Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00587-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00587-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00587-00
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
3 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00587-00
Accionante: ANA RUBIA MOSCOTE
Accionados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – AMPARA DERECHO
FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. NIEGA LAS DEMÁS
PRETENSIONES DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela promovida por la ciudadana Ana Rubia
Moscote en contra del Presidente de la República, de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios y de la sociedad AIR-E S.A.S. E.S.P.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La ciudadana Ana Rubia Moscote solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales «[….] de petición, [a] la administración de justicias [sic], a una
tutela judicial efectiva, a la dignidad humana, a la salud, a la vida, a la educación,
a una vivienda digna, al debido proceso administrativo, derecho a la defensa,
contradicción, a la doble instancia igualdad legalidad tipicidad, buena fe confianza
legítima, y acto propio, a un servicio esencial de energía, a la dignidad humana
[…]», cuya vulneración le atribuyó a la presunta omisión del Presidente de la
República, de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y de la
sociedad Air-E S.A.S. E.S.P. de brindar una respuesta de fondo a las solicitudes
elevadas a través del derecho de petición de 16 de enero de 2023.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00587-00
Accionante: Ana Rubia Moscote
2.1. Indicó que es propietaria del inmueble ubicado en la calle 14B N° 16-23 en el
barrio Once de Junio en el municipio de Villanueva y precisó que en la factura de
servicio público de energía se encuentra registrada como la propietaria del citado
inmueble.
2.2. Expuso que entre la prestadora del servicio público de energía y el señor Onel
Francisco Ospino, antiguo arrendatario del inmueble de su propiedad, celebraron un
acuerdo de pago por la suma de $2.600.000 sin su consentimiento, violando con ello
el artículo 44 del Decreto Ley N° 019 de 2012.
2.3. Manifestó que el 16 de enero de 2023 radicó, a través de los correos electrónicos
sspd@superservicios.gov.co, notificacionesjudiciales@superservicios.gov.co y
dtnorte@superservicios.go, un derecho de petición dirigido al Presidente de la
República, al gerente de la sociedad AIR-E S.A.S. E.S.P., y al Superintendente de
Servicios Públicos Domiciliarios, en el que solicitó lo siguiente:
[…] PRIMERO (…) QUE EL PRESIDENTE Y EL SUPERINTENDENTE DE
SERVCICIOS PUBLICOS, COMO SUPERIOR JERARQUCO FUNCIONAL
ORDENEN AL GERENTE GENERAL DE AIR-E, DARLE tramite nuevamente
al núcleo esencial del derecho de petición, debido que no hubo hecho superado
con la petición anterior, debido que la empresa solo analizo lo requisito exigido
de forma inconstitucional por la misma empresa, para que procediera, resolver
de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado clara, es decir
inteligible y de fácil comprensión (…)
(…)
SEGUNDO QUE el señor presidente doctor Gustavo petro , señor
superintendente de servicios públicos doctor Dagoberto Buitrago ordene al
GERENTE GENERAL DE AIR-E que al momento de dar respuesta a este
derecho de petición , manifieste bajo la gravedad de juramento diga cuales son
los fundamento constitucionales y légale , para que exijan como requisito para
conceder el rompimiento de la solidaridad, certificado de libertad y tradición
expedido por la oficina de instrumentos públicos, y el certificado de
nomenclatura exigido por, el instituto de Agustín Codazzi , cuando este último ya
no lo expide , y nadie está obligado a lo imposibles (…)
(…)
TERCERO señor presidente de Colombia reitero la denuncia contra ela
superintendencia de servicios públicos domiciliario que viene negando más del
90% de los recursos de ley como entidad de segunda instancia , que juro
cumplir la constitución y la ley, que es el mayor jerárquico funcional de las
empresas de servicios públicos domiciliarios, a favor de las empresa de
servicios públicos exigiendo requisito no autorizado por la constitución y la ley,
para no darle tramites al núcleo esencial del derecho de petición cometiendo
prevaricato por acción omisión y extralimitación de funciones, donde ni la
superservicios, ni la empresa manifiestan cual es la ley que la facultan para
exigir el, certificado de libertad y tradición expedido por la oficina de
instrumentos públicos, y el certificado de nomenclatura exigido por, el instituto
de Agustín Codazzi, donde esta última yo no lo expide y si ambas
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Accionante: Ana Rubia Moscote
certificaciones, la dirección no coincide con la factura de energía, niega el
derecho de petición, (…)
(…)
Cuarto SEÑOR SUPERINTENDENTE ordene al GERENTE GENERAL DE
AIR-E, que conceda el recurso de apelación ante EL SUPERINTEDENTE
COMO SUPERIOR JERARQUICO Y FUNCIONAL DE LA EMPRESA, Y
CONFORME A LOS ARTICULOS 152,153,154,155,Y 159 DE LA LEY 142 DE
1994 SENTENCIA, C-558 DEL 2001 C-263 DE1996 , ARTICULO 74 , LA 86
DE LA LEY 1437 DEL 2011, ARTICULOS 1,2,4,6,13,23,29,31
83,84,85,90,93,365 AL 370 DE LA CONSTITUCION
TERCERO señor presidente SEÑOR SUPERINTENDENTE ordenen a la
empresa de energía eléctrica a referirse de cada una de las pretensiones del
derecho de petición (…)
(…)
QUINTO SEÑOR presidente ordene al superintendencia de servicios públicos
domicliarios y al gerente general de Afinia diga bajo la gravedad de juramento
¡cual es la ley, señalándola numéricamente de forma motivada, debido que
siempre contesta, que ellos solamente exigen requisito autorizado por la ley,
pero no dicen cuál es la ley, debido que el artículo 84 de la constitución prohíbe
exigir dicho requisito (…)
(…)
SÉPTIMO que el señor presidente ordene al superintendencia de servicios
publico y al al GERENTE GENERAL DE AIR-E,al momento de dar respuesta a
este derecho de petición , manifieste bajo la gravedad de juramento diga cuales
son los fundamento constitucionales y légale , para que exijan como requisito
para darle tramite el proceso de rompimiento de la solidaridad como son,
certificado de libertad y tradición expedido por la oficina de instrumentos
públicos, y el certificado de nomenclatura exigido por, el instituto de Agustín
Codazzi (…)
(…)
SEPTIMO SEÑOR SUPERINTENDENTE ordene al GERENTE GENERAL DE
AIR-E dar respuesta a este derecho de petición, resolviéndole de fondo, clara,
precisa y de manera congruente con lo solicitado clara, es decir inteligible y de
fácil comprensión, RESOLVIENDO TODOS LOS SOLICITADO
Pronunciamiento sobre todas y cada una de las pretensiones Obligación de
integrar debidamente el contradictorio PRINCIPIO DE OFICIOSIDAD (…)
(…)
OCTAVO SEÑOR SUPERINTENDENTE ordene al GERENTE GENERAL DE
AIR-E,se abstenga de exigirme el pago de la factura solidaria sino, hasta que se
encuentra agotada la vía gubernativa, por lo que la pongo en reclamo también,
debido que esa factura solidaria tiene que determinarla la superservicios que es
el mayor jerárquico de la empresa, por lo que se inaplique se inaplique en este
caso concreto el inciso segundo del artículo 155 de la ley 142 de 1994
NOVENO SEÑOR SUPERINTENDENTE ordene al GERENTE GENERAL DE
AIR-E, que de conformidad con la constitución y el bloque de constitucionalidad,
los principios de la función públicas, legalidad tipicidad, debido proceso
administrativo, el derecho de petición, diga con que fundamento la empresa
suspenden el servicio de energía de forma unilateral, sin ante expedir un acto
administrativo, como lo ordena el artículo 154 de la ley 142 de 1994, donde la
empresa se fundamenta con el artículo 140 de la misma ley cuando este artículo
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Accionante: Ana Rubia Moscote
fue declarado exequible junto con el 130 de forma acondicionada en la
sentencia c-150 del 2003 en el entendido que las empresa deberá garantizar el
debido proceso administrativo, ósea expidiendo el acto administrativo,
garantizando la demás garantía judiciales
DECIMO SEÑOR SUPERINTENDENTE ordene al gerente general de afinia
Que de conformidad con la constitución y la ley, manifieste bajo la gravedad de
juramento ¿con que fundamento constitucional, suspende el servicio de
energía,? ¿conque fundamento constitucional exige como requisito para atender
un derecho de petición de solidaridad exige como requisito certificado de libertad
y tradición, certificado de nomenclatura, ampliación de contrato de
arrendamiento, y no acepta la factura de energía y el extrajucio de tercero para
demostrar la posesión, y por ultimo digan conque fundamento exigen que el
usuario debe estar a paz y salvo , para poder presentar los recursos de ley sin
importar que la deuda es de 1998 , cuando la sentencia C-558 DEL 2001
ESTABLECE QUE NO ES OBLIGATORIO PAGAR LO QUE NO ESTA
OBJETO DE RECLAMO QUE es ovacionar?
