Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00582-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00582-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00582-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
16 de marzo de 2023
Radicación: 11001 03 15 000 2023 00582 00
Accionante: Carlos Alfredo Rojas González
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00582-00
Accionante: CARLOS ALFREDO ROJAS GONZÁLEZ
Accionados: JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DE VILLAVICENCIO
Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META
Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate
planteado por la parte actora no implica la afectación del
núcleo esencial de los derechos fundamentales que
invoca, se trata de un asunto meramente legal y pretende
reabrir el debate resuelto por el juez natural.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Carlos Alfredo
Rojas González contra las sentencias proferidas el 18 de junio de 2018 y
el 4 de agosto de 2022 por el Juzgado Quinto Administrativo Oral de
Villavicencio y el Tribunal Administrativo del Meta, respectivamente,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con el
radicado nro. 50001-33-33-005-2015-00262-01.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La parte actora promovió acción de tutela en contra de las sentencias
proferidas el 18 de junio de 2018 y el 4 de agosto de 2022 por el Juzgado
Quinto Administrativo Oral de Villavicencio y el Tribunal Administrativo
del Meta, respectivamente, con el fin de que se amparen sus derechos
fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y acceso
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Accionante: Carlos Alfredo Rojas González
efectivo a la administración de justicia, y para ello formuló las siguientes
pretensiones1:
“[…] El propósito de esta demanda, consiste en que se tutelen los
derechos fundamentales violados a mi representado CARLOS
ALFREDO ROJAS GONZÁLEZ, en las sentencias proferidas por el
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Villavicencio y el
Tribunal Administrativo del Meta, calendadas el 18 de junio de 2018
y 4 de agosto de 2022 (notificada el 9 de agosto de 2022),
ordenando a la Corporación Accionada emitir un nuevo fallo,
accediendo a las pretensiones de la demanda planteadas en primera
instancia; y como consecuencia, disponga el reintegro a un cargo de
igual, similar o de superior categoría, con el pago de los salarios y
prestaciones sociales legales y convencionales causados desde la
fecha de desvinculación, hasta que se haga efectiva la incorporación.
O en su defecto, el Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso
Administrativo, profiera una Sentencia de REEMPLAZO o
SUSTITUVA, mediante la cual se acceda afirmativamente a
las pretensiones de la demanda, planteadas en el proceso
ordinario en Primera Instancia […]”.[Mayúsculas y negrillas en el
escrito de tutela]
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante manifestó que, mediante la Resolución nro.05477 expedida
el 7 de noviembre de 2014 por la dirección general de la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, fue declarado insubsistente
del cargo de Inspector de Seguridad Aérea Grado 29 del Grupo de Control
y Seguridad Aérea de la Dirección Regional Aeronáutica Meta de la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil2.
Informó que, por conducto de apoderado, presentó demanda bajo el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de
la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil con el fin de que se
declarara la nulidad de la mencionada resolución y se le reconocieran
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00582 00.
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Ibídem.
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todos los salarios y prestaciones causadas desde la declaratoria de
insubsistencia hasta que se produjera el reintegro al cargo3.
La demanda correspondió por reparto al Juzgado Quinto Administrativo
Oral de Villavicencio que, en sentencia del 18 de mayo de 2018, negó las
pretensiones de la demanda bajo la consideración que el cargo ocupado
por el aquí accionante era de libre nombramiento y remoción, “y, por
consiguiente, estaba excluido de la garantía relacionada con los cargos de
carrera administrativa desempeñados en provisionalidad”4.
Informó que, inconforme con la decisión, presentó recurso de apelación y
el Tribunal Administrativo del Meta, en providencia del 4 de agosto de
2022, confirmó lo resuelto en primera instancia.
Manifestó que las precitadas decisiones negaron las pretensiones bajo la
consideración que “la sentencia C – 720 de noviembre 25 del 2015 de la
Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad de las normas
relacionadas con los Inspectores de Seguridad Aérea en los diversos
grados, surtió efectos hacia futuro sin que su aplicación fuera posibles
para casos anteriores a la fecha en que se produjo la decisión”5.
El accionante alegó que el cargo que desempeñaba era de carrera
administrativa y lo ocupaba en provisionalidad, ello teniendo en cuenta
que las actividades asignadas no correspondían a la dirección, ejecución,
ordenación o confianza especial respecto del director de la entidad.
Anotó que “antes del 7 de noviembre de 2014, fecha de declaratoria de
insubsistencia del demandante, la jurisprudencia y la doctrina venían
sosteniendo reiteradamente, que la decisión de declaratoria de
insubsistencia, con relación a un cargo de carrera administrativa
3
Ibidem.
