Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00629-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00629-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00629-00
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
9 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00629-00
Accionante: YALEMIS PATRICIA GUERRA
Accionados: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – AMPARA DERECHO
FUNDAMENTAL DE PETICIÓN FRENTE A LA
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS. NIEGA LAS DEMÁS PRETENSIONES DE
LA ACCIÓN DE TUTELA
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela promovida por la ciudadana Yalemis Patricia
Guerra Martínez en contra del Presidente de la República, de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y de la sociedad
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. La ciudadana Yalemis Patricia Guerra Martínez solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales de «[…] derecho de petición, [al acceso a] la
administración de justicias, a una tutela judicial efectiva, a la dignidad humana, a la
salud, a la vida, a la educación, a una vivienda digna, al debido proceso
administrativo, (…) a la defensa, contradicción, a la doble instancia, [a la] igualdad,
[a la] legalidad, [a la] [a la] tipicidad, [a la] buena fe, [a la] confianza legítima, y [al]
acto propio, a un servicio esencial de energía, a la dignidad humana […]», cuya
vulneración le atribuyó a la presunta omisión del Presidente de la República, de
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y de la sociedad
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. de brindar una respuesta de fondo a las
solicitudes elevadas a través del derecho de petición de 23 de enero de 2023.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Yalemis Patricia Guerra Martínez
2.1. Indicó que es propietaria de un inmueble que arrendó al señor Miguel Antonio
Canchila Rodríguez.
2.2. Expuso que entre la prestadora del servicio público de energía, Caribemar de la
Costa S.A.S. E.S.P., y el señor Miguel Antonio Canchila Rodríguez, celebraron un
acuerdo de pago por la suma de $5.000.000 sin su consentimiento, violando con ello
el artículo 44 del Decreto Ley N° 019 de 2012.
2.3. Manifestó que el 23 de enero de 2023 radicó, a través de los correos electrónicos
notificacionesjudiciales@superservicios.gov.co, sspd@superservicios.gov.co,
dtnorte@superservicios.gov.co y serviciosjuridicos@afinia.com.co, un derecho de
petición dirigido al Presidente de la República, al gerente de la sociedad Caribemar
de la Costa S.A.S. E.S.P., y al Superintendente de Servicios Públicos
Domiciliarios, en el que solicitó lo siguiente:
[…] PRIMERO PRETENDO CON Este derecho de petición (…) QUE EL
PRESIDENTE Y EL SUPERINTENDENTE DE SERVCICIOS PUBLICOS,
COMO SUPERIOR JERARQUCO FUNCIONAL ORDENEN AL GERENTE
GENERAL DE AFINIA (…), DARLE tramite nuevamente al núcleo esencial del
derecho de petición, debido que no hubo hecho superado con la petición anterior,
debido que la empresa solo analizo lo requisito exigido de forma inconstitucional
por la misma empresa, para que procediera, resolver de fondo, clara, precisa y de
manera congruente con lo solicitado clara, es decir inteligible y de fácil
comprensión (…)
(…)
SEGUNDO QUE el señor presidente doctor Gustavo petro , señor
superintendente de servicios públicos doctor Dagoberto Buitrago ordene al
GERENTE GENERAL DE AFINIA (…) que al momento de dar respuesta a este
derecho de petición , manifieste bajo la gravedad de juramento diga cuales son
los fundamento constitucionales y légale , para que exijan como requisito para
conceder el rompimiento de la solidaridad, certificado de libertad y tradición
expedido por la oficina de instrumentos públicos, y el certificado de nomenclatura
exigido por, el instituto de Agustín Codazzi , cuando este último ya no lo expide ,
y nadie está obligado a lo imposibles (…)
(…)
TERCERO señor presidente de Colombia reitero la denuncia contra ela
superintendencia de servicios públicos domiciliario que viene negando más del
90% de los recursos de ley como entidad de segunda instancia , que juro cumplir
la constitución y la ley, que es el mayor jerárquico funcional de las empresas de
servicios públicos domiciliarios, a favor de las empresa de servicios públicos
exigiendo requisito no autorizado por la constitución y la ley, para no darle tramites
al núcleo esencial del derecho de petición cometiendo prevaricato por acción
omisión y extralimitación de funciones, donde ni la superservicios, ni la empresa
manifiestan cual es la ley que la facultan para exigir el, certificado de libertad y
tradición expedido por la oficina de instrumentos públicos, y el certificado de
nomenclatura exigido por, el instituto de Agustín Codazzi, donde esta última yo
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Accionante: Yalemis Patricia Guerra Martínez
no lo expide y si ambas certificaciones, la dirección no coincide con la factura de
energía, niega el derecho de petición, (…)
(…)
Cuarto SEÑOR SUPERINTENDENTE ordene al gerente general de AFINIA,
que conceda el recurso de apelación ante EL SUPERINTEDENTE COMO
SUPERIOR JERARQUICO Y FUNCIONAL DE LA EMPRESA, Y CONFORME
A LOS ARTICULOS 152,153,154,155,Y 159 DE LA LEY 142 DE 1994
SENTENCIA, C-558 DEL 2001 C-263 DE1996 , ARTICULO 74 , LA 86 DE LA
LEY 1437 DEL 2011, ARTICULOS 1,2,4,6,13,23,29,31 83,84,85,90,93,365 AL
370 DE LA CONSTITUCION
TERCERO señor presidente SEÑOR SUPERINTENDENTE ordenen a la
empresa de energía eléctrica a referirse de cada una de las pretensiones del
derecho de petición (…)
(…)
CUARTO Que el SEÑOR SUPERINTENDENTE ordene a la empresa de energía
eléctrica, ADAR UNA RESUESTA de fondo , , clara, precisa y de manera
congruente con lo solicitado clara, es decir inteligible y de fácil comprensión (…)
(…)
QUINTO SEÑOR presidente ordene al superintendencia de servicios públicos
domicliarios y al gerente general de Afinia diga bajo la gravedad de juramento
¡cual es la ley, señalándola numéricamente de forma motivada, debido que
siempre contesta, que ellos solamente exigen requisito autorizado por la ley, pero
no dicen cuál es la ley, debido que el artículo 84 de la constitución prohíbe exigir
dicho requisito (…)
(…)
SÉPTIMO que el señor presidente ordene al superintendencia de servicios
publico y al al gerente general de Afinia al momento de dar respuesta a este
derecho de petición , manifieste bajo la gravedad de juramento diga cuales son
los fundamento constitucionales y légale , para que exijan como requisito para
darle tramite el proceso de rompimiento de la solidaridad como son, certificado de
libertad y tradición expedido por la oficina de instrumentos públicos, y el certificado
de nomenclatura exigido por, el instituto de Agustín Codazzi (…)
(…)
SEPTIMO SEÑOR SUPERINTENDENTE ordene al gerente general de afinia dar
respuesta a este derecho de petición, resolviéndole de fondo, clara, precisa y de
manera congruente con lo solicitado clara, es decir inteligible y de fácil
comprensión, RESOLVIENDO TODOS LOS SOLICITADO Pronunciamiento
sobre todas y cada una de las pretensiones Obligación de integrar debidamente
el contradictorio PRINCIPIO DE OFICIOSIDAD (…)
(…)
OCTAVO SEÑOR SUPERINTENDENTE ordene al gerente general de afinia,se
abstenga de exigirme el pago de la factura solidaria sino, hasta que se encuentra
agotada la vía gubernativa, por lo que la pongo en reclamo también, debido que
esa factura solidaria tiene que determinarla la superservicios que es el mayor
jerárquico de la empresa, por lo que se inaplique se inaplique en este caso
concreto el inciso segundo del artículo 155 de la ley 142 de 1994
NOVENO SEÑOR SUPERINTENDENTE ordene al gerente general de afinia, que
de conformidad con la constitución y el bloque de constitucionalidad, los principios
de la función públicas, legalidad tipicidad, debido proceso administrativo, el
derecho de petición, diga con que fundamento la empresa suspenden el servicio
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Accionante: Yalemis Patricia Guerra Martínez
de energía de forma unilateral, sin ante expedir un acto administrativo, como lo
ordena el artículo 154 de la ley 142 de 1994, donde la empresa se fundamenta
con el artículo 140 de la misma ley cuando este artículo fue declarado exequible
junto con el 130 de forma acondicionada en la sentencia c-150 del 2003 en el
entendido que las empresa deberá garantizar el debido proceso administrativo,
ósea expidiendo el acto administrativo, garantizando la demás garantía judiciales
DECIMO SEÑOR SUPERINTENDENTE ordene al gerente general de afinia Que
de conformidad con la constitución y la ley, manifieste bajo la gravedad de
juramento ¿con que fundamento constitucional, suspende el servicio de energía,?
