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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-00600-01

Fecha
11 de mayo de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-00600-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia del 9 de marzo de 2023 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que negó las pretensiones de la señora María Cecilia Ospina de Camacho, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2023-00600-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

11 de mayo de 2023

Ra d ic a d o : 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 0 0 60 0- 0 1
Ac c i o na nt e : Ma rí a C e c i l ia O s pi n a d e Ca m ac ho

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00600-01
Accionante: María Cecilia Ospina de Camacho
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección B.

Temas: Acción de tutela en contra de providencia judicial dictada en medio de
control de cumplimiento. Ausencia del defecto invocado.

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala decide el recurso de impugnación formulado por la parte accionante en
contra de la sentencia proferida el 9 de marzo de 2023 por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, mediante la cual negó el amparo deprecado.

HECHOS

El 22 de septiembre de 2022 la señora María Cecilia Ospina de Camacho instauró
medio de control de cumplimiento contra el municipio de Soledad, Atlántico, en la
que solicitó el acatamiento del ordinal segundo de la Resolución 050 del 8 de julio
de 2021, mediante el cual ordenó mantener la prohibición de efectuar cualquier
construcción, sin autorización de autoridad competente, y enajenación dentro del
inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria 040-259680, en el marco de un
proceso policivo de amparo de protección por perturbación a la posesión.

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El 20 de octubre de 2022 el Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito de
Bogotá accedió a las pretensiones de la demanda, motivo por el cual el ente
territorial precitado interpuso recurso de impugnación. El 18 de noviembre de 2022
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, revocó
la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró improcedente la acción,
porque consideró que la Resolución cuya observancia se reclamaba no constituía
un acto administrativo, sino una decisión de carácter jurisdiccional adoptada en el
procedimiento de naturaleza policiva de que trata la Ley 1801 de 2016.

INCONFORMIDAD

La accionante, mediante apoderado judicial, consideró que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, vulneró sus
derechos fundamentales a la dignidad humana, debido proceso, propiedad privada
y vivienda digna y los principios de seguridad jurídica y confianza legítima e incurrió
en defecto fáctico, puesto que no cotejó apropiadamente el acervo probatorio
allegado al medio de control de cumplimiento, en la medida en que no tuvo en
cuenta que no se garantizó el debido proceso probatorio en el proceso policivo
verbal abreviado y que el informe técnico allí aportado no es útil, conducente ni
pertinente para brindarle la certeza al inspector sobre los hechos formulados por los
querellantes.

Así mismo, estimó que aquel no apreció el video allegado que demuestra que en el
predio objeto de debate se siguen llevando a cabo parcelaciones, construcciones
de obra civil, entre otras, sin que la Alcaldía de Soledad haya adoptado las medidas
necesarias para detener esas actuaciones, a pesar de lo ordenado en la Resolución
050 del 8 de junio de 2021.

Igualmente, afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en decisión sin
motivación, dado que decidió formalmente y no de fondo, en tanto no realizó el
análisis que requiere el asunto para determinar la razón por la cual se acudió a ese
mecanismo constitucional, sino que se limitó a examinar la procedencia de este.

Adicionalmente, adujo que aquella también incurrió en desconocimiento del
precedente judicial, concretamente de la Sentencia T454/12, sobre la naturaleza de
las providencias dictadas en procesos policivos civiles para amparar la posesión.

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PRETENSIONES

La parte accionante solicitó amparar sus derechos fundamentales, previamente
señalados; ordenar a la Alcaldía de Soledad el cumplimiento de lo resuelto en la
Resolución 050 del 8 de julio de 2021; disponer medidas efectivas, con apoyo de la
fuerza pública, para que se detenga la ejecución de obras civiles, construcción,
urbanización, división, entre otras actuaciones ordenadas en la mencionada
resolución; se declaren probados los requisitos generales y específicos de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales; revocar la sentencia
del 18 de noviembre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, y, en su lugar, confirmar la
providencia de primera instancia y ordenar el cumplimiento del fallo dentro de las 48
horas siguientes a la notificación del proveído constitucional.

ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO

El 8 de febrero de 2023 la acción de tutela de la referencia fue admitida mediante
proveído en el que se ordenó notificar a las partes, al Juzgado Veintinueve
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y al municipio de Soledad, a quienes
se corrió traslado para que ejercieran su derecho de defensa.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B,
a través de la magistrada ponente de la decisión judicial cuestionada, luego de hacer
un recuento de los hechos que dieron lugar a la formulación de la presente acción,
indicó que, como consta claramente en la parte considerativa de la providencia del
18 de noviembre de 2022, el medio de control de cumplimiento era improcedente,
debido a que la Resolución 050 del 8 de julio de 2021, frente a la cual se predicó su
inobservancia, es un acto jurisdiccional no susceptible de control judicial por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, en los términos del numeral 3 del
artículo 105 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y de la jurisprudencia constitucional.