Décimo primero que el SEÑOR SUPERINTENDENTE, me garanticen el
PRINCIPIO DE OFICIOSIDAD y se PRONUNCIE sobre todas y cada una de las
pretensiones, de esta tutela, debido que es obligación del juez constitucional
integrar debidamente el contradictorio, (…)
(…)
DECIMO SEGUNDO QUE EL SEÑOR PRESIDENTE DE COLOMBIA Y EL
SUPERINTENDENTE DE SERVCICIOS PUBLICOS DOMICLIARIOS ORDENE
AL GERENTE GENERAL DE AIR-E, LE DE CUMPLIMIENTO A LA TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN
Bogotá DC, veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). (…)
CUMPLIMIENTO A la Resolución No. 20218200163555 del 18 de mayo de
2021, que el señor Denis Martínez, Y la sentencia de tutela T-636 DEL 2006 (…)
(…)
Décimo tercero co0n que fundamento constitucional y legal la empresa me exige
los certificado de libertad y tradición y el de nomenclatura, donde esos requisito
están prohibido, y no son necesario para demostrar la posecion del inmuebles
como lo dejo claro TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN Bogotá DC, veintisiete (27) de septiembre
de dos mil veintiuno (2021) t-636/2006, así mismo de conformidad artículo 9 ,
10,77,86,93, de la ley 1437 del 2011 ley 962 del 2005 decretos 019 del 2012 y
2106 del 2019,) Resolución No. 20218200163555 del 18 de mayo de 2021,
expedida por la superservicios […]. [sic en toda la transcripción]
2.4. Como fundamento del derecho de petición citado, sostuvo que el 7 de diciembre
de 2021 había elevado un derecho de petición anterior, ante la sociedad AIR-E
S.A.S., en el que solicitó que le hicieran extensivos los efectos de las sentencias de
27 de septiembre de 2021, T-927 de 1999, providencias que tratan temáticas tales
como el «[…] rompimiento de la solidaridad […]» y la «[…] reconexión de los
servicios […]». Sin embargo, adujo que en la respuesta a dicha petición se le negó
la solicitud de «[…] rompimiento de la solidaridad […]» por no anexar el certificado
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Accionante: Ana Rubia Moscote
de libertad y tradición del inmueble y/o un certificado del IGAC en el que constara la
dirección y la nomenclatura del inmueble.
2.5. Señaló que el derecho de petición radicado el pasado 16 de enero de 2023,
únicamente le fue respondido por la sociedad AIR-E S.A.S. E.S.P., mediante el
oficio N° 202390095122 de 31 de enero de 2023.
2.6. Sostuvo que la respuesta brindada por la sociedad AIR-E S.A.S. E.S.P. a su
segundo derecho de petición se limitó a señalar que había operado «[…] la carencia
actual de objeto por hecho superado […]» y la «[…] cosa juzgada […]» debido a que
el derecho de petición de 13 de enero de 2023 era idéntico al radicado el 7 de
diciembre de 2021.
2.7. Indicó que lo sostenido por la sociedad accionada en la respuesta al derecho de
petición no era cierto por las siguientes razones:
[…] no existe hecho superando en este caso concreto debido que ni la empresa
de energía ni la superservicicios resolvieron de pleno y de fondo todas las
pretensiones, exigida, debido que se dedicaron fue a exigir requisito, adicionales
y no autorizado por la constitución y la ley para no darle traite al derecho de
petición debido que la empresa declaro improcedente los recursos de ley
alegando que yo presente los recursos de forma extemporánea, por ese motivo
no se puede decir hecho superado en esta petición, por todo lo anterior señor
juez no hubo hecho superado, debido que la empresa y la superservicicios no
desarrollo fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado clara,
es decir inteligible y de fácil comprensión , atendiendo los solicitado, en sus
totalidad , que no sea aislada , (su213/21 T-044/19, T-077/18 C-418 de 2017 T-
230/20 C-818/11 C-007/17 T-473/98), mi derecho de petición,, debido que tanto
la empresa como la superservicicio se dedicaron fue seguirme requisito tras
requisito no autorizado por la constitución y la ley para no darle tramite o negar
el derecho de petición del rompimiento de la solidaridad, por lo que el derecho
de petición no se materializa cuando la empresa no solo se dedica es a exigir
requisitos adicionales para poder analizar lo establecido en el artículo 130 de la
ley 142 de 1994 , ósea cuando la empresa y la superservicicio declaran
improcedente el rompimiento de la solidaridad, exigiendo requisito adicionales y
prohibido por la constitución y la ley, 142 de 1994, que es una ley de orden
público y de estricto cumplimiento […]. (sic en toda la cita)
2.8. Aseveró las otras accionadas no habían emitido respuesta a su derecho de
petición.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00587-00
Accionante: Ana Rubia Moscote
[…] PRIMERO PRETENDO CON Esta acción de tutela como mecanismo
definitivo y excepcional PARA QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL ORDENA
AL PRESIDENTE DE COLOMBIA REASUMIR LAS COMPETENCIA,
OTORGADA A LA SUPERSERVICIOS CONFORME ARTICULO 12 DE
LALEY 489 DE 1998 DECLARADO EXEQUIBLE POR LA SENTENCIA C-727
DEL 2000 , artículos 2,4,6,13,23,29,31,40,83,84,85,86,93,189-22
208,209,210,211, 365 al 370 de la constitución ARTICULOS 75,DEN LA LEY
142 DE 1994, y de respuesta al derecho de petición , ASIMISMO EL JUEZ
CONSTITUCIONAL ORDENE AL SUPERINTENDENCIA DE SERVCICIO
PUBLICOS , A EJERCER SUS FUCIONES CONSAGARADA EN
ELARTICULO 75,79,81.82 159 DE LA LEY 142 DE 1994 Y LA SENTENCIAS
C-263 DE 1996 C-558 DEL 2001, así mismo de respuesta al derecho de
petición ,así mismo el juez ordene a la superservicios y a la empresa Afinia a
darle tramite al derecho de petición , debido que no es una petición reiterativa
ni es un hecho superado y concedas los recursos de ley y tanto la empresa
como la superservicios se abstenga de exigir requisito no autorizados POR
LA CONSTITUCION EN EL ARTICULO 84 DE LA CONSTITUCION (…)
(…)
SEGUNDO QUE el señor juez constitucional ordene al señor ,
superintendente de servicios públicos doctor Dagoberto Buitrago, manifieste
bajo la gravedad de juramento diga cuales son los fundamento
constitucionales y légale , para que exijan como requisito para conceder el
rompimiento de la solidaridad, certificado de libertad y tradición expedido por
la oficina de instrumentos públicos, y el certificado de nomenclatura exigido
por, el instituto de Agustín Codazzi , cuando este último ya no lo expide , y
nadie está obligado a lo imposibles violando la sentencias de tutelas T-636
DEL 2006 Y T-281 DEL 2012, Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN B Bogotá DC,
veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Y artículo 16, 17,19
de la ley 1755 del 2015 , articulo 9 , 10,77,86,93, de la ley 1437 del 2011 ley
962 del 2005 decretos 019 del 2012 y 2106 del 2019,) Resolución No.
