Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00580-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00580-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-00580-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
20 de abril de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00580-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: JESÚS ANTONIO BARRIOS PACHÓN
TESIS: SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO, LA SENTENCIA DE 28 DE OCTUBRE DE 2022 FUE
ACATADA. LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DIO RESPUESTA AL
DERECHO DE PETICIÓN FORMULADO POR EL ACTOR EL 3 DE
AGOSTO DE 2021.
DERECHO FUNDAMENTAL: DERECHO DE PETICIÓN.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
El señor JESÚS ANTONIO BARRIOS PACHÓN, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su
derecho fundamental de petición, el cual estima vulnerado por la
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Actor: JESÚS ANTONIO BARRIOS PACHÓN
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA al no haber dado cumplimiento a
lo resuelto en la sentencia de 28 de octubre de 2021, proferida dentro
de la acción de tutela identificada con el número único de radicación
11001-03-15-000-2021-05703-00.
I.2. Hechos
Relató que el 3 de agosto de 2021 presentó derecho de petición ante
la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, el cual fue remitido al correo
electrónico notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co, con el fin de
que se le asignara ayuda económica en su condición de víctima de
desplazamiento forzado.
Adujo que al no recibir respuesta alguna sobre dicha petición,
formuló acción de tutela contra la PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA con el objeto de que se le amparara su derecho
fundamental de petición, a la cual le fue asignado el número único
de radicación 2021-05703-00.
Sostuvo que la solicitud de amparo correspondió a la Sección
Segunda -Subsección “A”- del Consejo de Estado1 que, en sentencia
de 28 de octubre de 2021, amparó su derecho fundamental de
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En adelante Sección Segunda.
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petición, por lo que ordenó a la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
que, en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de
dicha providencia, diera respuesta clara, precisa y de fondo a la
solicitud formulada el 3 de agosto de 2021.
Manifestó que, a la fecha, la accionada no ha dado cumplimiento al
fallo de tutela antes mencionado, pues se ha abstenido de dar
respuesta a la petición formulada desde el 3 de agosto de 2021.
I.3. Pretensiones
El actor solicitó el amparo del derecho fundamental de petición
invocado como violado y, en consecuencia, se ordene a la
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA dar cumplimiento al fallo de
tutela de 28 de octubre de 2021, proferido por la Sección Segunda.
I.4. Defensa
I.5.1.- El DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA aseguró que consultada el Área
de Correspondencia de la entidad no se encontró comunicación del
actor; no obstante, indicó que considerando que se encuentra en
firme el fallo de tutela proferido por la Sección Segunda, evidenció
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que, en efecto, no se le había dado respuesta a la petición formulada
por el actor, por lo que para dar cumplimiento a ello mediante oficio
OFI23-00028213/GFPU 13150000 de 17 de febrero de 2023,
contestó la petición, de la cual allegó copia al expediente.
Adicionalmente, sostuvo que al analizar los reclamos presentados por
el actor, observó que no es la autoridad competente para cancelar
las sumas solicitadas, toda vez que ello corresponde a la Unidad para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV, por lo que
ante la falta de competencia la petición fue remitida a dicha entidad
para que atendiera de fondo lo requerido.
Refirió que la petición presentada ya fue resuelta de forma clara y
remitida al competente, por lo que solicitó que se declare
improcedente la solicitud de amparo y, además, que se le desvincule
de la acción de tutela de la referencia, comoquiera que es a la UARIV
a la que le corresponde resolver respecto de las solicitudes que se
hagan frente a las ayudas humanitarias que asisten a las víctimas del
conflicto armado.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
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La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de
11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y
del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma
Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de
tutela.
Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la
sentencia.
La Sala advierte que el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA solicitó su desvinculación en
la presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por
pasiva.
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Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
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demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que a la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA le
corresponde dar cumplimiento a la orden de tutela emitida el 28 de
octubre de 2021 por la Sección Segunda dentro de la acción de tutela
identificada con el número único de radicación 2021-05703-00, objeto
de la presente controversia, le asiste interés en las resultas del
proceso, razón por la cual la Sala denegará su solicitud de
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como
en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19912. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
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"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
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se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso concreto
En el presente caso, el señor JESÚS ANTONIO BARRIOS PACHÓN,
actuando en nombre propio, instauró acción de tutela con el fin de
obtener el amparo de su derecho fundamental de petición, el cual, a
su juicio, le fue vulnerado por la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,
al no haber dado cumplimiento a lo resuelto de la sentencia de 28 de
octubre de 2021, proferida por la Sección Segunda dentro de la
acción de tutela identificada con el número único de radicación 2021-
05703-00.
