Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-00545-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-00545-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-00545-01
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
18 de mayo de 2023
Demandante: E.S.E. Hospital Materno Infantil de Soledad
Demandado: Consejo de Estado Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00545-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00545-01
Demandante: E.S.E HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SOLEDAD
Demandado: CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN PRIMERA
Temas: Tutela contra sentencia de la misma naturaleza –
Improcedencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia del 23 de marzo de 2023, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró la improcedencia de la acción de tutela de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1. Mediante escrito radicado el 3 de febrero de 2023, la E.S.E. Hospital Materno
Infantil de Soledad, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela contra el
Consejo de Estado, Sección Primera, con el fin de que le sea amparado su derecho
fundamental al debido proceso.
2. La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales,
con ocasión de la sentencia del 4 de noviembre de 2022, proferida al interior del
proceso de tutela radicado con el número 25000-23-15-000-2022-00580-01, por la
Sección Primera del Consejo de Estado que modificó el ordinal primero de la
sentencia del 26 de septiembre de 2022 de la Subsección A de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el sentido de:
(i) Declarar improcedente la acción de tutela respecto de la solicitud de
nulidad del acto administrativo que resolvió las excepciones y del que
liquidó el crédito en el proceso de cobro coactivo 001 de 2022.
(ii) Amparar el derecho fundamental al debido proceso de la Nueva EPS S.A.
vulnerado con ocasión del embargo y retención de los recursos
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contenidos en la cuenta corriente maestra de pagos del régimen
contributivo 031-821231-84.
(iii) Ordenar a la E.S.E. Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de
Soledad reintegre la suma de $12.775.318.225, que fueron embargados
en el marco del proceso de cobro coactivo 001 de 2022, a la cuenta
maestra de pagos del régimen contributivo 031-821231-84, cuya titular es
la Nueva EPS S.A.
1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
invocados y, en consecuencia, pidió:
“1- Petición PRINCIPAL: Amparar el derecho fundamental al debido proceso de la
E.S.E., en consecuencia, ordenar al Consejo de Estado, revocar el fallo proferido en
segunda instancia, con ponencia del magistrado Augusto Serrato Valdés con fecha 4
de noviembre de 2022 y radicación N° 5000-23-15-000-2022-00580-01.
Como consecuencia de la decisión adoptada, se ordene al Accionado emitir sentencia
teniendo en cuenta los argumentos esbozados por la E.S.E. Hospital Materno Infantil
Ciudadela Metropolitana de Soledad. 1. Que se tutelen los derechos constitucionales
fundamentales al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y AL DEBIDO
PROCESO de mi poderdante.”1
4. Como medida provisional, solicitó:
“Respetuosamente le solicito al juez de tutela que, de conformidad al artículo séptimo
del Decreto 2591 de 1991, como medida provisional, se ordene la suspensión de los
efectos del fallo de tutela de segunda instancia proferida por el magistrado Roberto
Augusto Serrato Valdés con fecha 4 de noviembre de 2022 con radicación N° 5000-
23-15-000-2022-00580-01. Lo anterior tiene sus sustento en el hecho que, en el
evento en que la E.S.E. Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad
sea compelido a devolver los recursos percibidos en virtud del proceso de jurisdicción
coactiva y que el fallo objeto de la tutela ordena reintegrar, sus finanzas serian (sic)
afectadas en grado sumo y por ende, las (sic) prestación del servicio de atención en
salud a la ciudadanía, en su mayoría vulnerable, que corresponde a la población a
atender por parte de la empresa. Como puede observarse, la protección que se pide
es para salvaguardar el interés público que puede verse afectado considerablemente
por el tiempo transcurrido durante el trámite de revisión. De la misma manera, la
medida provisional no genera un daño desproporcionado a quien afecta directamente,
teniendo en cuenta que los recursos que fueron embargados a través del
procedimiento de cobro coactivo, no pertenecen al patrimonio propio de Nueva EPS,
si no al Sistema de Seguridad Social en Salud (SGSSS). De la manera anterior se
reúnen los presupuestos exigidos por la Corte Constitucional en el auto 259 del 2021,
expediente T-8.012.707.”2
1.3. Hechos
La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la presente sentencia:
1 Transcripción fiel al original con posibles errores.
2 Transcripción fiel al original con posibles errores.
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1.3.1. Hechos que dieron origen a la acción de tutela identificada con el
radicado 25000-23-15-000-2022-00580-00/01
5. La sociedad Nueva Empresa Promotora de Salud S.A. – Nueva EPS S.A. y
la E.S.E. Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad celebraron
el contrato de prestación de servicios 02- 02-05-001-2016 de 4 de mayo de 2016 en
la modalidad de pago por capitación, cuyo objeto es la prestación de “(…)
SERVICIOS DE SALUD PARA EL RÉGIMEN SUBSIDIADO (…) contenidos en el Plan
Obligatorio de Salud -POS-S vigente al momento de la prestación de los servicios de salud
a los afiliados válidos en la BDUA; por el plazo de doce (12) meses con prórroga automática
y por un valor anual de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES
QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS ($2.357.526.000) (…)”.
6. La E.S.E. Hospital Materno Infantil de Soledad inició el proceso de cobro
coactivo 001 de 2022 en contra de la Nueva EPS S.A, y en el marco del referido
proceso se profirió la Resolución 108 de 3 de marzo de 2022, a través de la cual se
libró mandamiento de pago y se decretaron las siguientes medidas cautelares:
7. El embargo y secuestro de “(…) los bienes (muebles e inmuebles), salarios,
acreencias u otros derechos, saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido
crediticio y los demás valores de que sea titular o beneficiaria la ejecutada LA NUEVA
EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. NUEVA EPS S.A., depositados en
establecimientos bancarios, crediticios. [sic] financieros o similares, en cualquiera de sus
oficinas o agencias en el país, por la suma de DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y
CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO
PESOS CON SE.S.E.NTA Y SEIS CENTAVOS ($12.775.318.224,66) M/CTE (…])”.
