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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-00535-00

Fecha
23 de marzo de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-00535-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Denegar el amparo solicitado por el señor Juan Camilo Giraldo, conforme a los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Ejecutoriada esta sentencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2023-00535-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

23 de marzo de 2023

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00535-00
Demandante: Juan Camilo Giraldo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00535-00
Demandante: Juan Camilo Giraldo
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia

Temas: Expedición de la tarjeta profesional de abogado con vigencia
provisional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por el señor Juan Camilo Giraldo en
contra del Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia (URNA).

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, Juan Camilo Giraldo, quien actúa en nombre propio, promovió demanda en
orden a que se tutelen sus derechos fundamentales a la igualdad, a la equidad, al
trabajo y al libre desarrollo de la personalidad, así como al principio de favorabilidad.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00535-00
Demandante: Juan Camilo Giraldo

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene al Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, que
dentro del término de las setenta y dos (72) horas siguientes a la notificación del fallo
de tutela proceda a emitir su tarjeta profesional definitiva.

1.1.2. Los hechos

El accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

i) El 14 de diciembre de 2022, a través de la página web de la Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia (URNA), radicó solicitud de
expedición de la tarjeta profesional de abogado, adjuntando la documentación
requerida.

ii) El 19 de diciembre de 2022, la URNA le confirmó el recibido de la petición y le
informó que había sido transferida al personal encargado para su trámite.

iii) El 27 de enero de 2023, recibió en su lugar de residencia su tarjeta profesional de
abogado, pero con vigencia provisional.

iv) El 31 de enero de 2023, a través de correo electrónico, solicitó información de las
razones por las cuales fue expedida su tarjeta profesional con tal condición.

v) El 1 de febrero de 2023, la URNA le indicó que: «La ley 1905 de 2018, estableció
que para ejercer la profesión de abogado, además de los requisitos exigidos en las
normas legales vigentes, el graduado deberá acreditar certificación de aprobación del
Examen de Estado que para el efecto realice el Consejo Superior de la Judicatura».

1.1.2. Los fundamentos jurídicos

El accionante presentó como fundamentos jurídicos de la acción, los siguientes:

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Demandante: Juan Camilo Giraldo

i) En la página web del SIRNA no está contemplado como requisito el establecido en la
Ley 1905 del 2018, para la expedición de la tarjeta profesional definitiva; además, la
norma lleva más de cuatro años de promulgada y en la actualidad el Consejo
Superior de la Judicatura no tiene fecha para dar solución y cumplimiento a la
normativa, poniendo en riesgo no sólo sus derechos fundamentales sino también los
de los futuros profesionales.

ii) En la sentencia del 4 de agosto de 2022, el Consejo de Estado en la acción de
tutela con radicado 11001-03-15-000-2022-03847-00, previno al Consejo Superior de
la Judicatura para que se abstuviera de exigir el requisito previsto en la Ley 1905 de
2018, hasta tanto se pudiera materializar la presentación del examen de Estado, y lo
exhortó para que en el portal SIRNA actualizara el requisito indicado a la mencionada
norma, mientras se cumplen las fases de implementación del examen, dado que
exigirlo sin tal proceder conlleva a imponer una carga lesiva a los egresados.

iii) Esperar hasta finales del año 2023 para que le informen la fecha para realizar el
examen de Estado, el que, en todo caso, se practicara hasta el año 2024, es un
tiempo extremadamente largo que dificulta sus perspectivas y oportunidades
laborales.

1.2. Actuación procesal

1.2.1. Mediante auto del 9 de febrero de 2023, se inadmitió la acción de tutela y, en
consecuencia, se requirió al señor Juan Camilo Giraldo para que, dentro de los tres
(3) días siguientes a la notificación del proveído, allegara memorial aclaratorio en el
que manifestara bajo la gravedad de juramento si ha presentado otra acción de tutela
sobre iguales hechos, partes o pretensiones.

1.2.2. El 10 de febrero de 2023, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó
del proveído al señor Juan Camilo Giraldo, y al día siguiente, el accionante atendió el
requerimiento.

