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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00549-00

Fecha
3 de marzo de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00549-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentadas por la Consejo Seccional de la Judicatura del Meta y la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DENEGAR el amparo solicitado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00549-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

3 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00549-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: LUIS FRANCISCO SIERRA ROPERO

TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. LAS ACCIONADAS
NO HAN VULNERADO LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL
ACTOR. EL CONCURSO DE MÉRITOS DE LA RAMA JUDICIAL TIENE
CARÁCTER PERMANENTE. LA PROVISIÓN DE VACANTES SE
EFECTUARÁ CON FUNDAMENTO EN LOS REGISTROS DE
ELEGIBLES VIGENTES, AL MOMENTO EN QUE POR NECESIDADES
DEL SERVICIO ESTAS SE PRODUZCAN. EL CARGO PARA EL CUAL
CONCURSÓ EL ACTOR NO SE ENCUENTRA VACANTE NI
DISPONIBLE EN CONVOCATORIA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA IGUALDAD, AL DEBIDO PROCESO, Y AL
ACCESO A EJERCER CARGOS PÚBLICOS.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte

actora contra la SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00549-00
Actor: LUIS FRANCISCO SIERRA ROPERO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA y el CONSEJO SECCIONAL DE

LA JUDICATURA DEL META.

I. ANTECEDENTES

I.1 La solicitud

El señor LUIS FRANCISCO SIERRA ROPERO, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al

acceso a ejercer cargos públicos, los cuales, a su juicio, le fueron

vulnerados por la SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA y el CONSEJO SECCIONAL DE

LA JUDICATURA DEL META, al haber expedido el Acuerdo

PCSJA22-12028 de 19 de diciembre de 2022 y al omitir incluir en

el formato de opción de sede el cargo de “Técnico en Sistemas de

Tribunal Grado 11 (261632).

I.2 Hechos

Indicó que a través del Acuerdo CSJMEA17-930 del 5 de octubre

de 2017, el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta convocó

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Actor: LUIS FRANCISCO SIERRA ROPERO

al concurso de méritos para la conformación del registro seccional

de elegibles para la provisión de los cargos de empleados de

carrera de tribunales, juzgados y centros de servicios.

Refirió que se inscribió en el mencionado concurso de méritos para

ocupar el cargo de “Técnico en Sistemas de Tribunal Grado 11

(261632)”, en el que aprobó satisfactoriamente todas las etapas.

Sostuvo que al revisar el formato de opción de sede en el portal

web del Consejo Seccional de la Judicatura encontró que no

aparece el cargo para el cual participó, esto es, “Técnico en

Sistemas de Tribunal Grado 11 (261632)”, pues únicamente se

encuentra, entre otros, el de “Técnico Grado 11”.

Adujo que el origen de lo anterior deviene del Acuerdo PCSJA22-

12028 del 19 de diciembre de 20221, expedido por el Consejo

Superior de la Judicatura que, en su artículo 6º indicó “crear, con

carácter permanente, a partir del 11 de enero de 2023, una

secretaría en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San José

del Guaviare, conformada por los siguientes cargos: un secretario

de tribunal, dos escribientes de tribunal, un técnico grado 11 y

1
“Por el cual se crean cargos permanentes en algunos tribunales y juzgados de la
Jurisdicción Ordinaria en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones”

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un citador grado 04”, sin incluir el cargo de “Técnico en Sistemas

de Tribunal Grado 11 (261632)”.

Relató que a través de la Resolución CSJMER22-392 de 28 de

diciembre de 20222, el Consejo Seccional de la Judicatura del Meta

actualizó el Registro Seccional de Elegibles, para lo cual lo

posicionó en el 3º lugar para el cargo de “Técnico de Sistemas de

Tribunal”.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio del actor, el Acuerdo PCSJA22-12028 del 19 de diciembre

de 2022 desconoció de plano la lista de elegibles en la que se

encontraba el cargo de “Técnico en Sistemas de Tribunal Grado 11

(261632)”, imposibilitando con ello el acceso a la función pública

de quienes concursan para las vacantes que por su naturaleza han

de ser ubicadas en los tribunales, toda vez que si se hizo referencia

a los cargos de “Secretario de Tribunal” y “Escribiente de

Tribunal”, de tal forma que correspondía crear allí el cargo para al

cual concursó.

