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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00660-00

Fecha
3 de marzo de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00660-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 26 Número único de radicación: 110010315000-2023-00660-00 Actora: ESTHER DEL TRÁNSITO HOLGUÍN CELY PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia por falta de relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00660-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

3 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-00660-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: ESTHER DEL TRÁNSITO HOLGUÍN CELY

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO
POR FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA ACTORA
PRETENDE DEBATIR, A PARTIR DE ARGUMENTOS DE PURA
LEGALIDAD, UNA DIVERGENCIA QUE RECAE SOBRE UN ASUNTO
ECONÓMICO QUE YA FUE OBJETO DE ANÁLISIS EN SEDE
ORDINARIA.

DERECHO FUNDAMENTAL: AL DEBIDO PROCESO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la actora contra

el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ1.

1
En adelante el TRIBUNAL.

2

Número único de radicación: 110010315000-2023-00660-00
Actora: ESTHER DEL TRÁNSITO HOLGUÍN CELY

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La señora ESTHER DEL TRÁNSITO HOLGUÍN CELY, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su

derecho fundamental al debido proceso, el cual, a su juicio, le fue

vulnerado por el TRIBUNAL, al haber proferido en segunda instancia

la sentencia de 10 de agosto de 2022, dentro del proceso ejecutivo

identificado con el número único de radicación 150013333001-2012-

00078-01.

I.2.- Hechos

Manifestó que, en cumplimiento de una orden judicial proferida por

el TRIBUNAL dentro de una acción de nulidad y restablecimiento del

derecho, mediante Resolución núm. RDP 032240 de 14 de agosto de

2017, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA

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Actora: ESTHER DEL TRÁNSITO HOLGUÍN CELY

PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP2-, reliquidó su pensión de jubilación.

Agregó que, si bien la entidad aludida reliquidó su pensión, lo cierto

es que descontó un valor superior al que correspondía por los aportes

a seguridad social dejados de efectuar.

Comentó que promovió el proceso ejecutivo respectivo, que fue

identificado con el número único de radicación 150013331010-2012-

00078-00 y atribuido para su trámite en primera instancia al

JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO

JUDICIAL DE TUNJA3 que, mediante auto de 11 de febrero de

2019, dispuso remitir el proceso a la contadora del TRIBUNAL, para

que hiciera una liquidación de la obligación.

Informó que la contadora del TRIBUNAL determinó que la UGPP

efectuó deducciones por mayor valor en cuantía de $21.700.135.oo,

lo que arrojaba además $17.009.471.oo, por concepto de intereses

moratorios.

2
La UGPP.

3
En adelante el JUZGADO.

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Precisó que mediante auto de 13 de noviembre de 2020, el

JUZGADO libró mandamiento de pago por las sumas de dinero

aludidas, decisión frente a la cual la UGPP interpuso recurso de

reposición para discutir los requisitos formales del título en los

términos del artículo 430 del Código General del Proceso -CGP4.

Explicó que a través de auto de 23 de abril de 2021, el JUZGADO

confirmó su decisión inicial y mediante sentencia de 3 de diciembre

siguiente, declaró no probadas las excepciones de fondo propuestas

por la UGPP y dispuso continuar adelante con la ejecución.

Expuso que la UGPP interpuso el recurso de apelación respectivo

ante el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 10 de agosto de

2020, revocó la decisión recurrida y dispuso declarar probada la

excepción de falta de requisitos del título ejecutivo, “[…] en especial

la claridad, respecto a la orden de realizar descuentos sobre los

nuevos factores salariales a incluir en la pensión de la actora […]”.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

4
En adelante CGP.

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Arguyó que al proferir la sentencia en segunda instancia, el

TRIBUNAL desconoció el artículo 430 del CGP, conforme con el cual

los requisitos formales del título se discuten mediante recurso de

reposición contra el auto mediante el cual se libra el mandamiento

del pago.

Comentó que, en su sentir, el único competente para decidir si el

título ejecutivo cumplía con los requisitos formales era el juez de

primera instancia, por lo que el TRIBUNAL carecía de competencia

para pronunciarse sobre dicho aspecto.

Argumentó que el hecho de que el TRIBUNAL haya asumido de

forma oficiosa el estudio de los requisitos formales del título ejecutivo

desconoce su derecho al debido proceso, dado que se trataba de una

excepción de fondo que atacaba sus pretensiones y no una cuestión

procedimental.

Explicó que es una persona de 77 años, a la cual se le han vulnerado

sus derechos fundamentales en un proceso ejecutivo en el cual quedó

probado que tenía razón sobre las sumas reclamadas.

