Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00571-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00571-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-00571-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
16 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000-2023-00571-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -
POLICÍA NACIONAL
TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. NO SE CONFIGURÓ
EL DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL.
EL TRIBUNAL VALORÓ LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE
REPARACIÓN DIRECTA A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA
RELATIVA A LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD. LA ACTORA NO
MENCIONA LA FECHA A PARTIR DE LA CUAL DEBERÍA
CONTABILIZARSE EL TÉRMINO RESPECTIVO NI DEMUESTRA EN
QUÉ MOMENTO GARANTIZÓ LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD
PARA EL RETORNO DE LAS VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO
FORZADO A SUS LUGARES DE ORIGEN.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y A LA
IGUALDAD
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la actora contra
el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR1.
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En adelante el TRIBUNAL.
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Número único de radicación: 110010315000 2023 00571 00
Actora: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-POLICÍA NACIONAL
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
La NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA
NACIONAL2, actuando a través de apoderado, en ejercicio de la
acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados
por el TRIBUNAL al haber proferido en segunda instancia la
sentencia de 10 de diciembre de 2021, dentro del medio de control
de reparación directa identificado con el número único de radicación
130013333008-2015-00445-01.
I.2.- Hechos
Manifestó que en el año 2015 un grupo aproximado de 200 personas
que adujeron ser víctimas de desplazamiento forzado del
MUNICIPIO DE SAN JACINTO (Bolívar) por hechos ocurridos en
los años 1999 a 2003, promovieron una demanda en ejercicio del
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En adelante la Policía Nacional.
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medio de control de reparación directa en su contra y del EJÉRCITO
y la ARMADA NACIONAL, con la finalidad de que se les indemnizara
por los perjuicios causados por su situación.
Comentó que el proceso aludido fue identificado con el número único
de radicación 130013333008-2015-00445-01 y atribuido para su
trámite en primera instancia al JUZGADO OCTAVO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA3 que,
mediante sentencia de 26 de marzo de 2019, denegó las
pretensiones de la demanda por cuanto no hubo certeza sobre la
calidad de desplazados de los demandantes.
Informó que la parte vencida interpuso el recurso de apelación
respectivo ante el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 10 de
diciembre de 2021, revocó la decisión recurrida y, en su lugar,
accedió a las pretensiones solicitadas y la condenó solidaria y
administrativamente responsable junto con las demas entidades
demandadas al pago de perjuicios morales en relación con 187
actores en cuantía de 80 SMLMV por cada uno.
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En adelante el JUZGADO.
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I.3.- Fundamentos de la solicitud
Argumentó que al proferir la sentencia cuestionada el TRIBUNAL
incurrió en el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
jurisprudencial, en particular, los contenidos en la sentencia de
unificación de 29 de enero de 2020, proferida por la Sección Tercera
del Consejo de Estado dentro del expediente 85001-33-33-002-
2014-00144-01, así como en la sentencia T-490 de 2014 proferida
por la Corte Constitucional, conforme con las cuales el medio de
control de reparación directa está sometido al término de caducidad,
incluso en los asuntos relacionados con crímenes de lesa humanidad.
Agregó que de igual forma el TRIBUNAL desconoció el precedente
fijado por la Sección Tercera de esta Corporación en el “[…] auto de
21 de noviembre de 2012208, la sentencia de 13 de mayo 20152009
y el auto de 10 de febrero de 2016210 […]”, conforme con los cuales
es claro que en ese tipo de asuntos es aplicable el término de
caducidad.
Expuso que en el presente caso no era posible establecer si el daño
cesó o se ha mantenido en el tiempo, dado que las pruebas no
demostraban si el retorno de los actores a su lugar de origen no ha
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sido posible porque subsistan las situaciones de peligro o amenaza
que les obligó a desplazarse.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:
“[…]PRIMERA: Que se declare que la sentencia de segunda
instancia de fecha 10 de diciembre de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar Sala de Decisión Oral 7 […]
SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaratoria anterior,
se conceda el amparo solicitado por la Policía Nacional y se deje
sin efectos la sentencia citada y se ordene al Tribunal
Administrativo de Bolívar Sala de Decisión Oral 7, dentro de un
término razonable, dictar la sentencia de reemplazo, en la cual
se acaten los argumentos expuestos en la presente acción y
observando el precedente fijado por el H. Consejo de Estado en
las sentencias cuyo desconocimiento se invocó, respecto del
conteo de caducidad de las pretensiones indemnizatorias
formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad[…]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL manifestó que la acción de tutela no puede
convertirse en una tercera instancia para reabrir debates probatorios
y jurídicos que se surtieron ante el juez natural de un asunto.
Agregó que comoquiera que en el presente caso el actor pretende
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que se dé aplicación a una sentencia de unificación del Consejo de
Estado, la acción de tutela de la referencia resulta improcedente
porque para tal efecto la actora tenía a su disposición el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia, conforme con el
artículo 256 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Indicó que en la providencia cuestionada efectuó un análisis
minucioso de la caducidad del medio de control de reparación directa
en casos de desplazamiento forzado, en el que incluyó la sentencia
de unificación de 29 de enero de 2020 citada por la actora como
desconocida.
Expuso que “[…] en Auto Interlocutorio No. 0238-2018 de fecha 05
de Junio de 2018, había declarado la no operancia de la caducidad
de las pretensiones indemnizatorias derivadas del Desplazamiento
Forzado de los demandantes, decisión que quedó ejecutoriada y
contra la cual, la parte demandada no interpuso acciones
constitucionales […]”.
