Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00592-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00592-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00592-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
16 de marzo de 2023
Demandante: Diana Carolina Pérez Barbosa
Demandados: Presidente de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00592-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00592-00
Demandante: DIANA CAROLINA PÉREZ BARBOSA
Demandados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Temas: Tutela de fondo – derecho fundamental de petición1.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por la señora Diana
Carolina Pérez Barbosa, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, en el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
La señora Diana Carolina Pérez Barbosa, en nombre propio, instauró acción de
tutela2 contra el presidente de la República, la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios y la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica
Afinia Grupo EPM - Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. con el fin de obtener el
amparo de sus derechos fundamentales de «petición, la administración de justicias,
a una tutela judicial efectiva, a la dignidad humana, a la salud, a la vida, a la
educación, a una vivienda digna, al debido proceso administrativo, derecho a la
defensa, contradicción, a la doble instancia igualdad legalidad tipicidad, buena fe
confianza legítima, y acto propio, a un servicio esencial de energía, a la dignidad
humana».
1 Se reitera posición de la Sala sobre el asunto en sentencias de 2 de marzo de 2023, dictadas en
los procesos 11001-03-15-000-2023-00494-00 y 11001-03-15-000-2023-00598-00, M.P. Carlos
Enrique Moreno Rubio; y de 9 de marzo de 2023, en el expediente 11001-03-15-000-2023-00538-
00, M.P. Rocío Araújo Oñate.
2 Con escrito radicado el 3 de febrero de 2023, a través del buzón electrónico
tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co y remitido en la misma fecha al correo de la Secretaría
General del Consejo de Estado.
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Dichas garantías las estimó vulneradas con ocasión de la omisión de las accionadas
en resolver de fondo las peticiones que presentó el 13 de enero de 2023 para que
se ordenara al gerente general de Afinia Grupo EPM - Caribemar de la Costa S.A.S.
E.S.P. que se pronuncie nuevamente sobre su solicitud de ruptura de solidaridad en
el pago de una deuda de energía.
1.2. Pretensiones
Las pretensiones de la solicitud de amparo son las siguientes:
PRIMERO PRETENDO CON Esta acción de tutela como mecanismo definitivo y
excepcional PARA QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL ORDENA AL PRESIDENTE
DE COLOMBIA REASUMIR LAS COMPETENCIA, OTORGADA A LA
SUPERSERVICIOS CONFORME ARTICULO 12 DE LALEY 489 DE 1998
DECLARADO EXEQUIBLE POR LA SENTENCIA C-727 DEL 2000 , artículos
2,4,6,13,23,29,31,40,83,84,85,86,93,189-22 208,209,210,211, 365 al 370 de la
constitución ARTICULOS 75,DEN LA LEY 142 DE 1994, y de respuesta al derecho
de petición , ASIMISMO EL JUEZ CONSTITUCIONAL ORDENE AL
SUPERINTENDENCIA DE SERVCICIO PUBLICOS , A EJERCER SUS FUCIONES
CONSAGARADA EN ELARTICULO 75,79,81.82 159 DE LA LEY 142 DE 1994 Y LA
SENTENCIAS C-263 DE 1996 C-558 DEL 2001, así mismo de respuesta al derecho
de petición ,así mismo el juez ordene a la superservicios y a la empresa Afinia a darle
tramite al derecho de petición , debido que no es una petición reiterativa ni es un
hecho superado y concedas los recursos de ley y tanto la empresa como la
superservicios se abstenga de exigir requisito no autorizados POR LA
CONSTITUCION EN EL ARTICULO 84 DE LA CONSTITUCION , articulo 16, 17,19
de la ley 1755 del 2015 , articulo 9 , 10,77,86,93, de la ley 1437 del 2011 ley 962 del
2005 decretos 019 del 2012 y 2106 del 2019,) Resolución No. 20218200163555 del
18 de mayo de 2021,,expedida por la superservicios , sentencia TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN
Bogotá DC, veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) t-636/2006,de
igual forma el juez constitucional conceda esta acción de tutela de conformidad con
las sentencias ,T-180DEL 2021 T-367 DE 2020,, C-134 DE 1994 T-761 de 2015C-
936 de 2003T-270 de 2007T-408 de 2008 T-191 de 2008T-281 de 2012, -761 de
2015T-189 de 2016T-1108 de 2002 C-150 de 2003 T-206A de 2018, C-186/22 para
que el juez constitucional, ordene al presidente de Colombia y al superintendente de
servicios públicos ejerzan sus funciones, obligando al doctor Javier lastras gerente
de la empresa Afinia de la costa adarle tramite nuevamente al núcleo esencial del
derecho de petición, resolviéndolos de fondo , clara, precisa y de manera congruente
con lo solicitado clara, es decir inteligible y de fácil comprensión , atendiendo los
solicitado, en sus totalidad , que no sea aislada y resuelve todas y cada una de las
pretensiones [...]
SEGUNDO QUE el señor juez constitucional ordene al señor , superintendente de
servicios públicos doctor Dagoberto Buitrago, manifieste bajo la gravedad de
juramento diga cuales son los fundamento constitucionales y légale , para que exijan
como requisito para conceder el rompimiento de la solidaridad, certificado de libertad
y tradición expedido por la oficina de instrumentos públicos, y el certificado de
nomenclatura exigido por, el instituto de Agustín Codazzi , cuando este último ya no
lo expide [...]
TERCERO QUE el señor juez constitucional ordene al señor, superintendente de
servicios públicos doctor Dagoberto Buitrago, manifieste bajo la gravedad de
juramento diga cuales son los fundamento constitucionales y légale para obligar a los
usuarios que para conceder los recursos de reposicion y apelación y de queja exige
como requisito absoluto, el pago de la factura solidaria, [...]
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Cuarto que el señor juez constitucional ordene al señor presidente SEÑOR
SUPERINTENDENTE ordenen a la empresa de energía eléctrica a referirse de cada
una de las pretensiones del derecho de petición que yo le acciones [...]
CUARTO Que el SEÑOR juez constitucional ordene a la empresa de energía
eléctrica, ADAR UNA RESUESTA de fondo , , clara, precisa y de manera congruente
con lo solicitado clara, es decir inteligible y de fácil comprensión , atendiendo los
solicitado, en sus totalidad , que no sea aislada y resuelve todas y cada una de las
pretensiones,, concediendo los recursos de reposición y el de apelación ante el
superior jerárquico funcional que es la superintendencia de servicios públicos
domiciliarios, [...]
QUINTO SEÑOR presidente ordene al superintendencia de servicios públicos
domicliarios y al gerente general de Afinia diga bajo la gravedad de juramento ,¡cual
es la ley ,señalándola numéricamente de forma motivada , debido que siempre
contesta, que ellos solamente exigen requisito autorizado por la ley , pero no dicen
cuál es la ley ,[...]
SEXTO Que el juez constitucional ordene al presidente de Colombia a REASUMIR
LAS COMPETENCIA, OTORGADA A LA SUPERSERVICIOS [...] , ASIMISMO EL
JUEZ CONSTITUCIONAL ORDENE AL SUPERINTENDENCIA DE SERVCICIO
PUBLICOS , (….)