1.2.3. A través de auto del 28 de febrero de 2023, se admitió la acción de tutela y,
en consecuencia, se ordenó notificar del proveído al Consejo Superior de la

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Demandante: Juan Camilo Giraldo

Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia
(URNA), como accionado, se requirió a la URNA para que indicara si dio contestación
congruente y de fondo a la solicitud del 14 de diciembre de 2022, presentadas por el
señor Juan Camilo Giraldo, en relación con el trámite de expedición de su tarjeta
profesional definitiva, y se ordenó remitir copia de la solicitud de tutela a la parte
accionada, para que dentro de los tres días siguientes a la notificación de la
providencia procediera a ejercer su derecho de defensa, si a bien lo tenía, y a rendir
informe.

1.2.4. El 2 de marzo de 2023, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó
del proveído al accionante y al Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia (URNA).

1.3. Contestación de la demanda

El 2 de marzo de 2023, el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Registro
Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia (URNA), solicitó negar el amparo
deprecado, por existencia de un hecho superado, en razón a lo siguiente:

i) La Ley 1905 de 2018, por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el
ejercicio de la profesión de abogado, señala en su artículo 1° que «para ejercer la
profesión de abogado, además de los requisitos exigidos en las normas legales
vigentes, el graduado deberá acreditar certificación de aprobación del examen de
estado que para el efecto realice el Consejo Superior de la Judicatura»; y en su
artículo 2, que «el requisito de idoneidad para el ejercicio de la profesión de abogado
[…] se aplicará a quienes inicien la carrera de derecho después de su
promulgación», es decir, con posterioridad al 28 de junio de 2018.

ii) En cumplimiento de lo anterior, el Consejo Superior de la Judicatura autorizó al
director ejecutivo de administración judicial la suscripción de un convenio
interadministrativo con el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación
(ICFES) —con el objeto de definir, construir y validar el marco de referencia para la
implementación del examen para ejercer la profesión de abogado—, que se
desarrollara en tres fases.

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Demandante: Juan Camilo Giraldo

iii) En tal sentido, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PSCJA22-
11985 del 29 de agosto de 2022, por medio del cual estableció los requisitos para la
expedición de las tarjetas profesionales de abogados, y señaló que, los graduados
destinatarios de la Ley 1905 de 2018, podrían solicitar, sin la acreditación del
certificado de aprobación del examen, su inscripción en el Registro Nacional de
Abogados y la expedición de una tarjeta profesional de abogado, que tendrá carácter
provisional, con vigencia hasta la publicación de los resultados de la primera prueba.

iv) Para el caso en estudio, se tiene a) que el señor Juan Camilo Giraldo solicitó a
través del correo electrónico regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co, su inscripción como
abogado y la expedición de la tarjeta profesional, como titulado por la Institución
Universitaria de Colombia; b) que el 5 de diciembre de 2022, la coordinadora de
Registro y Control Académico de la universidad informó que el accionante inició la
carrera de derecho el 8 de julio de 2019, es decir, después de haber sido promulgada
la Ley 1905 de 2018, y que la finalizó el 1 de diciembre de 2022; c) que de
conformidad con el Acuerdo PSCJA22-11985 del 29 de agosto de 2022, la URNA
inscribió en el registro de abogados al señor Juan Camilo Giraldo, asignándole la
tarjeta profesional de abogado con vigencia provisional n°. 398.897, mediante el Acta
n°. 843 del 16 de enero de 2023; y d) que los respectivos documentos fueron
enviados al contratista para la elaboración del plástico; y e) que el 27 de enero de
2023, se envió el plástico a través del servicio de correo certificado de 472, al
domicilio y/o residencia registrada por el peticionario.

v) La entidad no ha incumplido el fallo del 4 de agosto de 2022, proferido el Consejo
de Estado, Sección Quinta, dado que en dicha providencia se previno al Consejo
Superior de la Judicatura para que se abstuviera de exigir el requisito previsto en la
Ley 1905 de 2018, hasta que se pueda materializar la presentación del examen, de
tal suerte que la Unidad no está solicitando el cumplimiento de dicho requisito, sino
que se está expidiendo la tarjeta profesional de abogado con una vigencia provisional
hasta tanto se publiquen los resultados de la primera prueba realizada que exige la
mencionada Ley.

