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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00663-00

Fecha
26 de mayo de 2023
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00663-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1º) Ampáranse los derechos al trabajo, seguridad social e igualdad del señor Roberto Gutiérrez Restrepo, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º) En consecuencia, déjase sin efectos la providencia de 27 de octubre de 2022 dictada por el Tribunal Administrativo de Santander en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no. 680013333010-2018-00433-0. En su lugar, 15 Expediente: 11001-03-15-000- 2023-00663-00 Demandante: Roberto Gutiérrez Restrepo Acción de tutela ordenase a esa autoridad judicial que, en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación de esta providencia, expida una providencia en reemplazo en la que tenga en cuenta el precedente y las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 3º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00663-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

26 de mayo de 2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintiséis (26) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2023-00663-00
Demandante: ROBERTO GUTIERREZ RESTREPO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL, REAJUSTE DE LA ASIGNACIÓN DE RETIRO.
COSA JUZGADA. VIOLACIÓN DIRECTA DE LA
CONSTITUCIÓN. SE CONCEDE EL AMPARO
PRETENDIDO.

Síntesis del caso: la parte demandante consideró que las autoridades judiciales
demandadas vulneraron sus derechos constitucionales con ocasión de la providencia
que declaró el fenómeno jurídico de la cosa juzgada en relación con la demanda que
promovió para obtener el reajuste de su asignación de retiro por cuanto, a su juicio,
incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial.
Se concederá el amparo pretendido porque se desconoció el precedente invocado y
se violó directamente la Constitución.

La Sala procede a decidir el proceso de acción de tutela presentado por el señor
Roberto Gutiérrez Restrepo, por intermedio de apoderada judicial, en contra del
Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Décimo Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Bucaramanga para la protección de sus derechos constitucionales
fundamentales del trabajo, debido proceso e igualdad, consagrados en los artículos
25, 29, y 13 de la Carta Política.

I. ANTECEDENTES
1. Los hechos de la demanda

Mediante escrito presentado el 13 de febrero de 2023, el señor Roberto Gutiérrez
Restrepo promovió proceso de acción de tutela con el fin de que le sea amparados sus
derechos fundamentales antes referidos presuntamente vulnerados con ocasión de las
providencias del 5 de agosto de 2019 y 27 de octubre de 2022, proferidas por el

2

Expediente: 11001-03-15-000- 2023-00663-00
Demandante: Roberto Gutiérrez Restrepo
Acción de tutela

Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga y el Tribunal
Administrativo de Santander, respectivamente

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) El demandante Roberto Gutiérrez Restrepo presentó una primera demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho en la cual solicitó la nulidad del acto no. 44343
del 11 de septiembre de 2009, expedido por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
(en adelante CREMIL), a través de la cual se le negó el reajuste de su asignación de
retiro con base en el IPC y, a título de restablecimiento de derecho, solicitó la
reliquidación de dicha prestación desde 1996 al 2004 con base en el IPC.

2) Mediante sentencia del 14 de marzo de 20121, el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Bucaramanga declaró la nulidad del acto demandado, sin embargo,
encontró prescritas las mesadas y el reajuste pensional.

3) El actor demandó en una segunda oportunidad para que se reliquidara su
asignación de retiro con base en el IPC, pero esta vez deprecó la nulidad del acto
administrativo No 2015-77265 del 29 de octubre de 2015, mediante el cual se le negó
nuevamente el reajuste de su asignación de retiro, y solicitó que se tuviera en cuenta
que tenía derecho a la reliquidación y que estas impactaban en las mesadas
posteriores2.

4) La nueva demanda le correspondió al Juzgado Décimo Administrativo Oral de
Bucaramanga con el número de radicación 68001333301020180043300, sin embargo,
en audiencia inicial del 5 de agosto de 2019, se declaró probada la excepción de cosa
juzgada y se dio por terminado el proceso.

1 En el proceso con radicación 680013331000-2011-00066-00.

2 “(…) CUARTO: Que se ordene a la demandada que aplique o tenga en cuenta la asignación de retiro

de la demandante reajustada como base pensional para la liquidación de mesadas posteriores a 31 de
diciembre de 2004”.