20218200163555 del 18 de mayo de 2021,,expedida por la superservicios,
donde el superintendente , juro cumplir la constitución y la ley, sin que la
empresa aporte la carta catastral y el levantamiento CATASTRAL , que define
cual es la dirección del predio, además la empresa de energía no es la
entidad en cargada de manifestar cual es la dirección de predio, debido que
de conformidad con los artículos 101 al 104 de la ley n142 de 1994 es al
municipio que le corresponde realizar la estratificación, fijar las direcciones de
las vivienda , y otorgar los subsidio,
TERCERO QUE el señor juez constitucional ordene al señor ,
superintendente de servicios públicos doctor Dagoberto Buitrago, manifieste
bajo la gravedad de juramento diga cuales son los fundamento
constitucionales y légale para obligar a los usuarios que para conceder los
recursos de reposicion y apelación y de queja exige como requisito absoluto ,
el pago de la factura solidaria, y lo que no esta objetos de reclamos ,sin
importar que el usuarios se abstienen de pagarla , y la pone en reclamo , ala
súper no le importa esto o la paga , o la paga sin importar que esa factura
solidaria sea una sanción,o que ya tienen mas de 20 años hay que pagarla
por las buenas o por las mala de lo contrario declaran improcedente el
derecho de petición (…)
(…)
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00587-00
Accionante: Ana Rubia Moscote
Cuarto que el señor juez constitucional ordene al señor presidente SEÑOR
SUPERINTENDENTE ordenen a la empresa de energía eléctrica a referirse
de cada una de las pretensiones del derecho de petición (…)
(…)
CUARTO Que el SEÑOR juez constitucional ordene a la empresa de energía
eléctrica, ADAR UNA RESUESTA de fondo , , clara, precisa y de manera
congruente con lo solicitado clara, es decir inteligible y de fácil comprensión ,
atendiendo los solicitado, en sus totalidad , que no sea aislada y resuelve
todas y cada una de las pretensiones,, concediendo los recursos de
reposición y el de apelación ante el superior jerárquico funcional que es la
superintendencia de servicios públicos domiciliarios (…)
(…)
QUINTO SEÑOR presidente ordene al superintendencia de servicios públicos
domicliarios y al gerente general de Afinia diga bajo la gravedad de juramento
,¡cual es la ley ,señalándola numéricamente de forma motivada , debido que
siempre contesta, que ellos solamente exigen requisito autorizado por la ley ,
pero no dicen cuál es la ley ,debido que el artículo 84 de la constitución
prohíbe exigir dicho requisito (…)
(…)
SEXTO Que el juez constitucional ordene al presidente de Colombia a
REASUMIR LAS COMPETENCIA, OTORGADA A LA SUPERSERVICIOS
CONFORME ARTICULO 12 DE LALEY 489 DE 1998 DECLARADO
EXEQUIBLE POR LA SENTENCIA C-727 DEL 2000 (…)
(…)
SÉPTIMO que el señor presidente ordene al superintendencia de servicios
publico y al al gerente general de Afinia al momento de dar respuesta a este
derecho de petición , manifieste bajo la gravedad de juramento diga cuales
son los fundamento constitucionales y légale , para que exijan como requisito
para darle tramite el proceso de rompimiento de la solidaridad como son,
certificado de libertad y tradición expedido por la oficina de instrumentos
públicos, y el certificado de nomenclatura exigido por, el instituto de Agustín
Codazzi , cuando este último ya no lo expide , además no acepta al
declaración de extrajucio y nadie está obligado a lo imposibles (…)
(…)
octavo que el SEÑOR juez constitucional ordene al gerente general de air-e
que de conformidad con la constitución y el bloque de constitucionalidad, los
principios de la función públicas, legalidad tipicidad, debido proceso
administrativo , el derecho de petición, diga con que fundamento la empresa
suspenden el servicio de energía de forma unilateral, sin ante expedir un acto
administrativo, como lo ordena el artículo 154 de la ley 142 de 1994, donde la
empresa se fundamenta con el artículo 140 de la misma ley cuando este
artículo fue declarado exequible junto con el 130 de forma acondicionada en
la sentencia c-150 del 2003 en el entendido que las empresa deberá
garantizar el debido proceso administrativo, , ósea expidiendo el acto
administrativo, garantizando la demás garantía judiciales
DECIMO SEGUNDO QUE EL SEÑOR juez constitucional ORDENE AL
GERENTE GENERAL DE air-e, y al superintendente de servicios públicos LE
DE CUMPLIMIENTO A LA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN Bogotá DC,
veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). (…)
CUMPLIMIENTO A la Resolución No. 20218200163555 del 18 de mayo de
2021, que el señor Denis Martínez, Y la sentencia de tutela T-636 DEL 2006
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00587-00
Accionante: Ana Rubia Moscote
(…)
Decimo tercero , que el señor juez del conocimiento según el PRINCIPIO DE
OFICIOSIDAD, SE PRONUNCIE sobre todas y cada una de las pretensiones,
Obligación de integrar debidamente el contradictorio PRINCIPIO DE
OFICIOSIDAD (…)
(…)
DECIMO CUARTO señor juez constitucional es procedente esta acción de
tutela, debido que no existe otros mecanismos judiciales para obligar a estas
entidades para amparar el núcleo esencial del derecho de petición , además
todavía estamos en pandemia por lo que si es procedente esta acción de
tutela conforme lo ordenado por la cortes constitucional en la sentencias (…)
(…)
DECIMO QUINTO Que el juez constitucional decrete la violación del derecho
de petición por parte del presidente de Colombia doctor Gustavo petro y por el
superintendente de servcucios públicos doctor Dagoberto Quiroga, asi mismo
ordenarles a ambos que en el término no superior de dos meses realice en
Valledupar un consejo comunal con todas la comunidad usuarias , vocales de
control y asociaciones de usuarios con las presencia de las delegadas de
caqda unas de la superintendencia para que el pueblo participe expongan sus
denuncia , explique las irregularidades que vienen cometiendo por más de 20
años violando el estado social de derecho interpretando erróneamente la
sentencias C-558 DEL 2001 DEBIDO QUE PARA QUE PROCEDAN LOS
RECURSOS EXIGUEN QUE EL USUARIO SE ENCUENTRE A PAZ Y
SALVO SIN IMPORTAR QUE SE DEUDA DE 1998 (…)
(…)
DECIMO SEXTO Que el juez constitucional haga un paralelo, de las
pretensiones que solicite a la empresa de energía que resolviera , y las que
ella resolvió , para determinar que si hubo o no peticiones reiterativa para que
la empresa se abstuviera de dar respuesta nuevamente , sobre a aquellas
pretensiones que no resolvió conforme al artículo 19 numeral 2 de la ley 1755
del 2015 (…)
(…)
Decimo séptimo que el juez constitucional de conformidad con la constitución
y el bloque de constitucionalidad, los principios de la función públicas,
legalidad tipicidad, debido proceso administrativo , el derecho de petición,
diga LA SUPERSERVICIO Y LA EMPRESA DE ENRGIA con que fundamento
la empresa suspenden el servicio de energía de forma unilateral, sin ante