¿conque fundamento constitucional exige como requisito para atender un
derecho de petición de solidaridad exige como requisito certificado de libertad y
tradición, certificado de nomenclatura, ampliación de contrato de arrendamiento,
y no acepta la factura de energía y el extrajucio de tercero para demostrar la
posesión, y por ultimo digan conque fundamento exigen que el usuario debe estar
a paz y salvo , para poder presentar los recursos de ley sin importar que la deuda
es de 1998 , cuando la sentencia C-558 DEL 2001 ESTABLECE QUE NO ES
OBLIGATORIO PAGAR LO QUE NO ESTA OBJETO DE RECLAMO QUE es
ovacionar?
Décimo primero que el SEÑOR SUPERINTENDENTE, me garanticen el
PRINCIPIO DE OFICIOSIDAD y se PRONUNCIE sobre todas y cada una de las
pretensiones, de esta tutela, debido que es obligación del juez constitucional
integrar debidamente el contradictorio, (…)
(…)
DECIMO SEGUNDO QUE EL SEÑOR PRESIDENTE DE COLOMBIA Y EL
SUPERINTENDENTE DE SERVCICIOS PUBLICOS DOMICLIARIOS ORDENE
AL GERENTE GENERAL DE AIR-E, LE DE CUMPLIMIENTO A LA TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN
Bogotá DC, veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). (…)
CUMPLIMIENTO A la Resolución No. 20218200163555 del 18 de mayo de 2021,
que el señor Denis Martínez, Y la sentencia de tutela T-636 DEL 2006 (…)
(…)
Décimo tercero co0n que fundamento constitucional y legal la empresa me exige
los certificado de libertad y tradición y el de nomenclatura, donde esos requisito
están prohibido, y no son necesario para demostrar la posecion del inmuebles
como lo dejo claro TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN Bogotá DC, veintisiete (27) de septiembre
de dos mil veintiuno (2021) t-636/2006, así mismo de conformidad artículo 9 ,
10,77,86,93, de la ley 1437 del 2011 ley 962 del 2005 decretos 019 del 2012 y
2106 del 2019,) Resolución No. 20218200163555 del 18 de mayo de 2021,
expedida por la superservicios […]. [sic en toda la transcripción]
2.4. Como fundamento del derecho de petición citado, sostuvo que el 19 de julio de
2021 había elevado un derecho de petición anterior, ante la sociedad Caribemar de
la Costa S.A.S. E.S.P., en el que solicitó que le hicieran extensivos los efectos de
las sentencias de 27 de septiembre de 2021, T-927 de 1999, providencias que tratan
temáticas tales como el «[…] rompimiento de la solidaridad […]» y la «[…] reconexión
de los servicios […]». Sin embargo, adujo que en la respuesta a dicha petición se le
negó la solicitud de «[…] rompimiento de la solidaridad […]» por no anexar el
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Accionante: Yalemis Patricia Guerra Martínez
certificado de libertad y tradición del inmueble y/o un certificado del IGAC en el que
constara la dirección y la nomenclatura del inmueble.
2.5. Señaló que el derecho de petición radicado el pasado 23 de enero de 2023,
únicamente le fue respondido por la sociedad Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.,
mediante el oficio N° 202370060541 de 2 de febrero de 2023.
2.6. Sostuvo que la respuesta brindada por la sociedad Caribemar de la Costa S.A.S.
E.S.P. a su segundo derecho de petición se limitó a señalar que había operado «[…]
la carencia actual de objeto por hecho superado […]» y la «[…] cosa juzgada […]»
debido a que el derecho de petición de 23 de enero de 2023 era idéntico al radicado
el 19 de julio de 2021.
2.7. Indicó que lo sostenido por la sociedad accionada en la respuesta al derecho de
petición no era cierto por las siguientes razones:
[…] no existe hecho superando en este caso concreto debido que ni la empresa
de energía ni la superservicicios resolvieron de pleno y de fondo todas las
pretensiones, exigida, debido que se dedicaron fue a exigir requisito, adicionales
y no autorizado por la constitución y la ley para no darle traite al derecho de
petición debido que la empresa declaro improcedente los recursos de ley
alegando que yo presente los recursos de forma extemporánea, por ese motivo
no se puede decir hecho superado en esta petición, por todo lo anterior señor juez
no hubo hecho superado, debido que la empresa y la superservicicios no
desarrollo fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado clara, es
decir inteligible y de fácil comprensión , atendiendo los solicitado, en sus totalidad
, que no sea aislada , (su213/21 T-044/19, T-077/18 C-418 de 2017 T-230/20 C-
818/11 C-007/17 T-473/98), mi derecho de petición,, debido que tanto la empresa
como la superservicicio se dedicaron fue seguirme requisito tras requisito no
autorizado por la constitución y la ley para no darle tramite o negar el derecho de
petición del rompimiento de la solidaridad, por lo que el derecho de petición no se
materializa cuando la empresa no solo se dedica es a exigir requisitos adicionales
para poder analizar lo establecido en el artículo 130 de la ley 142 de 1994 , ósea
cuando la empresa y la superservicicio declaran improcedente el rompimiento de
la solidaridad, exigiendo requisito adicionales y prohibido por la constitución y la
ley, 142 de 1994, que es una ley de orden público y de estricto cumplimiento […].