8. El “(…) embargo y secuestro de los dineros depositados en cuentas corrientes y/o
de ahorro y a cualquier título, CDT, en bancos corporaciones de ahorro y vivienda y
compañías de financiamiento comercial en todo el país, por la suma de DOCE MIL
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL
DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON SE.S.E.NTA Y SEIS CENTAVOS
($12.775.318.224,66) M/CTE (…)”.
9. El “(…) embargo y secuestro de las acreencias u otros derechos que tenga a cargo
en calidad de deudor la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL ADRES a favor de la ejecutada, por la suma de DOCE
MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL
DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON SE.S.E.NTA Y SEIS CENTAVOS
($12.775.318.224,66) M/CTE (…)”
10. La E.S.E. Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad,
mediante los oficios de 3 y 25 de marzo de 2022, le informó a la sociedad
Bancolombia S.A. sobre las medidas cautelares decretadas en contra de la
sociedad Nueva EPS S.A. Igualmente, le ordenó a la entidad bancaria “(…) acatar y
materializar sin objeción alguna [la medida de embargo], pues la misma corresponde a la
facultad de cobro coactivo que radica en cabeza de la administración a través de esta E.S.E;
y a la aplicación estricta de LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE INEMBARGABILIDAD DE
LOS RECURSOS PUBLICOS (…)”. Igualmente, dispuso que los recursos embargados
debían “(…) ser consignados o transferidos a la cuenta judicial N° 087589196010 del
Banco Agrario de Colombia (…)”.
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11. La sociedad ejecutada, mediante escrito de 8 de marzo de 2022, solicitó el
levantamiento de las medidas cautelares dado el carácter inembargable de los
recursos. Sin embargo, la accionada se abstuvo de resolver dicha solicitud.
12. La sociedad Bancolombia S.A., mediante el oficio de 24 de mayo de 2022, le
informó a la E.S.E. Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad
que los recursos depositados en las cuentas bancarias, cuyo titular era la sociedad
Nueva EPS S.A., estaban marcados como inembargables, por ser recursos
pertenecientes al sistema general de seguridad social en salud.
13. Mediante el oficio de 26 de mayo de 2022, la E.S.E. Hospital Materno Infantil
Ciudadela Metropolitana de Soledad ratificó la orden de embargo y reiteró que la
medida cautelar decretada era procedente por encontrarse inmersa dentro de unas
de las excepciones al principio de inembargabilidad de los recursos públicos.
14. La sociedad Bancolombia S.A., mediante el oficio de 8 de junio de 2022, le
informó a la entidad accionada que aplicaba la orden de embargo a la cuenta
corriente maestra de pagos del régimen contributivo 031-821231-84, por la suma de
doce mil setecientos setenta y cinco millones trescientos dieciocho mil doscientos
veinticinco pesos ($12.775.318.225) y puso a disposición de la accionada (hoy
accionante) los recursos en cuestión. Al respecto se señaló lo siguiente:
1.3.2. De la acción de tutela identificada con radicado 25000-23-15-000-2022-
00580-00/01
15. La sociedad Nueva Empresa Promotora de Salud S.A. – Nueva EPS S.A.
presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la defensa, cuya vulneración le atribuyó a la
E.S.E. Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad, con ocasión
de las supuestas irregularidades en que incurrió al interior del proceso coactivo con
radicado número 001 de 2022, y del embargo y retención de $12.775.318.225,
provenientes de la cuenta maestra de pagos del régimen contributivo de la entidad.
16. El proceso le correspondió por reparto a la Subsección A de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad judicial que, en
sentencia del 26 de septiembre de 2022 declaró improcedente el amparo
deprecado.
17. Lo anterior al considerar que no se cumplía con el requisito de la
subsidiariedad, en la medida en que “(…) la accionante tiene a su disposición un
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instrumento idóneo y eficaz para controvertir las decisiones adoptadas dentro del proceso
de cobro coactivo que se adelanta en su contra (…)”. En concreto, el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho.
18. Inconforme con dicha decisión, la Nueva EPS S.A. la impugnó y la alzada le
correspondió a la Sección Primera del Consejo de Estado, que en auto del 11 de
octubre de 2022 decretó la medida cautelar solicitada y las siguientes pruebas:
“5.1. SOLICITAR a la sociedad Nueva Empresa Promotora de Salud S.A. – Nueva
EPS S.A. que, dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación de esta
providencia, rinda informe en el que indique la procedencia de los recursos que fueron
embargados en el marco del proceso de cobro coactivo N° 001 de 2022, acompañado
de las pruebas que respalden lo manifestado.
5.2. SOLICITAR a la entidad financiera BANCOLOMBIA S.A. que, dentro de los dos
(2) días siguientes a la notificación de esta providencia, rinda informe en el que
indique la procedencia y el monto de los recursos embargados a la sociedad Nueva
Empresa Promotora de Salud S.A. – Nueva EPS S.A. [Nit. 900156264-2] con ocasión
del proceso de cobro coactivo N° 001 de 2022, adelantado por la E.S.E. Hospital
Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad [Nit. 802.013.023-5],
acompañado de las pruebas que respalden lo manifestado.”
19. Con posterioridad, en sentencia del 4 de noviembre de 2022 resolvió:
“PRIMERO: MODIFICAR el ordinal primero de la sentencia de 26 de septiembre de
2022, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. En su lugar disponer lo siguiente:
1. DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, respecto de la solicitud
de nulidad del acto administrativo que resolvió las excepciones y del que liquidó el
crédito en el proceso de cobro coactivo N° 001 de 2022, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
2. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la sociedad accionante,
vulnerado con ocasión del embargo y retención de los recursos contenidos en la
cuenta corriente maestra de pagos del régimen contributivo N° 031-821231-84, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
3. ORDENAR a la E.S.E. Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de
Soledad que, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, reintegre la suma de
$12.775.318.225, que fueron embargados en el marco del proceso de cobro coactivo
N° 001 de 2022, a la cuenta maestra de pagos del régimen contributivo N° 031-
821231-84, cuya titular es la Nueva EPS S.A.
