Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00602-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00602-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00602-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
17 de mayo de 2023
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitrés (2023).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2023-00602-00
Demandante: MARTÍN PAYARES YANES
Demandado: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE
AUTORIDAD PÚBLICA
Síntesis del caso: el accionante cuestionó i) la falta de respuesta por parte del presidente de la República
el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios a la petición que elevó y ii) la falta de respuesta de
fondo por parte de Afinia frente a su segunda petición y la exigencia de requisitos no establecidos en la ley
y en la Constitución Política para acceder al rompimiento de solidaridad, así como para conceder el recurso
de reposición, en subsidio de apelación contra la decisión que negó dicha solicitud.
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Martín Payares Yanes en
contra del presidente de la República, el gerente general de la empresa Afinia Grupo EPM
y el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios para la protección de los
derechos fundamentales de petición, acceso a la administración de justicia, igualdad,
salud, educación, dignidad humana, buena fe y vivienda digna consagrados en los
artículos 23, 229, 13, 49, 67, 12, 83 y 51 de la Constitución Política.
I. ANTECEDENTES
En escrito presentado el 6 de febrero de 2023, el demandante promovió proceso de
acción de tutela porque el presidente de la República y el superintendente de Servicios
Públicos Domiciliarios no le han respondido una petición que presentó ante dichas
autoridades con el fin de que le ordenaran a Afinia que contestara su segunda petición y,
además, porque dicha empresa no contestó de fondo tal petición con la excusa de que
era reiterativa de otra, al tiempo que le exigió unos requisitos no establecidos en la ley y
en la Constitución Política para acceder al rompimiento de solidaridad, así como para
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-00602-00
Actor: Martín Payares Yanes
Acción de tutela
conceder el recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la decisión que negó
dicha solicitud.
Los hechos demanda
Como fundamento fáctico de la acción el demandante, en síntesis, señaló lo siguiente:
1) El 25 de febrero de 2010, como poseedor, le arrendó un inmueble a la señora María
Teresa Márquez.
2) El 18 de mayo de 2016, suscribió un acuerdo de pago por la deuda pendiente que
tenía dicho inmueble hasta esa fecha con la empresa Afinia Grupo EPM –en adelante
Afinia–, por el suministro de energía.
3) El 30 de febrero de 2022, la arrendataria abandonó el inmueble sin pagar el suministro
de energía por el periodo comprendido desde febrero de 2010 a febrero de 2022.
4) El 3 de marzo de 2022, presentó una petición ante Afinia en la que solicitó que se
decretara el rompimiento de la solidaridad por la deuda antes mencionada1.
5) El 4 de marzo de 2022, la empresa lo requirió para que aportara el certificado de
tradición y libertad o, en su defecto, el certificado de nomenclatura expedido por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi que reportara el número de matrícula del predio y la
dirección.
6) El 10 de marzo de 2022, en respuesta a lo anterior, manifestó que como poseedor del
predio fue quien suscribió con la empresa el contrato de condiciones uniformes, por ende,
la factura aparecía a su nombre y, en consecuencia, debía tramitarse su petición sin
ninguna exigencia adicional, de lo contrario, se le violaría lo previsto en el parágrafo 1 del
artículo 16 de la Ley 1755 de 20152.
1 Solicitud que registró con el Consecutivo RE3120202200394.
2 “Artículo 16. Contenido de las peticiones. Toda petición deberá contener, por lo menos:
(…)
Parágrafo 1°. La autoridad tiene la obligación de examinar integralmente la petición, y en ningún caso la
estimará incompleta por falta de requisitos o documentos que no se encuentren dentro del marco
jurídico vigente, que no sean necesarios para resolverla o que se encuentren dentro de sus
archivos”. (Se resalta).
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Actor: Martín Payares Yanes
Acción de tutela
7) Asimismo, le solicitó a la empresa que se abstuviera de suspenderle el servicio de
energía eléctrica de forma unilateral, sin antes haber expedido el acto administrativo que
definiera tal situación.
8) Mediante respuesta del 14 de marzo de 2022, Afinia le negó la solicitud de declaratoria
de ruptura de solidaridad debido a que dejó de hacer efectivo el contrato de
arrendamiento y consintió la deuda dejada por el inquilino, además, no aportó el
certificado de libertad y tradición, documento idóneo para demostrar la calidad de
propietario del predio.
9) Asimismo, le informó que contra esa decisión procedían los recursos de reposición
ante la misma empresa y, en subsidio, el de apelación ante la Superintendencia de
Servicios Públicos, pero para darle trámite a esos recursos debía pagar la primera factura
dejada de cancelar por el inquilino por concepto de energía regulada del mes de abril de
2016, fecha en la cual consintió la deuda mediante el acuerdo de pago (párr. 2)3, de
conformidad con el inciso 2 del artículo 155 de la Ley 142 de 1994.
10) El 18 de marzo de 2022, presentó el recurso de reposición y en subsidio el de
apelación.
11) El 22 de marzo de 2022, la empresa rechazó los recursos porque no pagó la primera
factura solidaria y le comunicó que contra esa decisión procedía el recurso de queja ante
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, sin embargo, no presentó queja.
12) El 13 de enero de 2023, radicó una segunda petición ante la empresa para que 1) se
abstuviera de requerir el pago de la factura solidaria hasta que se agotara la vía
gubernativa; 2) se le impartiera trámite a los recursos de reposición y apelación; 3)
informara cuáles eran los fundamentos legales y constitucionales para que se le exigiera
el certificado de libertad y tradición para declarar el rompimiento de la solidaridad; 4) se
resolviera la solicitud del rompimiento de la solidaridad, sin exigir requisitos adicionales;
y 5) se le informara con qué fundamento legal suspendía el servicio de energía, sin haber
expedido un acto administrativo.
3 Adicionalmente, sostuvo que “no obstante, de conformidad con el artículo 155 de la ley 142 del 94, para
presentar los anteriores recursos se deberá acreditar el pago de las sumas que no son objeto de reclamo,
los cuales para el reclamo RE3120202200394 de fecha 10 de marzo de 2022 corresponden a $3.982.880
por concepto de energía regulada de la primera factura solidaria por el mes de abril de 2016”.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-00602-00
Actor: Martín Payares Yanes
Acción de tutela
13) Por otra parte, el 16 de enero de 2023 elevó una petición a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios en la que solicitó que le ordenara a Afinia que tramitara
la segunda petición que presentó el 13 de enero de 2023 (párr. 11), ya que no era una
petición reiterativa de la inicial del 3 de marzo de 20224 (párr. 3).
