Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00612-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-00612-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00612-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00612-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
9 de marzo de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00612-00
Demandante: Robinsón Chaverra Echevarría
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00612-00
Demandante: ROBINSÓN CHAVERRA ECHAVARRÍA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA QUINTA DE
DECISIÓN
Temas: Tutela contra providencia judicial dictada en proceso de reparación
directa
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Robinsón Chaverra Echavarría y
otros contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
1.1. El 7 de febrero de 2023, en ejercicio de la acción de tutela, y por conducto de
apoderado judicial, Robinsón Chaverra Echavarría y otros solicitaron la protección del
derecho fundamental al debido proceso. A juicio de los demandantes, la vulneración
se presenta con ocasión del auto del 14 de octubre de 2022, notificado el 18 de octubre
siguiente, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de
Decisión. En concreto, formularon las siguientes pretensiones:
1. Solicito se sirvan dejar sin efecto el contenido del Auto del 14 de octubre del año 2022
proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta de Decisión, dentro
del Medio de Control con Radicado No. 05837330022016-00546-00.
2. Como consecuencia de la anterior declaración solicito se sirvan admitir el Recurso de
Apelación presentado el 14 de julio del año 2022 en el Medio de Control con Radicado
No.05837330022016-00546-00 ante el Juzgado Segundo Administrativo Oral del
Circuito de Turbo - Antioquia.
2. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
2.1. El señor José Cristóbal Rodríguez Vargas y su grupo familiar interpusieron
demanda contenciosa en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la
Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional, por la presunta falla en el servicio en
que incurrieron miembros activos de la Policía Nacional cuando, al parecer,
secuestraron al señor Rodríguez Vargas.
2.2. El conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Segundo Administrativo de
Turbo, que, mediante sentencia del 28 de junio de 2022, negó las pretensiones de la
demanda.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00612-00
Demandante: Robinsón Chaverra Echevarría
2.2.1. Esa providencia fue notificada el mismo día, es decir, el 28 de junio de 2022, a
través de correo electrónico a las partes, incluyendo al apoderado de los demandantes 1.
2.3. El 14 de julio de 2022, la parte demandante apeló y el Juzgado Segundo
Administrativo de Turbo, mediante auto del 28 de julio de 2022, concedió el recurso
propuesto y ordenó remitir el expediente al Tribunal Administrativo de Antioquia.
2.4. Mediante auto del 14 de octubre de 2022, el Tribunal Administrativo de Antioquia,
declaró inadmisible el recurso de apelación, por cuanto fue propuesto de manera
extemporánea. Providencia notificada a las partes el 18 de octubre siguiente2.
3. Argumentos de la acción de tutela
3.1. La parte demandante señaló que el Tribunal Administrativo de Antioquia realizó un
equivocado computo del término con el que contaba la actora para interponer el recurso
de apelación, pues si bien la sentencia de primera instancia se notificó a las partes vía
correo electrónico el 28 de junio de 2022, debe tenerse en cuenta que la Sala Plena del
Consejo de Estado, mediante auto de unificación jurisprudencial del 29 de noviembre
de 20223, estableció que “la notificación de la providencia se entenderá realizada una vez
transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a
correr a partir del día siguiente al de la notificación”.
3.2. Que, por lo tanto, si la sentencia se notificó electrónicamente el día 28 de junio, los
dos días de que trata el aludido auto de unificación de jurisprudencia corrieron el 29 y
30 de junio siguientes. De manera tal que los diez días con que contaba para interponer
el recurso de apelación empezaron el 1° de julio y culminaron el 15 de julio siguiente.
Que el recurso de apelación se presentó el día 14 de julio, esto es, oportunamente.
4. Trámite procesal
4.1. Por auto del 10 de febrero de 2023, el despacho sustanciador admitió la demanda
de tutela y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los
magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión.
Adicionalmente, vinculó como terceros con interés, al señor ministro de defensa
Nacional, al director general de la Policía Nacional y al juez segundo administrativo de
Medellín.
4.2. En cumplimiento de la anterior orden, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 15 de febrero
de 2023.
4.3. El 15 de febrero de 2023, el Juzgado Segundo Administrativo de Medellín, a través
de correo electrónico, le comunicó a la Secretaría del Consejo de Estado que, una vez
revisado el radicado del expediente ordinario, el proceso correspondía al Juzgado
Segundo Administrativo de Turbo.
