término bienal de
caducidad.
12) Es más, dicha conclusión se refuerza si se tiene en cuenta que ellos fueron vinculados
al proceso penal, por lo que es claro que conocían previamente de las imputaciones que
le hicieron las autoridades penales al victimario, entre ellas, el hecho de que cometió la
conducta investigada por fuera de su sitio de reclusión.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-00522-01
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Acción de tutela
13) En consecuencia, en los términos hasta aquí expuestos se negará el reparo invocado.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
Revócase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela.
En su lugar, dispónese:
1º) Niégase la acción de tutela presentada por la actora, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia de la misma.
4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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