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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00658-01

Fecha
11 de mayo de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00658-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR de manera parcial la sentencia del 9 de marzo de 2023 proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado que negó el amparo constitucional solicitado en lo relacionado con la pretensión tendente a resolver de fondo la petición presentada el 19 de septiembre de 2022 y adicionada el 15 de noviembre del mismo año, por las consideraciones expuestas en el proveído. www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 31 Bogotá D.C. – Colombia ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-00658-01 Accionante: Sandra Patricia González Ríos SEGUNDO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por la señora Sandra Patricia González Ríos en contra del Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional, respecto de la modificación de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones CJR22- 0351 del 1º de septiembre de 2022 y CJR23-0042 del 16 de enero de 2023, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma SAMAI. CUARTO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-00658-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

11 de mayo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00658-01
Accionante: SANDRA PATRICIA GONZÁLEZ RÍOS
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD
DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL Y OTRO

Tema: Tutela por presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, defensa,
carrera administrativa y acceso a cargos públicos /
concurso de méritos / incumplimiento del requisito de
subsidiariedad

ACCIÓN DE TUTELA - SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación formulada por la parte accionante en
contra de la sentencia del 9 de marzo de 2023 mediante la cual la
Sección Segunda, Subsección B de esta corporación negó el amparo
constitucional.

I. ANTECEDENTES

La accionante solicita la protección de los derechos fundamentales de
al debido proceso, igualdad, defensa, carrera administrativa y acceso
a cargos públicos, con fundamento en los siguientes:

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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00658-01
Accionante: Sandra Patricia González Ríos

1. Hechos

1.1. Manifiesta la actora que se inscribió en la «Convocatoria 027 para
la provisión de cargos de funcionarios en la Rama Judicial» iniciada por
el Consejo Seccional de la Judicatura mediante Acuerdo n.° PCSJA18-
11077 del 16 de agosto de 2018, en la que aspiró al cargo de juez
promiscuo municipal.

1.2. En consecuencia, el 24 de julio de 2022 presentó el examen en
el que obtuvo como puntaje 798,97, resultado que le fue notificado a
través de la Resolución n.° CJR22-0351 del 1.º de septiembre de 2022.

1.3. Encontrándose dentro del término legal, interpuso recurso de
reposición en contra de la anterior decisión, que complementó el 15 de
noviembre de 2022.

1.4. Mediante Resolución n.° CJR23-0042 del 16 de enero de 2023, el
Consejo Superior de la Judicatura confirmó lo dispuesto en la
Resolución n.° CJR22-0351 del 1.º de septiembre de 2022.

1.5. No obstante, señala que dicha resolución se limitó a enunciar
justificaciones sin mayor análisis jurídico y no hubo respuesta de fondo
respecto de las objeciones presentadas a las preguntas 6, 7, 9, 18, 23,
26, 28, 32, 34, 40, 43, 53, 55, 59, 61, 62, 63, 65, 77, 82, 84, 97, 103,
118, 125 y 126.

1.6. Asimismo, considera pertinente se modifiquen las resoluciones
por medio de las cuales se le asignó un puntaje de 798,97 y se le
otorgue uno superior a 800 puntos.

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Accionante: Sandra Patricia González Ríos

2. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«PRIMERO: Solicito respetuosamente al juez de tutela, amparar mis derechos
fundamentales al debido proceso administrativo, derecho de defensa, confianza
legitima, carrera administrativa y acceso a cargos públicos mediante concurso de
méritos; además de aquellos que en su consideración también hayan sido
vulnerados, por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -DIRECCION
UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
COLOMBIA.

SEGUNDO: En consecuencia, solicito se ordene a las entidades accionadas
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -DIRECCION UNIDAD DE
CARRERA JUDICIAL y a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA a
resolver de fondo las objeciones presentadas a las siguientes preguntas 53, 55, 59,
61, 62, 63, 65, 77, 82, 84, 97, 103, 118, 125 Y 126 DEL COMPONENETE DE
CONOCIMIENTOS y las preguntas 6, 7, 9, 18, 23, 26, 28, 32, 34, 40 y 43 del
componente de APTITUDES, cuyas sustentaciones, se encuentran contenidas en
el escrito de ampliación del recurso de reposición interpuesto en contra de la
RESOLUCIÓN No. CJR22-0351 del 1 de septiembre de 2022.

TERCERO: De considerarlo necesario y conforme a la solicitud que hiciere la
directora de la Unidad de carrera en oficio número CJO23 – 332 del 31 de enero
de 2023, dirigido al Dr. EDUARDO AGUIRRE DAVILA en su calidad de
director de proyecto del contrato 096 CSJ-UN, el cual como asunto indica:
“Ausencia de respuesta frente a interrogantes realizados por aspirantes al cargo de
Juez Promiscuo Municipal en los recursos de reposición contra los resultados de
la prueba de conocimientos y aptitudes publicados mediante CJR22-0351 –
convocatoria 27” el cual adjunto con pantallazo, lo cual ocurrió en todos los
cargos. Solicito otorgar EFECTO INTERCOMUNIS a esta decisión para todos
los participantes de la Convocatoria No. 27 que presentaron la ampliación a los
recursos de reposición contra la prueba de aptitudes y conocimientos para el cargo
de JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL en atención a la falta de respuesta a sus
recursos, y ordenar nuevo termino para que la Universidad resuelva de fondo los
mismos y se suspenda el cronograma de la convocatoria hasta que ello se realice.

CUARTO: Ordenar en consecuencia que se adicione el acto administrativo
RESOLUCIÓN CJR23-0042 16ENE2023 Y SUS ANEXOS “POR MEDIO DE
LOS CUALES SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICION
INTERPUESTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN CJR22-0351 Y SU
ANEXO”, que negó el recurso de reposición presentado y se ORDENE expedir
otro una vez resuelto el recurso de fondo y en debida forma.

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Accionante: Sandra Patricia González Ríos

QUINTO: DE CONSIDERARLO EVIDENTE, se ordene MODIFICAR la
Resolución CJR22-0351 del 01 de septiembre de 2022 y su respectivo anexo, por
medio de la cual se expide el listado de los resultados de la prueba de
conocimientos, donde se me asignó una calificación de 618,94 en la prueba de
conocimientos (sobre 700 posibles) y 180,03 en la pruebade (Sic) aptitudes (de
300 posibles) para un resultado total de 798,97 el cual fue notificado mediantela
(Sic) RESOLUCIÓN No. CJR22-0351 del 1 de septiembre de 2022, para el Cargo
de JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL Y EN SU LUGAR SE REPONGA DICHA
DECISION ASIGNANDO el puntaje aprobatorio superior a 800 puntos acorde a
los argumentos expuestos en las objeciones a algunas preguntas que tiene doble
respuesta válida, claves de respuesta o enunciados inexequibles, errores de
redacción, errores en los razonamientos matemáticos y lógicos o inconsistencias
consignados en la ampliación del recurso.» (Sic en toda la cita)

3. Intervenciones

Mediante auto del 15 de febrero de 2023 la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado admitió la acción de tutela de la
referencia y se ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Administración de Carrera Judicial y a la Universidad
Nacional de Colombia como accionados.

3.1. La Universidad Nacional de Colombia informó que a través
de la Resolución n.° CJR23-0042 del 16 de enero de 2023 brindó
respuesta de fondo a todos los reparos y solicitudes invocadas por la
accionante en ejercicio del recurso de reposición, por lo que se debe
declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.

Por lo anterior, insistió que las preguntas objetadas por la accionante
fueron debidamente justificadas en el anexo 2 del acto administrativo
en comento.

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Accionante: Sandra Patricia González Ríos

De otra parte, advirtió que la acción de tutela no es el mecanismo
idóneo para controvertir las decisiones cuestionadas, circunstancia que
torna improcedente el mecanismo constitucional.

3.2. El Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Administración de Carrera Judicial manifestó que no ha vulnerado
los derechos fundamentales invocados por la parte accionante en la
demanda de tutela, por lo que, solicitó declarar la carencia actual de
objeto por hecho superado, toda vez que las objeciones presentadas
por la accionante en el recurso de reposición fueron atendidas por la
Universidad Nacional mediante la Resolución n.° CJR23-0042 del 16 de
enero de 2023 en debida forma y se encuentran previstas en el anexo
2 de la resolución en cita.

3.3. No se rindieron más informes.

4. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

La Sección Segunda, Subsección B de esta corporación mediante
sentencia del 9 de marzo de 2023 negó el amparo constitucional, al
considerar que si bien la decisión adoptada por la entidad accionada
mediante la Resolución CJR22-0351 de 1.° de septiembre de 2022 fue
desfavorable a los intereses de la actora, lo cierto era que la respuesta
fue clara, congruente y de fondo en relación con lo pretendido en el
recurso de reposición.

