Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00651-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-00651-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00651-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00651-00
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
6 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., seis (6) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2023-00651-001
Actora : Johanna Marcela Torres Abadía
Demandados : Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, directora
de la unidad de administración de la carrera judicial de esa
Corporación y rectora de la Universidad Nacional de
Colombia
Tema : Derecho constitucional fundamental de petición
Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del
trámite relacionado con la acción de tutela incoada por la señora Johana
Marcela Torres Abadía contra los señores magistrados del Consejo Superior de
la Judicatura, directora de la unidad de administración de la carrera judicial de
esa Corporación y rectora de la Universidad Nacional de Colombia, por la
presunta vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales de
petición, debido proceso, igualdad y acceso a cargos públicos.
I. ANTECEDENTES
1.1 La solicitud de amparo. La señora Johana Marcela Torres Abadía,
quien actúa en nombre propio, presenta acción de tutela con el fin de obtener
la protección de las garantías superiores a las que se hizo referencia,
presuntamente quebrantadas por los señores magistrados del Consejo Superior
de la Judicatura, directora de la unidad de administración de la carrera judicial
de esa Corporación y rectora de la Universidad Nacional de Colombia.
Como consecuencia de lo anterior, pide (i) atender de fondo, incluso con la
compañía de un segundo calificador con conocimientos jurídicos, las
objeciones presentadas a las preguntas 51, 53, 59, 61, 70, 82, 84, 90, 92, 107,
108, 110, 111, 115 y 117 del componente de conocimientos y 1, 7, 23 y 30 de
la prueba de aptitudes, realizadas en el desarrollo de la convocatoria 27 para la
provisión de cargos de funcionarios en la Rama Judicial; (ii) «[...] otorgar
EFECTO INTERCOMUNIS a [la] decisión para todos los participantes de la
[referida] Convocatoria [...] que presentaron la ampliación a los recursos de
1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai.
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Actora: Johana Marcela Torres Abadía
reposición contra la prueba [efectuada para el mismo cargo al que ella aspira]
y ordenar nuevo término para que la Universidad resuelva de fondo los mismos
y se suspenda el [respectivo] cronograma [...] hasta [cuando] ello no se realice
[…]» (sic); y (iii) modificar la Resolución CJR22-351 de 1º de septiembre de
2022, en el sentido de asignarle un puntaje aprobatorio superior a 800.
1.2 Hechos. Relata la accionante que el Consejo Superior de la Judicatura, a
través de Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, dio inicio a la
convocatoria 27 para proveer cargos de funcionarios en la Rama Judicial, en la
que ella se inscribió al empleo de juez civil municipal - juez civil municipal de
pequeñas causas y competencia múltiple - juez civil de ejecución de sentencias,
que fue ofrecido.
Que al presentar, por segunda vez, el examen de aptitudes, conocimientos y
psicotécnica, realizado por la Universidad Nacional de Colombia, obtuvo un
puntaje no aprobatorio, discriminado en 569.86 (de 700 puntos) en la prueba
de conocimientos y 226,78 (de 300) en la de aptitudes, con una calificación
total de 796,64.
Dice que, dentro del término legal, interpuso recurso de reposición contra la
Resolución CJR22-351 de 1º de septiembre de 2022, por cuyo conducto se
publicaron los resultados antes referidos, por lo que el 30 de octubre siguiente
acudió a la exhibición del cuadernillo de esa prueba, con base en la que el 15
de noviembre del mismo año formuló la adición y complementación a su
impugnación inicial, con el objeto de que le fuera asignada una calificación
aprobatoria.
Que frente a lo anterior recibió «[...] una única respuesta GENÉRICA, sin que
se evaluaran las objeciones planteadas por [...] los recurrentes […]» (sic), lo
que conllevó que no se modificaran los porcentajes por ella obtenidos.
II. TRÁMITE PROCESAL
Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a través
de auto de 14 de febrero de 2023, admitió la presente acción y ordenó notificar
a los señores magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, directora de la
unidad de administración de la carrera judicial de esa Corporación y rectora de
la Universidad Nacional de Colombia, en los términos del artículo 13 del
Decreto 2591 de 1991.
