Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-00660-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-00660-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-00660-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
29 de junio de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00660-01
Demandante: Esther del Tránsito Holguín Cely
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00660-01
Demandante: ESTHER DEL TRÁNSITO HOLGUÍN CELY
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso ejecutivo. Decisión que
declara la falta de requisitos del título. Defecto procedimental
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la accionante, quien actúa en nombre propio, contra la sentencia
de 3 de marzo de 2023, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, en
la que se declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el
requisito de la relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la lectura de los expedientes de tutela y ordinario, se resaltan como hechos
relevantes, los siguientes:
La señora Esther del Tránsito Holguín Cely presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante
UGPP), para que se reliquidara su pensión de jubilación.
En sentencia de 30 de mayo de 2014, el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Tunja accedió a las pretensiones de la demanda, por lo que ordenó a
la entidad demandada reliquidar la pensión de jubilación incluyendo todos los
factores salariales percibidos en el último año de servicio. Esa decisión fue
confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por fallo de 15 de octubre de
2015.
La UGPP expidió la Resolución No. RDP 032240 de 14 de agosto de 2017, por
medio de la cual se reliquidó la pensión de la demandante en cumplimiento de una
orden judicial, sin embargo, la señora Esther del Transito Holguín Cely, al
considerar que se “realizó una serie de descuentos ilegales a [la ejecutante], los
que la demandada estaba obligada a cancelar” presentó demanda ejecutiva contra
la UGPP, con el fin de que se diera cumplimiento a lo establecido en las
sentencias de 30 de mayo de 2014 y 15 de octubre de 2015, proferidas, en su
orden, por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Tunja y el Tribunal
Administrativo de Boyacá.
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Demandante: Esther del Tránsito Holguín Cely
El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Tunja en auto de 2 de noviembre
de 2018, previo a librar mandamiento de pago, requirió a la UGPP para que
allegara información sobre el cumplimiento de las órdenes judiciales que
conforman el título ejecutivo y las liquidaciones derivadas de la Resolución No.
RDP 032240 de 14 de agosto de 2017. Igualmente, en proveído de 27 de febrero
de 2020, requirió nuevamente a la entidad ejecutada para que explicara la
liquidación que determinó el descuento de la suma de $23.220.042.
Por auto de 13 de noviembre de 2020 libró mandamiento de pago por i)
$21.700.135, correspondiente al valor superior descontado por la UGPP por
concepto de aportes al sistema de seguridad social y ii) $17.009.471, por intereses
moratorios sobre los valores descontados de más por aportes.
La UGPP propuso la excepción de pago, al considerar que dio cumplimiento a lo
ordenado por el Tribunal Administrativo de Boyacá, además que las sentencias
que conforman el título ejecutivo no establecen de manera clara la fórmula con la
que se deben realizar la restitución de los valores por concepto de aportes ni cómo
se deben realizar los respectivos descuentos.
El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Tunja en el curso de la audiencia
de instrucción y juzgamiento celebrada el 3 de diciembre de 2021, declaró no
probada la excepción de pago total de la obligación y ordenó seguir adelante con
la ejecución.
Finalmente, la UGPP interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión. El
Tribunal Administrativo de Boyacá en providencia de 10 de agosto de 2022, la
revocó y, en su lugar, declaró probada la excepción de falta de requisitos del título
ejecutivo, en especial la claridad, “respecto a la orden de realizar descuentos
sobre los nuevos factores salariales a incluir en la pensión de la actora”.
2. Fundamentos de la acción
La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se ampare el
derecho fundamental al debido proceso, supuestamente vulnerado por el Tribunal
Administrativo de Boyacá con la providencia de 10 de agosto de 2022, mediante la
cual se revocó la decisión de primera instancia que ordenó seguir adelante con la
ejecución y, en su lugar, declaró probada la excepción de falta de requisitos del
título ejecutivo.
Sostuvo que el tribunal accionado incurrió en el defecto procedimental, pues
consideró que la resolución que daba cumplimiento al fallo de esa misma
corporación se podía discutir de fondo y que ante su situación de indefensión, el
Tribunal Administrativo de Boyacá debido retrotraer la actuación y transformar el
medio de control, atendiendo a sus facultades de juez natural del asunto.