En ese entendido, expuso que la anterior determinación no comporta la
configuración de un defecto fáctico o de algún otro, especialmente si se tiene en
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cuenta que el juez debe verificar, previamente, si se cumplen los requisitos de
procedibilidad de la acción de cumplimiento, para así entrar a resolver el fondo de
la contienda. Por lo tanto, solicitó que se declare la improcedencia de la acción o se
niegue el amparo.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

El Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, a través
de su titular, refirió que en efecto profirió sentencia en primera instancia en el medio
de control de cumplimiento, al verificar que se cumplían los requisitos establecidos
en la Ley 393 de 1997; sin embargo, aclaró que en el presente asunto no se reúnen
las exigencias fijadas por la Corte Constitucional para la procedencia de la acción
de tutela, por lo que deprecó que se niegue la protección solicitada, ante la ausencia
de vulneración de derechos fundamentales por parte de ese despacho.

Municipio de Soledad, por medio de apoderada, después de exponer los
antecedentes del caso, precisó los presupuestos para la procedencia de la acción
de tutela en contra de providencias judiciales y señaló que resulta evidente que lo
pretendido por la accionante es debatir unas situaciones que ya fueron objeto de
estudio en el medio de control de cumplimiento y resueltas debidamente en la
decisión del 18 de noviembre de 2022.

Agregó que la acción de la referencia fue presentada tres meses después de la
expedición de la decisión cuestionada, por lo cual no existe un perjuicio irremediable
ni una urgencia para revocar la providencia judicial, y que, en todo caso, aquella fue
proferida en derecho por la autoridad judicial accionada y no se ha presentado la
conculcación de derechos fundamentales.

Aclaró que el ente territorial ha realizado acciones positivas para lograr el
acatamiento de la Resolución 050 del 8 de junio de 2021, por lo cual no existía
mérito para presentar el medio de control de cumplimiento. En consecuencia,
solicitó denegar las pretensiones de la acción.

SENTENCIA IMPUGNADA

El 9 de marzo de 2023 la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó las
pretensiones de la acción de tutela formulada, porque consideró que no se configuró
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el defecto fáctico invocado por la accionante. Para el efecto, explicó que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, con fundamento
en los elementos allegados al proceso y en las normas que regulan la materia,
coligió que el acto, cuyo cumplimiento se pretendía en el medio de control, es de
carácter jurisdiccional adoptado en desarrollo de un proceso policivo, por lo cual la
acción interpuesta era improcedente. En esa medida, estimó que la autoridad
judicial accionada no podía estudiar el fondo del asunto y analizar cada una de las
pruebas allegadas al proceso.

IMPUGNACIÓN

La señora María Cecilia Ospina de Camacho impugnó la sentencia de primera
instancia. Para soportar el recurso manifestó que el a quo no tuvo en cuenta lo
dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia T454/12.

Así mismo, afirmó que el despacho adujo que cuenta con otros mecanismos para
exigir el cumplimiento de la Resolución 050 del 8 de julio de 2021; sin embargo, el
hecho de la existencia de otro medio no es suficiente para descartar la procedencia
de la acción de tutela y, en el presente asunto, no se dispone de otro recurso
expedito, ya que, a pesar de la orden contenida en ese acto, se siguen adelantado
obras en el predio, como se observa en el material probatorio aportado, sin que la
administración haya adoptado medidas para evitarlo.

De igual forma, expuso que se cumplen todos los requisitos para la procedencia del
medio de control, en la medida que: 1) la resolución precitada es clara, expresa y
exigible al ente territorial demandado en el medio de control, el cual tiene las
facultades para evitar el incumplimiento de lo ordenado, 2) no requiere un trámite
previo y 3) no existe otro medio para obtener el acatamiento de dispuesto.

Así las cosas, consideró que en el presente caso se está: desconociendo la
naturaleza, procedencia y finalidad del medio de control, permitiendo a la
administración desacatar sus actos administrativos y causando un perjuicio
irremediable.