2
Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00651-00
Actora: Johana Marcela Torres Abadía
2.1 Contestaciones de la acción.
2.1.1 La señora rectora de la Universidad Nacional de Colombia, por conducto
del señor director del proyecto contrato 96 de 2018 de ese ente universitario,
indica que «[...] ya ha brindado respuesta de forma clara, completa y de fondo
a todos los reparos y solicitudes invocados por la accionante en ejercicio del
citado recurso de reposición. En ese punto, debe reiterarse que el 16 de enero
de 2023, fue expedida la Resolución CJR23-0025 “Por medio de la cual se
resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución CJR22-
0351 de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los
resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos, correspondientes al
concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez Civil Municipal - Juez
de Pequeñas Causas y competencia múltiple - Juez Civil Municipal de
ejecución de sentencias de la Rama Judicial” junto con sus respectivos
anexos»; y «[...] en el ANEXO 2 del precitado acto administrativo [...] se
expresó con detalle la justificación de cada opción de respuesta frente a todas
las preguntas objetadas por la tutelante».
2.1.2 La señora directora de la unidad de administración de la carrera judicial
del Consejo Superior de la Judicatura afirma que «[...] ni el Consejo Superior
de la Judicatura, ni la Unidad [...] tienen acceso a las pruebas o a las
respuestas, pues desde la diagramación de los cuadernillos, formulación de las
preguntas, calificación a través de la máquina de lectura óptica, hasta la
recepción que se haga de [e]stas una vez finalice el contrato, esta entidad
desconoce las preguntas formuladas así como sus respectivas respuestas, pues
para ello se contrata un operador técnico de la mayor prestancia posible, que
es quien está obligado a dar soporte completo, oportuno, pertinente,
responsable y congruente, para poder atender de la misma manera las
peticiones y recursos que se presenten dentro del curso de esta convocatoria
pública […]».
En todo caso, precisó que «[...] las objeciones presentadas por la accionante
en el escrito de adición del recurso de reposición a las preguntas 1, 7, 23, 30,
51, 53, 59, 61, 70, 82, 84, 90, 92, 107, 108, 111, 110, 115 y 117 fueron
atendidas de manera clara, completa y de fondo, [...] mediante la Resolución
CJR23-0025 de 16 de enero de 2023 adicionada con la Resolución CJR23-
0075 de 17 febrero de 2023, por lo que se configura la carencia de objeto por
hecho superado […]».
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00651-00
Actora: Johana Marcela Torres Abadía
2.1.3 Los señores magistrados del Consejo Superior de la Judicatura guardaron
silencio en la oportunidad prevista para el efecto.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Corresponde a esta Corporación, en virtud de las reglas de
reparto de la acción de tutela, previstas en los Decretos 1382 de 2000 y 1983
de 2017, determinar si en el presente caso hay lugar al amparo deprecado por
la accionante, quien aduce quebranto de sus derechos constitucionales
fundamentales de petición, debido proceso, igualdad y acceso a cargos
públicos.
3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de
la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992,
1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera
que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3 Cuestiones preliminares.
3.3.1 De la medida provisional deprecada. En la solicitud de amparo la
demandante pidió, como medida provisional, «[...] la suspensión de las demás
etapas del CONCURSO CONVOCATORIA 27 hasta [cuando] se resuelva la
presente acción de tutela (ya que de acuerdo al cronograma, se tiene dispuesta
la publicación de la resolución que relaciona a los aspirantes admitidos para
el día 9 de febrero de 2023 y hasta el 16 de febrero se podrán efectuar las
verificaciones de la documentación)».
Al respecto, cabe advertir que en atención a un lapsus calami del personal
sustanciador adscrito al despacho del magistrado ponente no se decidió acerca
de la referida solicitud y la parte actora no recurrió el auto admisorio ni presentó
adición de este para que se resolviera.
Sin perjuicio de lo anterior, se evidencia que la aludida medida provisional se
4
Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00651-00
Actora: Johana Marcela Torres Abadía
formuló para que surtiera efectos hasta cuando se «resuelva la presente
acción», lo cual se hará mediante esta providencia, razón por la cual no resulta
oportuno examinar su procedibilidad, máxime cuando se encuentran superadas
las fechas a las que la accionante hizo referencia en ese escrito.
