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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00531-00

Fecha
16 de marzo de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00531-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación del presidente de la República, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y del Juzgado Tercero (3º) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del accionante. 28 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Ubida Rivera Bruges Demandados: Presidente de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2023-00531-00 TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que, en el término de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, notifique al señor Ubida Rivera Bruges, el contenido de los oficios Nos. 20238600640231 y 20238600640301 de 13 febrero de 2023, a la dirección electrónica suministrada por él en su petición de 13 de enero de 2023. CUARTO: ORDENAR a Afinia Grupo EPM - empresa de servicios públicos Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. que, en el término de cuarenta y ocho horas (48) contadas a partir de la notificación de esta providencia, se pronuncie respecto de la petición de 13 de enero de 2023 formulada por el señor Ubida Rivera Bruges. QUINTO: NEGAR la solicitud de amparo en contra del presidente de la República. SEXTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. SÉPTIMO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00531-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

16 de marzo de 2023

Demandante: Ubida Rivera Bruges
Demandados: Presidente de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00531-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00531-00
Demandante: UBIDA RIVERA BRUGES
Demandados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Temas: Tutela de fondo – derecho fundamental de petición1.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por el señor Ubida Rivera
Bruges, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y, en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El señor Ubida Rivera Bruges, en nombre propio, instauró acción de tutela2 contra
el presidente de la República, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios y la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica Afinia
Grupo EPM - Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. con el fin de obtener el amparo
de sus derechos fundamentales de «petición, la administración de justicia, a una
tutela judicial efectiva, a la dignidad humana, a la salud, a la vida, a la educación,
a una vivienda digna, al debido proceso administrativo, derecho a la defensa,
contradicción, a la doble instancia igualdad legalidad tipicidad, buena fe confianza
legítima, y acto propio, a un servicio esencial de energía, a la dignidad humana».

Dichas garantías las estimó vulneradas con ocasión de la omisión de las
accionadas en resolver de fondo la petición que presentó el 13 de enero de 2023,
para que se ordenara al gerente general de Afinia que se pronuncie nuevamente
sobre su solicitud de ruptura de solidaridad en el pago de una deuda de energía.

1 Se reitera posición de la Sala sobre la materia en sentencias de 2 de marzo de 2023, dictadas en

los procesos 11001-03-15-000-2023-00494-00 y 11001-03-15-000-2023-00598-00, M.P. Carlos
Enrique Moreno Rubio; y de 9 de marzo de 2023, en el expediente 11001-03-15-000-2023-00538-
00, M.P. Rocío Araújo Oñate.
2 Con escrito radicado el 3 de febrero de 2023, a través del buzón electrónico
tutelaenlinea3@deaj.ramajudicial.gov.co y remitido en la misma fecha al correo de la Secretaría
General del Consejo de Estado.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ubida Rivera Bruges
Demandados: Presidente de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00531-00

1.2. Pretensiones

Las pretensiones de la solicitud de amparo son las siguientes:

PRIMERO PRETENDO CON Esta acción de tutela como mecanismo definitivo y
excepcional PARA QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL ORDENA AL PRESIDENTE
DE COLOMBIA REASUMIR LAS COMPETENCIA, OTORGADA A LA
SUPERSERVICIOS [...] y de respuesta al derecho de petición , ASIMISMO EL
JUEZ CONSTITUCIONAL ORDENE AL SUPERINTENDENCIA DE SERVCICIO
PUBLICOS , A EJERCER SUS FUCIONES CONSAGARADA EN ELARTICULO
75,79,81.82 159 DE LA LEY 142 DE 1994 Y LA SENTENCIAS C-263 DE 1996 C-
558 DEL 2001, así mismo de respuesta al derecho de petición, así mismo el juez
ordene a la superservicios y a la empresa Afinia a darle tramite al derecho de
petición , debido que no es una petición reiterativa ni es un hecho superado y
concedas los recursos de ley y tanto la empresa como la superservicios se
abstenga de exigir requisito no autorizados POR LA CONSTITUCION [...] para que
el juez constitucional, ordene al presidente de Colombia y al superintendente de
servicios públicos ejerzan sus funciones, obligando al doctor Javier lastras gerente
de la empresa Afinia de la costa adarle tramite nuevamente al núcleo esencial del
derecho de petición, resolviéndolos de fondo , clara, precisa y de manera
congruente con lo solicitado clara, [...]

SEGUNDO QUE el señor juez constitucional ordene al señor, superintendente de
servicios públicos doctor Dagoberto Buitrago, manifieste bajo la gravedad de
juramento diga cuales son los fundamento constitucionales y légale, para que exijan
como requisito para conceder el rompimiento de la solidaridad, certificado de
libertad y tradición expedido por la oficina de instrumentos públicos, y el certificado
de nomenclatura exigido por, el instituto de Agustín Codazzi, [...]

TERCERO QUE el señor juez constitucional ordene al señor, superintendente de
servicios públicos doctor Dagoberto Buitrago, manifieste bajo la gravedad de
juramento diga cuales son los fundamento constitucionales y légale para obligar a
los usuarios que para conceder los recursos de reposicion y apelación y de queja
exige como requisito absoluto, el pago de la factura solidaria, [...]

Cuarto que el señor juez constitucional ordene al señor presidente SEÑOR
SUPERINTENDENTE ordenen a la empresa de energía eléctrica a referirse de
cada una de las pretensiones del derecho de petición [...]

CUARTO Que el SEÑOR juez constitucional ordene a la empresa de energía
eléctrica, ADAR UNA RESUESTA de fondo, , clara, precisa y de manera
congruente con lo solicitado clara, [...] concediendo los recursos de reposición y el
de apelación ante el superior jerárquico funcional que es la superintendencia de
servicios públicos domiciliarios, que es el control de autotutela que se ve
complementado con la revisión superior encomendada a la Superintendencia de
Servicios Públicos para la culminación de la vía gubernativa. [...]

QUINTO SEÑOR presidente ordene al superintendencia de servicios públicos
domicliarios y al gerente general de Afinia diga bajo la gravedad de juramento, cual
es la ley, señalándola numéricamente de forma motivada [...]

SEXTO Que el juez constitucional ordene al presidente de Colombia a REASUMIR
LAS COMPETENCIA, OTORGADA A LA SUPERSERVICIOS [...] y de respuesta al
derecho de petición , ASIMISMO EL JUEZ CONSTITUCIONAL ORDENE AL
SUPERINTENDENCIA DE SERVCICIO PUBLICOS , A EJERCER SUS FUCIONES
CONSAGARADA EN ELARTICULO 75,79,81.82 159 DE LA LEY 142 DE 1994 Y
LA SENTENCIAS C-263 DE 1996 C-558 DEL 2001, así mismo de respuesta al
derecho de petición ,así mismo el juez ordene a la superservicios y a la empresa
Afinia a darle tramite al derecho de petición , debido que no es una petición
reiterativa ni es un hecho superado y concedas los recursos de ley y tanto la
empresa como la superservicios se abstenga de exigir requisito no autorizados
POR LA CONSTITUCION EN EL ARTICULO 84 DE LA CONSTITUCION [...]

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ubida Rivera Bruges
Demandados: Presidente de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00531-00

SÉPTIMO que el señor presidente ordene al superintendencia de servicios publico y
al al gerente general de Afinia al momento de dar respuesta a este derecho de
petición , manifieste bajo la gravedad de juramento diga cuales son los fundamento
constitucionales y légale , para que exijan como requisito para darle tramite el
proceso de rompimiento de la solidaridad como son, certificado de libertad y
tradición expedido por la oficina de instrumentos públicos, y el certificado de
nomenclatura exigido por, el instituto de Agustín Codazzi , cuando este último ya no
lo expide [...]

octavo que el SEÑOR juez constitucional ordene al gerente general de afinia que de
conformidad con la constitución y el bloque de constitucionalidad, los principios de
la función públicas, legalidad tipicidad, debido proceso administrativo , el derecho
de petición, diga con que fundamento la empresa suspenden el servicio de energía
de forma unilateral, sin ante expedir un acto administrativo, como lo ordena el
artículo 154 de la ley 142 de 1994, [...]

DECIMO SEGUNDO QUE EL SEÑOR juez constitucional ORDENE AL GERENTE
GENERAL DE AFINA, y al superintendente de servicios públicos LE DE
CUMPLIMIENTO A LA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN Bogotá DC, veintisiete (27) de septiembre de
dos mil veintiuno (2021). [...] Y LE DE TRAMITE AL a los derecho de petición de
solidaridad, sin exigir requisito adicionales para demostrar la propiedad del
inmuebles, teniendo en cuenta la facturad de energía, y la declaración de extra
juicio, de igual forma que se abstenga de seguir declarando improcedente los
derechos de petición alegando que la dirección de la factura de energía no es la
misma que a perecer en los certificado [...]

Decimo tercero, que el señor juez del conocimiento según el PRINCIPIO DE
OFICIOSIDAD, SE PRONUNCIE sobre todas y cada una de las pretensiones, [...]

DECIMO CUARTO señor juez constitucional es procedente esta acción de tutela,
debido que no existe otros mecanismos judiciales para obligar a estas entidades
para amparar el núcleo esencial del derecho de petición [...]

DECIMO QUINTO Que el juez constitucional decrete la violación del derecho de
petición por parte del presidente de Colombia doctor Gustavo petro y por el
superintendente de servcucios públicos doctor Dagoberto Quiroga, asi mismo
ordenarles a ambos que en el término no superior de dos meses realice en
Valledupar un consejo comunal con todas la comunidad usuarias , vocales de
control y asociaciones de usuarios con las presencia de las delegadas de caqda
unas de la superintendencia para que el pueblo participe expongan sus denuncia,
[...]

DECIMO SEXTO Que el juez constitucional haga un paralelo, de las pretensiones
que solicite a la empresa de energía que resolviera, y las que ella resolvió, para
determinar que si hubo o no peticiones reiterativa para que la empresa se
abstuviera de dar respuesta nuevamente , sobre a aquellas pretensiones que no
resolvió [...]