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desempeñado en provisionalidad, requería de una decisión administrativa
motivada. Asunto equivalente a suministrar explicaciones pertinentes
respecto de la determinación adoptada por la administración. En efecto,
la Resolución 05477 de noviembre 7 de 2014, objeto de impugnación, se
abstuvo de cumplir con la obligación de la motivación, desconociendo los
precedentes judiciales originados, en especial, en el Consejo de Estado y
la Corte Constitucional (…)6”.
Afirmó que las autoridades judiciales accionadas desconocieron el
precedente judicial y para ello relató lo siguiente en el acápite del escrito
de tutela denominado “casos similares de declaratoria de insubsistencia
de inspectores de seguridad aérea”7:
-) En el proceso con radicado nro. 2015 00618 01 el Juzgado 13
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá profirió sentencia el 29 de
junio de 2017 que anuló el acto que declaró insubsistente a un trabajador
que se desempeñaba como inspector de seguridad aérea. La parte
demandada apeló la decisión y la Subsección F, Sección Segunda, del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la confirmó en providencia del
1 de marzo de 2019. Explicó que la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil interpuso tutela con el fin de controvertir la última
decisión. La acción fue conocida en segunda instancia por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado que, en fallo del 22 de abril de 2020, negó
el amparo solicitado y, según lo afirmado por el accionante, allí se explicó
que “la discusión en torno a la aplicación de la sentencia de
constitucionalidad al caso concreto, teniendo en cuenta sus efectos pro
futuro, fue debidamente aclarada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que en la sentencia de segunda instancia explicó al
apelante que la sentencia C – 720 de 2015 se aplica al caso concreto
porque se trata de un situación jurídica no consolidada, dado que el acto
6
Ibidem.
7
Ibidem.
4
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Accionante: Carlos Alfredo Rojas González
administrativo fue recurrido en sede jurisdiccional antes de proferirse la
mencionada sentencia”8.
-) En el proceso con radicado nro. 2015 – 00551 00 el Juzgado Décimo
Administrativo de Bogotá profirió sentencia el 31 de julio de 2020, que
negó las pretensiones de la demanda consistentes en que fuera anulado
el acto que desvinculó a un trabajador que se desempeñaba como
inspector de seguridad aérea. La decisión fue apelada y la Subsección F,
Sección Segunda, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en
providencia del 18 de agosto de 2021, la revocó y declaró la nulidad del
acto demandado.
En el capítulo titulado “causales especificas de procedencia de la acción
de tutela” arguyó que:
-) En las sentencias controvertidas se incurrió en defecto sustantivo
porque fue adoptada con “normas declaradas como inconstitucionales
según la sentencia C-720 de 2015 de la Corte Constitucional que
determinó la inexequibilidad de los preceptos relacionados con los
inspectores de seguridad aérea en la Unidad Administrativa Especial de la
Aeronáutica Civil, estableciendo que no eran cargos de libre
nombramiento y remoción y, por consiguiente, correspondían a carrera
administrativa”9.
-) Las autoridades judiciales desconocieron el precedente horizontal
contenido en las sentencias proferidas el 1 de marzo de 2019 y el 18 de
agosto de 2021 por la Subsección F, Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, así como el precedente vertical del fallo
de tutela del 22 de abril de 2020 de la Sección Cuarta del Consejo de
Estado.
8
Ibidem.
9
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radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00582 00.
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Accionante: Carlos Alfredo Rojas González
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes, fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada en esta Corporación el 6 de febrero de 202310
y correspondió por reparto a la Sección Primera que, por auto del 10 de
enero de 202311, la admitió y dispuso notificar al Juzgado Quinto
Administrativo Oral de Villavicencio y al Tribunal Administrativo del Meta,
y vincular a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil12.
De igual forma, solicitó al Juzgado Quinto Administrativo Oral de
Villavicencio que allegara copia digital del proceso con radicado nro.
50001-33-33-005-2015-00262-00, el cual fue remitido13.
3.2. El tribunal accionado presentó en tiempo, vía mensaje de datos,
informe14, en el que solicitó que la acción de tutela fuera declarada
improcedente por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
Al respecto, sostuvo que el actor no cumplió con una carga argumentativa
mínima en la que explique las razones por las cuales considera vulnerados
los derechos fundamentales, “pues no basta con enunciar los derechos
que se estiman conculcados, sino que la vulneración ha de estar
justificada”15.
Agregó que lo pretendido por la parte actora es reabrir un debate que ya
fue resuelto por el juez natural de la causa y para ello manifestó que “(…)
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radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00582 00.
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radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00582 00.
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Esta orden se cumplió el 20 de febrero de 2023. Visto en el índice 11 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023
00582 00.
