Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00645-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00645-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00645-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
13 de abril de 2023
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00645-00
Demandante: Martha Lucía Muñoz Gómez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00645-00
Demandante: MARTHA LUCÍA MUÑOZ GÓMEZ
Demandados: COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, COMISIÓN
SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL HUILA Y UNIDAD
DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES
DE LA JUSTICIA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso disciplinario contra
funcionario judicial. Defecto procedimental absoluto y por
exceso ritual manifiesto. Presupuesto de relevancia
constitucional
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Martha Lucía Muñoz Gómez, en nombre propio, contra la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial del Huila y la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia, en la que pide el amparo constitucional del derecho fundamental al
debido proceso el cual consideró vulnerado con las sentencias de 25 de enero de
2023 y 29 de julio de 2022, proferidas, en ese orden, por las autoridades judiciales
accionadas, en el trámite del proceso disciplinario adelantado en su contra
radicado con el No. 410011102000201600513-01.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La parte actora afirmó que, en providencia de 25 de julio de 2016 proferida por la
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Huila, se compulsaron
copias para que se adelantara en su contra en calidad de Jueza Primera Penal del
Circuito de Pitalito, y del Fiscal Veintiséis Seccional de Pitalito investigación
disciplinaria de las posibles faltas en las que hubieran podido incurrir por “presuntas
graves omisiones en la firma, suscripción y aprobación del acta de preacuerdo degradado
por la ruptura de unidad procesal dentro del proceso penal radicado No
41551600059720150076700 contra los señores (…) por el delito de fabricación tráfico,
porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones, hurto calificado y
agravado”.
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Demandante: Martha Lucía Muñoz Gómez
Señaló que por auto de 4 de octubre de 2016 se abrió indagación preliminar y,
posteriormente, a través de la providencia de 31 de enero de 2018 se dispuso la
apertura de la investigación disciplinaria en su contra y del señor Julio Vicente
Ortiz Martínez, en calidad de Fiscal Veintiséis Seccional de Pitalito.
Refirió que por auto de 31 de julio de 2020 se formuló pliego de cargos contra
ambos investigados y que el 9 de abril de 2021 presentó los respectivos
descargos. Señaló que respecto de la actora, se imputó cargos por “haber aplicado
en la sentencia anticipada proferida el 9 de marzo de 2016 la rebaja de pena del artículo
269 del Código Penal en favor de los señores (…) dentro del proceso penal radicado No.
41551600059720150076700, por los delitos de ‘FABRICAClÓN, TRÁFICO, PORTE O
TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS PARTES O MUNICIONES
AGRAVADO en concurso con HURTO CALIFICADO’, cuando dicha norma única y
exclusivamente expresa dicha disminución respecto de las conductas punibles que
conforman el título VII del Libro Segundo del Código Penal (Delitos contra el patrimonio
económico), que en su orden son: Capítulo I, del hurto; Capítulo II, de la extorsión;
Capítulo III, de la estafa; Capítulo IV, fraude mediante cheque; Capítulo V, del abuso de
confianza; Capítulo VI, de las defraudaciones; Capítulo VII de la usurpación; Capítulo VIII
del daño; y solo sobre estas es dable concederlo si hubo reparación integral; sin que el
primer ilícito imputado a los procesados hiciese parte de ese catalogo”.
Indicó que el 20 de mayo de 2022 presentó los alegatos de conclusión y que en
esa oportunidad, teniendo en cuenta que las modificaciones introducidas a la Ley
1952 de 2019 por medio de la Ley 2094 de 2021 entró a regir el 29 de marzo de
2022, pidió que en virtud del principio de favorabilidad se diera aplicación a lo
establecido en los artículos 8 y 12 en el sentido de que se garantizara que el
funcionario de la etapa de instrucción y juzgamiento fueran diferentes para
garantizar la imparcialidad en el proceso disciplinario.