Decimo séptimo que el juez constitucional de conformidad con la constitución y el
bloque de constitucionalidad, los principios de la función públicas, legalidad
tipicidad, debido proceso administrativo, el derecho de petición, diga LA
SUPERSERVICIO Y LA EMPRESA DE ENRGIA con que fundamento la empresa
suspenden el servicio de energía de forma unilateral, sin ante expedir un acto
administrativo, como lo ordena el artículo 154 de la ley 142 de 1994, [...]

decimo octavo QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL CONCEDA LA PRESENTE
ACCION DE TUTELA , COMO LO ORDENO LA CORTES CONSTITUCIONAL [...]
y se garanticen MIS DERECHOS FUNDAMENTALES Al núcleo esencial del
derecho de petición , la administración de justicias, a una tutela judicial efectiva, a la
dignidad humana, a la salud, a la vida, a la educación, a una vivienda digna, al
debido proceso administrativo, derecho a la defensa, contradicción, a la doble
instancia igualdad legalidad tipicidad, buena fe confianza legítima, y acto propio, a
un servicio esencial de energía, a la dignidad humana , y a los precedente de la

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Ubida Rivera Bruges
Demandados: Presidente de la República y otros
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cortes constitucional que han reiterado que si es procedente la acción de tutela
contra las empresas de servicios públicos domiciliarios y contra la superintendencia,
para proteger los derechos de los usuarios de los servicios públicos.3

1.3. Hechos

La parte actora fundamentó su escrito de tutela en los siguientes4:

Señaló que arrendó su inmueble ubicado en la Calle 52 # 31-92, en el barrio
Carmelo de Valledupar (Cesar) a la señora Johana Costa Borda, quien lo
abandonó y le dejó una deuda con la empresa de energía por más de $1.200.000.

Adujo que, en calidad de propietario del inmueble, así como el titular del contrato
de condiciones uniformes, radicó una petición ante el gerente general de Afinia
Grupo EPM - Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., con el fin que se declarara el
rompimiento de la solidaridad de la deuda de energía, de conformidad con los
artículos 23 de la Constitución Política y 128, 129, 130 y 152 de la Ley 142 de
1994.

Indicó que Afinia Grupo EPM - Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. resolvió su
solicitud a través de los oficios con radicados No. 202270538465 y
RE3111202204468 de 22 de noviembre de 2022. En esos actos se le explicó que
el 6 de agosto de 2020 ya se había presentado un escrito con el que pretendió el
rompimiento de la solidaridad desde el 8 de enero de 2015 hasta el 6 de agosto de
2020, y que este fue contestado con consecutivo No. 202030551123 de 19 de
agosto de 2020, en el cual se le indicó que no se accedería a su pretensión,
comoquiera que no existían 3 facturas consecutivas sin cancelar, sino tan solo 1
por valor de $910.940, correspondiente a los meses de junio y julio de 2020.

Además, comentó que la accionada le explicó lo siguiente:

En consecuencia, el día 02 de septiembre de 2020 fueron presentados los
respectivos recursos de ley, por lo que, mediante el consecutivo no. 202030605549
del 09 de septiembre de 2020, se decidió confirmar la decisión inicial, ya que, como
propietario ha dejado de hacer efectivo el contrato de arriendo y consintió la deuda
dejada por el inquilino. Le reiteramos que la empresa cumplió con su obligación de
suspender el servicio. Así las cosas, la empresa procedió con el envío del
expediente de su caso a la Superintentendecia (sic) de Servicios Públicos
Domiciliarios, por lo que, el ente de control decidió confirmar la decisión de la
empresa, esto mediante la resolución No. 20208200439175 del 14 de diciembre de
2020, por lo tanto, la compañía cumplió con lo ordenado. Ahora bien, en la presente
reclamación solicita rompimiento de solidaridad desde el 08 de enero de 2015 hasta
el 05 de agosto del 2020, lo cual, no es posible, toda vez que, parte del presente
periodo reclamado ya fue objeto de estudio en el radicado RE3111202001137. Lo
anterior debido a que no es posible que existan dos contratos de arrendamientos
simultáneos en el mismo predio, lo cual, desvirtúa que, el contrato de
arrendamiento aportado en la presente reclamación haya iniciado en el año 2015.
Teniendo en cuenta lo antes expuesto, le confirmamos que no es procedente
referirnos de nuevo a estos puntos, como quiera que la compañía ya se pronunció
al respecto, concediendo en su momento los respectivos recursos de ley; asimismo
no es posible que exista dos contratos de arrendamientos simultáneos en el mismo
predio”.

3 Trascripción literal del original con posibles errores.
4 Para la Sala es importante precisar que estos hechos fueron extraídos del escrito de tutela
radicado por el actor.

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Puso de presente que en la citada respuesta Afinia Grupo EPM - Caribemar de la
Costa S.A.S. E.S.P. le aclaró que los únicos requisitos para dar trámite a
solicitudes de rompimiento de solidaridad eran el contrato de arrendamiento y el
certificado de libertad y tradición vigente (no mayor a 90 días). Asimismo, se le
indicó que si la dirección del citado certificado era distinta a la de la factura, se
debía anexar el certificado de nomenclatura expedido por el Instituto de Agustín
Codazzi, que reportara el número de matrícula del predio y la dirección.

Alegó que interpuso recursos contra la anterior decisión, pero que tanto la entidad
prestadora del servicio de energía como la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios5 los rechazaron por extemporáneos.

Explicó que el 13 de enero de 2023 presentó una petición ante las autoridades
accionadas, con el propósito de que el presidente de la República y la
Superintendencia de Servicios Públicos, en calidad de superiores jerárquicos del
gerente general de Afinia Grupo EPM - Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., le
ordenaran a este último que tramitara nuevamente su petición de rompimiento de
solidaridad, toda vez que no fue resuelta de fondo y, además, para que se
concediera el recurso de apelación ante el superior. No obstante, alegó que, a la
fecha de presentación de esta acción constitucional las mencionadas autoridades
no han resuelto su solicitud.

1.4. Fundamentos de la solicitud

El tutelante consideró que las autoridades accionadas vulneraron sus derechos
fundamentales, toda vez que omitieron resolver de fondo la petición que radicó
con el fin de que se le ordenara al gerente general de Afinia Grupo EPM -
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. que se pronuncie nuevamente sobre su
solicitud de ruptura de solidaridad en el pago de la deuda de energía.

En primer lugar, destacó que el gerente general de Afinia Grupo EPM - Caribemar
de la Costa S.A.S. E.S.P. en sus respuestas le indicó que había un hecho
superado, figura que a su juicio no se aplica en el caso concreto, puesto que la
empresa solo le exigió unos requisitos que no están dispuestos ni en la
Constitución ni en la Ley y rechazó por extemporáneos sus recursos, pero no
resolvió de fondo sus pretensiones.

En ese sentido, alegó que la empresa de energía violó los principios de legalidad y
de la función pública, así como el derecho al debido proceso administrativo, al
contrariar los artículos 26 y 84 de la Ley 1755 de 2015 y 9° de la Ley 1347 de
2011, y desconocer lo dispuesto en la sentencia de 27 de septiembre de 20216,
dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección “B”.

5 El actor refirió que esta decisión fue tomada mediante Resolución No 20218200090135 de 08 de

abril del 2021.
6 Providencia proferida en segunda instancia en el marco de la acción de tutela identificada con el

radicado número 11001-33-34-003-2021-00234-01, que presentó el señor Denis Enrique Martínez
Martínez contra la Superintendencia de Servicios Públicos y la empresa de Servicios Públicos AIR-
E. El proceso correspondió en primera instancia al Juzgado Tercero (3º) Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá.

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Manifestó que no resultaba aceptable que la empresa accionada le diga que no
puede referirse a los mismos hechos analizados en la petición inicial, debido que
en los artículos 16, 17 y 19 de la Ley 1755 del 2015 se establecen los requisitos
para poder presentar una petición y ello lo faculta para radicarla nuevamente y
obliga a la entidad a efectuar otro pronunciamiento de fondo.

Comentó que, en virtud de los artículos 133.8 y 133.9 de la Ley 142 de 1994,
existe un abuso de la posición dominante por parte de la empresa de servicios
públicos al exigir requisitos adicionales para conceder el rompimiento de la
solidaridad, tales como el certificado de libertad y tradición expedido por la oficina
de instrumentos públicos y el certificado de nomenclatura exigido por el Instituto
Agustín Codazzi, sin mencionarle cuáles son los fundamentos constitucionales y
legales que permiten pedirle tales exigencias.

1.5. Trámite de la acción

1.5.1. Con auto de 8 de febrero de 2023 se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar a la parte actora, al presidente de la República, a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios y a la empresa Afinia Grupo EPM - Caribemar de
la Costa S.A.S. E.S.P.

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2951
de 1991, se vinculó como terceros con interés al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, al Juzgado Tercero (3º)
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, a la empresa de Servicios Públicos
AIR-E y al señor Denis Enrique Martínez Martínez7.

De igual forma se hicieron los siguientes requerimientos:

• A la parte actora para que aportara: i) copia digital de las actuaciones que
realizó ante el presidente de la República; ii) copia de la resolución de la
empresa Afinia Grupo EPM que resolvió su solicitud de rompimiento de la
solidaridad en primera instancia, así como de la decisión que rechazó por
extemporáneo el recurso de apelación; y (iii) las demás pruebas que
pretenda hacer valer en este trámite constitucional.
• A las autoridades accionadas para que aportaran las copias de los actos
administrativos a través de los cuales hayan resuelto las múltiples
peticiones radicadas por el actor, junto con su correspondiente constancia
de notificación o comunicación al interesado.
• A las secretarías del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección “B” y del Juzgado Tercero (3º) Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, para que remitieran de manera inmediata copia
digital del expediente de la acción de tutela identificada con el radicado
número 11001-33-34-003-2021-00234-01.