14) El 20 de febrero de 2023, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios le
respondió que no podía resolver lo solicitado pues solo activaba sus poderes con ocasión
de los recursos de apelación y queja que se presenten frente a las reclamaciones de las
empresas de servicios públicos domiciliarios, y ese no era su caso, ya que no aportó
ningún radicado con el que se pudiera verificar que le correspondía resolver como
autoridad de segunda instancia.
15) El 24 de enero de 2023, Afinia respondió los interrogantes planteados por el actor en
la segunda petición, en los términos en que se explicarán en detalle con posterioridad.
Fundamento de la vulneración
El actor alegó la vulneración de su derecho de petición por los siguientes dos motivos:
i) En la respuesta brindada el 24 de marzo de 2023 a su segunda petición (párr. 13) Afinia
no emitió un pronunciamiento claro, preciso y congruente, sino que se limitó a afirmar que
era una petición reiterativa de la primera, sin responder lo concerniente a cuál era el
fundamento jurídico con base en el cual se le exigía el certificado de libertad y tradición
o el certificado de nomenclatura expedido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
pues se limitó a decir que esos eran los únicos que acreditaban la propiedad, a pesar de
que le informó que no contaba con ello dada su condición de poseedor, para lo cual aportó
el contrato de arrendamiento, así como las facturas que daban cuenta que fue él quien
solicitó la instalación del servicio de energía en el inmueble y ii) el presidente de la
República ni el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios respondieron las
peticiones que elevó ante dichas autoridades.
4 “DARLE tramite nuevamente al núcleo esencial del derecho de petición, debido que no hubo hecho
superado con la petición anterior, debido que la empresa solo analizo lo requisito exigido de forma
inconstitucional por la misma empresa, para que procediera, resolver de fondo, clara, precisa y de manera
congruente con lo solicitado clara, es decir inteligible y de fácil comprensión, atendiendo los solicitado, en
su totalidad, que no sea aislada y resuelve todas y cada una de las pretensiones”.
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Actor: Martín Payares Yanes
Acción de tutela
Por otra parte, pidió que se ordene al señor “presidente asumir sus competencias,
otorgadas a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios” y que realice un
consejo comunal en Valledupar con la comunidad para que se expongan las
irregularidades y abusos que ha cometido la empresa a lo largo de 20 años.
Y, por último, reprochó la exigencia del pago de la primera factura solidaria para poder
impartirle trámite a sus recursos, pues, a su juicio, ello es violatorio de sus derechos, ya
que debe ser la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios quien defina su
situación.
Pretensiones
Con fundamento en lo anterior el demandante solicitó que se acceda a las siguientes
súplicas:
“PRIMERO: pretendo con esta acción de tutela como mecanismo definitivo y
excepcional para que el juez constitucional ordene al presidente de Colombia
reasumir las competencias, otorgadas a la superservicios conforme al artículo
12 de la ley 489 de 1998 declarado exequible por la sentencia c-727 del 2000,
artículos 2,4,6,13,23,29,31,40,83,84,85,86,93,189-22 208,209,210,211, 365 al
370 de la constitución artículos 75, de la ley 142 de 1994, y de respuesta al
derecho de petición, asimismo el juez constitucional ordene a la
superintendencia de servicio públicos, a ejercer sus funciones consagradas en
el artículo 75,79,81.82 159 de la ley 142 de 1994 y la sentencias c-263 de 1996
c-558 del 2001, así mismo de respuesta al derecho de petición, así mismo el
juez ordene a la superservicios y a la empresa afinia a darle trámite al derecho
de petición, debido que no es una petición reiterativa ni es un hecho superado
y conceda los recursos de ley y tanto la empresa como la superservicios se
abstengan de exigir requisitos no autorizados por la constitución en el artículo
84 de la constitución (…).
SEGUNDA: QUE el señor juez constitucional ordene al señor, superintendente
de servicios públicos doctor Dagoberto Buitrago, manifieste bajo la gravedad de
juramento y diga cuales son los fundamentos constitucionales y légales, para
que exijan como requisito para conceder el rompimiento de la solidaridad,
certificado de libertad y tradición expedido por la oficina de instrumentos
públicos, y el certificado de nomenclatura exigido por el instituto de Agustín
Codazzi, cuando este último ya no lo expide, y nadie está obligado a lo imposible
violando la sentencias de tutelas T-636 DEL 2006 Y T-281 DEL 2012, y
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN B Bogotá DC, veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintiuno
(2021) (…), además la empresa de energía no es la entidad encargada de
manifestar cual es la dirección del predio, debido que de conformidad con los
artículos 101 al 104 de la ley 142 de 1994 es al municipio que le corresponde
realizar la estratificación, fijar las direcciones de las vivienda, y otorgar los
subsidio.
TERCERA: QUE el señor juez constitucional ordene al señor superintendente
de servicios públicos doctor Dagoberto Buitrago, manifieste bajo la gravedad de
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-00602-00
Actor: Martín Payares Yanes
Acción de tutela
juramento y diga cuales son los fundamento constitucionales y légales para
obligar a los usuarios que para conceder los recursos de reposición y apelación
y de queja exige como requisito absoluto, el pago de la factura solidaria, y lo
que no es objeto de reclamos, sin importar que el usuarios se abstenga de
pagarla, y la pone en reclamo, a la súper no le importa esto o la paga sin
importar que esa factura solidaria sea una sanción, o que ya tienen más de 20
años hay que pagarla por las buenas o por las malas de lo contrario declaran
improcedente el derecho de petición (… ).
CUARTA: que el señor juez constitucional ordene al SEÑOR
SUPERINTENDENTE ordene a la empresa de energía eléctrica a referirse de
cada una de las pretensiones del derecho de petición que yo le acciones (sic)
tales como: con qué fundamento constitucional y legal la empresa de energía
puede suspenderme el servicios de energía si ante no expide un acto
administrativo, como lo ordena el artículo 154 de la ley 142 de 1994,¿con que
fundamento constitucional y legal la empresa de energía, exige como requisito
para darle trámite a un derecho de petición de solidaridad, certificado de libertad
y tradición, certificado de nomenclatura expedido por el instituto de Agustín
Codazzi, cuando este organismo ya no lo viene expidiendo, además la empresa
no tiene en su poder el levantamiento catastral y la carta catastral que definen
la dirección del inmueble?¿con qué fundamento constitucional y legal la
empresa de energía exige como requisito para conceder los recursos de
apelación ante el superior jerárquico funcional que es la superservicicios, que
el usuario obligatoriamente, y absolutamente debe pagar la factura solidaria y
lo que no es objeto de reclamo, donde esta exigencia no es obligatoria, como lo
dejó claro la corte constitucional en la sentencia c-558 del 2001.