(sic en toda la cita)
2.8. Aseveró las otras accionadas no habían emitido respuesta a su derecho de
petición.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
[…] PRIMERO PRETENDO CON Esta acción de tutela como mecanismo
definitivo y excepcional PARA QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL ORDENA AL
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Accionante: Yalemis Patricia Guerra Martínez
PRESIDENTE DE COLOMBIA REASUMIR LAS COMPETENCIA,
OTORGADA A LA SUPERSERVICIOS CONFORME ARTICULO 12 DE LALEY
489 DE 1998 DECLARADO EXEQUIBLE POR LA SENTENCIA C-727 DEL
2000 , artículos 2,4,6,13,23,29,31,40,83,84,85,86,93,189-22 208,209,210,211,
365 al 370 de la constitución ARTICULOS 75,DEN LA LEY 142 DE 1994, y de
respuesta al derecho de petición , ASIMISMO EL JUEZ CONSTITUCIONAL
ORDENE AL SUPERINTENDENCIA DE SERVCICIO PUBLICOS , A
EJERCER SUS FUCIONES CONSAGARADA EN ELARTICULO 75,79,81.82
159 DE LA LEY 142 DE 1994 Y LA SENTENCIAS C-263 DE 1996 C-558 DEL
2001, así mismo de respuesta al derecho de petición ,así mismo el juez ordene
a la superservicios y a la empresa Afinia a darle tramite al derecho de petición
, debido que no es una petición reiterativa ni es un hecho superado y concedas
los recursos de ley y tanto la empresa como la superservicios se abstenga de
exigir requisito no autorizados POR LA CONSTITUCION EN EL ARTICULO 84
DE LA CONSTITUCION (…)
(…)
SEGUNDO QUE el señor juez constitucional ordene al señor , superintendente
de servicios públicos doctor Dagoberto Buitrago, manifieste bajo la gravedad
de juramento diga cuales son los fundamento constitucionales y légale , para
que exijan como requisito para conceder el rompimiento de la solidaridad,
certificado de libertad y tradición expedido por la oficina de instrumentos
públicos, y el certificado de nomenclatura exigido por, el instituto de Agustín
Codazzi , cuando este último ya no lo expide , y nadie está obligado a lo
imposibles violando la sentencias de tutelas T-636 DEL 2006 Y T-281 DEL
2012, Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
PRIMERA SUBSECCIÓN B Bogotá DC, veintisiete (27) de septiembre de dos
mil veintiuno (2021). Y artículo 16, 17,19 de la ley 1755 del 2015 , articulo 9 ,
10,77,86,93, de la ley 1437 del 2011 ley 962 del 2005 decretos 019 del 2012 y
2106 del 2019,) Resolución No. 20218200163555 del 18 de mayo de
2021,,expedida por la superservicios, donde el superintendente , juro cumplir
la constitución y la ley, sin que la empresa aporte la carta catastral y el
levantamiento CATASTRAL , que define cual es la dirección del predio, además
la empresa de energía no es la entidad en cargada de manifestar cual es la
dirección de predio, debido que de conformidad con los artículos 101 al 104 de
la ley n142 de 1994 es al municipio que le corresponde realizar la
estratificación, fijar las direcciones de las vivienda , y otorgar los subsidio,
TERCERO QUE el señor juez constitucional ordene al señor , superintendente
de servicios públicos doctor Dagoberto Buitrago, manifieste bajo la gravedad
de juramento diga cuales son los fundamento constitucionales y légale para
obligar a los usuarios que para conceder los recursos de reposicion y apelación
y de queja exige como requisito absoluto , el pago de la factura solidaria, y lo
que no esta objetos de reclamos ,sin importar que el usuarios se abstienen de
pagarla , y la pone en reclamo , ala súper no le importa esto o la paga , o la
paga sin importar que esa factura solidaria sea una sanción,o que ya tienen
mas de 20 años hay que pagarla por las buenas o por las mala de lo contrario
declaran improcedente el derecho de petición (…)
(…)
Cuarto que el señor juez constitucional ordene al señor presidente SEÑOR
SUPERINTENDENTE ordenen a la empresa de energía eléctrica a referirse de
cada una de las pretensiones del derecho de petición (…)
(…)
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00629-00
Accionante: Yalemis Patricia Guerra Martínez
CUARTO Que el SEÑOR juez constitucional ordene a la empresa de energía
eléctrica, ADAR UNA RESUESTA de fondo , , clara, precisa y de manera
congruente con lo solicitado clara, es decir inteligible y de fácil comprensión ,
atendiendo los solicitado, en sus totalidad , que no sea aislada y resuelve todas
y cada una de las pretensiones,, concediendo los recursos de reposición y el
de apelación ante el superior jerárquico funcional que es la superintendencia
de servicios públicos domiciliarios (…)
(…)
CUARTO Que el SEÑOR juez constitucional ordene a la empresa de energía
eléctrica, ADAR UNA RESUESTA de fondo , , clara, precisa y de manera
congruente con lo solicitado clara, es decir inteligible y de fácil comprensión
(…)
QUINTO SEÑOR presidente ordene al superintendencia de servicios públicos
domicliarios y al gerente general de Afinia diga bajo la gravedad de juramento
,¡cual es la ley ,señalándola numéricamente de forma motivada , debido que
siempre contesta, que ellos solamente exigen requisito autorizado por la ley ,
pero no dicen cuál es la ley ,debido que el artículo 84 de la constitución prohíbe
exigir dicho requisito (…)
(…)
SEXTO Que el juez constitucional ordene al presidente de Colombia a
REASUMIR LAS COMPETENCIA, OTORGADA A LA SUPERSERVICIOS
CONFORME ARTICULO 12 DE LALEY 489 DE 1998 DECLARADO
EXEQUIBLE POR LA SENTENCIA C-727 DEL 2000 (…)
(…)
SÉPTIMO que el señor presidente ordene al superintendencia de servicios
publico y al al gerente general de Afinia al momento de dar respuesta a este
derecho de petición , manifieste bajo la gravedad de juramento diga cuales son
los fundamento constitucionales y légale , para que exijan como requisito para
darle tramite el proceso de rompimiento de la solidaridad como son, certificado
de libertad y tradición expedido por la oficina de instrumentos públicos, y el
certificado de nomenclatura exigido por, el instituto de Agustín Codazzi ,
cuando este último ya no lo expide , además no acepta al declaración de
extrajucio y nadie está obligado a lo imposibles (…)
(…)
octavo que el SEÑOR juez constitucional ordene al gerente general de afinia
que de conformidad con la constitución y el bloque de constitucionalidad, los
principios de la función públicas, legalidad tipicidad, debido proceso
administrativo , el derecho de petición, diga con que fundamento la empresa
suspenden el servicio de energía de forma unilateral, sin ante expedir un acto
administrativo, como lo ordena el artículo 154 de la ley 142 de 1994, donde la
empresa se fundamenta con el artículo 140 de la misma ley cuando este
artículo fue declarado exequible junto con el 130 de forma acondicionada en la
sentencia c-150 del 2003 en el entendido que las empresa deberá garantizar
el debido proceso administrativo, , ósea expidiendo el acto administrativo,
garantizando la demás garantía judiciales
DECIMO SEGUNDO QUE EL SEÑOR juez constitucional ORDENE AL
GERENTE GENERAL DE AFINIA, y al superintendente de servicios públicos
LE DE CUMPLIMIENTO A LA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN Bogotá DC, veintisiete
(27) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). (…) CUMPLIMIENTO A la
Resolución No. 20218200163555 del 18 de mayo de 2021, que el señor Denis
Martínez, Y la sentencia de tutela T-636 DEL 2006
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00629-00
Accionante: Yalemis Patricia Guerra Martínez
(…)
Decimo tercero , que el señor juez del conocimiento según el PRINCIPIO DE
OFICIOSIDAD, SE PRONUNCIE sobre todas y cada una de las pretensiones,
Obligación de integrar debidamente el contradictorio PRINCIPIO DE
OFICIOSIDAD (…)
(…)