Sobre ese particular, explicó que “[l]a solicitud se efectuó toda vez que el proceso se
encontraba en etapa de Juzgamiento, dado que la MAGISTRADA FLOR ALBA POVEDA
fue la misma INSTRUCTORA, había proferido el pliego de cargos y era la JUZGADORA,
por lo cual no había garantías de IMPARCIALIDAD en el momento de DICTAR
SENTENCIA, con lo cual se vulneraría el Debido Proceso Disciplinario y el principio de
FAVORABILIDAD”.
Relató que por sentencia de 29 de julio de 2022 la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial del Huila impuso sanción disciplinaria consistente en un mes de
suspensión del ejercicio del cargo. Agregó que esa sentencia la firmaron la
Magistrada Floralba Poveda Villalba y el conjuez Noe Santiago Parada Pardo,
quienes también suscribieron el pliego de cargos.
Por último, manifestó que contra esa decisión presentó recurso de apelación el
cual fue resuelto por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a través de
sentencia de 25 de enero de 2023, notificada por correo electrónico el 25 de enero
de 2023, en la que se confirmó la decisión recurrida.
2. Fundamentos de la acción
La accionante presentó acción de tutela en defensa del derecho fundamental al
debido proceso, supuestamente vulnerado con las sentencias de 25 de enero de
2023 y 29 de julio de 2022, dictadas, en su orden, por la Comisión Nacional de
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Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila en el
trámite del proceso disciplinario adelantado en su contra en calidad de Jueza
Primera Penal del Circuito de Pitalito. Concretamente, alegó la configuración del
defecto procedimental absoluto y por exceso ritual manifiesto.
Manifestó que teniendo en cuenta que la Ley 1952 de 2019 con las modificaciones
de la Ley 2094 de 2021 entró a regir el 29 de marzo de 2022, esto es, antes de
que se profiriera sentencia de primera instancia, la misma debió dictarse por un
funcionario distinto al que adelantó la etapa de instrucción con el fin de garantizar
el principio de imparcialidad.
Aseveró que, en ese sentido, elevó una solicitud en el escrito contentivo de los
alegatos de conclusión, sin embargo, no hubo un pronunciamiento al respecto, a lo
que agregó que, por esas mismas razones, en el recurso de apelación pidió que
se declarara la nulidad de lo actuado al haberse desconocido el debido proceso y
los principios de favorabilidad e imparcialidad, no obstante, en la sentencia de
segunda instancia no se resolvió dicha petición.
Precisó que la Ley 1952 de 2019 consagró un régimen de transición sobre la
vigencia de la Ley 734 de 2002 y, en ese sentido, en el artículo 263 modificado por
el artículo 71 de la Ley 2094 de 2021 establece que “A la entrada en vigencia de esta
ley, los procesos en los cuales se haya surtido la notificación del pliego de cargos o
instalado la audiencia del proceso verbal, continuarán su trámite hasta finalizar bajo el
procedimiento de la Ley 734 de 2002. En los demás eventos se aplicará el procedimiento
previsto en esta ley”, lo que no ocurre en su caso, en tanto ya se había formulado
pliego de cargos, por lo tanto, precisó que la aplicación de la Ley 1952 de 2019 la
pide en virtud del principio de favorabilidad que en materia disciplinaria su
aplicación es obligatoria.
En esa línea, citó la sentencia T-530 de 2009 en donde la Corte Constitucional
señaló que “dada su conexión íntima con los cánones adscritos al debido proceso, la
jurisprudencia constitucional ha destacado que, en materia disciplinaria, el principio de
favorabilidad es de obligatoria aplicación, tanto para normas procesales, como de carácter
sustantivo”.
En ese marco, aseveró que las autoridades judiciales accionadas “al haber
efectuado una lectura restrictiva de la norma transitoria”, desconocieron sus garantías
fundamentales dentro del proceso disciplinario incurriendo en defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto.