2
Por medio de la cual se actualiza el Registro Seccional de Elegibles para proveer los
cargos de empleados de carrera de Tribunales Superiores y Contencioso Administrativo,
Juzgados y Centros y/u Oficinas de Servicios del Distrito Judicial de Villavicencio y
Administrativo del Meta, como resultado del proceso de selección convocado mediante
Acuerdo CSJMEA 17-930 y 931 del 5 y 9 de octubre de 2017”

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Arguyó que el cargo de “Técnico en Sistemas de Tribunal Grado

11 (261632)” era el que debía ser convocado mediante el Formato

de Opción de Sede y no el de “Técnico Grado 11 (261630), como

ocurrió, toda vez que de no ser convocado de manera correcta al

cargo en vacancia de acuerdo con el tipo de despacho, estaría en

una lista de elegibles a través de la cual nunca tendría acceso al

cargo al que concursó, materializándose de esta manera una

vulneración de sus derechos fundamentales invocados.

I.4. Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados y, en consecuencia:

“[…] se ordene al: CONSEJO SECCIONAL DE LA
JUDICATURA DEL META, y al CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA, reconocer que el cargo a convocar para llenar
la vacante en la sede San José del Guaviare – Secretaría
Tribunal Superior Distrito Judicial de San José del Guaviare
es el TÉCNICO EN SISTEMAS DE TRIBUNAL Grado 11
código 261632.

3. Que se convoque a posesión del cargo TÉCNICO EN
SISTEMAS DE TRIBUNAL Grado 11 código 261632 en lugar
del TECNICO Grado 11 código 261630 […]”.

I.5. Defensa

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I.5.1.- El Consejo Seccional de la Judicatura del Meta

sostuvo que en cuanto a la inconformidad relacionada con el

Acuerdo PCSJA22-12028 de 2022, no tiene competencia alguna,

por lo que no es posible emitir un pronunciamiento sobre el

particular.

En lo que respecta a las publicaciones de las opciones de sede

realizada el 1o. de febrero de 2023, señaló que en la página web

de la Rama Judicial se reportaron todos los cargos, entre ellos, los

establecidos en el Acuerdo PCSJA22-12028 de 2022, en el que la

vacante establecida corresponde al cargo de Técnico en Sistemas

Grado 11 (261630), sin que con ello se suscite una vulneración de

los derechos del accionante.

Así las cosas, solicitó que se le desvincule del presente trámite

constitucional por carencia de legitimación en la causa por pasiva.

I.5.1.- La Unidad de Administración de Carrera Judicial del

Consejo Superior de la Judicatura refirió que no es la entidad

a quien compete la publicación de las vacantes de los cargos de

empleados de la Rama Judicial, pues dicha función recae en el

Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, administrador de la

carrera judicial en su distrito, por lo que no es la llamada a atender

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las pretensiones de la acción de tutela de la referencia y solicita

su desvinculación.

Ahora, sostuvo que no se han vulnerado los derechos

fundamentales invocados al expedir el Acuerdo PCSJA22-12028

de 2022, pues como resultado del análisis se evidenció la

necesidad de adoptar medidas permanentes para el mejoramiento

de la prestación del servicio de justicia, entre ellas la creación de

la Secretaría del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San José

del Guaviare conformada por los cargos de secretario de tribunal,

escribientes de tribunal, técnico grado 11 y citador grado 04,

cuyos nombramientos deben efectuarse de las correspondientes

listas de elegibles vigentes.