SEGUNDO: LEVANTAR los efectos de la medida provisional decretada por esta
Sección mediante auto de 11 de octubre de 2022. (…)”3
20. Como fundamento de su decisión, consideró que la acción de tutela resultaba
improcedente para controvertir el acto administrativo que resolvió las excepciones
y el que liquidó el crédito en el proceso de cobro coactivo 001 de 2022, en la medida
en que la parte actora de esa acción constitucional, contaba con el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir dichas decisiones, de
conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley 1437 de 2011.
21. Por otro lado, advirtió que el mecanismo de amparo resultaba procedente a
para controvertir la materialización de la medida de embargo sobre recursos
3 Transcripción fiel al original con posibles errores.
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pertenecientes al sistema de seguridad social en salud, en la medida en que “el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho únicamente procede
contra determinados actos administrativos dictados en el proceso de cobro coactivo
(el acto que declara deudor, el que resuelve las excepciones y el que liquida el
crédito) y, debido a ello, no es posible emplear dicho medio de control para solicitar
la nulidad o la suspensión del acto administrativo que decretó una medida cautelar.”
22. Al descender al caso concreto, expuso el marco jurisprudencial y normativo
en relación con el principio de inembargabilidad de los recursos públicos y de
aquellos provenientes del sistema general de seguridad social en salud.
23. Así mismo, realizó el recuento fáctico de conformidad con las pruebas
allegadas al expediente, en relación con el proceso de cobro coactivo 001 de 2022
y expuso:
“Con fundamento en los hechos probados en el caso en concreto, la Sala advierte
que efectivamente las medidas cautelares decretadas en el marco del proceso de
cobro coactivo N° 001 de 2022 recayeron sobre recursos públicos que gozan de
destinación específica y que, adicionalmente, son inembargables, ya que se afectaron
los dineros contenidos en la cuenta corriente N° 031-821231-84, que corresponde a
la cuenta maestra de pagos del régimen contributivo de la Nueva EPS S.A.
En E.S.E. orden de ideas, a juicio de esta Sección, en esta oportunidad la medida de
embargo decretada por la E.S.E. Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana
de Soledad en el proceso de cobro coactivo efectivamente vulneró el derecho
fundamental al debido proceso de la accionante por las razones que pasan a
exponerse:
En primera medida, y conforme se explicó en el acápite VIII.4.3.1 de esta providencia,
la Corte Constitucional en la sentencia T – 053 de 2022 precisó que las excepciones
al principio de inembargabilidad de los recursos públicos no operaban respecto de los
recursos provenientes de los aportes y/o cotizaciones hechas por afiliados al régimen
contributivo. Ello, en razón a que, siguiendo la línea trazada por la Corte
Constitucional en la referida providencia, los recursos recaudados con ocasión de los
aportes que hacen los empleados, los empleadores, los trabajadores independientes
y los pensionados no hacen parte del patrimonio de las empresas promotoras de
salud ni de las demás entidades obligadas a compensar.
Estos dineros, de conformidad con lo expuesto en líneas anteriores, pertenecen al
sistema de salud y, de hecho, la titularidad de las cuentas maestras de recaudo por
disposición del artículo 2.6.4.2.1.2 del Decreto 780 de 2016, modificado por el artículo
1° del Decreto 1437 de 2021, está en cabeza de la ADRES, lo que claramente denota
que los recursos no son de las empresas promotoras de salud encargadas del
recaudo.
Dado que la medida cautelar afectó los dineros depositados en la cuenta maestra de
pago de la EPS, la Sala no puede pasar inadvertido que esta cuenta también tiene el
carácter inembargable y que los recursos contenidos en ella provienen, una vez
efectuado el proceso integral de compensación27, de los aportes y/o cotizaciones
realizadas por los afiliados al sistema de salud en el régimen contributivo.”4
24. En segundo lugar, manifestó que no resultaba aplicable la excepción al
principio de inembargabilidad alegada en el proceso de cobro coactivo, en la medida
en que su alcance, en los términos expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C – 1154 de 2008, se encuentra previsto exclusivamente para aquellos
casos en los que el Estado reconoce la existencia de una obligación a su cargo en
4 Transcripción fiel al original con posibles errores.
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forma clara, expresa y exigible y únicamente se puede hacer efectiva en el marco
de un proceso ejecutivo.
25. En tercer lugar, advirtió que el embargo decretado por la E.S.E. Hospital
Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad recayó sobre la cuenta
maestra de pagos del régimen contributivo de la EPS accionante, por lo que
consideró que se afectó indiscriminadamente recursos con destinación específica
del régimen contributivo, lo que, a su juicio, puso en peligro el pago de las distintas
obligaciones que se debían satisfacer con cargo a esta cuenta, como lo son: (i) el
pago de incapacidades; (ii) el pago de los servicios de salud prestados a los afiliados
del régimen contributivo; (iii) el pago de licencias de maternidad, entre otras
prestaciones.
26. Finalmente, destacó que las obligaciones que presuntamente adeudaba la
sociedad Nueva Empresa Promotora de Salud S.A. – Nueva EPS S.A. tenían como
fuente obligacional la ejecución del contrato 02- 02-05-001-2016 de 4 de mayo de
2016, cuyo objeto era la prestación de los servicios de salud a la población afiliada
al régimen subsidiado. Sin embargo, puso de presente que, los recursos que
resultaron embargados en el proceso de cobro coactivo pertenecían al régimen
contributivo, por lo que se desconoció el principio de destinación específica.