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Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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Accionante: Carlos Alfredo Rojas González
el demandante insiste en los argumentos que plasmó en la demanda que
presentó ante esta Jurisdicción, que con ocasión de la sentencia C-720 de
2015, de la Corte Constitucional, que declaró inexequible la expresión
“Inspector de Seguridad Aérea” prevista en el artículo 13, numeral 1, del
Decreto 790 del 2005, por considerar que dicho cargo “cumple funciones
técnicas y misionales que no tienen relación con la dirección institucional
o el diseño e implementación de políticas, tampoco requieren de un nivel
de confianza con el nominador”, se debía concluir que el cargo
desempeñado por el demandante era de carrera administrativa y no de
libre nombramiento y remoción, por tanto, su vinculación lo fue en
provisionalidad en un cargo de carrera administrativa y su retiró procedía
mediante la expedición de un acto administrativo debidamente motivado;
argumentos que fueron ampliamente analizados en la sentencia proferida
por este Tribunal, donde se concluyó que no le asistía razón al accionante
(…)”16.
Adicionalmente, indicó “[e]n cuanto el argumento del tutelante, de que
este Tribunal no aplicó el precedente horizontal establecido en decisiones
judiciales proferidas por otros Tribunales Administrativos, en las que,
supuestamente, en casos similares al suyo, se acogieron los
planteamientos plasmados en las demandas y, por tanto, se accedieron a
las pretensiones de las mismas, es pertinente señalar, que tales
pronunciamientos no constituyen precedente en el asunto, como quiera
que no provienen de este mismo Tribunal, además que tales decisiones al
igual que sucede con la que en esta oportunidad se ataca, se profirieron
con base en los principios de independencia y autonomía judicial, luego,
no es viable establecer la preponderancia de un criterio sobre el otro” 17.
Por último, frente al fallo de tutela que señaló el interesado, explicó que
tampoco es precedente, comoquiera que los efectos aplican únicamente
16
Ibidem.
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Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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Accionante: Carlos Alfredo Rojas González
a las partes que participaron en el proceso, es decir, tiene efectos inter
partes.
3.3. La apoderada de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica
Civil presentó en tiempo, vía mensaje de datos, informe 18 en el que
manifestó que “(…) no le cabe razón [al accionante] a sus pretensiones
por cuanto como se estableció en el fallo de primera y segunda instancia
la Aeronáutica Civil actuó conforme a un mandato legal teniendo en
cuenta que se trata de un cargo de libre nombramiento y remisión que no
requiere motivación para su remoción, en consecuente la entidad no está
en la obligación de reintegrar al accionante en el cargo que ocupaba o uno
con las mismas condiciones ni tampoco está obligada al pago de
obligaciones labores, encontrando de esta forma que no incurrió en
ninguna omisión (…)19”.
3.4. El Juzgado Quinto Administrativo Oral de Villavicencio remitió el
expediente del proceso ordinario requerido, pero no se pronunció sobre
los hechos de la tutela.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 199120 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,21 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de
18
Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00582 00.
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Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 00301 00.
20
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”
21
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
8
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Accionante: Carlos Alfredo Rojas González
abril de 202122, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo
nro. 080 del 12 de marzo de 201923 proferido por la Sala Plena del Consejo
de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.
4.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente24:
4.2.1. El señor Carlos Alfredo Rojas González, actuando por conducto de
apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, con
el fin que de obtener la nulidad de la Resolución nro. 05477 del 7 de
noviembre de 2014 que lo declaró insubsistente del cargo de inspector de
seguridad aérea Grado 29.
A título de restablecimiento del derecho solicitó se condenara a la
demandada a pagarle la asignación básica mensual, bonificación anual
por servicios prestados, primas legales y convencionales, prima de
productividad en forma bimensual, bonificación aeronáutica, gastos de
representación y demás prestaciones sociales causadas desde el 7 de
noviembre de 2014 hasta la reincorporación al cargo.
4.2.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Quinto
Administrativo Oral de Villavicencio que, en sentencia del 18 de junio de
2018, negó las pretensiones.
22
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
23
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
24
Lo que se desprende del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
con el nro. 50001-33-33-005-2015-00262-00, visto en el índice 17 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023
00582 00.
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Accionante: Carlos Alfredo Rojas González
4.2.3. En contra de la precitada decisión, la parte actora interpuso recurso
de apelación y el Tribunal Administrativo del Meta, en sentencia del 4 de
agosto de 2022, la confirmó.
4.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin
de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera
de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
El primero de los requisitos generales que el juez constitucional debe
examinar para establecer si la acción de tutela es procedente contra
providencia judicial es la relevancia constitucional, para ello, la Sala
analizará (i) los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso
concreto.
