Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00667-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00667-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-00667-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
20 de abril de 2023
Radicación: 11001 03 15 000 2023 00667 00
Accionante: SOMAYA ELENA MARTÍNEZ VEGA Y OTRA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 00667 00
Accionantes: SOMAYA ELENA MARTÍNEZ VEGA Y AMELIA EDITH VEGA
POLO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR
Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de
relevancia constitucional cuando de lo expuesto por la
parte actora no se advierte la afectación del núcleo
esencial de los derechos fundamentales invocados.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Somaya Elena Martínez
Vega y Amelia Edith Vega Polo contra el Tribunal Administrativo del Cesar.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Las señoras Somaya Elena Martínez Vega y Amelia Edith Vega Polo
solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, “en conexidad
con el principio de seguridad jurídica”, que estimaron vulnerados con
ocasión de la sentencia del 4 de agosto de 2022, dictada por el Tribunal
Administrativo del Cesar, que confirmó la decisión del 18 de junio de
2019, proferida por el Juzgado 2º Administrativo del Circuito de
Valledupar, que denegó las pretensiones de la demanda de reparación
directa que aquéllas promovieron contra la Nación – Ministerio de Defensa
– Policía Nacional1.
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Proceso que se identificó con el radicado 20001-33-33-002-2017-00213-01.
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Accionante: SOMAYA ELENA MARTÍNEZ VEGA Y OTRA
Como hechos que antecedieron a la acción de tutela, las demandantes
relataron que presentaron el medio de control de reparación directa
contra la Policía Nacional con el fin de obtener la indemnización de los
perjuicios ocasionados por la muerte del señor Cristian de Jesús Vega
Polo, que se produjo el 6 de junio de 2015, por disparos que le propinó
por la espalda un grupo de uniformados que atendía una riña en la vía
pública del municipio de Valledupar.
Dijeron que, mediante sentencia del 18 de junio de 2019, el Juzgado 2º
Administrativo del Circuito de Valledupar denegó las pretensiones de la
demanda, decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo del
Cesar el 4 de agosto de 2022, al considerar que no estaba acreditado el
nexo causal entre el daño y la actividad de la administración.
A juicio de las actoras, el fallo del 4 de agosto de 2022 incurrió en defecto
fáctico por falta de valoración de pruebas allegadas al proceso.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. La presidente del Tribunal Administrativo del Cesar manifestó
que la decisión cuestionada hizo un análisis detallado de los medios
probatorios aportados al proceso y encontró acreditado el daño. Sin
embargo, no encontró la prueba del nexo causal entre éste y la actividad
de la administración, es decir, que no se acreditó el elemento de la
imputabilidad.
Más concretamente, dijo que si bien la Sala encontró probado que el día
de los hechos los únicos que portaban armas de dotación eran los
integrantes de la Policía Nacional y que, de acuerdo con lo manifestado
por INDUMIL, la munición recolectada ese día por uno de los testigos era
igual a la que se entregó a esa institución en virtud de un convenio
interadministrativo, lo cierto es que no se practicó una prueba técnica
específica al proyectil encontrado, la cual hubiese podido demostrar el
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nexo instrumental entre el daño y la conducta del agente, requisitos
indispensables para configurar la imputabilidad del daño al Estado.
Explicó que el tribunal encontró inconsistencias en los testimonios de la
parte demandante, por lo que, en suma, no se acreditó con certeza que
la Policía Nacional hubiese ocasionado la muerte del señor Vega Polo.
2.2. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar
remitió el expediente del proceso de reparación directa.
2.3. El jefe del Área Jurídica del Grupo de Asuntos Legales de la Secretaría
General de la Policía Nacional citó en extenso las consideraciones de la
sentencia cuestionada y expuso que, en efecto, los testigos de la parte
demandante incurrieron en contradicciones que impidieron tener certeza
sobre quién accionó el arma de fuego, las cuales no fueron aclaradas con
alguna prueba técnica que permitiera tener por acreditado el nexo causal.
Por último, alegó que la tutela es improcedente porque se busca cuestionar
una providencia judicial, y las demandantes no acreditaron encontrarse
frente a un perjuicio irremediable.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.
3.2. HECHOS
3.2.1. Las señoras Somaya Elena Martínez Vega y Amelia Edith Vega Polo
presentaron demanda de reparación directa contra la Policía Nacional, con
el fin de obtener la indemnización de los perjuicios ocasionados por la
muerte del señor Cristian de Jesús Vega Polo, que se produjo el 6 de junio
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de 2015, cuando un grupo de uniformados atendía una riña que se
presentó en la vía pública del municipio de Valledupar.
3.2.2. El asunto fue resuelto en primera instancia por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Valledupar, mediante sentencia del 18 de
junio de 2019, que denegó las pretensiones de la demanda. Las actoras
apelaron la anterior decisión y, a través de proveído del 4 de agosto de
2022, el Tribunal Administrativo del Cesar la confirmó, al considerar que
no estaba acreditado el nexo causal entre el daño y la actuación de los
miembros de la Policía Nacional.