SÉPTIMO que el señor presidente ordene al superintendencia de servicios publico y
al al gerente general de Afinia al momento de dar respuesta a este derecho de
petición , manifieste bajo la gravedad de juramento diga cuales son los fundamento
constitucionales y légale , para que exijan como requisito para darle tramite el
proceso de rompimiento de la solidaridad como son, certificado de libertad y tradición
expedido por la oficina de instrumentos públicos, y el certificado de nomenclatura
exigido por, el instituto de Agustín Codazzi [...]
DECIMO SEGUNDO QUE EL SEÑOR juez constitucional ORDENE AL GERENTE
GENERAL DE AFINA, y al superintendente de servicios públicos LE DE
CUMPLIMIENTO A LA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN Bogotá DC, veintisiete (27) de septiembre de
dos mil veintiuno (2021). [...] CUMPLIMIENTO A la Resolución No. 20218200163555
del 18 de mayo de 2021, [...]
Decimo tercero, que el señor juez del conocimiento según el PRINCIPIO DE
OFICIOSIDAD, SE PRONUNCIE sobre todas y cada una de las pretensiones, [...]
DECIMO CUARTO señor juez constitucional es procedente esta acción de tutela,
debido que no existe otros mecanismos judiciales para obligar a estas entidades para
amparar el núcleo esencial del derecho de petición [...]
DECIMO QUINTO Que el juez constitucional decrete la violación del derecho de
petición por parte del presidente de Colombia doctor Gustavo petro y por el
superintendente de servcucios públicos doctor Dagoberto Quiroga, asi mismo
ordenarles a ambos que en el término no superior de dos meses realice en Valledupar
un consejo comunal con todas la comunidad usuarias , vocales de control y
asociaciones de usuarios con las presencia de las delegadas de caqda unas de la
superintendencia para que el pueblo participe expongan sus denuncia [...]
DECIMO SEXTO Que el juez constitucional haga un paralelo, de las pretensiones
que solicite a la empresa de energía que resolviera, y las que ella resolvió , para
determinar que si hubo o no peticiones reiterativa para que la empresa se abstuviera
de dar respuesta nuevamente , [...]
Decimo séptimo que el juez constitucional de conformidad con la constitución y el
bloque de constitucionalidad, los principios de la función públicas, legalidad tipicidad,
debido proceso administrativo, el derecho de petición, diga LA SUPERSERVICIO Y
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LA EMPRESA DE ENRGIA con que fundamento la empresa suspenden el servicio
de energía de forma unilateral, sin ante expedir un acto administrativo, como lo
ordena el artículo 154 de la ley 142 de 1994,[...].3
1.3. Hechos
La parte actora fundamentó su escrito de tutela en los siguientes4:
Señaló que arrendó su inmueble ubicado en la «MANZANA E16 – 18 CASA 18B
DE KLA URBVANIZACION COLOMBIA (sic)» al señor Ángel María Riobo, quien le
dejó una deuda con la empresa de energía por más de $11.686.308.
Adujo que, en calidad de propietaria del inmueble, así como titular del contrato de
condiciones uniformes, radicó una petición ante el gerente general de Afinia Grupo
EPM - Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., con el fin que se declarara el
rompimiento de la solidaridad de la deuda de energía, de conformidad con los
artículos 23 de la Constitución Política y 128, 129, 130 y 152 de la Ley 142 de 1994.
Indicó que la empresa Afinia Grupo EPM - Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.
resolvió su solicitud a través de los oficios No. 202370031671 y RE3110202303042
de 18 de enero de 2023. En esos actos se le explicó que el 31 de enero de 2022 ya
se había presentado un escrito con el que pretendió el rompimiento de la solidaridad
desde el 1° de enero de 2020 hasta el 9 de octubre de 2020 y 5 de enero de 2018
hasta el 16 de enero de 2022, y que este fue contestado con consecutivo No.
202270043478 del 09 de febrero de 2022, en el cual se le indicó que no se accedería
a su pretensión, comoquiera que «como propietario ha dejado de hacer efectivo el
contrato de arriendo y consintió la deuda dejada por el inquilino».
Además, comentó que la accionada le explicó lo siguiente:
En consecuencia, el día 16 de febrero de 2022 fueron presentados los respectivos
recursos de ley, por lo que, mediante el consecutivo no. 202270060387 del 24 de
febrero de 2022, se decidió confirmar la decisión inicial, toda vez que, cliente y
usuario son solidarios en lo que respecta a las deudas que se generen por la
prestación del servicio de energía y usted es garante ante la empresa en el
cumplimiento de esta obligación por parte de su arrendado, debido a que es el
propietario quien se encuentra en la obligación de velar por las obligaciones
contraídas por su inmueble. Así las cosas, se observa en sistema que, fue enviado
el expediente de su caso a la Superintentendecia (sic) de Servicios Públicos
Domiciliarios, por lo que, el ente de control decidió mediante la resolución No.
20228600387375 del 28 de abril de 2022, confirmar la decisión No.
RE3110202204242, en tal sentido, Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P se limitó a
cumplir con lo ordenado. Ahora bien, en la presente reclamación solicita rompimiento
de solidaridad desde el 05 de enero del 2018 hasta el 16 de enero del 2022, no es
posible, toda vez que, parte del presente periodo reclamado ya fue objeto de estudio
en el radicado RE3110202204242. Lo anterior debido a que no es posible que exista
dos contratos de arrendamientos simultáneos en el mismo predio, lo cual, desvirtúa
que, el contrato de arrendamiento aportado en la presente reclamación haya iniciado
en el año 2018. Página 2 de 4 Teniendo en cuenta lo antes expuesto, le confirmamos
3 Trascripción literal del original con posibles errores.
4 Para la Sala es importante precisar que estos hechos fueron extraídos del escrito de tutela radicado
por el actor.
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que no es procedente referirnos de nuevo a estos puntos, como quiera que la
compañía ya se pronunció al respecto, concediendo en su momento los respectivos
recursos de ley; asimismo no es posible que exista dos contratos de arrendamientos
simultáneos en el mismo predio”.
Puso de presente que en la citada respuesta Afinia Grupo EPM - Caribemar de la
Costa S.A.S. E.S.P. le aclaró que los únicos requisitos para dar trámite a las
solicitudes de rompimiento de solidaridad eran el contrato de arrendamiento y el
certificado de libertad y tradición vigente (no mayor a 90 días). Asimismo, se le indicó
que si la dirección del citado certificado era distinta a la de la factura, se debía
anexar el certificado de nomenclatura expedido por el Instituto de Agustín Codazzi,
que reportara el número de matrícula del predio y la dirección.
Alegó que interpuso recursos contra la anterior decisión, pero que tanto la entidad
prestadora del servicio de energía como la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios5 los rechazaron por extemporáneos.