DECIMO CUARTO señor juez constitucional es procedente esta acción de
tutela, debido que no existe otros mecanismos judiciales para obligar a estas
entidades para amparar el núcleo esencial del derecho de petición , además
todavía estamos en pandemia por lo que si es procedente esta acción de tutela
conforme lo ordenado por la cortes constitucional en la sentencias (…)
(…)
DECIMO QUINTO Que el juez constitucional decrete la violación del derecho
de petición por parte del presidente de Colombia doctor Gustavo petro y por el
superintendente de servcucios públicos doctor Dagoberto Quiroga, asi mismo
ordenarles a ambos que en el término no superior de dos meses realice en
Valledupar un consejo comunal con todas la comunidad usuarias , vocales de
control y asociaciones de usuarios con las presencia de las delegadas de caqda
unas de la superintendencia para que el pueblo participe expongan sus
denuncia , explique las irregularidades que vienen cometiendo por más de 20
años violando el estado social de derecho interpretando erróneamente la
sentencias C-558 DEL 2001 DEBIDO QUE PARA QUE PROCEDAN LOS
RECURSOS EXIGUEN QUE EL USUARIO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO
SIN IMPORTAR QUE SE DEUDA DE 1998 (…)
(…)
DECIMO SEXTO Que el juez constitucional haga un paralelo, de las
pretensiones que solicite a la empresa de energía que resolviera , y las que ella
resolvió , para determinar que si hubo o no peticiones reiterativa para que la
empresa se abstuviera de dar respuesta nuevamente , sobre a aquellas
pretensiones que no resolvió conforme al artículo 19 numeral 2 de la ley 1755
del 2015 (…)
(…)
Decimo séptimo que el juez constitucional de conformidad con la constitución
y el bloque de constitucionalidad, los principios de la función públicas, legalidad
tipicidad, debido proceso administrativo , el derecho de petición, diga LA
SUPERSERVICIO Y LA EMPRESA DE ENRGIA con que fundamento la
empresa suspenden el servicio de energía de forma unilateral, sin ante expedir
un acto administrativo, como lo ordena el artículo 154 de la ley 142 de 1994,
(…)
(…)
decimo octavo QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL CONCEDA LA PRESENTE
ACCION DE TUTELA […]. [sic en toda la cita]
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 9 de febrero de 2023, se admitió la presente acción de tutela en
contra del Presidente de la República, de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios y de la sociedad Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.
También se ordenó notificar al agente del Ministerio Público para lo de su
competencia.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00629-00
Accionante: Yalemis Patricia Guerra Martínez
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuada las notificaciones a las autoridades accionadas, se advierte
que se allegaron los siguientes informes:
5.1. LaSuperintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a través de
apoderado judicial, rindió informe en el que solicitó que se declarara improcedente
la presente acción de amparo porque «[…] la vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales que se consideran violados no es ocasionada por la
superintendencia, toda vez que las ordenes de corte, reconexión y vinculación de
un reclamo a la facturación, es una actuación de exclusiva competencia de la
empresa CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. – AFINIA GRUPO EPM– y no
es del resorte de la superintendencia […]».
5.2. Adicionalmente, frente al derecho de petición radicado el 23 de enero de 2023,
sostuvo que la Dirección Territorial Nororiente de la Superintendencia de Servicios
Públicos, a través del oficio N° 20238600734651 de 17 de febrero de 2023, emitió
una respuesta de fondo.
5.3. Lasociedad Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., a través de apoderada
judicial, se opuso a las pretensiones de la acción de amparo, ya que las dos
peticiones elevadas por la accionante habían sido respondidas por dicha entidad.
5.4. Adicionalmente, y en cuanto a las solicitudes dirigidas a que se declare la ruptura
de la solidaridad, manifestó que la actora debió promover el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de los actos administrativos que
le resolvieron negativamente su solicitud.
5.5. El Presidente de la República, a través de apoderada judicial, rindió informe
en el que indicó que una vez revisados los sistemas de información de dicha entidad
se evidenciaba que la única petición radicada por la accionante data del año 2022,
la cual había sido respondida mediante el oficio N° OFI22-00125245 / GFPU
12000002 de 18 de octubre de 2022.
5.6. Adicionalmente, propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa
por pasiva e incumplimiento del requisito general de subsidiariedad.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00629-00
Accionante: Yalemis Patricia Guerra Martínez
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, en virtud de lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre
de 19911, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20212
y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20183 y con el artículo 13
del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.
VI.2. Problemas jurídicos
7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer: si las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados por el accionante, con ocasión de la supuesta falta de respuesta al
derecho de petición elevado el 23 de enero de 2023.
8. Con el fin de resolver tal interrogante, resulta pertinente pronunciarse de manera
previa sobre: i) el contenido y alcance del derecho de petición; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
VI.3. El contenido y alcance del derecho fundamental de petición
9. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución Política, todas las
personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por
motivos de interés general o particular y a obtener de ellas pronta resolución.
10. Se trata de un derecho fundamental de toda persona cuya garantía se considera
satisfecha cuando, presentada la solicitud, el peticionario obtiene una
contestación que cumple con las características de ser oportuna, clara,
congruente, efectiva, eficazmente notificada; todas ellas suficientemente
reiteradas y explicadas por la jurisprudencia constitucional4.
1 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
2 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”
4
Sentencia de 2 de mayo de 2012 y sentencia T-377 de 20000 que fijan el alcance del derecho de petición y
las condiciones en que se debe darle contestación. Las principales características del derecho y otras subreglas
que lo informan se advierte en las sentencias T-578 de 1992, T-567 de 1992, T-382 de 1993, T-572 de 1994,
T-113 de 1995, T-275 de 1995, T-474 de 1995, T-472 de 1996, T-312 de 1999, T-415 de 1999; T-1889 de 2001;
T-1160 de 2001, T-306 de 2002, T-1100 de 2006, T-108 de 2006, T-147 de 2006, T-442 de 2006, T-431 de
2007, entre otras.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00629-00
Accionante: Yalemis Patricia Guerra Martínez
11. En síntesis, la respuesta debe versar sobre lo preguntado, sin evasivas ni
subterfugios y precisando lo que el peticionario desea; debe ser clara a fin de que
el solicitante entienda los argumentos de la autoridad independientemente de que
los comparta o no; debe mantener coherencia con lo solicitado; además de ser
proferida dentro de la oportunidad fijada por la ley para ello, y ser notificada de
manera eficaz para su debida materialización.