Destacó que al revisar el Acuerdo CSJMEA17-930 de 2017, por el

cual se adelantó el proceso de selección para la conformación del

Registro Seccional de Elegibles para la provisión de los cargos de

empleados de carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de

Servicios de ese distrito judicial, convocó los siguientes cargos de

técnico grado 11 : Técnico Grado 11, Técnico en Sistemas de

Centros de Servicios de Ejecución de Penas y Medidas de

Seguridad Grado 11 y Técnico en Sistemas de Tribunal Grado 11;

de tal forma que el cargo que fue creado en la Secretaría del

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Tribunal Superior del Distrito Judicial de San José del Guaviare

debe ser provisto con los integrantes del registro de elegibles del

cargo de Técnico Grado 11, pues este se convocó a concurso de

manera autónoma e independiente.

De otra parte, resaltó que los artículos 163, 164, 165 y 167 de la

Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, establecen que

los procesos de selección son permanentes, con el fin de

garantizar, en todo momento, disponibilidad de talento humano

para provisión de vacantes al momento de que estas se presenten,

con tal propósito que deberán realizar convocatorias cada dos

años y los registros creados en tal virtud tendrán una vigencia

individual de cuatro años.

Así las cosas, indicó que los concursos de la Rama Judicial no se

realizan para un determinado número de vacantes, por lo que el

derecho de los integrantes del registro de elegibles para conformar

una lista nace en el momento de presentarse la vacante, para lo

cual se consultará el registro en ese tiempo específico, tan es así

que se convoca para un cargo, sin determinar su sede o función.

Por lo anterior, concluyó que no se han vulnerado los derechos

fundamentales invocados, comoquiera que como integrante del

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registro seccional de elegibles para el cargo de Técnico en

Sistemas de Tribunal Grado 11, puede optar por las vacantes de

dicho cargo que se presenten durante la vigencia del Registro, esto

es, cuatro años.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6

de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número

377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de

Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre

las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de

2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento

de las acciones de tutela.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto

el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido

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de la sentencia.

La Sala advierte que el Consejo Seccional de la Judicatura del

Meta y la Unidad de Administración de Carrera Judicial del

Consejo Superior de la Judicatura solicitaron su desvinculación

en la presente acción de tutela, por falta de legitimación en la

causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-

1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de

legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que
el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor
y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación
en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación
con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal

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sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso,
como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad
y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las personas,
y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla
fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable
del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se
rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la
conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su
conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que la acción de tutela de la referencia se dirige

contra las actuaciones surtidas por el Consejo Seccional de la

Judicatura del Meta y el Consejo Superior de la Judicatura y

que frente a estas la parte actora alega la presunta vulneración de

los derechos fundamentales invocados, les asiste interés en las

resultas del proceso, por lo que la Sala denegará sus solicitudes

de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Generalidades de la acción de tutela

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La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los

derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier

autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo

42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 19913. Dicha

acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que

solo procede cuando el afectado no disponga de otros medios de

defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio,

con miras a evitar un perjuicio irremediable.

Caso Concreto

En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora

pretende que se deje sin efecto el Acuerdo PCSJA22-12028 de 19

de diciembre de 2022, expedido por la SALA ADMINISTRATIVA

DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y, de otra parte,

se le ordene al CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL

META incluir en el formato de opción de sede el cargo de “Técnico

en Sistemas de Tribunal Grado 11 (261632).

3
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política".

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A juicio del actor, las entidades accionadas vulneraron sus

derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al

acceso a ejercer cargos públicos, habida cuenta que desconocieron

de plano la lista de elegibles en la que se encontraba el cargo de

“Técnico en Sistemas de Tribunal Grado 11 (261632)”,

imposibilitando con ello el acceso a la función pública de quienes

concursan para las vacantes que por su naturaleza han de ser

ubicadas en los tribunales.