27. Lo anterior, por cuanto, si bien la fuente obligacional es la ejecución de un
contrato de prestación del servicio de salud, adujo que, no se podía ignorar que
dicho contrato tenía por objeto garantizar el acceso a los servicios de salud de los
afiliados al régimen subsidiado.
1.4. Fundamentos de la vulneración
28. En primer lugar, expuso que la autoridad judicial accionada vulneró su
derecho fundamental al debido proceso al incurrir en defecto fáctico y
procedimental, así como en el “desconociendo importantes preceptos jurídicos”.
29. Reiteró los argumentos que sirvieron de sustento al proceso de cobro
coactivo 001 de 2022 y afirmó que la presente solicitud de amparo resulta
procedente.
30. En relación con la relevancia constitucional expuso que, dicho requisito se
superaba ya que están de por medio los derechos de los usuarios del sistema de
salud de un municipio de más de 600.000 habitantes que en muchas ocasiones solo
tienen la posibilidad de acudir a la E.S.E.
31. Afirmó que no cuenta con otro mecanismo judicial idóneo para “revertir” el
fallo de tutela proferido en segunda instancia por la Sección Primera del Consejo de
Estado y que, se cumple con el requisito de inmediatez toda vez que la sentencia
de tutela atacada fue proferida en noviembre de 2022 y aclarada en enero del 2023.
32. Al referirse al fondo del asunto, la parte actora manifestó que la autoridad
judicial accionada vulneró su derecho fundamental al debido proceso, al incurrir en
un defecto fáctico en atención a que únicamente con la notificación del fallo del 4
de noviembre de 2022, que resolvió la acción de tutela 2022-00580-00/01, conoció
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que la cuenta 031 -821231-84, de la entidad financiera Bancolombia era una cuenta
maestra de pagos del régimen contributivo, cuya titular es la Nueva EPS S.A.
33. Lo anterior por cuanto, en el curso del proceso de cobro coactivo nunca se le
comunicó que dicha cuenta era de recaudo del régimen contributivo. En concreto,
puso de presente que, a pesar de haber recibido distintos oficios de la Nueva EPS
S.A. accionante, así como de la entidad financiera, aquellas omitieron informar la
naturaleza de los recursos.
34. Adujo que actualmente se encuentra cumpliendo un programa de
mejoramiento institucional aprobado por la Superintendencia Nacional de Salud,
debido a las dificultades de orden administrativo y financiero, por lo que resultaba
imposible atender lo resuelto por la Sección Primera del Consejo de Estado sin
colocar en riesgo la atención en salud de la población que atiende, máxime si se
tiene en cuenta que es el único operador público de baja complejidad con presencia
en todo el municipio.
35. Por otro lado, indicó que “la nueva gerencia encontró que la aseguradora NUEVA
EPS S.A. desde el mes de agosto de 2022 hasta la fecha NO HA PROCEDIDO A
REALIZAR LOS GIROS A LA E.S.E., QUE LE CORRESPONDE REALIZAR POR LA
POBLACION AFILIADA A ESA ENTIDAD, ADEUDANDO HASTA LA FECHA MAS DE
TRES MIL MILLONES DE PESOS.”
36. Arguyó que, el documento5 que constituyó la razón de la decisión para
modificar la sentencia de primera instancia, nunca fue aportado al proceso de tutela,
sino que únicamente se conoció en segunda instancia, motivo por el cual el a quo
constitucional declaró la improcedencia del mecanismo al advertir que no existía
prueba de un perjuicio irremediable. De lo anterior concluyó:
“Este documento que solo obra en el trámite de la segunda instancia no fue puesto a
disposición de la E.S.E. en ningún momento del trámite tutelar y solo se conoció de
tal al momento de la notificación del fallo de segunda instancia, vulnerando el derecho
de defensa de la entidad hospitalaria, ya que el recurrir a nuevos presupuestos para
el fallo, tales presupuestos han debido pasar por el filtro del principio de contradicción
que sustenta las actuaciones judiciales. Así las cosas, es un evidente yerro procesal,
advertido y puesto en conocimiento del despacho, una vez surtida la notificación del
fallo, no obstante, el curso de la tutela ha continuado y se pretende su convalidación
con un incidente de desacato en trámite que pone en riesgo el principio constitucional
de la libertad del suscrito ora (sic) que funge como representante legal de la E.S.E.”
37. Finalmente afirmó:
“La E.S.E. sólo vino a obtener conocimiento de las afirmaciones en el sentido que los
recursos objeto de embargo son de destinación específica, con el fallo de segunda
instancia de la tutela. En E.S.E. sentido, se viola el derecho fundamental al debido
proceso, teniendo en cuenta que el inciso primero del artículo 40 del CPACA, enuncia
la posibilidad de que el interesado controvierta las pruebas aportadas o practicadas
dentro de la actuación, antes de que se dicte una decisión de fondo, como ocurrió en
este caso particular.
En consecuencia, esta Gerencia considera que al no tener posibilidad de controvertir
la certificación de Bancolombia acerca del destino de la cuenta corriente y la no
5 Al referirse a la prueba documental, la identificó como “oficio xx que la cuenta de número N° 031-821231-84
es una cuenta corriente maestra de pagos del régimen contributivo por lo tanto sus recursos son inembargables
dentro del proceso de jurisdicción coactivo ejecutado.”
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vinculación como sujetos procesales, tal como fue arriba explicado, se constituye una
clara vulneración del debido proceso de la E.S.E.”
38. En segundo lugar, observó que se vulneró su derecho al debido proceso, al
incurrir en un defecto procedimental, en la medida en que no se vinculó a la
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social ADRES,
la cual era responsable de la auditoría y control de las cuentas maestras del régimen
contributivo y subsidiado.