Explicó que, en la providencia cuestionada planteó que, aun
aplicando la sentencia de unificación aludida, en el caso no operaba
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la caducidad porque había circunstancias que impidieron a los actores
ejercer el derecho de acción con anterioridad, sin que al momento en
que fue presentada la demanda hubiesen sido superadas las
situaciones que llevaron a su desplazamiento.
Comentó que la decisión sobre la caducidad tuvo como eje principal
el hecho “[…] de que el desplazamiento forzado es un daño
continuado el cual se prolonga en el tiempo y cesa cuando se dan las
condiciones establecidas por la ley y por la jurisprudencia del Consejo
de Estado, tesis que se ha mantenido incólume aun con posterioridad
a la sentencia de unificación de fecha 29 de enero de 2020 […]”.
I.5.2.- El JUZGADO, vinculado en calidad de tercero con interés
directo en las resultas del proceso, manifestó que la presente acción
de tutela debe ser declarada improcedente o, en su lugar, ser
denegada, dado que no existió la vulneración alegada.
Explicó que, si bien en primera instancia denegó las pretensiones de
la demanda, al ser apelada su decisión el TRIBUNAL la revocó con
base en sus argumentos y criterios jurídicos admisibles expuestos en
la providencia cuestionada.
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I.5.3.- El MINISTERIO DE DEFENSA, vinculado en calidad de
tercero con interés directo en las resultas del proceso, comentó que
las pretensiones de la solicitud de amparo debían ser accedidas, dado
que, en efecto, en su sentir, “[…] no se puede desconocer que
actualmente existe una sentencia de unificación del Consejo de
Estado en torno a la caducidad del medio de control de reparación
directa que es de obligatorio acatamiento […]” y, por ende, debía
haberse declarado la caducidad en el caso origen de la controversia.
Aseguró que la caducidad no es un capricho ni un mecanismo de
afectación del derecho de acceso a la administración de justicia, sino
que se trata de una figura fundada en principios constitucionales que
pretenden garantizar la seguridad jurídica.
Agregó que las sentencias de unificación naturalmente nacen para
dirimir diferentes interpretaciones judiciales y sus efectos son
instantáneos, es decir, se aplican a todos los procesos vigentes y
venideros, por lo que para el caso bajo estudio debió aplicarse el
precedente contenido en la providencia de 29 de enero de 2020,
proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de
estado sobre la caducidad en reparación directa.
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I.5.4.- La señora NEREIDA MARGARITA MEJIA DIAZ, vinculada
en calidad de tercera con interés directo en las resultas del proceso,
solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo por inexistencia
de vulneración a los derechos deprecados.
Afirmó que no es cierto que el TRIBUNAL haya desconocido la
sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 aludida, porque en
la providencia cuestionada dicha autoridad desarrolló un acápite en
el que estudió la caducidad del medio de control de reparación directa
en lo relacionado con el desplazamiento forzado, en el que incluyó
un análisis legal y probatorio de cara a las reglas jurisprudenciales
allí contenidas.
Sostuvo que además “[…] el juicio valorativo del juez de instancia no
fue irrazonable ni desproporcionado, pues tuvo en cuenta las
sentencias vigentes proferidas con posterioridad a la Sentencia de
Unificación del año 2020 […]”.
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II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de
11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y
del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma
Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de
tutela.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
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violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
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de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
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hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
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decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el caso bajo examen, la POLICÍA NACIONAL pretende que se
deje sin efecto la sentencia de 10 de diciembre de 2021,
proferida por el TRIBUNAL en segunda instancia dentro del medio
de control de reparación directa identificado con el número único de
radicación 130013333008 2015 00445 01, mediante la cual se le
declaró solidaria y administrativamente responsable por el
desplazamiento forzado de 187 personas.
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La controversia tiene origen en una demanda de reparación directa
presentada en el año 2015 por un grupo de personas que adujeron
ser víctimas de desplazamiento forzado por hechos ocurridos entre
los años 1999 a 2003.
El disenso de la parte actora radica en que, en su sentir, el
TRIBUNAL incurrió en el defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial contenido en la
sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, proferida por la
Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del expediente 85001-
33-33-002-2014-00144-01, así como en la sentencia T 490 de 2014
proferida por la Corte Constitucional, conforme con las cuales aún en
casos relacionados con delitos de lesa humanidad, el medio de
control de reparación directa está sometidos a caducidad.
Además, la accionante asegura que en el caso bajo estudio no era
posible establecer si el daño cesó o se ha mantenido en el tiempo,
dado que las pruebas no demostraban si el retorno de los actores a
su lugar de origen no fue posible porque hayan subsistido las
situaciones de peligro o amenaza que les obligó a desplazarse.
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La Sala precisa que el estudio del caso se limitará al presunto
desconocimiento de la sentencia de unificación de 29 de enero de
2020 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado y la
sentencia T 490 de 2014 proferida por la Corte Constitucional , dado
que si bien en el escrito introductorio se hizo mención a otras
providencias adicionales, estas no fueron identificadas de forma tal
que permitiera su individualización y consulta, además porque en
todo caso lo cierto es que fueron mencionadas para ilustrar la misma
regla jurisprudencial invocada como desconocida, esto es, la
aplicación de la caducidad en reparación directa en casos
relacionados con delitos de lesa humanidad.
Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de
ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados
e incurrió en el defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial, al haber proferido la sentencia de 10 de
diciembre de 2021 aludida.