Sumado a lo anterior, el actor alegó que el cargo de “Técnico en

Sistemas de Tribunal Grado 11 (261632)” era el que debía ser

convocado mediante el Formato de Opción de Sede y no el de

“Técnico Grado 11 (261630)”, como ocurrió, toda vez que de no

ser convocado de manera correcta al cargo en vacancia de

acuerdo con el tipo de despacho, estaría en una lista de elegibles

a través de la cual nunca tendría acceso al cargo al que concursó,

materializándose de esta manera una vulneración de sus derechos

fundamentales invocados.

Conforme con lo anterior, a la Sala corresponde determinar si

resulta procedente la acción de tutela para controvertir las

actuaciones surtidas dentro del concurso de méritos de la Rama

Judicial.

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Procedencia excepcional de la acción de tutela para

controvertir actos administrativos proferidos en el marco

de concurso de méritos

Cabe precisar que la acción de tutela resulta procedente de

manera excepcional para controvertir actos administrativos que

reglamenten o ejecuten un proceso de concurso de méritos, para

lo cual deberán concurrir los siguientes presupuestos, esto es,

que: i) la solicitud de amparo se ejerza como mecanismo

transitorio a fin de evitar un perjuicio irremediable que amenace

gravemente los derechos fundamentales, el cual deberá ser cierto

e inminente; grave; de urgente atención e impostergable y, ii) el

mecanismo dispuesto para el asunto resulte ineficaz para amparar

el derecho fundamental cuya protección se invoca y que en caso

de no ser garantizado se convierta en un perjuicio para el actor.

En esa medida, tal como lo ha establecido esta Corporación4, la

acción de tutela resulta procedente cuando no disponga de otros

recursos o los medios de defensa no resulten eficaces, y se utilice

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable,

criterio que también ha sido acogido por la Corte Constitucional.

4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección “B”, sentencia de 30 de noviembre de 2021, rad. 11001-03-15-000-2021-
07055-00.

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En efecto, la Corte Constitucional en sentencia de 9 de marzo de

225 discurrió sobre el particular así:

“[…] De esta manera, si bien la regla general indica la
improcedencia de la acción de tutela para dirimir los conflictos
que se presentan en el marco de los concursos de méritos,
cuando existen actos susceptibles de control judicial y,
especialmente, cuando las listas de elegibles adquieran
firmeza, lo cierto es que la jurisprudencia constitucional ha
fijado algunas subreglas para orientar en qué casos el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho no es
eficaz, entendiendo que no permite materializar el principio del
mérito en el acceso a los cargos públicos. Ello bajo la
consideración previa de que, desde un examen abstracto, tal
medio goza de idoneidad.

[…]

En conclusión, la acción de tutela no es, por regla general, el
mecanismo judicial dispuesto para resolver las controversias
que se derivan del trámite de los concursos de méritos, cuando
ya se han dictado actos administrativos susceptibles de control
por parte del juez de lo contencioso administrativo, en
especial, cuando ya existe una lista de elegibles. Sin embargo,
el juez de tutela deberá valorar si, atendiendo a las
circunstancias del caso concreto, los medios de control
ante la justicia administrativa son eficaces para resolver
el problema jurídico propuesto, atendiendo a las subreglas
previamente mencionadas, esto es, (i) si el empleo ofertado
cuenta con un periodo fijo determinado por la Constitución o
por la ley; (ii) si se imponen trabas para nombrar en el cargo
a quien ocupó el primer lugar en la lista de elegibles; (iii) si el
caso tiene una marcada relevancia constitucional; y (iv) si
resulta desproporcionado acudir al mecanismo ordinario, en
respuesta a las condiciones particulares del accionante […]”.
(Destacado fuera de texo).