VI.4. Caso concreto
12. La ciudadana Yalemis Patricia Guerra Martínez solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales de «[…] derecho de petición, [al acceso a] la
administración de justicias, a una tutela judicial efectiva, a la dignidad humana, a la
salud, a la vida, a la educación, a una vivienda digna, al debido proceso
administrativo, (…) a la defensa, contradicción, a la doble instancia, [a la] igualdad,
[a la] legalidad, [a la] [a la] tipicidad, [a la] buena fe, [a la] confianza legítima, y [al]
acto propio, a un servicio esencial de energía, a la dignidad humana […]», cuya
vulneración le atribuyó a la presunta omisión del Presidente de la República, de
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y de la sociedad
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. de brindar una respuesta de fondo a las
solicitudes elevadas a través del derecho de petición de 23 de enero de 2023.
13. Teniendo en cuenta las facultades y deberes del juez de tutela relacionados con
interpretar el objeto y la causa petendi del escrito de amparo5, la Sala estima
necesario hacer las siguientes precisiones:
13.1. En cuanto al objeto de la presente acción constitucional, se tiene que la señora
Guerra Martínez afirma haber radicado un derecho de petición el pasado 23 de enero
de 2023 ante las accionadas, y aduce que no recibió respuesta por parte de la
Presidencia de la República y de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios. Además, sobre la sociedad Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.,
indicó que pese a emitir una respuesta, esta no satisfacía el núcleo esencial del
derecho de petición porque no respondía todas las solicitudes elevadas.
5 Sobre la aplicación del principio iura novit curia en materia de acciones de tutela, la Corte Constitucional en
el Auto de A070 de 13 de febrero de 2019 señaló: «[…] El principio iura novit curia, significa que “el juez conoce
el derecho”, es por ello que la Corte Constitucional en diferentes providencias señaló que: le corresponde
a los jueces de tutela “discernir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente,
calificando autónomamente la realidad del hecho y subsumiéndolo en las normas jurídicas que lo
rigen”.
Este mandato, de acuerdo con la Sentencia T-146 de 2010, es general y continuo; no requiere ser solicitado
por las personas; debe atender a las condiciones materiales de cada caso; y se cualifica tratándose de
sujetos de especial protección constitucional (como lo son las víctimas del conflicto armado).
Es decir, que los jueces deben asumir una actitud más oficiosa y activa, y no ceñirse al tenor literal de
las peticiones puestas a su consideración. Por el contrario, tiene el deber de interpretar las
pretensiones de las partes y, según corresponda, “aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en
una causa, aún cuando las partes no las invoquen expresamente” […]».
12
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00629-00
Accionante: Yalemis Patricia Guerra Martínez
13.2. En cuanto a las pretensiones de esta acción constitucional, se pone de relieve que
la parte actora elevó dieciocho pretensiones6, pero se infiere, dada la ambigüedad de
estas, que lo que se busca a través de esta acción constitucional es que se proteja el
derecho fundamental presuntamente vulnerando por las accionadas y, en
consecuencia, se les ordene emitir una respuesta de fondo a sus peticiones.
13.3. Adicionalmente, solicita la actora que se impartan las siguientes órdenes: (i) que
se le ordene al Presidente de la República intervenir la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios y asumir las funciones de esta entidad7; (ii) que se le ordene al
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y al gerente de la sociedad
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., manifestar bajo la gravedad de juramento cuál
es el fundamento constitucional y/o legal para que exija allegar el certificado de
libertad y tradición a las personas que efectúan reclamaciones de «[…] ruptura de
solidaridad […]»8; (iii) que se le ordene a la sociedad Caribemar de la Costa S.A.S.
E.S.P. emitir una respuesta de fondo que sea «[…] inteligible y de fácil comprensión ,
atendiendo los solicitado, en sus totalidad , que no sea aislada y resuelve todas y
cada una de las pretensiones,, concediendo los recursos de reposición y el de
apelación ante el superior jerárquico funcional que es la superintendencia de servicios
públicos domiciliarios […]9» [sic en toda la cita]; (iv) que se le ordene al gerente de la
sociedad Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., responder «[…] con que fundamento
la empresa suspenden el servicio de energía de forma unilateral, sin ante expedir un
acto administrativo […]10» [sic en toda la cita]; (v) que se le ordene al Superintendente de
Servicios Públicos Domiciliarios y al gerente de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P.
hacer extensivos los efectos de las sentencias de 27 de septiembre de 2021 y T –
636 de 2006 al caso de autos11; y (vi) que se le ordene al Presidente de la República
y al Superintendente de Servicios Públicos realizar un consejo comunal en el
municipio de Valledupar.
14. Precisado lo anterior, procede la Sala al análisis de la supuesta vulneración del
derecho fundamental de petición de la parte actora y posteriormente se estudiarán
las demás pretensiones.
6 Ver el acápite II de esta providencia, en el cual se encuentran transcritas las pretensiones elevadas en esta
acción constitucional.
7 Pretensión primera, sexta.
8 Pretensión segunda, tercera, quinta y séptima.
9 Pretensión cuarta.
10 Pretensión octava y decimoséptima.
11 Pretensión decimosegunda.
13
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00629-00
Accionante: Yalemis Patricia Guerra Martínez
VI.4.1. Análisis del caso concreto
15. En esta ocasión la parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
de petición, al acceso a la administración de justicia, a la salud, a la vida a la
educación, a la vivienda digna, a la dignidad humana, al debido proceso, a la
defensa, a la igualdad y a la confianza legítima, los cuales estimó vulnerados por
la omisión de las accionadas de responder en forma concreta a cada una de las
solicitudes que elevó a través del derecho de petición de 23 de enero de 2023.
VI.4.1.1. De la presunta vulneración del derecho fundamental de petición de
la accionante
16. En este punto, la Sala considera que frente a este aspecto de la discusión se
encuentran acreditados los requisitos de procedencia de la acción de tutela, en
tanto que: (i) la señora Yalemis Guerra Martínez está legitimada en la causa por
activa, y (ii) la acción de amparo fue promovida dentro de un término razonable.
17. En cuanto al requisito de subsidiariedad, se aprecia que la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios adujo que la actora tenía a su disposición el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, a través del cual podía solicitar
la nulidad de los actos administrativos que resolvieron, en forma negativa, la
solicitud de ruptura de solidaridad.
18. Sin embargo, la Sala estima que la finalidad de esta acción constitucional no es
hacer un control de legalidad a los actos administrativos referidos; sino que
persigue la protección del derecho fundamental de petición presuntamente
vulnerado por la omisión de las accionadas de emitir una respuesta de fondo a una
solicitud elevada el pasado 23 de enero de 2023 por la accionante.
19. Es por lo anterior que esta Sección considera que la actora no cuenta con otro
medio judicial expedito y eficaz que garantice la protección de su derecho
fundamental de petición.
20. Así las cosas, procede la Sala a analizar si las accionadas vulneraron el derecho
fundamental de petición de la actora.
A) Frente a la presunta vulneración del derecho fundamental de petición por
la sociedad Caribemar de la Costa S.A.S.
