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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00526-00

Fecha
9 de marzo de 2023
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00526-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la presente acción de amparo, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley No. 2591 del 19 de noviembre de 1991. TERCERO: De no ser impugnada la presente sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con el Decreto Ley No. 2591 del 19 de noviembre de 1991. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00526-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

9 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00526-00
Accionante: HELMO DE JESÚS NÚÑEZ MARÍN
Accionados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – NIEGA LAS PRETENSIONES DE LA
ACCIÓN DE TUTELA

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela promovida por el ciudadano Helmo de Jesús
Núñez Marín en contra del Presidente de la República, de la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios y de la sociedad AIR-E S.A.S. E.S.P.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El ciudadano Helmo de Jesús Núñez Marín solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales de «[…] derecho de petición, [al acceso a] la administración de
justicias, a una tutela judicial efectiva, a la dignidad humana, a la salud, a la vida,
a la educación, a una vivienda digna, al debido proceso administrativo, (…) a la
defensa, contradicción, a la doble instancia, [a la] igualdad, [a la] legalidad, [a la]
[a la] tipicidad, [a la] buena fe, [a la] confianza legítima, y [al] acto propio, a un
servicio esencial de energía, a la dignidad humana […]», cuya vulneración le
atribuyó a la presunta omisión del Presidente de la República, de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y de la sociedad Air-E
S.A.S. E.S.P. en brindar una respuesta de fondo a las solicitudes elevadas a
través del derecho de petición de 10 de enero de 2023.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00526-00
Accionante: Helmo de Jesús Núñez Marín

2.1. Indicó que es propietario del inmueble ubicado en la carrera 3° N° 9-20 del barrio
Félix Arias en el municipio de San Juan del Cesar y precisó que en la factura de
servicio público de energía se encuentra registrado como el propietario del citado
inmueble.

2.2. Expuso que, entre la prestadora del servicio público de energía, Air-E S.A.S.
E.S.P, y el señor Alfredo Enrique Suárez Barbosa, antiguo arrendatario del inmueble
de su propiedad, celebraron un acuerdo de pago por la suma de $2.600.000 sin su
consentimiento, violando con ello el artículo 44 del Decreto Ley N° 019 de 2012.

2.3. Manifestó que el 10 de enero de 2023, a través de los correos electrónicos
notificacionesjudiciales@superservicios.gov.co, notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co,
notificaciones.judiciales@air-e.com, y dtnorte@superservicios.gov.co, radicó un derecho
de petición dirigido al Presidente de la República, al gerente de la sociedad AIR-E
S.A.S. E.S.P., y al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, en el
que solicitó lo siguiente:

[…] PRIMERO PRETENDO CON Este derecho de petición (…) QUE EL
PRESIDENTE Y EL SUPERINTENDENTE DE SERVCICIOS PUBLICOS,
COMO SUPERIOR JERARQUCO FUNCIONAL ORDENEN AL GERENTE
GENERAL DE AFINIA (…), DARLE tramite nuevamente al núcleo esencial del
derecho de petición, debido que no hubo hecho superado con la petición
anterior, debido que la empresa solo analizo lo requisito exigido de forma
inconstitucional por la misma empresa, para que procediera, resolver de fondo,
clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado clara, es decir inteligible
y de fácil comprensión (…)
(…)
SEGUNDO QUE el señor presidente doctor Gustavo petro, señor
superintendente de servicios públicos doctor Dagoberto Buitrago ordene al
GERENTE GENERAL DE AFINIA (…) que al momento de dar respuesta a este
derecho de petición , manifieste bajo la gravedad de juramento diga cuales son
los fundamento constitucionales y légale , para que exijan como requisito para
conceder el rompimiento de la solidaridad, certificado de libertad y tradición
expedido por la oficina de instrumentos públicos, y el certificado de
nomenclatura exigido por, el instituto de Agustín Codazzi , cuando este último ya
no lo expide , y nadie está obligado a lo imposibles (…)
(…)
TERCERO señor presidente de Colombia reitero la denuncia contra de la
superintendencia de servicios públicos domiciliario que viene negando más del
90% de los recursos de ley como entidad de segunda instancia , que juro
cumplir la constitución y la ley, que es el mayor jerárquico funcional de las
empresas de servicios públicos domiciliarios, a favor de las empresa de
servicios públicos exigiendo requisito no autorizado por la constitución y la ley,
para no darle tramites al núcleo esencial del derecho de petición cometiendo
prevaricato por acción omisión y extralimitación de funciones, donde ni la
superservicios, ni la empresa manifiestan cual es la ley que la facultan para
exigir el, certificado de libertad y tradición expedido por la oficina de