Afirmó que la autoridad judicial accionada “desbordó la órbita de la cuestión
apelada y no tuvo en cuenta que el proceso no fue 'fijado en lista para contestar la
demanda y presentar excepciones y si declaró que las excepciones por mí
presentadas se consideren extemporáneas, sin contar con otro medio procesal
para controvertir la decisión, de igual forma, frente a la oportunidad la interposición
de la presente acción se hace concomitante a la decisión sin que se afecte el
principio de inmediatez para la procedencia de la tutela”.
Sostuvo que el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Tunja ya había
determinado dos puntos importantes en el proceso ejecutivo: primero, que el título
ejecutivo cumplía con todos los requisitos formales, esto es, que contenía una
obligación clara, expresa y exigible, y segundo, determinó el valor de lo adeudado.
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Indicó que el Tribunal Administrativo de Boyacá resolvió nuevamente sobre los
vicios del título ejecutivo, cuando la ley establece la oportunidad y la competencia
para hacerlo, etapa procesal que fue agotada y por consiguiente precluyó, sin que
el tribunal accionado se pueda pronunciar nuevamente sobre los mismos.
Por último, manifestó que la autoridad judicial accionada lesiona sus derechos
fundamentales a la defensa y al debido proceso, pues desconoce las normas del
procedimiento que regulan el trámite de estos asuntos y no las aplica
debidamente, a lo que agregó que si bien el derecho sustancial cobra
preponderancia sobre el adjetivo, también lo es que cuando no se aplica en debida
forma el derecho adjetivo, se incurre en violaciones a los derechos fundamentales
antes mencionados, dado que estas normas fijan los pasos y trámites a seguir
para hacer efectivo el derecho sustancial, y en este caso, el tribunal accionado se
salió de los límites y alcances de la apelación desconociendo los precedentes
jurisprudenciales sobre la materia.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“Señores Consejeros, con base en lo anterior, tutelen el Derecho fundamental al Debido proceso
del señor ESTHER DEL TRANSITO HOLGUIN CELY, vulnerado por vías de hecho por defecto
procedimental cometido por la Sala de Decisión No. 5 del H. Tribunal Administrativo de Boyacá,
junto con los demás derechos enunciados en este escrito y los que resultaren probados.
Como consecuencia de lo anterior, señores Consejeros, sírvanse declarar la nulidad por
inconstitucionalidad derivada de la vulneración al debido proceso por defecto procedimental de la
sentencia del 10 de agosto de 2022 proferida dentro del proceso ejecutivo 15001-3333-001-2012-
00078-01.
Señores Consejeros, sírvanse ORDENAR al Accionado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
BOYACÁ - Sala de Decisión No. 5, continuar con el trámite. dentro del proceso ejecutivo 15001-
3333-001-2012-00078-01, profiriendo nuevamente la sentencia de segunda instancia, en los
términos que disponga el Consejo de Estado como juez constitucional”.
4. Pruebas relevantes
Mediante correo electrónico de 14 de febrero de 2023, el Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito de Tunja remitió enlace para ingresar al expediente
digital No. 15001-33-31-010-2023-000660-00 correspondiente al proceso ejecutivo
iniciado por la señora Esther del Tránsito Holguín Cely contra la UGPP.
5. Trámite procesal
Por auto de 9 de febrero de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la parte demandante y a la
autoridad judicial accionada, así como al Juzgado Décimo Administrativo del
Circuito de Tunja y a la UGPP.
6. Oposición
6.1. Respuesta de la UGPP
En oficio de 15 de febrero de 2023, el subdirector de defensa judicial pensional
pidió que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, por no cumplir con
los requisitos generales de procedencia.
Afirmó que la demandante no demostró que en el presente asunto se le esté
causando un perjuicio irremediable o una afectación al mínimo vital que amerite la
intervención del juez de tutela.
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Señaló que no se demostró que la sentencia objetada incurriera en los defectos
orgánico, procedimental absoluto, sustantivo, fáctico ni por desconocimiento del
precedente judicial, pues el tribunal demandado fue claro en sus argumentos al
explicar las razones por las cuales dio por terminado el proceso.
Finalmente, indicó que a la demandante se le canceló el retroactivo y se hicieron
los respectivos descuentos relacionados con los aportes al sistema de seguridad
social.
6.2. El Tribunal Administrativo de Boyacá y el Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito de Tunja, guardaron silencio aun cuando se les
notificó en debida forma el auto admisorio de la acción de tutela.
7. Sentencia de tutela impugnada
La Sección Primera del Consejo de Estado por sentencia de 3 de marzo de 2023,
declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de
la relevancia constitucional.