QUINTA: Que el SEÑOR juez constitucional ordene a la empresa de energía
eléctrica, A DAR UNA RESPUESTA de fondo, clara, precisa y de manera
congruente con lo solicitado, es decir inteligible y de fácil comprensión,
atendiendo los solicitado, en su totalidad, que no sea aislada y resuelve todas
y cada una de las pretensiones, concediendo los recursos de reposición y el de
apelación ante el superior jerárquico funcional que es la superintendencia de
servicios públicos domiciliarios, que es el control de autotutela que se ve
complementado con la revisión superior encomendada a la Superintendencia
de Servicios Públicos para la culminación de la vía gubernativa, conforme a los
artículos 74, la 77 de la ley 1437 del 2011,artículos, 152, 154,155, y 159 de la
ley 142 de 1994, articulo 8 y 25 de la convención americana de derechos
humanos y las sentencias (su213/21 T-044/19, T-077/18 C-418 de 2017 T-
230/20 C-818/11 C-007/17 T-473/98) precisión, y congruencia; así como con
cumplimiento a los criterios de suficiencia y efectividad, refiriéndose de manera
completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la
petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas, y desarrollen
todo lo pedido sin excusa).
SEXTA: SEÑOR presidente ordene a la superintendencia de servicios públicos
domiciliarios y al gerente general de Afinia diga bajo la gravedad de juramento,
cual es la ley, señalándola numéricamente de forma motivada, debido que
siempre contesta, que ellos solamente exigen requisito autorizado por la ley,
pero no dicen cuál es la ley, debido que el artículo 84 de la constitución prohíbe
exigir dicho requisito (…).
SÉPTIMA: Que el juez constitucional ordene al presidente de Colombia a
reasumir las competencias, otorgada a la superservicios conforme artículo 12
de la ley 489 de 1998 declarado exequible por la sentencia c-727 del 2000,
artículos 2,4,6,13,23,29,31,40,83,84,85,86,93,189-22 208,209,210,211, 365 al
370 de la constitución artículos 75,de la ley 142 de 1994, y de respuesta al
derecho de petición, asimismo el juez constitucional ordene a la
superintendencia de servicios públicos, a ejercer sus funciones consagradas en
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-00602-00
Actor: Martín Payares Yanes
Acción de tutela
el artículo 75,79,81.82 159 de la ley 142 de 1994 y la sentencias c-263 de 1996
c-558 del 2001, así mismo de respuesta al derecho de petición, así mismo el
juez ordene a la superservicios y a la empresa Afinia a darle trámite al derecho
de petición, debido que no es una petición reiterativa ni es un hecho superado
y conceda los recursos de ley y tanto la empresa como la superservicios se
abstenga de exigir requisito no autorizados POR LA CONSTITUCIÓN EN EL
ARTICULO 84 DE LA CONSTITUCIÓN, articulo 16, 17,19 de la ley 1755 del
2015 , articulo 9, 10,77,86,93, de la ley 1437 del 2011 ley 962 del 2005 decretos
019 del 2012 y 2106 del 2019,) Resolución No. 20218200163555 del 18 de
mayo de 2021,,expedida por la superservicios, sentencia TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN
Bogotá DC, veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) t-
636/2006.
OCTAVA: que el señor presidente ordene a la superintendencia de servicios
público y al gerente general de Afinia al momento de dar respuesta a este
derecho de petición, manifieste bajo la gravedad de juramento diga cuales son
los fundamentos constitucionales y légales, para que exijan como requisito para
darle trámite al proceso de rompimiento de la solidaridad como son, certificado
de libertad y tradición expedido por la oficina de instrumentos públicos, y el
certificado de nomenclatura exigido por, el instituto de Agustín Codazzi , cuando
este último ya no lo expide, además no acepta la declaración de extrajucio y
nadie está obligado a lo imposible violando la sentencias de tutelas T-636 DEL
2006 Y T-281 DEL 2012, Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN B Bogotá DC,
veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) y el artículo 16 de la
Ley 1755 del 2015.
NOVENA: que el SEÑOR juez constitucional ordene al gerente general de afinia
que de conformidad con la constitución y el bloque de constitucionalidad, los
principios de la función públicas, legalidad tipicidad, debido proceso
administrativo, el derecho de petición, diga con qué fundamento la empresa
suspenden el servicio de energía de forma unilateral, sin antes expedir un acto
administrativo, como lo ordena el artículo 154 de la ley 142 de 1994, donde la
empresa se fundamenta con el artículo 140 de la misma ley cuando este artículo
fue declarado exequible junto con el 130 de forma acondicionada en la
sentencia c-150 del 2003 en el entendido que las empresa deberá garantizar el
debido proceso administrativo, ósea expidiendo el acto administrativo,
garantizando la demás garantías judiciales.
DÉCIMA: segundo que el señor juez constitucional ordene al gerente general
de afina, y al superintendente de servicios públicos le dé cumplimiento a la
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN Bogotá DC, veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintiuno
(2021). (…) CUMPLIMIENTO A la Resolución No. 20218200163555 del 18 de
mayo de 2021, que el señor Denis Martínez y a la sentencia de tutela T-636
DEL 2006, donde la empresa de energía, viene violando el artículo 84 de la
constitución que prohíbe exigir requisito no autorizado por la constitución y las
ley, como son artículo 9 de la ley 1437 del 2011, el artículo 16 de la ley 1755
del 2015, ley 962 del 2005 decretos 019 del 2012 y 2106 delo 2019 y le dé
trámite a los derechos de petición de solidaridad, sin exigir requisito adicionales
para demostrar la propiedad del inmuebles, teniendo en cuenta la factura de
energía, y la declaración de extra juicio, de igual forma que se abstenga de
seguir declarando improcedente los derechos de petición alegando que la
dirección de la factura de energía no es la misma que a perecer en los
certificado sin ante no presente como medio de prueba, la copia de la carta
catastral del inmueble, así mismo el levantamiento catastral, debido que según
la empresa, la dirección que poseen predominan sobre las direcciones
registradas en las entidades catastrales las cuales son las entidades facultadas
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-00602-00
Actor: Martín Payares Yanes
Acción de tutela
para determinar la dirección de cada inmueble según el plan de ordenamiento
territorial conforme a los artículos 101 al 104 de la ley 142 de 1994.
DÉCIMA PRIMERA: que el señor juez del conocimiento según el PRINCIPIO
DE OFICIOSIDAD, SE PRONUNCIE sobre todas y cada una de las
pretensiones, obligación de integrar debidamente el contradictorio PRINCIPIO
DE OFICIOSIDAD , CONFORME A LA SU116/18 JUEZ CONSTITUCIONAL-
Obligación de integrar debidamente el contradictorio, Sentencia T-038/19Deber
oficioso del juez de integrar debidamente el contradictorio y dictar sentencia
PRINCIPIO DE OFICIOSIDAD Sentencia SU108/18 que consistes Sentencia T-
466/99JUEZ DE TUTELA-Modificación razonada de decisiones/JUEZ DE
TUTELA-Pronunciamiento sobre todas y cada una de las pretensionesT-
466/99, SU108/18), PRONUNCIE sobre todas y cada una de las pretensiones,
obligación de integrar debidamente el contradictorio PRINCIPIO DE
OFICIOSIDAD (…).