En este punto es del caso destacar que, aun cuando el actor está
invocando como vulnerado el derecho fundamental de petición, de lo
expuesto en las pretensiones de la demanda, la Sala advierte que lo
pretendido realmente con esta acción de tutela es el cumplimiento
de un fallo judicial, esto, de la sentencia de 28 de octubre de 2021,
por medio de la cual la Sección Segunda ordenó a la PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA dar respuesta a la petición presentada por este
el 3 de agosto de 2021.
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Ahora, sería de caso entrar a analizar la procedencia de la acción de
tutela para lograr el cumplimiento de una sentencia judicial, no
obstante, estando en trámite la presente solicitud de amparo, la
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, mediante Oficio OFI23-
00028213 /GFPU 13150000 de 17 de febrero de 2023, dio respuesta
a la petición presentada por el actor, la cual le fue remitida ese mismo
día, tal como se evidencia de las constancias allegadas.
En efecto, de conformidad con el informe rendido por el
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE
LA REPÚBLICA, se destaca que el objeto de la solicitud de amparo
de la referencia, esto es, el cumplimiento de la sentencia de 28 de
octubre de 2021, se encuentra superado, en atención a que la
petición presentada el 3 de agosto de 2021 ya fue resuelta y dada a
conocer al actor.
Es así como, mediante oficio OFI23-00028213 /GFPU 13150000 de
17 de febrero de 2023, la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA dio
respuesta a la petición del actor de la siguiente manera:
“[…] Respetado señor Barrios:
En nombre del señor Presidente de la República, doctor Gustavo
Petro Urrego reciba un cordial saludo.
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Nos referimos a su petición en la que solicita:”(…) 1.- yo, JESÚS
ANTONIO BARRIOS PACHON, soy reservista de la Fuerza Aérea
colombiana, FAC Palanquero de Puerto Salgar Cundinamarca. 2.-
De igual forma soy yo y núcleo familiar a cargo víctimas del
conflicto armado, desplazados por esta anteriormente.3.- Razón de
lo anterior le solicito de la manera ágil y urgente de su valiosa
ayuda al presente teniendo como base: existen 80.000.000
millones de pesos para población desplazada. a.- Tengo un triciclo
de carga del cual con este cargo mercados en la plaza de mercado
de Guaduas Cundinamarca. b.- Por lo anterior, se hace urgente al
presente sea tenido en cuenta y solicito de un carguero moto, a lo
cual es del presupuesto de 9.700.000, con fecha de 10 de
septiembre de 2015. c.- A lo anterior y a la fecha actual es más
caro este, pero lo deseo, la razón es que con este carguero si puedo
conseguir mi sustento para mí y mi núcleo familiar a cargo. d.- De
la misma manera sale más trabajo con este que con el triciclo que
poseo al presente (…)”.
En virtud de lo anterior, de manera atenta, procedo a dar respuesta
a su comunicación en los siguientes términos:
1. El artículo 355 de la Constitución Política indica “Ninguna de las
ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o
donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho
privado (...)”.
2. Dentro del ejercicio de las funciones del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República y su presupuesto,
no se encuentra destinado un rubro para atender peticiones como
la presentada por Usted.
En virtud de lo anterior, es preciso indicar que ni la Presidencia de
la República ni el señor Presidente de la República, pueden
intervenir en asuntos como el que usted ha expuesto dadas las
limitaciones constitucionales, legales y reglamentaria antes
nombradas.
Lo anterior, en razón a que la Constitución Política y la Ley,
establecen que todas las partidas presupuestales de las entidades
públicas deben ser aprobadas con antelación por las autoridades
competentes para tal fin, atendiendo los fines esenciales del Estado
y el interés general de la sociedad.
Finalmente, es importante aclarar que la Ley de víctimas creó
diversas instituciones encargadas de implementar todos sus
beneficios, entre ellas, (i) la Unidad de Restitución de Tierras, (ii)
el Centro de Memoria Histórica y (iii) la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a Víctimas del conflicto armado.
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A la vez, la referida Ley dispuso la creación del Sistema Nacional
de Atención y Reparación Integral a Víctimas - SNARIV –, el cual
está constituido por un conjunto de entidades públicas de distintos
órdenes, y organizaciones privadas, cuya finalidad es formular o
ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones específicas,
que tiendan a la atención y reparación integral de las víctimas en
cabeza de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas.
I. Asunto materia de consulta.
Por lo anterior, en razón a su solicitud y con atención a la calidad
que manifiesta en la misma, me permito informarle que, de
conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de
2011 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", modificado por
la Ley 1755 de 2015, se ha dado traslado a su comunicación a la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
entidad legalmente facultada, para conocer del tema expuesto por
usted en su misiva, y tomar las acciones a que haya lugar, de
acuerdo a la consideración y fines pertinentes.