Afirmó que la discusión tiene un contenido claramente económico y de mera
legalidad, en la medida que la inconformidad de la actora tiene origen en un
proceso ejecutivo en el cual pretendía el pago de los descuentos que le fueron
efectuados como aportes a seguridad social con ocasión de la reliquidación de su
pensión, sin que se advierta que dicha situación pueda llegar a comprometer su
mínimo vital o cualquier otro derecho fundamental, ni que su edad sea una causal
para omitir el estudio del requisito de procedibilidad de la relevancia constitucional.
Para terminar, señaló que el desacuerdo con la interpretación y consideraciones
que efectúe la autoridad que conoce un asunto se debe respetar por el juez de
tutela, quien no puede desconocer la decisión que adopte el juez natural dentro
del ámbito de sus competencias, lo cual solo es dable cuando se vulneran
derechos fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
8. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la
accionante impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó que se revoque el
fallo que declaró la improcedencia de la acción por no cumplir con el requisito de
la relevancia constitucional, para lo cual insistió en los argumentos expuestos en el
escrito de tutela.
Sostuvo que la solicitud de amparo constitucional resulta procedente en la medida
que pretende la protección del derecho fundamental al debido proceso por la
indebida interpretación de las normas procesales por parte del Tribunal
Administrativo Boyacá
Afirmó que “efectivamente el debate resulta de relevancia constitucional, en la
medida que el Despacho Judicial Accionado me deja sin posibilidades de acudir a
otra vía judicial para discutir el objeto de la litis en el proceso ejecutivo, toda vez
que por una errónea interpretación de las pruebas llegó a una conclusión
equivocada, esto hace que no tenga acceso a la tutela judicial efectiva, además
que como sujeto especial de protección constitucional, la tutela resulta el único
medio procesal idóneo para defender mis derechos constitucionalmente
vulnerados”.
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Por último, sostuvo que el debate no es de naturaleza legal, razón por la cual el
asunto goza de relevancia superior, pues está de por medio su derecho
fundamental al debido proceso.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación,
si debe revocar la sentencia de 3 de marzo de 2023, dictada por la Sección
Primera del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción de
tutela por falta de relevancia constitucional, y de superarse los restantes requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, si
el Tribunal Administrativo de Boyacá vulneró el derecho fundamental al debido
proceso con la providencia de 10 de agosto de 2022, al incurrir, supuestamente,
en defecto procedimental, toda vez que al resolver el recurso de apelación contra
la decisión de primera instancia analizó los requisitos formales del título ejecutivo,
cuando la etapa para debatir sobre esos aspectos ya se había agotado.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos1 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos2, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20123, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias
judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
20144, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20055.
1 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
2 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
3 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
4 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5 M. P. Jaime Córdoba Triviño.
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Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico6; (ii) Defecto procedimental absoluto7; (iii) Defecto
fáctico8; (iv) Defecto material o sustantivo9; (v) Error inducido10; (vi) Decisión sin
motivación11; (vii) Desconocimiento del precedente12 y (viii) Violación directa de la
Constitución.
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo13 y de la Corte
Constitucional14.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
6 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
7 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
8 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
9 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
10 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
11 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
12 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
13 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01),
Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01,
Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
14 Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella
Ortiz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto
Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
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4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. La acción de tutela cumple el requisito de relevancia constitucional y los
restantes generales de procedencia, por lo que se debe revocar la decisión
del a quo
El juzgador de primera instancia declaró la improcedencia de la acción de tutela, al
considerar que la discusión planteada por la demandante es de contenido
claramente económico y de mera legalidad, por lo que no se cumplió el
presupuesto de la relevancia constitucional.
Contrario a la conclusión a la que arribó el a quo, para la Sala el citado requisito
general de procedencia se encuentra cumplido porque la discusión que propone la
demandante, si bien resulta de trámite de un proceso ejecutivo en el que en
principio los debates que allí se formulan son de contenido económico, lo cierto es
que la solicitud de amparo constitucional se dirige a cuestionar la competencia del
ad quem para analizar los requisitos del título ejecutivo, lo que, a su juicio,
desconoce el artículo 430 del Código General del Proceso, pues la etapa en la que
se debía realizar ese análisis ya había precluido. En otros términos, no se trata de
una discusión de mera legalidad o de contenido económico que escape de la
competencia del juez de tutela, a lo que se debe agregar que las razones en las
que se sustentó la decisión de segunda instancia en el proceso de ejecución
fueron diferentes a las de la decisión objeto de apelación en la que se había
ordenado seguir adelante con la ejecución.