La Sala observa que en el presente caso, se cumple con el requisito
de la relevancia constitucional, por cuanto la actora plantea con
suficiente carga argumentativa las razones por las cuales, en su
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criterio, se han vulnerado sus derechos fundamentales y se configuró
el defecto alegado; contra la decisión cuestionada no proceden
recursos y tampoco se estructuran las causales de los recursos
extraordinarios de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y
unificación de jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de
tutela se interpuso en un plazo razonable4, la solicitud identifica los
hechos y derechos que se estiman lesionados; y, por último, no se
trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.
Visto que el presente caso cumple con los requisitos generales de
procedibilidad, la Sala hará mención al marco jurídico del defecto
alegado, para enseguida resolver el fondo del asunto.
Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial
En nuestro ordenamiento jurídico se han desarrollado en torno a las
decisiones judiciales, entre otras, las siguientes figuras
jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente
jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de
4
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).
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unificación y la extensión de la jurisprudencia.
Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4º de
la Ley 169 de 31 de diciembre de 1896 5 y el 270 de la Ley 1437 de
2011; así como su respaldo jurisprudencial en las sentencias C-836
de 9 de agosto de 20016; C-816 de 1o. de noviembre de 20117; C-
179 de 13 de abril de 20168; y T-102 de 25 de febrero de 20149.
En relación con esta causal, la Corte Constitucional ha desarrollado,
ampliamente, el concepto del precedente judicial, definiéndolo así:
“[…] conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de
resolver que por su pertinencia para la resolución de un
problema jurídico constitucional, debe considerar
necesariamente un juez o una autoridad determinada, al
momento de dictar sentencia […].”10 (Destacado fuera de
texto).
Así las cosas, la aplicación del precedente judicial en un caso
determinado, busca asegurar la eficacia de los principios y derechos
5
“Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
6
Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. (Doctrina
probable).
7
Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1o. de noviembre de 2011. M.P. Mauricio González Cuervo.
(Sentencias de unificación jurisprudencial).
8
Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
(Sentencias de unificación jurisprudencial).
9
Corte Constitucional, sentencia T-102 de 2014 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente
jurisprudencial).
10
Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
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fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y
a la confianza legítima que, a su vez, garantizan la protección del
debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia.
Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por
la Corte Constitucional11, según el cual la actividad interpretativa que
se realiza con fundamento en el principio de la autonomía judicial
está supeditada al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación
de la ley, lo que supone, necesariamente que, en casos análogos, los
funcionarios judiciales se encuentran atados en sus decisiones, por
la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado
por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el
mismo juez (precedente horizontal).
En efecto, la Corte Constitucional en sentencia T-457 de 13 de mayo
de 200812, indicó:
“[…] En relación a la aplicación del precedente, esta Sala de
Revisión en sentencia T-158 de 2006 señaló: “Por ello, la
correcta utilización del precedente judicial implica que un
caso pendiente de decisión debe ser fallado de
conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los
hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son
semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del
11
Corte Constitucional, Sentencia T- 760A de 2011. M. P.: Juan Carlos Henao Pérez.
12
Corte Constitucional, Sentencia T-457 del 13 de mayo de 2008, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
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pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos
del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y
(iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha
evolucionado en una distinta o más específica que modifique
algún supuesto de hecho para su aplicación […]”. (Destacado
fuera de texto).
Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia
constitucional, cuya doctrina es obligatoria13, la regla del respeto del
precedente no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no
puede tornarse inflexible frente a la dinámica social, ni petrificarse,
o convertirse en el único criterio tendiente a resolver una situación
concreta.
Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de
supuestos en los cuales resulta legítimo apartarse del precedente
judicial vigente, desarrollados jurisprudencialmente y recogidos en
pronunciamientos anteriores de la Sala14, a saber: i) la disanalogía o
falta de semejanza estricta entre el caso que origina el precedente y
el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación
significativa de la situación social, política o económica en la que se
debe aplicar la regla definida con anterioridad con fuerza de
precedente; iii) un cambio en el orden constitucional o legal que
13
Ver sentencias Corte Constitucional C-083 de 1995, C-037 de 1996, SU-640 de 1998.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo
de 2013. M.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 11001-03-15-000-2012-02074-00.
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sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como
precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la
jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y, v) la
consideración que esa jurisprudencia resulta errónea, por ser
contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se
fundamenta el ordenamiento jurídico.
En efecto, la Sala ha reconocido que, “en los eventos referidos, el
juez que se separa del precedente asume una especial carga de
argumentación, en virtud de la cual debe exponer, de manera clara,
razonada y completa, las razones en las que fundamenta el cambio
de posición jurisprudencial”, para lo cual resulta obligatorio referirse
a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y
fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se
sustenta la decisión de apartarse.
Así las cosas, y como lo ha sostenido la Sala, solo el desconocimiento
injustificado de un precedente es el que da lugar a la configuración
del defecto sustantivo, como causal de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales15.
15
Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia 13 de marzo de 2013. C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación 11001-03-
15-000-2012-02074-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
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Caso concreto
Mediante la sentencia de 10 de diciembre de 2021, proferida en
segunda instancia dentro del medio de control de reparación directa
origen de la controversia, en relación con la caducidad el TRIBUNAL
efectuó el siguiente análisis:
“[…] 2.- CUESTION PREVIA. CADUCIDAD DEL MEDIO DE
CONTROL DE REPARACION DIRECTA EN MATERIA DE
DESPLAZAMIENTO FORZADO.