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I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:

“[…] Señores Consejeros, con base en lo anterior, tutelen el
Derecho fundamental al Debido proceso del señor ESTHER DEL
TRANSITO HOLGUIN CELY, vulnerado por vías de hecho por
defecto procedimental cometido por la Sala de Decisión No. 5
del H. Tribunal Administrativo de Boyacá, junto con los demás
derechos enunciados en este escrito y los que resultaren
probados.

Como consecuencia de lo anterior, señores Consejeros, sírvanse
declarar la nulidad por inconstitucionalidad derivada de la
vulneración al debido proceso por defecto procedimental de la
sentencia del 10 de agosto de 2022 proferida dentro del proceso
ejecutivo 15001-3333-001-2012-00078-01.

señores Consejeros, sírvanse ORDENAR al Accionado TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ - Sala de Decisión No. 5,
continuar con el trámite dentro del proceso ejecutivo 15001-
3333-001-2012-00078-01, profiriendo nuevamente la sentencia
de segunda instancia, en los términos que disponga el Consejo
de Estado como juez constitucional. […]”. (Sic).

I.5.- Defensa

I.5.1.- La UGPP, vinculada en calidad de tercera con interés directo

en las resultas del proceso, manifestó que la presente acción de

tutela es improcedente porque lo pretendido por la actora es sustituir

una decisión judicial ejecutoriada, en búsqueda de un fin netamente

económico.

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Agregó que, en todo caso, los descuentos que se le efectuaron a la

actora correspondían a los aportes en salud que no se hicieron sobre

los factores salariales que le fueron incluidos en la reliquidación de

su pensión.

Expuso que, además, el estudio del fondo del asunto no es

procedente comoquiera que la actora no demostró el perjuicio

irremediable, máxime si se tiene en cuenta que a la fecha devenga

una pensión de $2.899.428.42.

I.5.2.- El TRIBUNAL y el JUZGADO, este último vinculado en

calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso,

pese a haber sido notificados en debida forma, guardaron silencio.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de

11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

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regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y

del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma

Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de

tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

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elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas

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las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales

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no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

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h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el caso bajo examen, la actora pretende que se deje sin efecto la

sentencia de 10 de agosto de 2022, proferida en segunda

instancia por el TRIBUNAL, dentro del proceso ejecutivo identificado

con número único de radicación 150013333001 2012 00078 01,

mediante la cual declaró probada la excepción de falta de requisitos

del título ejecutivo, respecto de la obligación perseguida.

La controversia tiene origen en el hecho de que, como consecuencia

de un proceso ordinario, la UGPP reliquidó la pensión de la actora y

efectuó los descuentos de aportes a seguridad social, sobre los

nuevos factores salariales incluidos.

Inconforme con las sumas que le fueron descontadas, la actora

promovió un proceso ejecutivo, frente al cual el JUZGADO libró el

mandamiento de pago respectivo y profirió la sentencia que ordenó

continuar con la ejecución.

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Como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la

UGPP, en segunda instancia el TRIBUNAL declaró la excepción

aludida, no obstante, en sentir de la actora esta autoridad no tenía

competencia para tal efecto, porque la discusión sobre los requisitos

formales del título solo podía ser propuesta por la ejecutada por

medio del recurso de reposición procedente contra el mandamiento

de pago, conforme con el artículo 430 del CGP.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de

ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró el derecho al debido

proceso de la actora, al haber declarado probada la excepción de falta

de requisitos del título respecto de la obligación perseguida, en el

curso de la segunda instancia del proceso ejecutivo identificado con

el número único de radicación 150013333001-2012-00078-01.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial el requisito de la relevancia constitucional.

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De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».6

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser

5
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [9].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [10].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal

[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”

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requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [11].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [12]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido

[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[12] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”

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particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [13].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [14]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

[13] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[14] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una

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afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la controversia

en el caso bajo estudio es de carácter meramente legal y de

contenido estrictamente económico, esto último, cuya falta de

reconocimiento no compromete ningún derecho fundamental de la

actora.

En efecto, la divergencia recae sobre un asunto de mera legalidad

porque se deriva del alcance que la actora pretende que se dé al

artículo 430 del CGP, en cuanto a la oportunidad para que se pueda

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alegar la ausencia de los requisitos formales del título ejecutivo en

los procesos de esta naturaleza y, en particular, para que se

determine si en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con

base en dicha disposición el juez de segunda instancia tiene

competencia para pronunciarse sobre dicho aspecto de forma oficiosa

en la sentencia.