Igualmente, (ii) la providencia objetada se dictó en el marco del recurso de
apelación, por lo que la accionante no cuentan con otro mecanismo de defensa
judicial; (iii) la solicitud de amparo se instauró dentro de un plazo razonable15
precisado por esta Corporación y la Corte Constitucional16; (iv) los hechos y las
pretensiones fueron desarrollados de manera clara y (v) la acción no es contra un
fallo de la misma naturaleza.
4.2. La autoridad judicial demandada no incurrió en el defecto procedimental
alegado
4.2.1. La demandante señala que el Tribunal Administrativo de Boyacá con la
providencia de 10 de agosto de 2022, vulneró el derecho fundamental al debido
proceso, al incurrir, supuestamente, en defecto procedimental, toda vez que al
resolver el recurso de apelación contra la decisión de primera instancia analizó los
requisitos formales del título ejecutivo, cuando la etapa para debatir sobre esos
aspectos ya se había agotado.
La Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia de 3 de marzo de 2023,
declaró la improcedencia de la acción de tutela porque no cumplió el requisito de
la relevancia constitucional, en tanto el debate propuesto es de naturaleza
económica y de mera legalidad.
En el escrito de impugnación, la accionante aclaró que la solicitud de amparo goza
de relevancia constitucional, toda vez que se vulneró su derecho fundamental al
debido proceso, al resolver sobre un aspecto que no le correspondía al juez de
15 Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T-619 de
2019, Corte Constitucional, M.P.: Antonio José Lizarazo Ocampo.
16 La providencia atacada se profirió el 10 de agosto de 2022 y si bien no se pudo constatar la fecha exacta de
notificación, lo cierto es que la acción de tutela se instauró el 8 de febrero de 2023, es decir, dentro del plazo
razonable.
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segunda instancia dentro del proceso ejecutivo. Por lo demás, reiteró los
argumentos expuestos en el escrito de tutela.
4.2.2. Previo a resolver de fondo el asunto, se harán referencias a las principales
actuaciones del proceso ejecutivo, con el fin de tener mayor claridad y elementos
de juicio.
La accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra
la UGPP, con la pretensión de que se reliquidara la pensión de jubilación con la
inclusión de todos los factore salariales devengados en último año. En sentencia
de 30 de mayo de 2014, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Tunja
accedió a las pretensiones de la demanda, decisión que fue confirmada por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante fallo de 15 de octubre de 2015.
La UGPP expidió la Resolución No. RDP 032240 de 14 de agosto de 2017, por
medio de la cual se dio cumplimiento de unas órdenes judiciales.
La señora Esther del Transito Holguín Cely formuló demanda ejecutiva contra la
UGPP, con el fin de que se diera cumplimiento a las sentencias de 30 de mayo de
2014 y 15 de octubre de 2015, dictadas, en su orden, por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Tunja y del Tribunal Administrativo de Boyacá, en las
que se ordenó a la entidad demandada reliquidar la pensión de jubilación
incluyendo todos los factores salariales percibidos en el último año de servicio,
pues la demandante consideró que se “realizó una serie de descuentos ilegales a
[la ejecutante], los que la demandada estaba obligada a cancelar”.
El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Tunja en auto de 13 de
noviembre de 2020, libró mandamiento de pago por i) $21.700.135,
correspondiente al valor superior descontado por la UGPP por concepto de
aportes para pensión y ii) $17.009.471, por intereses moratorios sobre los valores
descontados de más por aportes.
Luego de que la UGPP presentara las excepciones contra el mandamiento de
pago y se agotaran las demás etapas, el Juzgado Décimo Administrativo del
Circuito de Tunja, en el curso de la audiencia de instrucción y juzgamiento
celebrada el 3 de diciembre de 2021, declaró no probada la excepción de pago
total de la obligación y ordenó seguir adelante con la ejecución.
La UGPP interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, en la que
manifestó que debía realizarse los descuentos que por ley corresponde a los
aportes al sistema de seguridad social, sobre los nuevos factores diferentes a los
enlistados en el Decreto 1158 de 1994.