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Demandante: Juan Camilo Giraldo

vi) Cabe precisar que la Unidad adelanta las actuaciones pertinentes para evaluar la
posibilidad de comunicar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial —en
condición de representante legal de la Rama Judicial— para que, por su conducto, se
adelanten las acciones a que haya lugar, con el fin de propiciar un trato igual a los
usuarios a los que se les había expedido la tarjeta profesional de abogado sin
cumplir con el requisito de la presentación del examen de Estado, siendo obligatorio
para estos frente a aquellos a los que en virtud del artículo 2 de la Ley 1905 de 2018
se les había negado la inscripción y expedición de la tarjeta profesional de abogado.

vii) Teniendo en cuenta que la principal pretensión del accionante recae sobre la
expedición de la tarjeta profesional de abogado y que esta se encuentra subsanada
con la expedición de la tarjeta profesional de abogado provisional en los términos del
Acuerdo PSCJA22-11985 del 29 de agosto de 2022, se configura en el caso la
carencia actual de objeto por hecho superado.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo previsto en el numeral 8 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069
de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, según el cual «las
acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas para su conocimiento en primera
instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolverá por
la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el
reglamento al que se refiere el artículo 2 .2.3.1.2.4.», esta Sala de decisión es
competente para conocer del presente asunto.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, vulneró los derechos
fundamentales invocados por el señor Juan Camilo Giraldo, al no tramitar la
expedición de su tarjeta profesional con vigencia definitiva.

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2.3. De la procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos
fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y que
se caracteriza por ser residual y subsidiaria, ya que el ordenamiento jurídico ha
establecido diversas acciones ordinarias encaminadas, igualmente, a la defensa de
derechos que no se pueden pasar por alto.

Por ello, el artículo 6.º, numeral 1.º, del Decreto 2591 de 1991 establece como causal
de improcedencia de la tutela que: «existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable».

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado que el juez de tutela debe
analizar los asuntos que llegan a su conocimiento observando estrictamente el
carácter subsidiario y residual de la acción.1

Quiere decir lo anterior, que la acción de amparo solo tiene lugar cuando dentro de
los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo para proteger
objetivamente el derecho que se alegue conculcado, o cuando se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá probarse.

De no tenerse en cuenta dichos parámetros el juez constitucional desconocería el
principio de subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría en contravía del
ordenamiento jurídico.

2.4. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran dentro del expediente de tutela la Sala
establece lo siguiente:

1 Sentencias T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005, T-972 de 2006, T-074 de 2009, T-954

de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 2011, T-890 de 2011, T-205 de 2012 y T-030 de 2015, entre otras.

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i) El 5 de diciembre de 2022, la Institución Universitaria de Colombia envió a la
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia (URNA), el
reporte de graduados del programa profesional en derecho.

ii) El 14 de diciembre de 2022, a través de la página web de la URNA, el señor Juan
Camilo Giraldo radicó solicitud de expedición de la tarjeta profesional de abogado.

iii) El 16 de enero de 2023, la directora de la Unidad de Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia expidió el Acta de Registro de Tarjeta
Profesional n°. 843, en la que dejó constancia que una vez verificado el cumplimiento
de los requisitos legales se procedió a efectuar la inscripción como abogado del
señor Juan Camilo Giraldo y que, en consecuencia, se le asignó la tarjeta profesional
n°. 398897.

iv) El 27 de enero de agosto de 2022, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia remitió a la dirección de residencia del accionante, el plástico
de la tarjeta profesional de abogado.

v) El 31 de enero de 2023, el señor Juan Camilo Giraldo solicitó a la URNA
información de las razones por las cuales fue expedida su tarjeta profesional con
carácter provisional.

vi) El 2 de marzo de 2023, la URNA dio contestación al requerimiento del peticionario,
señalando las razones del por qué se expidió la tarjeta profesional en tales términos.

2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala

En el presente caso, el señor Juan Camilo Giraldo acude a la acción de tutela para
que se protejan sus derechos fundamentales a la igualdad, a la equidad, al trabajo y
al libre desarrollo de la profesión, así como el principio de favorabilidad, cuya
vulneración atribuye a que la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de Justicia (URNA) expidió su tarjeta profesional de abogado con vigencia provisional.

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Pues bien, se tiene que para ejercer la profesión de abogado es indispensable la
inscripción en el Registro Nacional de Abogados y la obtención de la tarjeta
profesional, función que conforme a lo dispuesto en el numeral 20 del artículo 85 de
la Ley 270 de 1996, le corresponde realizar al Consejo Superior de la Judicatura.

Bajo dicho postulado, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa,
expidió el Acuerdo 1389 de 2002,2 en el que en su artículo 5, numeral 1.º, estableció
como una de las funciones de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia la de «organizar y llevar el Registro Nacional de Abogados y
expedir la correspondiente Tarjeta Profesional, de conformidad con los reglamentos,
proferidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura».