Explicó que el 13 de enero de 2023 presentó una petición ante las autoridades
accionadas, con el propósito que el presidente de la República y la
Superintendencia de Servicios Públicos, en calidad de superiores jerárquicos del
gerente general de Afinia Grupo EPM - Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., le
ordenaran a este último que tramitara nuevamente su petición de rompimiento de
solidaridad, toda vez que no fue resuelta de fondo y, además, para que se
concediera el recurso de apelación ante el superior. No obstante, alegó que, a la
fecha de presentación de esta acción constitucional las mencionadas autoridades
no han resuelto su solicitud.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La tutelante consideró que las autoridades accionadas vulneraron sus derechos
fundamentales, toda vez que omitieron resolver de fondo la petición que radicó con
el fin de que se le ordenara al gerente general de Afinia Grupo EPM - Caribemar de
la Costa S.A.S. E.S.P. que se pronuncie nuevamente sobre su solicitud de ruptura
de solidaridad en el pago de una deuda de energía.
En primer lugar, destacó que el gerente general de Afinia Grupo EPM - Caribemar
de la Costa S.A.S. E.S.P. en sus respuestas le indicó que había un hecho superado,
figura que a su juicio no se aplica en el caso concreto, puesto que la empresa solo
le exigió unos requisitos que no están dispuestos ni en la Constitución ni en la Ley
y rechazó por extemporáneos sus recursos, pero no resolvió de fondo sus
pretensiones.
En ese sentido, alegó que la empresa de energía violó los principios de legalidad y
de la función pública, así como el derecho al debido proceso administrativo, al
contrariar los artículos 26 y 84 de la Ley 1755 de 2015 y 9° de la Ley 1347 de 2011,
5 La actora refirió que esta decisión fue tomada mediante Resolución No. 20218200090135 de 8 de
abril del 2021.
5
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y desconocer lo dispuesto en la sentencia de 27 de septiembre de 20216, dictada
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”.
Manifestó que no es aceptable que la empresa accionada le diga que no puede
referirse a los mismos hechos analizados en la petición inicial, debido que en los
artículos 16, 17 y 19 de la Ley 1755 del 2015 se establecen los requisitos para poder
presentar una petición y ello lo faculta para radicarla nuevamente y obliga a la
entidad a efectuar otro pronunciamiento de fondo.
Comentó que, en virtud de los artículos 133.8 y 133.9 de la Ley 142 de 1994, existe
un abuso de la posición domínate por parte de la empresa de servicios públicos al
exigir requisitos adicionales para conceder el rompimiento de la solidaridad, tales
como el certificado de libertad y tradición expedido por la oficina de instrumentos
públicos y el certificado de nomenclatura exigido por el Instituto Agustín Codazzi,
sin mencionarle cuales son los fundamentos constitucionales y legales que permiten
pedirle tales exigencias.
1.5. Trámite de la acción
Con auto de 8 de febrero de 2023 se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar
a la parte actora, al presidente de la República, a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios y a la empresa Afinia Grupo EPM - Caribemar de la Costa
S.A.S. E.S.P.
Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2951
de 1991, se vinculó como terceros con interés al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, al Juzgado Tercero (3º)
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, a la empresa de Servicios Públicos
AIR-E y al señor Denis Enrique Martínez Martínez7.
De igual forma se hicieron los siguientes requerimientos:
• A la parte actora para que aportara: (i) copia digital de las actuaciones que
realizó ante el presidente de la República; (ii) copia de la resolución de la
empresa Afinia Grupo EPM que resolvió su solicitud de rompimiento de la
solidaridad en primera instancia, así como de la decisión que rechazó por
extemporáneo el recurso de apelación; y (iii) las demás pruebas que pretenda
hacer valer en este trámite constitucional.
• A las autoridades accionadas para que aportaran las copias de los actos
administrativos a través de los cuales hayan resuelto las múltiples peticiones
6 Providencia proferida en segunda instancia en el marco de la acción de tutela identificada con el
radicado número 11001-33-34-003-2021-00234-01, que presentó el señor Denis Enrique Martínez
Martínez contra la Superintendencia de Servicios Públicos y la empresa de Servicios Públicos AIR-
E. El proceso correspondió en primera instancia al Juzgado Tercero (3º) Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá.
7 A estos sujetos procesales se les vinculó comoquiera que el actor mencionó múltiples veces la
sentencia de 27 de septiembre de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección “B”, en la acción de tutela identificada con el radicado número 11001-
33-34-003-2021-00234-01.
6
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radicadas por la actora, junto con su correspondiente constancia de
notificación o comunicación al interesado.
• A las secretarías del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección “B” y del Juzgado Tercero (3º) Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, para que remitieran de manera inmediata copia
digital del expediente de la acción de tutela identificada con el radicado
número 11001-33-34-003-2021-00234-018.
Por último, se ordenó a la Oficina de Sistemas de la Corporación realizar una
publicación de la información relativa a esta acción de tutela, en la página web del
Consejo de Estado.
1.6. Intervenciones
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.6.1. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
El apoderado de la entidad solicitó que se declare la inexistencia de violación de los
derechos fundamentales de la parte actora o, en su defecto, la improcedencia de la
acción constitucional.
Adujo que la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales que pone de
presente la actora no es ocasionada por la superintendencia, toda vez que las
decisiones de un reclamo a la facturación, pago o eliminación de deuda, es una
actuación de exclusiva competencia de la empresa Caribemar de la Costa S.A.S.
E.S.P. – Afinia Grupo EPM, por lo que no es posible vincular a este organismo a los
efectos del fallo.
Ahora bien, en cuanto al derecho fundamental de petición, expuso que la accionante
elevó la solicitud con radicado No. 20235290163892 del 13 de enero de 2023,
expediente 2023860340101414E y que la Dirección Territorial Nororiente de la
superintendencia resolvió de fondo la petición mediante el consecutivo
20238600652821 de fecha 14 de febrero de 2023, notificado al correo
oficinadequejasyreclamos@gmail.com, en los siguientes términos:
En primer lugar, señor usuario le informamos que la Superservicios es un órgano de
segunda instancia, que vigila las actuaciones que estas empresas realizan en el
marco de la ejecución del contrato usuario–empresa existente; es decir, que la
Superservicios sólo tiene conocimiento de estas reclamaciones después que las
prestadoras agoten lo de su competencia, brindando una solución y/o respuesta
formal a la reclamación inicial del usuario, y luego de que el mismo haya interpuesto
los recursos de ley procedentes cuando no esté de acuerdo con la respuesta, es decir
que debe espera que la empresa resuelva en primera instancia su reclamación.
8 Se reitera, por cuanto el tutelante mencionó múltiples veces la sentencia de 27 de septiembre de
2021, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, en
la acción de tutela identificada con el radicado número 11001-33-34-003-2021-00234-01.
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Finalmente, explicó que mediante oficio radicado 20238600652821 de 14 de febrero
de 2023, se le informo al usuario que su reclamación debe iniciarla en la empresa
de energía, toda vez que la Ley 142 de 1994 establece el procedimiento que deben
seguir los usuarios de los servicios públicos domiciliarios para hacer sus peticiones,
quejas, reclamos y recursos. Además, le puso de presente que no aportó un número
de consecutivo y radicado al que se asocian los documentos anexos a la presente
petición.
1.6.2. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
La apoderada del presidente de la República y de la Presidencia de la República
solicitó que se desvincule a ambas dependencias de la acción de tutela por carecer
de legitimación en causa por pasiva. Además, de manera subsidiaria pidió que se
nieguen las pretensiones de la actora, ante la inexistencia de una acción u omisión
de sus presentadas que pudiese generar alguna vulneración a los derechos
fundamentales invocados.
