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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00559-01

Fecha
8 de junio de 2023
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00559-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia impugnada. En su lugar, denegar las pretensiones de la acción de tutela formulada por Jero SAS, por las razones expuestas. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00559-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

8 de junio de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00559-01
Demandante: Jero SAS

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00559-01
Demandante: JERO SAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Temas: Contra providencia dictada en proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho contra actos administrativos sancionatorios

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la sentencia
del 9 de marzo de 2023, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, que
declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 3 de febrero de 2023, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado
judicial, Jero SAS pidió la protección del derecho fundamental al debido proceso.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del
22 de julio de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que
denegó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
promovida contra las resoluciones 4113.010.24.064 del 14 de febrero de 2017 y
4133.010.21.662 del 26 de julio de 2017, proferidas por el Departamento Administrativo
de Gestión del Medio Ambiente de Cali (DAGMA), que sancionaron a la sociedad
actora por una infracción de carácter ambiental.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones (se transcribe con errores):

PRIMERA: Que se DECLARE vulnerado por parte del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE
DEL CAUCA, el derecho fundamental del DEBIDO PROCESO, con ocasión al indebido trámite
llevado dentro del proceso con radicado No. 76001-33-33-015-2018-000006-00 ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

SEGUNDO: En consecuencia, se deje sin efecto la sentencia judicial de segunda instancia No.
146 del 22 de julio de 2020, proferidas dentro del proceso con radicado No. 76001-33- 33-015-
2018-000006-00, y se PROFIERAN decisiones ajustadas a derecho, donde se le de valor al
material probatorio aportado, a las normas que regulan la materia y la Jurisprudencia.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

Mediante las resoluciones 4113.010.24.064 del 14 de febrero de 2017 y
4133.010.21.662 del 26 de julio de 2017, el Departamento Administrativo de Gestión
del Medio Ambiente de Cali (DAGMA) impuso a la sociedad actora multa de
$37.134.476, por encontrarla responsable de la afectación al sistema de flujo de aguas
subterráneas y de los niveles del aljibe concesionado bajo el número VC-886. La

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Demandante: Jero SAS

afectación fue causada por excavaciones que la actora llevó a cabo para la ejecución
de la obra del Hotel La Sagrada Familia.

Jeso SAS interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las
resoluciones 4113.010.24.064 del 14 de febrero de 2017 y 4133.010.21.662 del 26 de
julio de 2017, pues, en su criterio, fueron dictadas con desconocimiento de los
principios de tipicidad y legalidad, por indebida identificación de la conducta
sancionada.

Por sentencia del 17 de junio de 2019, el Juzgado 15 Administrativo de Cali declaró la
nulidad de los actos cuestionados, pues, en su criterio, no fue debidamente identificada
la conducta sancionada.

Las partes del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho apelaron la sentencia
del 17 de junio de 2019. La parte actora apeló, por cuanto, a su juicio, debió condenarse
en costas al municipio de Cali. Por su parte, el municipio de Cali adujo que no puede
exigirse un rigor excesivo en la clasificación de la conducta en detrimento del derecho
sancionador ambiental.

Mediante sentencia del 22 de julio de 20221, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca revocó la sentencia del 17 de junio de 2019 y, en su lugar, denegó las
pretensiones de la demanda. En síntesis, el tribunal demandado consideró que no
fueron desconocidos los principios de legalidad y tipicidad, por cuanto las conductas
sancionadas están debidamente descritas en los actos cuestionados y están previstas
en los artículos 238 y 239 del Decreto 1541 de 1978 (desperdicio del recurso hídrico,
alteración al sistema de flujo de las aguas y no acatar los requerimientos de la autoridad
ambiental).

4. Fundamentos de la acción de tutela

La sociedad demandante sostuvo que la providencia del 22 de julio de 2022, dictada
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, vulneró el derecho fundamental al
debido proceso, toda vez que los actos cuestionados en el proceso ordinario no
identificaron de manera adecuada las conductas sancionadas. Explicó que el DAGMA
no especificó cuál de las 288 disposiciones del Decreto 1541 de 1978 fue la
supuestamente transgreda.

La actora dijo que la autoridad judicial demandada vulneró los principios de legalidad
y tipicidad2, toda vez que la conducta sancionada y la sanción carecen de sustento
legal. Dijo que el tribunal demandado, de manera injustificada, adecuó la conducta
sancionada a lo previsto en los artículos 238 y 239 del Decreto 1541 de 1978, pero sin
especificar los correspondientes numerales o literales. Agregó que el tribunal
demandado no podía adecuar la conducta sancionada.

5. Intervenciones

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca aportó copia magnética del
expediente ordinario y manifestó que dicho expediente evidencia que los actos
administrativos sancionatorios fueron expedidos con plena garantía del derecho
fundamental al debido proceso.