En el sub lite, se tiene que, el 31 de enero de 2023, el señor Juan Camilo Giraldo
solicitó información a la URNA, respecto del por qué fue expedida su tarjeta
profesional con carácter provisional; y que, en el curso de la acción de tutela, la
directora de la Unidad del Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia,
al rendir informe, allegó copia de la contestación ofrecida al peticionario, en iguales
términos a los expuestos en la presente acción constitucional.

Ahora bien, se advierte que en la Ley 1905 de 2018,3 el Congreso de la República
estableció que para ejercer la profesión de abogado, además de los requisitos
exigidos en las normas legales vigentes, el graduado debe aportar la certificación de
aprobación del examen de estado —que para el efecto realice el Consejo Superior
de la Judicatura, directamente, o a través de una Institución de Educación Superior
acreditada de alta calidad—, y que la referida certificación sería exigida por el
Consejo Superior de la Judicatura o por el órgano que haga sus veces para la
respectiva expedición de la tarjeta profesional.

2 Por el cual se de reestructura la Unidad de Registro Nacional de Abogados de la Sala Administrativa

del Consejo Superior de la Judicatura, se cambia su denominación, se asignan sus funciones y se
determina su planta de personal.
3 Por medio de la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de

abogado.

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Así, a través del Acuerdo PCSJA22-11985 de 2022,4 artículo 2, el Consejo Superior de
la Judicatura previó que para la inscripción y expedición de la tarjeta profesional de
abogado el interesado debe presentar ante la Unidad del Registro Nacional de
Abogados y Auxiliares de la Justicia (URNA) el formulario único para múltiples
totalmente diligenciado, a través del proceso de preinscripción en línea —desde la
página web sirna.ramajudicial.gov.co—, junto con los siguientes documentos:

a. Copia legible, por ambas caras, de la cédula de ciudadanía o cédula de extranjería
vigente o permiso de protección temporal (PPT) vigente.

b. Una (1) fotografía digital reciente, fondo azul, preferiblemente en formato JPG, JPEG,
PNG o BMP.

c. Copia legible del acta de grado. Cuando el título haya sido otorgado por
universidades extranjeras, se requiere de un documento que acredite la convalidación
expedida por del Ministerio de Educación Nacional o la autoridad competente y la fecha
de grado corresponderá a la de expedición del documento de convalidación del título.

d. Recibo de consignación por el valor establecido y vigente para la expedición de la
tarjeta profesional de abogado.

e. Certificación expedida por el Consejo Superior de la Judicatura que acredita la
aprobación del examen de estado ordenado por la Ley 1905 de 2018.

Y, en los parágrafos transitorios del artículo 2 del Acuerdo, señaló: i) que mientras se
desarrollan las fases necesarias para la implementación del examen de estado, los
destinatarios de la Ley 1905 de 2018 podrán tramitar la solicitud de inscripción en el
Registro Nacional de Abogados y la expedición de la tarjeta profesional de abogado,
con vigencia provisional, hasta la publicación de los resultados de la primera prueba
realizada; ii) que las tarjetas profesionales de abogado, expedidas bajo las anteriores
condiciones, tendrán la denominación de provisional; y iii) que quienes obtengan la
tarjeta profesional de abogado, con vigencia provisional, deberán presentar y
acreditar la aprobación del examen de estado —una vez sea dispuesta su
aplicación—, para efectos de que les sean expedidas las respectivas tarjetas
profesionales.

En este contexto, se advierte que el cumplimiento del requisito de aprobación del
examen de Estado, para efectos de la inscripción en el Registro Nacional de

4 Por el cual se establecen normas para la expedición dela tarjeta profesional de abogado y se dictan

otras disposiciones.

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Abogados y la correspondiente expedición de la tarjeta profesional, es obligatorio
para el graduado en derecho; pues, de lo contrario, se infringiría el cumplimiento de
una ley que se encuentra en plena vigencia y, que, por demás, fue objeto de análisis
por parte de la Corte Constitucional en las sentencias C-138 de 2019 y C-594 de
2019, en las que se declaró exequible la exigencia del requisito de aprobación del
examen de Estado, al encontrarlo idóneo para poder evaluar y verificar las aptitudes
académicas de los futuros profesionales en derecho.