Por último, adujo que se cumplen los presupuestos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales porque el caso cumple la
relevancia constitucional pues se invoca la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, así como del principio de
favorabilidad. La decisión cuestionada se profirió en segunda instancia por lo que
no proceden recursos ordinarios y al tratarse de una decisión adoptada por el
órgano de cierre de la jurisdicción disciplinaria no puede ser objeto de demanda
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Se identificaron las causas de
la vulneración de los derechos fundamentales invocados y no se trata de una
tutela contra tutela. En este punto, afirmó que la tutela procede como mecanismo
transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
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3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“PRIMERO: Se declare que existió violación del Debido Proceso por vulneración del
Debido Proceso Legal consagrado en el Código General Disciplinario, del principio de
Favorabilidad, de las garantías judiciales principalmente la de Imparcialidad y por
vulneración del derecho a la Igualdad.
SEGUNDO: Que se decrete la violación del Debido Proceso por vulneración del
principio de Favorabilidad, Debido Proceso, Imparcialidad, derecho a la Igualdad, y
demás garantías judiciales.
TERCERO: Se decrete la NULIDAD de las sentencias proferidas, el 25 de enero de
2023 aprobada en acta No 04 por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de la
Sentencia del 29 de julio de 2022 emitida por la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial del Huila, por las cuales se me sancionó con un mes de suspensión en el
ejercicio del cargo de Juez Primera Penal del Circuito de Pitalito – Huila, y en su lugar,
se ordene a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila, remitir el proceso
para ser fallado y conocido por otro servidor judicial de Juzgamiento, de acuerdo con
los dispuesto para el efecto en la ley y en los acuerdos del Consejo Superior de la
Judicatura”.
4. Pruebas relevantes
Obran en el expediente los siguientes documentos:
• Copia de la sentencia de 29 de julio de 2022, proferida por la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Huila.
• Copia del fallo de 25 de enero de 2023, dictada por la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial.
5. Trámite procesal
Por auto de 14 de febrero de 2023, el despacho de la magistrada sustanciadora
admitió la demanda y ordenó notificar al demandante y a las autoridades judiciales
accionadas, así como al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva y al señor
Julio Vicente Ortiz Martínez, como terceros interesados en el resultado del
proceso.
De igual modo, negó la medida provisional solicitada por cuanto de lo manifestado
en el escrito de tutela y el material probatorio allegado con la demanda, no se
encontró acreditada la necesidad, gravedad y urgencia de la adopción de la
medida provisional porque no se observó de manera preliminar un riesgo
inminente de afectación a los derechos fundamentales invocados por la parte
demandante que amerite la intervención necesaria y urgente del juez de tutela
para evitar la consumación de un perjuicio irremediable.
De igual modo, dispuso oficiar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila, en el evento que el expediente
hubiese sido devuelto, para que se allegara copia digitalizada del proceso No.
41001-11-02-000- 2016-00513-01, disciplinados: Martha Lucía Muñoz Gómez y
Julio Vicente Ortiz Martínez.
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La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 13340 a 13345 de 16
de febrero de 2023 y 14985 de 21 de febrero de 2023 a las direcciones
electrónicas suministradas para este efecto1, con el fin de darle cumplimiento a la
referida decisión.
6. Oposición
6.1. Respuesta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
La Magistrada ponente de la sentencia objeto de tutela rindió informe en el trámite
constitucional, en el sentido de manifestar que no se cumple el presupuesto de la
relevancia constitucional porque la actora emplea el mecanismo de protección
constitucional como una instancia adicional para revivir el debate superado en el
proceso disciplinario sobre la aplicación de lo establecido en el artículo 12 de la
Ley 1952 de 2019, en virtud del principio de favorabilidad.