Manifestó que la actora elevó una petición ante la Presidencia, bajo el radicado
EXT23-00007676, a través de la cual solicitó revocar una resolución que ratificó
unas facturas expedidas por las empresas Afinia y Caribemar.
Explicó que la solicitud fue resuelta a través del oficio OFI23-00010020 / GFPU
12000002 del 27 de enero de 2022, en el que se le indicó que como dicha
comunicación estaba dirigida a otra entidad y que como se copiaba a la Presidencia,
solo se acusaba recibido sin que fuera necesario trasladarla a la entidad
competente.
Advirtió que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que las presuntas
irregularidades cometidas por la empresa Afinia son del resorte de la
Superintendencia de Servicios Públicos, quien es la encargada de ejercer la
inspección vigilancia y control de las empresas prestadoras de servicios públicos.
1.6.3. Caribemar de la Costa S.A.S.
La apoderada de Caribemar de la Costa S.A.S. solicitó declarar la improcedencia
de la acción de tutela o, en su defecto, negar las pretensiones de la actora.
Informó que el 19 de enero de 2022, la accionante presentó una reclamación por
ruptura de solidaridad del suministro NIC-7865094, con radicado
RE3110202202409, por la deuda generada entre los meses de enero de 2018 a
enero de 2022, la cual fue resuelta de fondo el 21 de enero de 2022, mediante oficio
No. 202270021726, en la que se le indicó que «no es procedente la solicitud, por
cuanto el certificado de Tradición y Libertad aportado no tiene la misma dirección
que aparece registrada en el sistema de gestión comercial, por lo que se le solicitó
que aportara certificado de nomenclatura expedido por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi».
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Explicó que el 31 de enero de 2022, la actora radicó un nuevo escrito con el que
aportó una documentación, pero que mediante oficio No. 202270043478 de 9 de
febrero de 2022, la entidad le expuso que «El documento solicitado no fue aportado,
por tanto, no se encuentra demostrada la titularidad del predio, en consecuencia, no
se cumplen con los elementos necesarios para configurar la ruptura de solidaridad,
teniendo en cuenta que se requiere sea probada la propiedad del predio ya que es
el propietario el legitimado para reclamar por este concepto».
Señaló que contra esta decisión se presentó recurso de reposición y en subsidio
apelación, los cuales fueron resueltos mediante comunicado 202270060387 de 24
de febrero de 2022 y por la Superintendencia de Servicios Públicos, a través de la
Resolución No. SSPD -20228600387375 de 28 de abril de 2022, que confirmó en
todas sus partes el acto recurrido.
Manifestó que con la reclamación RE3110202303042 de 13 de enero de 2023, la
accionante solicitó que se dé nuevamente trámite a su solicitud identificada con la
radicación RE3110202202409 y que como respuesta a dicha petición la empresa
emitió el oficio No. 202170227317 de 18 de agosto de 2021, en la cual se le explicó
que no era procedente pronunciarse nuevamente, toda vez ya había sido agotada
la vía gubernativa previamente. Es decir que lo que se pretende es que la empresa
vuelva a pronunciarse sobre una situación que ya fue estudiada.
Por último, consideró que la presente acción de tutela no cumple con el requisito de
subsidiariedad, toda vez que la accionante cuenta con otro mecanismo de defensa
judicial, como lo es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
para controvertir los actos administrativos dictados por las empresas de servicios
de energía y por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios; máxime
cuando no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.
1.6.4. Juzgado Tercero (3º) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
El citado despacho aportó copia del expediente de la acción de tutela identificada
con el radicado número 11001-33-34-003-2021-00234-01.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por la señora Diana Carolina Pérez Barbosa, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y
el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestión previa – legitimación en la causa por pasiva
En este asunto se pidió la desvinculación de «la Presidencia de la República y del
señor [p]residente de la República», al considerar que carecen de legitimación en la
causa por pasiva para actuar, sin embargo, este requerimiento será negado, dado
9
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que la demandante, con la solicitud de amparo, elevó una pretensión en concreto
frente a dichas autoridades. En consecuencia, será con el estudio del caso concreto,
y ante la acreditación de que se acudió ante tal autoridad, que se determine si existió
o no una omisión en sus funciones.
2.3. Problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si en el caso concreto se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales advertidos por la accionante, con ocasión
a la falta de respuesta de fondo a las peticiones elevadas por la actora ante Afinia
Grupo EPM - Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., el presidente de la República y
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Para el efecto se estudiará: (i) las generalidades de la acción de tutela; (ii) el derecho
de petición; y (iii) el caso concreto.
2.4. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable9.
2.5. Del derecho de petición
La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho fundamental
de petición, en virtud del cual, toda persona tiene la posibilidad de «presentar
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular
y a obtener pronta resolución». El mismo artículo superior precisa que el legislador
podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales.
La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: «El
núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de
la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido».
9 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
10
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Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la respuesta a la
petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 1755 de 201510, que señala 15 días para resolver la misma, de
no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.
Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que:
[...] la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la
persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición.
Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de
evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la
solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado.
Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la
autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses del
peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la
respuesta dada11.
10 A través del artículo 5° del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020 “Por el cual se adoptan medidas
de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades
públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección
laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, los términos para resolver las peticiones se
ampliaron, y salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días
siguientes a su recepción.
No obstante, esta norma fue derogada por el artículo 2° de la Ley 2207 del 17 de mayo de 2022,
«POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 491 DE 2020», la cual
empezó a regir a partir del 18 de mayo de 2022. Por esta razón, los términos para resolver las
peticiones se restablecieron a los establecidos en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala:
«ARTÍCULO 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal
especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15)
días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes
peticiones:
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días
siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá,
para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la
administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las
materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.
PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí
señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del
término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo
razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto».
11 Sentencia T-149 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
[...] la notificación [...] debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el
propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante»12
En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la Corte
Constitucional ha explicado que:
i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos
de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la
participación política y a la libertad de expresión13; ii) su contenido esencial
comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a
recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de
los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o
contestación material, lo que supone que la autoridad entre en la materia propia de
la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a
todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la
respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de
lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o
negativo14.15
Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la
satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.
Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha
sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho
a lo pedido, por lo que el primero se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta,
cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo.
2.6. Caso concreto
2.6.1. Como viene de explicarse, la accionante consideró que el presidente de la
República, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y Afinia Grupo
EPM - empresa de servicios públicos Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.
vulneraron sus derechos fundamentales ante la omisión en resolver de fondo las
peticiones que elevó ante dichas autoridades.
12 Ibídem.
13 Sentencia T-377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. En el mismo sentido ver la
sentencia T-796/01 M.P. Jaime Araujo Rentería.