expedir un acto administrativo, como lo ordena el artículo 154 de la ley 142 de
1994, (…)
(…)
decimo octavo QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL CONCEDA LA PRESENTE
ACCION DE TUTELA […]. [sic en toda la cita]
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 8 de febrero de 2023, se admitió la presente acción de tutela
en contra del Presidente de la República, de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios y de la sociedad AIR-E S.A.S. E.S.P. También se
ordenó notificar al agente del Ministerio Público para lo de su competencia.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00587-00
Accionante: Ana Rubia Moscote
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuada las notificaciones a las autoridades accionadas, se advierte
que se allegaron los siguientes informes:
5.1. LaSuperintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a través de
apoderado judicial, rindió informe en el que solicitó que se declarara improcedente
la presente acción de amparo porque «[…] la vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales que se consideran violados no es ocasionada por la
superintendencia, toda vez que las ordenes de corte, reconexión y vinculación de
un reclamo a la facturación, es una actuación de exclusiva competencia de la
empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. – AFINIA GRUPO EPM– y
no es del resorte de la superintendencia […]».
5.2. Adicionalmente,
sostuvo que frente al derecho de petición radicado por la
accionante el 17 de enero de 2023, la Dirección Territorial Nororiente de la
Superintendencia de Servicios Públicos emitió una respuesta el pasado 14 de
febrero de 2023, la cual fue comunicada al actor al correo electrónico
melkiskammerer@hotmail.com.
5.3. El Presidente de la República, a través de apoderada judicial, rindió informe
en el que advirtió que: (i) en los sistemas de información de la entidad solo
aparecía un derecho de petición radicado por la actora, al cual se le dio respuesta
el 12 de octubre de 2022, y (ii) que carecía de legitimación en la causa por pasiva
en tanto que «[…] no es la autoridad competente para analizar las presuntas
irregularidades que se han cometido en la expedición y cobro de sus facturas de
servicios públicos […]». Con base en lo anterior solicitó que se declarara
improcedente la presente acción de tutela.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, en virtud de lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
1 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00587-00
Accionante: Ana Rubia Moscote
abril de 20212 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20183 y
con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.
VI.2. Problemas jurídicos
7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer: si las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados por la accionante, con ocasión de la supuesta falta de respuesta al
derecho de petición elevado el 16 de enero de 2023.
8. Con el fin de resolver tal interrogante, resulta pertinente pronunciarse de manera
previa sobre: i) el contenido y alcance del derecho de petición; para
posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.3. El contenido y alcance del derecho fundamental de petición
9. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución Política, todas las
personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por
motivos de interés general o particular y a obtener de ellas pronta resolución.
10. Se trata de un derecho fundamental de toda persona cuya garantía se
considera satisfecha cuando, presentada la solicitud, el peticionario obtiene una
contestación que cumple con las características de ser oportuna, clara,
congruente, efectiva, eficazmente notificada; todas ellas suficientemente
reiteradas y explicadas por la jurisprudencia constitucional4.
11. En síntesis, la respuesta debe versar sobre lo preguntado, sin evasivas ni
subterfugios y precisando lo que el peticionario desea; debe ser clara a fin de que
el solicitante entienda los argumentos de la autoridad independientemente de que
los comparta o no; debe mantener coherencia con lo solicitado; además de
ser proferida dentro de la oportunidad fijada por la ley para ello, y ser
notificada de manera eficaz para su debida materialización.
2 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”
4 Sentencia de 2 de mayo de 2012 y sentencia T-377 de 20000 que fijan el alcance del derecho de petición y
las condiciones en que se debe darle contestación. Las principales características del derecho y otras
subreglas que lo informan se advierte en las sentencias T-578 de 1992, T-567 de 1992, T-382 de 1993, T-572
de 1994, T-113 de 1995, T-275 de 1995, T-474 de 1995, T-472 de 1996, T-312 de 1999, T-415 de 1999; T-
1889 de 2001; T-1160 de 2001, T-306 de 2002, T-1100 de 2006, T-108 de 2006, T-147 de 2006, T-442 de
2006, T-431 de 2007, entre otras.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00587-00
Accionante: Ana Rubia Moscote
VI.4. Caso concreto
12. La ciudadana Ana Rubia Moscote solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales «[….] de petición, [a] la administración de justicias [sic], a una
tutela judicial efectiva, a la dignidad humana, a la salud, a la vida, a la educación,
a una vivienda digna, al debido proceso administrativo, derecho a la defensa,
contradicción, a la doble instancia igualdad legalidad tipicidad, buena fe confianza
legítima, y acto propio, a un servicio esencial de energía, a la dignidad humana
[…]», cuya vulneración le atribuyó a la presunta omisión del Presidente de la
República, de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y de la
sociedad Air-E S.A.S. E.S.P. de brindar una respuesta de fondo a las solicitudes
elevadas a través del derecho de petición de 16 de enero de 2023.
VI.4.1. Análisis del caso concreto
13. En esta ocasión la actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales de
petición, al acceso a la administración de justicia, a la salud, a la vida a la
educación, a la vivienda digna, a la dignidad humana, al debido proceso, a la
defensa, a la igualdad y a la confianza legítima, los cuales estimó vulnerados por
la omisión de las accionadas de responder en forma concreta a cada una de las
solicitudes que elevó a través del derecho de petición de 16 de enero de 2023.
14. En ese orden de ideas, estima la Sala pertinente hacer una pequeña síntesis
fáctica del presente conflicto a efectos de determinar si le fueron vulnerados los
derechos fundamentales alegados por la señora Rubia Moscote y si es posible
acceder a las medidas de restablecimiento:
14.1. La señora Ana Rubia Moscote, con fecha 7 de diciembre de 2021, presentó
una reclamación ante la sociedad AIR-E S.A.S. E.S.P., en la que solicitó, entre
otras pretensiones, que se efectuara la «[…] ruptura de solidaridad por la deuda
generada desde el 20 de enero del 2014 hasta el 07 de diciembre de 2021 […]».