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00526-00
Accionante: Helmo de Jesús Núñez Marín

instrumentos públicos, y el certificado de nomenclatura exigido por, el instituto
de Agustín Codazzi, donde esta última yo no lo expide y si ambas
certificaciones, la dirección no coincide con la factura de energía, niega el
derecho de petición, (…)
(…)
Cuarto SEÑOR SUPERINTENDENTE ordene al gerente general de AFINIA,
que conceda el recurso de apelación ante EL SUPERINTEDENTE COMO
SUPERIOR JERARQUICO Y FUNCIONAL DE LA EMPRESA, Y CONFORME
A LOS ARTICULOS 152,153,154,155,Y 159 DE LA LEY 142 DE 1994
SENTENCIA, C-558 DEL 2001 C-263 DE1996 , ARTICULO 74 , LA 86 DE LA
LEY 1437 DEL 2011, ARTICULOS 1,2,4,6,13,23,29,31 83,84,85,90,93,365 AL
370 DE LA CONSTITUCION

TERCERO señor presidente SEÑOR SUPERINTENDENTE ordenen a la
empresa de energía eléctrica a referirse de cada una de las pretensiones del
derecho de petición (…)
(…)
CUARTO Que el SEÑOR SUPERINTENDENTE ordene a la empresa de
energía eléctrica, ADAR UNA RESUESTA de fondo , , clara, precisa y de
manera congruente con lo solicitado clara, es decir inteligible y de fácil
comprensión (…)
(…)
QUINTO SEÑOR presidente ordene al superintendencia de servicios públicos
domicliarios y al gerente general de Afinia diga bajo la gravedad de juramento
¡cual es la ley, señalándola numéricamente de forma motivada, debido que
siempre contesta, que ellos solamente exigen requisito autorizado por la ley,
pero no dicen cuál es la ley, debido que el artículo 84 de la constitución prohíbe
exigir dicho requisito (…)
(…)
SÉPTIMO que el señor presidente ordene al superintendencia de servicios
publico y al al gerente general de Afinia al momento de dar respuesta a este
derecho de petición , manifieste bajo la gravedad de juramento diga cuales son
los fundamento constitucionales y légale , para que exijan como requisito para
darle tramite el proceso de rompimiento de la solidaridad como son, certificado
de libertad y tradición expedido por la oficina de instrumentos públicos, y el
certificado de nomenclatura exigido por, el instituto de Agustín Codazzi (…)
(…)
SEPTIMO SEÑOR SUPERINTENDENTE ordene al gerente general de afinia
dar respuesta a este derecho de petición, resolviéndole de fondo, clara, precisa
y de manera congruente con lo solicitado clara, es decir inteligible y de fácil
comprensión, RESOLVIENDO TODOS LOS SOLICITADO Pronunciamiento
sobre todas y cada una de las pretensiones Obligación de integrar debidamente
el contradictorio PRINCIPIO DE OFICIOSIDAD (…)
(…)
OCTAVO SEÑOR SUPERINTENDENTE ordene al gerente general de afinia,se
abstenga de exigirme el pago de la factura solidaria sino, hasta que se
encuentra agotada la vía gubernativa, por lo que la pongo en reclamo también,
debido que esa factura solidaria tiene que determinarla la superservicios que es
el mayor jerárquico de la empresa, por lo que se inaplique se inaplique en este
caso concreto el inciso segundo del artículo 155 de la ley 142 de 1994

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00526-00
Accionante: Helmo de Jesús Núñez Marín

NOVENO SEÑOR SUPERINTENDENTE ordene al gerente general de afinia,
que de conformidad con la constitución y el bloque de constitucionalidad, los
principios de la función públicas, legalidad tipicidad, debido proceso
administrativo, el derecho de petición, diga con que fundamento la empresa
suspenden el servicio de energía de forma unilateral, sin ante expedir un acto
administrativo, como lo ordena el artículo 154 de la ley 142 de 1994, donde la
empresa se fundamenta con el artículo 140 de la misma ley cuando este artículo
fue declarado exequible junto con el 130 de forma acondicionada en la
sentencia c-150 del 2003 en el entendido que las empresa deberá garantizar el
debido proceso administrativo, ósea expidiendo el acto administrativo,
garantizando la demás garantía judiciales

DECIMO SEÑOR SUPERINTENDENTE ordene al gerente general de afinia
Que de conformidad con la constitución y la ley, manifieste bajo la gravedad de
juramento ¿con que fundamento constitucional, suspende el servicio de
energía,? ¿conque fundamento constitucional exige como requisito para atender
un derecho de petición de solidaridad exige como requisito certificado de libertad
y tradición, certificado de nomenclatura, ampliación de contrato de
arrendamiento, y no acepta la factura de energía y el extrajucio de tercero para
demostrar la posesión, y por ultimo digan conque fundamento exigen que el
usuario debe estar a paz y salvo , para poder presentar los recursos de ley sin
importar que la deuda es de 1998 , cuando la sentencia C-558 DEL 2001
ESTABLECE QUE NO ES OBLIGATORIO PAGAR LO QUE NO ESTA
OBJETO DE RECLAMO QUE es ovacionar?