El Tribunal Administrativo de Boyacá en fallo de 10 de agosto de 2022 revocó esa
determinación y, en su lugar, declaró probada la excepción de falta de requisitos
del título ejecutivo, en especial el de claridad, “respecto a la orden de realizar
descuentos sobre los nuevos factores salariales a incluir en la pensión de la
actora”. En relación con el objeto de la demanda ejecutiva y la instrucción
contenida en el título sostuvo:
“55. Al respecto, la Sala recuerda que el ejecutante solicitó que se librara mandamiento
de pago, por las diferencias halladas en la liquidación efectuada por la UGPP respecto a
los descuentos de los aportes sobre los nuevos factores salariales a incluir en el IBL
pensional del actor, respecto a la liquidación realizada a favor de la señora Esther del
Tránsito Holguin Cely.
56. Así las cosas, se resalta la instrucción contenida en el título ejecutivo respecto a los
descuentos que debía realizar la UGPP una vez reliquidara la pensión de jubilación de la
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Demandante: Esther del Tránsito Holguín Cely
señora Esther del Tránsito Holguín Cely, al respecto, en la parte considerativa y
resolutiva de la sentencia del 30 de mayo de 2014, se precisó lo siguiente:
“Con el ánimo de preservar el principio de solidaridad que rige el sistema de seguridad
social, la entidad accionada deberá descontar de las sumas objeto de la condena que
por esta providencia se imponga, los aportes correspondientes al factor salarial cuya
inclusión se ordena por todo el tiempo que dejaron de practicarse, siempre y cuando,
sobre éste no se haya efectuado la deducción legal. Así mismo, sobre las diferencias que
se ordena reconocer y pagar a favor del demandante, se deberán efectuar los
descuentos de ley destinados al Sistema de Seguridad Social en Salud.
(…)
Quinto: Se ORDENA a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social — UGPP, de las anteriores sumas,
los aportes correspondientes al factor salarial cuya inclusión se ordena; siempre y
cuando, sobre éste no se haya efectuado la deducción legal. Así mismo, sobre las
diferencias que se ordena reconocer y pagar a favor de la demandante, se deberán
efectuar los descuentos de ley, destinados al Sistema de Seguridad Social en Salud”. –
Resaltado por la Sala -
57. La Sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de
Boyacá – Sala de Descongestión de fecha 15 de octubre de 2015, respecto a la orden de
efectuar los correspondientes descuentos sobre los nuevos factores del IBL decidió
confirmar lo resuelto por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Tunja.
58. La entidad ejecutada procedió a dar cumplimiento a lo ordenado en el título ejecutivo,
a través de la Resolución No. RDP 032240 del 14 de agosto de 2017 (a. 01 fl. 9 a 16),
que en lo relacionado con los descuentos, determinó lo siguiente:
(…)
62. Ahora, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social UGPP en oficio No. 20211111000051011 del 15 de
enero de 2021, explicó que la liquidación que se efectuó para determinar los descuentos
sobre los nuevos factores salariales, descritos en la Resolución No. RDP 032240 del 14
de agosto de 2017, se realizó con base en la formula actuarial establecida por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por lo que el retroactivo generó unos aportes
de $92.880.169, de los cuales le corresponde al trabajador el porcentaje del 25%, que
resultó la suma final de $23.220.042 (a. 16).
Al efectuar el análisis del caso concreto para evidenciar la falta de claridad del título
ejecutivo, señaló:
“63. Según los antecedentes anotados y en especial al título ejecutivo conformado por
las sentencias de fecha 30 de mayo de 2014 y 15 de octubre de 2015, proferidas por el
Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Tunja y el Tribunal Administrativo
de Boyacá – Sala de Descongestión, respectivamente; la Sala observa que no se indicó
que el periodo sobre el cual se debían efectuar los descuentos sobre los factores
salariales que se incluyeron la pensión, correspondía a los últimos 5 años de servicio,
como tampoco las fórmulas a utilizar para determinar el valor a descontar.
65. Contrario a lo anterior, lo que indicó el título ejecutivo, es que la UGPP debía realizar
los descuentos “por todo el tiempo que dejaron de practicarse, siempre y cuando, sobre
este no se haya efectuado deducción legal”.
66. Así las cosas, la forma de establecer los descuentos sobre los factores salariales a
incluir en la pensión relacionados a los últimos 5 años de servicio, es un debate sobre el
derecho y no sobre el cumplimiento de una obligación clara y expresa en un documento
a cargo de la respectiva autoridad administrativa, pues contrario a lo manifestado por el
actor, el título ordenó el descuento por todo el tiempo en que no se efectuaron los
aportes, por ende, le asistió razón a la parte ejecutada, al momento de señalar que no
había lugar a librar mandamiento de pago, puesto que el proceso ejecutivo se encuentra
diseñado para verificar la condena impuesta, es decir si fue cumplida o no, sin tener que
realizar un estudio adicional a lo estrictamente expuesto en las sentencias que
conforman el título, como lo es si es procedente o no la prescripción de descuentos o la
forma de liquidación.