DÉCIMA SEGUNDA: señor juez constitucional es procedente esta acción de
tutela, debido que no existen otros mecanismos judiciales para obligar a estas
entidades para amparar el núcleo esencial del derecho de petición, además
todavía estamos en pandemia por lo que sí es procedente esta acción de tutela
conforme lo ordenado por la corte constitucional en la sentencias sobre la
satisfacción del requisito de subsidiariedad en acciones de tutela dirigidas
contra empresas de servicios públicos domiciliarios en el contexto de la
pandemia por Covid.
DÉCIMA TERCERA: Que el juez constitucional decrete la violación del derecho
de petición por parte del presidente de Colombia doctor Gustavo Petro y por el
superintendente de servicios públicos doctor Dagoberto Quiroga, así mismo
ordenarles a ambos que en el término no superior de dos meses realice en
Valledupar un consejo comunal con todas las comunidades usuarias, vocales
de control y asociaciones de usuarios con las presencia de las delegadas de
cada una de la superintendencia para que el pueblo participe y expongan sus
denuncia, explique las irregularidades que vienen cometiendo por más de 20
años violando el estado social de derecho interpretando erróneamente la
sentencias C-558 DEL 2001 debido que para que procedan los recursos exigen
que el usuario se encuentre a paz y salvo sin importar que se deuda de 1998
como sucedió con el señor Víctor Antonio García nieve identificado con el nic
en la factura de energía de la empresa AFINIA No 5348874, y con el radicado
No RE3110202204192 del 7 de febrero del 2022 presento una petición de
solidaridad, donde la empresa le manifestó que para poder presentar los
recursos de reposición y apelación debía de pagar primero la factura solidaria y
lo que no era objeto de reclamos que correspondía $3.195213 correspondiente
a las facturas de 1998,1999,2001,2002,2003,2004,2005 y cientos de usuarios
que cada día sufren estas violaciones por parte de la superservicios y las
empresas.
DÉCIMA CUARTA: Que el juez constitucional haga un paralelo, de las
pretensiones que solicité a la empresa de energía que resolviera, y las que ella
resolvió, para determinar que si hubo o no peticiones reiterativa para que la
empresa se abstuviera de dar respuesta nuevamente, sobre a aquellas
pretensiones que no resolvió conforme al artículo 19 numeral 2 de la ley 1755
del 2015 sentencia C-951/14, que manifiesta respecto de peticiones
reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a las respuestas
anteriores, salvo que se trate de derechos imprescriptibles, o de
peticiones que se hubieren negado por no acreditar requisitos, siempre
que en la nueva petición se subsane.
DÉCIMA QUINTA: que el juez constitucional de conformidad con la constitución
y el bloque de constitucionalidad, los principios de la función pública, legalidad
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-00602-00
Actor: Martín Payares Yanes
Acción de tutela
tipicidad, debido proceso administrativo, el derecho de petición, le diga a la
SUPERSERVICIOS Y LA EMPRESA DE ENERGÍA con qué fundamento la
empresa suspenden el servicio de energía de forma unilateral, sin ante expedir
un acto administrativo, como lo ordena el artículo 154 de la ley 142 de 1994,
donde la empresa se fundamenta con el artículo 140 de la misma ley cuando
este artículo fue declarado exequible junto con el 130 de forma acondicionada
en la sentencia c-150 del 2003 en el entendido que las empresa deberá
garantizar el debido proceso administrativo, ósea expidiendo el acto
administrativo, garantizando la demás garantía judiciales como lo dejó claro la
Corte Constitucional en la última sentencia de tutela sobre suspensión del
servicios T-793 DEL 2012.
DÉCIMA SEXTA: que el juez constitucional conceda la presente acción de
tutela, como lo ordenó la corte constitucional en la sentencias Sentencia C-
186/22, C-187/20T-180DEL 2021 T-367 DE 2020,, C-134 DE 1994 T-761 de
2015C-936 de 2003T-270 de 2007T-408 de 2008 T-191 de 2008T-281 de 2012,
-761 de 2015T-189 de 2016T-1108 de 2002 C-150 de 2003 T-206A de 2018,
Sentencia T-230/20 sentencias T-927/99, T-1016/99, T-1432/00, T-334/01, T-
1225/01, T-798/02, T-953/02 y T-011/03,T-490 del 2003 T-581/08 T-019/02 T-
636 /06 T-1016 de 1999 T-500/03, T-525 de 2005 T-1432/00, T-723 de 2005, T-
1006706 T-227/07 T-270/07 T-189 de 2016 T-717 de 2012 T-012/19 T-
707/12,T-487-17,T-447-03, T-054-2010,T-001-98,T-617-98, T-013-18,T-369-
13, T-793-12, T-790-14, T-530-12,T-1051-06, T-801-07,T-561-06,,T-1108-02,T-
122-15,T-103-19, T-817-13, T-726-16, T-270-04, T-317-19, T-793-12 T-430-17,
T-077-18, T-628-05T-374-18 (…) SI ESTE JUEZ SE APARTA DE ESTAS
SENTENCIAS, MANIFIESTE CUALES FUERON SUS FUNDAMENTOS, DE
LO CONTRARIO ES UNA VÍA DE HECHO”. (archivo disponible en medio
magnético en el aplicativo SAMAI).
Actuación procesal
Mediante auto de 13 de febrero de 2023, se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente de la República, al gerente general de la empresa prestadora
del servicio de energía eléctrica Caribe Mar de la Costa SA ESP (Afinia) y al
superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, con el fin de que allegaran un
informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.
Intervenciones de las autoridades demandadas
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios solicitó que se declare la falta
de legitimación por activa, en consideración a que las órdenes de corte, reconexión y
reclamación a las facturas es competencia exclusiva de la empresa Afinia.
Igualmente, informó que mediante consecutivo no. 20238600749551 del 20 de febrero
de 2023 brindó respuesta a la petición elevada por el actor el 16 de enero del presente
año, en la que le comunicó que “para el caso en concreto, encontramos que no se
observa que usted haya relacionado un número de consecutivo con el que inició su
solicitud de “rompimiento de solidaridad ante la empresa” ni un número de radicado que
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Actor: Martín Payares Yanes
Acción de tutela
corresponda al trámite del recurso de apelación, sobre el cual esta Dirección Territorial
tendría competencia como órgano funcional de segunda instancia”.