14 Sentencia T-94/99 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
15 Sentencia C-510 2004. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
12
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En primer lugar, del material probatorio se pudo constatar que el 13 de enero de
2023, la señora Diana Carolina Pérez Barbosa radicó una petición ante las
autoridades accionadas16, con la cual pretendió lo siguiente:
PRIMERO PRETENDO CON Este derecho de petición de conformidad con los
artículos 2,4,6,13,23,29,31,40,83,84,85,86,93,189-22 208,209,210, 365 al 370 de la
constitución, así ARTICULOS 75,79,82,130,140,141,154,155,y 159 de la ley 142 de
1994, sentencias C-263/96,C-150 DEL 2001, C-558 DEL 2001 C-130/03 T-
636/2002,),ARTICULO , articulo 16 de la ley 1755 del 2015 , ,130,140,141,152, 153,
154,155,y159 de la ley 142 de 1994 , articulo 9 , 10,77,86,93, de la ley 1437 del 2011
ley 962 del 2005 decretos 019 del 2012 y 2106 del 2019,) Resolución No.
20218200163555 del 18 de mayo de 2021,,expedida por la superservicios , dándole
cumplimiento a la sentencia TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN Bogotá DC, veintisiete (27) de septiembre de
dos mil veintiuno (2021) t-636/2006 PARA QUE EL PRESIDENTE Y EL
SUPERINTENDENTE DE SERVCICIOS PUBLICOS, COMO SUPERIOR
JERARQUCO FUNCIONAL ORDENEN AL GERENTE GENERAL DE AFINIA EL
DOCTOR JAVIER LASTRA DARLE tramite nuevamente al núcleo esencial del
derecho de petición, debido que no hubo hecho superado con la petición anterior,
debido que la empresa solo analizo lo requisito exigido de forma inconstitucional por
la misma empresa ,para que procediera, resolver de fondo , clara, precisa y de
manera congruente con lo solicitado clara, es decir inteligible y de fácil comprensión
, atendiendo los solicitado, en sus totalidad , que no sea aislada y resuelve todas y
cada una de las pretensiones, el núcleo esencial del derecho de petición, como es
certificado de libertad y tradición , certificado de nomenclatura, [...]
SEGUNDO QUE el señor presidente doctor Gustavo petro , señor superintendente
de servicios públicos doctor Dagoberto Buitrago ordene al GERENTE GENERAL DE
AFINIA EL DOCTOR JAVIER LASTRA que al momento de dar respuesta a este
derecho de petición , manifieste bajo la gravedad de juramento diga cuales son los
fundamento constitucionales y légale , para que exijan como requisito para conceder
el rompimiento de la solidaridad, certificado de libertad y tradición expedido por la
oficina de instrumentos públicos, y el certificado de nomenclatura exigido por, el
instituto de Agustín Codazzi , cuando este último ya no lo expide , y nadie está
obligado a lo imposibles [...]
TERCERO señor presidente de Colombia reitero la denuncia contra ela
superintendencia de servicios públicos domiciliario que viene negando más del 90%
de los recursos de ley como entidad de segunda instancia , que juro cumplir la
constitución y la ley, [...]
Cuarto SEÑOR SUPERINTENDENTE ordene al gerente general de afinia que
conceda el recurso de apelación ante EL SUPERINTEDENTE COMO SUPERIOR
JERARQUICO Y FUNCIONAL DE LA EMPRESA , Y CONFORME A LOS
ARTICULOS 152,153,154,155,Y 159 DE LA LEY 142 DE 1994 SENTENCIA, C-558
DEL 2001 C-263 DE1996 , ARTICULO 74 , LA 86 DE LA LEY 1437 DEL 2011 ,
ARTICULOS 1,2,4,6,13,23,29,31, 83,84,85,90,93,365 AL 370 DE LA
CONSTITUCION
TERCERO señor presidente SEÑOR SUPERINTENDENTE ordenen a la empresa
de energía eléctrica a referirse de cada una de las pretensiones del derecho de
petición [...]
CUARTO Que el SEÑOR SUPERINTENDENTE ordene a la empresa de energía
eléctrica, ADAR UNA RESUESTA de fondo , , clara, precisa y de manera congruente
16 La petición se radicó en los siguientes correos electrónicos: sspd@superservicios.gov.co,
dtnorte@superservicios.gov.co, notificacionesjudiciales@superservicios.gov.co,
serviciosjuridicos@afinia.com.co y contacto@presidencia.gov.co.
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con lo solicitado clara, es decir inteligible y de fácil comprensión , atendiendo los
solicitado, en sus totalidad , que no sea aislada y resuelve todas y cada una de las
pretensiones,, concediendo los recursos de reposición y el de apelación ante el
superior jerárquico funcional que es la superintendencia de servicios públicos
domiciliarios, [...]
QUINTO SEÑOR presidente ordene al superintendencia de servicios públicos
domicliarios y al gerente general de Afinia diga bajo la gravedad de juramento ,¡cual
es la ley ,señalándola numéricamente de forma motivada , debido que siempre
contesta, que ellos solamente exigen requisito autorizado por la ley , pero no dicen
cuál es la ley ,[...]
SÉPTIMO que el señor presidente ordene al superintendencia de servicios publico y
al al gerente general de Afinia al momento de dar respuesta a este derecho de
petición , manifieste bajo la gravedad de juramento diga cuales son los fundamento
constitucionales y légale , para que exijan como requisito para darle tramite el
proceso de rompimiento de la solidaridad como son, certificado de libertad y tradición
expedido por la oficina de instrumentos públicos, y el certificado de nomenclatura
exigido por, el instituto de Agustín Codazzi , [...]
OCTAVO SEÑOR SUPERINTENDENTE ordene al gerente general de afinia se
abstenga de exigirme el pago de la factura solidaria sino, hasta que se encuentra
agotada la vía gubernativa, [...]
NOVENO SEÑOR SUPERINTENDENTE ordene al gerente general de afinia que de
conformidad con la constitución y el bloque de constitucionalidad, los principios de la
función públicas, legalidad tipicidad, debido proceso administrativo , el derecho de
petición, diga con que fundamento la empresa suspenden el servicio de energía de
forma unilateral, sin ante expedir un acto administrativo, como lo ordena el artículo
154 de la ley 142 de 1994, [...]
Décimo primero que el SEÑOR SUPERINTENDENTE, me garanticen el PRINCIPIO
DE OFICIOSIDAD y se PRONUNCIE sobre todas y cada una de las pretensiones,
[...].17
Del texto se infiere que lo pretendido por la actora es que, el presidente de la
República y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, como
«superior jerárquico funcional» del gerente general de Afinia Grupo EPM -
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. le ordenen que se pronuncie nuevamente
sobre la petición de rompimiento de la solidaridad de una deuda por el servicio de
energía y le indique cuál es el fundamento constitucional y legal para exigirle los
certificados de tradición y libertad de su inmueble, así como el de nomenclatura
expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC.
Lo anterior, en cumplimiento de la Constitución Política, de las Leyes 142 de 1994,
1755 de 2015, 1437 de 2011, 962 de 2005, 2106 de 2019, de la Resolución No.
20218200163555 de 18 de mayo de 2021, expedida por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, las sentencias C-263 de 1996, C-150 de 2001, C-
558 de 2001 C-130 de 2003, T-636 de 2002, T-636 de 2006 y aquella de 27 de
septiembre de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección “B”.
17 Trascripción literal del original con posibles errores.
14
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En ese sentido, la Sala estudiará la presunta vulneración del derecho fundamental
de petición respecto de cada una de las autoridades accionadas.