Asimismo, porque que no se demostró la existencia de un perjuicio
irremediable, toda vez que, los documentos aportados por la
accionante no acreditaban de manera suficiente la inminencia,
urgencia, gravedad e impostergabilidad del amparo solicitado; además

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que no avizoró una situación de gravedad y peligro que amenazara los
derechos fundamentales invocados y ameritara la intervención del juez
constitucional, siquiera de manera transitoria.

5. IMPUGNACIÓN

La parte accionante recurrió el fallo de primera instancia, para lo cual
insistió en los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de
Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:

• ¿La presente solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela?

De resultar afirmativo el anterior interrogante, se determinará:

• ¿Las autoridades accionadas vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, defensa, carrera
administrativa y acceso a cargos públicos, al expedir las
Resoluciones CJR22-0351 del 1.º de septiembre de 2022 y
CJR23-0042 del 16 de enero de 2023 mediante las cuales se le
asignó y confirmó la puntuación final a la accionante en el marco
de la convocatoria 027 para la provisión de cargos de
funcionarios en la Rama Judicial?

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2. Procedencia de la acción de tutela en desarrollo de concursos
de méritos

A partir de lo dispuesto en el artículo 86 de la carta política, se tiene
que la acción de tutela tiene carácter residual, en tanto que su
procedencia está supeditada a que el afectado carezca de otro
mecanismo judicial que permita la protección de sus derechos
fundamentales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable1.

Ahora bien, es necesario advertir que no basta con la existencia de otro
medio de defensa judicial, sino que éste deberá ser eficaz en cuanto al
fin pretendido por el ciudadano, apreciación que implica la realización
de un estudio minucioso del mecanismo judicial previsto por el
ordenamiento jurídico, y establecer, además, la idoneidad de este para
lograr el propósito perseguido, es decir, el cese de la amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales. Igualmente, el juez de
tutela deberá realizar un estudio de las circunstancias del caso concreto
en que se encuentra el solicitante.

En materia de concursos públicos, la Corte Constitucional ha
considerado que si bien, en principio, podría sostenerse que los
afectados por una presunta vulneración de sus derechos
fundamentales podrían controvertir las decisiones tomadas por la

1 Reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1° establece que "Toda persona tendrá

acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente
y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto", sin embargo de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 6° ibídem, ésta acción no procede cuando existen
otros medios de defensa judiciales, salvo que se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. En esto consiste su condición de medio judicial subsidiario. Ese mecanismo alterno, según reiterada
jurisprudencia constitucional, debe ser eficaz, pues de no serlo, la tutela no procede como medio judicial de
protección de los derechos fundamentales.

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administración -las cuales están contenidas en actos administrativos
de carácter general o de carácter particular- mediante las acciones
señaladas en el Código Contencioso Administrativo, hoy CPACA, se ha
estimado que éstas vías judiciales no son idóneas y eficaces para
restaurar los derechos fundamentales conculcados2.

En ese sentido, frente a decisiones de trámite que se dictan en el
desarrollo de un concurso de méritos para la provisión de empleos,
contra estos no proceden los recursos de la vía gubernativa ni los
medios de control que regula la Ley 1437 de 2011 – CPACA. Por lo
tanto, en el evento de que se presente, en desarrollo del concurso, la
flagrante violación de un derecho fundamental, la acción de tutela para
el afectado resulta procedente ante la carencia de medios de defensa
judiciales para lograr la continuidad en el concurso.

Sin embargo, en lo que se refiere a los actos definitivos, se ha señalado
que estos son pasibles de los medios ordinarios de control judicial
contemplados en el CPACA, en los cuales se puede solicitar, como
medida cautelar la suspensión del acto3.

3. Caso concreto

En el asunto bajo estudio, la accionante reprocha las Resoluciones
CJR22-0351 del 1.º de septiembre de 2022 y CJR23-0042 del 16 de
enero de 2023 por medio de las cuales se publicaron los resultados del
examen en el marco de la convocatoria 027 iniciada para proveer
cargos de funcionarios en la Rama Judicial.

2 Corte Constitucional, sentencia T-532 de 2008, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.
3
Al respecto, se pueden consultar las sentencias T-368 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-244 de
2010 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) y T-800A de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).

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Por su parte la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado
negó el amparo constitucional, la considerar que si bien la decisión
adoptada por la entidad accionada mediante la Resolución CJR22-0351
de 1.° de septiembre de 2022 fue desfavorable a los intereses de la
actora, lo cierto era que la respuesta fue clara, congruente y de fondo
en relación con lo pretendido en el recurso de reposición.

Asimismo, porque que no demostró la existencia de un perjuicio
irremediable, pues los documentos aportados por la actora no
acreditaban de manera suficiente la inminencia, urgencia, gravedad e
impostergabilidad del amparo solicitado.

En el escrito de impugnación la parte accionante, insistió en que la
Universidad Nacional no resolvió de fondo los reparos sustentados en
el recurso de reposición particularmente la pregunta 63, además puso
de presente que ostentaba la condición de madre cabeza de familia.

Para resolver, esta Sala de Subsección considera:

De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente se tiene que
por medio de la Resolución CJR22-0351 del 1º de septiembre de 2022
se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos
correspondientes al aludido concurso.

Así, se advierte que la señora Sandra Patricia González Ríos, el 19 de
septiembre de 20224 interpuso el recurso de reposición en el que
solicitó:

4 Información que se extrae del documento 1. Recurso.pdf

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Accionante: Sandra Patricia González Ríos

«(…)
Asunto: RECURSO DE REPOSICIÓN contra la RESOLUCION NºCJR22-0351
de fecha 1 de septiembre de 2022, mediante la cual se dieron a conocer los
Resultados de las pruebas de aptitudes y conocimientos dentro de la Convocatoria
Nº27 para proveer cargos de Jueces y Magistrados en la Rama Judicial. Y
ADICION (Sic) AL DERECHO DE PETICION (Sic) PRESENTADO EL 9
DE SEPTIEMBRE DE 2022.
(…)
Conforme a los hechos antes mencionados, y a fin de poder ejercer en debida forma mi
derecho a la defensa, al acceso a la información y al debido proceso, solicito
comedidamente se me AUTORICE LA EXHIBICION, del cuadernillo de preguntas de
mi prueba, así como la hoja de mis respuestas y las claves de la Universidad Nacional, a
fin de poder sustentar en debida forma el recurso de reposición dentro del término
adicional establecido en el cronograma de la Convocatoria 27, que corre con posterioridad
a la exhibición de la prueba. Para la presente solicitud de exhibición ruego tener en cuenta
lo decantado por el Consejo de Estado en fallo de 25 de septiembre de 2019, Magistrado
Ponente Jaime Enrique Rodríguez Navas, donde se ordenó:
(…)
De acuerdo al mencionado fallo, solicito comedidamente que para dicha exhibición se me
otorgue un término superior a los 90 minutos para revisar los documentos antes
mencionados y se me permita acceder a ellos por medio digital o con la toma de notas,
otorgando el mismo tiempo que fue conferido para la presentación de la prueba.

Así mismo, solicito se me informe de manera oportuna el sitio que defina la Unidad
Administrativa de Carrera Judicial y la forma como podré acceder a la información
peticionada en la exhibición.

8.- Dado que el puntaje que obtuve en la prueba está a menos de 2 puntos de los 800
requeridos y toda vez que mi perfil profesional se ha establecido en el ejercicio de la
función de Juez Promiscuo Municipal por más de 17 años, me veo motivada a presentar
este recurso de reposición, que reitero, sustentaré en detalle con posterioridad a la
exhibición de la prueba.

AMPLIACION DE LA PETICION PRESENTADA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Así mismo, me permito nuevamente reiterar la petición elevada por la suscrita con fecha
9 de septiembre de 2022 que se me permita acceder a la exhibición de mi prueba a fin de
constatar la calificación obtenida y proceder a sustentar el recurso de reposición, con
posterioridad a la exhibición de la prueba dentro de los términos legalmente establecidos.

Dicha petición, que a continuación me permito ampliar conforme a lo establecido en los
artículos 23 de la Constitución Política, el artículo 13 y ss. de la Ley 1437 de 2011 -
Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-, modificado por el artículo
1 de la Ley 1755 de 2015 y la Ley 2207 del 17 de mayo de 2022, notificada la Resolución
CJR22-0351 Del 1 de septiembre de 2022, y en uso del derecho de petición y por ende a
tener una información completa, así:

1- La cantidad de preguntas acertadas por mí en el caso de la prueba de aptitudes y la
prueba de conocimientos.