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67. Distinto hubiera sido el evento en que la providencia base de recaudo ejecutivo
indicara expresamente que los descuentos sobre los nuevos factores salariales, solo se
realizaría por el término de 5 años como se señaló en el mandamiento de pago, para que
fuera procedente el proceso ejecutivo, al estar la obligación reclamada en el título
ejecutivo, es decir, que se cumpliera con los requisitos de ser clara, expresa y exigible,
previstos en el artículo 422 del C.G.P.
68. En ese sentido, es que se profirió la decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá
de fecha 21 de julio de 2018, citada por el A-quo en la sentencia objeto de recurso, pues
avaló la procedencia del mandamiento de pago, en razón que el título ejecutivo era claro
y expreso en señalar la forma en que se debían realizar los descuentos y el tiempo por el
cual la entidad de previsión los debía liquidar (5 años), circunstancias que no se
presentan en el título objeto de estudio, pues este no expuso ninguna instrucción que
debiera seguir la UGPP.
69. Por lo expuesto, no era procedente seguir adelante con la ejecución, y mucho menos
concluir que la UGPP se excedió al descontar el monto de los aportes a seguridad social.
Lo anterior, debido a que el título indicó (i) el período por el cual la entidad de previsión
debía realizar los descuentos, el cual era “por todo el tiempo que dejaron de practicarse”,
pero no existe claridad respecto a la pretensión de que las deducciones solo podían
realizarse por 5 años anteriores al retiro y (ii) tampoco hay claridad sobre procedimiento
o la normativa que debía aplicar para ello. A pesar de que estos aspectos son cruciales
para la cuantificación del crédito a ejecutar, no fueron mencionados en las sentencias
que resolvieron el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
70. En consecuencia, el Juzgado Décimo Administrativo de Tunja, en el presente
proceso ejecutivo, debió ceñirse a las instrucciones del título, por lo que no podía darse a
la tarea de determinar si el accionante tenía razón en que los descuentos debían
realizarse por los últimos 5 años de servicio y según el porcentaje de las normas
vigentes a la fecha de causación de las mesadas, o si, por el contrario, la UGPP estaba
en lo cierto cuando liquidó y descontó los aportes correspondientes conforme a una
formula actuarial, en razón que el título no era claro en la forma de efectuar dicha
liquidación.
(…)
74. Así las cosas, en el fondo, la parte ejecutante ataca la legalidad de la Resolución por
la cual se dio cumplimiento a las sentencias proferidas por esta jurisdicción, puesto que
no se encontró conforme con los descuentos practicados, que valga recordar, el título no
contiene ninguna instrucción sobre la forma de su liquidación, por lo que para la
pretensión que elevó la señora Esther del Tránsito Holguín Cely no se encuentra la
respectiva claridad en las sentencias que conformaron el título.
75. Por ende, no le asiste razón al a quo al señalar en la sentencia de fecha 3 de
diciembre de 2021, que era procedente seguir adelante con la ejecución en los términos
del mandamiento de pago, en razón que el auto de fecha 13 de noviembre de 2020
(mandamiento) realizó la liquidación de los descuentos según los últimos 5 años de
servicio de la demandante (orden no contenida en el título), es decir, efectuó un estudio
que sobrepasó la naturaleza de la acción ejecutiva.
76. En consecuencia, como el título ejecutivo conformado por las sentencias del 30 de
mayo de 2014 y 15 de octubre de 2015, proferidas por el Juzgado Segundo
Administrativo de Descongestión de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala
de Descongestión, respectivamente, ordenó efectuar descuentos sobre todo el tiempo en
que no se realizaron los aportes, no se cumple con el requisito de claridad contenido en
el artículo 442 del CGP, sobre la pretensión del actor en que se efectúen descuentos
únicamente por 5 años, por lo que no había lugar a seguir adelante con la ejecución”.