Precisa la Sala de Decisión, que en el sub judice, el a quo en
audiencia inicial celebrada el día 14 de Septiembre del año 2016,
había dado por terminado el presente proceso, al considerar que
había quedado demostrada la excepción de Caducidad, decisión
que fue apelada por la parte demandante y revocada por el
Tribunal Administrativo de Bolívar mediante auto interlocutorio
No. 0238-2018 de fecha cinco (05) de junio de 2018, en
aplicación de múltiples providencias del Consejo de Estado,
relacionadas con la comisión de delitos de lesa humanidad y del
daño continuado para los casos de desplazamiento forzado,
decisión que se encuentra debidamente ejecutoriada; […]
En este orden, como quiera que el auto interlocutorio No. 0238-
2018 del cinco (05) de junio de 2018, se encuentra ejecutoriado,
y dado el carácter preclusivo de las etapas procesales; esta Sala
de Decisión, considera que en principio no es necesario volver a
estudiar el presupuesto procesal de la Caducidad, respecto del
desplazamiento forzado; no obstante, en virtud de la
sentencia de unificación proferida por el Consejo de
Estado proferida el 29 de enero de 2020; la Sala hará
algunas precisiones sobre dicho fenómeno en el presente
caso.
sentencia 18 de abril de 2013. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 11001-
03-15-000-2012-01797-00.
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2.1. CADUCIDAD DE LAS PRETENSIONES
INDEMNIZATORIAS POR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO
DE LOS DEMANDANTES.
La figura de la caducidad de la acción es de estricto orden público
y de obligatorio cumplimiento, innegociable e irrenunciable en
cuanto implica el reconocimiento normativo de un término
habilitador para el ejercicio de ciertas acciones judiciales, es
decir, las normas de caducidad tienen fundamento en la
seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, en
el sentido de impedir que situaciones permanezcan en el tiempo,
sin que sean definidas judicialmente.
Ahora bien, la caducidad del medio de control de reparación
directa se encuentra regulada en el literal i del numeral 2° del
artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, el cual reza:
[…]
Por su parte, el desplazamiento forzado ha sido uno de los
problemas de repercusiones sociales profundas para el Estado
Colombiano, constituye además, una violación múltiple de
derechos fundamentales, dentro de los que se encuentra la
libertad de circulación.
[…]
Lo anterior, ha permitido el desarrollo de diversas tesis entorno
a la forma en la que se debe contabilizar el término de caducidad
del medio de control de reparación directa cuando las
pretensiones indemnizatorias giran en torno a la reparación de
los daños causados por el Desplazamiento Forzado, tesis que se
desarrollarán a continuación:
2.1.1 TESIS DEL DAÑO CONTINUADO. La jurisprudencia del
H. Consejo de Estado, consideró necesario aplicar una excepción
a la norma de caducidad, en los casos en que las pretensiones
se fundamentan en el desplazamiento forzado, pues se imponía
un tratamiento igual al de la desaparición forzada, al respecto el
H. Consejo de Estado adujo:
[…]
Esta tesis (daño continuado en los casos de desplazamiento
forzado) ha sido sostenida por el Consejo de Estado aun con
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posterioridad a la sentencia de unificación de fecha 29 de enero
de 2020 y SU-312 de 2020, ratificando la decisión que adoptó
este Tribunal al resolver la caducidad del medio de control en
Auto interlocutorio No. 0238-2018 de fecha cinco (05) de junio
de 2018.
2.1.2 TESIS DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL EN
LOS CASOS DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR
DELITOS DE LESA HUMANIDAD
El H. Consejo de Estado, también ha venido desarrollando la
inaplicación de las reglas ordinarias de caducidad en eventos en
que se demandaba la reparación de daños originados en alguno
de los delitos regulados en el artículo 7° del Estatuto de Roma
(d. Deportación o traslado forzoso de población), al respecto
estableció:
[…]
La postura de la Sección Tercera del Consejo de Estado en
materia de caducidad cuando se ventilen asuntos de graves
violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad,
venía siendo aplicada por el Alto Tribunal de lo Contencioso
Administrativo hasta la expedición de la sentencia de unificación
de fecha 29 de enero de 2020.
2.1.3 TESIS DERIVADA DE LA EXPEDICION DE LA LEY
1448 DE 2011 Y SENTENCIA SU-254 DE 2013 PROFERIDA
POR LA CORTE CONSTITUCIONAL
Los hechos de conflicto armado y el fenómeno del
desplazamiento forzado en el Estado Colombiano, trajo como
consecuencia la expedición de la ley 448 de 2011, “por la cual
se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral
a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras
disposiciones.”, disposición que buscaba establecer un conjunto
de medidas de atención y asistencia que permita ofrecer las
garantías necesarias para lograr la reparación integral de los
perjuicios que han sufrido aquellas personas que han sido
víctimas del conflicto armado, estableciendo en los artículos 3°,
9° y 24 lo siguiente.
[…]
La flexibilización del derecho de acceso a la administración de
justicia de las víctimas del conflicto armado, en especial el
acceso a la jurisdicción contencioso-administrativa se impuso
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frente a posturas procesales rígidas que consideraban la
contabilización del término de caducidad del medio de control a
partir de la fecha de ocurrencia del respectivo hecho, de esa
forma lo expuso la H. Corte Constitucional en la Sentencia SU-
254 de 2013, en la que se expuso:
[…]
La expedición de la sentencia SU-254 de 2013 evidenciaba una
nueva postura frente a la contabilización del término de
caducidad de las acciones de reparación directa derivadas de la
responsabilidad estatal por desplazamiento forzado, precisando,
que el término establecido en el literal i numeral 2° del artículo
164 del CPACA únicamente se contabilizará a partir de la
ejecutoria de la Sentencia SU-254 de 2013.