39. Por último, puso de presente que se configura un perjuicio irremediable, en
concreto por el pago de lo ordenado en la decisión cuestionada, ya que ello,
implicaría desfinanciar los programas asociados con la prestación de uno de los
servicios de atención en salud que brinda la E.S.E.
1.5. Trámite de la acción de tutela
40. Mediante auto del 9 de febrero de 2023, el magistrado ponente de la decisión
de primera instancia admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a
la Sección Primera del Consejo de Estado como autoridad accionada. Igualmente,
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y a la
Nueva Empresa Promotora de Salud S.A. (NUEVA EPS S.A.), como terceros con
interés.
41. Así mismo, ordenó la publicación del auto admisorio en la página web del
Consejo de Estado.
42. Finalmente, negó la medida provisional solicitada.
1.6. Intervenciones
43. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en el expediente, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Primera6
44. En escrito de 15 de febrero de 2023, el magistrado ponente de la decisión
objetada pidió que se declare la improcedencia de la acción de tutela, toda vez que
no se demostró la comisión de un fraude en la decisión objeto de reproche
constitucional.
45. Señaló que “la presente acción de tutela se dirige en contra de un fallo proferido en
un proceso de igual naturaleza, resulta oportuno poner de relieve que la Corte
Constitucional, mediante sentencia SU-627 de 2015, estableció que, en estos eventos, el
mecanismo de amparo procede, excepcionalmente, siempre y cuando se acrediten los
siguientes requisitos: `(…) a) que la tutela presentada no comparta identidad procesal con
la solicitud de amparo cuestionada, es decir que no se esté en presencia de la cosa juzgada;
b) que se pruebe de manera clara y suficiente que la decisión en una anterior acción de
6 La acción de tutela aparece en el siguiente link:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=25000231500020220058
0011100103.
9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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tutela fue producto de una situación de fraude; y c) que no exista otro mecanismo legal para
resolver tal situación (…)´”.
1.6.2. La Nueva EPS S.A.
46. En correo electrónico de 16 de febrero de 2023, el apoderado de la entidad
pidió que se nieguen las pretensiones de la solicitud por improcedentes, toda vez
que no se demostró la vulneración alegada.
47. Afirmó que lo pretendido por la entidad accionante es que se desatiendan las
normas procesales y que se incumplan unas órdenes judiciales, sin que pruebe la
existencia de un perjuicio irremediable.
48. Indicó que “los funcionarios de la E.S.E., están dilatando el trámite al querer
desatender una orden judicial emanada el 4 de noviembre de 2022 del honorable Consejo
de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, como se dice
coloquialmente están ‘tomando del pelo’, pues luego de tres meses de habérsele
conminado a cumplir una orden judicial, NO, LO HA REALIZADO, no obstante pretende
ejercer a través de esta acción, sin las pruebas requeridas, y sin fundamentos reales o
simplemente realizando juicios u opiniones formados a partir de indicios o datos
incompletos o supuestos con los que pretende se le reconozca un derecho inexistente en
este caso. Llegando al punto de ser temerarias y tener un contexto calumnioso”.
49. Señaló que han trascurrido más de tres meses desde que se dictó la orden
de tutela y la entidad accionante no ha dado cumplimiento a lo resuelto por la
Sección Primera del Consejo de Estado.
50. Sostuvo que “la acción de tutela presentada por la E.S.E. HOSPITAL MATERNO
INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD está encaminada a que se cree
una tercera instancia, en un trámite expedito como es el de la acción de tutela, más aun
con sus aseveraciones pretende invocar fundamentos de un supuesto ‘FRAUDE’
inexistente y sin llegar a probarlo, precisamente basado en malas interpretaciones,
amañando y cercenando la norma a su acomodo, pretende se le proteja un derecho
inexistente en este asunto. En este punto es importante señalar que no solo es invocar el
fraude sino para que se logre demostrar (i) que el juez de tutela incumplió un deber básico
de conducta que se opone los requerimientos medulares que se anudan a la tarea de
administrar justicia, manifiesta en una actuación dolosa o extremadamente negligente y (ii)
que la sentencia cuestionada no puede ser admitida debido a que resulta evidentemente
incorrecta, implicando además -en principio- una afectación grave del patrimonio público. Y
se extraña en nuestro caso que la E.S.E. haya demostrado los anteriores presupuestos”.
51. Resaltó que las pruebas aportadas ante la autoridad judicial accionada son
contundentes, mientras que en la solicitud de amparo simplemente se presentan
conjeturas, sin aportar algún elemento de convicción que demuestre el supuesto
fraude.
52. Por último, manifestó que la accionante incurre en abuso del derecho, toda
vez que sabía que los recursos eran inembargables, de lo que hizo caso omiso, por
lo que no se puede excusar en que no tenía conocimiento de esa circunstancia,
situación que quedó evidenciada con las pruebas analizadas por el Consejo de
Estado, Sección Primera, decisión que “no merecen ningún tipo de reparo, menos aún,
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cuando la accionante en este caso la E.S.E. de Soledad repara en que fue tomada mediante
un fraude, situación que deberá probar so pena de incurrir en una calumnia”
53. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, guardo silencio a pesar que se notificó en debida forma el auto
admisorio de la acción de tutela.
1.7. Sentencia de primera instancia
54. En providencia del 23 de marzo del 2023, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela presentada por la E.S.E.
Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad.
55. Como sustento de su decisión expuso que de conformidad con la sentencia
de la Corte Constitucional SU-245 de 2021, la acción de tutela procede contra
providencias de la misma naturaleza cuando se configura el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta, el cual se puede verificar únicamente, una vez ha vencido el
término para que sea seleccionada, o cuando se ha producido la decisión de
revisión dictada por el máximo tribunal de lo constitucional. Lo anterior, por cuanto
antes del trámite ante dicha corporación, aún está pendiente la posibilidad de que
aquella se pronuncie y revise las decisiones de instancia.