7 A estos sujetos procesales se les vinculó comoquiera que el actor mencionó múltiples veces la

sentencia de 27 de septiembre de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección “B”, en la acción de tutela identificada con el radicado número 11001-
33-34-003-2021-00234-01.

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Por último, se ordenó a la Oficina de Sistemas de la Corporación realizar una
publicación de la información relativa a esta acción de tutela, en la página web del
Consejo de Estado.

1.5.2. Ahora bien, la empresa de energía Air-e S.A.S. E.S.P. en su escrito de
contestación informó que «por hechos similares ya ha presentado el usuario otra
acción de tutela que cursó en el JUZGADO 50 PENAL DEL CIRCUITO DE
BOGOTÁ (Anexo # 6), en la cual se denegó el amparo (Anexo # 7), razón por la
cual solicitamos que se revise si la accionante incurrió en temeridad».

Con ocasión a lo anterior, de manera oficiosa el despacho revisó la página web de
Consulta de Procesos Nacional Unificada de la Rama Judicial y advirtió que, en el
último año, el actor había presentado otras acciones de tutela contra las mismas
autoridades aquí accionadas. Por lo tanto, a través de providencia de 27 de
febrero de 2023, requirió a los siguientes juzgados para que allegaran copia digital
de los expedientes de tutela que se transcriben a continuación:

Juzgado Expediente
Juzgado 12 Municipal de Pequeñas Causas 11001410501220220050100
Laborales de Bogotá
Juzgado 2° Administrativo del Circuito Judicial de 20001333300220220039700
Valledupar
Juzgado 1° Penal Municipal del Circuito Judicial 20001408800120220011800
de Valledupar
Juzgado 3° Penal Municipal con Función de 20001408800320220006600
Control de Garantías de Valledupar
Juzgado 50 Penal del Circuito Judicial de Bogotá 11001310405020220019600

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron los siguientes informes:

1.6.1. Caribemar de la Costa S.A.S.

La apoderada de Caribemar de la Costa S.A.S. solicitó declarar la improcedencia
de la acción de tutela o, en su defecto, negar las pretensiones del actor. Así
mismo, pidió vincular al presente trámite a la empresa CaribeSol de la Costa
S.A.S. E.S.P.8

Al respecto, precisó que una vez revisado en el sistema de información comercial
de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P, se evidenció que: (i) el NIC 5606655 es
inexistente; (ii) la dirección aportada por el actor (calle 52 # 31- 92 Don Carmelo
de Valledupar) no corresponde con el mencionado NIC; (iii) los comunicados nros.
202270538465 y 202270538465 que fueron aportados por la parte actora, no
tienen alguna relación con los hechos narrados en el escrito de la tutela, pues
corresponden a un suministro de NIC, dirección y suscriptor diferente.

8 Al respecto, es preciso indicar que la empresa de energía AIR-E S.A.S. E.S.P. fue vinculada
mediante auto de 8 de febrero de 2023. Inicialmente la sociedad fue constituida como Caribesol de
la Costa S.A.S. ESP, pero a través de la reforma del 1° de octubre de 2020, se cambió su razón
social a AIR - E S.A.S. E.S.P., según se observa en certificado de existencia y representación legal
de la Cámara de Comercio de Barranquilla.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ubida Rivera Bruges
Demandados: Presidente de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00531-00

Aclaró que el NIC 5606655 no es gestionado por la empresa y que la reclamación
elevada por el tutelante no fue radicada en su página web, pues «el pantallazo de
correo que anexa el accionante es solo evidencia de la recepción de un cuerpo de
correo que pudo haber salido de cualquier correo electrónico, en el mismo no se
visualiza la dirección de correo de la cual sale la información, ni la fecha, ni la
hora». Así, consideró que no tiene legitimación en la causa por pasiva.

En ese sentido, precisó que la información suministrada por el accionante es
errada y confusa, pues la presunta suspensión que realizó Caribemar de la Costa
S.A.S. no es cierta, comoquiera que esa empresa no gestiona el suministro de
energía del actor, quien es usuario del servicio de CaribeSol de la Costa S.A.S
E.S.P., como se evidenció en la revisión de la página web de la empresa AIR-E.

Manifestó que el escrito de tutela es ambiguo, toda vez que relaciona dos
comercializadoras de energía diferentes, como lo son Caribemar de la Costa
S.A.S. y CaribeSol de la Costa S.A.S E.S.P.

Sobre este aspecto, enseñó que debido a la crisis de energía por la que
atravesaba la costa atlántica, se decidió segmentar el mercado en dos partes así:
CaribeSol de la Costa S.A.S E.S.P. que es el operador de red y comercializador
del servicio en los departamentos del Atlántico, Magdalena y Guajira; y Caribemar
de la Costa S.A.S. que ofrece sus servicios a los departamentos de Bolívar,
Córdoba, Sucre, Cesar y 11 municipios del Magdalena.

No obstante, señaló que «[l]a confusión presentada en esta tutela, se produce
debido a que antes de la segmentación, la empresa ELECTRICARIBE manejaba
todo el suministro de energía en la costa por lo que indistintamente de donde se
ubicara el suministro y la presentación de una reclamación o tutela, podía ser
gestionada por cualquier oficina comercial ubicada en cualquiera de los siete
departamentos al ser una sola empresa, actualmente, esa situación no es posible,
con la segmentación mi representada no puede realizar actuaciones respecto a
suministros gestionados por CaribeSol, realizar suspensiones del servicio, y/o
recibir o responder reclamaciones que no sean de sus usuarios».

1.6.2. Juzgado Tercero (3º) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

La titular de ese despacho informó que, mediante sentencia de 21 de julio de
2021, se amparó el derecho fundamental al debido proceso administrativo del
señor Denis Enrique Martínez Martínez9 y, entre otras, ordenó lo siguiente:

SEGUNDO. - En consecuencia, déjese sin efectos la Resolución No. SSPD-
20218200163555 del 18 de mayo de 2021, proferida por la directora territorial norte
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante la cual se
confirmó la decisión administrativa 2020390096322 del 17 de noviembre de 2020,
proferida por la AIR-E S.A.S. E.S.P, conforme a lo precisado en la parte
considerativa de esta providencia.

9 Parte actora dentro de la acción de tutela 11001-33-34-003-2021-00234-01, quien fue vinculado a

la presente acción constitucional, mediante auto admisorio de 8 de febrero de 2023, comoquiera
que el actor citó este expediente dentro de los hechos de su escrito de tutela.

8
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Demandante: Ubida Rivera Bruges
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00531-00

No obstante, refirió que esta decisión fue modificada en segunda instancia por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, así:

1º) Modifícase los ordinales primero y tercero de la sentencia de 21 de julio de 2021
proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá los
cuales quedan así: “PRIMERO: Tutélase al señor Denis Enrique Martínez Martínez
el derecho constitucional fundamental de petición y en conexidad con este el
derecho constitucional del debido proceso administrativo, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Ordénase al director territorial Norte de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios que, dentro del término de 48 horas contadas a
partir de la notificación de esta providencia, de respuesta de fondo a la solicitud de
fecha 30 de septiembre de 2020, elevada por el señor Denis Enrrique (sic) Martínez
Martínez atendiendo a sus competencias legales y constitucionales, para establecer
lo que en derecho corresponda.

Así mismo, explicó que una vez culminado el trámite incidental se dio por cumplida
la anterior orden, a través del proveído de 19 de diciembre de 2022.

Advirtió que en dicho fallo no se consideraron las pretensiones del señor Ubida
Rivera Bruges sino las del señor Denis Enrique Martínez, por lo que será en la
presente acción constitucional donde se examine la presunta vulneración de los
derechos del actor. Por lo expuesto, consideró que no tiene legitimación en la
causa por pasiva para estar vinculado dentro de este trámite constitucional.

1.6.3. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

El apoderado de la entidad solicitó que se declare la inexistencia de violación de
derechos fundamentales de la parte actora o, en su defecto, la improcedencia de
la acción constitucional.

Adujo que la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales que pone de
presente el actor no es ocasionada por la superintendencia, toda vez que las
decisiones de un reclamo a la facturación, pago o eliminación de deuda, es una
actuación de exclusiva competencia de la empresa Caribemar de la Costa S.A.S.
E.S.P. – Afinia Grupo EPM, por lo que no es posible vincular a este organismo a
los efectos del fallo.

Ahora bien, en cuanto al derecho fundamental de petición, expuso que el
accionante elevó la solicitud con radicado SSPD No. 20235290165992 de 13 de
enero de 2023, expediente 2023860340101392E y que la Dirección Territorial
Nororiente de la Superintendencia resolvió de fondo la petición mediante el
consecutivo 20238600640231 de 13 febrero de 2023, notificado al correo
melkiskammerer@hotmail.com, en los siguientes términos:

[...] le informamos que la Superservicios es un órgano de segunda instancia, que
vigila las actuaciones que estas empresas realizan en el marco de la ejecución del
contrato usuario–empresa existente; es decir, que la Superservicios sólo tiene
conocimiento de estas reclamaciones después que las prestadoras agoten lo de su
competencia, brindando una solución y/o respuesta formal a la reclamación inicial
del usuario, y luego de que el mismo haya interpuesto los recursos de ley
procedentes cuando no esté de acuerdo con la respuesta, es decir que debe espera
que la empresa resuelva en primera instancia su reclamación”. De esta forma
mediante respuesta con radicado consecutivo 20238600640231 Fecha: 13/02/2023

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00531-00

informa al usuario que su reclamación debe iniciarla en sede de empresa, toda vez
que es la Ley 142 de 1994 establece el procedimiento que deben seguir los
usuarios de los servicios públicos domiciliarios para hacer sus peticiones, quejas,
reclamos y recursos. Adicionalmente, se observa que usted no aporta un número
de consecutivo y/o radicado ante esta superintendencia, al que se deba asociar los
documentos anexos a la presente petición. Sin embargo, esta entidad le indica que
por tratarse de un tema que no se encuentra enmarcado dentro de la competencia
nuestra, en el trámite de segunda instancia; se dio traslado mediante comunicación
de radicado: 20238600640301 Fecha: 13/02/2023 a CARIBEMAR DE LA COSTA
S.A.S. E.S.P. – AFINIA GRUPO EPM.