3

Expediente: 11001-03-15-000- 2023-00663-00
Demandante: Roberto Gutiérrez Restrepo
Acción de tutela

5) El actor interpuso recurso de apelación3 contra esa providencia, pero mediante
providencia del 27 de octubre de 2022, el Tribunal Administrativo de Santander
confirmó la decisión de declarar la cosa juzgada.

2. El fundamento de la vulneración

La parte actora señaló que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus
derechos constitucionales y fundamentales a la igualdad de trato jurídico, debido
proceso, trabajo y las garantías de las personas de la tercera edad.

En cuanto al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial en
relación con la figura jurídica de la cosa juzgada citó 7 sentencias de esta Corporación
que consideró como desconocidas4, además de la sentencia C-1433 de 2000 en la
que la Corte Constitucional se pronunció sobre el poder adquisitivo del salario y el
reajuste de las asignaciones de retiro de los ex miembros de la fuerza pública con base
en el reconocimiento del IPC para los años 1997, 1999 a 2004.

Agregó que en la nueva demanda invocó como sustento jurídico los artículos 10 y 4
del CPACA5, además de nuevos argumentos y fundamentos de derecho como el

3 Sostuvo que no se estructuran los requisitos constitutivos de la figura de cosa juzgada comoquiera

que en el proceso bajo radicado 2011-00066 se resolvió sobre la ilegalidad de un acto distinto mientras
que en la actual demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se discutía la legalidad del acto
administrativo identificado con No. 77265 del 29 de octubre de 2015, razón por la cual éste acto no ha
sido objeto de control judicial y, en esa medida, no se configura la cosa juzgada en los términos del
artículo 189 de la Ley 1437 de 2011 y la sentencia del 30 de mayo de 2012 del Consejo de Estado,
radicado 2002-2096-03. En consecuencia, el acto demandado en ambas causas es distinto y con la
nueva demanda se persigue el reajuste de la base pensional y el pago de la diferencia de mesadas
posteriores que, aunque algunas están prescritas, influyen mes a mes en la pensión del demandante.

4 Contenidos en las Sentencias de tutela proferidas por distintassecciones del Consejo de Estado
sentencia de 8 de junio de 2016; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 11001-03-
15-000-2016-00471-00. 2 sentencia de 29 de enero de 2018; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés,
radicación número: 11001-03-15-000- 2017-03024-00. 3 sentencia de 27 de septiembre de 2018; C.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación número: 11001-03-15-000-2018- 01588-01. 4 sentencia de 8
de noviembre de 2018; C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación número: 11001-03-15-000-2018-
03759-00. 5 sentencia de 3 de octubre de 2019; C.P. Rocío Araújo Oñate, radicación número: 11001-
03-15-000-2019-03899-00. 6 sentencia de 12 de marzo de 2020; C.P. Gabriel Valbuena Hernández,
radicación número: 11001-03-15-000-2020- 00476-00. 7.Sentencia 22 de abril de 2021 radicación
número: 11001-03-15-000-2020-04782-01.
5“A) El Artículo 10 del CPACA “Deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia de los

Precedentes Judiciales Del Consejo De Estado
B) Sentencia Sección segunda, sentencia de 13 de mayo de 2015 expediente: 2500023-42- 000-2012-
01645-01 (0932-2014
C) Consejo de Estado, sección segunda, subsección "B" expediente: 110010325000201200528-00
(2035-2012), reitera que, en materia pensional, le asiste el derecho al titular de la pensión de solicitar
en cualquier momento y en diferentes ocasiones la revisión de su mesada cuando este considere que
surgieron motivos de derecho o de hecho que lo ameriten.”

4

Expediente: 11001-03-15-000- 2023-00663-00
Demandante: Roberto Gutiérrez Restrepo
Acción de tutela

hecho de que el reajuste al que, según la autoridad judicial del primer proceso, tenía
derecho, impactaba en las mesadas posteriores, más allá de que se haya declarado
la prescripción de las mesadas anteriores en esa primera providencia judicial, pues lo
reclamado en la nueva demanda eran precisamente las mesadas posteriores que no
estaban prescritas, por lo que no podía declararse la existencia de una supuesta cosa
juzgada.