14.2. La citada reclamación, tal como se advierte del oficio N° 202390095122 de 31 de
enero de 2023 allegado por la accionante, fue resuelta por la sociedad AIR-E S.A.S.
E.S.P. mediante el oficio N° 202290029773 de 15 de enero de 2022.
14.3. En el citado oficio se negó la solicitud de «[…] ruptura de solidaridad […]» y
contra esta decisión se concedió el recurso de apelación, el cual fue resuelto por la
Superintendencia de Servicios Públicos mediante la Resolución N° SSPD -
20228200654875 de 24 de junio de 2022, a través de la cual se confirmó el acto
administrativo recurrido.
12
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00587-00
Accionante: Ana Rubia Moscote
14.4. El 16 de enero de 2023, la parte accionante promovió un nuevo derecho de
petición dirigido al Presidente de la República, al gerente de la sociedad AIR-E
S.A.S. E.S.P. y al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, en el que
solicita, en síntesis, lo siguiente5: (i) que el Presidente de la República y el
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios le impartan trámite al
derecho de petición radicado el 7 de diciembre de 2022, cuyas pretensiones fueron
negadas por la sociedad AIR-E S.A.S. E.S.P., a través del oficio N° 202290029773
de 15 de enero de 2022, el cual fue confirmado por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios mediante la Resolución N° SSPD -
20228200654875 de 24 de junio de 2022; (ii) que el que el Presidente de la
República y el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios le ordenen
al gerente de la sociedad AIR-E S.A.S. E.S.P. manifestar bajo gravedad de
juramento «[…] cuales son los fundamento constitucionales y légales, para que
exijan como requisito para conceder el rompimiento de la solidaridad, certificado de
libertad y tradición expedido por la oficina de instrumentos públicos, y el certificado
de nomenclatura exigido por, el instituto de Agustín Codazzi […]»; (iii) que el
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios conceda los recursos de
vía gubernativa contra el acto administrativo que negó la solicitud de rompimiento de
la solidaridad; (iv) que el Presidente de la República le ordene al Superintendente
de Servicios Públicos Domiciliarios «[…] manifieste bajo la gravedad de
juramento diga cuáles son los fundamento constitucionales y légales, para que
exijan como requisito para darle tramite el proceso de rompimiento de la solidaridad
como son, certificado de libertad y tradición expedido por la oficina de instrumentos
públicos, y el certificado de nomenclatura […]»; y (v) que el Superintendente de
Servicios Públicos Domiciliarios le ordene al gerente de AIR-E S.A.S. E.S.P. que
se «[…] abstenga de exigirme el pago de la factura solidaria sino, hasta que se
encuentra agotada la vía gubernativa, por lo que la pongo en reclamo también,
debido que esa factura […]».
14.5. En relación con este segundo derecho de petición, la accionante manifestó que
tal solicitud únicamente le había sido respondida por la sociedad AIR-E S.A.S.
E.S.P., a través del oficio N° 202390095122 de 31 de enero de 2023, por medio del
cual se le informó que la reclamación era idéntica al caso analizado en el oficio N°
202290029773 de 15 de enero de 2022, que versaba sobre la solicitud de «[…]
ruptura de solidaridad por la deuda generada desde el 20 de enero del 2014 hasta el
07 de diciembre de 2021 […]», motivo por el cual la sociedad accionada se abstenía
5 Aclara la Sala que si bien es cierto las pretensiones elevadas en el citado derecho de petición eran trece,
muchas de ellas son idénticas en su objeto y a la institución a la que se encuentran dirigida y, en esa medida,
la Sección considera que las solicitudes efectuadas por la accionante se pueden agrupar de la forma
efectuada en el texto de la providencia.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00587-00
Accionante: Ana Rubia Moscote
de «[…] dar nuevo trámite a reclamación de ruptura de solidaridad por el contrato de
arrendamiento realizado con el señor ONEL OSPINO, en enero de 2014 […]».
14.6. A juicio de la actora, el oficio N° 202390095122 de 31 de enero de 2023 emitido
por la sociedad AIR-E S.A.S. E.S.P. vulneraba sus derechos fundamentales porque
la respuesta brindada al derecho de petición anterior no fue de fondo, en tanto que
las accionadas habían negado la solicitud de «[…] ruptura de la solidaridad […]»
aduciendo que se habían allegado el certificado de libertad y tradición del inmueble.
Por este motivo, adujo que se encontraba facultada a presentar una nueva solicitud.
14.7. En
cuanto al Presidente de la República y a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios sostuvo que estos se habían abstenido de
responder el derecho de petición de 16 de enero de 2023.
14.8. En esta acción constitucional la parte actora elevó dieciocho pretensiones6. Sin
embargo, la Sala advierte que muchas de las peticiones son coincidentes, o resultan
ambiguas y contradictorias, por lo que resulta razonable que este juez constitucional
adecúe la finalidad de esta acción constitucional con las circunstancias fácticas
advertidas.
14.9. Teniendoen cuenta lo anterior, la Sala considera que las peticiones de la
accionante persiguen, en síntesis, lo siguiente: (i) que se ordene al Presidente de la
República intervenir la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y
asumir las funciones de esta entidad7; (ii) que se ordene al Superintendente de
Servicios Públicos Domiciliarios y al gerente de la sociedad AIR-E S.A.S. E.S.P.,
manifestar bajo la gravedad de juramento cuál es el fundamento constitucional y/o
legal para que exija allegar el certificado de libertad y tradición a las personas que
efectúan reclamaciones de «[…] ruptura de solidaridad […]»8; (iii) que se ordene a la
sociedad AIR-E S.A.S. E.S.P. emitir una respuesta de fondo que sea «[…] inteligible
y de fácil comprensión, atendiendo los solicitado, en sus totalidad, que no sea
aislada y resuelve todas y cada una de las pretensiones, concediendo los recursos
de reposición y el de apelación ante el superior jerárquico funcional que es la
superintendencia de servicios públicos domiciliarios […]9» [sic en toda la cita]; (iv) que
se le ordene al gerente de la sociedad AIR-E S.A.S. E.S.P., responder «[…] con que
fundamento la empresa suspenden el servicio de energía de forma unilateral, sin
ante expedir un acto administrativo […]10» [sic en toda la cita]; (v) que se ordene al
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y al gerente de AIR-E S.A.S.
6 Ver el acápite II de esta providencia, en el cual se encuentran transcritas las pretensiones elevadas en esta
acción constitucional.
7 Pretensión primera, sexta.
8 Pretensión segunda, tercera, quinta y séptima.
9 Pretensión cuarta.
10 Pretensión octava y decimoséptima.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00587-00
Accionante: Ana Rubia Moscote
E.S.P. hacer extensivos los efectos de las sentencias de 27 de septiembre de 2021
y T – 636 de 2006 al caso de autos11; (vi) que se declare la violación del derecho
fundamental de petición por la falta de una respuesta a las solicitudes elevadas el 16
de enero de 202312; y (vii) que se ordene al Presidente de la República y al
Superintendente de Servicios Públicos realizar un consejo comunal en el municipio
de Valledupar.