2.6.2. En primer lugar, la Presidencia de la República informó que la solicitud
radicada por la tutelante fue resuelta a través de OFI23-00010020 / GFPU 12000002
de 27 de enero de 2023, en la que se le indicó que como dicha comunicación estaba
dirigida a otra entidad y que como se copiaba a la Presidencia, solo se acusaba
recibido sin que fuera necesario trasladarla a la entidad competente.
Así, en el oficio OFI23-00010020 / GFPU 12000002 de 27 de enero de 2023, se
explicó a la señora Diana Carolina Pérez Barbosa lo siguiente:
Con beneplácito recibimos su comunicación dirigida a la Superintendencia Servicios
Públicos Domiciliarios, entre otras, y que remite en copia a la Presidencia de la
República.
Con relación a su solicitud, sería del caso remitirla a las entidades legalmente
competentes para dar respuesta a su petición; sin embargo, como quiera que la
situación expuesta ya es conocida por las mismas, nos abstenemos de enviarla
nuevamente, en aras de facilitar la gestión de la administración pública y evitar
duplicidad en la información interinstitucional, en virtud de los principios que rigen las
actuaciones administrativas de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de
2011 modificado por la Ley 1755 de 2015.
Además, se advierte que, entre la documentación aportada por la autoridad
demandada, se incluyó el reporte de trazabilidad del envío de la mencionada
comunicación, visible en el índice 13 del expediente digital de Samai, con la
identificación «OFI23-00026990 GFPUTrazabilidad OFI23-00010020 GFPU» de 27
de enero de 2023.
En ese sentido, la Sala descarta la vulneración del derecho fundamental de petición
de la actora por parte de esta entidad, toda vez que se advierte que se pronunció
respecto de la pretensión de la tutelante y le indicó que la entidad competente para
resolver su solicitud es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
entidad que, según observó en el correo remitido por la parte actora, ya tiene
conocimiento de su escrito.
2.6.3. Ahora bien, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliaros
explicó que la Dirección Territorial Nororiente de la superintendencia resolvió de
fondo la petición mediante el consecutivo 20238600652821 de 14 febrero de 2023,
a través del cual informó lo siguiente:
En atención a la comunicación de la referencia, la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliaros –en adelante Superservicios–, recibió petición interpuesta por
usted por lo cual nos permitimos informar lo siguiente:
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) en ejercicio de las
funciones de control y vigilancia frente a las empresas prestadoras de servicios
públicos domiciliarios previstas en el artículo 79 de la Ley 142 de 1994, modificadas
por el artículo 13 de la Ley 689 de 2001 y artículo 24 numeral 3 del Decreto 1369 de
2020, le corresponde resolver los recursos de apelación que interpongan los usuarios
conforme a lo establecido en el artículo 159 de la Ley 142 de 1994 modificado por el
artículo 20 de la Ley 689 de 2001.
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El artículo 154 ibídem establece mecanismos que hacen posible la defensa de los
derechos de los usuarios y suscriptores, entre ellos los de presentar reclamaciones
ante las empresas prestadoras de servicios públicos, mediante derecho de petición.
No obstante, la defensa permitida encuentra una limitante, en cuanto se establece
que “En ningún caso, proceden reclamaciones contra facturas que tuviesen más de
cinco (5) meses de haber sido expedidas por las empresas de servicios públicos
(Subrayado fuera de texto)”.
Es importante que tenga en cuenta que la Ley 142 de 1994, establece el
procedimiento que deben seguir los usuarios de los servicios públicos domiciliarios
para hacer sus peticiones, quejas, reclamos y recursos; además esta ley establece
que esta Superservicios es un órgano de segunda instancia, que vigila las
actuaciones que estas empresas realizan en el marco de la ejecución del contrato
usuario–empresa existente; es decir, que la Superservicios sólo tiene conocimiento
de estas reclamaciones después que las prestadoras agoten lo de su competencia,
brindando una solución y/o respuesta formal a la reclamación inicial del usuario, y
luego de que el mismo haya interpuesto los recursos de ley procedentes cuando no
esté de acuerdo con la respuesta, es decir que debe espera que la empresa resuelva
en primera instancia su reclamación
Es de anotar, que las “causales de reclamación” sobre las cuales procede el
otorgamiento y la interposición del “recurso de reposición, y en subsidio de apelación
por las decisiones que adopten las empresas en las reclamaciones de los usuarios,
están establecidas en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994, como son: Los actos de
negativa del contrato, suspensión, terminación, corte y facturación que realicen las
empresas.
Es decir, señor usuario, que el competente para resolver en primera instancia su
inconformidad es la empresa CARIBEMAR DE LAS COSTA S.A E. S. P (AFINIA
GRUPO EPM), la cual contara con un término de (15) días hábiles contados a partir
de la fecha de la presentación para responder. Para efectos de la notificación de
dicha respuesta la entidad prestadora tendrá un término de 5 días hábiles contados
a partir de la expedición del acto, dentro del cual le enviará una citación con el fin de
que se acerque a sus instalaciones para que se notifique personalmente de la
respuesta. Si el usuario no acude a la empresa dentro de los (5) días hábiles
contados a partir del envío de la citación, esta notificará la respuesta por medio de
AVISO, notificación que se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de su
entrega, en el lugar de destino. (Arts.158 y 159 Ley 142 de 1994).
El término para dar respuesta puede ser ampliado por el prestador, cuando
excepcionalmente se presente alguna circunstancia que de motivo a ello. En este
caso le deberán enviar una comunicación -de inmediato- por parte del prestador, en
el que le informen los motivos de la demora y el plazo razonable en que se le
resolverá o dará respuesta definitiva.
En caso de recibir una respuesta no favorable por parte de la empresa, se debe
interponer en un mismo escrito el Recurso de Reposición y Subsidiariamente el de
Apelación ante el gerente o representante legal de la prestadora, dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión empresarial; teniendo en
cuenta que si el usuario deje vencer los términos legales para interponer tales
recursos, se entiende agotada la Actuación Administrativa, quedando en firme la
decisión tomada por la empresa, pudiendo entrar ésta a cargar en la factura los
valores reclamados.
Una vez es resuelto el recurso de reposición, es la misma empresa y no el usuario,
quien envía el expediente para que la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios falle el recurso subsidiario de apelación, en segunda y última instancia.
Si la empresa emite decisión indicando que Rechaza el recurso de apelación, deberá
interponer Recurso de Queja, ante ésta Superservicios, dentro de los de los cinco (5)
días hábiles siguientes a la notificación de la decisión empresarial, acompañando
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copia del acto empresarial del rechazo, y sustentando concretamente los motivos de
inconformidad del citado rechazo, de acuerdo a los argumentos dados por la
empresa.
Adicional a los tramites anteriores se puede presentar que transcurridos (15) días
hábiles desde la presentación de la petición, queja o recurso por parte del usuario en
la empresa ésta no ha emitido respuesta o no ha notificado debidamente la decisión
dentro de los (5) días hábiles siguientes a la fecha de la respuesta, se configura el
Silencio Administrativo Positivo, el cual deberá ser reconocido por la empresa dentro
de las 72 horas siguientes al vencimiento del término de los quince (15) días hábiles.