Décimo primero que el SEÑOR SUPERINTENDENTE, me garanticen el
PRINCIPIO DE OFICIOSIDAD y se PRONUNCIE sobre todas y cada una de las
pretensiones, de esta tutela, debido que es obligación del juez constitucional
integrar debidamente el contradictorio, (…)
(…)
DECIMO SEGUNDO QUE EL SEÑOR PRESIDENTE DE COLOMBIA Y EL
SUPERINTENDENTE DE SERVCICIOS PUBLICOS DOMICLIARIOS ORDENE
AL GERENTE GENERAL DE AIR-E, LE DE CUMPLIMIENTO A LA TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN
Bogotá DC, veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). (…)
CUMPLIMIENTO A la Resolución No. 20218200163555 del 18 de mayo de
2021, que el señor Denis Martínez, Y la sentencia de tutela T-636 DEL 2006 (…)
(…)
Décimo tercero co0n que fundamento constitucional y legal la empresa me exige
los certificado de libertad y tradición y el de nomenclatura, donde esos requisito
están prohibido, y no son necesario para demostrar la posecion del inmuebles
como lo dejo claro TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN Bogotá DC, veintisiete (27) de septiembre
de dos mil veintiuno (2021) t-636/2006, así mismo de conformidad artículo 9 ,
10,77,86,93, de la ley 1437 del 2011 ley 962 del 2005 decretos 019 del 2012 y
2106 del 2019,) Resolución No. 20218200163555 del 18 de mayo de 2021,
expedida por la superservicios […]. [sic en toda la transcripción]

2.4. Comofundamento del derecho de petición citado, sostuvo que el 27 de
septiembre de 2021 había elevado un derecho de petición anterior, ante la sociedad
AIR-E S.A.S. E.S.P., en el que solicitó que le hicieran extensivos los efectos de las

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00526-00
Accionante: Helmo de Jesús Núñez Marín

sentencias de 27 de septiembre de 2021 y T-927 de 1999, providencias que tratan
temáticas tales como el «[…] rompimiento de la solidaridad […]» y la «[…]
reconexión de los servicios […]». Sin embargo, adujo que en la respuesta a dicha
petición se le negó la solicitud de «[…] rompimiento de la solidaridad […]» por no
anexar el certificado de libertad y tradición del inmueble y/o un certificado del IGAC
en el que constara la dirección y la nomenclatura del inmueble.

2.5. Señaló que el derecho de petición radicado el pasado 10 de enero de 2023,
únicamente le fue respondido por la sociedad AIR-E S.A.S. E.S.P., mediante el
oficio N° 202390078400 de 25 de enero de 2023.

2.6. Sostuvo que la respuesta brindada por la sociedad AIR-E S.A.S. E.S.P. a su
segundo derecho de petición se limitó a señalar que había operado «[…] la carencia
actual de objeto por hecho superado […]» y la «[…] cosa juzgada […]» debido a que
el derecho de petición de 10 de enero de 2023 era idéntico al radicado el 27 de
septiembre de 2021.

2.7. Indicó que lo sostenido por la sociedad accionada en la respuesta al derecho de
petición no era cierto por las siguientes razones:

[…] no existe hecho superando en este caso concreto debido que ni la empresa
de energía ni la superservicicios resolvieron de pleno y de fondo todas las
pretensiones, exigida, debido que se dedicaron fue a exigir requisito, adicionales
y no autorizado por la constitución y la ley para no darle traite al derecho de
petición debido que la empresa declaro improcedente los recursos de ley
alegando que yo presente los recursos de forma extemporánea, por ese motivo
no se puede decir hecho superado en esta petición, por todo lo anterior señor
juez no hubo hecho superado, debido que la empresa y la superservicicios no
desarrollo fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado clara,
es decir inteligible y de fácil comprensión , atendiendo los solicitado, en sus
totalidad , que no sea aislada , (su213/21 T-044/19, T-077/18 C-418 de 2017 T-
230/20 C-818/11 C-007/17 T-473/98), mi derecho de petición,, debido que tanto
la empresa como la superservicicio se dedicaron fue seguirme requisito tras
requisito no autorizado por la constitución y la ley para no darle tramite o negar
el derecho de petición del rompimiento de la solidaridad, por lo que el derecho
de petición no se materializa cuando la empresa no solo se dedica es a exigir
requisitos adicionales para poder analizar lo establecido en el artículo 130 de la
ley 142 de 1994 , ósea cuando la empresa y la superservicicio declaran
improcedente el rompimiento de la solidaridad, exigiendo requisito adicionales y
prohibido por la constitución y la ley, 142 de 1994, que es una ley de orden
público y de estricto cumplimiento […]. (sic en toda la cita)

2.8. Aseveró que las otras accionadas no habían emitido respuesta a su derecho de
petición.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00526-00
Accionante: Helmo de Jesús Núñez Marín