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2- Indicar los puntajes directos de cada uno de los aspirantes al cargo de Juez Promiscuo
Municipal en la prueba de aptitudes y en la de conocimientos.
3- En igual sentido, solicito se me informe si le fue otorgado un valor de puntaje diferente
a cada una de las preguntas, tanto en la prueba de conocimientos como en la prueba de
aptitudes, en caso afirmativo, se señale una a una el valor otorgado a las preguntas y en
este caso se me indique cuáles fueron mis respuestas acertadas con miras a ponderar el
puntaje final asignado a la suscrita.
4- Cuál fue el promedio de aptitudes y su desviación estándar respecto del cargo al que
me presente, es decir, Juez Promiscuo Municipal
5- Cuál fue el promedio de la prueba de conocimientos y su desviación estándar respecto
del cargo al que me presenté, es decir, Juez Promiscuo Municipal.
6- Indicar la(s) formula(s) o guarismo(s) que aplicaron para obtener la calificación final
en las pruebas escritas de conocimientos y aptitudes para el Cargo de Juez Promiscuo
Municipal. Datos estadísticos que permitieron establecer la medida estándar en las
pruebas de aptitudes y conocimiento.
7- Indicar el mayor puntaje discriminado en aptitudes y conocimientos para el cargo de
Juez Promiscuo Municipal.
8- Indicar el menor puntaje en la especialidad Promiscuo Municipal, discriminado en
aptitudes y de conocimiento.
9- Indicar de manera detallada el peso dentro de la fórmula para las preguntas de aptitudes
y las de conocimientos.
10- Se entregue a mi cargo lo siguiente: Copia del Cuadernillo de la prueba que utilicé el
día 24 de julio de 2022, Hoja de Respuestas diligenciadas, Claves de respuestas otorgadas
por la Universidad Nacional en mi respectiva prueba.
11- Solito se me indique si la exhibición será a través del envío de la información o si se
hará de manera presencial en la ciudad que presenté la prueba o en la ciudad de Bogotá,
permitiendo que dicha audiencia se realice bajo el mismo tiempo concedido para practicar
la prueba, con los parámetros de la sentencia emitida por el Honorable Consejo de Estado
el 19 de septiembre de 2019, radicado 11001-03-15-000-2019-01310-01, es decir,
teniendo acceso a cámara para grabar, hojas y lapiceros para realizar las respectivas
anotaciones, y poder obtener los insumos para ampliar el recurso.
12- Solicito se informe sobre la pertinencia y pertenencia del cuestionario realizado para
el cargo de Juez Promiscuo Municipal. De igual manera que se informe sobre la cadena
de custodia, fiabilidad, confiabilidad e idoneidad de la prueba.
13- Pido además, se me informe, si las claves de respuestas de la Universidad Nacional,
obedecían a lo reseñado en la Ley, o en la jurisprudencia y en caso de ser esta última,
indicará, si es proveniente del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria o de algún
Tribunal de Distrito, especificando de cuál.
14- Solicito se me informe porque razón en la caratula del examen decía el año 2021, y
las razones por las cuales en lo atinente a la idoneidad del examen no se tuvo en cuenta,
las últimas actualizaciones en materia procedimental, verbi gracia, el Decreto legislativo
806 de 2020, adoptado como legislación permanente en la Ley 2213 de 2022.
15- Solicito se me informe sobre los índices de confiabilidad y discriminación, así como
de dificultad, y si estos cumplen con los estándares necesarios y objetivos de calificación
para el cargo de Juez Promiscuo Municipal.
16- Solicito se me informe sobre el nivel de dificultad de la prueba de conocimientos y
aptitudes, si la prueba de conocimientos generales, conocimientos específicos y aptitudes
se clasifica en un nivel de dificultad alto, medio o bajo, cada una para el cargo de Juez
Promiscuo Municipal; y si en general la prueba se puede catalogar como fácil o difícil.
17- ¿Se me informe de manera específica, si existieron preguntas con más de una
respuesta acertada, de ser cierta precisará cuáles?

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18- Se me informe de manera específica cuales preguntas fueron excluidas del examen
por razones de elaboración, taxonomía, ambigüedad, dualidad de respuestas, etc. y cuales
fueron asignadas como válidas para todos los aspirantes para el cargo de Juez Promiscuo
Municipal.
19- Solicito se me informe sobre la pertinencia del tiempo para resolver el examen, con
relación a la extensión de algunas preguntas (aptitudes)y taxonomía de cada pregunta.
20- Que el día de la exhibición se me permita hacer la revisión manual del cuadernillo de
preguntas y de la hoja de respuestas, dado que es posible que el lector no haya leído
algunas respuestas. Así mismo que se otorgue un tiempo igual al de la presentación del
examen para acceder a la prueba a través de medios digitales o por medio de notas
manuales.
21- Que se expida copia digital del cuadernillo de preguntas, de la hoja de respuestas y
de la fórmula de respuestas, con el fin de comparar dichas respuestas y poder controvertir
aquellas preguntas que deban ser excluidas.
22- Que se me indiqué el número de preguntas respondí acertadamente y cuáles fueron
las incorrectas.
23- Que se expliqué de manera pormenorizada cómo se aplicó la “curva” o “media” que
me dejó por fuera, desconociendo el valor porcentual para cada respuesta y la aplicación
de decimales y de los criterios y metodología previos a la realización de la prueba y
tiempo de respuesta para el cargo que aspiré.
24- Que se eliminen las preguntas con imprecisiones, ambiguas que no ofrecían
respuestas unívocas o contenían varias opciones de respuesta correcta.
25- Que se eliminen las preguntas que se encontraban con errores ortográficos que
causaron confusión.
26- Que previa verificación de mi prueba de conocimientos y aptitudes, pido que se
rectifique mi puntaje y se aplique el correcto, con puntaje igual o superior a 800 puntos.

PRETENSION

Tal como lo indiqué líneas atrás, una vez se realice la exhibición de los documentos
mencionados, es decir, dentro de los 10 días siguientes a dicha fecha, presentaré la
ampliación al presente recurso de reposición con la debida sustentación del mismo a fin
de que se revoque la calificación a mi asignada en caso de evidenciarse falencias o errores
que conlleven la adjudicación de un resultado diferente al ya publicado en la Resolución
objeto de recurso.» Subrayado de la Sala.

Además, de conformidad con los documentos aportados se advierte
que la accionante, el 15 de noviembre de 20225 adicionó el recurso de
reposición en el que solicitó lo que, in extenso, se cita:

«(…)atentamente me permito presentar escrito de ampliación y complementación a fin
de sustentar en debida forma el RECURSO DE REPOSICION interpuesto dentro del
término concedido, en contra de la RESOLUCIÓN NºCJR 22351 del 1 de septiembre de
2022, publicada en la página web de la rama judicial el día 2 de septiembre de 2022, en
la cual se me asignó una calificación de 798,97 (puntaje que está muy cerca de los 800

55
Información que se extrae del documento 2.Adicion recurso.pdf

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puntos que se requieren para pasar el examen) para el cargo de JUEZ PROMISCUO
MUNICIPAL a fin que SE MODIFIQUE O REFORME la calificación y se obtenga una
calificación satisfactoria en virtud de los argumentos que a continuación se expondrán,
iniciando con algunas preguntas contenidas en la prueba de CONOCIMIENTOS y
finalizando con algunas preguntas de la prueba de APTITUDES, así:

1.- ARGUMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICION RESPECTO DE LA PRUEBA
DE CONOCIMIENTOS:
PREGUNTA 53

Respecto de esta pregunta la Universidad dice que la respuesta correcta en este caso es la
opción “D” que hace referencia a los valores. Sin embargo, del enunciado de la pregunta
53 es fácil colegir que también la opción “C” que hace referencia a los principios, es una
opción válida e igualmente correcta, por lo tanto las dos respuestas, tanto la D como la C
deben admitirse como correctas.
(…)
PETICION

Por lo anterior, dado que en la pregunta 53, tanto la opción “D” (valores) como la opción
“C” (principios) responden al enunciado formulado por la institución evaluadora,
conllevando así que una misma pregunta tenga dos opciones correctas de respuesta, pido
que el resultado de dicha pregunta se asuma como VÁLIDA para la suscrita y se sume a
las demás preguntas acertadas que tuve dentro del examen objeto del presente recurso.