Agregó que es un órgano de segunda instancia que vigila las actuaciones de las
empresas, por lo que sólo tiene conocimiento de estas reclamaciones después de que
las prestadoras agoten su competencia y luego de que se hayan interpuesto los recursos
de ley cuando no se esté de acuerdo con la respuesta.
Por su parte, la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica Caribe Mar de la
Costa SA ESP (Afinia) informó todo el trámite impartido a las peticiones elevadas por el
que el actor y solicitó que se declare improcedente la tutela porque este cuenta con el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para demandar el acto que
resolvió la reclamación de ruptura de solidaridad; en su defecto, pidió que se nieguen las
pretensiones porque no se vulneraron los derechos fundamentales del demandante.
Añadió que el actor no demostró siquiera de manera sumaria haber sufrido un perjuicio
irremediable que le impidiera hacer uso de los demás medios de defensa con que cuenta
para el estudio de su pretensión.
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República también solicitó su
desvinculación de la presente acción de tutela y pidió que se niegue el amparo porque el
actor no presentó ante esa autoridad petición alguna.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) las solicitudes de desvinculación
y 3) el caso concreto.
Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
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Actor: Martín Payares Yanes
Acción de tutela
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
Las solicitudes de desvinculación
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios solicitaron su desvinculación del proceso por carecer
de legitimación en la causa por pasiva, sin embargo, la Sala advierte que no hay lugar a
acceder a tal pedimento pues dichas autoridades fueron vinculadas en calidad de
accionadas, por lo que será necesario determinar si con sus acciones u omisiones
vulneraron los derechos de la parte actora.
El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al presidente de la
República, a la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica Caribe Mar de la
Costa SA ESP (Afinia) y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con el
fin de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales antes mencionados,
presuntamente vulnerados con las acciones u omisiones de parte de las autoridades
demandadas.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala negará todos los
reproches planteados, por las razones que se expondrán a continuación:
3.1. La presunta violación del derecho de petición por parte de la empresa Afinia
Grupo EPM.
1) Sobre esta autoridad el demandante alegó la vulneración de su derecho de petición
porque en la respuesta brindada el 24 de marzo de 2023 a su segunda petición del 13 de
enero de 2023 (párr. 13), la empresa no emitió un pronunciamiento claro, preciso y
congruente, sino que se limitó a afirmar que era una petición reiterativa de la primera.
2) Para efectos de determinar si tales afirmaciones son ciertas es necesario exponer el
contenido de la petición elevada por el accionante y cuáles fueron las respuestas emitidas
por la demandada frente a ello.
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Actor: Martín Payares Yanes
Acción de tutela
3) Al respecto, en resumen, se tiene que en la petición del 13 de enero de 2023 el actor
le solicitó a Afinia que 1) se abstuviera de requerir el pago de la factura solidaria hasta
que se agotara la vía gubernativa, 2) le impartiera trámite a los recursos de reposición y
apelación, 3) informara cuáles eran los fundamentos legales y constitucionales para que
le exigiera el certificado de libertad y tradición para declarar el rompimiento de la
solidaridad, 4) resolviera la solicitud del rompimiento de la solidaridad, sin exigir requisitos
adicionales e 5) informara con qué fundamento legal suspendía el servicio de energía,
sin haber expedido un acto administrativo.
4) Mediante respuesta del 24 de enero de 2023, Afinia se pronunció en los siguientes
términos:
“PRIMERO: No se accede a su solicitud de rompimiento de solidaridad, toda
vez que, no es procedente referirnos de nuevo a estos puntos, como quiera que
la compañía ya se pronunció al respecto, concediendo en su momento los
respectivos recursos de ley; asimismo no es posible que exista dos contratos
de arrendamientos simultáneos en el mismo predio.
SEGUNDO: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P no solicita requisitos
adicionales a los establecidos en la ley, para dar trámite a las solicitudes de los
usuarios.
Es preciso aclarar que, los únicos requisitos para dar trámite a solicitudes de
rompimiento de solidaridad son:
-Certificado de Libertad y Tradición vigente (No mayor a 90 días). Si la dirección
del certificado de tradición y libertad es distinta a la de la factura, debe anexar
el Certificado de Nomenclatura expedido por el Instituto de Agustín Codazzi,
que reporte el número de matrícula del predio y la dirección.
-Contrato de arrendamiento.
TERCERO: se reitera que, Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P no solicita
requisitos adicionales a los establecidos por la ley, esto teniendo en cuenta que,
la empresa es conocedora y respetuosa de los derechos de nuestros usuarios,
por ende todas las actuaciones adelantadas por la empresa se llevan a cabo
con plena observancia de los parámetros legales, respetando la legislación
vigente y aplicable a cada caso en concreto, por lo anterior le informamos que
Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P ha respetado y continuara respetando los
derechos que como usuario le asisten.
CUARTO: No es posible conceder los recursos de ley, toda vez que, estos ya
fueron concedidos en su momento mediante el radicado RE3120202200394.
TERCERO: En cuanto a la no suspensión del servicio, le informamos que
mientras las facturas se encuentren en estado reclamado, el sistema no emitirá
suspensiones, por lo cual se dará el trámite requerido para que se efectúe un
debido proceso, ahora, si el cliente llegare a tener facturas no objeto de
reclamación pendientes de pago la empresa podrá suspender el servicio como
lo dispone el Artículo 140 de la ley 142 de 1994 y la Cláusula 64a del Contrato
de Condiciones Uniformes.
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Actor: Martín Payares Yanes
Acción de tutela
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P S.A. ESP no ha sido renuente a
cumplir con alguna decisión legal u otra por ella emitida que repercuta en las
relaciones contractuales sostenidas con la reclamante, toda vez que nuestra
Compañía ha dado respuesta a su reclamo por rompimiento de solidaridad, tal
como se informó anteriormente.
CUARTO: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P contesta de fondo, de forma clara
y precisa a todas las peticiones realizadas por sus usuarios.
QUINTO: Se reitera que, Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P no solicita
requisitos adicionales a los establecidos en la ley, para dar trámite a las
solicitudes de los usuarios.
SÉPTIMO: Se aclara que, los únicos requisitos para dar trámite a solicitudes de
rompimiento de solidaridad son:
-Certificado de Libertad y Tradición vigente (No mayor a 90 días). Si la dirección
del certificado de tradición y libertad es distinta a la de la factura, debe anexar
el Certificado de Nomenclatura expedido por el Instituto de Agustín Codazzi,
que reporte el número de matrícula del predio y la dirección.
-Contrato de arrendamiento.
SÉPTIMO: Se responde forma clara, precisa y congruente la petición del
usuario, esto conforme a los parámetros legales.