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] PRIMERO PRETENDO CON Esta acción de tutela como mecanismo
definitivo y excepcional PARA QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL ORDENA
AL PRESIDENTE DE COLOMBIA REASUMIR LAS COMPETENCIA,
OTORGADA A LA SUPERSERVICIOS CONFORME ARTICULO 12 DE
LALEY 489 DE 1998 DECLARADO EXEQUIBLE POR LA SENTENCIA C-727
DEL 2000 , artículos 2,4,6,13,23,29,31,40,83,84,85,86,93,189-22
208,209,210,211, 365 al 370 de la constitución ARTICULOS 75,DEN LA LEY
142 DE 1994, y de respuesta al derecho de petición , ASIMISMO EL JUEZ
CONSTITUCIONAL ORDENE AL SUPERINTENDENCIA DE SERVCICIO
PUBLICOS , A EJERCER SUS FUCIONES CONSAGARADA EN
ELARTICULO 75,79,81.82 159 DE LA LEY 142 DE 1994 Y LA SENTENCIAS
C-263 DE 1996 C-558 DEL 2001, así mismo de respuesta al derecho de
petición ,así mismo el juez ordene a la superservicios y a la empresa Afinia a
darle tramite al derecho de petición , debido que no es una petición reiterativa
ni es un hecho superado y concedas los recursos de ley y tanto la empresa
como la superservicios se abstenga de exigir requisito no autorizados POR
LA CONSTITUCION EN EL ARTICULO 84 DE LA CONSTITUCION (…)
(…)
SEGUNDO QUE el señor juez constitucional ordene al señor ,
superintendente de servicios públicos doctor Dagoberto Buitrago, manifieste
bajo la gravedad de juramento diga cuales son los fundamento
constitucionales y légale , para que exijan como requisito para conceder el
rompimiento de la solidaridad, certificado de libertad y tradición expedido por
la oficina de instrumentos públicos, y el certificado de nomenclatura exigido
por, el instituto de Agustín Codazzi , cuando este último ya no lo expide , y
nadie está obligado a lo imposibles violando la sentencias de tutelas T-636
DEL 2006 Y T-281 DEL 2012, Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN B Bogotá DC,
veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Y artículo 16, 17,19
de la ley 1755 del 2015 , articulo 9 , 10,77,86,93, de la ley 1437 del 2011 ley
962 del 2005 decretos 019 del 2012 y 2106 del 2019,) Resolución No.
20218200163555 del 18 de mayo de 2021,,expedida por la superservicios,
donde el superintendente , juro cumplir la constitución y la ley, sin que la
empresa aporte la carta catastral y el levantamiento CATASTRAL , que define
cual es la dirección del predio, además la empresa de energía no es la
entidad en cargada de manifestar cual es la dirección de predio, debido que
de conformidad con los artículos 101 al 104 de la ley n142 de 1994 es al
municipio que le corresponde realizar la estratificación, fijar las direcciones de
las vivienda , y otorgar los subsidio,

TERCERO QUE el señor juez constitucional ordene al señor ,
superintendente de servicios públicos doctor Dagoberto Buitrago, manifieste
bajo la gravedad de juramento diga cuales son los fundamento
constitucionales y légale para obligar a los usuarios que para conceder los
recursos de reposicion y apelación y de queja exige como requisito absoluto ,
el pago de la factura solidaria, y lo que no esta objetos de reclamos ,sin
importar que el usuarios se abstienen de pagarla , y la pone en reclamo , ala

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00526-00
Accionante: Helmo de Jesús Núñez Marín

súper no le importa esto o la paga , o la paga sin importar que esa factura
solidaria sea una sanción,o que ya tienen mas de 20 años hay que pagarla
por las buenas o por las mala de lo contrario declaran improcedente el
derecho de petición (…)
(…)
Cuarto que el señor juez constitucional ordene al señor presidente SEÑOR
SUPERINTENDENTE ordenen a la empresa de energía eléctrica a referirse
de cada una de las pretensiones del derecho de petición (…)
(…)
CUARTO Que el SEÑOR juez constitucional ordene a la empresa de energía
eléctrica, ADAR UNA RESUESTA de fondo , , clara, precisa y de manera
congruente con lo solicitado clara, es decir inteligible y de fácil comprensión ,
atendiendo los solicitado, en sus totalidad , que no sea aislada y resuelve
todas y cada una de las pretensiones,, concediendo los recursos de
reposición y el de apelación ante el superior jerárquico funcional que es la
superintendencia de servicios públicos domiciliarios (…)
(…)
CUARTO Que el SEÑOR juez constitucional ordene a la empresa de energía
eléctrica, ADAR UNA RESUESTA de fondo , , clara, precisa y de manera
congruente con lo solicitado clara, es decir inteligible y de fácil comprensión
(…)
QUINTO SEÑOR presidente ordene al superintendencia de servicios públicos
domicliarios y al gerente general de Afinia diga bajo la gravedad de juramento
,¡cual es la ley ,señalándola numéricamente de forma motivada , debido que
siempre contesta, que ellos solamente exigen requisito autorizado por la ley ,
pero no dicen cuál es la ley ,debido que el artículo 84 de la constitución
prohíbe exigir dicho requisito (…)
(…)
SEXTO Que el juez constitucional ordene al presidente de Colombia a
REASUMIR LAS COMPETENCIA, OTORGADA A LA SUPERSERVICIOS
CONFORME ARTICULO 12 DE LALEY 489 DE 1998 DECLARADO
EXEQUIBLE POR LA SENTENCIA C-727 DEL 2000 (…)
(…)
SÉPTIMO que el señor presidente ordene al superintendencia de servicios
publico y al al gerente general de Afinia al momento de dar respuesta a este
derecho de petición , manifieste bajo la gravedad de juramento diga cuales
son los fundamento constitucionales y légale , para que exijan como requisito
para darle tramite el proceso de rompimiento de la solidaridad como son,
certificado de libertad y tradición expedido por la oficina de instrumentos
públicos, y el certificado de nomenclatura exigido por, el instituto de Agustín
Codazzi , cuando este último ya no lo expide , además no acepta al
declaración de extrajucio y nadie está obligado a lo imposibles (…)
(…)
octavo que el SEÑOR juez constitucional ordene al gerente general de afinia
que de conformidad con la constitución y el bloque de constitucionalidad, los
principios de la función públicas, legalidad tipicidad, debido proceso
administrativo , el derecho de petición, diga con que fundamento la empresa
suspenden el servicio de energía de forma unilateral, sin ante expedir un acto
administrativo, como lo ordena el artículo 154 de la ley 142 de 1994, donde la
empresa se fundamenta con el artículo 140 de la misma ley cuando este
artículo fue declarado exequible junto con el 130 de forma acondicionada en
la sentencia c-150 del 2003 en el entendido que las empresa deberá