PREGUNTA 55

Respecto de la Pregunta número 55, la opción de la Universidad es la “D”, sin embargo,
la opción “B” es correcta por las siguientes razones:
(…)
PETICION

Por lo anterior solicito se me califique la pregunta 55 como correcta para la suscrita y se
sume a las demás preguntas acertadas que tuve dentro del examen objeto del presente
recurso. ***Finalmente, en caso de mantener por válida la respuesta D, se solicita a la
universidad evaluadora que exponga los argumentos legales y lógicos que la soportan.

PREGUNTA 59

Respecto de la Pregunta número 59, la opción de la Universidad es la “A” que señala -
Adecuación- sin embargo, la opción “B” -proporcionalidad- es la opción correcta por las
siguientes razones:
(…)
PETICION

Por lo anterior solicito se me califique la pregunta 59 como correcta para la suscrita y se
sume a las demás preguntas acertadas que tuve dentro del examen objeto del presente
recurso.

PREGUNTA 61

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Respecto de la Pregunta número 61, la opción de la Universidad es la “C” - operativa -,
sin embargo, al hacer un estudio del tema, se observa lo siguiente:
(…)
PETICION

Por lo anterior solicito que la pregunta N° 61 sea excluida de la prueba y se haga
nuevamente la calificación sin tenerla en cuenta o se me califique como buena sumando
los puntos correspondientes.

PREGUNTA 62

Respetando los parámetros impuestos por la Universidad Nacional para la exhibición y
posterior reclamación, y con el fin de sustentar en debida forma los argumentos bajo los
cuales considero que la pregunta 62 de la Convocatoria 27 para aspirantes al cargo de
Juez Promiscuo Municipal, realizada el 24 de julio de 2022, no se ajusta a ninguna de las
respuestas señaladas por la Universidad Nacional, explicaré las razones:
(…)

PETICION

En ese orden de ideas, solicito se me impute la pregunta como válida la pregunta 62,
conforme con la decisión del Honorable Consejo de Estado en sentencia 00294 de 2016,
que en el aparte más relevante, para el caso que nos ocupa, sostuvo:
(…)
PREGUNTA 63.

Respecto de la Pregunta número 63, la opción de la Universidad es la “C”, sin embargo
esa respuesta es desacertada, siendo la opción “B” la correcta por las siguientes razones:

Se indagaba que en un proceso, una de las partes solicitaba tuviese como confesión lo
dicho en la contestación de la demanda, en el entendido de que se cumplen a cabalidad
los requisitos. En esa situación, el juez debía desestimar la declaración como prueba de
confesión.

En este la clave de respuesta más acertada no es la C otorgada por la universidad sino la
B) escogida por el suscrito, esto es, que “recaiga sobre hechos respecto de los cuales exija
otro medio de prueba”. Lo anterior, se sustenta en el artículo 191 del Código General del
Proceso que señala como requisitos de la confesión, las siguientes hipótesis: entre otras:

2. Que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante
o que favorezcan a la parte contraria.
3. Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba.
5. Que verse sobre hechos personales del confesante o de los que tenga o deba tener
conocimiento.”
(…)
PETICION

En atención a lo anterior solicito se me tenga como válida la opción de respuesta “B” y
en consecuencia se me califique la pregunta 63 como correcta para la suscrita y se sume
a las demás preguntas acertadas que tuve dentro del examen objeto del presente recurso.
(…)

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PREGUNTA 65

Respecto de la Pregunta número 65, la opción de la Universidad es la “D”, sin embargo,
esa respuesta es desacertada, siendo la opción “B” la respuesta correcta por las siguientes
razones:

Esta pregunta indaga sobre el desconocimiento de un documento que es aportado dentro
de un proceso., donde el juez según lo establecido en el Código General del Proceso,
deberá decidir sobre la procedencia y eficacia del desconocimiento del documento.
(…)
PETICION
Por todo, solicito tener como RESPUESTA VÁLIDA para la pregunta 65 la opción “B”
elegida por la suscrita y adicionar el puntaje correspondiente. De manera subsidiaria al
no existir respuesta correcta respecto de esta pregunta, se solicita IMPUTARLA COMO
CORRECTA a todos los recurrentes y adicionar el puntaje correspondiente.

PREGUNTA 77

Respecto de la Pregunta número 77, la opción de la Universidad es la “C”, sin embargo,
la opción “A”, también es correcta por las siguientes razones:

El primer enunciado en la pregunta, marca claramente su objeto de estudio. Señala a “un
derecho humano”, (aún no ha aseverado alguno especifico), cuyo marco es el principio
de progresividad y la prohibición de ser regresivo, con lo cual aún no se ha caracterizado
el derecho humano de que se trate, sino que se está aludiendo o describiendo a los
derechos humanos en general.
(…)
PETICION
En atención a lo anterior solicito se me tenga como válida la opción de respuesta “A” y
en consecuencia se me califique la pregunta 77 como correcta para la suscrita y se sume
a las demás preguntas acertadas que tuve dentro del examen objeto del presente recurso.
(…)
PREGUNTA 82

Respecto de la Pregunta número 82, la opción de la Universidad es la “C”, sin embargo,
ESA NO ES una opción válida, siendo la respuesta “B” la más coherente frente a lo
planteado en la pregunta, por las siguientes razones:

PETICION
En virtud de lo expuesto, se solicita tener como correcta la opción de respuesta “B”
elegida por la suscrita y adicionar el puntaje correspondiente.
(…)
PREGUNTA 84

Respecto de la Pregunta número 84, la opción de la Universidad es la “D”, sin embargo
también correcta la respuesta “A”, por las siguientes razones:

la Ley Estatutaria de Administración de Justicia en su artículo 1º estipula que la
administración de justicia es parte de la función pública, en los siguientes términos:

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“ARTÍCULO 1º. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. La administración de justicia es
la parte de la función pública que cumple el Estado encargada por la Constitución Política
y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados
en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia
nacional”.

Sin embargo, el artículo 125 de la Ley en cita también clasifica la administración de
justicia como un servicio público esencial, al señalar expresamente:

“ARTÍCULO 125. DE LOS SERVIDORES DE LA RAMA JUDICIAL SEGÚN LA
NATURALEZA DE SUS FUNCIONES. Tienen la calidad de funcionarios los
Magistrados de las Corporaciones Judiciales, los Jueces de la República y los Fiscales.
Son empleados las demás personas que ocupen cargos en las Corporaciones y Despachos
Judiciales y en los órganos y entidades administrativas de la Rama Judicial.

PETICION

En virtud de lo expuesto, se solicita tener como correcta la opción de respuesta “A”
elegida por la suscrita y adicionar el puntaje correspondiente.

PREGUNTA 97

Respecto de la Pregunta número 97, la opción de la Universidad es la “C”, sin embargo
esa NO es una opción correcta, siendo la “A” la única opción válida, por las siguientes
razones:

El enunciado de la pregunta hace referencia a que AL FINALIZAR LA DILIGENCIA el
propietario de la finca presentó oposición demandando la prescripción adquisitiva del
terreno en conflicto.

PETICION
En virtud de lo expuesto, se solicita tener como correcta la opción de respuesta “A”
elegida por la suscrita y adicionar el puntaje correspondiente.
(…)
PREGUNTA 103

Respecto de la Pregunta número 103, Si bien no existe debate frente a la clave de
respuesta asignada por la universidad, es preciso que dicha respuesta se impute como
correcta a todos los concursantes al cargo de Juez Promiscuo Municipal, dado que con
esta pregunta se está evaluando un tema que no hace parte del eje temático a evaluar para
el cargo de JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL, tal como se explicará a continuación.
(…)
PETICION

Conforme a todo lo expuesto, es claro que, en ningún caso, el asunto de PROTECCIÓN
DE PATENTES, seria competencia de los Jueces Promiscuos Municipales, razón por la
cual dicha pregunta NO debe tenerse en cuenta para evaluar los conocimientos de quienes
aspiramos a JUECES PROMISCUOS MUNICIPALES, en consecuencia, téngase como
CORRECTA a todos los recurrentes sumando el respectivo puntaje.

PREGUNTA 118

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Respecto de la Pregunta número 118, la opción de la Universidad es la “D”- Hurto
agravado en concurso homogéneo, sin embargo, la opción que más se acerca a la realidad
es la “A”, que indica “Abuso de confianza en concurso con Hurto.”, teniendo en cuenta
que ninguna de las otras opciones, brinda una respuesta válida, tal como a continuación
se explica:
(…)
PETICION

Por lo anterior, solicito que frente a la pregunta 118 se tome la respuesta “A” (escogida
por mi), como OPCION DE RESPUESTA VALIDA Y CORRECTA, sumando al puntaje
otorgado, o en su defecto se tomen como válidas tanto la Opción A como la D dadas las
falencias evidenciadas en el enunciado de la pregunta (información escasa que permite
ambigüedades porque de haberse suministrado información suficiente, se tendría con
certeza una única opción de respuesta válida). ***Finalmente, en caso de no acceder a lo
pedido, se solicita a la universidad evaluadora que exponga los argumentos legales y
lógicos que soporten la decisión.