OCTAVO: Con relación al pago de la factura solidaria le informamos que la
misma corresponde a la primera factura dejada de pagar por el inquilino, la cual,
debió ser cancelada con la presentación de los recursos de la reclamación con
radicado RE3120202200394.
NOVENO: Nos permitimos informarle en lo que respecta a su petición que
Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P es una empresa conocedora y respetuosa
de los derechos de nuestros usuarios, por ende todas las actuaciones
adelantadas por la empresa se llevan a cabo con plena observancia de los
parámetros legales, respetando la legislación vigente y aplicable a cada caso
en concreto, por lo anterior le informamos que Caribemar de la Costa S.A.S
E.S.P ha respetado y continuara respetando los derechos que como usuario le
asisten.
DÉCIMO: En cuanto a la no suspensión del servicio, le informamos que mientras
las facturas se encuentren en estado reclamado, el sistema no emitirá
suspensiones, por lo cual se dará el trámite requerido para que se efectúe un
debido proceso, ahora, si el cliente llegare a tener facturas no objeto de
reclamación pendientes de pago la empresa podrá suspender el servicio como
lo dispone el Artículo 140 de la ley 142 de 1994 y la Cláusula 64a del Contrato
de Condiciones Uniformes.
DÉCIMO PRIMERO: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P se pronuncia de todas
y cada una de las peticiones expuestos en su escrito.
DÉCIMO SEGUNDO: La compañía no solicita documentos adicionales a los
establecidos por la ley para dar trámite por rompimiento de solidaridad.
DÉCIMO TERCERO: Es preciso aclarar que, los únicos requisitos para dar
trámite a solicitudes de rompimiento de solidaridad son:
-Certificado de Libertad y Tradición vigente (No mayor a 90 días). Si la dirección
del certificado de tradición y libertad es distinta a la de la factura, debe anexar
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Actor: Martín Payares Yanes
Acción de tutela
el Certificado de Nomenclatura expedido por el Instituto de Agustín Codazzi,
que reporte el número de matrícula del predio y la dirección.
-Contrato de arrendamiento.
Por lo anterior, le informamos que no se accede a su petición.
5) De lo expuesto, se advierte que la empresa brindó respuesta al primer tópico de la
petición (relativo a que se abstuviera de requerir el pago de la factura solidaria hasta que
se agotara la vía gubernativa) en cuanto le manifestó que “con relación al pago de la
factura solidaria le informamos que la misma corresponde a la primera factura dejada de
pagar por el inquilino, la cual, debió ser cancelada con la presentación de los recursos de
la reclamación con radicado RE3120202200394”.
6) En cuanto al segundo punto, sobre que se le impartiera trámite a los recursos de
reposición y apelación, le informó que “no es posible conceder los recursos de ley, toda
vez que, estos ya fueron concedidos en su momento mediante el radicado
RE3120202200394”. Al respecto, se aclara que Afinia en su respuesta incurrió en un error
al afirmar que los recursos fueron concedidos en su momento y que por ello no los
tramitaría nuevamente, pues de las pruebas obrantes en el expediente se observa que
precisamente dichos recursos no fueron concedidos, sino rechazados porque el actor no
cumplió con la carga de pagar la primera factura solidaria y contra esa decisión no
presentó queja.
7) No obstante, ello no es justificación para que el actor insistiera a través de una segunda
petición en una respuesta favorable, esto es, que se tramitaran los recursos, a sabiendas
de que por su propia culpa estos fueron rechazados y, ahora en la acción tutela, lo plantea
como una supuesta omisión de Afinia para que, en últimas, se ordene su concesión, a
pesar de no haber cumplido con la norma que exigía el pago de la primera factura
solidaria, como se profundizará más adelante en el acápite 3.4
8) Frente al punto en el que pidió se le “informara cuáles eran los fundamentos legales y
constitucionales para que le exigiera el certificado de libertad y tradición para acceder a
estudiar la solicitud del rompimiento de la solidaridad”, en su respuesta la accionada le
indicó lo siguiente:
“Es preciso aclarar que, los únicos requisitos para dar trámite a solicitudes de
rompimiento de solidaridad son:
-Certificado de Libertad y Tradición vigente (No mayor a 90 días). Si la dirección
del certificado de tradición y libertad es distinta a la de la factura, debe anexar
el Certificado de Nomenclatura expedido por el Instituto de Agustín Codazzi,
que reporte el número de matrícula del predio y la dirección.
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Acción de tutela
-Contrato de arrendamiento”.
9) Sin embargo, en el mismo oficio Afinia también le indicó que no era procedente
referirse de nuevo a la solicitud de rompimiento de solidaridad, debido a que la compañía
ya se había pronunciado en la respuesta brindada a la primera petición5, la cual, por su
importancia para el caso concreto, la Sala considera necesario verificar para determinar
si se respondió o no lo planteado por el actor, veamos:
“Con relación a su petición presentada el día 10 de marzo de 2022, donde nos
aporta la documentación solicitada solicita mediante el consecutivo No.
202270069466 del 04 de marzo de 2022 de la reclamación RE3120202200394
donde solicita la ruptura de solidaridad por la deuda generada entre los meses
de febrero de 2010 a febrero de 2022, al respecto le informamos lo siguiente:
Al verificar el cumplimiento de los documentos señalados como requisito para
dar trámite a su petición, observamos mediante el consecutivo No.
202270069466 del 04 de marzo de 2022 de la reclamación RE3120202200394,
se solicitó el certificado de tradición y libertad.
El documento solicitado no fue aportado, siendo este el documento idóneo que
la acredita como propietaria del inmueble. Por tanto, no se encuentra
demostrada la titularidad del predio, en consecuencia, no se cumplen con los
elementos necesarios para configurar la ruptura de solidaridad, teniendo en
cuenta que se requiere sea probada la propiedad del predio pues es el
propietario el legitimado para reclamar por este concepto.
Verificando en nuestro sistema de gestión comercial, se pudo constatar que
usted realizó acuerdo de pago el día 18/05/2016; es decir, usted tenía pleno
conocimiento de la deuda que se estaba generando, por consiguiente hubo un
reconocimiento de la obligación resultante de la relación contractual, la cual es
un acto voluntario y totalmente libre, tal como lo establece el Artículo 1502 de
nuestro Código Civil, respaldado con la firma de un título valor (pagaré) y por
ende no hay lugar para la exoneración del pago de este.
Realizando las validaciones correspondientes al contrato de arrendamiento
aportado, tiene como término de vigencia indefinido, a partir de la fecha 25 de
febrero de 2010, por lo tanto, el periodo soportado a reclamar va desde el 25 de
febrero de 2010 hasta el 25 de febrero de 2011, toda vez que no se evidencia
prorroga o renovación del contrato.