Además, en caso de que se estime pertinente conceder la protección
constitucional invocada, se adoptarán las medidas necesarias para superar la
eventual vulneración de los derechos fundamentales trasgredidos.
Con base en lo expuesto, esta Sala no emitirá ninguna determinación cautelar
y, por las razones explicadas, procederá a examinar el fondo de la controversia.
3.3.2 De las garantías superiores presuntamente vulneradas. Resulta
necesario precisar que la accionante aduce que la génesis de las vulneraciones
invocadas radica en la falta de respuesta a todas las inconformidades por ella
expuestas en el recurso de reposición y su adición, interpuesto contra la
Resolución CJR22-351 de 1º de septiembre de 2022, por consiguiente, la
subsección considera que, en caso de que se demuestre la omisión a la que alude
la accionante, comportaría un quebranto de la garantía superior de petición, mas
no de las demás que se enunciaron como trasgredidas, razón por la cual el
correspondiente estudio se limitará a dilucidar si se configuró o no el eventual
desconocimiento de aquel derecho fundamental.
3.4 Problema jurídico. De acuerdo con la solicitud de amparo, se contrae a
determinar si las autoridades demandadas han vulnerado el derecho
constitucional fundamental de petición de la tutelante, al no despachar de fondo
la totalidad de las objeciones por ella consignadas en el recurso de reposición
y su adición interpuesto contra la Resolución CJR22-351 de 1º de septiembre
de 2022 del Consejo Superior de la Judicatura, con la que se publicaron los
resultados de la prueba de aptitudes, conocimientos y psicotécnica surtida en la
convocatoria 27.
3.5 Derecho constitucional fundamental de petición. Se ha dicho que la
historia de la humanidad podría compendiarse en la epopeya de la conquista de
los derechos, para significar con ello el colosal tamaño del empeño del hombre
en su logro, jamás pacífico, por el contrario, sin excepción, precedido de
monumentales sacrificios, al de petición como uno de ellos, por supuesto que
le es inherente esa caracterización, cuyo periplo evolutivo se inaugura en pleno
oscurantismo de la humanidad, como generalmente es conocida la Edad Media,
en 1215 con la fecunda Carta Magna o Carta de Juan sin Tierra, pasando por el
5
Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00651-00
Actora: Johana Marcela Torres Abadía
Bill of Rights2, y posteriormente asume alcance ecuménico con la Revolución
Francesa, tanto en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
de 17893 como en la de 17934.
Colombia, desde luego, no ha sido ajena a la institucionalización del derecho
de petición, pues desde los albores de su proceso independentista se preocupó
por dicha garantía5, hoy día consagrada en el artículo 23 de la Constitución
Política en los siguientes términos:
Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante
organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.
Ahora bien, sobre el linaje constitucional fundamental del derecho de petición
no existe el menor atisbo de duda, como que la más restrictiva de las tesis, es
decir, la que sigue el método lógico sistemático, según la cual «los derechos
fundamentales son solo aquellos que expresamente el constituyente calificó con
esa denominación en el sistema constitucional»6, pues así lo dice su
enunciación taxativa y ubicación dentro del correspondiente articulado
(capítulo 1 del título II) de la Carta Política, amén de su inmediata aplicación
conforme al artículo 85 ib.7
Por su parte, la Corte Constitucional, respecto del derecho de petición, ha
sostenido:
2
Texto aprobado el 13 de febrero de 1689 por el parlamento Inglés, cuyo numeral 5 enseña: «Que es un derecho
de los súbditos presentar peticiones al Rey, siendo ilegal cualquier acción o procedimiento contra los
peticionarios».
3
Adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente el 16 de agosto de 1789, según su «Artículo 15. La
sociedad tiene derecho para pedir cuenta de su administración a todos los empleados públicos».
4
Votada por la Convención Nacional el 23 de junio de 1793, prevé: «Artículo 32. El derecho de presentar
peticiones a los depositarios de la autoridad pública no puede, en ningún caso, ser prohibido, suspendido, ni
limitado».