[…]
2.1.4 TESIS DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
DE REPARACION DIRECTA DERIVADA DE LA SENTENCIA
DE UNIFICACION DE FECHA 29 DE ENERO DE 2020
PROFERIDA POR LA SECCION TERCERA DEL H. CONSEJO
DE ESTADO.
Las posturas jurisprudenciales antes citadas fueron
relativamente pacificas hasta el año 2020, debido a la expedición
de la Sentencia de Unificación de fecha 29 de enero de 2020
proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado en el que
se estableció:
[…]
El máximo tribunal de lo contencioso administrativo, unificó su
jurisprudencia respecto a la caducidad del medio de control de
reparación directa cuando se pretenda la indemnización de
perjuicios con ocasión de los delitos de lesa humanidad y resaltó
que es deber del juez identificar tres (03) factores a fin de iniciar
la contabilización de la caducidad del medio de control, a saber:
i) La fecha en la que los accionantes conocieron o debieron
conocer la participación por acción u omisión del Estado; ii) La
fecha en la que los demandantes advirtieron la posibilidad de
imputarle responsabilidad patrimonial al estado y iii) Sí se
observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el
ejercicio del derecho de acción, determinar la fecha en la que se
superaron estas; estos tres factores deben estar probados en el
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plenario y acreditados respecto a todos y cada uno de los
demandantes en los eventos de acumulación subjetiva de
pretensiones.
La Corte Constitucional en similares términos a la unificación
presentada por el Consejo de Estado procedió a emitir la
Sentencia SU-312 de 2020 con ponencia del Dr. LUIS
GUILLERMO GUERRERO PÉREZ, en la que se expuso:
[…]
La sentencia emitida por la H. Corte Constitucional, permite
inferir que para acudir al aparto jurisdiccional la parte
demandante cuenta con dos (2) años a partir del conocimiento
real de la participación de un agente estatal en los hechos que
originaron el daño por el cual pretende ser indemnizado;
conocimiento que podría coincidir o no, con la fecha del hecho
victimizante, lo cual obliga al funcionario judicial a efectuar una
valoración probatoria para determinar la condición establecida
por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
De igual forma, destaca la Sala, que las sentencias de unificación
emitidas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, no
se refieren a la contabilización de la caducidad del medio de
control en los casos de daño continuado, lo que permite inferir
que las reglas adoptadas en los eventos de daño continuado, no
han sido variadas. Lo anterior se evidencia, en providencias
judiciales proferidas por la Sección Tercera del Consejo de
Estado con posterioridad a la sentencia de unificación del 29 de
enero de 2020 y la SU-312 de 2020, lo que permite concluir que
la interpretación de las sentencias de unificación, no han sido
pacíficas, tal y como se ilustrará a continuación:
2.1.5. TESIS DE LA INAPLICACION DEL ARTICULO 164
DEL CPACA, EXPUESTA POR EL CONSEJO DE ESTADO, EN
SENTENCIA DE TUTELA DEL 30 DE AGOSTO DE 2021, EN
CUANTO A LA CADUCIDAD, FRENTE A CRIMENES ATROCES
O GRAVES VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Con posterioridad a la expedición de la sentencia de unificación
de fecha 29 de enero de 2020, el H. Consejo de Estado-Sección
Tercera profiere sentencia el día 30 de agosto de 202126 , en el
que acoge y resalta el deber de los jueces de efectuar el
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CONTROL DE CONVENCIONALIDAD frente a decisiones o
actuaciones que desconozcan y vulneren los derechos de verdad,
justicia y reparación de las víctimas, al respecto el Alto Tribunal
de lo Contencioso administrativo precisó que:
[…]
2.1.6 TESIS DE LA SEGURIDAD JURIDICA DERIVADA DE
LA SENTENCIA PROFERIDA POR EL H. CONSEJO DE
ESTADO DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2021.
[…]
La sentencia citada fijó parámetros para la contabilización de los
términos de caducidad del medio de control de reparación
directa en los casos de delitos de lesa humanidad, indicando que
la jurisprudencia aplicable sería la vigente a la fecha de
presentación de la demanda, en razón a que los cambios
jurisprudenciales que involucren asuntos de orden procesal,
entre ellos, el relacionado con la adecuada escogencia de la
acción, la jurisdicción competente o la caducidad, no pueden
aplicarse de manera retroactiva cuando afecten el derecho de
acceso a la administración de justicia.
Esta sala de decisión estima que independientemente de
que la velocidad de los cambios jurisprudenciales se
aplique de forma retroactiva o retrospectiva, lo
determinante y verdaderamente relevante para el caso en
estudio es la naturaleza del Daño, es decir, si el mismo tiene
el carácter de instantáneo o continuado, pues tratándose de
casos enmarcados en el Desplazamiento Forzado, impera la tesis
jurisprudencial trazada por el Consejo de Estado antes de la
Sentencia de Unificación de fecha 29 de enero de 2020 y con
posterioridad a la misma, en el sentido, de que el
Desplazamiento Forzado es un Daño de Carácter Continuado por
lo que finaliza su causación cuando cesa la calidad de
desplazado, momento a partir del cual, inicia el computo de la
caducidad del medio de control de reparación directa (2 años),
así lo sostuvo el H. Consejo de Estado en sentencia de
fecha 13 de agosto de 2021, antes citada y en forma
análoga el Tribunal Administrativo de Bolívar en Auto No.