1.6.4. Empresa de energía AIR-E S.A.S. E.S.P.

El apoderado de esta empresa pidió que se declare la improcedencia del amparo
solicitado, comoquiera que no se cumple con el requisito de subsidiariedad de la
acción de tutela, pues el accionante cuenta con otro mecanismo de defensa
judicial para controvertir las decisiones de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios.

Ahora bien, sobre los hechos de la demanda, informó que el actor presentó un
reclamo con el radicado RE3310202206705, a través del cual pretendía la ruptura
de la solidaridad, de conformidad con el artículo 130 Ley 142 de 1994, modificado
por la Ley 689 de 2001. Este requerimiento fue resuelto negativamente bajo el
consecutivo No. 202290270623 de 27 de abril de 2022 y contra él se interpusieron
los recursos de reposición y en subsidio apelación, que por demás fueron
rechazados por extemporáneos mediante el oficio No. 202290331433 de 26 de
mayo de 2022.

Indicó que contra la anterior decisión se presentó el recurso de queja ante la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, según el numeral 3° del
artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, que se resolvió mediante la Resolución No.
SSPD- 20228200638605 de 21 de junio de 2022, en la que se dispuso rechazar el
recurso.

Alegó que si el tutelante no estaba de acuerdo con lo resuelto por la
superintendencia pudo acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, por lo cual reiteró el carácter improcedente de este mecanismo de
amparo constitucional; máxime cuando no se acreditó un perjuicio irremediable.

Finalmente, puso de presente que por hechos similares a los presentados en esta
acción, se tramitó otra ante el Juzgado Cincuenta (50) Penal del Circuito Judicial
de Bogotá, en la cual se denegó el amparo. En ese sentido, solicitó revisar si el
tutelante incurrió en temeridad.

1.6.5. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

La apoderada del presidente de la República y de la Presidencia de la República
solicitó que se desvincule a ambas dependencias de la acción de tutela por
carecer de legitimación en causa por pasiva. Además, de manera subsidiaria pidió
negar las pretensiones del actor, ante la inexistencia de una acción u omisión de
sus presentadas que pudiese generar alguna vulneración a los derechos
fundamentales invocados.

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Manifestó que el actor elevó dos peticiones ante la Presidencia, bajo los radicados
EXT22-00090322 y EXT23-00007731, a través de los cuales solicitó que se
revocara una resolución emitida por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios donde ratificó unas facturas expedidas por la empresa Afinia y para
que asumiera las competencias de la citada superintendencia para ejercer un
adecuado control sobre la empresa Afinia, respectivamente.

Explicó que las dos solicitudes fueron resueltas a través de los oficios OFI22-
00123639 / GFPU 12000002 de 17 de octubre de 2022 y OFI23-00011480 / GFPU
12000002 de 26 de enero de 2023, en las que se le indicó que estas fueron
trasladadas a la autoridad que se encontró competente para resolver de fondo las
inconformidades planteadas.

Advirtió que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que las presuntas
irregularidades cometidas por la empresa Afinia son del resorte de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, quien es la encargada de
ejercer la inspección vigilancia y control de las empresas prestadoras de servicios
públicos.

1.6.6. Los Juzgados Doce (12) Municipal de Pequeñas Causas Laborales de
Bogotá, Segundo (2°) Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar,
Primero (1°) Penal Municipal del Circuito Judicial de Valledupar, Tercero (3°)
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Valledupar y
Cincuenta (50) Penal del Circuito Judicial de Bogotá allegaron copia digital de
los expedientes que les fueron solicitados.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el señor Ubida Rivera Bruges, de conformidad con lo establecido
en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo
080 de 2019, artículo 25, de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa – legitimación en la causa por pasiva

En este asunto se pidió la desvinculación de «la Presidencia de la República y del
señor [p]residente de la República», al considerar que carecen de legitimación en
la causa por pasiva para actuar, sin embargo, este requerimiento será negado,
dado que el demandante con la solicitud de amparo elevó una pretensión en
concreto frente a dichas autoridades. En consecuencia, será con el estudio del
caso concreto, y ante la acreditación de que se acudió ante tal autoridad, que se
determine si existió o no una omisión en sus funciones.

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En relación con la solicitud de desvinculación realizada por el Juzgado Tercero
(3º) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, esta Sala la negará, ya que su
vinculación al proceso se hizo en calidad de tercero, mas no como las entidades
contra las cuales se encuentra dirigido el reparo señalado por la parte actora, en
atención al interés que le asiste en las resultas del presente trámite.

2.3. Problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si en el caso concreto se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales advertidos por el accionante, con
ocasión a la falta de respuesta de fondo a las peticiones elevadas por el actor ante
Afinia Grupo EPM - empresa de servicios públicos Caribemar de la Costa S.A.S.
E.S.P., el presidente de la República y la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios.

Para el efecto se estudiará: (i) las generalidades de la acción de tutela; (ii) la
actuación temeraria en la solicitud de amparo; (iii) el derecho de petición; y (iv) el
caso concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable10.

2.5. La actuación temeraria en la acción de tutela

2.5.1. El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 establece que existe temeridad al
interior de la acción de tutela cuando «[…] sin motivo expresamente justificado, la
misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante
ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente
todas las solicitudes […]».

De lo anterior, esta Sala colige que, al encontrarse configurada la temeridad en el
trámite constitucional, el juez debe, por medio auto, proceder al rechazo de la
acción; atendiendo a la celeridad que debe revestir el trámite constitucional, sin
embargo, si la solicitud de tutela ya se admitió, lo correspondiente será que la
Sala lo resuelva en el fallo respectivo, decidiendo desfavorablemente «todas las
solicitudes».

10 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.

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De conformidad con lo anterior, esta Sección ha considerado que la temeridad se
configura cuando concurren los siguientes elementos11: (i) identidad fáctica en
relación con otra acción de tutela; (ii) identidad del demandante, en tanto la
segunda petición de amparo se presenta por la misma persona o su
representante; (iii) identidad del sujeto accionado; y (iv) falta de justificación para
interponer la nueva acción12.

En relación con la figura mencionada, la cual constituye una utilización impropia de
la acción de tutela, la Corte Constitucional ha considerado13:

[…] La jurisprudencia constitucional ha estimado que la actuación temeraria es
aquella que vulnera el principio de buena fe, asumiendo una actitud indebida para
satisfacer un interés individual a toda costa y que expresa un abuso del derecho
cuando deliberadamente y sin tener razón se instaura nuevamente una acción de
tutela.

Teniendo en cuenta que la buena fe se presume en toda actuación de los
particulares ante las autoridades públicas, la temeridad es una circunstancia que
debe ser valorada cuidadosamente por los jueces para prevenir decisiones injustas.
En otras palabras, la conducta temeraria debe encontrarse plenamente acreditada y
no puede ser inferida de la simple improcedencia de la tutela o revisando
circunstancias meramente formales. Tal conducta requiere de un examen minucioso
de la pretensión de amparo, de los hechos en que se funda y del acervo probatorio
que repose en el proceso […]

Igualmente, el máximo Tribunal Constitucional, en lo referente a los conceptos de
cosa juzgada constitucional y temeridad, ha precisado14:

[…] El precedente constitucional ha comprendido la temeridad de dos formas, por
una parte la concepción por la que esta solo puede configurarse si el accionante
actúa de mala fe, por otra, la interpretación literal del citado artículo 38 bajo la cual
no se requiere tal elemento para su consolidación, en consecuencia solo se necesita
que el accionante presente varias veces una demanda de tutela por los mismos
hechos sin justificación alguna. No obstante, esta Corte ante tal ambivalencia
concluyó, que la improcedencia de una acción de amparo por temeridad debe
presentarse por el actuar doloso y de mala fe del peticionario, toda vez que
supone una restricción legitima al derecho fundamental que implica el
ejercicio de la acción de tutela. La temeridad se configura cuando concurren
los siguientes elementos: “(i) identidad de partes; (ii) identidad de hechos; (iii)
identidad de pretensiones”; y (iv) la ausencia de justificación en la
presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala fe
por parte del libelista.

Así mismo, la jurisprudencia constitucional precisó que el juez es el encargado de
establecer en cada caso concreto la existencia o no de la temeridad. La Sala precisa
que en los procesos de tutela, en los eventos en que un mismo asunto presenta
sucesivas o múltiples solicitudes de amparo, puede suceder las siguientes
situaciones: i) que exista cosa juzgada y temeridad, por ejemplo en las
circunstancias en que se interpone una acción de tutela sobre un asunto
decidido previamente en otro proceso de igual naturaleza, sin que existan
razones que justifiquen la nueva solicitud; ii) otras en las que haya cosa
juzgada, pero no temeridad, acaece como caso típico, cuando de buena fe se
interpone una segunda tutela debido a la convicción fundada que sobre la

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 24 de

junio de 2021, expediente No. 08001-23-33-000-2021-00127-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
12 Corte Constitucional, sentencia T-883 de 9 agosto de 2001, M. P. Eduardo Montealegre Lynett.
13 Corte Constitucional, sentencia T-547 de 7 de julio de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
14 Corte Constitucional, sentencia T-053 de 8 de febrero de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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materia no ha operado el fenómeno de la cosa juzgada, acompañada de una
expresa manifestación en la demanda de la existencia previa de un recurso de
amparo; y iii) los casos en los cuales se configure únicamente temeridad, una
muestra de ello acontece en la presentación simultánea de mala fe de dos o
más solicitudes de tutela que presentan la triple identidad a la que se ha
aludido, sin que ninguna haya hecho tránsito a cosa juzgada […] ”15.
(Subrayado y negrilla por fuera del texto)

Asimismo, en sentencia SU-055 de 2018, al respecto de la cosa juzgada
constitucional, también se acotó:

A partir de conceptos de derecho procesal, la jurisprudencia de este Tribunal ha
precisado que la institución de la cosa juzgada constitucional se configura a partir de
triángulos procesales idénticos. En otras palabras, cuando en dos o más acciones
de tutela se reúnan las mismas identidades de partes, causa petendi y objeto, puede
entenderse que aquella institución se configura.