Adicionalmente, indicó que la providencia también incurrió en una violación directa de
la Constitución, por cuanto pese a la existencia de tales precedentes se abstuvieron
de aplicarlos y desconocieron los principios de favorabilidad laboral e igualdad de trato,
así como las garantías constitucionales de las personas de la tercera edad.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes
súplicas:

Primera: Se solicita la protección de los derechos fundamentales
antes mencionados y de cualquier otro del mismo rango constitucional
y legal que se determine como quebrantado.

Segunda: Que se deje sin efecto o se revoque la decisión del Tribunal
Administrativo De Santander, la cual confirmo la decisión adoptada por
el Juzgado Décimo Administrativo Oral De Bucaramanga, en el curso
de la audiencia inicial, la cual resolvió declarar probada la excepción
de cosa juzgada

Segunda: Se ordene al Tribunal Administrativo Santander , proferir en
el término de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la providencia que
así decida, nueva decisión que revoque el auto del Juzgado Décimo
Administrativo Oral De Bucaramanga , en el curso de la audiencia
inicial ,por cuanto no sólo se desconocieron la Constitución Política, la
Ley y las Sentencias de Unificación Jurisprudencial que son
Precedentes Jurisprudenciales de obligatorio cumplimiento para las
autoridades administrativas y operadores judiciales, y otras
Sentencias que también son Precedentes Jurisprudenciales.

4. Actuación procesal

Mediante auto de 13 de febrero de 2023 se admitió la acción de tutela y se ordenó

“Es decir, que la cosa juzgada frente a los fallos proferidos por la jurisdicción contencioso administrativa
que declaren la anulación de actos administrativos, es relativa porque se predica solo frente a la causal
de nulidad alegada, razón por la cual, si el cargo es distinto, se puede acudir nuevamente ante el juez.”.

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Demandante: Roberto Gutiérrez Restrepo
Acción de tutela

notificar al presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de
Santander, al titular del Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Bucaramanga y al director general de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares –
CREMIL, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el
ejercicio de la acción.

5. Actuación de las autoridades demandadas

El titular del Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga indicó
que declaró la excepción de cosa juzgada, puesto que se identificó identidad en la
cosa pedida en los dos procesos, esto es, en el proceso con radicación no. 2011-066
llevado a cabo por el Juzgado Cuarto Administrativo de Bucaramanga y el proceso con
radicación no. 2015-77265, tramitado por su despacho.

Adicionalmente, precisó que en ambas causas el demandante alegó que no se le
efectuó el aumento de la asignación de retiro con base en el IPC, razón por la cual en
las dos demandas reclamó la reliquidación, reajuste y pago de la asignación de retiro,
de modo que por no encontrarse nuevas causales de nulidad, el demandante busca
un nuevo pronunciamiento sobre un litigio ya dirimido y decidido por vía jurisdiccional.

Por lo anterior, solicitó que se declare la improcedencia del trámite constitucional, por
cuanto su decisión se ciñó a la ley no violó derecho alguno del demandante.

La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL), a través de apoderada judicial,
manifestó que no existió vulneración de derechos fundamentales del demandante y
que la acción de tutela no cumplió con ninguno de los requisitos de procedibilidad
indicados en la sentencia SU- 627 de 2015, pues el demandante pretende el
reconocimiento de peticiones que ya fueron debatidas dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, y sobre las cuales ya existe un pronunciamiento judicial
de fondo.

Tampoco es posible acceder al amparo de manera transitorio pues no existe un
perjuicio irremediable susceptible de ser protegido, puesto que el militar recibe su
asignación de retiro mes a mes sin inconveniente alguno.

El Tribunal Administrativo de Santander no se pronunció en esta oportunidad procesal.

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Demandante: Roberto Gutiérrez Restrepo
Acción de tutela

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o
variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos
prelucidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.

2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional
al Tribunal Administrativo de Santander y al Juzgado Décimo Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Bucaramanga con el objeto de que se ampare la presunta violación
de sus derechos constitucionales fundamentales antes referidos presuntamente
vulnerados con ocasión de las providencias del 5 de agosto de 2019 y del 27 de
octubre de 2022, pues, a juicio del demandante, incurrieron en un desconocimiento del
precedente jurisprudencial y una violación directa de la Constitución.