4.4. En atención a lo anterior, el 23 de febrero de 2023, la Secretaría de esta
Corporación, a través de correo electrónico, le comunicó al Juzgado Segundo
Administrativo de Turbo sobre la admisión de la demanda de tutela de la referencia y,
en consecuencia, lo requirió para que aportara el expediente en copia magnética.
1 Índice de SAMAI 11, cuaderno C005, documento 04.
2 Índice de SAMAI 11, cuaderno C005, documento 10.
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación de jurisprudencia del 29 de
noviembre de 2022, exp. 68001-23-33-000-2013-00735-02 (68177).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00612-00
Demandante: Robinsón Chaverra Echevarría
5. Intervenciones
5.1. La Policía Nacional solicitó, con base en los hechos de la tutela, que se le
desvincule del trámite de la demanda de tutela.
5.2. El Juzgado Segundo Administrativo de Turbo señaló que el trámite procesal
surtido por esa autoridad judicial estuvo siempre ajustado a derecho, por lo que solicitó
que, frente a las pretensiones que involucren el actuar de ese despacho, las
pretensiones fueran desestimadas.
5.3. Los magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia no se pronunciaron
sobre los hechos que motivaron la interposición de la demanda, pese a que fueron
debidamente notificados.
CONSIDERACIONES
1. De la acción de tutela contra providencias judiciales
1.1. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un
mecanismo judicial previsto para la protección de derechos fundamentales, cuando se
vean amenazados o vulnerados por cualquier autoridad, incluidos los jueces de la
República4.
1.2. La Corte Constitucional ha determinado dos tipos de requisitos para la procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. En primer lugar, están los
requisitos generales de procedibilidad que son de naturaleza procesal y, por lo tanto,
deben estudiarse de manera previa a cualquier análisis de fondo. Esos requisitos fueron
fijados en la sentencia C-590 de 2005, así: la relevancia constitucional del asunto; la
inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios;
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión
objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o
vulneración del derecho fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.
1.3. En segundo lugar, están los requisitos específicos o vicios de fondo que son de
naturaleza sustancial y se analizan cuando se han superado los requisitos generales.
Esos vicios de fondo se han clasificado en defecto orgánico5, defecto sustantivo6,
procedimental7, fáctico8, error inducido9, decisión sin motivación10, desconocimiento del
precedente judicial11 o violación directa de la Constitución12.
1.4. Solo cuando se superen los requisitos generales y, al menos uno de los
requisitos específicos, el juez constitucional puede conceder un amparo y dejar sin
efectos una decisión judicial.
4 Sentencia C-543 de 1992.
5 Sentencias SU-388 de 2021, SU-355 de 2020, SU-373 de 2019, SU-309 de 2019, SU-072 de 2018, SU-050 de
2018, SU-041 de 2018.
6 Sentencias SU-424 de 2021, SU-260 de 2021, SU-116 de 2018, SU-055 de 2018, SU-050 de 2018, SU-041 de
2018, SU-035 de 2018, SU-395 de 2017, SU-050 de 2017, SU-556 de 2016.
7 Sentencia SU-061 de 2018.
8 Sentencias SU-424 de 2021, SU-405 de 2021, SU-226 de 2019, SU-355 de 2017, SU-448 de 2016.
9 Sentencia SU-261 de 2021.
10 Sentencia SU-489 de 2016.
11 Sentencias SU-317 de 2021, SU-228 de 2021, SU-053 de 2015.
12 Sentencias SU-228 de 2021, SU-201 de 2021, SU-516 de 2019, SU-069 de 2018.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00612-00
Demandante: Robinsón Chaverra Echevarría
2. Planteamiento y solución del problema jurídico
2.1. Previo a cualquier análisis de fondo, corresponde a la Sala determinar si la acción
de tutela interpuesta por el señor Robinson Chaverra Echavarría cumple el requisito
general de subsidiariedad.
Sobre la subsidiariedad como requisito general de la acción de tutela contra
providencias judiciales
2.2 La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y
la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
2.2.1. No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del
Decreto 2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados.
De manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los
mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la protección
idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido, la Corte Constitucional
manifestó13:
La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de
hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un derecho
fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo
susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho. La tutela
no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible
de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha
regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece
—con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio
alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede
afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la
Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el
sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales
(…).
2.2.2. Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por
lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo
involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se
cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.
Análisis del caso concreto
2.3. El actor cuestiona la providencia del 14 de octubre de 2022, dictada en segunda
instancia por el despacho sustanciador del Tribunal Administrativo de Antioquia, que
rechazó por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del
28 de junio de 2022, dictada por el Juzgado Segundo Administrativo de Turbo. A su
juicio, la providencia del 14 de octubre de 2022 vulneró el derecho fundamental al
debido proceso, ya que al hacer un cálculo erróneo del término de 10 días que tenía la
interesada para la interposición del recurso cercenó su posibilidad de acceder a una
segunda instancia.
2.3.1. Sería del caso estudiar los argumentos propuestos por el señor Chaverra
Echavarría. Sin embargo, la Sala advierte que la parte actora no ejerció los
13 Sentencia C-543 de 1992. Magistrado ponente: José Gregorio Hernández Galindo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00612-00
Demandante: Robinsón Chaverra Echevarría
mecanismos judiciales que tenía a su disposición contra el citado auto del 14 de octubre
de 2022, como son los recursos de reposición y súplica.
2.3.2. En efecto, de conformidad con el artículo 242 del CPACA, el recurso de
reposición puede presentarse contra todos los autos, salvo norma legal en contrario.
Por su parte, el artículo 246 ibidem establece que el recurso de súplica procede contra
los autos dictados por el magistrado ponente que “durante el trámite de la apelación o de
los recursos extraordinarios; los rechace o declare desiertos”. En cuanto a la interposición
del recurso de súplica, el artículo 246 del CPACA determina que “podrá interponerse
directamente o en subsidio de la reposición”.
2.3.3. Ahora, la providencia objeto de tutela fue dictada por el magistrado ponente del
proceso ordinario durante el trámite del recurso de apelación. Luego, conforme con los
artículos 242 y 246 del CAPACA, la parte actora bien pudo presentar el recurso de
reposición o de súplica.
2.3.4. Lo anterior demuestra que, en el proceso de reparación directa, la parte actora
contó con un recurso judicial idóneo y eficaz para controvertir la providencia que
considera vulneradora del derecho fundamental invocado, en cuanto rechazó por
extemporáneo el recurso de apelación, pero no lo utilizó y ahora no puede ejercer la
tutela como mecanismo sustituto.
2.3.5. La acción de tutela tampoco procede como mecanismo transitorio de protección,
por cuanto esa modalidad de amparo supone que el interesado aún cuente con la
posibilidad de interponer el otro medio de defensa. Como en este caso, el demandante
perdió esa oportunidad, la Sala se releva de hacer un análisis sobre el perjuicio
irremediable.
2.3.5.1. En este punto, conviene decir que la Corte Constitucional ha precisado que “si
existiendo el medio judicial de defensa, el interesado deja de acudir a él y, además, pudiendo
evitarlo, permite que éste caduque, no podrá posteriormente acudir a la acción de tutela en
procura de obtener la protección de un derecho fundamental. En estas circunstancias, la acción
de amparo constitucional no podría hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de
protección, pues tal modalidad procesal se encuentra subordinada al ejercicio de un medio
judicial ordinario en cuyo trámite se resuelva definitivamente acerca de la vulneración
iusfundamental y a la diligencia del actor para hacer uso oportuno del mismo” 14.
2.4. En conclusión, como el demandante no ejerció debidamente los recursos
procedentes a través de los que podía proponer las inconformidades que ahora discute,
la presente acción de tutela es improcedente. La parte actora no puede valerse de este
medio excepcional para reemplazar los mecanismos establecidos en la ley para la
defensa de los derechos, circunstancia que impide que el juez de tutela entre a realizar
un estudio de fondo sobre la controversia planteada.
2.5. Se resuelve, entonces, el problema jurídico propuesto: la acción de tutela
interpuesta por el señor Robinson Chaverra Echavarría no cumple el requisito general
de subsidiariedad. En consecuencia, será declarada improcedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por Robinsón Chaverra
Echavarría, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
14 Sentencia T-480 de 2011.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00612-00
Demandante: Robinsón Chaverra Echevarría
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo
de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.