5
Sentencia T-081 de 2022, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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En ese mismo sentido, esta Sala de decisión en sentencia de 13

de febrero de 20206 dispuso que la acción de tutela resulta ser el

mecanismo idóneo para restablecer eficaz y oportunamente los

derechos conculcados con ocasión de un concurso público de

méritos, comoquiera que el medio alternativo eventualmente

podría carecer de idoneidad, eficacia y celeridad, tal como se

transcribe a continuación:

“[…]El Consejo de Estado7 y la Corte Constitucional8, en
reiteradas oportunidades, han señalado que, tratándose de la
protección oportuna de los derechos fundamentales
presuntamente vulnerados con ocasión de un concurso público
de méritos, la acción de tutela es el mecanismo idóneo para
restablecer eficaz y oportunamente los derechos conculcados,
pues eventualmente el medio alternativo carecería de
idoneidad, eficacia y celeridad.

En síntesis, la acción de tutela es un instrumento judicial eficaz
e idóneo para controvertir asuntos referentes a la provisión de
cargos de carrera administrativa en el marco de un concurso de
méritos, cuando exista riesgo de que el respectivo registro
de elegibles pierda vigencia mientras se surten los
medios ordinarios de defensa, tal como lo alega la
accionante en este caso […]”.

6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 13 de febrero de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, rad. 11001-03-15-000-
2020-00150-00.
7
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 21 de abril de 2014.
C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, radicación número AC-15001-23-33-000-
2013-00562-02. Actor(a): Karem Yary Caro Maldonado. Contra: Comisión Nacional del
Servicio Civil.
8
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 21 de abril de 2014.
C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, radicación número AC-15001-23-33-000-
2013-00562-02. Actor(a): Karem Yary Caro Maldonado. Contra: Comisión Nacional del
Servicio Civil.

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Actor: LUIS FRANCISCO SIERRA ROPERO

En efecto, de conformidad con la posición asumida por esta Sala

de decisión, la solicitud de amparo resulta procedente de manera

excepcional para controvertir actuaciones surtidas dentro de un

concurso de méritos, siempre y cuando exista riesgo de que el

registro de elegibles pierda vigencia mientras se tramitan los

medios ordinarios de defensa.

En el caso concreto el señor SIERRA ROPERO se inscribió al

concurso de méritos convocado por el Consejo Seccional de la

Judicatura del Meta a través del Acuerdo CSJMEA17-930 del 5 de

octubre de 2017 para ocupar el cargo de “Técnico en Sistemas

de Tribunal Grado 11 (261632)”.

Luego de aprobar satisfactoriamente todas las etapas, a través de

la Resolución CSJMER22-392 de 2022, el Consejo Seccional de la

Judicatura del Meta actualizó el Registro Seccional de Elegibles,

para lo cual el actor ocupó el tercer puesto para el cargo de

“Técnico de Sistemas de Tribunal Grado 11” con un total de

699,58 puntos.

A través del Acuerdo PCSJA22-12028 de 19 de diciembre de 2022

la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura creó,

de manera permanente, una secretaría en el Tribunal Superior del

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Distrito Judicial de San José del Guaviare, conformada, entre

otros, por un cargo de técnico grado 11, lo cual, a juicio del

actor, vulnera sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido

proceso y al acceso a ejercer cargos públicos, toda vez que el

cargo de “Técnico en Sistemas de Tribunal Grado 11

(261632)” era el que debía ser convocado.

Lo anterior, toda vez que de no ser convocado de manera correcta

al cargo en vacancia de acuerdo con el tipo de despacho, estaría

en una lista de elegibles a través de la cual nunca tendría acceso

al cargo al que concursó, materializándose de esta manera una

vulneración de sus derechos fundamentales invocados.

En este punto la Sala resalta que, comoquiera que el actor se

encuentra en el registro de elegibles sobre el cual existe el riesgo

de que pierda vigencia mientras se surten los medios ordinarios

de defensa, la acción de tutela resulta procedente para analizar la

vulneración de los derechos fundamentales que se alegan en la

solicitud constitucional.

Para resolver la inconformidad alegada por el actor, es necesario

traer a colación los siguientes lineamientos respecto del concurso

de méritos de la Rama Judicial.