PREGUNTA 125

Respecto a esta pregunta, la clave de respuesta de la Universidad es la “B”, sin embargo,
considero que la pregunta está mal construida, dado que los requisitos contenidos en los
literales de respuesta A., B,.C y D son TODOS REQUSITOS NECESARIOS para
imponer una medida de aseguramiento, de acuerdo con el Art. 308 del C.P.P. que prevé

PETICION

Por lo anterior, al estar mal construida la pregunta 125 y por NO ser posible descartar
ninguno de los requisitos contenidos en las opciones de respuesta “A”, “B”, “C” y “D”,
solicito tener como válidas TODAS las opciones de respuesta incluida la opción “D”
marcada por la suscrita y corregir la calificación sumando el puntaje correspondiente a
mi favor.
PREGUNTA 126

Respecto de esta pregunta, la clave de respuesta de la Universidad es la “B” indicaba que
el Fiscal debía devolver el vehículo a quien acredite su propiedad. Sin embargo, la opción
de respuesta “C” (marcada por mí), es la opción correcta dado el contenido del enunciado.

(…)
PETICION
Por lo tanto, solicito se tenga como válida Y CORRECTA la respuesta contenida en el
enunciado “C” que fue la escogida por mi en la pregunta 126 y en consecuencia, se corrija
la calificación sumando el puntaje correspondiente

2.- ARGUMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICION RESPECTO DE LA PRUEBA
DE APTITUDES

PREGUNTA 6

Respecto de esta pregunta 6, la clave de respuesta “D” que es la señalada como correcta
por la Universidad, sin embargo dicha opción de respuesta presenta una inconsistencia

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significativa toda vez que la pregunta hace uso del término “implica”, (hacer que alguien
se vea enredado o comprometido en un asunto), y en el enunciado se afirma tácitamente
que el ejercicio del pensamiento crítico NO IMPLICA SUPERAR UNA APATÍA
GENERALIZADA, lo cual, claramente, se aleja de lo que expresa en el inicio del texto.
Es decir, el pensamiento crítico bien entendido, si implica superar cierta apatía
generalizada, lo cual se puede interpretar.
(…)
PETICION

Por lo tanto, solicito se tenga como VALIDA Y CORRECTA la respuesta contenida en
el enunciado “B” que fue la escogida por mi en la pregunta 7 y en consecuencia, se corrija
la calificación sumando el puntaje correspondiente.

PREGUNTA 7

Respecto de esta pregunta 7, la clave de respuesta “A” - pone en duda sus concepciones
sobre la realidad- es la señalada como correcta por la Universidad, sin embargo, esa
respuesta NO es la más acertada porque genera ambigüedad al no poderse establecer con
certeza si la “duda sobre sus concepciones sobre la realidad…es respecto de sí mismo o
del otro y en éste último evento, es decir, si la duda es respecto a las concepciones sobre
la realidad que tenga el otro, lo que la persona estaría denotando sería una postura de
irrespeto ante el pensamiento del otro.

PETICION

Por lo tanto, solicito se tenga como VALIDA Y CORRECTA la respuesta contenida en
el enunciado “B” que fue la escogida por mi en la pregunta 7 y en consecuencia, se corrija
la calificación sumando el puntaje correspondiente.

PREGUNTA 9

Respecto de esta pregunta 9, la clave de respuesta señalada por la Universidad como
correcta es la “C” – la mesurabilidad, que estaría derivada de la confianza depositada en
el medio , sin embargo, se evidencia errores en la taxonomía de las respuestas dado que
la pregunta debería tener una única respuesta correcta lo cual no sucede en este caso tal
como se explicará a continuación.

PETICION

Por lo anterior, al estar mal construida la pregunta 9 y por NO evidenciarse una respuesta
correcta de acuerdo a lo pedido en el enunciado, solicito tener como válidas TODAS las
opciones de respuesta incluida la opción “A” marcada por la suscrita y corregir la
calificación sumando el puntaje correspondiente a mi favor.

PREGUNTA 18

Respecto de la pregunta 18, la clave de respuesta señalada por la Universidad como
correcta es la “A”, sin embargo, se observa que la opción de respuesta “B” ya que en el
texto no se rescata que Nueva Zelanda quiera ser reconocida como archipiélago sino que
lo que busca es ser reconocida como continente, y el texto enunciado no habla de geólogos
que puedan desvirtuar dicha teoría.

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PETICION

Por lo tanto, solicito se tenga también como VALIDA la respuesta contenida en el
enunciado “B” que fue la escogida por mi, en la pregunta 18, toda vez que esta respuesta
se ajusta a lo pedido por el evaluador en dicha pregunta y en consecuencia, se corrija la
calificación sumando el puntaje correspondiente.

PREGUNTA 23

Respecto de esta pregunta debe indicarse que la Universidad tiene como clave de
respuesta correcta la opción “D”, sin embargo, a continuación, se demostrará que tanto la
opción “A” escogida por mi, como la opción “D” escogida por la Universidad, serian
respuestas correctas, teniéndose por lo tanto, como un enunciado mal formulado tal como
a continuación se expone con 2 argumentos, así:
(…)

PETICION

De no acceder a dicha petición de tener por válida mi respuesta contienda en la opción A,
solicito SE ANULE LA PREGUNTA y se de POR VALIDA a quienes recurran la
pregunta 23 no solo por la ambigüedad del enunciado planteado sino también porque ,
esta pregunta NO cumple con los principios de coherencia y relevancia (discriminación
en relación con la sección del instrumento), dado que estaría asumiendo un marco
especializado de una postura de la filosofía (la lógica formal), desde el cual NO tenemos
por qué ser evaluados quienes aspiramos al cargo de Juez Promiscuo Municipal, tal como
ya se explicó líneas atrás

PREGUNTA 26

Respecto de esta pregunta debe indicarse que la Universidad tiene como clave de
respuesta correcta la opción “C”, sin embargo, a continuación, se demostrará que este
ítem NO DEBE SER VALIDADO por las razones que a continuación se exponen:

(…)
PETICION

Así las cosas, solicito SE ANULE LA PREGUNTA y se de POR VALIDA a quienes
recurran la pregunta 26 porque no cumple con los principios de coherencia y relevancia
(discriminación en relación con la sección del instrumento), dado que estaría asumiendo
un marco especializado de una postura de la filosofía (la lógica formal), desde el cual NO
tenemos por qué ser evaluados quienes aspiramos al cargo de Juez Promiscuo Municipal,
tal como ya se explicó líneas atrás.

PREGUNTA 28

Respecto de esta pregunta debe indicarse que la Universidad tiene como clave de
respuesta correcta la opción “A”, sin embargo, a continuación, se demostrará que este
ítem NO DEBE SER VALIDADO por las razones que a continuación se exponen:

PETICION

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Así las cosas, solicito SE ANULE LA PREGUNTA y se de POR VALIDA a quienes
recurran la pregunta 28 porque no cumple con los principios de coherencia y relevancia
(discriminación en relación con la sección del instrumento), dado que estaría asumiendo
un marco especializado de una postura de la filosofía (la lógica formal), desde el cual NO
tenemos por qué ser evaluados quienes aspiramos al cargo de Juez Promiscuo Municipal,
tal como ya se explicó líneas atrás

PREGUNTA 32

Respecto de esta pregunta debe indicarse que la Universidad tiene como clave de
respuesta correcta la opción “A”, sin embargo, a continuación, se demostrará que este
ítem DEBE SER ANULADO Y TERNERSE COMO VALIDO para todos los
recurrentes, por las razones que a continuación se exponen:
(…)
PETICION

De esta manera, manifiesto que esta pregunta generó confusión al existir un error de
redacción, y en ese entendido solicito se anule la pregunta y se de por valida a los
concursantes que recurran la misma.

PREGUNTA 34

Respecto de esta pregunta debe indicarse que la Universidad tiene como clave de
respuesta correcta la opción “B”, sin embargo, existe un error en la clave de respuesta
escogida por la Universidad, siendo la respuesta correcta la contenida en la opción “C”
escogida por la suscrita, tal como a continuación se explicará:

PETICION

Por lo anterior, solicito se corrija el error en la clave de respuesta y en consecuencia se
tenga como CORRECTA LA OPCIÓN “C” -escogida por la suscrita recurrente-
conforme al razonamiento antes expuesto.