No obstante, a lo anterior, se procederá asociar a reclamo con el fin de
salvaguardar el debido proceso el periodo que va desde 25 de febrero de
2010 (fecha de inicio en contrato de arrendamiento) hasta el 01 de marzo
de 2022, debido a que el mes de febrero no tiene día 30. (fecha abandono
del inmueble reportada por el cliente en la reclamación).
(…)
1. Teniendo en cuenta su petición expuesta, no se accede a declarar el
rompimiento de solidaridad, toda vez que como propietario ha dejado de
5 “Teniendo en cuenta lo antes expuesto, le confirmamos que no es procedente referirnos de nuevo a estos
puntos, como quiera que la compañía ya se pronunció al respecto, concediendo en su momento los
respectivos recursos de ley; asimismo no es posible que exista dos contratos de arrendamientos
simultáneos en el mismo predio”.
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Actor: Martín Payares Yanes
Acción de tutela
hacer efectivo el contrato de arriendo y consintió la deuda dejada por el
inquilino. Le reiteramos que la empresa cumplió con su obligación de
suspender el servicio. En virtud de lo anterior, es preciso informarle que
solo en los términos del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 se rompe la
solidaridad, quedando a cargo del arrendatario la responsabilidad del
pago del servicio y demás conceptos que se le imputen al inmueble
durante el ejercicio de prestación del servicio de energía eléctrica. Esta
responsabilidad retornará al propietario una vez se haya terminado el
contrato o en el momento en que la empresa haga exigible la garantía de
pago para cancelar facturas adeudadas.
Lo referente a las financiaciones y convenios de pago correspondiente al
suministro le comunicamos que si usted no está de acuerdo puede
solicitar su anulación en nuestro centro de atención presencial. No
obstante, le aclaramos que, al proceder con la anulación de este, las
facturas incluidas en el mismo quedan liberadas siguiendo el curso
normal de su proceso de cobro, las cuales sino son canceladas generarán
la suspensión del servicio.”.
10) En este punto es preciso aclarar que, más allá de que el cuestionamiento del actor
fue sobre el fundamento legal de la documentación exigida, lo cierto es que la finalidad
del usuario del servicio de energía con esa petición era que se estudiara su solicitud de
rompimiento de solidaridad sin la exigencia de documentos adicionales, ya que se
encontraba en la imposibilidad de aportarlos dada su condición de poseedor y no de
propietario.
11) Si bien Afinia insistió en que era necesario que el actor aportara la documentación
antes referida para poder analizar el rompimiento de la solidaridad, lo cierto es que sí
estudió la solicitud, pero concluyó que no era posible acceder a tal pedimiento porque el
accionante dejó de hacer efectivo el contrato y consintió la deuda dejada por el inquilino,
como se puede apreciar de la cita expuesta.
12) Ahora bien, en consonancia con el punto anterior, respecto a la petición dirigida a que
se resolviera la solicitud del rompimiento de la solidaridad sin exigir requisitos adicionales
Afinia respondió que “no se accede a su solicitud de rompimiento de solidaridad, toda vez
que, no es procedente referirnos de nuevo a estos puntos, como quiera que la compañía
ya se pronunció al respecto, concediendo en su momento los respectivos recursos de
ley; asimismo no es posible que exista dos contratos de arrendamientos simultáneos en
el mismo predio”.
13) Igualmente, sobre el punto de la petición referido a que se le “informara [al actor] con
qué fundamento legal suspendía el servicio de energía, sin haber expedido un acto
administrativo”, en su contestación la empresa prestadora del servicio público de energía
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-00602-00
Actor: Martín Payares Yanes
Acción de tutela
contestó que “en cuanto a la no suspensión del servicio, le informamos que mientras las
facturas se encuentren en estado reclamado, el sistema no emitirá suspensiones, por lo
cual se dará el trámite requerido para que se efectúe un debido proceso, ahora, si el
cliente llegare a tener facturas no objeto de reclamación pendientes de pago la empresa
podrá suspender el servicio como lo dispone el Artículo 140 de la ley 142 de 1994 y la
Cláusula 64a del Contrato de Condiciones Uniformes”.
14) En ese contexto, se concluye que no le asiste razón al actor en cuanto afirmó que
Afinia SA ESP únicamente le contestó que su segunda petición era reiterativa de la
primera y que, con esa excusa, se remitió a la respuesta anterior y se limitó a exigirle
documentos para abstenerse de resolver su solicitud de rompimiento de solidaridad.
15) En efecto, si bien el actor añadió nuevas solicitudes en la segunda petición
presentada el 13 de enero de 2023, lo cierto es que en términos generales reiteró lo
correspondiente a su solicitud inicial para que se accediera al rompimiento de la
solidaridad, por lo que la autoridad accionada sostuvo que no era procedente referirse
nuevamente sobre ese punto, ya que previamente lo había contestado.
16) Tal proceder se ajustó a lo previsto en el artículo 19 de la Ley 1437 de 2011 en cuanto
establece que frente a peticiones reiterativas la autoridad puede remitirse a respuestas
anteriores, en los siguientes términos –se transcribe–:
“Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a
las respuestas anteriores, salvo que se trate de derechos imprescriptibles o de
peticiones que se hubieren negado por no acreditar requisitos, siempre que en
la nueva petición se subsane”.
17) De conformidad con lo expuesto, contrario a lo indicado por el accionante, la empresa
Afinia no vulneró sus derechos fundamentales, pues sí respondió sus nuevos
cuestionamientos y, frente a los que ya había desatado, señaló que no era procedente
pronunciarse nuevamente sobre ellos, toda vez que la solicitud de rompimiento de la
solidaridad y las inconformidades a ella inherentes ya habían sido previamente resueltas
el 14 de marzo de 2023 (párrafo 7).
18) En consecuencia, se negarán las pretensiones de la demanda de tutela respecto de
la empresa Afinia, pues, los argumentos del actor no se dirigieron a cuestionar el
contenido de la respuesta ni a oponerse a sus fundamentos y alcance sino, por el
contrario, a demostrar la supuesta falta de contestación a tales interrogantes.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-00602-00
Actor: Martín Payares Yanes
Acción de tutela
19) Es decir, en la acción de tutela no se enfilaron argumentos de legalidad en contra de
la respuesta de Afinia al derecho de petición, pues en ningún momento se cuestionó dicho
acto, contrario sensu, su intención con la acción constitucional de la referencia es buscar
demostrar que la respuesta vulneró su derecho fundamental de petición.