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De conformidad con el artículo 160 de la Ley 270 de 7 de marzo

de 1996 – Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-, para

ocupar cargos de carrera de la Rama Judicial, es necesario que,

además de los requisitos establecidos en las disposiciones

generales, se supere satisfactoriamente el proceso de selección y

se aprueben las evaluaciones establecidas por la ley y efectuadas

de conformidad con los reglamentos que sobre el particular expida

la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

En ese mismo sentido, el artículo 162 ibidem prevé que para los

funcionarios el proceso de selección comprende i) el concurso de

méritos, ii) la conformación del registro nacional de elegibles, iii)

la elaboración de listas de candidatos y iv) el nombramiento y

confirmación.

Así las cosas, quienes superen el concurso de méritos pasan a

conformar el registro de elegibles para los cargos a los cuales

concursaron, en orden descendente, de conformidad con los

puntajes obtenidos en el concurso, de tal forma que los procesos

de selección en la Rama Judicial son permanentes; ello con el fin

de garantizar en todo momento la disponibilidad para la provisión

de las vacantes que se presenten en cualquier especialidad y nivel.

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Para lo cual, el artículo 165 de la mencionada normativa dispone

que la inscripción individual en los registros de elegibles tendrá

una vigencia de cuatro años, de la siguiente manera:

“[…]ARTÍCULO 165. REGISTRO DE ELEGIBLES. La Sala
Administrativa de los Consejos Superior o Seccional de la
Judicatura conformará con quienes hayan superado las etapas
anteriores, el correspondiente Registro de Elegibles para cargos
de funcionarios y empleados de carrera de la Rama Judicial,
teniendo en cuenta las diferentes categorías de empleos y los
siguientes principios:

[…]

La inscripción individual en el registro tendrá una
vigencia de cuatro años. Durante los meses de enero y
febrero de cada año, cualquier interesado podrá actualizar su
inscripción con los datos que estime necesarios y con éstos se
reclasificará el registro, si a ello hubiere lugar […]” (Destacado
fuera de texto).

Por su parte, el artículo 167 de la mencionada norma, prevé

respecto del nombramiento lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 167. NOMBRAMIENTO. Cada vez que se
presente una vacante en cargo de funcionario, la entidad
nominadora comunicará la novedad, a más tardar dentro de los
tres días siguientes, a la correspondiente Sala Administrativa del
Consejo Superior o Seccional de la Judicatura, según el caso.
Recibida la lista de candidatos, procederá al nombramiento
dentro de los diez días siguientes.

Tratándose de vacantes de empleados, el nominador, a más
tardar dentro de los tres días siguientes, solicitará a la Sala
Administrativa del Consejo Superior o Seccional que
corresponda, el envío de la lista de elegibles que se integrará
con quienes ocupen los primeros cinco lugares en el
correspondiente registro de elegibles, previa verificación de su
disponibilidad. La Sala remitirá la lista dentro de los tres (3) días

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siguientes y el nombramiento se hará a más tardar dentro de
los diez (10) días siguientes […]”.

De lo anterior se extrae que el concurso de méritos para ocupar

cargos en la Rama Judicial se rige por el principio de

permanencia, esto, con el fin de garantizar en todo momento la

disponibilidad de talento humano para la provisión de vacantes

cuando se requieran, por lo que se deberá realizar convocatorias

cada dos años y los registros de elegibles tendrán una vigencia

individual de 4 años.

Es por esto que, tal como lo sostuvo la Unidad de Administración de

Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura en su escrito

de contestación, cuando se convoca a un proceso de selección de la

Rama Judicial no se realiza para un número determinado de cargos,

sino para aquellos que respondan a su misma denominación y

categoría dentro de la estructura administrativa, razón por la cual

tampoco se determina su sede o función.

En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo núm. 4856

de 20089, cuando se presente una vacante definitiva en los

cargos de empleados de carrera de la Rama Judicial, el

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“Por medio del cual se reglamenta el parágrafo del artículo 165 y el inciso 2º del artículo
167 de la Ley 270 de 1996 y se dictan otras disposiciones relacionadas con la
actualización de los registros de elegibles y listas de elegibles para los cargos de carrera
de empleados de la Rama Judicial”.