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00526-00
Accionante: Helmo de Jesús Núñez Marín

garantizar el debido proceso administrativo, , ósea expidiendo el acto
administrativo, garantizando la demás garantía judiciales
DECIMO SEGUNDO QUE EL SEÑOR juez constitucional ORDENE AL
GERENTE GENERAL DE AFINIA, y al superintendente de servicios públicos
LE DE CUMPLIMIENTO A LA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN Bogotá DC,
veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). (…)
CUMPLIMIENTO A la Resolución No. 20218200163555 del 18 de mayo de
2021, que el señor Denis Martínez, Y la sentencia de tutela T-636 DEL 2006
(…)
Decimo tercero , que el señor juez del conocimiento según el PRINCIPIO DE
OFICIOSIDAD, SE PRONUNCIE sobre todas y cada una de las pretensiones,
Obligación de integrar debidamente el contradictorio PRINCIPIO DE
OFICIOSIDAD (…)
(…)
DECIMO CUARTO señor juez constitucional es procedente esta acción de
tutela, debido que no existe otros mecanismos judiciales para obligar a estas
entidades para amparar el núcleo esencial del derecho de petición , además
todavía estamos en pandemia por lo que si es procedente esta acción de
tutela conforme lo ordenado por la cortes constitucional en la sentencias (…)
(…)
DECIMO QUINTO Que el juez constitucional decrete la violación del derecho
de petición por parte del presidente de Colombia doctor Gustavo petro y por el
superintendente de servcucios públicos doctor Dagoberto Quiroga, asi mismo
ordenarles a ambos que en el término no superior de dos meses realice en
Valledupar un consejo comunal con todas la comunidad usuarias , vocales de
control y asociaciones de usuarios con las presencia de las delegadas de
caqda unas de la superintendencia para que el pueblo participe expongan sus
denuncia , explique las irregularidades que vienen cometiendo por más de 20
años violando el estado social de derecho interpretando erróneamente la
sentencias C-558 DEL 2001 DEBIDO QUE PARA QUE PROCEDAN LOS
RECURSOS EXIGUEN QUE EL USUARIO SE ENCUENTRE A PAZ Y
SALVO SIN IMPORTAR QUE SE DEUDA DE 1998 (…)
(…)
DECIMO SEXTO Que el juez constitucional haga un paralelo, de las
pretensiones que solicite a la empresa de energía que resolviera , y las que
ella resolvió , para determinar que si hubo o no peticiones reiterativa para que
la empresa se abstuviera de dar respuesta nuevamente , sobre a aquellas
pretensiones que no resolvió conforme al artículo 19 numeral 2 de la ley 1755
del 2015 (…)
(…)
Decimo séptimo que el juez constitucional de conformidad con la constitución
y el bloque de constitucionalidad, los principios de la función públicas,
legalidad tipicidad, debido proceso administrativo , el derecho de petición,
diga LA SUPERSERVICIO Y LA EMPRESA DE ENRGIA con que fundamento
la empresa suspenden el servicio de energía de forma unilateral, sin ante
expedir un acto administrativo, como lo ordena el artículo 154 de la ley 142 de
1994, (…)
(…)
decimo octavo QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL CONCEDA LA PRESENTE
ACCION DE TUTELA […]. [sic en toda la cita]

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00526-00
Accionante: Helmo de Jesús Núñez Marín

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 7 de febrero de 2023, se admitió la presente acción de tutela
en contra del Presidente de la República, de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios y de la sociedad AIR-E S.A.S. E.S.P. También se
ordenó notificar al agente del Ministerio Público para lo de su competencia.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuada las notificaciones a las autoridades accionadas, se advierte
que se allegaron los siguientes informes:

5.1. LaSuperintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a través de
apoderada judicial, rindió informe en el que solicitó que se declarara improcedente
la presente acción de amparo por las siguientes razones:

[…] La superintendencia revisó en el Sistema de Gestión Documental Cronos
y no encontró recibida la supuesta petición.