Ahora, no es de recibo, como lo alega el accionante, que con la expedición de la
tarjeta profesional de abogado, con término de vigencia, se le estaría vulnerando su
derecho al libre desarrollo de la profesión escogida, como su derecho a la igualdad
frente a las demás abogados a quienes sí se les expidió la tarjeta profesional sin
ningún tipo condicionamiento, pues la URNA explicó de manera diáfana que se
encontraba adelantando actuaciones ante la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial en orden a que adelanten las acciones necesarias para propiciar un trato
igualitario a los usuarios a los quienes se les expidió la tarjeta profesional de
abogado sin cumplir con el requisito de la presentación del examen de Estado, de
manera que es este un asunto al que se le está dando el alcance requerido.

A su turno, se colige que no es cierto que en el caso se esté aplicando la Ley 1905
de 2018 en forma retroactiva, ya que de acuerdo con la certificación emitida por la
coordinadora de Registro y Control Académico de la Institución Universitaria de
Colombia, el señor Juan Camilo Giraldo inició la carrera de derecho el 8 de julio de
2019, es decir, después de haber sido promulgada la Ley 1905 de 2018, por lo que
es claro que se encuentra dentro de la población de graduados a los que se dirige la
normativa.

De manera que, aunque para el 14 de diciembre de 2022, fecha en la que el
accionante radicó los documentos para expedición de su tarjeta profesional, no se
encontraba publicado el cumplimiento del requisito de presentación del examen de
Estado, previsto en la Ley 1905 de 2018, ni tampoco que la tarjeta profesional de
abogado sería emitida con vigencia provisional, lo cierto es que ya se había expedido
el Acuerdo PCSJA22-11985 del 29 de agosto de 2022, por lo que la URNA tenía la

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obligación de aplicar la condiciones allí previstas para efectos de expedir la tarjeta
profesional de abogado.

Por tanto, si el accionante no está conforme con lo resuelto en el Acuerdo PCSJA22-
11985 del 29 de agosto de 2022, tiene la posibilidad de demandar dicho acto a través
del medio de control de nulidad, previsto en el artículo 137 del CPACA. Con todo, la
Sala encuentra que la decisión de expedir las tarjetas profesionales de abogado de
forma provisional hasta antes de que se proceda a la implementación del examen de
Estado comporta una medida de igualdad para los graduados a quienes se les aplica
la ley, a efectos de que estos puedan desempeñar su profesión mientras el Consejo
Superior de la Judicatura se ocupa de la implementación del examen de idoneidad.

Asimismo, se advierte que aunque es cierto que en la sentencia de tutela del 4 de
agosto de 2022, el Consejo de Estado, Sección Quinta, ordenó el Consejo Superior
de la Judicatura abstenerse de exigir el requisito previsto en la Ley 1905 de 2018,
hasta tanto se materializara la presentación del examen de Estado, no lo es menos
que las sentencias de tutela no constituyen precedente jurisprudencial, en tanto sus
efectos son inter partes, es decir, no tienen efectos más allá del caso objeto de
controversia, de tal suerte que las consideraciones allí planteadas solo sugieren un
antecedente jurisprudencial que no obligan al operador jurídico.

Sin embargo, debe la Sala acotar que aunque en dicha oportunidad se analizó un
caso con circunstancias fácticas similares al presente, lo cierto es que para el
momento en que se procedió a su estudio, aun no se había expedido el Acuerdo
PCSJA22-11985 del 29 de agosto de 2022, en el que se reguló la vigencia provisional

de las tarjetas profesionales de abogado, mientras se surte el proceso de
implementación del examen —garantizando con ello los derechos a la igualdad, al
trabajo y al libre ejercicio de la profesión de los graduados—, sino que estaba en
vigencia el Acuerdo PCSJA19-11354 del 29 de julio del 2019, en el que no se había
contemplado el cumplimiento del requisito previsto en la Ley 1905 del 2018, por lo
que el análisis allí dispuesto tampoco comporta una situación con iguales
circunstancias fácticas al sub judice.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00535-00
Demandante: Juan Camilo Giraldo

Así las cosas, la Sala no encuentra que la entidad accionada haya incurrido en la
vulneración endilgada y, por tanto, no se habilita la procedencia del amparo
deprecado.

3. Conclusión

Dados los argumentos que preceden la Sala concluye que en el caso no se configura
la vulneración endilgada y, en tal sentido, denegará el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Denegar el amparo solicitado por el señor Juan Camilo Giraldo, conforme a
los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Ejecutoriada esta sentencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

YASM

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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