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nominador informará a la Sala Administrativa del Consejo Superior

o Seccional de la Judicatura, según corresponda y, verificada la

vacante definitiva, publicarán en la página web de la Rama Judicial,

durante los cinco primeros días de cada mes, las sedes y los cargos

vacantes, con el fin de que los integrantes del registro de elegibles

manifiesten su disponibilidad para el desempeño de los cargos, con

fundamento en lo cual se integrará el registro en estricto orden

descendente de puntaje. Luego de ello, tal lista se remitirá a la

autoridad nominadora para la provisión en propiedad de los cargos

vacantes.

Además, si ninguno de los integrantes de la lista de elegibles

aceptara el nombramiento, se conformaría otra con los que siguen

en turno. En todo caso, la provisión de vacantes definitivas se

efectuará con fundamento en los registros de elegibles

vigentes, al momento en que las mismas se producen.

En efecto, tal como se indica en el artículo 132 de la Ley Estatutaria

de Administración de Justicia, hasta tanto se produzca la vacante,

las personas que conforman la lista de elegibles, en estricto orden

descendente, tendrán la oportunidad de manifestar su

disponibilidad para el desempeño del cargo para el cual concursó,

de acuerdo con el formato de opción de sede publicado por el

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Consejo Seccional de la Judicatura que corresponda y finalmente,

dicha lista se remitirá al nominador para la provisión en propiedad

del cargo vacante.

El artículo 132 mencionado prevé:

“[…] ARTÍCULO 132. FORMAS DE PROVISION DE CARGOS
EN LA RAMA JUDICLAL. La provisión de cargos en la Rama
Judicial se podrá hacer de las siguientes maneras:

[…]

Cuando el cargo sea de Carrera, inmediatamente se produzca la
vacante el nominador solicitará a la Sala Administrativa del
Consejo Superior o Seccional de la Judicatura, según sea el
caso, el envío de la correspondiente lista de candidatos, quienes
deberán reunir los requisitos mínimos para el desempeño del
cargo […]”.

Analizadas las pruebas obrantes en el expediente, la Sala encuentra

que la vacante disponible en el formato de opción de sede en el

portal web del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta para la

secretaría del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San José

del Guaviare, es la correspondiente a técnico grado 11, y no la

correspondiente al cargo de “Técnico en Sistemas de Tribunal

Grado 11 (261632)” al cual se presentó el actor, sin que ello

implique la vulneración de los derechos fundamentales del mismo.

Lo anterior traduce que no existe vacante disponible en la

actualidad para nombrar al señor SIERRA ROPERO en el cargo

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de “Técnico en Sistemas de Tribunal Grado 11 (261632)”,

que fue para el cual concursó y que deberá esperar a una nueva

convocatoria en la cual, de encontrarse la necesidad del servicio,

será creada la vacante.

En ese orden de ideas, para la Sala las autoridades judiciales

accionadas no han vulnerado los derechos fundamentales

invocados, de tal forma que las inconformidades expuestas por el

actor no tienen vocación de prosperidad, toda vez que tanto la

SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA como el CONSEJO SECCIONAL DE LA

JUDICATURA DEL META han respetado las etapas del proceso de

selección, de conformidad con las reglas establecidas para el efecto

en la ley para este tipo de concurso de méritos.

De tal suerte que no se advierte la vulneración de los derechos

fundamentales invocados, motivo por el cual, al no haberse

acreditado los yerros endilgados, la Sala denegará el amparo

deprecado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la

presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera,

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administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta

de legitimación en la causa por pasiva presentadas por la Consejo

Seccional de la Judicatura del Meta y la Unidad de

Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de

la Judicatura, por las razones expuestas en la parte motiva de

esta providencia.

SEGUNDO: DENEGAR el amparo solicitado, de conformidad con

lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de marzo

de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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