De lo antes expuesto, se observa que el Tribunal Administrativo de Boyacá
declaró probada la excepción de falta de requisitos del título ejecutivo, en concreto
la claridad, bajo el argumento de que el proceso ejecutivo no está instituido para
discutir la forma y el tiempo en que se debían efectuar los descuentos sobre el
tiempo en que no se realizaron los aportes a seguridad social frente a los nuevos
valores a incluir en la mesada pensional y, además, que el título no contiene
ninguna instrucción sobre la forma de su liquidación, por lo que para la pretensión
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que elevó la señora Esther del Tránsito Holguín Cely no se encuentra la respectiva
claridad en las sentencias que conformaron el título ejecutivo.
4.2.3. La Corte Constitucional17 ha precisado que el defecto procedimental tiene
lugar siempre que, en desarrollo de la actividad judicial, el funcionario se aparte de
manera evidente y grotesca de las normas procesales aplicables. Al desconocer
completamente el procedimiento determinado por la ley, el juez termina
produciendo un fallo arbitrario que vulnera derechos fundamentales. También se
ha admitido que, en forma excepcional, éste puede configurarse debido a
un exceso ritual manifiesto, a consecuencia del cual el juez resta o anula la
efectividad de los derechos fundamentales por motivos excesivamente formales.
El defecto procedimental puede ser absoluto, que se configura cuando el
funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente
establecido para el trámite de un asunto concreto, bien sea porque: i) sigue un
trámite totalmente ajeno al pertinente y en esa medida equivoca la orientación del
asunto ii) omite etapas sustanciales del procedimiento establecido, afectando el
derecho de defensa y contradicción de una de las partes del proceso. También
por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando el funcionario arguye
razones formales a manera de un impedimento, que sobrevienen en una
denegación de justicia.
4.2.4. Descendiendo al caso concreto, la demandante manifiesta que el tribunal
accionado incurrió en defecto procedimental, toda vez que al resolver el recurso
de apelación en el marco de un proceso ejecutivo contra la decisión de primera
instancia que había ordenado seguir adelante con la ejecución, analizó los
requisitos formales del título ejecutivo, cuando la etapa para debatir sobre esos
aspectos ya se había agotado.
Al respecto la Sala observa que el Tribunal Administrativo de Boyacá no incurrió
en el defecto procedimental alegado por la accionante, con sustento en lo
siguiente:
En efecto, se observa que en la decisión objetada se hizo referencia a los
documentos que conformaban el título ejecutivo, para lo cual resaltó que eran las
sentencias de 30 de mayo de 2014 del Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Tunja, de 15 de octubre de 2015 del Tribunal Administrativo de Boyacá
y la Resolución No. RDP 032240 de 14 de agosto de 2017 de la UGPP, lo cual se
ajusta a lo dispuesto en el artículo 297 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 422
del Código General del Proceso que se refieren a los documentos que constituyen
título ejecutivo18.
Luego la autoridad judicial accionada constató a partir de las pretensiones de la
demanda ejecutiva y de las sentencias proferidas en el marco del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, que el reproche planteado por la
demandante estaba relacionado con los descuentos que se realizaron por
conceptos de aportes al sistema de seguridad social, por lo que consideró que el
cumplimiento de las órdenes judiciales frente a la reliquidación de su pensión fue
parcial.
17 Sentencia T-181 de 2012, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, reiterada en la sentencia T-401 de 2019,
M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
18 La citada disposición establece: “ARTÍCULO 422. TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse
ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del
deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de
condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las
providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de
la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no
constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184”.
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Ahora bien, en virtud de que fue una situación puesta de presente por la UGPP en
el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, verificó si en efecto las
sentencias que conformaban el título ejecutivo dispusieron alguna formula o regla
para realizar los descuentos por aportes al sistema de seguridad social sobre los
nuevos factores salariales que no habían sido incluidos en la liquidación de la
pensión, para lo cual evidenció que no se dijo nada al respecto, razón por la cual
el tribunal accionado consideró que la obligación adolecía de claridad.
Esa decisión se sustentó en precedentes judiciales de las Secciones Segunda19 y
Tercera20 del Consejo de Estado, en los que se indicó que las obligaciones no son
claras cuando en los fallos que conforman el título ejecutivo no se establece un
procedimiento “preciso para que la UGPP realizara los descuentos por aportes no
efectuados”.