Del mismo modo, señaló que la actora no cumplió con la carga argumentativa
mínima para demostrar la vulneración de los derechos fundamentales invocados
por la accionante. Al respecto, afirmó que los argumentos expuestos para
demostrar la configuración del defecto procedimental se enmarcan en el
desacuerdo con la decisión sobre la petición formulada en el proceso en relación
con la separación de roles de investigación y juzgamiento que fue negada “como
quiera que la ley 2094 de 2021, al establecer el régimen de transitoriedad previsto en el
artículo 263 de la ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 71 de la ley 2094, en los
procesos en los que se hubiera surtido la notificación de pliego de cargos, continuarán su
trámite bajo el procedimiento de la ley 734 de 2002. Que en el presente asunto el pliego
de cargos emitido el 31 de julio de 2020, siendo notificado con anterioridad a la entrada en
vigencia, razón por la cual se despachó de manera desfavorable la solicitud de nulidad
planteada”.
De acuerdo con ello, aseveró que la decisión cuestionada se encuentra ajustada a
la normatividad aplicable al caso concreto teniendo en cuenta el momento en el
que ocurrieron los hechos, esto es, la Ley 734 de 2002.
6.2. Respuesta de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila
La Magistrada ponente de la decisión cuestionada rindió informe sobre los hechos
y pretensiones de la demanda.
Señaló que en la sentencia de 29 de julio de 2022 se efectuó un pronunciamiento
sobre la separación de roles en las etapas de instrucción y de juzgamiento, y que
se mantiene en ese argumento para contestar los reproches expuestos en la
acción de tutela. Al respecto, citó lo expresado en ese ese sentido:
1
malumugomez@hotmail.com, correspondencia@comisiondedisciplina.ramajudicial.gov.co,
presidencia@comisiondedisciplina.ramajudicial.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co,
discneiva@comisiondedisciplina.ramajudicial.gov.co,
presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co; regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co,
secspnei@cendoj.ramajudicial.gov.co, juvior2001@yahoo.es, juliov.ortiz@fiscalia.gov.co.
5
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“Conforme a lo anterior se debe indicar que no es posible dar aplicación a la separación
de roles, como quiera que la Ley 2094 de 2021 estableció un régimen de transitoriedad
y es el previsto en el artículo 2631 de la Ley 1952 de 2019 modificado por el artículo 71
de la Ley 2094, donde se contempló que a la entrada en vigencia de dicha norma, los
procesos en los cuales se hubiere surtido la notificación del pliego de cargos,
continuarán su trámite hasta finalizar, bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002”.
Del mismo modo, adujo que ese aspecto también fue objeto de pronunciamiento
en segunda instancia en la sentencia de 25 de enero de 2023 que estableció que
la Ley 734 de 2002 resultaba aplicable al caso bajo análisis.
En ese marco, consideró que la acción de tutela resulta improcedente porque no
se demostró el defecto alegado, en tanto el proceso disciplinario fue tramitado
conforme lo establecido en el ordenamiento jurídico y garantizando el debido
proceso, a lo que agregó que la sanción disciplinaria se profirió con base en las
pruebas que obraban en el expediente.
6.3. Respuesta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva
El Presidente de esa Corporación solicitó la desvinculación del trámite
constitucional, teniendo en cuenta que su actuación se ha limitado a ejecutar la
sanción disciplinaria impuesta por las autoridades judiciales accionadas contra la
actora, consistente en un mes de suspensión del cargo. Agregó que en la decisión
proferida en el proceso disciplinario, que es lo que se cuestiona en la acción de
tutela, no tuvo injerencia esa autoridad judicial.
Con todo, manifestó que la acción de tutela resulta improcedente porque la actora
pretende revivir el debate ya superado en el trámite del proceso disciplinario, lo
que desconoce el carácter excepcional y subsidiario.
6.4. Respuesta de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares
de la Justicia
El director de la unidad solicitó que se desvincule del trámite constitucional, en
tanto no tiene injerencia en la decisión objeto de tutela, pues su actuación se limita
al registro de la sanción disciplinaria impuesta por las autoridades judiciales
accionadas.