En sus informes, las autoridades accionadas señalaron al unísono que debe negarse
el amparo pretendido porque el actor pretendió desconocer el carácter de cosa juzgada

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Expediente: 11001-03-15-000- 2023-00663-00
Demandante: Roberto Gutiérrez Restrepo
Acción de tutela

de la providencia que previamente había resuelto su demanda en la que buscaba que
se le reliquidara la asignación de retiro con base en el IPC.

Como cuestión previa, es preciso aclarar que, si bien el actor alegó esos dos defectos,
lo cierto es que ambos se dirigieron a demostrar que presuntamente se dejaron de
aplicar varias decisiones judiciales que resolvieron casos similares al del actor, motivo
por el cual en aplicación del principio iura novit curia se resolverán de manera conjunta
bajo el cauce de un desconocimiento del precedente, pues en realidad se refieren a
un defecto de esta índole.

En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala concederá el amparo
pretendido en la demanda de tutela por las razones que procederán a exponerse:

2.1 En primer lugar, se advierte que se cumplen los requisitos genéricos de
procedibilidad enunciados por la jurisprudencia constitucional por cuanto: i) se
agotaron todos los medios de defensa judicial disponibles al alcance de la parte actora;
ii) se cumplió con el requisito de la inmediatez, si se tiene en cuenta que la acción fue
promovida dentro de los 6 meses6 siguientes a la notificación de la providencia
atacada; iii) el presente caso no se trata de una irregularidad procesal que deba ser
tenida como un efecto determinante en la sentencia que se tutela y afectar los
derechos fundamentales de la parte actora; iv) la parte actora identificó de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron; v) no se ataca una sentencia de tutela y, finalmente; vi) la cuestión que
se discute resulta de relevancia constitucional por cuanto se alegó el supuesto
desconocimiento del precedente judicial de varias providencias que no se discutieron
en el proceso ordinario, así como la violación de disposiciones superiores relacionadas
con los derechos de las personas de la tercera edad y las garantías de la seguridad
social que no se ventilaron en el proceso ordinario, en tanto el debate en ese escenario
se limitó a determinar si se cumplieron los presupuestos de identidad de objeto, causa
y partes.

2.2 En los términos propuestos, se tiene que para la parte actora el desconocimiento
del precedente se configuró, pues, en las sentencias de 8 de junio de 2016, Rad.
11001-03-15-000-2016-00471-00; 29 de enero de 2018 radicación número: 11001-03-

6 Sentencia de Segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander en sentencia de

27 de octubre de 2022.

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Expediente: 11001-03-15-000- 2023-00663-00
Demandante: Roberto Gutiérrez Restrepo
Acción de tutela

15-000- 2017-03024-00; 27 de septiembre de 2018 radicación número: 11001-03-15-
000-2018- 01588-01; de 8 de noviembre de 2018 radicación número: 11001-03-15-
000-2018-03759-00; 3 de octubre de 2019 radicación número: 11001-03-15-000-2019-
03899-00; 12 de marzo de 2020 radicación número: 11001-03-15-000-2020- 00476-
00; y 22 de abril de 2021 radicación número: 11001-03-15-000-2020-04782-01
proferidas por el Consejo de Estado se resolvieron casos similares al suyo y se
concluyó que en tales hipótesis no podía declararse la cosa juzgada.

2.3 Al respecto, para resolver el cargo propuesto la Sala advierte que, efectivamente,
en varios de los asuntos traídos a colación por el actor diferentes Salas de esta
Corporación resolvieron casos similares al de la referencia en los que se discutía la
reliquidación de la asignación de retiro de los militares, quienes obtuvieron decisiones
judiciales que, si bien les fueron favorables en tanto se nulitó el acto demandado, se
declaró la prescipcion de la acción.

2.4 Sin embargo, a la postre, ante solicitudes posteriores de los interesados se
volvieron a poner en conocimiento de las autoridades judiciales a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho y estas declararon que había
operado el fenomeno jurídico de la cosa juzgada respecto de las mesadas causadas
con posterioridad.