4.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional25
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
25
Este requisito general de procedencia de la acción de tutela fue denominado en esos
términos en la sentencia C – 590 de 2005.
10
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Accionante: Carlos Alfredo Rojas González
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”26.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional27.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades28:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
26
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
27
En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó
que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben
aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez
debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
28
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de
2021 y SU 103 de 2022.
11
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Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia29. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.
4.3.1.1. Las cuestiones de relevancia constitucional
Frente a la primera finalidad, esto es, restringir el ejercicio de la acción
de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales, la Corte Constitucional, en la sentencia SU 573
de 2019, explicó que este elemento de la relevancia supone que “(…) el
caso [debe involucrar] algún debate jurídico que gir[e] en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental (…)”.
En esa medida, este primer criterio, implica que la acción de tutela que
se promueve contra una providencia judicial debe proponer un debate
sobre el contenido, alcance o goce de un derecho fundamental, pues solo
así se podrá establecer que el asunto es evidentemente de naturaleza
constitucional; ello quiere significar que, quien interpone una acción de
tutela, tiene la carga de identificar cuál es el derecho fundamental que
estima afectado y explicar los motivos por los cuales considera que la
sentencia atacada lo está vulnerando.
En consonancia con lo dicho, la Corte Constitucional, en la sentencia SU
573 de 2019, manifestó que “la acreditación de esta exigencia [el
requisito de relevancia constitucional], más allá de la mera adecuación
del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos
fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que
no es lo mismo que una simple relación con aquel”. [Se destaca] Este
29
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
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Accionante: Carlos Alfredo Rojas González
criterio30 fue reiterado en las sentencias SU 128 de 202131, SU 103 de
202232 y SU 215 de 202233.
El criterio jurisprudencial contenido en las precitadas sentencias,
consistente en que, para superar el requisito de relevancia, no basta con
la mera enunciación de los derechos fundamentales, sino que supone por
parte del actor la carga de justificar razonablemente la existencia de una
restricción prima facie desproporcionada respecto de un derecho
fundamental, evidencia que es precisamente esa la razón por la cual es
necesario que, para la acreditación de este primer elemento que compone
a la relevancia constitucional, la parte interesada en el escrito de tutela,
(1) invoque la vulneración de derechos fundamentales, (2) exponga los
motivos por los cuales considera la sentencia atacada está vulnerando
tales derechos fundamentales, y (3) compruebe que la transgresión
suponga un atentado contra el núcleo esencial de los derechos invocados,
requisitos que exigen del juez de tutela un examen de los motivos
aducidos por la parte actora para afirmar que hay amenaza o vulneración
de un derecho fundamental, comparadas con el núcleo esencial del
mismo.
Ello es así porque si, en efecto, la vulneración del derecho acontece en lo
que se denomina su núcleo esencial, solo así es posible advertir que el
caso reviste la relevancia o trascendencia necesaria para permitir que,
por vía de este mecanismo, se logre exceptuar en un juicio constitucional
el principio de cosa juzgada que orienta todo el andamiaje institucional
30
Además, en un pronunciamiento anterior, esto es, en la sentencia T – 422 de 2018, la
Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional confirmó la decisión de la Sección
Primera del Consejo de Estado que había declarado improcedente la acción de tutela por
no cumplir con los requisitos de relevancia constitucional e inmediatez; en cuanto a la
relevancia, la Corte indicó, entre otras razones, que el requisito de relevancia no estaba
cumplido por cuanto: “si bien la parte actora asegura que las providencias demandadas
desconocen sus derechos fundamentales, la relevancia constitucional de un asunto no
se determina con la mera enunciación de los derechos fundamentales presuntamente
comprometidos, sino mediante la acreditación razonable de una presunta amenaza o
vulneración de los mismos”.
31
Corte Constitucional. Sentencia SU – 128 del 6 de mayo de 2021. M.P.: Cristina Pardo
Schlesinger.
33
M.P.: Natalia Ángel Cabo.
13
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en el que se funda nuestro sistema jurídico. Con este propósito, el juez
no podrá limitarse a convalidar el requisito de la relevancia constitucional
con la sola mención de un derecho fundamental, pues deberá evaluar si,
de acuerdo con los argumentos expresados en el escrito correspondiente,
hay amenaza o violación efectiva del mismo.
El núcleo esencial de un derecho fundamental ha sido entendido por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional como “el ámbito intangible del
derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a los particulares”34
y ha explicado que el núcleo esencial es “esa parte del derecho que lo
identifica, que permite diferenciarlo de otros y que otorga un necesario
grado de inmunidad respecto de la intervención de las autoridades
públicas. En sentido negativo debe entenderse el núcleo esencial de un
derecho fundamental como aquel sin el cual un derecho deja de ser lo que
es o lo convierte en otro derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica
al derecho fundamental y sin lo cual se le quita su esencia fundamental”35.