También, en un pronunciamiento más reciente, el máximo órgano de la jurisdicción
constitucional, precisó en cuanto a la temeridad lo siguiente16:

Asimismo, la Corte incluyó un elemento adicional a los mencionados anteriormente
y afirmó que la improcedencia de la acción de tutela por temeridad debe estar
fundada en el dolo y la mala fe de la parte actora. Concluyó esta Corporación
que la temeridad se configura cuando concurran los siguientes elementos: (i)
identidad de partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones; y (iv)
la ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda, vinculada a
un actuar doloso y de mala fe por parte del libelista.

Sin embargo, la Corte ha aclarado que la sola existencia de varias acciones de
tutela no genera, per se, que la presentación de la segunda acción pueda ser
considerada como temeraria, toda vez que dicha situación puede estar fundada en
la ignorancia del actor o el asesoramiento errado de los profesionales del derecho; o
en el sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de aquellas
situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la
necesidad extrema de defender un derecho. En términos de la Corte:

“En conclusión, la institución de la temeridad pretende evitar la presentación
sucesiva o múltiple de las acciones de tutela. Al mismo tiempo, es evidente que
existen elementos materiales particulares para determinar si una actuación es
temeraria o no. En ese sentido, la sola existencia de dos amparos de tutela
aparentemente similares no hace que la tutela sea improcedente. A partir de esa
complejidad, el juez constitucional es el encargado de establecer si ocurre su
configuración en cada asunto sometido a su competencia”17 (Énfasis propio).

2.5.2. Ahora bien, en atención a las manifestaciones contenidas en el memorial de
intervención de la empresa de energía AIR-E S.A.S. E.S.P. y a la revisión que de
manera oficiosa realizó el despacho sustanciador de la página web de Consulta
de Procesos Nacional Unificada de la Rama Judicial, se requirió a los siguientes
juzgados para que allegaran copia digital de los expedientes de tutela que se
transcriben a continuación, con el fin de estudiar una posible temeridad:

15 Corte Constitucional. Sentencia T-053 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
16 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-272 del 17.06.19., M.P. Alberto
Rojas Ríos.
17 Ob. Cit. “Sentencia T-548 de 2017”.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00531-00

Juzgado Expediente
Juzgado 12 Municipal de Pequeñas Causas 11001410501220220050100
Laborales de Bogotá
Juzgado 2° Administrativo del Circuito Judicial 20001333300220220039700
de Valledupar
Juzgado 1° Penal Municipal del Circuito Judicial 20001408800120220011800
de Valledupar
Juzgado 3° Penal Municipal con Función de 20001408800320220006600
Control de Garantías de Valledupar
Juzgado 50 Penal del Circuito Judicial de 11001310405020220019600
Bogotá

Por lo tanto, la Sala procede a comparar las acciones de tutela 11001-41-05-012-
2022-00501-00, 20001-40-88-001-2022-00118-00, 20001-40-88-003-2022-00066-
00 y 11001-31-04-050-2022-00196-00, con el presente trámite constitucional. En
cuanto al proceso 20001-33-33-002-2022-00397-00 no será estudiado, toda vez
que se trata de una acción de cumplimiento.

(i) Tutela 11001-41-05-012-2022-00501-00 y 20001-40-88-001-2022-00118-00

En este punto es preciso advertir que la acción de tutela 11001-41-05-012-2022-
00501-00 que inicialmente fue repartida al Juzgado 12 Municipal de Pequeñas
Causas Laborales de Bogotá, fue remitida a los Juzgados Municipales de
Valledupar mediante auto de 1° de julio de 2022, razón por la cual fue asignada al
Juzgado Primero (1°) Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Valledupar, bajo el número de radicado 20001-40-88-001-2022-00118-00. En
consecuencia, se estudiará en un solo caso:

Autoridad Juzgado Primero (1°) Penal Municipal
con Funciones de Control de Garantías
de Valledupar y Juzgado Cuarto Penal
del Circuito con Función de
Conocimiento . 18

Estado Con sentencia de segunda instancia de
14 de octubre de 2022.
Decisión Declara improcedente.
Demandante Ubida Rivera Bruges.
Demandados Caribesol de la Costa (AIR-E),
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. y
Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios.
Causa Presunta mora en el trámite de un
recurso de queja presentado ante la
Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, en el proceso que se

18 Según la consulta realizada en la página web
https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion, la autoridad que
conoció en segunda instancia el proceso fue el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Función de
Conocimiento, quien «RESUELVE CONFIRMAR FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DE TUTELA».

15
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Demandante: Ubida Rivera Bruges
Demandados: Presidente de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00531-00

identificó con el radicado
RE3110202206705.
Objeto «PRIMERO ACCION DE TUTELA con
suspensión provisional urgente como
mecanismo transitorio y excepcional, para
que el juez constitucional ordene a LA
EMPRESA AIR-E QUE INSTALE EL
SERVICIO DE ENERGIA y coloquen en
reclamación la deuda que se encuentra en
reclamo ante la superintendencia por
recurso de queja de conformidad con los
art. 154 y 155 de la ley 142 del 1994 asi
(sic) mismo el juez aplique la exención de
inconstitucionalidad ordenando a la
empresa Afinia que ponga en reclamación
la deuda que se encuentra en reclamo
ante la SUPERINTENDENCIA DESDE EL
06 DE JUNIO DEL 2022 , DONDE LA
EMPRESA NO HA REALIZADO LA
RECONEXION DEL SERVICIO»
Derechos De petición, al debido proceso
administrativo, a la defensa de
contradicción y publicidad, los
principios de la función pública,
legalidad, buena fe y confianza legítima

(ii) Tutela 20001-40-88-003-2022-00066-00

Autoridad Juzgado 3° Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de
Valledupar.
Estado Se concedió impugnación mediante
auto de 20 de mayo de 2022.
Adicionalmente, la sustanciadora del
Juzgado 3° Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de
Valledupar informó: «Aunado a ello, se
advierte que dicho expediente fue enviado
ante la segunda instancia en virtud de la
impugnación presentada por la accionante,
contra al (sic) fallo de tutela proferido por
esta Agencia Judicial el día 11 de mayo de
2022, correspondiéndole su conocimiento
al JUZGADO TERCERO PENAL DEL
CIRCUITO MIXTO DE VALLEDUPAR, de
donde hasta la fecha no se nos ha
notificado lo decidido al respecto».
Decisión Declara improcedente.
Demandante Ubida Rivera Bruges.
Demandado AIR-E S.A.S. E.S.P.
Causa Presunta vulneración de los derechos
por parte de AIR- E al exigir requisitos
no contemplados en la constitución
para que se decrete el rompimiento de

16
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Demandante: Ubida Rivera Bruges
Demandados: Presidente de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00531-00

la solidaridad.
Objeto «PRIMERO PRETENDO CON acción de
tutela como mecanismo definitivo y
excepcional, para que el juez
constitucional ordene al gerente general
abstenerse de exigir requisito no
autorizado por la constitución y la ley y me
tuteles mi derechos fundamentales al
NUCLEO ESENCIAL DEL DERECHO DE
PETICIÓN, AL DEBIDO PROCESO
ADMINISTRATIVO ,PRINCIPIO DE
SEGURIDAD JURIDICA, LEGALIDAD
TIPICIDAD A LA BUENFE , CONFIANZA
LEGISTIMA ACTO PROPIO a la
administración de justicia, a los principio
de la función publica como LO
MANIFESTADO POR LA SENTENCIA
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN B Bogotá DC, veintisiete
(27) de septiembre de dos mil veintiuno
(2021) POR EXIGUIR REQUISITO NO
AUTORIZADO POR EL LEGISLADOR NI
POR EL GOBIERNO NACIONAL articulo
84 209,333 de la constitución, ley 962 del
2005 decretos 019 del 2012 y 2106 delo
2019, articulo 16 de la ley 1755 del
2015,ley 1437 del 2011 ,
artículo128,129,130 Y 152 de la Ley 142
de 1994, Y SI LO VA HACER DEBE DE
SOLICITAR EL VISTO BUENO PRIMERO
AL MINISTERIO DE LA FUNCIO9N
PUBLICA, DEBIENDO ESTAR
INSCRIPTO AL Sistema Único de
Información de Trámites – SUIT»19
Derechos De petición, al debido proceso
administrativo, a los principios de
seguridad jurídica, legalidad tipicidad,
buena fe y confianza legitima

(iii) Tutela 11001-31-04-050-2022-00196-00

Autoridad Juzgado 50 Penal del Circuito Judicial
de Bogotá.
Estado Corte Constitucional.
Decisión Declara improcedente.
Demandante Ubida Rivera Bruges.
Demandados Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, empresa Afinia S.A.S.
E.P.S. y AIR-E S.A.S. E.S.P.
Causa Presunta vulneración con la expedición
de la Resolución No.
202282000368605 de 21 de junio de
2022, a través de la cual la
Superintendencia de Servicios Públicos

19 Trascripción literal del original con posibles errores.

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Demandante: Ubida Rivera Bruges
Demandados: Presidente de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00531-00

Domiciliarios confirmó la decisión No
202290331433 de 26 de mayo del
2022.
Objeto «Primero Pretendo con acción de tutela
para que el magistrado ordene a la
empresa afinia y a la superintendencia de
servicios públicos domiciliarios
REVOCANDO LA RESOLUCION No.
202282000368605 del 21-06-2022 donde
confirma la decisión No 202290331433 del
26 de mayo del 2022, por medio de la cual
la superservicios rechaza los recurso de
queja»
Derechos Al debido proceso administrativo, de
petición, los principios de publicidad,
buena fe y confianza legítima

(iv) Tutela 11001-03-15-000-2023-00531-00 (actual)

Autoridad Consejo de Estado, Sección Quinta.
Estado Primera instancia.
Demandante Ubida Rivera Bruges.
Demandado Presidente de la República,
Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios y empresa prestadora del
servicio de energía eléctrica Afinia.
Causa Presunta vulneración del derecho
fundamental de petición ante la
ausencia de respuesta de fondo a las
peticiones elevadas por el actor.
Objeto Las pretensiones trascritas en el
acápite 1.2. de esta providencia.
Derechos De petición, a la administración de
justicia, a la tutela judicial efectiva, a la
dignidad humana, a la salud, a la vida,
a la educación, a la vivienda digna, al
debido proceso administrativo, a la
defensa y contradicción, a la doble
instancia, a la igualdad y a la dignidad
humana.