El DAGMA adujo que carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que
respetó el derecho fundamental al debido proceso de la sociedad actora. Alegó que dio
estricto cumplimiento al procedimiento sancionatorio ambiental y que así quedó

1 Notificada el 4 de agosto de 2022.
2 Sobre los principios de tipicidad y legalidad en materia sancionatoria, la sociedad actora citó la sentencia C-030 de

2012 de la Corte Constitucional. Acerca de la tipicidad, también citó la sentencia del 9 de diciembre de 2013, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Cuarta.

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demostrado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Resaltó que la
parte actora simplemente quiere reabrir una discusión debidamente agotada.

6. Sentencia impugnada

La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 9 de marzo de
2023, declaró improcedente la acción de tutela, toda vez que el debate tiene un
contenido eminentemente legal y económico. Manifestó que la parte actora
simplemente pretende evitar el pago de una multa y, en ese sentido, son reiterados los
argumentos expuestos en el proceso ordinario sobre el supuesto desconocimiento de
los principios de legalidad y tipicidad.

Agregó que no es procedente desvincular al DAGMA, por cuanto fue vinculada en
calidad de tercero con interés, por el hecho de haber intervenido como demandado en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que dio origen a la sentencia
cuestionada.

7. Impugnación

La parte demandante impugnó, pues, a su juicio, sí está cumplido el requisito de
relevancia constitucional, por evidenciarse la vulneración del derecho fundamental al
debido proceso. Alegó que en el proceso ordinario se evidenció que los actos
sancionatorios fueron expedidos sin especificar cuál de las 288 disposiciones del
Decreto 1541 de 1978 fue la supuestamente trasgredida. Reiteró que la conducta
sancionada no está debidamente tipificada y que la sanción tampoco estuvo
debidamente sustentada en una norma legal.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar la sentencia impugnada, que
declaró improcedente de la acción de tutela promovida por Jero SA, por no estar
cumplido el requisito de relevancia constitucional.

La Sala anticipa que la acción de tutela sí cumple el requisito general de relevancia
constitucional y, por ende, verificará si la sentencia del 22 de julio de 2022, dictada por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, incurrió en defecto sustantivo. Si bien la
parte actora no identificó un defecto concreto, lo cierto es que los argumentos sobre
violación al debido proceso y a los principios de legalidad y tipicidad pueden asociarse
con el defecto sustantivo.

En todo caso, la Sala también anticipa que no hubo defecto sustantivo, por lo que serán
denegadas las pretensiones de la acción de tutela.

Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional, (iii) el análisis de la relevancia
constitucional en el caso concreto y (iv) la sentencia del 22 de julio de 2022 no incurrió
en defecto sustantivo.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales3 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian

3 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de

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de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos4 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando
se han superado los requisitos generales.

3. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-004, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre
la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente
de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se
acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan
nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción
de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue
proferida la providencia acusada.

4. El análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto

A juicio de la Sala, la tutela de la referencia sí cumple el requisito general de relevancia
constitucional, toda vez que la sentencia cuestionada estudió la legalidad de actos
dictados en un procedimiento administrativo sancionatorio. Los asuntos sancionatorios
comprometen de manera relevante los derechos fundamentales de los ciudadanos o
administrados y, por ende, surge la relevancia constitucional. Al respecto, en T-385 de
2019, la Corte Constitucional señaló lo siguiente:

[…] el principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional
cuando se trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De esta
manera, cuando la Carta consagra el debido proceso administrativo, reconoce implícitamente la
facultad que corresponde a la Administración para imponer sanciones. En punto a este tema, la
jurisprudencia constitucional ha expresado que la potestad sancionadora de la Administración
persigue: (i) la realización de los principios constitucionales que gobiernan la función pública, de
conformidad con el artículo 209 de la Carta, esto es, igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad; (ii) se diferencia de la potestad sancionadora por la vía judicial;
(iii) se encuentra sujeta al control judicial; y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas del debido
proceso.

Siendo así, la Sala sigue el precedente fijado por la Corte Constitucional y concluye
que, por tratarse de un asunto asociado al ejercicio de la facultad sancionadora de la
administración pública, que fue justamente lo que se analizó en la sentencia objeto de
tutela, está cumplido el requisito general de relevancia constitucional.

5. La sentencia del 22 de julio de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, no incurrió en defecto sustantivo

Como se vio en los antecedentes, la parte actora adujo que la sentencia del 22 de julio
de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, fue dictada con
desconocimiento del debido proceso y de los principios de tipicidad y legalidad en
materia sancionatoria, de modo que pudo incurrir en defecto sustantivo.

Ahora bien, la sentencia cuestionada partió por aludir al procedimiento administrativo
sancionatorio de la Ley 1333 de 2009 y a pronunciamientos del Consejo de Estado y
la Corte Constitucional con respecto a las garantías propias de los procedimientos

tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y
que no se cuestione un fallo de tutela.
4 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.