21. En relación con la sociedad Caribemar de la Costa S.A.S. se tiene que esta dio
respuesta a la solicitud de la actora a través del oficio N° 202370060541 de 2 de
febrero de 2023, el cual le fue notificado el mismo día a la señora Guerra Martínez
14
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00629-00
Accionante: Yalemis Patricia Guerra Martínez
al correo electrónico suministrado en su derecho de petición, como en efecto lo
reconoce la actora en el escrito de tutela. En la respuesta aludida, la accionada
sostuvo lo siguiente:
[…] Con relación a su escrito presentado en nuestro centro de atención,
radicado bajo RE3110202304553 el día 23 de enero de 2023, mediante el cual,
solicita rompimiento de solidaridad desde el 23 de enero de 2016 hasta el 03
de julio de 2021, al respecto le informamos que, realizada la investigación del
caso, se constató lo siguiente:
En primera instancia, se observa que usted presentó escrito el día 19 de julio
de 2021, bajo el radicado No. RE3110202131486, mediante el cual solicitó
rompimiento de solidaridad desde el 23 de enero de 2016 (fecha de inicio en
contrato de arrendamiento) hasta el 3 de julio de 2021, (fecha de reclamación).
Como respuesta a dicha petición nuestra empresa emitió la decisión con
consecutivo No. 202170198343 del 21 de julio de 2021 en la cual se le informó
y explicó que, no se accede declarar el rompimiento de solidaridad, toda vez
que como propietario ha dejado de hacer efectivo el contrato de arriendo y
consintió la deuda dejada por el inquilino, por lo que, se concedieron los
respectivos recursos de ley.
En consecuencia, el día 23 de julio de 2021 fueron presentados los respectivos
recursos de ley, por lo que, mediante el consecutivo no. 202170204999 del 27
de julio de 2021, se decidió confirmar la decisión inicial, toda vez que, se ratificó
que al realizar un nuevo análisis del caso que la deuda generada ha sido
consentida por el propietario, debido a que es éste quien se encuentra en la
obligación de velar por las obligaciones contraídas por su inmueble.
Así las cosas, se observa en sistema que, en aras de garantizar el debido
proceso se remitió el expediente de su caso a la Superintentendecia de
Servicios Públicos Domiciliarios, por lo que, el ente de control decidió mediante
la resolución No. 20228600162445 del 07 de marzo de 2022, confirmar la
decisión no. 202170198343, en tal sentido, Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
se limitó a cumplir con lo ordenado.
Ahora bien, en la presente reclamación solicita rompimiento de solidaridad
desde el 23 de enero de 2016 hasta el 03 de julio de 2021, no es posible, toda
vez que, parte del presente periodo reclamado ya fue objeto de estudio en el
radicado RE3110202131486.
Lo anterior debido a que no es posible que exista dos contratos de
arrendamientos simultáneos en el mismo predio, lo cual, desvirtúa que, el
contrato de arrendamiento aportado en la presente reclamación haya iniciado
en el año 2016.
Teniendo en cuenta lo antes expuesto, le confirmamos que no es procedente
referirnos de nuevo a estos puntos, como quiera que la compañía ya se
pronunció al respecto, concediendo en su momento los respectivos recursos
de ley; asimismo no es posible que exista dos contratos de arrendamientos
simultáneos en el mismo predio.
15
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00629-00
Accionante: Yalemis Patricia Guerra Martínez
En cuanto a sus pretensiones:
PRIMERO: No se accede a su solicitud de rompimiento de solidaridad, toda vez
que, no es procedente referirnos de nuevo a estos puntos, como quiera que la
compañía ya se pronunció al respecto, concediendo en su momento los
respectivos recursos de ley; asimismo no es posible que exista dos contratos
de arrendamientos simultáneos en el mismo predio.
SEGUNDO: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P no solicita requisitos
adicionales a los establecidos en la ley, para dar trámite a las solicitudes de los
usuarios.
Es preciso aclarar que, los únicos requisitos para dar trámite a solicitudes de
rompimiento de solidaridad son:
Certificado de Libertad y Tradición vigente (No mayor a 90 días). Si la dirección
del certificado de tradición y libertad es distinta a la de la factura, debe anexar
el Certificado de Nomenclatura expedido por el Instituto de Agustín Codazzi,
que reporte el número de matrícula del predio y la dirección.
Contrato de arrendamiento.
TERCERO: Se reitera que, Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P no solicita
requisitos adicionales a los establecidos por la ley, esto teniendo en cuenta que,
la empresa es conocedora y respetuosa de los derechos de nuestros usuarios,
por ende todas las actuaciones adelantadas por la empresa se llevan a cabo
con plena observancia de los parámetros legales, respetando la legislación
vigente y aplicable a cada caso en concreto, por lo anterior le informamos que
Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P ha respetado y continuara respetando los
derechos que como usuario le asisten.
CUARTO: No es posible conceder los recursos de ley, toda vez que, estos ya
fueron concedidos en su momento mediante el radicado RE3110202131486,
quedando debidamente agotada la vía administrativa con la resolución No.
20228600162445 del 07 de marzo de 2022 de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, la cual, resolvió confirmar la decisión de la empresa.
TERCERO: En cuanto a la no suspensión del servicio, le informamos que
mientras las facturas se encuentren en estado reclamado, el sistema no emitirá
suspensiones, por lo cual se dará el trámite requerido para que se efectúe un
debido proceso, ahora, si el cliente llegare a tener facturas no objeto de
reclamación pendientes de pago la empresa podrá suspender el servicio como
lo dispone el Artículo 140 de la ley 142 de 1994 y la Cláusula 64ª del Contrato
de Condiciones Uniformes.
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P S.A. ESP no ha sido renuente a
cumplir con alguna decisión legal u otra por ella emitida que repercuta en las
relaciones contractuales sostenidas con la reclamante, toda vez que nuestra
Compañía ha dado respuesta a su reclamo por rompimiento de solidaridad, tal
como se informó anteriormente.
CUARTO: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P contesta de fondo, de forma clara
y precisa a todas las peticiones realizadas por sus usuarios.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00629-00
Accionante: Yalemis Patricia Guerra Martínez
QUINTO: Se reitera que, Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P no solicita
requisitos adicionales a los establecidos en la ley, para dar trámite a las
solicitudes de los usuarios.
SEPTIMO: Se aclara que, los únicos requisitos para dar trámite a solicitudes
de rompimiento de solidaridad son:
Certificado de Libertad y Tradición vigente (No mayor a 90 días). Si la dirección
del certificado de tradición y libertad es distinta a la de la factura, debe anexar
el Certificado de Nomenclatura expedido por el Instituto de Agustín Codazzi,
que reporte el número de matrícula del predio y la dirección.
Contrato de arrendamiento.
SEPTIMO: Se responde forma clara, precisa y congruente la petición del
usuario, esto conforme a los parámetros legales.
OCTAVO: Con relación al pago de la factura solidaria le informamos que la
misma corresponde a la primera factura dejada de pagar por el inquilino, la cual,
debió ser cancelada con la presentación de los recursos de la reclamación con
radicado RE3110202131486.