En cuanto a las acciones con radicado 20001-40-88-001-2022-00118-00 y 11001-
31-04-050-2022-00196-00 no existe identidad de causa. En el primer proceso, el
actor alegó la presunta mora en el trámite de un recurso de queja presentado ante
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. En el segundo, refirió la
violación de sus garantías constitucionales por la expedición de la Resolución No.
202282000368605 de 21 de junio de 2022, a través de la cual la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios confirmó la decisión No. 202290331433 de 26
de mayo del 2022. No obstante, en esta acción de tutela se invoca la supuesta
ausencia de respuesta de fondo a las peticiones presentadas por el actor el 13 de
enero de 2023.

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Demandante: Ubida Rivera Bruges
Demandados: Presidente de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00531-00

Por su parte, en el expediente 20001-40-88-003-2022-00066-00, si bien se alegó
la vulneración de las garantías constitucionales de la parte actora al
supuestamente exigírsele al actor unos requisitos no contemplados en la
Constitución para que se decretara el rompimiento de la solidaridad, lo cierto es
que en dicha oportunidad se accionó a la empresa AIR-E S.A.S. E.S.P., contra la
cual no se invocó algún reparo en este proceso, por lo que no se existe identidad
de partes.

Por tanto, acorde al lineamiento jurisprudencial y normativo expuesto en líneas
previas, se considera que en el presente caso no se configuró el fenómeno
jurídico de la temeridad. Por esta razón, se procederá a realizar el estudio de
fondo de las pretensiones hechas por el tutelante en el presente trámite
constitucional.

2.6. Del derecho de petición

La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho
fundamental de petición, en virtud del cual, toda persona tiene la posibilidad de
«presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución». El mismo artículo superior
precisa que el legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones
privadas para garantizar los derechos fundamentales.

La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: «El
núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna
de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si
ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido».

Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la respuesta a la
petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 1755 de 201520, que señala 15 días para resolver la misma,

20 A través del artículo 5° del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 «Por el cual se adoptan
medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las
autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la
protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica», los términos para resolver las
peticiones se ampliaron, y salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los
treinta (30) días siguientes a su recepción.

No obstante, esta norma fue derogada por el artículo 2° de la Ley 2207 del 17 de mayo de 2022,
«POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 491 DE 2020», la cual
empezó a regir a partir del 18 de mayo de 2022. Por esta razón, los términos para resolver las
peticiones se restablecieron a los establecidos en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que
señala:

«ARTÍCULO 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal
especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince
(15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las
siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días
siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá,
para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la
administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

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de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular
deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la
contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será
determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la
complejidad de la solicitud.

Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que:

[...] la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la
persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición.
Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de
evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la
solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado.

Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que
la autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses del
peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la
respuesta dada21.

Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
[...] la notificación [...] debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el
propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante»22

En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la
Corte Constitucional ha explicado que:

i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos
de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a
la participación política y a la libertad de expresión23; ii) su contenido esencial
comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a
recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro
de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o
contestación material, lo que supone que la autoridad entre en la materia propia de
la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a
todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la
respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las
materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí
señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del
término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo
razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto».
21 Sentencia T-149 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
22 Ibídem.
23 Sentencia T-377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. En el mismo sentido ver la

sentencia T-796/01 M.P. Jaime Araujo Rentería.

20
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de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o
negativo24.25

Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la
satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.

Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha
sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el
derecho a lo pedido, por lo que el primero se ejerce y agota en la solicitud y la
respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del
derecho subjetivo.

2.7. Caso concreto

2.7.1. Como viene de explicarse, el accionante consideró que el presidente de la
República, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y Afinia Grupo
EPM - empresa de servicios públicos Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.
vulneraron sus derechos fundamentales ante la omisión en resolver de fondo las
peticiones que elevó ante dichas autoridades.

En primer lugar, del material probatorio se pudo constatar que el 13 de enero de
2023, el señor Ubida Rivera Bruges radicó una petición ante las autoridades
accionadas26, con la cual pretendió lo siguiente:

PRIMERO PRETENDO CON Este derecho de petición de conformidad con los
artículos 2,4,6,13,23,29,31,40,83,84,85,86,93,189-22 208,209,210, 365 al 370 de la
constitución, así ARTICULOS 75,79,82,130,140,141,154,155,y 159 de la ley 142 de
1994, sentencias C-263/96,C-150 DEL 2001, C-558 DEL 2001 C-130/03 T-
636/2002,),ARTICULO , articulo 16 de la ley 1755 del 2015 , ,130,140,141,152, 153,
154,155,y159 de la ley 142 de 1994 , articulo 9 , 10,77,86,93, de la ley 1437 del
2011 ley 962 del 2005 decretos 019 del 2012 y 2106 del 2019,) Resolución No.
20218200163555 del 18 de mayo de 2021,,expedida por la superservicios , dándole
cumplimiento a la sentencia TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN Bogotá DC, veintisiete (27) de septiembre de
dos mil veintiuno (2021) t-636/2006 PARA QUE EL PRESIDENTE Y EL
SUPERINTENDENTE DE SERVCICIOS PUBLICOS, COMO SUPERIOR
JERARQUCO FUNCIONAL ORDENEN AL GERENTE GENERAL DE AFINIA EL
DOCTOR JAVIER LASTRA DARLE tramite nuevamente al núcleo esencial del
derecho de petición, debido que no hubo hecho superado con la petición anterior,
debido que la empresa solo analizo lo requisito exigido de forma inconstitucional por
la misma empresa ,para que procediera, resolver de fondo , clara, precisa y de
manera congruente con lo solicitado clara, es decir inteligible y de fácil comprensión
, atendiendo los solicitado, en sus totalidad , que no sea aislada y resuelve todas y
cada una de las pretensiones, el núcleo esencial del derecho de petición, como es
certificado de libertad y tradición , certificado de nomenclatura, donde si la dirección
registrada en ambas certificaciones no coincide con la registrada en la factura de
energía, no se encontraba legitimada para accionar el derecho de petición, sin que
la empresa aportara la carta catastral y el levantamiento catastral , debido que
predomina la dirección de la empresa, violando los artículos 101 al 104 de la ley

24 Sentencia T-94/99 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
25 Sentencia C-510 2004. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
26 La petición se radicó en los siguientes correos electrónicos: sspd@superservicios.gov.co,
dtnorte@superservicios.gov.co, contacto@presidencia.gov.co, serviciosjuridicos@afinia.com.co y
notificacionesjudiciales@superservicios.gov.co

21
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142 de 1994 , además exigían , el pago de la factura solidarias, de forma absoluta,
como requisito para poder conceder los recursos de ley violando el inciso segundo
del artículo 155 de la ley 142 de 1994, declarado exequible de forma acondicionada
con la sentencia C-558 del 2001, y las sentencias t-450/94, t-279/95 , y a las
sentencias t-054 del 2010 , la t-023 del 2004, sentencia c-599 del 10 de diciembre
de 1992 (m.p.: dr. fabio morón díaz), y sentencia t-054/10 , [...]

SEGUNDO QUE el señor presidente doctor Gustavo petro , señor superintendente
de servicios públicos doctor Dagoberto Buitrago ordene al GERENTE GENERAL
DE AFINIA EL DOCTOR JAVIER LASTRA que al momento de dar respuesta a este
derecho de petición , manifieste bajo la gravedad de juramento diga cuales son los
fundamento constitucionales y légale , para que exijan como requisito para
conceder el rompimiento de la solidaridad, certificado de libertad y tradición
expedido por la oficina de instrumentos públicos, y el certificado de nomenclatura
exigido por, el instituto de Agustín Codazzi , cuando este último ya no lo expide , y
nadie está obligado a lo imposibles violando la sentencias de tutelas T-636 DEL
2006 Y T-281 DEL 2012, Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN B Bogotá DC, veintisiete (27) de septiembre
de dos mil veintiuno (2021). Y el artículo 16 de la ley 1755 del 2015

TERCERO señor presidente de Colombia reitero la denuncia contra ela
superintendencia de servicios públicos domiciliario que viene negando más del 90%
de los recursos de ley como entidad de segunda instancia [...]

Cuarto SEÑOR SUPERINTENDENTE ordene al gerente general de afinia que
conceda el recurso de apelación ante EL SUPERINTEDENTE COMO SUPERIOR
JERARQUICO Y FUNCIONAL DE LA EMPRESA, [...]

TERCERO señor presidente SEÑOR SUPERINTENDENTE ordenen a la empresa
de energía eléctrica a referirse de cada una de las pretensiones del derecho de
petición que yo le acciones tales como: conque fundamento constitucional y legal la
empresa de energía puede suspenderme el servicios de energía si ante no expide
un acto administrativo, como lo ordena el artículo 154 de la ley 142 de 1994 [...]