Sumado a lo anterior, con el escrito obrante del traslado, la aquí parte
accionante HELMO DE JESUS NUÑEZ MARIN no demostró lo que les
correspondía, esto es, los números de radicado aportados a su supuesta
solicitud ante la superintendencia.

La parte accionante no hizo entrega a la superintendencia de lo que ahora
pretende hacer creer al señor
Consejero que este organismo no le ha atendido.

Respetado señor juez, la superintendencia no puede pronunciarse de un
derecho de petición que no le ha sido entregado y que la hoy parte accionante
tampoco demuestra haberlo hecho, pues reitero, en cada caso y por
cualquiera de las vías disponibles por la superintendencia para atender los
escritos por los ciudadanos, este organismo hace entrega de un número de
radicado que en este caso no se aportó al memorando introductorio de la
acción de tutela […].

5.2. El Presidente de la República, a través de apoderada judicial, rindió informe
en el que indicó que una vez revisados los sistemas de información de dicha
entidad se evidenciaba que no obraba ningún derecho de petición radicado por el
accionante. Asimismo, aportó copia del certificado CERT23-000648 / GFPU
13081012 de 13 de febrero de 2023, en el cual se consigna lo siguiente: «[…] [e]l
Grupo de Correspondencia de la Presidencia de la República, certifica que una
vez consultada la base de datos de radicación de documentos de origen externo
ESCRIBE, a la fecha, NO se encontró registrada comunicación alguna a nombre
del señor HERLMO DE JESÚS NÚÑEZ MARÍN […]».

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00526-00
Accionante: Helmo de Jesús Núñez Marín

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, en virtud de lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 20212 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20183 y
con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

VI.2. Problemas jurídicos

7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer: si las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados por el accionante, con ocasión de la supuesta falta de respuesta al
derecho de petición elevado el 10 de enero de 2023.

8. Con el fin de resolver tal interrogante, resulta pertinente pronunciarse de manera
previa sobre: i) el contenido y alcance del derecho de petición; para
posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.3. El contenido y alcance del derecho fundamental de petición

9. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución Política, todas las
personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por
motivos de interés general o particular y a obtener de ellas pronta resolución.

10. Se trata de un derecho fundamental de toda persona cuya garantía se
considera satisfecha cuando, presentada la solicitud, el peticionario obtiene una
contestación que cumple con las características de ser oportuna, clara,
congruente, efectiva, eficazmente notificada; todas ellas suficientemente
reiteradas y explicadas por la jurisprudencia constitucional4.

1 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
2 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único

Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”
4
Sentencia de 2 de mayo de 2012 y sentencia T-377 de 20000 que fijan el alcance del derecho de petición y
las condiciones en que se debe darle contestación. Las principales características del derecho y otras
subreglas que lo informan se advierte en las sentencias T-578 de 1992, T-567 de 1992, T-382 de 1993, T-572
de 1994, T-113 de 1995, T-275 de 1995, T-474 de 1995, T-472 de 1996, T-312 de 1999, T-415 de 1999; T-
1889 de 2001; T-1160 de 2001, T-306 de 2002, T-1100 de 2006, T-108 de 2006, T-147 de 2006, T-442 de
2006, T-431 de 2007, entre otras.

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Accionante: Helmo de Jesús Núñez Marín

11. En síntesis, la respuesta debe versar sobre lo preguntado, sin evasivas ni
subterfugios y precisando lo que el peticionario desea; debe ser clara a fin de que
el solicitante entienda los argumentos de la autoridad independientemente de que
los comparta o no; debe mantener coherencia con lo solicitado; además de
ser proferida dentro de la oportunidad fijada por la ley para ello, y ser
notificada de manera eficaz para su debida materialización.

VI.4. Caso concreto

12. El ciudadano Helmo de Jesús Núñez Marín solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales de «[…] derecho de petición, [al acceso a] la administración de
justicias, a una tutela judicial efectiva, a la dignidad humana, a la salud, a la vida,
a la educación, a una vivienda digna, al debido proceso administrativo, (…) a la
defensa, contradicción, a la doble instancia, [a la] igualdad, [a la] legalidad, [a la]
[a la] tipicidad, [a la] buena fe, [a la] confianza legítima, y [al] acto propio, a un
servicio esencial de energía, a la dignidad humana […]», cuya vulneración le
atribuyó a la presunta omisión del Presidente de la República, de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y de la sociedad Air-E
S.A.S. E.S.P. de brindar una respuesta de fondo a las solicitudes elevadas a
través del derecho de petición de 10 de enero de 2023.