Al respecto, indicó que conforme con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 1123
de 2007, le corresponde a la Unidad del Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura incluir en el registro
la sanción disciplinaria impuesta a los profesionales del derecho, una vez recibe la
respectiva sentencia y constancia de ejecutoria.
Asimismo, manifestó que respecto de la abogada Martha Lucía Muñoz Gómez la
Comisión Nacional de Disciplinada Judicial no ha remitido sentencia con
constancia de ejecutoria para registrar la sanción impuesta en el proceso
disciplinario radicación No 2016-00513-01.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila vulneraron el derecho
fundamental al debido proceso y los principios de favorabilidad e imparcialidad a la
actora con las sentencias de 25 de enero de 2023 y 29 de julio de 2022,
respectivamente, proferidas en el trámite del proceso disciplinario adelantado en
su contra al incurrir en defecto procedimental absoluto y por exceso ritual
manifiesto.
Previo a decidir el asunto de fondo la Sala debe verificar el cumplimiento del
presupuesto de la relevancia constitucional teniendo en cuenta que la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial alegó el incumplimiento de ese requisito.
3. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii)
evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones2.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas
a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20053, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin
que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría
frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la
improcedencia de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional4.
2
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
3
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
4
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
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Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como
criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como
requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de
la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala5, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con
serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan
previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como
si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe
insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron
decididos por los jueces competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que,
en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. La actora consideró vulnerados el derecho fundamental al debido proceso y
los principios de favorabilidad e imparcialidad con las sentencias de 25 de enero
de 2023 y 29 de julio de 2022, proferidas en ese orden por la Comisión Nacional
5
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila, en el
trámite del proceso disciplinario adelantado en su contra.
Concretamente, alegó la configuración del defecto procedimental absoluto y por
exceso ritual manifiesto porque no se aplicó, en virtud del principio de
favorabilidad, el artículo 12 de la Ley 1952 de 2019, que prescribe que el
funcionario instructor no puede ser el mismo que adelante la etapa de
juzgamiento.
4.2. Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que los reproches formulados
por la parte actora en el escrito de tutela, independientemente que se quieran
encuadrar en la supuesta vulneración del derecho fundamental al debido proceso,
así como de los principios de favorabilidad e imparcialidad, lo que en realidad
pretenden es darle continuidad al debate relacionado con la aplicación del artículo
12 de la Ley 1592 de 2019 que establece lo siguiente:
“ARTÍCULO 12. DEBIDO PROCESO. <Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley
2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El disciplinable deberá ser investigado y
luego juzgado por funcionario diferente, independiente, imparcial y autónomo que sea
competente, quienes deberán actuar con observancia formal y material de las normas
que determinen la ritualidad del proceso, en los términos de este código y dándole
prevalencia a lo sustancial sobre lo formal.
En el proceso disciplinario debe garantizarse que el funcionario instructor no sea el
mismo que adelante el juzgamiento.
Todo disciplinable tiene derecho a que el fallo sancionatorio sea revisado por una
autoridad diferente, su trámite será el previsto en esta ley para el recurso de apelación.
En el evento en que el primer fallo sancionatorio sea proferido por el Procurador
General de la Nación, la doble conformidad será resuelta en la forma indicada en esta
ley”.
En efecto, la Sala constata que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del
Huila inició proceso disciplinario contra la señora Martha Lucía Muñoz Gómez, en
calidad de Jueza Primera Penal del Circuito de Pitalito y el señor Julio Vicente
Ortiz Martínez como Fiscal Veintiséis Seccional de Pitalito, en cumplimiento de lo
ordenado en la sentencia de 25 de julio de 2016 proferida por el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Neiva, Sala Penal, que compulsó copias para que se
investigaran las faltas en las que podían haber incurrido los investigados, por
presuntas graves omisiones en la firma, suscripción y aprobación del preacuerdo
dentro del proceso penal radicado No. 415516000598720150076700.