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administrativo de carácter sancionatorio. Seguidamente, fueron transcritos apartes de
los actos administrativos demandados y se advirtió lo siguiente:

De conformidad con lo anterior, las conductas descritas (desperdicio del recurso hídrico, alteración
al sistema de flujo de las aguas y no acatar los requerimientos de la autoridad ambiental) están
tipificadas en los artículos 238 y 239 del Decreto 1541 de 1978'; el valor de la multa impuesta no
supera el tope máximo consagrado en la ley para esta clase de infracciones', y por último, la
entidad demandada adelantó el proceso administrativo sancionatorio respetando las normas que
rigen la materia (artículos 17 a 31 de la ley 1333 de 2009), a saber: formulación de cargos (folios
1 a 6 del expediente), práctica de pruebas (folios 28 a 31 del expediente) y, resolviendo el asunto
determinado" (folios 32 a 51 y 72 a 78 del expediente), en consecuencia, no puede alegarse
vulneración al debido proceso teniendo en cuenta la oportunidad que tuvo en su momento la parte
actora para solicitar la práctica de pruebas y de controvertir las decisiones de la administración en
el proceso sancionatorio adelantado.

En síntesis, al confrontar la actuación de la entidad junto con los antecedentes administrativos
aportados, se tiene que el Municipio de Santiago de Cali adelantó el proceso sancionatorio
requiriendo a la sociedad propietaria del bien inmueble donde se cometió la infracción a efectos
de que ejerciera su derecho de defensa y contradicción, rindiendo descargos en su oportunidad y
recurriendo las decisiones de la administración, con claridad absoluta consta en el expediente los
requerimientos efectuados por el Municipio de Santiago de Cali por la infracción cometida
(desperdicio del recurso hídrico, alteración al sistema de flujo de las aguas y no acatar los
requerimientos de la autoridad ambiental), la cual fue verificada por la administración, la sociedad
multada dispuso de la oportunidad de ensayar su defensa, solicitar la práctica de pruebas e
interponer los recursos procedentes; es decir, que de ninguna manera es de recibo considerar que
dentro del trámite surtido en sede administrativa se pretermitieron las garantías que concretan el
debido proceso, por lo que se encuentra improbado el cargo formulado en tal sentido.

Como se ve, el tribunal demandado consideró lo siguiente: (i) que las conductas
descritas en los actos sancionatorios están tipificadas en los artículos 238 y 239 del
Decreto 1541 de 1978, como desperdicio del recurso hídrico, alteración al sistema de
flujo de las aguas y no acatar los requerimientos de la autoridad ambiental; (ii) que la
multa no superó el tope previsto en el artículo 85 numeral 1º de la Ley 99 de 1993 y (iii)
que fue debidamente seguido el procedimiento previsto en la Ley 333 de 2009, esto
es, formulación de cargos, práctica de pruebas y decisión.

A partir de lo anterior, la Sala estima que la providencia atacada no incurrió en defecto
sustantivo, pues lo cierto es que pone en evidencia que los actos sancionatorios sí
dieron cuenta de las conductas reprochadas y que fue suficiente la verificación de los
artículos 238 y 239 del Decreto 1541 de 1978 para establecer la tipicidad y la legalidad
de la sanción impuesta. Además, la sentencia cuestionada indica que la sanción
impuesta obedece al límite legalmente previsto en el artículo 85 numeral 1º de la Ley
99 de 1993 y que fue debidamente estimada.

El tribunal administrativo entendió que no es necesaria una descripción exacta de la
conducta sancionada. Y esa conclusión resulta razonable, si se tiene en cuenta que la
propia Corte Constitucional, en sentencia C-219 de 2017, explicó que «son elementos
esenciales del tipo sancionatorio administrativo: (i) la descripción específica y precisa de la
conducta o del comportamiento que da lugar a la aplicación de la sanción, bien porque
la misma esté determinada en el mismo cuerpo normativo o sea determinable a partir de
la aplicación de otras normas jurídicas; (ii) la determinación por la ley de la sanción,
incluyendo el término o la cuantía de la misma, (iii) que exista correlación entre la conducta y
la sanción; (iv) la autoridad competente para aplicarla; y (v) el procedimiento que debe seguirse
para su imposición» (resalta y subraya la Sala).
En este caso, del contenido de los actos administrativos sancionatorios, la autoridad
judicial demandada concluyó que sí había claridad sobre las conductas sancionadas y
las normas que las prevén. Y de la revisión del procedimiento administrativo encontró
probado que la sociedad actora tuvo la oportunidad de pedir pruebas y de interponer
recursos contra los actos sancionatorios, de conformidad con el trámite previsto en la
Ley 1333 de 2009.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-00559-01
Demandante: Jero SAS

Siendo así, la Sala desestima la existencia de defecto sustantivo. Por consiguiente,
será revocada la sentencia impugnada (que declaró improcedente la tutela) y, en su
lugar, se denegarán las pretensiones de la acción de tutela.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

1. Revocar la sentencia impugnada. En su lugar, denegar las pretensiones de la
acción de tutela formulada por Jero SAS, por las razones expuestas.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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