CUARTO Que el SEÑOR SUPERINTENDENTE ordene a la empresa de energía
eléctrica, ADAR UNA RESUESTA de fondo, , clara, precisa y de manera
congruente con lo solicitado clara, [...]

QUINTO SEÑOR presidente ordene al superintendencia de servicios públicos
domicliarios y al gerente general de Afinia diga bajo la gravedad de juramento ,¡cual
es la ley ,señalándola numéricamente de forma motivada , debido que siempre
contesta, que ellos solamente exigen requisito autorizado por la ley , pero no dicen
cuál es la ley ,[...]

SÉPTIMO que el señor presidente ordene al superintendencia de servicios publico y
al al gerente general de Afinia al momento de dar respuesta a este derecho de
petición , manifieste bajo la gravedad de juramento diga cuales son los fundamento
constitucionales y légale , para que exijan como requisito para darle tramite el
proceso de rompimiento de la solidaridad como son, certificado de libertad y
tradición expedido por la oficina de instrumentos públicos, y el certificado de
nomenclatura exigido por, el instituto de Agustín Codazzi , cuando este último ya no
lo expide , además no acepta al declaración de [...]

OCTAVO SEÑOR SUPERINTENDENTE ordene al gerente general de afinia se
abstenga de exigirme el pago de la factura solidaria sino, hasta que se encuentra
agotada la vía gubernativa, [...]

NOVENO SEÑOR SUPERINTENDENTE ordene al gerente general de afinia que
[...] diga con que fundamento la empresa suspenden el servicio de energía de forma
unilateral, sin ante expedir un acto administrativo, como lo ordena el artículo 154 de
la ley 142 de 1994, [...]

22
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Décimo primero que el SEÑOR SUPERINTENDENTE, me garanticen el PRINCIPIO
DE OFICIOSIDAD y se PRONUNCIE sobre todas y cada una de las pretensiones,
de esta tutela, [...].27

Del texto se infiere que lo pretendido por el actor es que, el presidente de la
República y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, como
«superior jerárquico funcional» del gerente general de Afinia - Caribemar de la
Costa S.A.S. E.S.P. le ordenen a este último que se pronuncie nuevamente sobre
la petición de rompimiento de la solidaridad de una deuda por el servicio de
energía e indique cuál es el fundamento constitucional y legal para exigirle los
certificados de tradición y libertad de su inmueble, así como el de nomenclatura
expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC.

Lo anterior, en cumplimiento de la Constitución Política, de las Leyes 142 de 1994,
1755 de 2015, 1437 de 2011, 962 de 2005, 2106 de 2019, de la Resolución No.
20218200163555 de 18 de mayo de 2021, expedida por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, las sentencias C-263 de 1996, C-150 de 2001, C-
558 de 2001 C-130 de 2003, T-636 de 2002, T-636 de 2006 y aquella de 27 de
septiembre de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección “B”.

En ese sentido, la Sala estudiará la presunta vulneración del derecho fundamental
de petición respecto de cada una de las autoridades accionadas.

2.7.2. En primer lugar, la Presidencia de la República informó que las solicitudes
radicadas por el tutelante fueron resueltas a través de los oficios OFI22-00123639
/ GFPU 12000002 de 17 de octubre de 2022 y OFI23-00011480 / GFPU 12000002
de 26 de enero de 2023, en los que se le indicó que estas fueron trasladadas a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por ser la competente para
resolver de fondo las inconformidades planteadas.

Así, en el oficio OFI23-00011480 / GFPU 12000002 de 26 de enero de 2023, se
explicó al señor Ubida Rivera Bruges lo siguiente:

En atención a su comunicación radicada en esta entidad, por señor (sic) MELKIS
KAMMERER KAMMERER mediante el correo
oficinadequejasyreclamos@gmail.com, la que versa sobre temas relacionados con
la prestación de servicios públicos.

En virtud de lo anterior, de manera atenta, procedo a dar respuesta a su
comunicación en lo siguiente:

I. De acuerdo con la estructura y administración de la Rama Ejecutiva del Poder
Público, se han creado entidades que apoyan la gestión del Primer Mandatario; en
ese orden los ministerios, Departamentos Administrativos, las entidades adscritas y
vinculadas y las sociedades de Economía Mixta, son las encargadas de brindar
soporte y canalizar los temas como los que usted menciona en su comunicación.
II. Asunto materia de consulta.

Por lo anterior, en razón a su solicitud, me permito informarle que, de conformidad a
lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo",

27 Trascripción literal del original con posibles errores.

23
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modificado por la Ley 1755 de 2015, se ha dado traslado de su comunicación a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPPDD, entidad
legalmente facultada, para conocer del tema expuesto por usted en su misiva, y
tomar las acciones a que haya lugar, de acuerdo a la consideración y fines
pertinentes.

Así mismo, con oficio No. OFI23-00011488 / GFPU 12000002 de 26 de enero de
2023, la Presidencia de la República remitió la petición del accionante a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Además, se advierte que, entre la documentación aportada por la autoridad
demandada, se incluyeron los reportes de trazabilidad de los envíos de las
mencionadas comunicaciones, visibles en el índice 21 del expediente digital de
Samai, con las identificaciones «OFI23-00025092 GFPUTrazabilidad OFI23-
00011480 GFPU» y «OFI23-00025092 GFPUTrazabilidad OFI23-00011488
GFPU».

En ese sentido, la Sala advierte que la Presidencia de la República cumplió con el
deber que le impone el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, de enviar la solicitud
del accionante a la autoridad que consideraba competente para resolverla, con lo
cual se descarta la vulneración del derecho fundamental de petición del actor por
parte de esta entidad.

2.7.3. Ahora bien, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliaros
explicó que la Dirección Territorial Nororiente de la superintendencia resolvió de
fondo la petición mediante el oficio No. 20238600640231 de 13 febrero de 2023, a
través del cual informó lo siguiente:

En atención a la comunicación de la referencia, la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliaros –en adelante Superservicios–, recibió petición interpuesta por
usted contra la empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., el cual
referencia así: “[...] se garanticen MIS DERECHOS FUNDAMENTALES Al núcleo
esencial del derecho de petición”, por lo que de manera atenta y teniendo en cuenta
lo manifestado por usted esta Superservicios le informamos lo siguiente:

“Con relación a las peticiones le informamos que la Superservicios no es la
competente en emitir órdenes a las empresas prestadoras de servicios públicos
domiciliarios, es de indicar que las funciones de la misma es ejercer inspección
control y vigilancia de las empresas prestadoras de los servicios públicos
domiciliarios. La Superservicios no se puede pronunciar en la instancia del derecho
de petición ya que somos un órgano de segunda instancia.”

En primer lugar es importante que tenga en cuenta que la Ley 142 de 1994,
establece el procedimiento que deben seguir los usuarios de los servicios públicos
domiciliarios para hacer sus peticiones, quejas, reclamos y recursos; además esta
ley establece que esta Superservicios es un órgano de segunda instancia, que
vigila las actuaciones que estas empresas realizan en el marco de la ejecución del
contrato usuario–empresa existente; es decir, que la Superservicios sólo tiene
conocimiento de estas reclamaciones después que las prestadoras agoten lo de su
competencia, brindando una solución y/o respuesta formal a la reclamación inicial
del usuario, y luego de que el mismo haya interpuesto los recursos de ley
procedentes cuando no esté de acuerdo con la respuesta, es decir que debe espera
que la empresa resuelva en primera instancia su reclamación.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00531-00

Es de anotar, que las “causales de reclamación” sobre las cuales procede el
otorgamiento y la interposición del “recurso de reposición, y en subsidio de
apelación por las decisiones que adopten las empresas en las reclamaciones de los
usuarios, están establecidas en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994, como son:
Los actos de negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y
facturación que realicen las empresas.

Es decir, señor usuario, que el competente para resolver en primera instancia su
inconformidad es la empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P., la cual
contara (sic) con un término de (15) días hábiles contados a partir de la fecha de la
presentación para responder. Para efectos de la notificación de dicha respuesta la
entidad prestadora tendrá un término de 5 días hábiles contados a partir de la
expedición del acto, dentro del cual le enviará una citación con el fin de que se
acerque a sus instalaciones para que se notifique personalmente de la respuesta.
Si el usuario no acude a la empresa dentro de los (5) días hábiles contados a partir
del envío de la citación, esta notificará la respuesta por medio de AVISO,
notificación que se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de su entrega,
en el lugar de destino. (Arts.158 y 159 Ley 142 de 1994), por lo que deberá esperar
que el prestador de respuesta a su petición de fecha 10 de enero del 2023.

El término para dar respuesta puede ser ampliado por el prestador, cuando
excepcionalmente se presente alguna circunstancia que de motivo a ello. En este
caso le deberán enviar una comunicación -de inmediato- por parte del prestador, en
el que le informen los motivos de la demora y el plazo razonable en que se le
resolverá o dará respuesta definitiva.

En caso de recibir una respuesta no favorable por parte de la empresa, se debe
interponer en un mismo escrito el Recurso de Reposición y Subsidiariamente el
de Apelación ante el gerente o representante legal de la prestadora, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión empresarial;
teniendo en cuenta que si el usuario deje vencer los términos legales para
interponer tales recursos, se entiende agotada la Actuación Administrativa,
quedando en firme la decisión tomada por la empresa, pudiendo entrar ésta a
cargar en la factura los valores reclamados.

Una vez es resuelto el recurso de reposición, es la misma empresa y no el usuario,
quien envía el expediente para que la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios falle el recurso subsidiario de apelación, en segunda y última
instancia.

Si la empresa emite decisión indicando que Rechaza el recurso de apelación,
deberá interponer Recurso de Queja, ante ésta Superservicios, dentro de los de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión empresarial,
acompañando copia del acto empresarial del rechazo, y sustentando
concretamente los motivos de inconformidad del citado rechazo, de acuerdo a los
argumentos dados por la empresa.