En escrito de 19 de mayo de 2022, a través del cual la ahora demandante
presentó los alegatos de conclusión, solicitó que se garantizara la separación de
las funciones de instrucción y juzgamiento en el proceso disciplinario, para lo cual
pidió que se remitiera el expediente a la Secretaría de la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial del Huila para ser repartido a un magistrado diferente con el fin
de que profiriera la respectiva sentencia. En ese sentido, expresó:
“OTRA SOLICITUD.
APLICACIÒN DE NORMAS DE CONVENCIONALIDAD PRECEDENTE HORIZONTAL.
Señora Magistrada en mi calidad de defensor de confianza y como quiera que la ley
1952 de 2019 modificada por la Ley 2094 de 2021 trae íncita como garantía la
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separación de las funciones de Instrucción y Juzgamiento en el proceso disciplinario,
para efectos de garantizar la imparcialidad en las distintas etapas del proceso, y como
quiera que dicha norma puede ser aplicada al presente caso en aplicación del principio
de favorabilidad y en atención a lo señalado mediante providencia del 30 de marzo de
2022 proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, dentro del
proceso disciplinario radicado No 201900535, le solicito se aparte del conocimiento del
presente asunto y remita el expediente a la Secretaria de la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial para ser repartido a un Magistrado diferente para efectos de que este
proyecte la respectiva sentencia”.
En la sentencia de primera instancia proferida el 29 de julio de 2022, la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Huila negó dicha solicitud en los siguientes
términos:
“6.3. De la solicitud de separación de roles investigación – Juzgamiento.
(…)
Conforme a lo anterior se debe indicar que no es posible dar aplicación a la separación
de roles, como quiera que la Ley 2094 de 2021 estableció un régimen de transitoriedad
y es el previsto en el artículo 263 de la Ley 1952 de 2019 modificado por el artículo 71
de la Ley 2094, donde se contempló que a la entrada en vigencia de dicha norma, los
procesos en los cuales se hubiere surtido la notificación del pliego de cargos,
continuarán su trámite hasta finalizar, bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002.
Por lo tanto, en el presente asunto el pliego de cargos fue emitido el 31 de julio de
2020, siendo notificado con anterioridad a la entrada en vigencia de tales leyes y por
ende de acuerdo a la transitoriedad de estas, esta actuación se debe tramitar hasta
finalizar bajo el procedimiento de la Ley 734 de 2002, en la cual tanto la investigación y
el Juzgamiento se halla en cabeza del mismo funcionario, por lo cual no se accede a la
solicitud elevada”.
Ahora bien, en el recurso de apelación la accionante insistió en la precitada
solicitud, en tanto afirmó que la misma no había sido decidida en el fallo de
primera instancia. En ese sentido, sostuvo:
“1.- En primer lugar debo manifestar que la solicitud de mi apoderado de confianza
respecto a la aplicación del principio de Favorabilidad previsto por el artículo 29
Constitucional, para que la Magistrada que adelantó la etapa instructiva y formuló el
pliego de cargos, se aparte del proferimiento de la sentencia de primera instancia, no
tiene nada que ver con la competencia para el proferimiento de esta decisión, que no
se discute, pues el artículo 263 de la Ley 1952 de 2019, modificado por la Ley 2094 de
2021 -artículo 71-, es muy claro al respecto.
Lo que se solicita es la aplicación del Principio de Favorabilidad, de carácter sustancial,
sobre una norma de carácter procesal, para garantizar principios trascendentes del
Debido Proceso, como el de Imparcialidad, razón por la cual, se considera que
realmente no se ha dado respuesta a la solicitud, toda vez que no se ha dicho, o
explicado, porque no se aplica el Principio de Favorabilidad en el caso concreto, o lo
que es lo mismo, porque se desecha. Por ello se solicita de manera respetuosa a la
segunda instancia, se de cabal respuesta a esta solicitud.