2.5 Vale la pena anotar que en todos esos casos se concluyó que efectivamente la
presentación de una nueva demanda con un objeto similar no conllevaba la
declaratoria de la figura de la cosa juzgada, motivo por el cual se revocaron las
decisiones de instancia que así lo declararon, pues la reliquidación de la asignación
durante el periodo reclamado impactaban las mesadas causas con posterioridad, las
cuales no se encontraban prescritas.

2.6 Para ilustrar de mejor forma el punto de discusión, vale la pena detenerse en los
precedentes que son similares al caso del actor -pues los restantes tienen supuestos
fácticos y jurídicos distintos-, así:

i) En el proceso con radicación no. 11001-03-15-000- 2017-03024-00, el accionante
solicitó la reliquidacion y reajuste de su asignacion de retiro en un porcentaje igual al
IPC del año anterior, para los años 2000 a 2004. En primera intancia se accedió, pero
se declaró la excepcion de prescripcion sobre las mesadas anteriores a 2002 y no se

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Demandante: Roberto Gutiérrez Restrepo
Acción de tutela

presentó recurso -igual que ocurrió en el caso del señor Gutiérrez Restrepo-. En
consecuencia, el demandante presentó una nueva demanda en la que solicitó el
reajuste y pago de los valores dejados de pagar por no ajustarlos al IPC y en ambas
instancias se declaró la existencia de la cosa juzgada; sin embargo, en este caso
también se presentó una acción de tutela que conoció la Subsección A de la Seccion
Segunda del Consejo de Estado quien en sentencia del 29 de enero de 2018 accedió
a la proteccion solicitada previa consideración que no se configuró la cosa juzgada.

ii) En el proceso con radicación no. 11001-03-15-000-2018-03759-00, igualmente el
accionante mediante demanda de nulidad y restablecimiento del derecho solicitó la
reliquidacion y reajuste de la asignacion de retiro en un porcentaje igual al IPC del año
anterior, para los años 1997,1999, 2001 al 2004. En primera instancia se accedió
parcialmente a sus pretensiones, pero también se declaró la prescripcion de las
mesadas, decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. No obstante, el allí interesado presentó una nueva demanda en la que
solicitó el reajuste y pago de los valores dejados de pagar por no ajustarlos al IPC de
los años 1997 hasta la fecha de la presentacion de la demanda, pero en primera y
segunda instancia se declaró que operó el fenomeno jurídico de la cosa juzgada. Con
ocasión de la acción de tutela presentada por el demandante, la Sección Quinta del
Consejo de Estado declaró que las decisiones judiciales violaron los erechos
fudamentales de igualdad de trato jurídico y debido proceso, especial protección del
trabajo, así como los derechos de la familia, de los adultos mayores y personas de la
tercera edad y el principio de favorabilidad en materia laboral. En consecuencia, en
sentencia del 8 denoviembre de 2018 accedió a la proteccion solicitada por considerar
que se configuró el defecto sustantivo con la declaración de cosa juzgada.

iii) Finalmente, en el proceso con radicación no. 11001-03-15-000-2020-00476-00, la
parte actora demandó la nulidad del acto administrativo por el cual le negaron el
incremento de asignación de retiro con base en el IPC del año anterior, para los años
1997 al 2004. En primera instancia se accedió a sus pretensiones y se declaró nulo el
acto y prescritas las mesadas anteriores, decisión que fue confirmada por el Tribunal
Administrativo del Atlántico. El demandante presentó una nueva solicitud de
reliquidación a CREMIL por el periodo de 1997 a 2003 y esta le fue negada, por lo que
demandó el acto administrativo que negó la reliquidación, pero en primera y segunda
instancia se declaró el fenónemo de la cosa juzgada. Con ocasión de la acción de
tutela presentada por el actor, la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia

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Demandante: Roberto Gutiérrez Restrepo
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de 12 de marzo de 2020 concluyó que se violaron los derechos fundamentales de
debido proceso, igualdad, seguridad social y mínimo vital del actor, por lo que dejó sin
efectos la sentencia cuestionada previa consideración que en esos casos no puede
hablarse de cosa juzgada absoluta por tratarse de prestaciones periódicas, de ahí que
los interesados pueden volver a presentar la demanda porque las sumas posteriores
no resultan afectadas.