NOVENO: Nos permitimos informarle en lo que respecta a su petición que
Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P es una empresa conocedora y respetuosa
de los derechos de nuestros usuarios, por ende todas las actuaciones
adelantadas por la empresa se llevan a cabo con plena observancia de los
parámetros legales, respetando la legislación vigente y aplicable a cada caso
en concreto, por lo anterior le informamos que Caribemar de la Costa S.A.S
E.S.P ha respetado y continuara respetando los derechos que como usuario le
asisten.
DECIMO: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P se pronuncia de todas y cada
una de las peticiones expuestos en su escrito.
DECIMO PRIMERO: La compañía se pronuncia de todas y cada una de las
peticiones expuestos en su escrito.
DECIMO SEGUNDO: La compañía no solicita documentos adicionales a los
establecidos por la ley para dar trámite por rompimiento de solidaridad.
Es preciso aclarar que, los únicos requisitos para dar trámite a solicitudes de
rompimiento de solidaridad son:
Certificado de Libertad y Tradición vigente (No mayor a 90 días). Si la dirección
del certificado de tradición y libertad es distinta a la de la factura, debe anexar
el Certificado de Nomenclatura expedido por el Instituto de Agustín Codazzi,
que reporte el número de matrícula del predio y la dirección.
Contrato de arrendamiento.
Por lo anterior, le informamos que no se accede a su petición […].
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00629-00
Accionante: Yalemis Patricia Guerra Martínez
22. La cita en extenso de la respuesta a la petición de 23 de enero de 2023
presentada por la señora Guerra Martínez permite evidenciar que, contrario a lo
sostenido por la accionante, la sociedad accionada sí dio una respuesta de fondo y
clara sus peticiones. Además, se destaca que todas las solicitudes elevadas en el
derecho de petición fueron debidamente respondidas por la sociedad Caribemar
de la Costa S.A.S. E.S.P., el pasado 2 de febrero de 2023 a través del oficio N°
202370060541.
23. Igualmente, resalta la Sala que esta respuesta al derecho de petición le fue
comunicada a la accionante al correo electrónico melkiskammerer@hotmail.com el
pasado 2 de febrero de 2023.
24. Significa lo anterior que no se aprecia vulnerado el núcleo esencial del derecho
fundamental de petición por parte de la sociedad Caribemar de la Costa S.A.S.
E.S.P.
B) Frente a la presunta vulneración del derecho fundamental de petición por
el Presidente de la República
25. En relación con el Presidente de la República la Sala advierte que la actora
solo acreditó haber radicado su petición de 23 de enero de 2023 a los siguientes
correos electrónicos: notificacionesjudiciales@superservicios.gov.co,
sspd@superservicios.gov.co, dtnorte@superservicios.gov.co y
serviciosjuridicos@afinia.com.co; tal como se desprende del siguiente anexo allegado
con el escrito de tutela:
26. Así las cosas, se observa que no existe constancia de radicación del derecho de
petición mencionado al Presidente de la República; lo cual se acompasa con lo
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00629-00
Accionante: Yalemis Patricia Guerra Martínez
manifestado por la autoridad accionada en el informe de 21 de febrero de 2023,
documento en el que indicó en los sistemas de información de la entidad no se
evidencia que la actora hubiese radicado dicha petición.
27. Portal motivo, la Sala concluye que el Presidente de la República no ha
vulnerado el derecho fundamental de petición de la accionante.
C) Frente a la presunta vulneración del derecho fundamental de petición por
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
28. En cuanto atañe a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
se tiene que a esta entidad le fue radicado el derecho de petición el pasado 23 de
enero de 2023, por lo que tuvo hasta el 13 de febrero de 2023 para responder la
solicitud elevada por la accionante.
29. Igualmente, se observa que, con ocasión del trámite de esta acción
constitucional, el órgano de inspección vigilancia y control expidió el oficio N°
20238600734651 de 17 de febrero de 2023, a través del cual se da respuesta al
derecho de petición radicado por la señora Guerra Martínez el 23 de enero de 2023.
En el contenido del aludido oficio se señala lo siguiente:
[…] La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) en
ejercicio de las funciones de control y vigilancia frente a las empresas
prestadoras de servicios públicos domiciliarios previstas en el artículo 79 de la
Ley 142 de 1994, modificadas por el artículo 13 de la Ley 689 de 2001 y artículo
24 numeral 3 del Decreto 1369 de 2020, le corresponde resolver los recursos
de apelación que interpongan los usuarios conforme a lo establecido en el
artículo 159 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 20 de la Ley 689
de 2001.
El artículo 154 ibídem establece mecanismos que hacen posible la defensa de
los derechos de los usuarios y suscriptores, entre ellos los de presentar
reclamaciones ante las empresas prestadoras de servicios públicos, mediante
derecho de petición. No obstante, la defensa permitida encuentra una limitante,
en cuanto se establece que “En ningún caso, proceden reclamaciones contra
facturas que tuviesen más de cinco (5) meses de haber sido expedidas por las
empresas de servicios públicos (Subrayado fuera de texto)”
Es importante que tenga en cuenta que la Ley 142 de 1994, establece el
procedimiento que deben seguir los usuarios de los servicios públicos
domiciliarios para hacer sus peticiones, quejas, reclamos y recursos; además
esta ley establece que esta Superservicios es un órgano de segunda instancia,
que vigila las actuaciones que estas empresas realizan en el marco de la
ejecución del contrato usuario–empresa existente; es decir, que la
Superservicios sólo tiene conocimiento de estas reclamaciones después que
las prestadoras agoten lo de su competencia, brindando una solución y/o
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00629-00
Accionante: Yalemis Patricia Guerra Martínez
respuesta formal a la reclamación inicial del usuario, y luego de que el mismo
haya interpuesto los recursos de ley procedentes cuando no esté de acuerdo
con la respuesta, es decir que debe espera que la empresa resuelva en primera
instancia su reclamación.
Es decir, señor usuario, que el competente para resolver en primera
instancia su inconformidad es la empresa CARIBEMAR DE LAS COSTA
S.A E. S. P (AFINIA GRUPO EPM), la cual contara con un término de (15)
días hábiles contados a partir de la fecha de la presentación para
responder. Para efectos de la notificación de dicha respuesta la entidad
prestadora tendrá un término de 5 días hábiles contados a partir de la
expedición del acto, dentro del cual le enviará una citación con el fin de
que se acerque a sus instalaciones para que se notifique personalmente
de la respuesta. Si el usuario no acude a la empresa dentro de los (5) días
hábiles contados a partir del envío de la citación, esta notificará la
respuesta por medio de AVISO, notificación que se considerará surtida al
finalizar el día siguiente al de su entrega, en el lugar de destino. (Arts.158
y 159 Ley 142 de 1994).
El término para dar respuesta puede ser ampliado por el prestador, cuando
excepcionalmente se presente alguna circunstancia que de motivo a ello. En
este caso le deberán enviar una comunicación -de inmediato- por parte del
prestador, en el que le informen los motivos de la demora y el plazo razonable
en que se le resolverá o dará respuesta definitiva.
En caso de recibir una respuesta no favorable por parte de la empresa, se debe
interponer en un mismo escrito el Recurso de Reposición y Subsidiariamente
el de Apelación ante el gerente o representante legal de la prestadora, dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión
empresarial; teniendo en cuenta que si el usuario deje vencer los términos
legales para interponer tales recursos, se entiende agotada la Actuación
Administrativa, quedando en firme la decisión tomada por la empresa, pudiendo
entrar ésta a cargar en la factura los valores reclamados.