15. Teniendo en cuenta las pretensiones anteriores, procede la Sala analizar si se
encuentran acreditados los requisitos de procedencia de la acción de tutela
[legitimación en la causa por activa, subsidiariedad e inmediatez], para
posteriormente analizar si fueron vulnerados los derechos fundamentales de la
actora en el sub examine.
VI.4.1.1. De la presunta vulneración del derecho fundamental de petición de
la accionante
16. En este punto, la Sala considera que frente a este aspecto de la discusión se
encuentran acreditados los requisitos de procedencia de la acción de tutela, en
tanto que: (i) la señora Ana Rubia Moscote está legitimada en la causa por
activa; (ii) la acción de amparo fue promovida dentro de un término razonable, y
(iii) la actora no cuenta con otro medio judicial expedito y eficaz que garantice la
protección de su derecho fundamental de petición.
17. Así
las cosas, procede la Sala a analizar si las accionadas vulneraron el
derecho fundamental de petición de la actora.
A) Frente a la presunta vulneración del derecho fundamental de petición por
la sociedad AIR-E S.A.S. E.S.P.
18. En relación con la sociedad AIR-E S.A.S. E.S.P. se tiene que esta dio
respuesta a la solicitud de la actora a través del oficio N° 202390095122 de 31 de
enero de 2023, el cual le fue notificado a la señora Rubia Moscote, como en
efecto lo reconoce en el escrito de tutela. En la respuesta aludida, la accionada
sostuvo lo siguiente:
[…] En primer lugar, es importante aclarar que la usuaria presentó
reclamación No. RE3340202110239 el pasado mes de diciembre de 2021
donde reclamaba el rompimiento de la solidaridad. A dicha solicitud, la
empresa emitió respuesta integral mediante consecutivo No. 202290029773
11 Pretensión decimosegunda.
12 Pretensión decimoquinta.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00587-00
Accionante: Ana Rubia Moscote
del 15 de enero de 2022, indicándose los requisitos que se debía aportar para
dar trámite a la reclamación.
(…)
Por lo anterior, y con ocasión a la respuesta al requerimiento realizada por el
usuario mediante comunicación radicada con el No. RE3340202110239 del
31 de diciembre de 2021, mediante consecutivo No. 202290029773 del 15 de
enero de 2022, se atendió ruptura de solidaridad con un periodo contractual
comprendido desde amación, donde solicita la ruptura de solidaridad por la
deuda generada desde el 20 de enero del 2014 hasta el 07 de diciembre de
2021.
Igualmente, se observó que en dicha respuesta le fueron concedidos los
respectivos recursos de Ley, con el fin de garantizarle el debido proceso, tal y
como lo estipula el Art. 154 de la ley 142/94. De los cuales usted hizo uso, los
cuales fueron atendidos con respuesta radicada mediante consecutivo No.
202290076513 de fecha 01 de febrero de 2022, dicho caso fue remitido a la
Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios, para que dicha entidad
definiera la controversia del caso.
Posteriormente, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios nos
notificó de la Resolución No. SSPD - 20228200654875 del 24-06-2022,
mediante la cual procedió a CONFIRMAR la decisión No. administrativa
No.202290029773 del 15 de enero de 2022, proferida por la empresa.
Agotándose así la vía administrativa, y liberándose las facturas a cobro.
En esta ocasión el usuario presenta una nueva petición de rompimiento de la
solidaridad sobre el periodo que va desde el 20 de enero del 2014 hasta el 04
de diciembre de 2021. Afirmando nuevamente la existencia de contrato de
arrendamiento realizado con el señor ONEL FRANCISCO OSPINO, alegando
que debe darse nuevo trámite a la solicitud de ruptura porque, según alega,
no hubo hecho superado.
(…)
Así las cosas, se observa que los sujetos solidarios, el contrato de
arrendamiento, e incluso, el periodo contractual reclamado ya fue objeto de
estudio por parte de esta operadora del servicio en la reclamación
mencionada del mes de diciembre de 2021, e incluso, ya la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios emitió Resolución No. SSPD -
20228200654875 del 24-06-2022, agotándose así la vía administrativa, y
liberándose las facturas a cobro.
En consecuencia, se le imposibilita a esta prestadora emitir nuevo
pronunciamiento respecto a un vínculo solidario y un periodo contractual
frente al cual ya se emitieron las respuestas oportunas y pertinentes
previamente, e incluso, ya el ente de control y vigilancia emitió resolución con
la cual se agota la vía administrativa.
Se aclara que, aunque la solicitud inicial de diciembre de 2021, con radicado
No. RE3340202110239, fue resuelta como petición incompleta, mediante
radicado No. RE3340202110239 del 31 de diciembre de 2021, el mismo
usuario solicitó que se atendiera con la documentación aportada. Así
entonces, se destaca, que se emitió respuesta en la que se valoraron cada
una de las documentales presentadas, resolviéndose de manera
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00587-00
Accionante: Ana Rubia Moscote
improcedente el reclamo, y posteriormente, rechazados los recursos por el no
pago de la factura solidaria. Y aunque el peticionario expresa inconformidad
con la decisión empresarial, se recuerda que la misma Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, como ente de control y vigilancia de las
actuaciones de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios,
conoció de su caso en el trámite del recurso de queja, resolviendo declarar
improcedente el recurso interpuesto, al haberse rechazado correctamente los
recursos presentados por la usuaria.
(…)
De sus pretensiones:
PRIMERO: Teniendo en cuenta su petición expuesta, no procede dar nuevo
trámite a reclamación de ruptura de solidaridad por el contrato de
arrendamiento realizado con el señor ONEL OSPINO, en enero de 2014, toda
vez que se le imposibilita a esta prestadora emitir nuevo pronunciamiento
respecto a un vínculo solidario y un periodo contractual respecto al cual ya se
emitieron las respuestas oportunas y pertinentes previamente, e incluso, ya el
ente de control y vigilancia emitió resolución con la cual se agota la vía
administrativa.
SEGUNDO: En respuesta a su petición, en la presente se está actuando ante
la empresa Air-e S.A.S. ESP, y no con la empresa Afinia, tal como lo indica el
peticionario. De igual forma, se aclara, que la empresa no le está requiriendo
documentación en la presente solicitud, teniendo en cuenta lo considerado.
Sin embargo, se recuerda que es carga del reclamante demostrar los
supuestos de hecho y derecho que alega, por lo tanto, si declara ostentar la
propiedad del inmueble identificado con el NIC de la referencia, debe aportar
los documentos que soporten y demuestren lo alegado.
TERCERO: Se le imposibilita a esta prestadora emitir pronunciamiento
respecto a esta petición, teniendo en cuenta que se encuentra dirigida al
presidente de la república.
CUARTO: Se le imposibilita a esta prestadora emitir pronunciamiento
respecto a esta petición, teniendo en cuenta que se encuentra dirigida a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. En cualquier caso, se
aclara, que contra la presente decisión no proceden los recursos, como quiera
que el punto de inconformidad ya fue objeto de estudio anteriormente por la
entidad.