Finalmente, conviene indicar que como lo ha señalado la Honorable
Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia “El derecho de
petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente
que recibe la petición se vea obligado a definir favorablemente las
pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender
conculcado este derecho cuando la autoridad responde
oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea negativa
[…]”.
En ese entendido, para la Sala es evidente que la PRESIDENCIA DE
LA REPÚBLICA dio cumplimiento al fallo de tutela de 28 de octubre
de 2021, proferido por la Sección Segunda, dando respuesta a la
petición, remitiéndosela al competente del asunto y comunicando de
ello al actor, razón por la cual se advierte que las circunstancias
fácticas que generaron la presunta vulneración desaparecieron.
Sobre el particular, cabe traer a colación el concepto de la carencia
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actual de objeto desarrollado por la Corte Constitucional en la
sentencia T-653 de 2017, que lo define como «la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna
orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han
sido encomendados»3. Y en la misma sentencia se precisó que el
fenómeno previamente descrito puede materializarse a través de las
siguientes figuras:
“[…] (i) Daño consumado, consiste en que, a partir de la
vulneración que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o
afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de
forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o
impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez
constitucional dé una orden al respecto.
El daño consumado supone que no es posible hacer cesar la
violación o impedir que se concrete el peligro y, por ello, tan solo
es procedente el resarcimiento del daño originado por la
violación del derecho. Cuando al momento de la interposición de
la acción de tutela el daño ya está consumado, por regla general,
esta resulta improcedente, puesto que dicha acción tiene una
finalidad preventiva y no indemnizatoria.
(ii) Hecho superado, comprende el supuesto de hecho en
el que, entre el momento en que se interpone la demanda
de amparo y el fallo se evidencia que, como producto del
obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a
los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar
la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y,
por tanto, se superó la afectación y resulta inocua
cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela
para lograr la protección de unos derechos que, en la
actualidad, no se encuentran afectados ni amenazados
(regulada en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991) .
(iii) Acaecimiento de una situación sobreviniente, se presenta
en casos en que como producto del acaecimiento de una
3 Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo.
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situación sobreviniente cuyo origen no está en el accionar de la
parte demandada, la vulneración predicada ya no tiene lugar, ya
sea porque el actor asumió la carga que no le correspondía,
porque a raíz de dicha situación perdió interés en el resultado de
la litis, o por cualquier otro hecho que haga inútil o innecesaria
la intervención del juez de tutela […]”4.
(Negrilla fuera del texto).
En el mismo sentido, esta Sala, en relación con eventos en los cuales
se ha dado cumplimiento a lo perseguido por el actor, ha indicado lo
siguiente:
“[…] La acción de tutela se concibió para obtener la protección
efectiva y oportuna de los derechos fundamentales amenazados
o vulnerados. Ello permite entender que si durante su trámite
cesan o desaparecen los motivos que generan la amenaza o la
vulneración, o su consumación impide el ejercicio del derecho,
el objeto o la pretensión perseguida deja de ser exigible o pierde
su efecto necesario, al punto de no existir el motivo u objeto que
justifica la intervención preferente del juez constitucional. Se
sigue de lo dicho, que la carencia actual de objeto se presenta a
través de dos eventos, a saber: el hecho superado y el daño
consumado. El primero acaece cuando se supera la afectación
de tal manera que el pronunciamiento del juez pierde su
finalidad constitucional por cuanto la decisión que pudiere
adoptar sería inocua y contraria al objetivo de protección
inmediata y efectiva constitucionalmente previsto, o en el evento
en que ya no hay lugar a ordenar lo pretendido por cuanto con
ello no se va a lograr el amparo solicitado. La jurisprudencia
constitucional lo explica así: La carencia actual de objeto por
hecho superado se da cuando entre el momento de la
interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se
satisface por completo la pretensión contenida en la demanda
de amparo, razón por la cual cualquier orden judicial en tal
sentido se torna innecesaria, En otras palabras, aquello que se
pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido
antes de que el mismo diera orden alguna […]”5.
4 Ibídem.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero
Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Bogotá, D.C., 14 abril de 2016. Radicación
número: 54001-23-33-000-2016-00061-01(AC). Actor: Yorman Mauricio Tobos Peñaranda.
Demandado: Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Dirección de Sanidad.
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Consecuente con lo anterior, comoquiera que tal hecho ha sido
superado, la Sala declarará la carencia actual de objeto pues la
supuesta falencia ya fue suplida, toda vez que la pretensión
relacionada con el incumplimiento del fallo de tutela de 28 de octubre
de 2021 ya fue superada, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por el
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE
LA REPÚBLICA, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR
HECHO SUPERADO, de conformidad con las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
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TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 20 de abril de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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