5
Por ejemplo, la «Constitución de la República de Cundinamarca» de 18 de julio de 1812, consagró: «Artículo
7.o Igualmente pueden los ciudadanos juntarse pacífica y tranquilamente para formar y presentar sus
instrucciones o peticiones a las autoridades, avisando al Magistrado y presentándolas por escrito»,
posteriormente el Decreto de 27 de agosto de 1828 adoptado por El Libertador, dispuso en su «Artículo 23.
Los colombianos tienen expedito el derecho de petición, conformándose a los reglamentos que se expidan
sobre la materia», hasta su más elaborada adopción en la Constitución de 1963 así: «Artículo 15. Es base
esencial e invariable de la Unión entre los Estados el reconocimiento y la garantía, por parte del Gobierno
general y de los Gobiernos de todos y cada uno de los Estados, de los derechos individuales que pertenecen a
los habitantes y transeúntes en los Estados Unidos de Colombia, a saber: […] 12.o. El derecho de obtener
pronta resolución en las peticiones que por escrito dirijan a las corporaciones, autoridades o funcionarios
públicos, sobre cualquiera asunto de interés general o particular».
6
Tulio Helí Chinchilla Herrera, ¿Qué son y cuáles son los derechos fundamentales?, editorial Temis, Bogotá,
1999, p. 92.
7
El artículo 85 constitucional es del siguiente tenor: «Artículo 85. Son de aplicación inmediata los derechos
consagrados en los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37
y 40».
6
Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00651-00
Actora: Johana Marcela Torres Abadía
Frente a las características esenciales del derecho de petición, ha sido
abundante y reiterativa la jurisprudencia de la Corte Constitucional, al
considerar que el núcleo esencial de este derecho reside en la resolución
pronta y oportuna de la solicitud.
En este sentido, esta Corporación ha manifestado:
“(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la
efectividad de los mecanismos de la democracia participativa,
garantizando a su vez otros derechos constitucionales, como los
derechos a la información, a la participación política y a la libertad de
expresión; (ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión; (iii) la petición debe ser
resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con
lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo
razonable, el cual debe ser lo más corto posible ; (v) la respuesta no
implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en
una respuesta escrita; (vi) este derecho, por regla general, se aplica a
entidades estatales, y en algunos casos a los particulares ; (vii) el
silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para
agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el
derecho fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el
contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de
que se ha violado el derecho de petición; (viii) el derecho de petición
también es aplicable en la vía gubernativa; (ix) la falta de competencia
de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de
responder; y (x) ante la presentación de una petición, la entidad pública
debe notificar su respuesta al interesado”.
De los anteriores componentes jurisprudenciales cabe destacar que el
derecho de petición exige, por parte de las autoridades competentes, una
decisión de fondo a lo requerido por el ciudadano, lo cual implica la
prohibición de respuestas evasivas o abstractas, sin querer decir con ello
que la respuesta deba ser favorable. La respuesta de fondo implica un
estudio sustentado del requerimiento del peticionario, acorde con las
competencias de la autoridad frente a la que ha sido presentada la petición.
Asimismo, la aludida Corporación ha expresado que una respuesta es suficiente
cuando resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del
solicitante, sin perjuicio de que la respuesta sea negativa a sus pretensiones8; es
efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea9 (artículos 2, 86 y 209
constitucionales); y es congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo
pedido, de tal manera que la respuesta a lo solicitado verse acerca de lo
8
Sentencias T-1160A de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-581 de 2003 M. P. Rodrigo Escobar
Gil.
9
Sentencia T-220 de 1994, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
7
Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00651-00
Actora: Johana Marcela Torres Abadía
preguntado y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la
petición, sin que se excluya la posibilidad de suministrar información adicional
que se encuentre relacionada con la solicitud formulada10.
De acuerdo con el anterior derrotero jurisprudencial, el derecho de petición es
vulnerado cuando la autoridad (i) no resuelve de fondo lo pedido o (ii) no da
una pronta respuesta, conforme a los términos que directamente fija el
legislador.