0238 de fecha 05 de junio de 2018.
En mérito de lo expuesto, al ser la tesis del daño continuado en
los casos de Desplazamiento forzado la imperante aun con
posterioridad a la expedición de las sentencias de unificación de
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fecha 29 de enero de 2020 proferida por el Consejo de Estado y
SU-312 de 2020 proferida por la Corte Constitucional, se
ratifican las consideraciones establecidas por el Tribunal
Administrativo de Bolívar mediante Auto No. 0238 de 2018, no
obstante que resulta innecesario volver al estudio de la
caducidad, por la importancia y relevancia del tema en
análisis, se procederá a analizar la correlación que existe
entre el Auto de fecha 05 de junio de 2022 y las
sentencias que sobre el daño continuado se profirieron
con posterioridad a las sentencias de unificación ya
mencionadas.
El auto No. 0238 de 2018 proferido por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, tal y como se expuso al inicio del
estudio de este acápite se centró en el argumento de que en los
casos de Desplazamiento Forzado, el inicio del cómputo de la
caducidad requiere que dicha condición o estado haya cesado o
que las condiciones de seguridad se hayan restaurado, en
atención a que el desplazamiento forzado no se agota en el acto
migratorio inicial por el contrario se extiende en el tiempo y
adicionalmente constituye un acto de lesa humanidad, este
argumento es ratificada con posterioridad a la sentencia de
unificación, así se consigna en la Sentencia proferida por la
Sección Tercera Subsección A del Consejo de Estado de fecha 13
de agosto de 2021, rad interno. 64893, en la que se expone:
“(…) Así las cosas tratándose de daños como el desplazamiento
forzado, se ha señalado que el termino de caducidad de la
demanda, debe empezar a contarse “cuando están dadas las
condiciones de seguridad para que se produzca el retorno al
lugar de origen” (…)”
Por tanto, para establecer la existencia o no de la
caducidad del medio de control se debe acudir a la
valoración de las pruebas con la finalidad de determinar
si para la fecha de presentación de la demanda había
cesado o no la calidad de desplazado forzado, o si se
habían restablecido las condiciones de seguridad del
corregimiento de Arenas-Municipio de San Jacinto.
Se observa, que dentro de las pruebas que militan en el
expediente, se encuentra el Oficio de fecha 16 de Octubre de
2018 y 19 de Febrero de 2019 expedido por la UARIV y CD en
Formato EXCEL aportado por dicha entidad, en el que se detalla
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la calidad de desplazado de los demandantes; de igual forma,
milita en el plenario las declaraciones testimoniales rendidas por
los Sres. MANUEL CERPA CHARRY, JOSE MONTES GUERRA y
MIGUEL SIMON CARO ACOSTA, quienes relataron las
circunstancias de desplazamiento forzado e informaron que gran
parte de los habitantes del corregimiento de Arenas retornó a la
vereda a partir del año 2014, de esa forma se extrae del dicho
de los testigos al expresar: Testigo José Montes Guerra: “(…)
Debido a que no aguantábamos el hambre, la necesidad de plata
nosotros decidimos retornar en el 2014 al pueblo otra vez
(Minuto 10:35:33), (…) ¿Usted volvió y se fue otra vez, entonces
la segunda vez que fecha fue?, la segunda vez nosotros íbamos
allá, porque teníamos la yuca, el ñame e íbamos a buscarlo, pero
nosotros retornamos nuevamente ya con la esposa y la nieta el
03 de mayo de 2014 (MINUTO 10:44:07); Testigo Miguel Simón
Caro Acosta: “(…) Empezamos nuevamente a llegar del 2014 en
adelante, comenzó uno a regresar otra vez (MINUTO 11:01:51)
La parte demandante aportó con la demanda copia de los
Informes de Riesgo N° 019-06 del 05 de mayo de 2006 y No.
007 A.I., de fecha 15 de Mayo de 2012, emitidos por la
Defensoría del Pueblo, donde se informaba de las amenazas y
futuros ataques a los que se encontraba expuesta la población
civil residente en la zona de los Montes de María; por su parte,
el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional aportaron
certificado de la fecha de desmovilización de las Autodefensas
Unidas de Colombia – Bloque Héroes de los Montes de María
(año 2006).
Efectuada una valoración integral de las pruebas mencionadas,
se evidencia que la condición de desplazado forzado de los
demandantes no ha cesado, pues no existe acto administrativo
emitido por la Unidad de Reparación Integral a las victimas u
otro documento análogo que registre un restablecimiento
socioeconómico de los derechos de los demandantes, tal y como
lo certificó la Alcaldía Municipal de San Jacinto-Bolívar en Oficio
de fecha 5039-02-2015 suscrito por el Alcalde Municipal, Dr.
Hernando Buelvas Leiva (Fl. 799-800), en el que expuso:
[…]
Respecto a las condiciones de seguridad del corregimiento de
Arenas, según lo declarado por los testigos, los mismos solo
iniciaron su retorno al corregimiento a partir del año 2014, por
lo que, aun cuando, hipotéticamente se iniciara la contabilización
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de los términos de caducidad a partir del 01 de enero de 2014,
tampoco se encontraría caducado el medio de control de
reparación directa, pues el término de dos (02) años que otorga
el CPACA para la presentación de la demanda vencería el día 02
de Enero de 2016 y al haberse interpuesto ésta el día 05 de
agosto de 2015, se encuentra presentada en término
[…]
A manera de conclusión, en virtud de las tesis antes
desarrolladas se puede indicar, sin hesitación alguna, que en el
caso en estudio, no ha operado el fenómeno de la caducidad del
medio de control, pero si hipotéticamente prescindiéramos del
análisis efectuado, para analizar el caso de marras a la luz de la
sentencia de unificación de fecha 29 de enero de 2020, tampoco
habría lugar a declarar la caducidad del medio de control, como
quiera que, no solo se exige un conocimiento real30 de los
demandantes sobre la participación de los demandados o de
alguno de ellos por acción u omisión en los hechos de
Desplazamiento Forzado del Corregimiento de Arenas; sino
además que no existan circunstancias que impidan el ejercicio
del derecho de acción.