TERCERO: Se le imposibilita a esta prestadora emitir pronunciamiento
respecto a esta petición, teniendo en cuenta que se encuentra dirigida a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. En cuanto a la no
suspensión del servicio, le informamos que mientras las facturas se
encuentren en estado reclamado, el sistema no emitirá suspensiones, por lo
cual se dará el trámite requerido para que se efectúe un debido proceso,
ahora, si el cliente llegare a tener facturas no objeto de reclamación
pendientes de pago la empresa podrá suspender el servicio como lo dispone
el Artículo 140 de la ley 142 de 1994 y la Cláusula 62ª del Contrato de
Condiciones Uniformes. Le aclaramos que por expresa disposición legal, el
arrendador es solidario con la primera factura dejada de cancelar por el
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00587-00
Accionante: Ana Rubia Moscote
inquilino. Respecto a las solicitudes de documentos, le reiteramos lo indicado
en el numeral segundo.
CUARTO: Mediante la presente, se emite respuesta oportuna a todas y cada
una de las solicitudes presentadas, pero, no es posible conceder nuevamente
recursos respecto a un vínculo solidario frente al cual ya fueron concedidos, y
rechazados anteriormente por el no pago de la factura solidaria, lo cual fue
confirmado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
QUINTO: Se reitera, que dichos documentos no fueron solicitados, no
obstante, el artículo 167 del Código General del Proceso, establece lo
siguiente:
“Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.”
SÉPTIMO: Se reitera, lo indicado en numerales segundo y quinto.
SÉPTIMO: Se observa, que esta petición también se encuentra dirigida a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, no obstante, es del
caso aclarar que el contrato con NIC 6818378 nunca ha sido dado de baja, es
decir, no se efectuó la terminación de la relación contractual, y, por
consiguiente, estuvo vigente durante todo este tiempo.
OCTAVO: Se reitera, que en la presente decisión no procede indicar la
factura solidaria teniendo en cuenta que la primera factura adeudada del
periodo contractual ya fue indicada en respuesta anterior, y al no ser
cancelada, se rechazaron los recursos. Esto, fue objeto de estudio por parte
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en resolución No.
SSPD - 20228200654875 del 24-06-2022, resolviendo cnfirmar [sic] la
decisión empresarial. Sin embargo, se reitera, que por expresa disposición
legal, el arrendador es solidario con la primera factura dejada de cancelar por
el inquilino.
NOVENO: En cuanto a la no suspensión del servicio, le informamos que
mientras las facturas se encuentren en estado reclamado, el sistema no
emitirá suspensiones, por lo cual se dará el trámite requerido para que se
efectúe un debido proceso, ahora, si el cliente llegare a tener facturas no
objeto de reclamación pendientes de pago la empresa podrá suspender el
servicio como lo dispone el Artículo 140 de la ley 142 de 1994 y la Cláusula
62ª del Contrato de Condiciones Uniformes.
DÉCIMO: Se aclara nuevamente, que es carga del reclamante demostrar la
propiedad del predio del cual reclama, y presentar los documentos
pertinentes. En cuanto a la suspensión del servicio, se reitera lo indicado en el
numeral anterior.
DECIMO PRIMERO: Nos permitimos informarle, en lo que respecta a su
petición, que Air-e S.A.S. E.S.P es una Empresa conocedora y respetuosa de
los derechos de nuestros usuarios, por ende, todas las actuaciones
adelantadas por la Empresa se llevan a cabo con plena observancia de los
parámetros legales, respetando la legislación vigente y aplicable a cada caso
en concreto, por lo anterior, le informamos que Air-e S.A.S. E.S.P ha
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00587-00
Accionante: Ana Rubia Moscote
respetado y continuará respetando los derechos que como usuario le asisten.
Además, le reiteramos lo indicado anteriormente. En cualquier caso, esta
petición se observa que la dirige a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios.
DÉCIMO SEGUNDO: Al respecto, se reitera lo indicado en los numerales
segundo, quinto y décimo primero, aclarando que se observa que también la
dirige al presidente de la república y la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios.
DÉCIMO TERCERO: Se reitera nuevamente, lo indicado en numerales
segundo y quinto […].
19. La cita en extenso de la respuesta a la petición de 16 de enero de 2023
presentada por la señora Rubia Moscote permite evidenciar que, contrario a lo
sostenido por la accionante, la sociedad accionada sí dio una respuesta de fondo
y clara sus peticiones. Además, se destaca que todas las solicitudes elevadas en
el derecho de petición fueron debidamente respondidas por la sociedad AIR-E
S.A.S. E.S.P., el pasado 31 de enero de 2023 a través del oficio N°
202390095122.
20. Igualmente, destaca la Sala que esta respuesta le fue notificada a la actora,
como ella misma lo reconoce en el escrito de tutela.
21. Significa lo anterior que no se aprecia vulnerado el núcleo esencial del derecho
fundamental de petición por parte de la sociedad AIR-E S.A.S. E.S.P.
B) Frente a la presunta vulneración del derecho fundamental de petición por
el Presidente de la República
22. En relación con el Presidente de la República la Sala advierte que la actora
solo acreditó haber radicado su petición de 16 de enero de 2023 a los siguientes
correos electrónicos: sspd@superservicios.gov.co,
notificacionesjudiciales@superservicios.gov.co y dtnorte@superservicios.go.
23. Así las cosas, se observa que no existe constancia de radicación del derecho
de petición mencionado al Presidente de la República; lo cual se acompasa con
lo manifestado por la autoridad accionada en el informe de 15 de febrero de 2023,
documento en el que indicó en los sistemas de información de la entidad no se
evidencia que la actora hubiese radicado dicha petición.
24. Por tal motivo, la Sala no advierte que el Presidente de la República hubiese
vulnerado el derecho fundamental de la accionante.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00587-00
Accionante: Ana Rubia Moscote
C) Frente a la presunta vulneración del derecho fundamental de petición por
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
25. En cuanto atañe a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
se tiene que a esta entidad le fue radicado el derecho de petición el pasado 16 de
enero de 2023, por lo que tuvo hasta el 6 de febrero de 2023 para responder la
solicitud elevada por la accionante.
26. Igualmente,se observa que, junto al informe allegado por la autoridad
accionada, se anexó una copia del oficio N° 0238600651491 de 14 de febrero de
2023, a través del cual se da respuesta al derecho de petición radicado por la
señora Rubia Moscote. En el contenido del aludido oficio se señala lo siguiente:
[…] La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) en
ejercicio de las funciones de control y vigilancia frente a las empresas
prestadoras de servicios públicos domiciliarios previstas en el artículo 79 de la
Ley 142 de 1994, modificadas por el artículo 13 de la Ley 689 de 2001 y
artículo 24 numeral 3 del Decreto 1369 de 2020, le corresponde resolver los
recursos de apelación que interpongan los usuarios conforme a lo establecido
en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 20 de la
Ley 689 de 2001.
El artículo 154 ibídem establece mecanismos que hacen posible la defensa
de los derechos de los usuarios y suscriptores, entre ellos los de presentar
reclamaciones ante las empresas prestadoras de servicios públicos, mediante
derecho de petición. No obstante, la defensa permitida encuentra una
limitante, en cuanto se establece que “En ningún caso, proceden
reclamaciones contra facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber
sido expedidas por las empresas de servicios públicos (Subrayado fuera de
texto)”.