Dichos aspectos, además de que carecen de una perspectiva

constitucional, en la medida que su solución derivaría de la simple

aplicación de la norma aludida, fueron resueltos por el TRIBUNAL

con base en jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte

Constitucional, así:

“[…] en relación con los aspectos sustanciales del título
ejecutivo, el Consejo de Estado en sentencia proferida el
9 de febrero de 2017 consideró que, tratándose de la
ejecución de providencias judiciales, el funcionario
judicial tiene la posibilidad de decidir de manera oficiosa
sobre aquellas excepciones de mérito que encuentra
probadas en el proceso, así no hayan sido alegadas por la
parte demandada. Al respecto, el órgano de cierre de esta
jurisdicción precisó:

“De las citas jurisprudenciales se puede establecer que, en
efecto, el juez en un proceso ejecutivo puede pronunciarse en la
sentencia, sobre hechos que encuentre probados, hubieren sido
o no alegados por la parte ejecutada, siempre que constituyan
excepciones de mérito en relación con el título ejecutivo.

(…) el Tribunal Administrativo de Nariño sí era competente para
decidir sobre las características sustanciales del título ejecutivo,
puesto que como se expuso in extenso de la jurisprudencia

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referida, el propósito mismo del proceso ejecutivo es determinar
la existencia de la obligación que el demandante pretende cobrar
a través de la intervención del Estado (…)”2

50. Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en el artículo
282 del Código General del Proceso, el cual establece que, “en
cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los
hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla
oficiosamente en la sentencia”.

51. Asimismo, la Corte Constitucional en la citada
sentencia T-747 de 2013, consideró que dentro de los
procesos ejecutivos, “la ley permite que el juez se
pronuncie de oficio, sobre aquellos hechos que se
encuentren probados en el proceso y constituyan una
excepción, con las salvedades que las normas consagran
relacionadas con aquellas de “prescripción,
compensación y nulidad relativa” que deben alegarse
necesariamente por el demandado en la contestación de
la demanda”.

52. De acuerdo con lo anterior, el Juez en la sentencia tiene la
posibilidad de decidir de oficio sobre aquellas excepciones que
encuentre probadas y que guarden relación con los aspectos
sustanciales del título ejecutivo […]”(Destacado fuera de texto).

De la trascripción en cita la Sala advierte que, en efecto, en la

sentencia cuestionada el TRIBUNAL argumentó las razones por las

cuales en esa instancia debía pronunciarse sobre los aspectos que

ahora reprocha la actora, sin que se vislumbre que pudo haber

actuado de forma abiertamente arbitraria o desbordado los límites

del principio de la autonomía judicial, por lo que el asunto carece de

relevancia constitucional.

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Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado

improcedentes acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no

resulta ser de verdadera relevancia constitucional, debido a que se

centra en reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue

el caso de la providencia de 29 de agosto de 201815, en la que se

sostuvo:

“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.

Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).

15
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.

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Igualmente, en providencia de 9 de febrero de 201716, se indicó:

“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).

De igual forma, la discusión tiene un contenido claramente

económico, en la medida que la inconformidad de la actora tiene

origen en un proceso ejecutivo en el cual pretendía el pago de los

descuentos que le fueron efectuados como aportes a seguridad social

con ocasión a la reliquidación de su pensión, sin que se advierta que

dicha situación pueda llegar a comprometer su mínimo vital o

cualquier otro derecho fundamental, ni que su edad sea una causal

para omitir el estudio del requisito de procedibilidad aludido.

16
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.

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En relación con este aspecto, esta Sala17 ha indicado:

“ […] para la Sala, el actor plantea una afectación de
derechos fundamentales que tienen su origen en últimas
en un debate estrictamente legal y económico, el cual ya
fue expuesto dentro del proceso ejecutivo y fue decidido
por el juez natural de la causa, por lo que no le corresponde
al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda
vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e
independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo
constitucional convirtiéndolo en una instancia adicional.

[…]
46. La Sala considera que la discusión que se expone a través
del escrito de tutela, siguiendo lo expuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia antes transcrita, no tiene
trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia
se encuentra limitado a asuntos meramente legales y
económicos cuya competencia se encuentran en cabeza del juez
de lo contencioso administrativo.

47.Igualmente, el conflicto que subyace en esta
oportunidad tiene un alcance de contenido particular y
meramente económico, esto es así porque la discusión y
los argumentos que se extraen de la acción de tutela, más
que develar la necesidad de protección de un derecho
fundamental, buscan que el juez de tutela valide la tesis
jurídica del actor y, con ello, acceda a las pretensiones de la
demanda, sin que de esta discusión se pueda evidenciar una
clara trascendencia o relevancia constitucional […]”. (Destacado
fuera de texto)

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la actora,

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de enero
de 2023, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 110010315000202206436-00

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sino una divergencia que obedece a un debate de mera legalidad y

de carácter económico, en el cual el juez de tutela no puede

inmiscuirse, so pena de otorgar a la acción de tutela el carácter de

un recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales y de

paso invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En consecuencia, la Sala declarará improcedente la presente acción

de tutela por carencia de relevancia constitucional, como en efecto

se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

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PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia por falta de relevancia constitucional,

por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de marzo de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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