56. Al descender al caso concreto, manifestó que de conformidad con las
actuaciones que reposan en el Sistema para la Gestión Judicial Samai, el fallo de
segunda instancia, objeto de tutela, proferido por la Sección Primera del Consejo de
Estado el 4 de noviembre de 2022 fue objeto de solicitud de nulidad, la cual se
resolvió por auto de 2 de febrero de 2023 y el 9 de marzo de 2023 se dispuso la
remisión del expediente a la Corte Constitucional para que surtiera el trámite de
eventual revisión.
57. Así las cosas, concluyó que la acción de tutela promovida por la parte actora
resultaba improcedente porque para el momento en que se formuló -3 de febrero de
2023-, aún no se había surtido el trámite de eventual revisión ante la Corte
Constitucional, en el cual se puede presentar solicitud de revisión de la sentencia
objetada en los términos del artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 33 del
Decreto ley 2591 de 1991 y el artículo 53 del Reglamento Interno (Acuerdo 02 de
2015).
1.8. Impugnación
58. Con escrito enviado por correo electrónico el 31 de marzo de 2023, la parte
actora impugnó la decisión de primera instancia.
59. Reiteró los defectos fáctico y procedimental7 planteados en el escrito de
demanda y consideró que sus argumentos no fueron tenidos en cuenta por el a quo
constitucional.
60. Citó los artículos 173 del Código General del Proceso y 212 de la Ley 1437
de 2011, para indicar que existen momentos procesales oportunos en los que las
7 Falta de vinculación de la ADRES y de la entidad financiera Bancolombia.
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partes deben solicitar las pruebas a efectos de que, con posterioridad, las mismas
puedan practicarse e incorporarse al proceso, siempre y cuando se verifique que
son válidas y pertinentes. Al respecto citó las sentencias de la Corte Constitucional
C-496 de 2015 y C-880 de 2005.
61. Por otro lado, indicó:
“Vale indicar que la fundamentación del fallo impugnado gravita sobre a base en que,
el alegato principal de nuestro recurso de amparo se hizo en la afirmación de que la
sentencia de tutela de segunda instancia, estaba inmersa en la teoría constitucional
de fraude a la ley. No obstante, la alegado siempre ha sido que, el pronunciamiento
judicial en tutelado, en su análisis y decisión se sostiene sobre una prueba
(certificación que los recursos embargados a través del proceso de jurisdicción
coactiva, son inembargables par ser proveniente del régimen contributivo) que, muy
a pesar de lo manifestado en la sentencia recurrida, no fue conocida en momento
alguno para la E.S.E. Es decir, la prueba documental ni fue puesta a consideración
de la empresa para ser controvertida.”
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
62. El Consejo de Estado es competente para conocer de la impugnación
presentada por la E.S.E. Hospital Materno Infantil de Soledad Ciudadela
Metropolitana contra la sentencia del 23 de marzo de 2023 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Cuarta, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de
la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el 1069 de
2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, así como en el Acuerdo 080 de 2019
de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
61. Le corresponde a la Sala decidir si confirma, modifica o revoca la sentencia
del 23 de marzo de 2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, para
lo cual deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:
• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de
la acción de tutela contra providencia judicial, en especial el relacionado con
la posibilidad de presentar una petición de amparo contra una decisión de la
misma naturaleza?
62. De superarse los requisitos de procedibilidad adjetiva, la Sala analizará lo
siguiente:
• ¿Vulneró la Sección Primera del Consejo de Estado el derecho fundamental
al debido proceso de la tutelante, al incurrir en los defectos fáctico y
procedimental?
63. Por razones de orden metodológico, la Sala analizará los siguientes asuntos:
i) criterio de la Sección sobre procedencia de la acción de tutela contra providencias
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judiciales; ii) del requisito de procedibilidad adjetiva relacionado con la presentación
de una acción de tutela contra decisión de la misma naturaleza, y iii) caso concreto.
2.3. Razones jurídicas de la decisión
2.3.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
64. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de
8
2012 , unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las
distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre
el tema9. Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección,
decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva
de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales10. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería
E.S.E. estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados
hasta el momento jurisprudencialmente”.
65. Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 11,
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200512, para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la
tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales, como lo señala el artículo 86 Constitucional, y, por ende, el amparo
frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.
66. Sobre el tema, la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia13 a unos
requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho de amparo –
procedencia sustantiva – y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo
del asunto – procedencia adjetiva -.
67. Esta Sección ha determinado que, en primer lugar, se debe verificar que la
solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad adjetiva,
esto es: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra
tutela; iii) subsidiariedad, es decir, el agotamiento de los recursos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando sean idóneos y eficaces para la protección del
derecho que se dice vulnerado; e iv) inmediatez. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
68. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P. María Elizabeth
García González, Sentencia 31.07.12, Rad. 2009-01328-01.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.
10 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta M. P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez, Sentencia 05.08.14, Rad.11001-03-15-000-2012-02201-01.
12 Corte Constitucional, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
13 Entre otras sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.
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en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.
69. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.3.2. Tutela contra decisión de tutela
70. La Corte Constitucional, en sentencia SU-627 del 1 de octubre de 2015, con
ponencia del magistrado Mauricio González Cuervo, precisó la improcedencia de la
acción de tutela interpuesta contra decisiones proferidas en el marco de otras
acciones de la misma naturaleza por cuanto “la resolución del conflicto se prolongaría
indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jurídica como del goce efectivo de los
derechos fundamentales”.