Agréguese que el principio de Favorabilidad es reproducido por el artículo 8 de la Ley
1952 de 2019, el cual establece que, “En materia disciplinaria la ley permisiva o
favorable, sustancial o procesal de efectos sustanciales, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Este principio rige también para
quien esté cumpliendo la sanción, salvo lo dispuesto en la Constitución Política”. En
esencia, ante la coexistencia de leyes que se suceden en el tiempo -Ley 734 de 2002 y
Ley 1952 de 2019 - Código Disciplinario-, por Favorabilidad, se solicita la aplicación
retroactiva de la última ley citada, que en sus artículos 225ª y 254, establecen la
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separación de funciones de investigación y juzgamiento, como garantía del principio
rector de Imparcialidad que forma parte del Debido Proceso, derecho subjetivo
inherente a la dignidad humana, sin perder el norte que la ley sustancial, prima sobre la
procesal, entendiendo que la “Ley favorable, en pocas palabras, es aquella del
ordenamiento (penal y extrapenal) que mejora, de cualquier manera, la situación del
ciudadano […] En el conflicto de leyes que se presenta, entonces, es necesario
escoger las más benignas para aplicarlas al procesado conforme con el principio
universal que predica ampliar para él lo favorable y restringir lo odioso”.
En ese marco, pidió que se declarara la nulidad de la sentencia de primera
instancia “para dar lugar a la imparcialidad y sea otro magistrado ponente, quien
profiera el fallo cuestionado, pues el no hacerlo afecta el derecho a la defensa y al
debido proceso”.
En segunda instancia, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por sentencia de
25 de enero de 2023 negó la solicitud de nulidad, al considerar que no se
configuró alguna causal establecida en el artículo 143 de la Ley 734 de 2002,
relativa a (i) la falta de competencia del funcionario para proferir fallo, (ii) la
violación del derecho de defensa del investigado y (iii) la existencia de
irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.
Lo anterior, principalmente, porque el artículo 71 de la Ley 2094 de 2021 que
modificó el artículo 263 de la Ley 1952 de 2019, estableció un régimen de
transitoriedad en virtud del cual la Ley 734 de 2002 debe continuar aplicándose a
los casos en los que a la entrada en vigencia se hubieran formulado pliego de
cargos, lo que ocurrió en el caso bajo análisis el 31 de julio de 2020. En ese
sentido, explicó lo siguiente:
“Al respecto, se debe acotar que el mismo planteamiento de nulidad fue referido
por la defensa del disciplinable en sus alegatos de conclusión, etapa procesal
pertinente para haber dilucidado posibles irregularidades de la garantía al debido
proceso. La Seccional al respecto expuso que la separación de roles de
investigación y juzgamiento, la misma no fue posible como quiera que la ley 2094
de 2021, al establecer el régimen de transitoriedad previsto en el artículo 263 de la
ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 71 de la ley 2094, en los procesos en
los que se hubiera surtido la notificación de pliego de cargos, continuarán su
trámite bajo el procedimiento de la ley 734 de 2002. Que en el presente asunto el
pliego de cargos emitido el 31 de julio de 2020, siendo notificado con anterioridad
a la entrada en vigencia, razón por la cual, se despachó de manera desfavorable
la solicitud de nulidad planteada.
Al respecto, la Comisión acoge ese planteamiento pues así se ha manifestado en
múltiples providencias, en las cuales la Sala Mayoritaria ha expuesto que la
división de roles solo aplicara en los procesos en los cuales no se haya notificado
pliego de cargos y por lo tanto ese asunto se rige por la Ley 1952 de 2019, pues
en respeto de la libertad de configuración del legislador y el régimen de
transacción por seguridad jurídica y confianza legítima, procede la aplicación de la
Ley 734 de 2002.