En particular, en este último caso la Sección Segunda de esta Corporación señaló en
un caso idéntico al del actor lo siguiente:

“Ahora bien, lo pretendido por el señor Alfredo Gómez Gómez (q.e.p.d.) en el
primer proceso de nulidad y restablecimiento era precisamente obtener el reajuste
de su asignación de retiro conforme al IPC entre los años 1997 y 2004. Sin
embargo, pese a tener derecho, los falladores de instancia omitieron dar orden
alguna frente al reajuste de la base de la asignación de retiro devengada por el
entonces demandante, por considerar que las mesadas causadas con anterioridad
al 26 de agosto de 2003 estaban prescritas, lo que precisamente motivó una nueva
solicitud ante la administración y por tanto, una nueva demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, cuya decisión de segunda instancia es objeto de
reproche dentro de la acción de la referencia.

En ese contexto, si bien es cierto, la autoridad judicial demandada estableció que
ya había cursado otra demanda con el mismo objeto, es claro que dicha decisión
desconoce el derecho constitucional que le asiste a la hoy accionante de mantener
el poder adquisitivo de su mesada, consagrado en dos enunciados normativos
distintos de la Constitución Política, que a juicio de la Subsección constituyen una
expresión del principio de Estado Social de Derecho, de la protección especial que
establece la Carta Política a las personas de la tercera edad y de los derechos a
la igualdad y al mínimo vital y móvil.”.

2.7 Por las razones expuestas, no hay dudas de que le asiste razón al actor en punto
a que existe una línea jurisprudencial consolidada en asuntos como el de la referencia
en la que se ha abordado la discusión frente a la reliquidación de la asignación de
retiro de militares que pretendían que dicha prestación se ajustara mes a mes con base
en el IPC y diferentes Salas de esta Corporación han entendido que en tales hipótesis
no se configura dicha excepción, pues el ajuste mensual con base en el IPC impacta
en las mesadas posteriores.

2.8 Lo anterior tiene sentido si se considera que como se aprecia de la cita transcrita
en tales hipótesis, al igual que en el caso del señor Gutiérrez Restrepo, las autoridades
judiciales que conocieron del primer proceso declararon que si bien al actor le asistía
el derecho a la reliquidación de su asignación de retiro con base en el IPC, lo cierto es
que -todas- las mesadas reclamadas se encontraban prescritas -incluyendo las
posteriores que podrían causarse-, circunstancia que conllevó a que el interesado

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Demandante: Roberto Gutiérrez Restrepo
Acción de tutela

presentara una nueva demanda en la que buscaba que se le reconociera el derecho
de mantener el poder adquisitivo de las mesadas posteriores, sin que dicho proceder
desconozca la figura de la cosa juzgada.

2.9 Lo anterior, pues, como se ha dicho por parte de esta misma Sala en oportunidades
anteriores7, de conformidad con las sentencias del 1 de diciembre de 20168, 14 de abril
de 20169 y 29 de agosto de 201910 del Consejo de Estado es posible concluir que i) el
fenómeno de la cosa juzgada cuando se discuten prestaciones periódicas tiene efectos
relativos y, por lo tanto, la decisión producirá efectos sobre las mesadas objeto de la
decisión y no sobre las que se causen con posterioridad a esta; ii) como las
prestaciones se siguen causando en el tiempo, se produce una modificación en el
fundamento fáctico del litigio; y iii) en estos casos el beneficiario de la prestación
generalmente hace parte del grupo poblacional de la tercera edad, por lo que es sujeto
de especial protección por parte del Estado, razón es por la que el interesado bien
puede acudir ante el juez competente para obtener un nuevo reajuste de la prestación.

2.10 En efecto, como lo determinó el juez de tutela en la sentencia citada como
desconocida “es mandato de la Constitución y por demás un derecho irrenunciable, el
mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda, en tratándose de mesadas
pensionales o asignaciones de retiro, pues a través de este principio se pretende
precisamente garantizar otros postulados superiores como el derecho al mínimo vital
y a la vida digna de los pensionados, y se permite corregir la desvalorización constante
y progresiva de la mesada y mantener el poder adquisitivo de esa prestación
económica”.