71. Por lo tanto, en los términos del referido precedente, al admitirse una nueva
acción de tutela se instituiría un recurso adicional para la insistencia en la revisión
de un proceso ya concluido, lo que es contrario a la Constitución y a las normas que
reglamentan la materia, ya que, una vez culminado el trámite procesal
correspondiente, opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
72. Sin embargo, en la misma providencia, la Corte Constitucional aclaró que,
excepcionalmente, procede la acción de tutela contra providencias proferidas en
ejercicio de la acción de amparo constitucional, bajo los siguientes parámetros:
“(…)
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de
un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la
sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la
de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha
sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por
sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de
nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte
Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal
de la República, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno
de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con
los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad
procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de
manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de
tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y
(iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la
situación.
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4.6.3. Si la acción se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela
diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad
o con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela
sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para
su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción
de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato,
y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional. (…)14” (Negrillas fuera de texto).
73. Como se lee, el máximo órgano constitucional ha aceptado de manera
excepcional la procedencia de este mecanismo de amparo contra una providencia
de tutela, siempre que se compruebe de manera clara y suficiente que la sentencia
acusada fue producto de un fraude.
74. Así, además de cumplirse con los demás requisitos previstos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, es necesario, para
que proceda contra una sentencia de esa naturaleza, que el accionante demuestre
la configuración de una situación fraudulenta y que no exista otro medio ordinario o
extraordinario para resolver esa situación.
75. Con posterioridad, en la sentencia SU-245 de 2021, la Corte Constitucional
indicó:
“135. En E.S.E. sentido, la acción de tutela contra sentencias de tutela procede
de manera excepcional cuando se configura el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta. Esta última se produce cuando una acción de tutela no ha sido
seleccionada para revisión por la Corte Constitucional y finaliza el término de
insistencia de los magistrados, el Procurador General de la Nación, el Defensor
del Pueblo y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. La
consecuencia de la exclusión de un caso de la revisión de la Corte es la firmeza
jurídica del último fallo que se haya adoptado en sede de instancia, el cual cobra
entonces ejecutoria formal y material. De este modo, la sentencia mediante la cual se
ha resuelto el asunto concreto hace tránsito a cosa juzgada constitucional.15
136. En E.S.E. orden de ideas, el carácter definitivo de una sentencia de tutela
se produce únicamente cuando ha vencido el término para que esta sea
seleccionada, o cuando se ha producido la decisión de revisión dictada por este
Tribunal y, por E.S.E. motivo, no es posible hablar de cosa juzgada
14 Corte Constitucional, Sentencia SU-627 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
15 Auto 027 de 1998. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. El efecto de cosa juzgada constitucional frente al
asunto concreto, derivado de la no selección del expediente, fue particularmente desarrollado desde la
Sentencia SU-1219 de 2001. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En esta providencia, la Sala Plena indicó
que “[l]a decisión de la Corte Constitucional consistente en no seleccionar para revisión una sentencia de tutela
tiene como efecto principal la ejecutoria formal y material de esta sentencia, con lo que opera el fenómeno de
la cosa juzgada constitucional. Salvo la eventualidad de la anulación de dicha sentencia por parte de la misma
Corte Constitucional de conformidad con la ley, la decisión de excluir la sentencia de tutela de la revisión se
traduce en el establecimiento de una cosa juzgada inmutable y definitiva. De esta forma se resguarda el principio
de la seguridad jurídica y se manifiesta el carácter de la Corte Constitucional como órgano de cierre del sistema
jurídico.”
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fraudulenta antes de que ocurran estos hechos, pues tal estabilidad no se ha
alcanzado y aún está pendiente la posibilidad de que esta Corte Constitucional
se pronuncie, revisando las decisiones de instancia.” (Negrilla fuera de texto)
2.4. Del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad adjetiva en el caso
concreto
2.4.1. Tutela contra tutela en el caso concreto
76. La Sala advierte que la solicitud de amparo de la referencia no se relaciona
con una de aquellas hipótesis establecidas por la jurisprudencia constitucional en la
que, de manera excepcional es procedente la acción de tutela contra una
providencia de la misma naturaleza; es decir, que con motivo de un fraude se
hubiere producido cosa juzgada fraudulenta, como pasa a explicarse:
77. En el caso bajo análisis, el reparo de la accionante se dirige contra la
sentencia del 4 de noviembre de 2022, en atención a que la Sección Primera del
Consejo de Estado incurrió en un defecto fáctico al fundamentar su decisión en una
prueba documental que no identificó, frente a la cual no se permitió el derecho de
contradicción, en la medida en que, según indica, no tenía conocimiento de que los
dineros embargados en el proceso de cobro coactivo 001 de 2022 eran recursos
pertenecientes al sistema general de seguridad social en salud y que, por ende,
eran inembargables.
78. En E.S.E. sentido, según su dicho, únicamente con la notificación de la
sentencia cuestionada advirtió dicho hecho.
79. De lo anterior se desprende que, si bien se alega una vulneración de
derechos fundamentales como consecuencia de un presunto defecto fáctico, lo
cierto es que no se precisó ningún hecho que constituya fraude, pues la E.S.E.
actora se limitó a cuestionar la decisión que le ordenó el reintegro de la suma
embargada, más no elevó argumentación alguna que acredite una situación
fraudulenta que hiciera procedente la solicitud de amparo que ahora presenta.
80. Tan es así, que en el escrito de impugnación afirmó que no compartía la
decisión de primera instancia del proceso de la referencia, ya que su argumento no
estaba relacionado con la teoría constitucional de fraude a la ley, sino a que la
decisión cuestionada se fundamentó en una prueba mediante la cual se certificó
que los recursos embargados en el proceso de jurisdicción coactiva eran
inembargables por provenir del régimen contributivo, sin que dicho medio de
convicción fuera conocido por la E.S.E. y por ende, tampoco ejerció el derecho de
contradicción.