En el presente caso, las pruebas documentales y testimoniales
recibidas en el presente proceso, dan cuenta de la existencia de
circunstancias de temor y miedo que impedían a los
demandantes presentar denuncias y demandas, tal y como lo
expuso en su declaración testimonial el SR. MANUEL CERPA
CHARRYS, al decir: “Allá asesinaron varias personas de San
Jacinto, porque le decían a la Policía, que en Arenas estaban los
paramilitares haciendo esto y esto, y el siguiente día que llegaba
la persona de una vez lo mataban”; y de forma consonante lo
expuso el SR. MIGUEL SIMON CARO ACOSTA, al expresar: “Yo
con otros señores de allá, fuimos a poner denuncias, pero
nosotros no la podíamos poner por escrito porque eso era como
si uno firmara una sentencia de muerte.”31 .
Estas narraciones permiten a la sala concluir, que existían
circunstancias de temor y miedo que impedían ejercer el derecho
de acción, sin que milite en el plenario prueba que acredite la
fecha en la que fue superada la condición de temor de cada uno
de los demandantes, requisito exigido por la sentencia de
unificación de fecha 29 de enero de 2020 y por la Sentencia SU-
312 de 2020, para iniciar el computo del término de caducidad
del medio de control, por lo que aun, si se aplicara dicho
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precedente al caso sometido a decisión, no daría lugar a declarar
probada la caducidad.
Así las cosas, para esta Sala de decisión, en el presente asunto
no ha operado la caducidad del medio de control respecto a las
pretensiones indemnizatorias relacionadas con el
desplazamiento forzado de los demandantes, en razón a que la
Caducidad dentro del presente proceso fue decidida mediante
auto de fecha 05 de junio de 2018 proferido por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, decisión que se encuentra
ejecutoriada y que aplicó la figura del Daño Continuado y el
Control de Convencionalidad para los casos de desplazamiento
forzado, por lo que el estudio de las diferentes tesis no es una
variación de la decisión adoptada sino un argumento
complementario que ratifica que la tesis del daño continuado y
el control de convencionalidad plasmada en el auto que resolvió
la caducidad sigue vigente aun con posterioridad a la sentencia
de unificación de fecha 29 de enero de 2020, tal y como lo aplico
el Consejo de Estado en Sentencias de fecha del 13 de agosto
de 2021 y del 13 de agosto de 2021 ya citadas.
Aunado a lo anterior, la presente demanda fue presentada
dentro del término de ejecutoria de la sentencia SU 254 de 2013,
proferida por la Corte Constitucional […]”.
Conforme con la transcripción en cita la Sala advierte que en la
providencia cuestionada el TRIBUNAL precisó que, mediante auto
de 5 de junio de 2018, ya había determinado la inexistencia de la
caducidad del medio de control de reparación directa objeto de la
controversia, como consecuencia de un recurso de apelación
interpuesto contra una decisión proferida por el JUZGADO sobre ese
aspecto.
No obstante, el TRIBUNAL señaló que ante la existencia de la
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sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, proferida por la
Sección Tercera de esta Corporación haría algunas precisiones sobre
el tema para el caso concreto.
El TRIBUNAL elaboró una línea jurisprudencial entorno a la
caducidad de las pretensiones de reparación en materia de delitos de
lesa humanidad y, en particular, del desplazamiento forzado, en la
que identificó y analizó las decisiones iniciales en las que se preveía
la inoperancia de dicha figura en ese tipo de asuntos, la tesis derivada
de la sentencia SU-254 de 2013 en la que la Corte Constitucional
indicó que el término de la figura aludida empezaría a contar para
aquellos casos desde la ejecutoria de esta providencia (23 de mayo
de 2013), así como la sentencia SU-312 de 2020 y la de unificación
de 29 de 2020 que el actor aduce como desconocida.
En relación con la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020
el TRIBUNAL destacó que, en efecto, conforme con dicha
providencia incluso en delitos de lesa humanidad era aplicable el
término de caducidad, no obstante, que si en el caso concreto se
observaran situaciones que hubiesen impedido materialmente el
ejercicio del derecho de acción, se tendría en cuenta la fecha en la
que fueron superadas dichas circunstancias.
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Además, el TRIBUNAL precisó que dicha providencia no previó nada
en relación con la contabilización de la caducidad del medio de control
en los casos de daño continuado, lo que le permitía inferir que las
reglas adoptadas en estos eventos no habían variado, incluso porque
con posterioridad el Consejo de Estado ha proferido decisiones en tal
sentido.
A partir de las anteriores premisas, el TRIBUNAL determinó que
para establecer la existencia o no de la caducidad del medio de
control debía acudir a la valoración de las pruebas con la finalidad de
determinar si para la fecha de presentación de la demanda había
cesado o no la calidad de desplazados forzados de los demandantes.