Ahora, teniendo en cuenta que los recurrentes insisten en la aplicación de esa
división de roles en aplicación del principio de favorabilidad, resulta pertinente
abordar lo dicho por esta Comisión en cuanto a la transitoriedad de la ley 734 de
2002; y lo que se ha establecido respecto del precedente de convencionalidad
ante las diversas situaciones de competencias planteadas sobre le entrada en
vigencia de la Ley 1952 de 2019. En efecto se tiene que, la Constitución Política
incorporó en el denominado bloque de constitucionalidad en sentido estricto
(artículo 93), normas y principios que se vuelven mandatos de optimización que,
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entre otras, permiten integrar en el mismo nivel a la norma constitucional y que
obliga a toda la institucionalidad estatal a gravitar en torno a esos parámetros de
interpretación y garantías mínimas que, se deben respetar, aun estando en un
eventual estado de excepción.
En ese sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos se incorporó
a nuestro ordenamiento y se erige como parámetro de interpretación y de
garantías (función integradora y función interpretativa), incluyendo a las
autoridades públicas y en especial aquellos en la administración de justicia,
debiendo destacarse en todo caso, que es el legislador quien establece el juez
natural de cada proceso.
(…)
Así las cosas, resulta clara la voluntad del legislador cuando dispuso en el artículo
263 de la ley 1952 de 2019, la transitoriedad a la entrada en vigencia del Código
General Disciplinario (29 de marzo de 2022), los procesos en los cuales se hubiera
surtido la notificación del pliego de cargos, que para el presente caso el pliego fue
proferido el 31 de julio de 2020, y notificado el 8 de marzo de 2021 y el 26 de
agosto de 2021 respectivamente, continuarán su trámite hasta finalizar bajo el
procedimiento de la Ley 734 de 2002. En ese orden, la cuerda procesal en la
resulta del presente asunto será bajo los postulados del C.D.U. Por lo anterior, se
negará la solicitud de nulidad en los puntos antes referidos por el disciplinado,
pues lo cierto es que la Seccional continuó el procedimiento bajo la Ley 734 de
2002, norma aplicable según las razones expuestas”.
Ahora bien, en la acción de tutela la actora insiste en su solicitud de que se
declare la nulidad de lo actuado en proceso disciplinario a partir de la sentencia de
primera instancia, porque se desconoció la garantía del principio de imparcialidad,
en tanto el funcionario instructor fue el mismo que adelantó la etapa de
juzgamiento, lo cual en su criterio, configura un yerro que origina la vulneración del
derecho fundamental al debido proceso por el desconocimiento del artículo 12 de
Ley 1952 de 2019, el cual debió aplicarse pese a que la norma aplicable era la Ley
734 de 2002, en virtud del principio de favorabilidad.
Para la Sala resulta claro que ese debate fue superado en ambas instancias,
como se demostró anteriormente, bajo el argumento de que en aplicación de
régimen de transitoriedad consagrado en el artículo 263 de la Ley 1952 de 2019,
modificado por el artículo 71 de la Ley 2094 de 2021, los casos en los que a la
entrada en vigencia de dicha norma ya se hubieran formulado y notificado pliego
de cargos continuarán adelantándose conforme con el procedimiento establecido
en la Ley 734 de 2002.
Cabe resaltar que la Corte Constitucional en sentencia SU-573 de 20196,
estableció que la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a saber: “(i)
preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes
a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de
relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces”7 (Negrilla y resaltado de la Sala).
6
M.P. Carlos Bernal Pulido.
7
Postura reiterada en sentencia SU-128 de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.
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En la sentencia SU-215 de 20228, la Corte Constitucional recordó que el
cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional requiere “involucrar algún
debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico”,
a lo que agregó que “la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica”. De allí que “la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera
instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de
tutela se restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección de los
derechos efectiva de los derechos fundamentales y no a problemas de carácter legal”.
Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de
tutela promovida por la accionante, por cuanto no se cumple el requisito de la
relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
señora Martha Lucía Muñoz Gómez contra la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila, por las razones
aquí expuestas.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
8
M.P. Natalia Ángel Cabo.
13
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(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON ORLANDO RAMOS GIRÓN
14
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