81. En este punto, la Sala considera necesario aclarar que, antes de analizar el
fondo del asunto, esto es, la presunta configuración del defecto fáctico alegado, se
debe determinar la procedencia de la solicitud de amparo, lo que implica verificar si,
del escrito de tutela o del expediente, se advierte la existencia de una situación
fraudulenta. Ya que, de no encontrarse acreditada, la acción constitucional no es
procedente para controvertir una sentencia de tutela.
82. Así las cosas, no basta con reiterar el yerro expuesto en precedencia, ya que
al tutelante le correspondía alegar y probar el fraude mencionado.
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83. Ahora, de los hechos expuestos en la acción de tutela de la referencia, no se
evidencia elemento alguno que lleve a la conclusión que, en el proceso
constitucional cursado en segunda instancia por la Sección Primera del Consejo de
Estado, radicado con el número 25000-23-15-000-2022-00580-00/01, se hubiese
incurrido en una conducta fraudulenta, circunstancia que, se reitera, le correspondía
alegar y demostrar en grado de plenitud probatoria a la parte actora.
84. Lo anterior, en cumplimiento de lo advertido por la Corte Constitucional en la
sentencia T-218 del 20 de marzo de 2012 con ponencia del Magistrado Juan Carlos
Henao Pérez, en la cual se indicó que la cosa juzgada fraudulenta “se predica de un
proceso que ha cumplido formalmente con todos los requisitos procesales y que materializa
en esencia un negocio fraudulento a través de medios procesales, que implica un perjuicio
ilícito a terceros y a la comunidad”.
85. Sobre la configuración del fraude, el máximo Tribunal Constitucional, en la
sentencia T-218 de 2012 antes mencionada, reconoció que aquel puede ser
cometido, por una parte, por ambas o por el juez que conoce el asunto, por lo que
amerita la intervención del juez constitucional para evitar que una orden fraudulenta
se materialice. Dicha actuación fraudulenta debe predicarse de los sujetos
procesales al interior de la acción constitucional.
86. Como se evidenció anteriormente, los argumentos de la parte actora están
dirigidos a cuestionar el amparo concedido en la primera acción de tutela. No
obstante, no expuso alguna situación en la que el juez hubiera actuado con
dolo para desviar el proceso de su fin, circunstancia que, la accionante debió
acreditar para demostrar la configuración de un fraude, pues la simple afirmación
relativa a que la Sección Primera vulneró su derecho fundamental al debido proceso
no es causa para dar cabida a la excepción a la regla general consistente en que
las acciones de tutela no proceden contra decisiones de la misma naturaleza.
87. En el caso concreto se advierte que la parte actora no comparte el análisis
realizado por la autoridad judicial accionada, más no aporta prueba clara y suficiente
de la existencia de una situación fraudulenta para que proceda el principio fraus
omnia corrumpit.
88. Adicionalmente, es claro que, en el sustento de la providencia proferida por
la demandada, no se encuentra vicio alguno producto de una situación de fraude o
que no exista otro medio eficaz para resolver el caso.
89. En concreto, se observa que el auto del 11 de octubre de 2022 mediante el
cual se decretaron pruebas en el proceso 2022-00580-01 le fue notificado a la
E.S.E. Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad y, que los
documentos allegados en cumplimiento de dicha orden, fueron anexados al
expediente en el aplicativo SAMAI, en el cual podían ser consultados y revisados
por las partes.
90. Además, se advierte que en dicho auto se decretó una medida cautelar contra
la E.S.E. mencionada y aquella intervino en el proceso con el fin de comunicar la
imposibilidad de cumplir dicha orden. Esto permite corroborar que conoció de la
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Demandante: E.S.E. Hospital Materno Infantil de Soledad
Demandado: Consejo de Estado Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00545-01
decisión que decretó las pruebas documentales, las cuales, se reitera, se
encontraban disponibles para consulta en el aplicativo SAMAI.
91. Adicionalmente, es preciso indicar que la decisión de la Sección Primera aquí
cuestionada tuvo sustento en todo el material probatorio allegado al expediente por
las partes.
92. Finalmente, se resalta que la acción de tutela del 4 de noviembre de 2022
fue remitida a la Corte Constitucional para que se surta el trámite de la revisión el
cual no ha culminado, lo que refuerza la improcedencia del mecanismo de amparo
de la referencia, en la medida en que no se ha configurado la cosa juzgada
constitucional.
93. En consecuencia, al no encontrar una situación de fraude en la decisión
recurrida, esta Sala confirmará el fallo del 23 de marzo de 2023 que declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo al no superar el requisito de tutela contra
sentencia de la misma naturaleza.
94. Ahora, en relación con el defecto procedimental relacionado con la falta de
vinculación de la ADRES y Bancolombia al expediente constitucional 2022-00580-
00/01, la Sala observa que la parte actora presentó solicitud de nulidad con dicho
argumento.
95. En auto del 2 de febrero de 2023 la misma fue negada por la Sección Primera
del Consejo de Estado, al advertir que debía ser el tercero quien debía poner en
conocimiento del juez la falta de vinculación, si tenía interés en el proceso.
96. Ahora, la Sala observa que esta decisión no fue objeto de la presente acción
de tutela, la parte actora no presentó argumentos para controvertir la ratio de la
decisión que negó la nulidad y, además, dicho hecho tampoco configura una
situación fraudulenta que permita superar el requisito de procedibilidad objeto de
estudio.
2.5. Conclusión
97. De conformidad con las razones expuestas, habrá de confirmarse la
sentencia del 23 de marzo de 2023 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
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Demandante: E.S.E. Hospital Materno Infantil de Soledad
Demandado: Consejo de Estado Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00545-01
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de marzo de 2023 proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente
la acción de tutela de la referencia, de conformidad con las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en los términos previstos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOTIFÍQUE.S.E. Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la
providencia oficial con el número de radicación en
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