2.11 En esa medida, en tanto que el incremento anual de las pensiones busca
garantizar que su valor no se deprecie frente al costo de los bienes y servicios que el
pensionado requiere, la omisión respecto de tal incremento vulnera las garantías
superiores de los beneficiaros de tales prestaciones, máxime si se tiene en cuenta que,
por lo general, se trata de personas de la tercera edad que encuentran en su
asignación de retiro o pensión la única garantía para suplir sus condiciones mínimas
de subsistencia.

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de julio de 2020, exp. 11001-03-15-000-2020-

02720-00 (AC), CP Alberto Montaña Plata.
8 Rad. 11001-03-25-000-2013-00406-00 (0865-2013)

9 Rad. 11001-03-25-000-2014-00794-00 (2480-2014)

10 Rad. 66001-23-33-000-2014-00070-01(3973-2014)

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Expediente: 11001-03-15-000- 2023-00663-00
Demandante: Roberto Gutiérrez Restrepo
Acción de tutela

2.12 Ello recobra mayor sentido en casos como el sub examine, pues, contrario a lo
dicho por la autoridad judicial accionada los derechos pensionales no prescriben, en
tanto solo se ven afectadas con dicho fenómeno extintivo las “mesadas”, de modo que
no es posible predicar en estas hipótesis la existencia de la figura de la cosa juzgada
porque no existió un derecho reconocido sobre la reliquidación, como lo indicó en un
caso similar la Sección Quinta de esta Corporación, así11:

“[l]a Sala advierte en este segundo proceso, que no se efectuó́ un análisis de fondo
respecto de la modificación que pudiera tener la base de liquidación en la
asignación mensual de retiro del actor desde 1997 en lo sucesivo, pues es claro
que los derechos «pensionales» no prescriben y solo las mesadas son las que se
afectan por dicho fenómeno extintivo razón por la cual, para el caso concreto no
existió́ un derecho reconocido o declarado sobre el incremento pretendido desde
dicha anualidad”.

2.13 En suma, para la Sala es claro que se incurrió en una violación directa de la
Constitución por vulneración del derecho a la igualdad y del principio de favorabilidad,
así como en un desconocimiento del precedente porque en este caso no es posible
hablar de una identidad de causa con la primera demanda que el señor Gutiérrez
Restrepo adelantó, pues el segundo proceso estuvo motivado por un hecho nuevo que
lo llevó a presentar una segunda demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
esta vez para que se reconociera su derecho al incremento prestacional causado
desde 1997 a la fecha, cuya incidencia se vería reflejada en la base de la asignación
percibida, pues en el primer proceso se había declarado la “prescripción del derecho
al reajuste”, esto es, no se analizó de fondo si efectivamente le asistía el derecho a las
“diferencias al reajuste” desde la base de la liquidación, esto es, desde 1997.

2.14 Sin embargo, no ocurre lo mismo frente al presunto desconocimiento de la
sentencia C-1433 de 2000 de la Corte Constitucional, relativa al deber jurídico de
incremento anual de los salarios y prestaciones, pues en cuanto a esa decisión la Sala
advierte que en ella no se estableció una regla en particular en relación con la cosa
juzgada, pues el análisis principal se centró en la inclusión de la totalidad de factores
salariales pensionales.

2.15 En los términos expuestos, para la Sala es claro que sí existe un precedente
pacífico y reiterado según el cual el derecho a las mesadas puede ser objeto de

11 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 27 de mayo de 2021, exp. 11001-03-15-000-2021-

01925-00(AC), CP Carlos Enrique Moreno Rubio.

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Expediente: 11001-03-15-000- 2023-00663-00
Demandante: Roberto Gutiérrez Restrepo
Acción de tutela

reliquidación en varias oportunidades, siempre que haya lugar a ello y en caso de la
existencia de una orden judicial es posible su estudio en sede jurisdiccional a partir de
la configuración de nuevos hechos que impacten en las mesadas posteriores a la
ejecutoria de la decisión, caso en el cual se relativiza la figura de la cosa juzgada para
que el juez natural de la causa pueda evaluar el reconocimiento del derecho alegado.