20) Lo anterior, porque en su criterio Afinia presuntamente omitió pronunciarse sobre
todos y cada uno de los puntos de su segunda solicitud, aspecto que, como se vio, atañe
estrictamente al derecho fundamental de petición y que ante la evidencia por parte de
esta Sala de que sí se respondieron y que la respuesta fue congruente lo que
corresponde es negar el amparo pues se cuestiona una supuesta omisión que, como se
evidenció, no es tal.
3.2. Violación del derecho de petición por parte del presidente de la República y la
Superintendencia de Servicios de Públicos Domiciliarios
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República informó en su
contestación que no encontró en su base de datos petición alguna presentada por el actor
pendiente de pronunciamiento y, una vez revisado el escrito de tutela, la Sala advierte
que efectivamente no se aportó prueba alguna de la presentación o radicación de alguna
petición ante la referida autoridad.
En consecuencia, de entrada y sin mayores elucubraciones sobre el particular, la Sala
negará este cargo de manera rotunda y le llama la atención al actor para que se abstenga
de realizar afirmaciones que no son ciertas con el único fin de vincular al presidente de
la República y con ello justificar la presentación de la acción de tutela ante esta
Corporación, pues tal abuso del derecho desgasta el aparato judicial, congestiona la
administración de justicia y desconoce las reglas de reparto en materia de acciones de
tutelas previstas en el Decreto 333 de 2021.
Por otra parte, tampoco se advierte vulneración alguna por parte de la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios, pues si bien el actor afirmó que dicha autoridad no
contestó su petición, lo cierto es que no aportó prueba del escrito que supuestamente
radicó ni del soporte de envío, por lo que la Sala no cuenta con el material probatorio para
poder determinar si vulneró dicha garantía fundamental.
Sin perjuicio de lo anterior, se pone de presente que la Superintendencia, en su
contestación, informó que respondió la petición del actor en el sentido de que no podía
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Actor: Martín Payares Yanes
Acción de tutela
resolver lo solicitado, pues, dicha autoridad solo estaba facultada para activar sus
poderes con ocasión de los recursos de apelación y queja que se presenten frente a las
reclamaciones de las empresas de servicios públicos domiciliarios, y ese no era el caso
del actor, ya que este no aportó ningún radicado con el que se pudiera verificar que le
correspondía resolver como autoridad de segunda instancia.
3.3. Ausencia de hecho vulnerador frente a la pretensión de ordenar al presidente
de la República asumir las competencias de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios y que realice un consejo comunal
El actor pretende que se ordene al presidente de la República “reasumir las competencias
otorgadas a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”, sin embargo, la
Sala considera que si estimó que dicha autoridad debe realizar tales funciones, lo mínimo
que correspondía era solicitárselo directamente a través del derecho de petición
exponiéndole la situación o los motivos por los cuales consideraba necesaria su
intervención y no alegar en este medio constitucional , razón por la cual se negará este
pedimento.
Asimismo, se tiene que el actor también pretende que se le ordene a esa misma autoridad
que realice un consejo comunal en Valledupar “para que el pueblo participe, exponga sus
denuncias y explique las irregularidades”, no obstante, esta solicitud también será negada
en razón a que no se acreditó haberlo solicitado directamente ante el presidente de la
República, motivo por el que esa autoridad no tuvo la oportunidad de pronunciarse de
manera previa, razón suficiente para negar dicha pretensión.
3.4. De los requisitos adicionales prohibidos por la Constitución Política y la ley
exigidos por Afinia para conceder los recursos de reposición, en subsidio de
apelación.
El accionante señaló que la empresa Afinia le exigió requisitos adicionales prohibidos por
la Constitución Política y la ley para conceder el recurso de reposición y, en subsidio, el
de apelación contra la decisión del 14 de marzo de 2022, mediante la cual dicha autoridad
negó la solicitud de rompimiento de solidaridad.
Pues bien, de las pruebas aportadas al expediente, se observa que en el trámite
administrativo la autoridad accionada informó que contra esa decisión procedía el recurso
de reposición ante la misma empresa y, en subsidio, el de apelación ante la
Superintendencia de Servicios Públicos, pero para darle trámite a esos recursos debía
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Actor: Martín Payares Yanes
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pagar la primera factura dejada de cancelar por el inquilino equivalente a $3.982.880 por
concepto de energía regulada, debido a que eso no fue objeto de reclamo, por cuanto
este consintió la deuda en el 2016, a través de un acuerdo de pago.
El 18 de marzo de 2022, el actor presentó el recurso de reposición y, en subsidio el de
apelación, pero la empresa los rechazó porque no pagó la primera factura solidaria como
lo prevé el inciso 2º del artículo 155 de la Ley 142 de 1994, no obstante, le comunicó que
contra esa decisión procedía el recurso de queja ante la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, recurso que no fue agotado.
Pues bien, sobre el particular la Sala considera que la parte actora con la excusa de la
exigencia de unos requisitos adicionales no constituidos en la ley y la constitución
pretende cuestionar a través de este medio constitucional la negativa a su solicitud del
rompimiento de solidaridad del contrato de arrendamiento, pretensión que no cumple con
el presupuesto de la subsidiariedad, por cuanto no fue objeto de demanda por las vías
jurisdiccionales correspondientes, a través de los medios idóneos dispuestos para esos
efectos.
Cabe recordar que la acción de tutela es un procedimiento preferente y sumario que toda
persona tiene a su alcance para reclamar la protección inmediata de sus derechos
constitucionales vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de un particular, en los casos que establece la ley, lo cual no se
advierte en el presente caso.
Finalmente, la parte demandante no justificó la ocurrencia de un perjuicio irremediable
que amerite la intervención urgente e inmediata del juez de tutela, razón adicional para
declarar la improcedencia del mecanismo, debido a que este cuenta con la posibilidad de
acudir a otras vías para cuestionar lo que se pretende por este medio excepcional, e
incluso pedir medidas cautelares de urgencia.
Sin perjuicio de lo anterior, es del caso aclarar que el actor no presentó recurso de queja
contra la decisión que rechazó los recursos, a pesar de considerar de manera insistente
que a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios le correspondía definir su
solicitud rompimiento de la solidaridad y que no debía pagar la primera factura solidaria
para la concesión de los recursos y ahora pretende que el juez de tutela se pronuncie
como remplazo de dicha autoridad, lo cual no es de recibo para esta Sala Decisión.
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Expediente: 11001-03-15-000-2023-00602-00
Actor: Martín Payares Yanes
Acción de tutela
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.
F A L L A:
1°) Niegáse la acción de tutela presentada por el señor Martín Payares Yanes, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) Declárase improcedente la acción de tutela frente al reproche relacionado con la
exigencia de requisitos adicionales para conceder el recurso de reposición y, en subsidio
de apelación, por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
3°) Niéganse las solicitudes de desvinculación del presidente de la República y el
superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, con fundamento en las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
4º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
5°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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