13. Teniendo en cuenta las facultades y deberes del juez de tutela relacionados
con interpretar el objeto y la causa petendi del escrito de amparo5, la Sala estima
necesario hacer las siguientes precisiones:

13.1. En cuanto al objeto de la presente acción constitucional, se tiene que el señor
Núñez Marín afirma haber radicado un derecho de petición el pasado 10 de enero
de 2023 ante las accionadas y aduce que no recibió respuesta por parte de la
Presidencia de la República y de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios. Adicionalmente, respecto de la sociedad AIR-E S.A.S. E.S.P., indicó

5 Sobre la aplicación del principio iura novit curia en materia de acciones de tutela, la Corte Constitucional en

el Auto de A070 de 13 de febrero de 2019 señaló: «[…] El principio iura novit curia, significa que “el juez
conoce el derecho”, es por ello que la Corte Constitucional en diferentes providencias señaló que: le
corresponde a los jueces de tutela “discernir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho
vigente, calificando autónomamente la realidad del hecho y subsumiéndolo en las normas jurídicas
que lo rigen”.
Este mandato, de acuerdo con la Sentencia T-146 de 2010, es general y continuo; no requiere ser
solicitado por las personas; debe atender a las condiciones materiales de cada caso; y se cualifica
tratándose de sujetos de especial protección constitucional (como lo son las víctimas del conflicto
armado).
Es decir, que los jueces deben asumir una actitud más oficiosa y activa, y no ceñirse al tenor literal de
las peticiones puestas a su consideración. Por el contrario, tiene el deber de interpretar las
pretensiones de las partes y, según corresponda, “aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en
una causa, aún cuando las partes no las invoquen expresamente” […]».

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Accionante: Helmo de Jesús Núñez Marín

que pese a emitir una respuesta, esta no satisfacía el núcleo esencial del derecho
de petición porque no respondía todas las solicitudes elevadas.

13.2. En cuanto a las pretensiones de esta acción constitucional, se pone de relieve
que la parte actora elevó dieciocho pretensiones6, pero se infiere, dada la
ambigüedad de estas, que lo que se busca a través de esta acción constitucional es
que se proteja el derecho fundamental presuntamente vulnerando por las
accionadas y, en consecuencia, se les ordene emitir una respuesta de fondo a sus
peticiones.

13.3. Adicionalmente, solicita la parte actora que se impartan las siguientes órdenes:
(i) que se le ordene al Presidente de la República intervenir la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios y asumir las funciones de esta entidad7; (ii) que se
le ordene al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y al gerente de
la sociedad AIR-E S.A.S. E.S.P., manifestar bajo la gravedad de juramento cuál es
el fundamento constitucional y/o legal para que exija allegar el certificado de libertad
y tradición a las personas que efectúan reclamaciones de «[…] ruptura de
solidaridad […]»8; (iii) que se le ordene a la sociedad AIR-E S.A.S. E.S.P. emitir una
respuesta de fondo que sea «[…] inteligible y de fácil comprensión , atendiendo los
solicitado, en sus totalidad , que no sea aislada y resuelve todas y cada una de las
pretensiones,, concediendo los recursos de reposición y el de apelación ante el
superior jerárquico funcional que es la superintendencia de servicios públicos
domiciliarios […]9» [sic en toda la cita]; (iv) que se le ordene al gerente de la sociedad
AIR-E S.A.S. E.S.P., responder «[…] con que fundamento la empresa suspenden el
servicio de energía de forma unilateral, sin ante expedir un acto administrativo
[…]10» [sic en toda la cita]; (v) que se le ordene al Superintendente de Servicios
Públicos Domiciliarios y al gerente de AIR-E S.A.S. E.S.P. hacer extensivos los
efectos de las sentencias de 27 de septiembre de 2021 y T – 636 de 2006 al caso
de autos11, y (vi) que se le ordene al Presidente de la República y al
Superintendente de Servicios Públicos realizar un consejo comunal en el municipio
de Valledupar.

14. Precisado lo anterior, procede la Sala al análisis de la supuesta vulneración del
derecho fundamental de petición de la parte actora y posteriormente se estudiarán
las demás pretensiones.

6 Ver el acápite II de esta providencia, en el cual se encuentran transcritas las pretensiones elevadas en esta

acción constitucional.
7 Pretensión primera, sexta.
8 Pretensión segunda, tercera, quinta y séptima.
9 Pretensión cuarta.
10 Pretensión octava y decimoséptima.
11 Pretensión decimosegunda.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00526-00
Accionante: Helmo de Jesús Núñez Marín

VI.4.1. Análisis del caso concreto

15. En esta ocasión la parte actora solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales de petición, al acceso a la administración de justicia, a la salud, a
la vida a la educación, a la vivienda digna, a la dignidad humana, al debido
proceso, a la defensa, a la igualdad y a la confianza legítima, los cuales estimó
vulnerados por la omisión de las accionadas de responder en forma concreta a
cada una de las solicitudes que elevó a través del derecho de petición de 10 de
enero de 2023.

VI.4.1.1. De la presunta vulneración del derecho fundamental de petición de
la accionante

16. En este punto, la Sala considera que frente a este aspecto de la discusión se
encuentran acreditados los requisitos de procedencia de la acción de tutela, en
tanto que: (i) el señor Helmo de Jesús Núñez Marín está legitimado en la causa
por activa; (ii) la acción de amparo fue promovida dentro de un término razonable,
y (iii) la actora no cuenta con otro medio judicial expedito y eficaz que garantice la
protección de su derecho fundamental de petición.

17. Sea lo primero señalar que a la presente acción de amparo no se allegó copia
del presunto derecho de petición radicado por el accionante ante el Presidente
de la República, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la
sociedad Air-E S.A.S. E.S.P.