Una vez es resuelto el recurso de reposición, es la misma empresa y no el
usuario, quien envía el expediente para que la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios falle el recurso subsidiario de apelación, en segunda y
última instancia.
Si la empresa emite decisión indicando que Rechaza el recurso de apelación,
deberá interponer Recurso de Queja, ante ésta Superservicios, dentro de los
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión
empresarial, acompañando copia del acto empresarial del rechazo, y
sustentando concretamente los motivos de inconformidad del citado rechazo,
de acuerdo a los argumentos dados por la empresa.
Adicional a los tramites anteriores se puede presentar que transcurridos (15)
días hábiles desde la presentación de la petición, queja o recurso por parte del
usuario en la empresa ésta no ha emitido respuesta o no ha notificado
debidamente la decisión dentro de los (5) días hábiles siguientes a la fecha de
la respuesta, se configura el Silencio Administrativo Positivo, el cual deberá ser
reconocido por la empresa dentro de las 72 horas siguientes al vencimiento del
20
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00629-00
Accionante: Yalemis Patricia Guerra Martínez
término de los quince (15) días hábiles. Si no lo hiciere, el peticionario podrá
solicitar de la Superintendencia de Servicios Públicos la imposición de las
sanciones a que haya lugar conforme a la ley y el reconocimiento de los efectos
positivos de su petición. (Artículo 123, Decreto Ley 2150/1995,).
Ahora bien, para el caso en concreto, encontramos que no se observa que
usted haya relacionado un número de consecutivo con el que inició su
solicitud de “rompimiento de solidaridad ante la empresa” ni un número
de radicado que corresponda al trámite del recurso de apelación, sobre el
cual esta Dirección Territorial tendría competencia como órgano
funcional de segunda instancia.
Por ello, es importante resaltar que, si su inconformidad está relacionada
con las deudas que pudo haber dejado el arrendatario en su inmueble,
usted puede iniciar el proceso de reclamación por rompimiento de
solidaridad en sede del prestador del servicio, aportando todos los
documentos necesarios para demostrar la propiedad y/o posesión del
inmueble, el vínculo solidario y los demás requisitos para hacer exigibles
sus derechos.
En cuanto a su pretensión sobre “DARLE tramite nuevamente al núcleo
esencial del derecho de petición, debido que no hubo hecho superado
con la petición anterior, debido que la empresa solo analizo lo requisito
exigido de forma inconstitucional por la misma empresa ,para que
procediera, resolver de fondo , clara, precisa y de manera congruente con
lo solicitado clara, es decir inteligible y de fácil comprensión , atendiendo
los solicitado, en sus totalidad , que no sea aislada y resuelve todas y
cada una de las pretensiones”, dicho esto, se observa que usted no aporta
copia la decisión empresarial que la empresa otorgó como respuesta a su
derecho de petición lo que impide determinar si somos o no competente
para tramitar en segunda instancia el recurso concedido por la prestadora
el cual puede ser el de apelación o el de queja dependiendo de lo resuelto
por el prestador en cada actuación administrativa a recurrir, los cuales
deben ser presentado de manera independiente toda vez que cada uno de
ellos resuelve tramites diferentes, por ejemplo el recurso de reposición
en subsidio al de apelación deben ser presentados en un mismo escrito
ante el prestador el cual es el órgano funcional de primera instancia tal y
como lo establece la ley 142 del 94 y situación diferente se presenta
cuando la empresa rechaza el recurso de apelación y concede el recurso
queja, el cual debe ser presentado ante esta Superservicios dentro de los
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión
empresarial, acompañando copia del acto empresarial del rechazo.
Finalmente, si requiere información adicional, puede llamar a la Línea gratuita:
018000910305, horario - lunes a viernes. 7:00 a.m. a 4:00 p.m., de igual manera
nos puede escribir al correo electrónico que aparece en el pie de página de la
respuesta […].
30. A juicio de la Sala la respuesta citada con antelación no satisface el núcleo
esencial del derecho de petición. Esto es así porque no se encuentra acreditado en
21
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00629-00
Accionante: Yalemis Patricia Guerra Martínez
el sub examine que la entidad accionada le hubiese comunicado a la parte
accionante el oficio N° 20238600734651 de 17 de febrero de 2023.
31. En ese orden de ideas, y comoquiera que no existe evidencia de que la entidad
accionada le haya comunicado la respuesta al derecho de petición elevado por la
parte actora, la Sala estima que no es posible acceder a la solicitud de declaratoria
de hecho superado en el caso de autos, debido a que aún persiste la vulneración
de uno de los componentes del núcleo esencial del derecho de petición consistente
en la obligación de la accionada de «[…] notificar la decisión […]» adoptada al
ciudadano.
32. Porlo anterior, la Sala amparará el derecho fundamental de petición de la
accionante y, en consecuencia, le ordenará a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios que, en el término de 48 horas siguientes a la notificación de
este esta providencia, le comunique a la accionante el contenido del oficio N°
20238600734651 de 17 de febrero de 2023.
VI.4.1.2. De las otras pretensiones elevadas en el presente escrito de amparo
33. Como se señaló con anterioridad, la señora Yalemis Guerra Martínez solicitó,
además de la protección de su derecho de petición, que esta Sección emitiera las
siguientes órdenes: (i) que se ordene al Presidente de la República intervenir la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y asumir las funciones de esta
entidad; (ii) que se ordene al Presidente de la República y al Superintendente de
Servicios Públicos realizar un consejo comunal en el municipio de Valledupar; (iii) que
se ordene al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y al gerente de
la sociedad Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., manifestar bajo la gravedad de
juramento cuál es el fundamento constitucional y/o legal para que exija allegar el
certificado de libertad y tradición de las personas que efectúan reclamaciones de «[…]
ruptura de solidaridad […]»12, y (iv) que se ordene al Superintendente de Servicios
Públicos y al gerente general de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. hacer
extensivos los efectos de las sentencias de 27 de septiembre de 2021 y T – 636 de
2006 al caso de autos13.
34. Las peticiones referidas son incongruentes con los supuestos fácticos de la
presente acción de amparo que en esta ocasión estuvieron asociados a verificar si
las accionadas habían vulnerado el derecho de petición de la actora. Es por esta
razón que la Sala las negará ya que las mismas son incongruentes con el objeto
de la litis.
12 Pretensión segunda, tercera, quinta y séptima.
13 Pretensión decimosegunda.
22
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00629-00
Accionante: Yalemis Patricia Guerra Martínez
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de la señora Yalemis
Guerra Martínez, vulnerado por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios. En consecuencia, ORDENAR a la citada entidad que, dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, le
notifique a la actora el oficio 20238600734651 de 17 de febrero de 2023.
SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la presente acción de amparo, de
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley No. 2591 del 19 de noviembre de
1991.
CUARTO: De no ser impugnada la presente sentencia, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con el Decreto
Ley No. 2591 del 19 de noviembre de 1991.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley. P (15)
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