Adicional a los tramites anteriores se puede presentar que transcurridos (15) días
hábiles desde la presentación de la petición, queja o recurso por parte del usuario
en la empresa ésta no ha emitido respuesta o no ha notificado debidamente la
decisión dentro de los (5) días hábiles siguientes a la fecha de la respuesta, se
configura el Silencio Administrativo Positivo, el cual deberá ser reconocido por la
empresa dentro de las 72 horas siguientes al vencimiento del término de los quince
(15) días hábiles. Si no lo hiciere, el peticionario podrá solicitar de la
Superintendencia de Servicios Públicos la imposición de las sanciones a que haya
lugar conforme a la ley y el reconocimiento de los efectos positivos de su petición.
(Artículo 123, Decreto Ley 2150/1995,).

De igual forma, aportó copia del oficio 20238600640301 de 13 de febrero de 2023,
con el cual corrió traslado de la petición del actor a Caribemar de la Costa S.A.S.
E.S.P.

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Ahora, si bien la entidad accionada indicó que notificó los actos administrativos al
correo melkiskammerer@hotmail.com, lo cierto es que dentro de los documentos
aportados por la entidad28 no se encuentran las constancias de notificación de los
mencionados oficios.

Así las cosas, esta Colegiatura debe indicar que la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliaros vulneró el derecho fundamental invocado por el tutelante,
por cuanto omitió acreditar que los oficios 20238600640231 y 20238600640301 de
13 febrero de 2023 hayan sido notificados al actor en los términos establecidos en
los artículos 66 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011.

La referida irregularidad, en criterio de la Corte Constitucional, afecta el núcleo
esencial del derecho fundamental de petición, así lo ha indicado:

4.5.3. Asimismo, el derecho de petición solo se satisface cuando la persona que
elevó la solicitud conoce la respuesta del mismo. Significa que ante la presentación
de una petición, la entidad debe notificar la respuesta al interesado.

Cabe recordar que el derecho de petición, se concreta en dos momentos sucesivos,
ambos subordinados a la actividad administrativa del servidor que conozca de
aquél. En primer lugar, se encuentra la recepción y trámite de la petición, que
supone el contacto del ciudadano con la entidad que, en principio, examinará su
solicitud y seguidamente, el momento de la respuesta, cuyo significado supera la
simple adopción de una decisión para llevarla a conocimiento directo e informado
del solicitante.

4.6. De este segundo momento, emerge para la administración un mandato explícito
de notificación, que implica el agotamiento de los medios disponibles para informar
al particular de su respuesta y lograr constancia de ello.

4.6.1. Sobre la obligación y el carácter de la notificación, debe precisarse en primer
lugar, que esta debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el
propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante.

4.6.2. Esta característica esencial, implica además que la responsabilidad de la
notificación se encuentra en cabeza de la administración, esto es, que el ente al cual
se dirige el derecho de petición está en la obligación de velar porque la forma en
que se surta aquella sea cierta y seria, de tal manera que logre siempre una
constancia de ello.

La constancia que logre obtener la entidad de la notificación de su respuesta al
peticionario, constituye la prueba sobre la comunicación real y efectiva que exige la
jurisprudencia para perfeccionar el núcleo esencial del derecho de petición, desde
luego, siempre que la respuesta se ajuste a las exigencias que líneas atrás fueron
desarrolladas.
[...]

4.6.4. A partir de esta reflexión, es claro que si la entidad está obligada a tener una
constancia de la comunicación con el peticionario para probar la notificación efectiva
de su respuesta, con mayor razón el juez constitucional, para evaluar el respeto al
núcleo esencial de tal garantía debe verificar la existencia de dicha constancia y
examinar que de allí se derive el conocimiento real del administrado sobre la
respuesta dada29 [...].

28 Se procedió a revisar los anexos allegados con el correo electrónico en la página web
http://apinternas.superservicios.gov.co/estadotramite/5RpZs3jACbArN2plfQcTUgolW7RFsdMvrDw3
5W2QfeE y no obran las constancias de envío.
29 Corte Constitucional, Sentencia T-149 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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La Sala precisa que la indebida notificación no se suple con la actuación surtida en
el trámite de tutela, es decir que, no basta con que la autoridad accionada informe
al juez constitucional sobre la existencia de la respuesta, sino que debe ser puesta
en conocimiento del peticionario, por los canales legales establecidos para tal
efecto, los cuales se encuentran contemplados en los artículos 66 a 73 de la Ley
1437 de 2011.

Así, esta Colegiatura le concederá a la entidad accionada un término de cuarenta
y ocho (48) horas, contadas a partir del día siguiente de la notificación de la
presente providencia, para que le notifique al señor Ubida Rivera Bruges, el
contenido de los oficios 20238600640231 y 20238600640301 de 13 febrero de
2023, a la dirección electrónica suministrada por el accionante en su petición de
13 de enero de 2023.

2.7.4. Finalmente, Afinia Grupo EPM - empresa de servicios públicos
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. precisó que una vez revisado en el sistema
de información comercial de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P, evidenció que
los «comunicados 202270538465, 202270538465» que fueron aportados por la
parte actora, no tienen alguna relación con los hechos narrados en el escrito de la
tutela, pues corresponden a un suministro de NIC, dirección y suscriptor diferente.

Aclaró que el NIC 5606655 no es gestionado por la empresa y que la reclamación
elevada por el tutelante no fue radicada en su página web, pues «el pantallazo de
correo que anexa el accionante es solo evidencia de la recepción de un cuerpo de
correo que pudo haber salido de cualquier correo electrónico, en el mismo no se
visualiza la dirección de correo de la cual sale la información, ni la fecha, ni la
hora».

Alegó que la información suministrada por el accionante es errada y confusa, pues
la presunta suspensión que realizó Caribemar de la Costa S.A.S. no es cierta,
comoquiera que esa empresa no gestiona el suministro de energía del actor, quien
es usuario del servicio de CaribeSol de la Costa S.A.S E.S.P., tal como se
evidenció en la revisión de la página web de la empresa Air-e.

En ese sentido, referenció que en el escrito de tutela se relacionan dos
comercializadoras de energía diferentes, como lo son Caribemar de la Costa
S.A.S. y CaribeSol de la Costa S.A.S E.S.P.

Así las cosas, la Sala observa que las pruebas aportadas por el accionante dan
cuenta que el 13 de enero de 2023, presentó una petición, entre otras, en la
dirección electrónica serviciosjuridicos@afinia.com.co.

De igual manera, el accionante aportó copia del oficio 202370031608 del 18 de
enero de 2023, a través del cual Afinia Grupo EPM - empresa de servicios
públicos Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. le solicitó al peticionario lo siguiente:

Le contamos que, con el objetivo de garantizarle sus derechos enmarcados en la
normatividad vigente, hemos realizado un análisis detallado de su requerimiento, y
para cumplir con el mismo, es necesario que aporte todos los requisitos exigidos
para tal fin, para lo cual es necesario que presente:

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• NIC (número de identificación del contrato), toda vez que el aportado (5606655)
no registra en nuestro sistema de gestión comercial).
• Copia del contrato de arrendamiento.
• Certificado de tradición y libertad vigente (máximo 90 días de expedición). Si el
certificado no presenta la dirección del servicio nos debe aportar además el
certificado de nomenclatura expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
que reporte el número de matrícula del predio y la dirección.
Por lo anterior y de acuerdo con el artículo 17 de la ley 1755 de 2015 a partir de la
fecha de envío de esta comunicación, usted cuenta con un (1) mes, el cual se
cumple el 17 de febrero de 2023, para que remita a esta empresa lo solicitado en el
párrafo anterior. Es importante que, al momento de cumplir con lo solicitado,
relacione el radicado N° 202360006633. De igual manera, antes de la fecha
señalada, usted podrá solicitar una prórroga hasta por un término igual a la inicial (1
mes), para cumplir con lo requerido.

Si vencido el término indicado no se ha cumplido con lo solicitado, la Empresa
entenderá que ha desistido de su petición y ésta se archivará, lo cual le será
comunicado al finalizar el plazo otorgado para completar su petición.

Sin embargo, vencido el término otorgado por la entidad para que el actor
subsanara su petición (17 de febrero de 2023), no se advierte que Afinia Grupo
EPM - empresa de servicios públicos Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. se haya
pronunciado respecto de la petición de 13 de enero de 2023, independientemente
del contenido de su respuesta.

En ese sentido, la Sala concederá el amparo del derecho fundamental de petición
del actor y, en consecuencia, ordenará a Afinia Grupo EPM - empresa de servicios
públicos Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. que, en el término de cuarenta y
ocho horas (48) contadas a partir de la notificación de esta providencia, se
pronuncie respecto de la petición de 13 de enero de 2023 formulada por Ubida
Rivera Bruges.

2.7.5. Por último, esta Sala de Decisión destaca que, si bien Afinia Grupo EPM -
empresa de servicios públicos Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. puso de
presente que el prestador del servicio de energía del actor es CaribeSol de la
Costa S.A.S E.S.P., empresa que fue vinculada como tercero con interés directo,
lo cierto es que el tutelante no invocó alguna vulneración por parte de esta
sociedad, razón por la cual la Sala no se pronunciará al respecto.

3. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación del presidente de la
República, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y
del Juzgado Tercero (3º) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del accionante.

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Demandante: Ubida Rivera Bruges
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TERCERO: ORDENAR a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
que, en el término de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia,
notifique al señor Ubida Rivera Bruges, el contenido de los oficios Nos.
20238600640231 y 20238600640301 de 13 febrero de 2023, a la dirección
electrónica suministrada por él en su petición de 13 de enero de 2023.

CUARTO: ORDENAR a Afinia Grupo EPM - empresa de servicios públicos
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. que, en el término de cuarenta y ocho horas
(48) contadas a partir de la notificación de esta providencia, se pronuncie respecto
de la petición de 13 de enero de 2023 formulada por el señor Ubida Rivera
Bruges.

QUINTO: NEGAR la solicitud de amparo en contra del presidente de la República.

SEXTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

SÉPTIMO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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