3.6 Hechos probados. El material probatorio traído al plenario, en lo
pertinente, da cuenta de la situación respecto de los hechos a los cuales se
refiere la presente acción de tutela. En tal virtud, se destaca:
a) Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, mediante el cual el
Consejo Superior de la Judicatura convocó a concurso de méritos para proveer
«los cargos de funcionarios de la Rama Judicial»; acto administrativo en el
que se ofrecieron los empleos de «Juez Civil Municipal - Juez de Pequeñas
Causas y competencia múltiple - Juez Civil Municipal de ejecución de
sentencias de la Rama Judicial», plaza en la que se postuló la accionante.
b) Resolución CJR22-351 de 1º de septiembre de 2022, por cuyo conducto la
directora de la unidad de administración de la carrera judicial del Consejo
Superior de la Judicatura publicó «[...] los resultados de la prueba de aptitudes
y conocimientos correspondiente al concurso de méritos para la provisión de
los cargos de Funcionarios de la Rama Judicial» (sic), en la cual la tutelante
obtuvo un puntaje no aprobatorio de 797,64 sobre 1000 puntos.
c) Recurso de reposición interpuesto el 21 de septiembre de 2022 por la actora
contra el anterior acto administrativo, en el que solicitó (i) segundo calificador
de la prueba que presentó el 24 de julio anterior, (ii) verificar manualmente el
cuaderno de respuestas, (iii) modificar la referida Resolución, en cuanto a que
se le otorgue el resultado de «sí aprobó», (iv) se le permitiera asistir a la jornada
de exhibición de la prueba y del cuadernillo en el que registró sus respuestas y
(v) se le concediera oportunidad para ampliar sus argumentos.
d) La actora acudió el 30 de octubre de 2022 a la aludida jornada de exhibición
de la prueba y el 15 de noviembre siguiente amplió su recurso, para controvertir
algunas respuestas asignadas por el evaluador, toda vez que, en su criterio, las
10
Ver las sentencias T-669 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra y T-350 de 2006, M. P. Jaime
Córdoba Triviño.
8
Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00651-00
Actora: Johana Marcela Torres Abadía
preguntas 51, 53, 59, 61, 70, 82 y 84 tenían «doble opción de respuesta dentro
de los componentes tanto generales como específicos»; las 90, 92, 107 y 111
presentaban «clave de respuesta desactualizada o incorrecta»; las 108, 110,
115 y 117 eran «improcedentes frente al cargo evaluado» y las 1, 7, 23 y 30
también correspondían a «ítems con doble opción de respuesta dentro del
componente de aptitudes»; en consecuencia, solicitó que se aceptaran como
correctas todas las opciones señaladas por ella en los interrogantes relacionados
y, en esa medida, se le asigne «[...] a cada pregunta objetada el valor que le
corresponda […]».
e) Resolución CJR23-25 de 16 de enero de 2023, por medio de la que la
directora de la unidad de administración de la carrera judicial del Consejo
Superior de la Judicatura desató los diferentes recursos de reposición
formulados contra la Resolución CJR22-351 de 1° de septiembre de 2022, en
el sentido de confirmarla. En dicho acto administrativo se analizaron los
argumentos planteados por los recurrentes, los cuales se agruparon
temáticamente así:
1. Procedencia del recurso de apelación - Término para la interposición
del recurso de reposición.
2. Recurso sin sustentar - Sin adjunto - Sin motivación.
3. Exhibición - Acceso al material de prueba - Uso de medios tecnológicos
en la jornada de exhibición.
4. Copia - Entrega material o digital de prueba – Copia de actas de sala –
Informes o documentos técnicos - Documentos con carácter reservado.
5. Datos de terceros (constructores de preguntas, personal de logística,
funcionarios, calificadores de la prueba)
6. Repetir la prueba - Realizar un nuevo examen - Cambiar operador
técnico de la prueba - Rehacer convocatoria - Copia del contrato 096 de
2018 - Aplicación del Acuerdo 34 de 1994.
7. Solicitudes de revisión - Lector óptico.
8. Revisión por parte de terceros, apoderados, peritos, o por segundo
calificador.
9. Fórmula y metodología de calificación - Cálculo e información de los
datos estadísticos - Fundamento de la fórmula de calificación - Teoría o
modelo estadístico utilizado para calificar - Valor de cada pregunta-
Aciertos propios - Método para conocer aciertos a partir del puntaje.