Si no lo hiciere, el peticionario podrá solicitar de la Superintendencia de Servicios
Públicos la imposición de las sanciones a que haya lugar conforme a la ley y el
reconocimiento de los efectos positivos de su petición. (Artículo 123, Decreto Ley
2150/1995,).
Ahora bien, relacionado a su solicitud se observa que usted no aporta copia la
decisión empresarial que la empresa otorgo como respuesta a su derecho de petición
lo que impide determinar si somos o no competente para tramitar en segunda
instancia el recurso concedido por la prestadora el cual puede ser el de apelación o
el de queja dependiendo de lo resuelto por el prestador en cada actuación
administrativas a recurrir, los cuales deben ser presentado de manera independiente
toda vez que cada uno de ellos resuelve tramites diferente ejemplo el recurso de
reposición subsidio de apelación debe ser presentados, en un mismo escrito ante el
prestador el cual es el órgano funcional de primera instancia tal y como lo establece
la ley 142 del 94 y situación diferente se presenta cuan do la empresa rechaza el
recurso de apelación y concede el recurso queja, el cual debe ser presentado ante e
ésta Superservicios, dentro de los de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación de la decisión empresarial, acompañando copia del acto empresarial del
rechazo.
Asimismo, la entidad accionada aportó la constancia de notificación del acto
administrativo al correo oficinadequejasyreclamos@gmail.com
En ese orden de ideas, es preciso resaltar que encontrándose en curso el proceso
de tutela de la referencia, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliaros
resolvió la solicitud elevada por la tutelante el 13 de enero de 2023 y notificó la
respuesta al correo aportado por ella en su escrito de petición.
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Al respecto, esta Colegiatura en anteriores oportunidades18 se ha referido a la
acción de tutela y ha explicado que este mecanismo de defensa judicial ha sido
instituido como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de
derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual
e inminente.
En línea con lo anterior, se ha señalado que existen eventos en los que la amenaza
o efectiva vulneración al derecho fundamental desaparece en el trascurso de
la acción de tutela, como sucede en el caso concreto, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los
derechos fundamentales.
En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del
proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres
supuestos de hecho: (i) por hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii)
por una situación sobreviniente.
En ese sentido, dicha Alta Corporación, en la sentencia T-481 de 2016, que la Sala
cita como criterio auxiliar, señaló que:
[…] La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva
de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual.
Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia
y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que
recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se
tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta
acción.19
A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó
sobre este respecto, que:
“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente
bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como
su amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión
o amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya
sido o que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado
un peligro ya subsanado […]” (Negrillas inexistentes en el texto original)
“[…] Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la
“carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la
18 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencias de: (i) 15 de noviembre de 2017, Rad. No. 2017-00085-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro;
(ii) de 19 de octubre de 2017, Rad. No. 2017-2365-00, M.P. Rocío Araújo Oñate, (iii) 6 de junio de
2019, Rad. No. 11001-03-15-000-2019-00591-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
19 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual
se transcribe literalmente: “Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005”».
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imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna
orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género que
comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a través
de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella
que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como el
acaecimiento de una “situación sobreviniente20[…].
La citada Corporación ha indicado, sobre este supuesto de hecho para declarar la
carencia actual de objeto, que:
[…] El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las
distintas Salas de Revisión. Es una categoría que ha demostrado ser de gran
utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud
cobija casos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño
consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier ‘otra
circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa
a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto
caiga en el vacío’. No se trata entonces de una categoría homogénea y
completamente delimitada […]21.
Por lo anterior, se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado
respecto de la actuación de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
toda vez que desapareció la circunstancia que podía originar algún quebranto del
derecho fundamental de la demandante, de ahí que cualquier orden que se imparta
por parte de esta Sala resultaría inane debido a que la posible vulneración cesó con
la actuación de la autoridad enjuiciada.
2.6.4. Finalmente, la tutelante reprochó la respuesta otorgada por Afinia Grupo
EPM - Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., toda vez que no se accedió a la
solicitud de ruptura de la solidaridad de la deuda que dejó su arrendatario por no
pagar el servicio público de energía eléctrica, sin que se le indicara el fundamento
constitucional y legal para exigir los certificados de tradición y libertad de su
inmueble y de nomenclatura expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -
IGAC.
Además, cuestionó el hecho de que i) se le exigiera presentar los mencionados
certificados del bien en el que se suministró el servicio pendiente de pago, dado que
en las facturas ella aparece identificada como la propietaria y en una declaración
extrajuicio, al igual que ii) se suspendiera la prestación de la energía eléctrica de
forma unilateral, sin que previamente se hubiera expedido el acto administrativo
correspondiente.
Al respecto, se observa que mediante oficio No. 202370031671 de 18 de enero de
2023, Afinia Grupo EPM - Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. le explicó a la señora
Pérez Barbosa lo siguiente:
20 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual
se transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”».
21 «Corte Constitucional. Sentencia SU-522/2019, M.P. Diana Fajardo Rivera».
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En cuanto a sus pretensiones:
PRIMERO: No se accede a su solicitud de rompimiento de solidaridad, toda vez que,
no es procedente referirnos de nuevo a estos puntos, como quiera que la compañía
ya se pronunció al respecto, concediendo en su momento los respectivos recursos
de ley; asimismo no es posible que exista dos contratos de arrendamientos
simultáneos en el mismo predio.
SEGUNDO: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P no solicita requisitos adicionales a
los establecidos en la ley, para dar trámite a las solicitudes de los usuarios.
Es preciso aclarar que, los únicos requisitos para dar trámite a solicitudes de
rompimiento de solidaridad son:
• Certificado de Libertad y Tradición vigente (No mayor a 90 días). Si la dirección
del certificado de tradición y libertad es distinta a la de la factura, debe anexar el
Certificado de Nomenclatura expedido por el Instituto de Agustín Codazzi, que
reporte el número de matrícula del predio y la dirección.
• Contrato de arrendamiento.
TERCERO: se reitera que, Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P no solicita requisitos
adicionales a los establecidos por la ley, esto teniendo en cuenta que, la empresa es
conocedora y respetuosa de los derechos de nuestros usuarios, por ende todas las
actuaciones adelantadas por la empresa se llevan a cabo con plena observancia de
los parámetros legales, respetando la legislación vigente y aplicable a cada caso en
concreto, por lo anterior le informamos que Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P ha
respetado y continuara respetando los derechos que como usuario le asisten.
CUARTO: No es posible conceder los recursos de ley, toda vez que, estos ya fueron
concedidos en su momento mediante el radicado RE3110202204242, quedando
debidamente agotada la vía administrativa con la resolución No. 20228600387375
del 28 de abril de 2022 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
la cual, resolvió confirmar la decisión de la empresa.
TERCERO: En cuanto a la no suspensión del servicio, le informamos que mientras
las facturas se encuentren en estado reclamado, el sistema no emitirá suspensiones,
por lo cual se dará el trámite requerido para que se efectúe un debido proceso, ahora,
si el cliente llegare a tener facturas no objeto de reclamación pendientes de pago la
empresa podrá suspender el servicio como lo dispone el Artículo 140 de la ley 142
de 1994 y la Cláusula 64ª del Contrato de Condiciones Uniformes.