4.3.1.2. La competencia e independencia jurisdiccional
La segunda finalidad de la relevancia constitucional consiste en preservar
la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad o de naturaleza
económica.
Por ello, en la sentencia SU 573 de 2019, la Corte Constitucional explicó
que36 “un asunto carece de relevancia constitucional (…) (i) cuando la
discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un
derecho, como la correcta interpretación o aplicación de una norma “de
rango reglamentario o legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n
34
Corte Constitucional. Sentencia T – 426 del 24 de junio de 1992. M.P.: Eduardo
Cifuentes Muñoz.
35
Corte Constitucional, sentencia C-756 de 2008.
36
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido.
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violaciones a los derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea
evidente su naturaleza o contenido económico, por tratarse de una
controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o
privadas, “que no representen un interés general” (…)”.
Sin perjuicio de lo dicho, en la sentencia SU 215 de 2022, la Corte
Constitucional señaló que: “[n]o significa que en todos los casos en los
que se cuestione la definición y aplicación judicial de normas de rango
legal se incumple el requisito de relevancia constitucional (…) en la labor
judicial la indebida aplicación de normas de rango legal puede derivar en
una violación de derechos fundamentales (…). En todo caso, la relevancia
constitucional exige que el accionante vincule la discusión legal con la
violación de una garantía fundamental o, en otros términos, que explique
con suficiencia el por qué la interpretación o aplicación de una norma de
rango legal afectó garantías constitucionales (…)”.
En conclusión, este segundo criterio implica que el asunto carece de
relevancia constitucional cuando se trata de una discusión de naturaleza
legal o económica que no conlleva la afectación del contenido de los
derechos fundamentales que la parte actora invoca en la acción de tutela.
4.3.1.3. La instancia adicional
Por último, la tercera finalidad de la relevancia constitucional es impedir
que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces. En la sentencia SU 215 de
2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra providencia
judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto
del fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la
discusión de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial. Como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de 2021,
este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
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asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial” (…)”. [Se desataca]
4.3.2. Caso concreto
Bajo los anteriores parámetros jurisprudenciales, la Sala examinará cada
uno de los tres criterios que hacen parte de la relevancia constitucional,
para determinar si, en el caso, este requisito general de procedencia está
cumplido.
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de
relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
Como quedó visto en precedencia, este criterio supone que el debate
planteado en sede constitucional gire en torno al contenido, alcance y
goce de algún derecho fundamental y, en esa medida, es que se hace
necesario que el juez de tutela verifique cuáles son los derechos
fundamentales invocados por la parte actora y las razones por las cuales
el ciudadano considera que la sentencia atacada los vulnera, para así
determinar si, prima facie, dicha transgresión supone el desconocimiento
del núcleo esencial de los derechos fundamentales o, en otras palabras,
si está siendo afectado el contenido de un derecho.
Por ello, la Sala examinará el contenido o el núcleo esencial de los
derechos fundamentales invocados por el accionante, dado que, de
advertirse su afectación prima facie en la faceta constitucional, se
desprendería que el asunto es de naturaleza constitucional, en la medida
que compromete o involucra el contenido, alcance o goce de un derecho
fundamental.
En el asunto bajo examen, la parte actora señaló que las sentencias
controvertidas vulneraron los derechos fundamentales -) al debido
proceso y acceso efectivo a la administración de justicia; -) igualdad y -)
trabajo.
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-) Frente a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso
efectivo a la administración de justicia:
Lo primero que la Sala precisa en relación con los derechos fundamentales
al debido proceso y acceso efectivo a la administración de justicia es que
bajo los lineamientos jurisprudenciales expuestos por la Sala Plena de la
Corte Constitucional en las sentencias SU 573 de 2019, SU 128 de 2021
y SU 103 de 2022, se tiene que no está acreditada la exigencia de la
relevancia constitucional cuando la parte actora se limita a invocar la
vulneración del derecho fundamental al debido proceso, sin justificar las
razones por las cuales estima que la sentencia atacada lo afectó, sino que,
en criterio de la Corte Constitucional, “se exige demostrar, de manera
razonable, una restricción desproporcionada sobre alguno(s) de sus
elementos [contenido o núcleo esencial]”37; esto es, que el interesado
alegue la vulneración del derecho al debido proceso en su faceta
constitucional o, dicho de otra manera, que identifique dentro del núcleo
esencial cuál de las garantías que los componen resultan comprometidas
con ocasión de la sentencia controvertida en la acción de tutela.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que el núcleo
esencial o el contenido del debido proceso está integrado por las
siguientes garantías mínimas38:
“(…) La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido
proceso como el “(…) conjunto de garantías previstas en el
ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección
del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para
que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la
aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del
debido proceso:
(i) el derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al
libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas,
a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante
37
Corte Constitucional. SU 103 del 17 de marzo de 2022. M.P: Alejandro Linares Cantillo.