10. Aciertos de otros aspirantes.
11. Aproximar puntajes, aplicación de decimales, redondeo, aplicación
aritmética – Expresar el puntaje en números enteros - Disminuir la curva
o promedio que se tuvo para calificar la prueba - Disminuir el puntaje
mínimo aprobatorio.
12. Calificar usando otras fórmulas aplicadas con anterioridad en la misma
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00651-00
Actora: Johana Marcela Torres Abadía
convocatoria o en otras convocatorias - Justificación del uso de una
fórmula distinta en este concurso.
13. Índices psicométricos de la prueba (validez, confiabilidad,
discriminación, dificultad, efectividad) -Análisis psicométrico de la
prueba.
14. Justificación de la prueba de aptitudes - No tener en cuenta el
componente de aptitudes.
15. Verificación previa de requisitos mínimos- Participantes ausentes -
Cómo afecta la calificación.
16. Número de aspirantes en los diferentes cargos y calificación
individual.
17. Proceso de construcción de la prueba - Controles de calidad - Diseño
de la prueba Idoneidad y pertinencia de las temáticas e ítems - Inexistencia
de errores en el ensamblaje y diagramación de la prueba.
18. Preguntas capciosas, ambiguas, confusas - Solicita excluir preguntas -
Informar si fue excluido algún ítem – Recalificar.
19. Revocatoria de la calificación – Dejar sin efecto la Resolución CJR22-
0351 del 1° de septiembre de 2022 –- Revocar puntaje – Nulidad –
Reponer el resultado o la Resolución.
20. Tiempo de la prueba insuficiente.
21. Situaciones logísticas en la aplicación de la prueba.
22. Nulidad o suspensión del contrato Universidad Nacional – Consejo
Superior de la Judicatura.
23. Suspensión del concurso.
24. Declarar desierto el concurso.
25. Permitir actualizar documentos de inscripción – Cambios de cargo.
26. Informar vacantes para cargos que serán cubiertos por los aspirantes
de la convocatoria 27.
27. Responder recurso de manera individual- Notificación personal -
Ampliación del término para interponer recurso.
28. Vulneración de la confianza legítima por repetición de la prueba -
Explicación de errores en la construcción de la prueba inicial (de 2 de
diciembre de 2018) - Derechos adquiridos - Situación particular
consolidada. Mantener calificación anterior (prueba 2 de diciembre de
2018).
29. Mayor valor a algún componente de los que integran la prueba.
30. Aplicar los aspectos favorables concedidos a otros participantes en
virtud de los recursos presentados.
31. Fecha de elaboración de prueba - Actualidad de ítems aplicados.
32. Custodia de la prueba y Protocolos de seguridad.
33. Mayor y menor puntaje en el componente de aptitudes y
conocimientos del cargo.
34. Accesibilidad al examen para personas en situación de discapacidad.
35. Objeciones a preguntas de aptitudes y conocimientos generales y
específicas.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00651-00
Actora: Johana Marcela Torres Abadía
Asimismo, en el anexo 2 del precitado acto administrativo relacionó «[...] una
a una las preguntas que fueron objetadas por los recurrentes para el Cargo de
Juez Civil Municipal - Juez de Pequeñas Causas y competencia múltiple - Juez
Civil Municipal de ejecución de sentencias, indicando su pertinencia, la
justificación de la clave asignada, así como la razón de las opciones de
respuesta no válidas, las cuales son el producto de la estructura y elaboración
de las preguntas».
f) Resolución CJR23-75 de 17 de febrero de 2023, con la que la autoridad
accionada relacionada en la letra precedente, para el caso concreto de la
demandante, adicionó la explicación de las preguntas 110 y 115 del
componente de conocimientos específicos, por ella objetadas, por cuanto «[...]
se evidenció que no se dio respuesta al argumento relativo a la inclusión de
preguntas en el componente de conocimientos específicos de la prueba no
relacionadas con las funciones y competencias del cargo aspirado […]», frente
a lo que se le indicó que «[...] son preguntas de derecho procesal civil y
probatorio, derecho comercial y derecho agrario general (subtemas en actos
procesales y sujetos procesales, bienes mercantiles y aspectos procesales
ordinarios del derecho agrario) todas previamente informadas dentro de las
áreas del conocimiento y cuya justificación de cada una de ellas se expresan
en el ANEXO 2 de la correspondiente Resolución que resuelve los recursos de
reposición […]».