PREGUNTA 40

Respecto de esta pregunta debe indicarse que la Universidad tiene como clave de
respuesta correcta la opción “B”, sin embargo, existe un error en la clave de respuesta
escogida por la Universidad, siendo la respuesta correcta la contenida en la opción “D”
escogida por la suscrita, tal como a continuación se explicará.

PETICION

Así las cosas, la respuesta correcta corresponde a la opción “D” escogida por la suscrita.
Por lo anterior, solicito se corrija el error en la clave de respuesta y en consecuencia se
tenga como CORRECTA LA OPCIÓN “D” -escogida por la suscrita recurrente-
conforme al razonamiento antes expuesto.

PREGUNTA 43

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Respecto de esta pregunta debe indicarse que la Universidad tiene como clave de
respuesta correcta la opción “B”, sin embargo, existe un error en la clave de respuesta
escogida por la Universidad, siendo la respuesta correcta la contenida en la opción “D”-
Revisión gramatical de dos documentos-, escogida por la suscrita toda vez que la imagen
presentada en la pregunta 43 de la cartilla de preguntas SI corresponde a la revisión
gramatical realizada a dos documentos, por lo tanto la clave de respuesta “D” escogida
por la suscrita es CORRECTA y VALIDA.

PETICION Por lo anterior, solicito se corrija el error en la clave de respuesta y en
consecuencia se tenga como CORRECTA LA OPCIÓN “D” -escogida por la suscrita
recurrente- conforme al razonamiento antes expuesto O en su defecto se tengan como
válidas las opciones de respuesta “B” escogida por la Universidad y la opción “D”
escogida por la suscrita.»

Al respecto, la parte accionada, por medio de Resolución n.° CJR23-
0042 del 16 de enero de 2023 – Anexo 2, contestó:

« (…)
ANEXO 2

Se relaciona a continuación una a una las preguntas que fueron objetadas por los
recurrentes para el Cargo Juez Promiscuo Municipal, indicando su pertinencia, la
justificación de la clave asignada, así como la razón de las opciones de respuesta no
válidas, las cuales son el producto de la estructura y elaboración de las preguntas.
(…)
Pregunta No. 6

La opción D es la respuesta correcta porque el inicio del texto se refiere a la voluntad de
superar la apatía como un elemento que puede añadirse al pensamiento crítico, lo cual
indica que el pensamiento crítico y la ausencia de apatía son aspectos separados, y que se
puede tener una sin tener la otra.

Pregunta No. 7

La opción A es la respuesta correcta porque la principal barrera que plantea el autor para
lograr el respeto de los demás pensamientos es asumir que se tiene la verdad absoluta.
Partir del reconocimiento de la posibilidad de estar equivocado es un primer paso
necesario para lograr el respeto hacia el pensamiento ajeno.

Pregunta No. 9

(…)
La opción C es la respuesta correcta porque en el texto, es la confianza en el medio de
pago la que surge a partir del criterio básico de mensurabilidad. Sin embargo, lo contrario
no es cierto: la mensurabilidad no depende de la confianza en el medio de pago.
(…)
Pregunta No. 18

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La opción A es la respuesta correcta porque el interés de Nueva Zelanda estaría
encaminado a ser reconocido como un continente, lo cual implicaría cambiar su estatus
actual de estado archipelágico.
(…)
Pregunta No. 23

La opción D es la respuesta correcta porque de los resultados de la investigación se puede
concluir que el grupo era nómada; sin embargo, el argumento de P es incorrecto porque
esto se puede sustentar por el hecho de no haber encontrado estructuras de resguardo, más
no por haber encontrado herramientas de caza de tamaño pequeño y poco peso, lo cual es
una condición necesaria pero no suficiente para caracterizar a un grupo como nómada,
pues no se garantiza que las herramientas pequeñas y de poco peso sean de uso exclusivo
de este grupo.
(…)
Pregunta No. 26
La opción C es la respuesta correcta porque del razonamiento “…si se aplicaban los
exámenes finales en computador o en papel. Si se realizaban en computador, se ahorrarían
costos en la aplicación del examen, y si se realizaban en papel, el nivel de seguridad de
los exámenes aumentaría” se puede concluir que, o se ahorran costos, o se aumenta el
nivel de seguridad. Por tanto, si se niega que se aumenta el nivel de seguridad,
necesariamente se niega la realización en papel, por lo que se puede afirmar que la prueba
se realizó en computador y, por ende, se afirma el ahorro de costos.
(…)
Pregunta No. 28

La opción A es la respuesta correcta porque si se considera como verdadera la afirmación
“si se aumenta el presupuesto del proyecto, se puede contratar más personas”, pero se
niega que se contraten más personas, entonces se puede concluir que no se aumenta el
presupuesto en virtud de la relación propuesta. Sin embargo, si se niega que se contratan
más personas, no se puede concluir que la tasa de desempleo no vaya a disminuir. Esta
disminución puede darse por factores ajenos a la contratación en el proyecto. Por tanto,
si no se contratan más personas, se puede afirmar que no se aumenta el presupuesto, pero
podría disminuir la tasa de desempleo.
(…)
Pregunta No. 32

La opción A es la respuesta correcta porque “para bajar más de 5 kg en dos meses se debe
suprimir en la dieta diaria solo una de las cuatro condiciones” y los sujetos que
suprimieron solo una condición, únicamente bajaron 5 kg, por tanto, los sujetos no
bajaron más de los 5 kg.
(…)
Pregunta No. 34

La opción B es la respuesta correcta porque de la ampliación propuesta, el 80 % estaría
disponible para el nuevo carril de automóviles. Dicho porcentaje, en la ampliación del 30
% equivale a un 24 %, lo cual, de acuerdo con lo enunciado sobre los requerimientos
mínimos establecidos por la autoridad de tránsito, no es suficiente, porque se debería
cumplir con el 25 % de ancho del carril para cumplir la condición de igualdad con los
otros carriles.
(…)
Pregunta No. 40

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(…)
La opción B es la respuesta correcta porque se compran 4 unidades del mismo artículo
con un 35 % de descuento en el total, y este descuento es mayor que el de las tiendas 1 y
3 (25 %) y el de la tienda 4 (menor que el 35 %), por lo que la tienda 2 tiene la oferta más
favorable.

Pregunta No. 43
(…)
La opción B es la respuesta correcta porque al hacer comparación de dos documentos
(buscando resaltar las diferencias que existen entre un documento y otro), se visualizan
los campos como lo ilustra la imagen, que incluye cuatro cuadros que permiten ver el
documento original, el documento revisado, los cambios realizados y el documento que
los comprar.
(…)
Pregunta No. 53

Esta pregunta es pertinente porque para cualquier operador jurídico y, en especial, para
los jueces y magistrados, es fundamental conocer los diferentes tipos de normas que
integran un sistema jurídico con el objeto de poder interpretarlas y aplicarlas.
(…)
La opción D es la respuesta correcta porque tanto la doctrina como la jurisprudencia
constitucional han definido los valores de la forma expuesta en el enunciado.

Pregunta No. 55

Esta pregunta es pertinente porque en el ejercicio de la función jurisdiccional es necesario
conocer las funciones del lenguaje y la manera como se integra en los argumentos, de tal
manera que sea posible distinguir entre las categorías de validez, verdad, eficacia, etc. La
opción A no resuelve de manera adecuada el enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque de las normas o prescripciones no es posible afirmar que sean
verdaderas o falsas porque su función es determinar o regular el comportamiento de
alguien. Se puede afirmar su validez, su eficacia o su corrección.
(…)
La opción D es la respuesta correcta porque la categoría de verdad se puede aplicar a las
proposiciones descriptivas, en cuanto su función es dar informaciones sobre ciertos
hechos o situaciones.

Pregunta No. 59
(…)
La opción A es la respuesta correcta porque en el juicio de proporcionalidad la
“adecuación” consiste en la relación causal entre la medida restrictiva y el principio
constitucional que se busca maximizar, de manera que, si se decide restringir un derecho
o principio, efectivamente se debe buscar la maximización del derecho enfrentado.