38
Corte Constitucional, Sentencia C- 341 de 2014.
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autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido
en el fallo;
(ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con
capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado
proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la
calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la
Constitución y la ley;
(iii) el derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los
medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión
favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los
medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos
a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad
ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás
personas que intervienen en el proceso;
(iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un
tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se
vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables;
(v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo
cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la
tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de
aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y
(vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o
funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los
hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios
anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas (…)”.
En cuanto al derecho de acceso efectivo a la administración de justicia 39,
la jurisprudencia constitucional ha explicado que tiene un contenido
múltiple a partir del cual pueden identificarse tres categorías40: (i)
aquellas que tienen que ver con el acceso efectivo de la persona al sistema
judicial; (ii) las garantías previstas para el desarrollo del proceso, y (iii)
las relacionadas con la ejecución material del fallo.
39
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha entendido este derecho como la
posibilidad reconocida a todas las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad,
ante las instancias que ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la
potestad de incidir de una u otra manera, en la determinación de los derechos que el
ordenamiento jurídico le reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y
por la debida protección o restablecimiento de sus derechos e interés legítimos, con
estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia
de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley.
Corte Constitucional. Sentencia T- 799 del 21 de octubre de 2011. M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto.
40 Corte Constitucional. Sentencia T- 799 del 21 de octubre de 2011. M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto.
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Dentro de la primera categoría, la jurisprudencia constitucional ha
establecido que se compone de las siguientes garantías: (i) el derecho de
acción, (ii) a contar con procedimientos idóneos y efectivos para la
determinación legal de derechos y obligaciones, y (iii) a que la oferta de
justicia permita el acceso a ella en todo el territorio nacional. En cuanto a
la segunda, incluye el derecho a (iv) que las controversias planteadas
sean resueltas dentro de un término prudencial y sin dilaciones
injustificadas, (v) que éstas sean decididas por un tribunal independiente
e imparcial, (vi) a tener todas las posibilidades de preparar una defensa
en igualdad de condiciones, (vii) que las decisiones sean adoptadas con
el pleno respeto del debido proceso, (viii) que exista un conjunto amplio
y suficiente de mecanismos para el arreglo de controversias, (ix) que se
prevean herramientas necesarias para facilitar el acceso a la justicia por
parte de las personas de escasos recursos. La última categoría abarca (x)
la posibilidad efectiva de obtener respuesta acorde a derecho, motivada
y ejecutable, y que (xi) se cumpla lo previsto en ésta.
Por lo anotado, el requisito de relevancia constitucional no se cumple
frente a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso efectivo
a la administración de justicia, toda vez que la parte actora no cumplió
con la exigencia de explicar los motivos por los que las sentencias
atacadas afectan la faceta constitucional de estos derechos, puesto que
no identificó cuál de las garantías que componen el núcleo esencial resulta
amenazada por las providencias controvertidas, ni de lo expuesto se
advierte prima facie que, en este caso, la sentencias atacadas
comprometa o involucre el contenido de estos derechos fundamentales,
por lo que el asunto no es relevante desde el punto de vista constitucional.
-) Frente al derecho fundamental a la igualdad:
Este derecho podría resultar comprometido cuando las autoridades
judiciales profieren decisiones sin tener en cuenta el precedente. En este
caso, la parte interesada alega que las providencias atacadas
desconocieron las sentencias proferidas el 1 de marzo de 2019 y el 18 de
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agosto de 2021 por la Subsección F, Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, así como el fallo de tutela del 22 de abril
de 2020 proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
La Sala considera que tampoco está cumplido el requisito de relevancia
constitucional en relación con el derecho a la igualdad, en la medida que
no se observa prima facie la afectación de su contenido, puesto que las
providencias que el accionante invoca como desconocidas fueron
proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, es decir, una
autoridad judicial distinta a la que profirió la sentencia que aquí se ataca,
esto es, el Tribunal Administrativo del Meta. De lo anterior, se desprende
que el derecho a la igualdad no está comprometido, dado que el
interesado no está alegando que el Tribunal Administrativo del Meta esté
desconociendo decisiones que profirió en supuestos de hecho idénticos,
lo que sí conllevaría a una posible afectación del derecho a la igualdad.