3.7 Caso concreto. Se evidencia que la inconformidad de la accionante radica
en que si bien es cierto que las autoridades accionadas desataron su recurso de
reposición y adición que interpuso contra la Resolución CJR22-351 de 1º de
septiembre de 2022, también lo es que no lo hicieron de fondo, de manera
concreta, precisa e individual, por cuanto no atendieron la totalidad de las
inconformidades allí consignadas.
Lo anterior, comoquiera que (i) no se especifica lo atinente a la doble opción
de respuesta dentro de los componentes tanto generales como específicos, (ii)
no se hace referencia a las inexequibilidades de algunos enunciados y claves de
respuesta, (iii) no se acepta que algunas opciones de solución estaban
desactualizadas al momento de la presentación de la prueba, (iv) no se
reconocen ambigüedades evidentes y (v) tampoco se acepta que algunos temas
de la evaluación no guardan relación con las áreas de estudio asignadas al cargo
optado.
11
Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00651-00
Actora: Johana Marcela Torres Abadía
En cuanto a los citados planteamientos, se observa que, contrario a lo dicho por
la tutelante, las autoridades accionadas, a través de las Resoluciones CJR23-25
de 16 de enero de 2023 y CJR23-75 de 17 de febrero siguiente, le explicaron
de manera sustentada, clara, concreta, precisa e individual las razones por las
cuales (i) se consideraba acertada determinada respuesta frente a las preguntas
del examen que le fue practicado el 24 de julio de 2022, (ii) no era admisible la
doble opción de acierto según los casos y las claves enunciadas para los
componentes generales y específicos de la prueba; (iii) la evaluación se
sujetaba a las condiciones planteadas en la convocatoria y (iv) los temas
cuestionados resultaban pertinentes en relación con el cargo al que ella
aspiraba.
De lo anotado en precedencia se colige que sí existió por parte de las accionadas
una respuesta de fondo al recurso de reposición y su adición que interpuso la
accionante contra la Resolución CJR22-351 de 10 de septiembre de 2022;
diferente es que las explicaciones a sus inconformidades no hayan resultado
favorables a sus intereses, lo que no quebranta su garantía superior de petición,
por cuanto, como lo ha sostenido la Corte Constitucional11, la respuesta idónea
no siempre tiene que implicar la aceptación de lo solicitado.
De acuerdo con esta perspectiva, en el sub lite no se vulnera la garantía superior
de petición de la actora, toda vez que las contestaciones suministradas en las
Resoluciones CJR23-25 de 16 de enero de 2023 y CJR23-75 de 17 de febrero
siguiente guardan correspondencia de objeto frente a sus argumentos de
reposición y exponen el motivo de cada una de las preguntas efectuadas y
respuestas asignadas en el examen realizado a la accionante el 24 de julio de
2002, en el marco de la convocatoria 27 para la provisión de cargos de
funcionarios en la Rama Judicial.
En ese orden de ideas, se colige que no existe trasgresión al derecho de petición
de la tutelante; no obstante, frente a los planteamientos de fondo de cada una
de sus inconformidades ella se encuentra en la posibilidad, si a bien lo tiene,
de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, a través de los medios
de control dispuestos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), para que sea analizada la motivación
y legalidad de cada una de las razones que sustentan las determinaciones
adoptadas en los precitados actos administrativos.
11
Sentencias T-1160A de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-581 de 2003 M. P. Rodrigo Escobar
Gil.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-00651-00
Actora: Johana Marcela Torres Abadía
A partir de los anteriores prolegómenos, comoquiera que no se evidencia
trasgresión del derecho constitucional fundamental invocado por la actora, esta
Sala negará el amparo deprecado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
1º Niégase el amparo del derecho constitucional fundamental de petición
invocado por la señora Johana Marcela Torres Abadía, por las razones
expuestas en las consideraciones.
2º. Notifíquese esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
3º. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, envíese
el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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