Es importante que tenga en cuenta que la Ley 142 de 1994, establece el
procedimiento que deben seguir los usuarios de los servicios públicos
domiciliarios para hacer sus peticiones, quejas, reclamos y recursos; además
esta ley establece que esta Superservicios es un órgano de segunda
instancia, que vigila las actuaciones que estas empresas realizan en el marco
de la ejecución del contrato usuario–empresa existente; es decir, que la
Superservicios sólo tiene conocimiento de estas reclamaciones después que
las prestadoras agoten lo de su competencia, brindando una solución y/o
respuesta formal a la reclamación inicial del usuario, y luego de que el mismo
haya interpuesto los recursos de ley procedentes cuando no esté de acuerdo
con la respuesta, es decir que debe esperar que la empresa resuelva en
primera instancia su reclamación.
Es de anotar, que las “causales de reclamación” sobre las cuales procede el
otorgamiento y la interposición del “recurso de reposición, y en subsidio de
apelación por las decisiones que adopten las empresas en las reclamaciones
de los usuarios, están establecidas en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994,
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00587-00
Accionante: Ana Rubia Moscote
como son: Los actos de negativa del contrato, suspensión, terminación, corte
y facturación que realicen las empresas.
Es decir, señor usuario, que el competente para resolver en primera instancia
su inconformidad es la empresa CARIBEMAR DE LAS COSTA S.A E. S. P
(AFINIA GRUPO EPM), la cual contara con un término de (15) días hábiles
contados a partir de la fecha de la presentación para responder. Para efectos
de la notificación de dicha respuesta la entidad prestadora tendrá un término
de 5 días hábiles contados a partir de la expedición del acto, dentro del cual le
enviará una citación con el fin de que se acerque a sus instalaciones para que
se notifique personalmente de la respuesta. Si el usuario no acude a la
empresa dentro de los (5) días hábiles contados a partir del envío de la
citación, esta notificará la respuesta por medio de AVISO, notificación que se
considerará surtida al finalizar el día siguiente al de su entrega, en el lugar de
destino. (Arts.158 y 159 Ley 142 de 1994).
El término para dar respuesta puede ser ampliado por el prestador, cuando
excepcionalmente se presente alguna circunstancia que de motivo a ello. En
este caso le deberán enviar una comunicación -de inmediato- por parte del
prestador, en el que le informen los motivos de la demora y el plazo razonable
en que se le resolverá o dará respuesta definitiva.
En caso de recibir una respuesta no favorable por parte de la empresa, se
debe interponer en un mismo escrito el Recurso de Reposición y
Subsidiariamente el de Apelación ante el gerente o representante legal de la
prestadora, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de
la decisión empresarial; teniendo en cuenta que si el usuario deje vencer los
términos legales para interponer tales recursos, se entiende agotada la
Actuación Administrativa, quedando en firme la decisión tomada por la
empresa, pudiendo entrar ésta a cargar en la factura los valores reclamados.
Una vez es resuelto el recurso de reposición, es la misma empresa y no el
usuario, quien envía el expediente para que la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios falle el recurso subsidiario de apelación, en segunda y
última instancia. Si la empresa emite decisión indicando que Rechaza el
recurso de apelación, deberá interponer Recurso de Queja, ante ésta
Superservicios, dentro de los de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación de la decisión empresarial, acompañando copia del acto
empresarial del rechazo, y sustentando concretamente los motivos de
inconformidad del citado rechazo, de acuerdo a los argumentos dados por la
empresa […].
27. Sea lo primero señalar que el oficio N° 0238600651491 de 14 de febrero de
2023, emitido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en
respuesta a la solicitud radicada por la accionante, no satisface el núcleo esencial
del derecho de petición porque es incongruente con la solicitud que fuere radicada
por la actora. Esto es así porque la accionante señala que la prestadora del
servicio de energía es la sociedad Air-E S.A.S. E.S.P., y el ente de vigilancia y
control -inexplicablemente- hace alusión en su respuesta a la sociedad
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Caribemar de la Costa S.A. E. S.P., empresa que no tiene ninguna relación con
la petición elevada por la actora.
28. Sumado a lo anterior, la Sala encuentra que la respuesta brindada a la actora
resulta genérica y abstracta, ya que no guarda relación con las particularidades
del caso expuesta por la accionante, a lo que se agrega que la autoridad
accionada no hizo un pronunciamiento expreso a las demás solicitudes elevadas
por la accionante tales como: (i) que le indicara el fundamento legal y
constitucional para exigir la presentación del certificado de libertad y tradición en
las solicitudes de «[…] rompimiento de la solidaridad […]», y (ii) que le indicara
cuál es el procedimiento administrativo que se debe llevar a cabo para la
suspensión del servicio de energía. Por otra parte, tampoco se evidencia que la
accionada le hubiese manifestó que este derecho de petición resultaba reiterativo
respecto del radicado el pasado 7 de diciembre de 2021.
29. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala destaca que tampoco existe evidencia en el
plenario de que la accionada hubiese notificado el oficio 0238600651491 de 14 de
febrero de 2023 a la parte actora.
30. Por lo anterior, la Sala amparará el derecho fundamental de petición de la
accionante y, en consecuencia, le ordenará a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios que, en el término de 48 horas siguientes a la notificación
de este esta providencia, responda del derecho de petición de 16 de enero de 2023
y notifique el contenido de la respectiva comunicación.
VI.4.1.2. De las otras pretensiones elevadas en el presente escrito de amparo
31. Como se señaló con anterioridad, la Ana Rubia Moscote solicitó, además de la
protección de su derecho de petición, que esta Sección emitiera las siguientes
órdenes: (i) que se ordene al Presidente de la República intervenir la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y asumir las funciones de esta
entidad; (ii) que se ordene al Presidente de la República y al Superintendente de
Servicios Públicos realizar un consejo comunal en el municipio de Valledupar; (iii)
que se ordene al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y al
gerente de la sociedad AIR-E S.A.S. E.S.P., manifestar bajo la gravedad de
juramento cuál es el fundamento constitucional y/o legal para que exija allegar el
certificado de libertad y tradición de las personas que efectúan reclamaciones de
«[…] ruptura de solidaridad […]»13; y (iv) que se ordene al Superintendente de
Servicios Públicos y al gerente general de AIR-E S.A.S. E.S.P. hacer extensivos los
13 Pretensión segunda, tercera, quinta y séptima.
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efectos de las sentencias de 27 de septiembre de 2021 y T – 636 de 2006 al caso
de autos14.
32. Las peticiones referidas son incongruentes con los supuestos fácticos de la
presente acción de amparo que en esta ocasión estuvieron asociados a verificar
si las accionadas habían vulnerado el derecho de petición de la actora. Es por
esta razón que la Sala las negará ya que las mismas son incongruentes con el
objeto de la litis.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de la señora Ana
Rubia Moscote, vulnerado por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios. En consecuencia, ORDENAR a la citada entidad que, dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia,
responda de manera completa las solicitudes elevadas por la señora Rubia
Moscote en el derecho de petición de 16 de enero de 2023 y notifique, en los
términos de ley, el contenido de la respectiva comunicación.
SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la presente acción de amparo,
de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley No. 2591 del 19 de noviembre
de 1991.
CUARTO: De no ser impugnada la presente sentencia, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con el artículo
31 del Decreto Ley No. 2591 del 19 de noviembre de 1991.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
14 Pretensión decimosegunda.
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Accionante: Ana Rubia Moscote
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley. P (15)
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