En cuanto al desconocimiento del fallo de tutela proferido el 22 de abril
de 2020 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, la Sala advierte
que, tal como lo señaló el tribunal accionado en el informe que rindió con
destino a este proceso, tal providencia tiene efectos inter partes y,
además, el interesado, respecto de esta sentencia, no cumplió con la
carga de señalar cuál es la regla jurisprudencial que fue desatendida y
que debía aplicarse para resolver las pretensiones en el proceso ordinario,
más aún si se tiene en cuenta que lo allí resuelto consistió en negar el
amparo deprecado.
-) Frente al derecho al trabajo:
La Corte Constitucional ha indicado que el núcleo esencial del derecho al
trabajo está compuesto por las siguientes garantías41:
41
Corte Constitucional. Sentencia T – 611 del 8 de junio de 2001. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
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“[…] La acción de tutela procede como mecanismo de protección del
derecho al trabajo cuando:
1. Se desconoce el núcleo esencial del derecho al trabajo que
consiste en toda acción u omisión que impida el ejercicio de la
facultad de desarrollar una labor remunerada en un espacio y tiempo
determinado.
Se desconoce el núcleo esencial del derecho cuando se evidencia un
desconocimiento de las condiciones dignas y justas en las que el
trabajador debe realizar su labor.
Hace parte del núcleo esencial la adecuada remuneración. La
remuneración no puede ser simplemente simbólica. Ha de ser
adecuada al esfuerzo que implica la tarea cumplida por el trabajador,
a su preparación, experiencia, conocimiento y al tiempo durante el
cual vincule su potencial de trabajo a los fines que interesan al
patrono. No puede congelarse indefinidamente.
2. La vulneración de un derecho conexo que conlleve el ataque
injustificado del núcleo esencial.
No pertenece al núcleo la pretensión incondicional de ejercer un
oficio o cargo específico, en un lugar determinado ni la permanencia
absoluta en un cargo. El retiro del servicio no implica la prosperidad
de la acción de tutela, solamente hay lugar al estudio del caso,
cuando existe debilidad manifiesta o se trata una trabajadora
embarazada.
3. Por el incumplimiento o retardo en la obligación de pagar el salario
más la prueba de vulneración al mínimo vital del trabajador. La
situación económica de la empresa no es óbice para dejar de pagar
durante varios meses los salarios de los empleados. Las acreencias
laborales prevalecen incluso sobre cualquier crédito concordatario.
4. El empleador da por terminado el contrato con justa causa pero
faltó en el procedimiento a los principios de buena fe al no expresar
los hechos precisos e individuales que provocan la justa causa de
terminación para que así, la otra parte tenga la oportunidad de
enterarse de los motivos que originaron el rompimiento de la
relación laboral y pueda hacer uso del derecho a la defensa y
controvertir tal decisión si está en desacuerdo.
5. Se desconoce el principio fundamental de a trabajo igual
salario igual. Un tratamiento diferente que vulnere este principio se
considera una discriminación, es un trato diferente sin justificación
racional ni razonable […]”. [Destacado por la Sala]
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El actor en el escrito de tutela no explicó las razones por las cuales la
sentencia atacada afecta el derecho fundamental al trabajo y, además,
no se advierte prima facie la vulneración del núcleo esencial, toda vez
que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, no hace
parte del núcleo la pretensión de ejercer un cargo en específico, en un
lugar determinado, ni la permanencia en el mismo; por lo tanto, la
relevancia no está acreditada respecto a este derecho.
Cabe anotar que la inconformidad del actor radica en que no había lugar
a declararlo insubsistente, reproche que no pertenece al núcleo esencial
del derecho al trabajo, puesto que no hace parte de su contenido la
permanencia en el cargo que se desempeña; en esa medida, es pertinente
precisar que el acto administrativo que lo retiró del cargo no implica una
decisión que le impida el desarrollo de una actividad remunerada.
Así las cosas, el primer criterio de la relevancia no está cumplido, dado
que los reproches que el actor expuso en el escrito de tutela, comparados
con el núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso efectivo a la administración de justicia, igualdad y trabajo,
evidencia que el debate propuesto a través de este mecanismo
constitucional no involucra la afectación de su contenido o núcleo esencial,
por lo que el asunto no es relevante desde el punto de vista constitucional.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar
que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad o de naturaleza económica
El segundo criterio supone que el asunto carece de relevancia
constitucional cuando la discusión planteada por la parte actora es de
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naturaleza legal o económica y no conlleva la afectación del contenido de
los derechos fundamentales42.