Aunado a lo anterior, esta Sala en reiteradas decisiones21 ha manifestado que, “[s]i
bien el proceso ejecutivo está previsto exclusivamente para obtener el
cumplimiento de la condena judicialmente impuesta y de ninguna manera
constituye una herramienta o mecanismo para reabrir los debates agotados en el
respectivo proceso declarativo, lo cierto es que el juez del proceso ejecutivo debe
armonizar la orden con los límites previstos a nivel constitucional, legal y
jurisprudencial”. Por consiguiente, contrario a lo manifestado por la accionante en
el escrito de tutela, la función del juez de la ejecución dista de ser mecánica y
obedece a una valoración integral y racional de los diferentes elementos que estén
presentes al decidir un caso concreto y en conjunto con todo el marco normativo,
con el fin de que se profiera una decisión coherente con el ordenamiento jurídico22.
Igualmente, se debe resaltar que indistintamente de la denominación de la
excepción declarada por la autoridad judicial accionada, lo cierto es que el
argumento principal para revocar la decisión de primera instancia y declarar
probada la excepción de falta del requisito de claridad del título, es el hecho de
que lo pretendido por la demandante no se encuentra contenido en los fallos que
conforman el título ejecutivo (fórmula para descontar los aportes al sistema de
seguridad social a los factores incluidos). Por consiguiente, dicha pretensión
supera la competencia del juez de la ejecución, pues le correspondería realizar
valoraciones propias del juez de la nulidad y restablecimiento del derecho.
Además, que el Consejo de Estado ha indicado que el artículo 430 del Código
General del Proceso, “no prohíbe al juez revisar la existencia del título, ya sea por
tratarse de una excepción alegada por la parte ejecutada -como ocurre en el sub
lite- o incluso de oficio, pues constituye una potestad – deber del juzgador el
revisar tanto los aspectos formales como los sustanciales del título”23.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 13 de enero de 2020, radicado No.
11001-03-15-000-2019-04626-01, C.P.: William Hernández Gómez.
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia de 2 de noviembre de 2021, radicado NO.
11001-03-15-000-2021-06733-00, C.P.: Martín Bermúdez Muñoz.
21 Sentencia de 23 de abril de 2020, radicado No. 11001-03-15-000-2019-05062-01, C.P.: Julio Roberto Piza
Rodríguez y sentencia de 11 de mayo de 2023, radicado No. 11001-03-15-000-2023-01109-00, C.P.: Stella
Jeannette Carvajal Basto. En este mismo sentido se pronunció la Sección Segunda, Subsección “A” del
Consejo de Estado en fallo de 28 de noviembre de 2018, expediente No. 23001-23-33-000-2013.00136-01, en
el que se indicó que el mandamiento de pago no se convierte en una situación inamovible para el juez de la
ejecución, pues es posible variar el monto con el fin de adoptar una decisión que se ajuste a la realidad
procesa.
22 Corte Constitucional, sentencia T-392 de 2010, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de agosto de 2004, expediente No. 21.177, C.P.:
Ramiro Saavedra Becerra. Posición reiterada en sentencias i) de 3 de mayo de 2007, expediente No. 25.647,
C.P.: Enrique Gil Botero, ii) de 7 de febrero de 2011, expediente No. 23.886 y de 10 de noviembre de 2016,
expediente No. 56.950, C.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, iii) de 1º de febrero de 2018, expediente
No.40.254, C.P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera, iv) sentencia de 31 de julio de 2020, expediente No.
53.095, C.P.: María Adriana Marín y v) de 8 de junio de 2022, expediente No. 56907, C.P.: Marta Nubia
Velásquez Rico.
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Por lo antes expuesto, la Sala concluye que el hecho de que la autoridad judicial
accionada se pronunciara sobre los requisitos del título ejecutivo, por sí solo no
configura una vulneración al derecho fundamental al debido proceso, pues como
se explicó anteriormente, el juez de la ejecución debe realizar una valoración
armónica con el fin de proferir una decisión que se ajuste a derecho y que se
atenga a los parámetros precisados en el título ejecutivo.
Adicionalmente, el tribunal accionado no realizó alguna actuación ajena a lo
establecido en las normas procesales sobre el proceso ejecutivo ni omitió etapas
sustanciales del procedimiento, razón por la cual la demandante no demostró que
en la sentencia objetada incurriera en el defecto procedimental alegado.
Por las razones expuestas, se revocará la sentencia impugnada que declaró la
improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la
relevancia constitucional y, en su lugar, se negarán las pretensiones de la
demanda.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- REVÓCASE la sentencia de 3 de marzo de 2023, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado. En su lugar,
Segundo.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por la
señora Esther del Tránsito Holguín Cely contra el Tribunal Administrativo de
Boyacá, por las razones aquí expuestas.
Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Quinto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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