2.16 Así las cosas, le asiste razón al accionante cuando afirma que con la decisión
demandada se realizó una indebida interpretación de la figura de la cosa juzgada,
pues, si bien en los dos procesos el señor Gutiérrez Restrepo solicitó que se reajustara
su asignación de retiro, con el fin de que se estableciera cuál incremento era mejor, si
el ordenado por el Gobierno Nacional o el IPC del año inmediatamente anterior para
los años 1997 a 2004, lo cierto es que el tribunal no podía definir que el objeto, es
decir, las pretensiones reclamadas fueran idénticas dado que se trataba de la nulidad
de actos administrativos y de declaraciones materialmente diferentes, ya que en el
primero se declaró la prescripción, de modo que, se reitera, ello operaba únicamente
para las mesadas y no para el derecho al reajuste, el cual no prescribe, de modo que
con ocasión de la segunda solicitud no podía declararse la cosa juzgada, pues en esta
hipótesis la misma solo tiene el carácter de relativa.

2.17 Recuérdese que, de manera reiterada12, la Corte Constitucional ha señalado que
diversos preceptos de rango constitucional configuran el derecho constitucional de los
pensionados a mantener el poder adquisitivo de su mesada pensional.

2.18 Este derecho, además de estar consagrado expresamente en los artículos 48 y
53 de la Carta Política, puede derivarse de una interpretación sistemática de distintos
enunciados normativos contenidos en la Constitución Política, por ende, la propia
Corte Constitucional ha sostenido que “el artículo 48 constitucional contiene una clara
previsión al respecto cuando establece que “La ley definirá los medios para que los
recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante”.

2.19 Además, no sobra recordar que el artículo en comento fue adicionado por el Acto
Legislativo 01 de 2005, el cual introdujo un inciso del siguiente tenor: “Sin perjuicio de
los descuentos, deducciones y embargos a pensiones ordenados de acuerdo con la
ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la
mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho” (negrillas añadidas)

12 Corte Constitucional, sentencias C-862 de 2006, T-373 de 2012, T179A de 2017.

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Expediente: 11001-03-15-000- 2023-00663-00
Demandante: Roberto Gutiérrez Restrepo
Acción de tutela

y, por su parte, el artículo 53 superior dispone que “El Estado garantiza el derecho al
pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales”.

2.20 De esas normas constitucionales se infiere con claridad un derecho constitucional
del cual son titulares los pensionados y que comprende (i) el pago oportuno de las
mesadas pensionales y (ii) su reajuste periódico, último que a su vez implica que no
se pueden dejar de pagar las mesadas, congelar su valor o mucho menos reducirlas.

2.21 En suma, no hay dudas de que el reajuste periódico de las mesadas es un
derecho constitucional y que, inclusive, en algunas ocasiones como en la sentencia T-
906 de 2005, la Corte ha considerado que “el derecho a mantener el poder adquisitivo
de las pensiones puede llegar a considerarse excepcionalmente como un derecho
fundamental por conexidad.”, de ahí que las autoridades judiciales no pueden
desconocerlo, como se hizo en este caso, con la excusa de que en una oportunidad
anterior ya se había presentado una demanda similar, puesto que, como se ha insistido
hasta este punto, el derecho al reajuste no prescribe, pues tan solo lo hace la mesada.

2.22 En consecuencia, en los términos hasta aquí expuestos se accederá al amparo
deprecado y se dejará sin efectos la sentencia cuestionada para que, en su lugar, el
tribunal expida una decisión en reemplazo teniendo en cuenta las consideraciones
hasta aquí expuestas relativas al derecho al reajuste de la asignación de retiro y la
figura de la cosa juzgada, considerando el precedente invocado por la parte actora.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN B-, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

1º) Ampáranse los derechos al trabajo, seguridad social e igualdad del señor Roberto
Gutiérrez Restrepo, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

2º) En consecuencia, déjase sin efectos la providencia de 27 de octubre de 2022
dictada por el Tribunal Administrativo de Santander en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho no. 680013333010-2018-00433-0. En su lugar,

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Expediente: 11001-03-15-000- 2023-00663-00
Demandante: Roberto Gutiérrez Restrepo
Acción de tutela

ordenase a esa autoridad judicial que, en el término de diez (10) días contados a partir
de la notificación de esta providencia, expida una providencia en reemplazo en la que
tenga en cuenta el precedente y las consideraciones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.

4º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera
instancia y remítasele copia del mismo.

5º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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