En este caso, por lo indicado en el análisis del primer criterio de la
relevancia, se insiste en que la parte actora no propuso un debate que
verse sobre la afectación de algún derecho fundamental; a lo que se
agrega en este segundo criterio que, del escrito de tutela, se desprende
que el reparo de la accionante que motivó la presentación de este
mecanismo constitucional sigue siendo una discusión meramente legal,
puesto que insiste en que no había lugar a declararlo insubsistente.
De modo que, de las inconformidades planteadas por el actor, se observa
que el debate jurídico propuesto no corresponde a un asunto
constitucional, sino de mera legalidad, porque involucra determinar si el
acto administrativo que lo declaró insubsistente está ajustado a las
normas legales en las que debía fundamentarse, controversia que es
propia del del derecho administrativo laboral y del resorte exclusivo del
juez contencioso administrativo.
Precisamente, el requisito de relevancia busca impedir que el juez
constitucional se involucre en los asuntos que por competencia, asignada
legalmente, le corresponden a otros jueces; es esta la razón por la cual
la jurisprudencia de la Corte Constitucional exige que en el examen de la
relevancia se diferencie entre una controversia meramente legal y aquella
que comporta un debate constitucional, pues de encontrarse en el primer
escenario, como aquí ocurre, el juez constitucional no tendría
competencia para pronunciarse, pues ello les concierne a los jueces
ordinarios.
Por consiguiente, el segundo criterio de la relevancia tampoco se cumple,
porque la discusión planteada por la parte actora es de carácter
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
42
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meramente legal; a lo que se acota que los reparos de la accionante no
versan sobre la afectación o vulneración del contenido de los derechos
fundamentales que invocó en el escrito de tutela.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia
o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces
El tercer criterio de la relevancia constitucional supone que la tutela no
sea utilizada como una instancia o recurso adicional orientado a discutir
asuntos de mera legalidad.
En esta última finalidad de la relevancia, además de lo dicho por la
jurisprudencia citada anteriormente, cabe destacar que, en la sentencia
C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de
una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
entonces de un mecanismo que permita al juez cons titucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual
para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión
y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en
condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”43. [Se destaca]
Bajo este criterio jurisprudencial, se tiene que, en aquellos casos en los
que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la valoración
que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
43
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
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convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente,
o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la
interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, resulta
evidente que este mecanismo constitucional está siendo utilizado para
reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como una instancia
adicional, con lo cual se estaría desconociendo la autonomía e
independencia del juez natural.
La Sala considera que el tercer criterio de la relevancia tampoco está
cumplido, comoquiera que la petición de amparo está siendo utilizada por
el accionante para reabrir el debate que se surtió en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, por cuanto éste insiste en que el cargo
del cual fue separado era de carrera administrativa y no de libre
nombramiento y remoción, razón por la cual la Resolución nro. 05477 del
7 de noviembre de 2017, que lo declaró insubsistente, debió ser
motivada. Para ello, menciona nuevamente, en el escrito de tutela, la
sentencia C – 720 de 2015, frente a la cual los jueces naturales de la
causa se pronunciaron y fijaron el criterio por el que no resultaba aplicable
al caso.
Al respecto, se observa que el litigio del proceso ordinario giró en torno a
determinar si el cargo desempeñado por el accionante era, o no, de libre
nombramiento y remoción y si el acto administrativo demandado debía,
o no, ser motivado, situación que fue resuelta por el juez natural del caso
conforme con la interpretación de la ley y de la sentencia de la corte
constitucional que, bajo el principio de autonomía e independencia
judicial, consideró la adecuada.
A este efecto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
25
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prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que tiene. Por lo tanto,
en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las
partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido
atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus competencias;
y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones hiciera el juez
constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por fuera de las
competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.
En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo tales circunstancias, cuando el juez de la causa se limita a
pronunciarse sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron el
objeto del debate, porque así le fueron planteadas por el demandante y
el demandado en sus pretensiones, excepciones y hechos, resuelve
simplemente la controversia que le ha sido sometida, atendiendo sus
facultades constitucionales y legales; y no es el juez de constitucionalidad
el llamado a decirle cómo debe decidir el caso en particular, rompiendo
por demás el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza
con el proceso diseñado para dirimir la controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues, en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
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Accionante: Carlos Alfredo Rojas González
debido proceso, en su elemento del derecho a la defensa, en la medida
en que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero es evidente
que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se examina, ya que la
accionante no alega que el juez se haya desviado de los hechos o el
derecho propuesto en el proceso, sino que se limita a insistir en que su
decisión no fue arbitraria o caprichosa.
Por lo anotado, y sin ser necesario descender en otras consideraciones, la
Sala declarará improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con
el requisito general de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada
por el señor Carlos Alfredo Rojas González, según lo explicado en
precedencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los
términos señalados por la ley.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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