Pregunta No. 61

Esta pregunta es pertinente porque los efectos de la interpretación del derecho que
desarrollan jueces y magistrados dependen principalmente de las competencias que les
atribuye el ordenamiento jurídico, entre las cuales está la de decidir con autoridad los
conflictos y asuntos sometidos a su conocimiento. Por consiguiente, es necesario que

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conozcan las diferentes clasificaciones de la interpretación jurídica, en especial aquella
que distingue entre interpretación “operativa” e interpretación “doctrinal”.
(…)
La opción C es la respuesta correcta porque la denominada interpretación “operativa” o
interpretación de los órganos jurídicos es la interpretación realizada por la persona que
tiene la facultad de ofrecer una decisión con autoridad para un caso específico, esto es,
producir una solución de carácter normativo que constituye, en concreto, la aplicación del
derecho.
(…)
Pregunta No. 62

Esta pregunta es pertinente porque revisar los ajustes de forma propuestos se propone
elaborar una pregunta que interrogue sobre la naturaleza del significado de la carga de la
prueba de acuerdo con el CGP, de manera que las opciones de respuesta sean más
precisas, al tiempo que se puedan concretar y clarificar las justificaciones de las opciones
de respuesta. Conviene señalar que, mientras que en el enunciado se toma como referente
el CGP, en las justificaciones de las opciones de respuesta se cita la sentencia C- 086 de
2016 de la Corte Constitucional y la Doctrina.

Pregunta No. 63
(…)
La opción C es la respuesta correcta porque esta opción es diametralmente opuesta a la
consagrada en el Art. 191 Núm. 2 del C.G.P., toda vez que la confesión debe reportarle
consecuencias adversas al confesante y no favorables, tal como está en la opción.

Pregunta No. 65

Esta pregunta es pertinente porque el artículo 244.2 del CGP presume la autenticidad de
todos los documentos aportados al proceso judicial, sin distinguir que el autor sea una
autoridad pública o particular, parte o tercero, o que se aporten en original o en copia, o
que hayan sido firmados, manuscritos o elaborados, o que lleven la voz o imagen de una
persona.
(…)
La opción D es la respuesta correcta porque “...la situación es distinta cuando se trata de
instrumentos «dispositivos o representativos» (artículo 272-1). Como la normatividad
presume la certeza, su valoración procede cuando no es desconocida. En el caso de
rechazarse, la apreciación requiere verificar su contenido mediante una articulación
(inciso 3º, ibídem). Por esto, «si no se establece la autenticidad del documento
desconocido carecerá de eficacia probatoria» (inciso 5º, ejúsdem). (SC-4792-2020, 7 de
diciembre de 2020).

Pregunta No. 77

Esta pregunta es pertinente porque evalúa el conocimiento que el postulante tiene tanto
de la lógica del sistema universal de derechos humanos como de los derechos
económicos, sociales y culturales y sus sistemas de seguimiento.
(…)
La opción C es la respuesta correcta porque corresponde a este órgano revisar los informes
presentados por los Estados y emitir Observaciones Generales sobre los mismos de
conformidad con la Resolución 17 de 1985 del Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas.

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Pregunta No. 82

Esta pregunta es pertinente porque es importante que los aspirantes a jueces y magistrados
estén familiarizados con las implicaciones del mandato constitucional que establece en su
artículo 74 que “el secreto profesional es inviolable”; durante el ejercicio profesional de
los aspirantes como jueces de tutela (jueces constitucionales), deberán tener este insumo
claro.
(…)
La opción C es la respuesta correcta porque es el carácter personalísimo de la relación lo
que determina la aplicación del secreto profesional. “La Corte Constitucional ha definido
el secreto profesional como la información reservada o confidencial que se conoce por
ejercicio de determinada profesión o actividad. En este sentido, el secreto profesional es
un derecho – deber del profesional, pues de verse compelido a revelar lo que conoce
perderá la confianza de sus clientes, su prestigio y su fuente de sustento. El secreto
profesional nace de una relación de confianza que surge entre el profesional y su cliente
a propósito de los asuntos objeto de su relación…” Sentencia C301 de 2012 Corte
Constitucional.
(…).
Pregunta No. 84

Esta pregunta es pertinente porque es necesario que un servidor de la justicia conozca
adecuadamente la estructura de la Rama.
(…)
La opción D es la respuesta correcta porque así lo dispone el artículo 228 de la
Constitución Nacional. Conforme al Consejo de Estado “La función pública es toda
actividad ejercida por los órganos del estado para la realización de sus fines”.

Pregunta No. 97

Esta pregunta es pertinente porque La pregunta es pertinente toda vez que consagra la
improcedencia de la prescripción adquisitiva de mala fe respecto de los bienes inmuebles
de una Empresa Industrial y Comercial del Estado, a través de una acción de oposición
manifestada mediante un proceso especial de deslinde y amojonamiento.
(…).
La opción C es la respuesta correcta porque se requiere oposición formal en el sentido
legal. En efecto, el artículo 404 numeral primero del Código General del Proceso, indica
que:

“Si antes de concluir la diligencia alguna de las partes manifiestan que se opone al
deslinde practicado, se aplicarán las siguientes reglas: 1. Dentro de los diez (10) días
siguientes el opositor deberá formalizar la oposición, mediante demanda en la cual podrá
alegar los derechos que considere tener en la zona discutida”.

Pregunta No. 103

Esta pregunta es pertinente porque la presente pregunta exige que el funcionario judicial
entienda que si bien el régimen de las nuevas creaciones otorga monopolios de
explotación sobre las invenciones (sean estas productos o procedimientos), estos no son
ilimitados y existen unos usos que están permitidos a toda la población como la

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experimentación, investigación, etc., sin que se requiera de una autorización del titular de
la patente o del Estado.
(…)
La opción C es la respuesta correcta porque en el caso de las patentes de invención de
procedimiento los derechos de su titular están contemplados en el artículo 52 de la
Decisión 486 de 2000. Ahora bien, se consideran como usos permitidos, sin necesidad de
licencia, los contemplados en el artículo 53 de la misma norma porque el titular de la
patente no puede prohibirlos, entre los que figura en el literal b) los “actos realizados
exclusivamente con fines de experimentación, respecto al objeto de la invención
patentada”.
(…)
Pregunta No. 118

Esta pregunta es pertinente porque los funcionarios judiciales deben conocer sobre los
delitos contra el patrimonio económico. Además, porque este es uno de los temas que
genera equívocos y discusiones es la diferencia entre el hurto agravado por la confianza
y el abuso de confianza.
(…)
La opción D es la respuesta correcta porque se aprovechó de la confianza personal que se
deposita en el ciudadano que lleva los domicilios y que debe en consecuencia recibir los
dineros, por lo cual configura un hurto agravado por la confianza, establecido en el
artículo 241, numeral 2, de la Ley 599 de 2000-Código Penal, ya que lo que se vulnera es
la confianza personal y no jurídica. Este delito se considera en concurso homogéneo
porque en diez oportunidades se apoderado de los dineros recibidos por la entrega de los
mercados, según lo plasmado en el artículo 31 del mismo código.
(…)
Pregunta No. 125

Esta pregunta es pertinente porque la decisión sobre la imposición de medida de
aseguramiento es una de las más complejas que se toman en el marco del proceso penal
pues implica realizar valoraciones en distintos niveles. La capacidad analítica-conceptual
de diferenciar claramente estos niveles y de entender el contenido de cada juicio que se
debe realizar es esencial para una toma de decisión acertada en este contexto, que implica
la integración de todos estos elementos. Con la pregunta formulada se pretende valorar si
el aspirante a juez es capaz de distinguir el contenido de los juicios básicos que se tienen
que hacer en el contexto de la toma de decisión para la imposición de la medida de
aseguramiento y, por tanto, identificar aquella opción cuyo contenido no corresponde
estrictamente con uno de esos juicios.
(…)
La opción B es la respuesta correcta porque para la imposición de la prisión preventiva
en establecimiento carcelario no necesariamente es requisito demostrar que el procesado
puede representar peligro futuro para la comunidad o la víctima, ya que la medida se
puede imponer por finalidades alternativas como las de impedir la obstrucción de la
justicia (artículo 309 del Código de Procedimiento Penal ) o evitar la no comparecencia
del procesado (artículo 312 del Código de Procedimiento Penal)
(…)
Pregunta No. 126

Esta pregunta es pertinente porque es importante que los jueces conozcan los alcances
del comiso, las diferencias entre delitos culposos y dolosos; entre bienes del autor y de

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terceros, y también las competencias en materia de devolución de bienes que no han sido
afectados por medidas cautelares, por jueces de control de garantías.