El TRIBUNAL estableció que a partir de los testimonios recaudados
podía establecer que la gran parte de los habitantes del municipio del
que eran oriundos los demandantes habían comenzado a retornar
desde el año 2014, sin que se advirtiera prueba alguna de la que
pudiese evidenciar que a estos se les hubiere restablecido sus
derechos.
De igual forma, dicha autoridad precisó que de las pruebas
recaudadas se observaba la existencia de circunstancias de temor
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que impedía a los demandantes promover su derecho de acción, sin
que hubiera elemento de juicio alguno que acreditara que la
condición de miedo de cada uno hubiese sido superada.
La mencionada autoridad judicial concluyó que en la medida que la
demanda fue presentada el 5 de agosto de 2015, aun cuando,
hipotéticamente se iniciara la contabilización de los términos de
caducidad a partir del 01 de enero de 2014, advertía que el medio
de control fue promovido en término, además conforme con lo
previsto en la sentencia SU 254 de 2013.
Ahora bien, en relación con la caducidad del medio de control de
reparación directa en casos de delitos de lesa humanidad, en la
sentencia T 490 de 2014 invocada por la actora, aludiendo a la
jurisprudencia de esta Corporación, la Corte Constitucional señaló:
“[…] la jurisprudencia del Consejo de Estado que, aun cuando el
daño antijurídico que se pretenda reclamar por medio de la
acción de reparación se dé como consecuencia de una grave
violación a los derechos humanos o un crimen de lesa
humanidad, el término de caducidad será el mismo al
contemplado en el numeral 8 del artículo 136 C.C.A., pues la
imprescriptibilidad de la acción penal derivada de crímenes de
lesa humanidad y contra el derecho internacional humanitario
no es extensiva en sus efectos a las acciones de carácter
indemnizatorio.
Lo anterior, por cuanto la legislación nacional consagra varias
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posibilidades para restablecer el derecho a la reparación de las
víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y tiene
como finalidad promover la justicia, tales como acciones civiles
y contencioso administrativas para que puedan satisfacer su
derecho a la verdad y la reparación; incluso el sistema penal
prevé una reparación para el tercero civilmente responsable, así,
la prescripción que pueda darse respecto a las primeras acciones
de carácter indemnizatorio no debe ser extensiva a la posibilidad
de demandar al autor penalmente responsable del daño, ni
excluye al Estado de la responsabilidad de investigar y sancionar
a los responsables de las violaciones graves de los derechos
humanos […]”.
En la providencia en cita, la Corte Constitucional indicó que incluso
en casos de reparación directa relacionados con delitos de lesa
humanidad debe contabilizarse el término de caducidad.
Por otro lado, en la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020,
la Sección Tercera de esta Corporación en igual sentido señaló que
en ese tipo de asuntos debe contabilizarse el término de caducidad,
no obstante de ser inaplicable en eventos en los que se adviertan
circunstancias que hubiesen impedido el ejercicio del derecho de
acción, dado que para tales eventualidades no resulta determinante
la situación causante del daño, sino la condición particular de quien
acude a la administración de justicia.
Lo anterior en los siguientes términos:
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“[…] Así las cosas, la jurisprudencia de la Sección Tercera del
Consejo de Estado se unificará en relación con la caducidad de
las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los
delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier
otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de
responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes
premisas: i) en tales eventos resulta exigible el término para
demandar establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo el
caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal
expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron o
debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado
y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad
patrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica cuando se
observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el
ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará
a correr el plazo de ley.
Finalmente, se precisa que el término de caducidad para solicitar
al Estado la indemnización de un daño es inaplicable en aquellos
eventos en los que se adviertan circunstancias que hubiesen
impedido, desde el punto de vista material, el ejercicio del
derecho de acción, lo que puede ocurrir frente a los delitos de
lesa humanidad, los crímenes de guerra o cualquier otro asunto
en el que se pueda demandar la responsabilidad patrimonial
Estado, pues para tales efectos no resulta determinante la
situación causante del daño, sino la condición particular de quien
acude a la administración de justicia [...]”
Precisado lo anterior la Sala advierte que, contrario a lo manifestado
por la actora, el TRIBUNAL sí analizó y aplicó las reglas contenidas
en las providencias aludidas, porque estudió si en el caso origen de
la controversia había o no caducidad con base en el conteo del
término respectivo, desde la fecha en que encontró que las víctimas
de desplazamiento habían regresado a su lugar de origen.
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Para esta Sala las alegaciones de la POLICÍA NACIONAL no tienen
vocación de prosperar, porque más allá de limitarse a afirmar que la
autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta los precedentes
aludidos, no ilustró sobre la fecha a partir de la cual debió
contabilizarse la caducidad y, en particular, a partir de que momento
brindó las condiciones de seguridad necesarias para que las víctimas
de desplazamiento forzado implicadas pudieran volver a sus sitios de
origen.
En ese orden de ideas, para la Sala ni el análisis ni la decisión
contenida en la providencia controvertida resultan caprichosos o
arbitrarios, sino que fueron adoptados a partir del alcance dado a las
fuentes jurídicas aplicables al caso y a un análisis de las
particularidades fácticas de este.
Situación distinta es que la actora no comparta la tesis allí dispuesta,
al ser adversa a sus intereses, lo cual no significa que la decisión sea
arbitraria, sino que de conformidad con la autonomía judicial de la
que goza el juez de conocimiento, el TRIBUNAL decidió el asunto
sometido a su consideración.
Consecuente con lo anterior, la Sala denegará el amparo solicitado,
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como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de amparo de la referencia, de
conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
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y aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de marzo de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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