Adicionalmente, insistió en la estructuración del defecto fáctico, al no haberse
efectuado un estudio de los elementos probatorios, entre ellos, las respuestas
otorgadas por las curadurías urbanas del municipio de Soledad, conforme a las
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reglas de la sana crítica, con lo que se transgrede el derecho fundamental al debido
proceso y los principios de seguridad jurídica y confianza legítima. Por consiguiente,
solicitó revocar la sentencia recurrida y acceder a las pretensiones de la acción.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18,
estas se enlistaron así:

“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole
entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la
esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.

(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir
el medio judicial ordinario.

(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación.
Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye
una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se
genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a
la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de
lesa humanidad).

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño

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(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.

(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no
se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas
de revisión.”

Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la
Corte Constitucional identificó los siguientes:

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

“i. Violación directa de la Constitución.”

En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.

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II. Caso concreto

A la Sala le corresponde examinar si en el presente asunto es procedente revocar
la sentencia de tutela de primera instancia dictada por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la acción de la referencia,
con fundamento en los argumentos expuestos en el recurso de impugnación
interpuesto por la señora María Cecilia Ospina de Camacho.

Para resolver lo anterior, la Subsección advierte que la accionante insiste en que,
contrario a lo definido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección B, en la sentencia del 18 de noviembre de 2022, sí era
procedente el medio de control de cumplimiento para lograr el acatamiento por parte
del municipio de Soledad de la Resolución 050 del 8 de julio de 2021; así mismo,
observa que para fundamentar su posición mencionó la sentencia T454/12 y alegó
la configuración de un defecto fáctico.

Al respecto, sea lo primero mencionar que el medio de control de cumplimiento
procede cuando se pretende el acatamiento de normas con fuerza material de ley o
actos administrativos, en los términos del artículo 1.° de la Ley 393 de 1997, por
medio de la cual se desarrolló el artículo 87 constitucional.

En esa medida, a la autoridad judicial aquí accionada le correspondía examinar si
la resolución, cuyo acatamiento se reclamaba, tenía dicha naturaleza, pues solo de
comprobar ese requisito y los demás contenidos en los artículos 5.°, 6.°, 8.° y 9.° de
la Ley precitada, podía efectuar un estudio de fondo del asunto, como lo pretende
la accionante.

Siendo de esta manera, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección B, analizó ese particular, pero evidenció que la Resolución 050
del 8 de julio de 2021 constituía un acto jurisdiccional, al haber sido proferido en un
proceso policivo regulado en la Ley 1801 de 2016, motivo que le impedía examinar
las pruebas y que conllevaba, en cambio, revocar la decisión de primera instancia,
que había accedido a las pretensiones, y declarar la improcedencia de la acción.

Ahora bien, la accionante alega que se presentó un desconocimiento de la
Sentencia T454/12; no obstante, revisada la providencia referida, se denota que en
la misma se aclaró, como lo hizo a su vez la aquí accionada, que las providencias
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dictadas por las autoridades de Policía en los procesos policivos civiles para
amparar la posesión, la tenencia o la servidumbre son jurisdiccionales, razón por la
cual no se observa la configuración del defecto invocado, pues precisamente la
decisión discutida estuvo acorde con ese pronunciamiento.

En todo caso, la Sala estima necesario esclarecer que si bien en la decisión judicial
referenciada se consignó «las providencias que dictan las autoridades de Policía
dentro de estos trámites son de naturaleza jurisdiccional y son susceptibles de
impugnación ante la jurisdicción contenciosa, tal como lo dispone el artículo 82
C.C.A que los excluye de su competencia», lo que podría dar a entender
equivocadamente que las decisiones dictadas en los procesos policivos
mencionados pueden ser demandados en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, lo cierto es que resulta evidente que se trató de un simple error de
omisión de la palabra «noۘ» antes del aparte «son susceptibles de impugnación»,
pues a renglón seguido se hace referencia a la exclusión prevista en el artículo 82
del Código de lo Contencioso Administrativo.

Además, la lectura integral de la providencia permite evidenciar, sin lugar a duda,
que al tratarse de actos jurisdiccionales no podrían ser discutidos posteriormente en
sede judicial, de lo cual, por demás, también da cuenta el actual artículo 105 del
Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, según el cual la
jurisdicción de lo contencioso administrativo no conocerá, entre otros, de las
decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente en la ley.

En ese orden ideas, no se observa la configuración de un desconocimiento del
precedente ni un defecto fáctico, por lo cual se confirmará la sentencia del 9 de
marzo de 2023 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que negó el
amparo ius fundamental deprecado por la señora María Cecilia Ospina de
Camacho.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

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FALLA

Primero: Confirmar la sentencia del 9 de marzo de 2023 proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado que negó las pretensiones de la señora María Cecilia
Ospina de Camacho, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

PCL

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