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P S.A. ESP no ha sido renuente a cumplir
con alguna decisión legal u otra por ella emitida que repercuta en las relaciones
contractuales sostenidas con la reclamante, toda vez que nuestra Compañía ha dado
respuesta a su reclamo por rompimiento de solidaridad, tal como se informó
anteriormente.
CUARTO: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P contesta de fondo, de forma clara y
precisa a todas las peticiones realizadas por sus usuarios.
QUINTO: Se reitera que, Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P no solicita requisitos
adicionales a los establecidos en la ley, para dar trámite a las solicitudes de los
usuarios.
SEPTIMO: Se aclara que, los únicos requisitos para dar trámite a solicitudes de
rompimiento de solidaridad son:
• Certificado de Libertad y Tradición vigente (No mayor a 90 días). Si la dirección
del certificado de tradición y libertad es distinta a la de la factura, debe anexar el
Certificado de Nomenclatura expedido por el Instituto de Agustín Codazzi, que
reporte el número de matrícula del predio y la dirección.
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• Contrato de arrendamiento.
SEPTIMO: Se responde forma clara, precisa y congruente la petición del usuario,
esto conforme a los parámetros legales.
OCTAVO: Con relación al pago de la factura solidaria le informamos que la misma
corresponde a la primera factura dejada de pagar por el inquilino, la cual, debió ser
cancelada con la presentación de los recursos de la reclamación con radicado
RE3110202204242.
NOVENO: Nos permitimos informarle en lo que respecta a su petición que Caribemar
de la Costa S.A.S E.S.P es una empresa conocedora y respetuosa de los derechos
de nuestros usuarios, por ende todas las actuaciones adelantadas por la empresa se
llevan a cabo con plena observancia de los parámetros legales, respetando la
legislación vigente y aplicable a cada caso en concreto, por lo anterior le informamos
que Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P ha respetado y continuara respetando los
derechos que como usuario le asisten.
DECIMO: En cuanto a la no suspensión del servicio, le informamos que mientras las
facturas se encuentren en estado reclamado, el sistema no emitirá suspensiones, por
lo cual se dará el trámite requerido para que se efectúe un debido proceso, ahora, si
el cliente llegare a tener facturas no objeto de reclamación pendientes de pago la
empresa podrá suspender el servicio como lo dispone el Artículo 140 de la ley 142
de 1994 y la Cláusula 64ª del Contrato de Condiciones Uniformes.
DECIMO PRIMERO: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P se pronuncia de todas y
cada una de las peticiones expuestos en su escrito.
DECIMO SEGUNDO: La compañía no solicita documentos adicionales a los
establecidos por la ley para dar trámite por rompimiento de solidaridad.
[...]
Igualmente, aportó la siguiente constancia de notificación:
Por lo tanto, se considera que con el oficio No. 202370031671 de 18 de enero de
2023, Afinia Grupo EPM - Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. le indicó a la tutelante
los motivos por los cuales no era procedente acceder a la solicitud de ruptura de la
solidaridad en el pago de la deuda de energía, comoquiera que ya se había
pronunciado previamente sobre el particular y se agotaron los recursos interpuestos
contra los correspondientes actos administrativos.
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Así las cosas, esta Corporación encuentra que más allá de si se le explicó o no a la
actora cuáles eran los fundamentos legales y constitucionales para dar trámite a su
reclamación, lo que en realidad cuestiona la señora Diana Carolina Pérez Barbosa
es la negativa en acceder a la ruptura de la solidaridad, lo cual no puede ser
analizado a través de esta acción constitucional, pues para ello la parte accionante
cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011.
En efecto, ante la posible afectación de otros derechos o la urgencia de la protección
deprecada, la tutelante actualmente cuenta, en nuestra legislación, con la existencia
de medidas preliminares en el curso de la acción ordinaria, lo cual deja en evidencia
que dicho medio es eficaz e idóneo para lograr una tutela judicial efectiva, tornando
innecesaria la intervención del juez constitucional para la protección transitoria de
los derechos fundamentales, cuando se trata de asuntos que se deben debatir ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Así las cosas, le corresponde al juez natural de la causa, a la hora de decidir sobre
las medidas cautelares que eventualmente solicite la actora dentro del trámite de un
proceso ordinario, garantizar los principios que rigen a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, tales como: los derechos de las personas -sean estos de
carácter fundamental o legal- y la preservación del orden jurídico, como lo estipula el
artículo 103 de la Ley 1437 de 2011.
Se recuerda que la acción de tutela se torna improcedente para suplir
mecanismos idóneos de defensa y/o para revivir términos, así como tampoco
resulta procedente cuando se están reclamando derechos de carácter económico,
pues una interpretación contraria nos llevaría a que ésta fuera empleada como un
instrumento para desplazar las competencias ordinarias, lo que de suyo
desnaturalizaría esta acción que es eminentemente protectora de derechos
fundamentales.
Adicionalmente, la Corte Constitucional ha precisado que «conforme al carácter
residual de la tutela, no es, en principio, este mecanismo el medio adecuado para
controvertir las actuaciones administrativas, puesto que para ello están previstas las
acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En ese escenario, la
acción de tutela cabría como mecanismo transitorio de protección de los derechos
fundamentales cuando quiera que esperar a la respuesta de la jurisdicción
contenciosa administrativa pudiese dar lugar a un perjuicio irremediable [...]»22.
Por ello, para la Sala no se está en presencia de un perjuicio irremediable que
amerite la intervención del juez constitucional para hacer procedente la acción de
tutela como mecanismo transitorio, toda vez que de los documentos obrantes en el
expediente de la referencia y de lo relatado por la accionante, no se advierte la
existencia de un peligro de tal magnitud que afecte con inminencia y de manera
grave su subsistencia, y que en tal sentido, se requiera una medida impostergable
por parte de esta judicatura para neutralizar dicha afectación.
22 Corte Constitucional, Sentencia T-030 del 26.01.2015, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
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Igualmente, se recuerda que «los actos administrativos proferidos por las empresas
de servicios públicos en desarrollo de un contrato son actos de carácter particular
y concreto, los cuales tienen control judicial así como las decisiones que emite la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios»23 y que el inciso segundo del
numeral segundo del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, habilita que «Si las
autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los
recursos procedentes, no será exigible el requisito al que se refiere este numeral»,
tal y como aconteció con el oficio No. 202370031671 de 18 de enero de 2023.
En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela de la referencia
en lo que atañe a los reparos expuestos en contra de Afinia Grupo EPM - empresa
de servicios públicos Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., por no cumplir el
requisito de subsidiariedad.
3. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación del presidente de la República
y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de amparo de la accionante en contra del
presidente de la República.
TERCERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de la
acción de tutela promovida por la señora Diana Carolina Pérez Barbosa contra la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
CUARTO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela ejercida por la
señora Diana Carolina Pérez Barbosa contra Afinia Grupo EPM - Caribemar de la
Costa S.A.S. E.S.P. por no satisfacer el requisito adjetivo de subsidiariedad.
QUINTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
SEXTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
23 En este mismo sentido se pronunció la Sala en la sentencia de 3 de febrero de 2022, M.P. Carlos
Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-000-2021-10252-00.
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(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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