La opción B es la respuesta correcta porque en los delitos dolosos sólo procede el comiso
cuando el autor es propietario del vehículo, según lo establecido por la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia en providencia SP 11015-2016, radicación No.
47660: “En este caso, el comiso sólo es procedente respecto de los bienes y recursos del
penalmente responsable, en el entendido que el artículo 82 de la Ley 906 de 2004,
desarrolla lo consignado en el artículo 100 del Código Penal, y éste faculta la medida
exclusivamente en lo que toca con «…bienes, que tengan libre comercio y pertenezcan al
responsable penalmente, sean utilizados para la realización de la conducta punible, o
provengan de su ejecución».” Como en este caso el automóvil es de libre comercio, y no
le pertenece al indiciado, debe ser regresado a quien acredite su propiedad.»

De conformidad con lo anterior, esta Sala de Subsección encuentra que
la solicitud interpuesta por la parte accionante se dividió en dos
aspectos: (i) una petición de información relacionada con el trámite
adelantado en el marco del examen para el concurso de méritos y (ii)
un recurso de reposición en contra de la Resolución CJR22-0351 del 1
de septiembre de 2022 que publicó los resultados de la prueba de
aptitudes.

Así las cosas, en cuanto a la falta de respuesta a la petición interpuesta
a la Universidad de Colombia, se tiene que a través de la Resolución
n.° CJR23-0042 del 16 de enero de 2023 – Anexo 2, notificada al día
siguiente de su promulgación a través de la página web de la Rama
Judicial en virtud de lo dispuesto en el numeral 5° del acto
administrativo en comento6, se contestaron todas las preguntas que
fueron objetadas por los recurrentes para el cargo juez promiscuo
municipal, en donde se indicó su pertinencia, la justificación, así como
la razón de las opciones de respuesta no válidas.

6 ARTÍCULO 5º: NOTIFICAR esta decisión, mediante su fijación, durante el término de cinco (5) días hábiles, en el

Consejo Superior de la Judicatura. De igual manera se informará a través de la página web de la Rama Judicial,
www.ramajudicial.gov.co y en los Consejos Seccionales de la Judicatura.

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Accionante: Sandra Patricia González Ríos

En ese sentido, resulta necesario precisar que la respuesta a lo
pretendido por la accionante en ejercicio del derecho fundamental de
petición se resolvió a través de la Resolución n.° CJR23-0042 del 16 de
enero de 2023 – Anexo 2.

Así pues, estima la Sala como lo hizo la Sección Segunda, Subsección
B de esta corporación que dicha pretensión no tiene vocación de
prosperidad por cuanto la parte recibió una respuesta de fondo, clara
y oportuna respecto de lo requerido, por lo que procederá a confirmar,
con base en lo expuesto previamente.

3.2. Por otra parte, para la Sala de Subsección surge con claridad la
improcedencia de la acción de tutela respecto del segundo reparo, en
tanto que la accionante tiene a su alcance los medios de control de
nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar las
Resoluciones CJR22-0351 del 1º de septiembre de 2022 y CJR23-0042
del 16 de enero de 2023 por medio de las cuales se le asignó a la
accionante un puntaje de 798,97 en el marco de la convocatoria 027
para proveer cargos de funcionarios en la Rama Judicial, máxime
cuando dichos resultados consolidaron situaciones particulares y
concretas frente a los demás participantes.

Por tanto, la intervención excepcional del juez constitucional en el
asunto bajo estudio implicaría la vulneración de los derechos
fundamentales de los concursantes que aprobaron el examen, quienes,
al igual que la accionante, debieron someterse a las mismas reglas de
la mencionada convocatoria.

En virtud de lo expuesto, la actora debe acudir, si a bien lo tiene, a los
medios de control contemplados en los artículos 137 y 138 del CPACA,

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Accionante: Sandra Patricia González Ríos

para controvertir las resoluciones objeto de censura, a fin de que sea
el juez natural de la causa el que determine si las decisiones
particulares adoptadas se ajustaron o no a las reglas del concurso.

Además porque entiende la Sala de Subsección que son actos
administrativos definitivos, en tanto i) contienen la manifestación de
voluntad de una entidad pública; ii) se expidieron en ejercicio de la
función administrativa; iii) producen efectos jurídicos, teniendo en
cuenta que allí se publicaron los resultados del examen en el marco de
la aludida convocatoria, que define para los aspirantes una situación
jurídica, pues otorgan en cierta parte derechos a los concursantes; los
cuales como bien se indicó anteriormente son susceptibles de ser
controvertidos a través de los medios de control previstos en la Ley
1437 de 2011.

En ese contexto, considera la Sala de Subsección que en este asunto
no confluyen los presupuestos que acrediten la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, de tal manera que se requiera la adopción de
una decisión urgente a través de este mecanismo constitucional 7, por
lo que la peticionaria puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo en la cual puede solicitar el decreto de alguna de las
medidas cautelares allí previstas, a fin de procurar la tutela judicial
efectiva.

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado:

«15.- Ahora bien, recientemente, mediante la sentencia SU-691 de 2017, la Sala Plena tuvo
la posibilidad de pronunciarse nuevamente respecto de la eficacia de los medios de defensa
previstos en el ordenamiento jurídico ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y

7 En este punto, la Sala debe insistir en que la procedencia de la acción de tutela en materia de concursos de méritos es

excepcional y aunque en asuntos anteriores ha adoptado decisiones de fondo, ello ha ocurrido ante la inminencia de un
perjuicio irremediable, evento en el cual el medio ordinario de defensa deviene ineficaz.

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de las medidas cautelares que pueden ser decretadas por el juez. En esa providencia, esta Corte
consideró que estas nuevas herramientas permiten garantizar la protección de los derechos de
forma igual o, incluso superior a la acción de tutela en los juicios administrativos, pero ello
no significa la improcedencia automática y absoluta de la acción de tutela como mecanismo
de protección subsidiario de los derechos fundamentales, ya que los jueces constitucionales
tienen la obligación de realizar, de conformidad con el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991,
un juicio de idoneidad en abstracto y otro de eficacia en concreto de los medios de defensa
alternos y, en ese sentido, están obligados a considerar: “(i) el contenido de la pretensión y
(ii) las condiciones de los sujetos involucrados”8».

Ahora bien, de conformidad con el material probatorio arribado al
plenario se advierte que la señora Sandra Patricia González Ríos,
adjuntó copia de la sentencia del 6 de julio de 2006, proferida por el
Juzgado Promiscuo del Circuito Monterrey (Casanare) por medio de la
cual ordenó la privación de la patria potestad del padre y concedió a la
accionante el ejercicio absoluto de la custodia de su hijo. Asimismo,
aportó un certificado laboral que acredita vinculación en el cargo en
provisionalidad como juez promiscuo municipal de Orocué.

En ese contexto, en el asunto bajo estudio, no se demostró un perjuicio
irremediable que haga necesaria la intervención del juez constitucional,
en tanto, el acervo probatorio no demuestra la presunta situación de
vulnerabilidad a la que el accionante manifiesta estar sometida por ser
madre cabeza de familia, pues en la actualidad se encuentra vinculada
a la Rama Judicial desempeñando un cargo en provisionalidad.

Además, porque entiende la Sala que lo que discrepa la parte actora
es la puntuación asignada en las decisiones recurridas las cuales como
se indicó previamente son susceptibles de los medios de control
previstos en la Ley 1437 de 2011 a fin de que sea el juez natural de la

8 T-059 de 2019.

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causa el que determine si las decisiones particulares adoptadas se
ajustaron o no a las reglas del concurso.

Así las cosas, en el caso concreto no se acreditó la existencia de un
perjuicio irremediable que haga necesaria la intervención del juez
constitucional, razón por la cual considera la Sala revocar la decisión
de primer grado que negó el amparo para en su lugar rechazar por
improcedente la acción de tutela, en atención a la existencia de otros
mecanismos judiciales de defensa que tiene a su alcance para
controvertir, a través del respectivo juicio de legalidad.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR de manera parcial la sentencia del 9 de
marzo de 2023 proferida por la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado que negó el amparo
constitucional solicitado en lo relacionado con la
pretensión tendente a resolver de fondo la petición
presentada el 19 de septiembre de 2022 y adicionada el
15 de noviembre del mismo año, por las consideraciones
expuestas en el proveído.

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SEGUNDO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela
instaurada por la señora Sandra Patricia González Ríos
en contra del Consejo Superior de la Judicatura, Unidad
de Administración de Carrera Judicial y la Universidad
Nacional, respecto de la modificación de los actos
administrativos contenidos en las Resoluciones CJR22-
0351 del 1º de septiembre de 2022 y CJR23-0042 del 16
de enero de 2023, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

TERCERO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
SAMAI.

CUARTO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada el once (11) de
mayo de dos mil veintitrés (2023)

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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