18. En este punto, debe precisar la Sala que junto al escrito de amparo únicamente
se allegó la copia de un un correo electrónico remitido el pasado 10 de enero de
2023 a las siguientes direcciones: notificacionesjudiciales@superservicios.gov.co,
notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co, notificaciones.judiciales@air-e.com,
dtnorte@superservicios.gov.co. Cabe señalar que en el referido mensaje de datos no
se puede evidenciar que el actor hubiese adjuntado un derecho de petición y en el
contenido del aludido correo electrónico tampoco se consignaron peticiones o
solicitudes; tal como se puede evidenciar del documento aludido:

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00526-00
Accionante: Helmo de Jesús Núñez Marín

19. En ese orden de ideas, aunque el actor afirma haber radicado una petición ante
las accionadas, lo cierto es que no existe ningún medio de convicción a través del
cual se pueda constatar que, en efecto, el señor Helmo de Jesús Núñez Marín
radicó unas solicitudes concretas ante las accionadas el pasado 10 de enero de
2023.

20. Adicionalmente,destaca la Sala que tanto la Presidencia de la República
como la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a través de los
informes radicados, manifestaron que en sus bases de datos no se evidenciaba
que la parte actora hubiese radicado un derecho de petición ante las aludidas
entidades.

21. En este punto, la Sala estima pertinente traer a colación lo sostenido por esta
Sección en la sentencia de 15 de diciembre de 202112, en la que se señaló lo
siguiente:

[…] 24. Ahora bien, la Procuraduría General de la Nación informa que no
tiene conocimiento que la aquí actora haya presentado peticiones y que,
además, no pudo verificar dicha información porque el sistema de gestión
documental de la entidad porque presentaba fallas técnicas.

25. Por su parte, la Presidencia de la República resaltó que la actora no ha
presentado ninguna petición y, como sustento de su manifestación, aportó la
certificación CERT21-002736 / IDM 13081012 de 25 de noviembre de 2021
en la que el Grupo de Correspondencia de la entidad.
(…)
26. En este contexto, debe resaltarse, que pese a que en el escrito petitorio
de amparo la accionante anuncia que acompaña como prueba el pdf de los
escritos por medio del cual presentó los derechos de petición ante las
entidades tuteladas, tal anexo nunca se allegó.

12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 15 de diciembre

de 2021. Exp. N° 11001-03-15-000-2021-08603-00. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Accionante: Helmo de Jesús Núñez Marín

27. En ese orden de ideas, se observa que en el presente asunto la
accionante no acreditó la presentación de las peticiones a las que se
refiere en el escrito de amparo.

28. Así las cosas, y ante la ausencia de prueba a partir del cual se
advierta que la accionante efectivamente radicó los derechos de petición
ante las autoridades demandadas, para la Sala es claro que incumplió
con su deber de acreditar, de forma sumaria, la supuesta vulneración de
sus garantías fundamentales […].

22. En conclusión, y comoquiera que no es posible verificar que, en efecto,
mediante el correo electrónico de 10 de enero de 2023 el señor Helmo de Jesús
Núñez Marín radicó una petición ante el Presidente de la República, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la sociedad Air-E
S.A.S. E.S.P., la Sala debe negar la solicitud de protección del derecho
fundamenta de petición, al no advertirse la afectación de la garantía constitucional
aludida.

VI.4.1.2. De las otras pretensiones elevadas en el presente escrito de amparo

23. Como se señaló con anterioridad, el señor Helmo de Jesús Núñez Marín
solicitó, además de la protección de su derecho de petición, que esta Sección
emitiera las siguientes órdenes: (i) que se ordene al Presidente de la República
intervenir la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y asumir las
funciones de esta entidad; (ii) que se ordene al Presidente de la República y al
Superintendente de Servicios Públicos realizar un consejo comunal en el municipio
de Valledupar; (iii) que se ordene al Superintendente de Servicios Públicos
Domiciliarios y al gerente de la sociedad AIR-E S.A.S. E.S.P., manifestar bajo la
gravedad de juramento cuál es el fundamento constitucional y/o legal para que exija
allegar el certificado de libertad y tradición de las personas que efectúan
reclamaciones de «[…] ruptura de solidaridad […]»13; y (iv) que se ordene al
Superintendente de Servicios Públicos y al gerente general de AIR-E S.A.S. E.S.P.
hacer extensivos los efectos de las sentencias de 27 de septiembre de 2021 y T –
636 de 2006 al caso de autos14.

24. Las peticiones referidas son incongruentes con los supuestos fácticos de la
presente acción de amparo que en esta ocasión estuvieron asociados a verificar
si las accionadas habían vulnerado el derecho de petición de la parte actora. Es
por esta razón que la Sala las negará ya que las mismas son incongruentes con el
objeto de la controversia.

13 Pretensión segunda, tercera, quinta y séptima.
14 Pretensión decimosegunda.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00526-00
Accionante: Helmo de Jesús Núñez Marín

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la presente acción de amparo, de
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley No. 2591 del 19 de noviembre
de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada la presente sentencia, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con el Decreto
Ley No. 2591 del 19 de noviembre de 1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley. P (15)

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