3.2.3. Las señoras Somaya Elena Martínez Vega y Amelia Edith Vega Polo
interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar,
al considerar vulnerados sus derechos fundamentales por la providencia
del 4 de agosto de 2022.
3.3. ANÁLISIS DE LA SALA
3.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
3.3.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al sintetizar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación2,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
2
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).
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constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.
Más recientemente, con la sentencia SU-215 de 20223, la Corte
Constitucional hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela
contra providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia
constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario
de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de
los jueces ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:
“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es
suficiente para cumplir con el requisito de relevancia constitucional,
pues se requiere demostrar de manera razonable una restricción
desproporcionada a los derechos mencionados. […]”.
En este caso, la parte actora invocó los derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia,
“en conexidad con el principio de seguridad jurídica”, pidiendo que se deje
sin efectos la sentencia del 4 de agosto de 2022, proferida por Tribunal
Administrativo del Cesar, que confirmó el fallo de primera instancia que
negó las pretensiones de la demanda de reparación directa que ellas
promovieron contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional,
por el fallecimiento de su familiar.
Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este
caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello
se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional, para luego, analizarlos con respecto al caso concreto.
3.3.1.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional
En la referida sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de
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M. P. Natalia Ángel Cabo.
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tutela contra providencia judicial es que la cuestión que se discute resulte
de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por
qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En
sentencia SU–573 de 20194, el alto tribunal explicó que este requisito
persigue tres finalidades:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
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M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103
de 2022
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(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso
la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 5.
3.3.1.3. Las cuestiones de relevancia constitucional
Frente a la primera finalidad señalada, esto es, restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de clara relevancia constitucional que
afecten los derechos fundamentales, en la sentencia SU-573 de 2019, la
Corte explicó que el elemento de la relevancia tiene el siguiente alcance:
“[…] “el caso [debe involucrar] algún debate jurídico que gir[e] en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental”. La
Corte ha sostenido al unísono que la cuestión debe revestir una ‘clara’,
‘marcada’ e ‘indiscutible’ relevancia constitucional, dado que el único
objeto de la tutela es la protección efectiva, inmediata y subsidiaria
de los derechos constitucionales fundamentales. Por tal razón, es
necesario que ‘la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental’. Esto
significa que el asunto debe ser trascendente para (i) ‘la interpretación
del estatuto superior’, (ii) su aplicación, (iii) desarrollo eficaz y (iv) la
determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales.
Lo anterior, exige al juez ‘indicar con toda claridad y de forma expresa
por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de
las partes’ […]”. [Se destaca].
De lo anterior se desprende que la comprensión que la jurisprudencia
constitucional le ha dado a este primer elemento de la relevancia consiste
en que la acción de tutela que se promueve contra providencia judicial
proponga un debate sobre el contenido, alcance o goce de un derecho
fundamental o que el caso concreto, en los términos del fallo SU-215 de
2022, tenga “entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
5
Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.
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Política o un derecho fundamental”, pues solo así se podrá establecer que
el asunto es evidentemente de naturaleza constitucional. Ello quiere
significar que, quien interpone una acción de tutela, debe identificar cuál
es el derecho fundamental que estima afectado y explicar los motivos por
los cuales considera que la sentencia atacada lo está vulnerando.
En consonancia con lo dicho, la Corte Constitucional, en el fallo SU-573
de 2019, manifestó que “la acreditación de esta exigencia [el requisito de
relevancia constitucional], más allá de la mera adecuación del caso a un
lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, supone
justificar razonablemente la existencia de una restricción prima
facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo
que una simple relación con aquel”. [Se destaca]. Este criterio fue luego
reiterado en los fallos SU-128 de 20216, SU-103 de 20227, y más
recientemente en la ya citada sentencia SU-215 de 2022.
En la última de estas sentencias de unificación, en la cual se revisó el fallo
de segunda instancia que esta Sala dictó el 20 de agosto de 2021, en el
trámite de la acción de tutela formulada por una sociedad contra la
sentencia proferida el 4 de marzo de 2021 por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, por presunta violación de los derechos al debido
proceso y acceso efectivo a la administración de justicia, la Corte explicó
que la cuestión discutida en esa ocasión no tenía relevancia constitucional
toda vez que la parte actora pretendía que el significado de los derechos
invocados se tradujera en “una decisión favorable a través de la
imposición de una lectura alternativa del litigio que derive en la anulación
de las liquidaciones oficiales de revisión que profirió la DIAN sin que ello
sea un asunto de interés general”.
Además, en un pronunciamiento anterior, esto es, en la sentencia T-422
de 20188, la Corte Constitucional confirmó una decisión de la Sección
Primera del Consejo de Estado que había declarado improcedente la
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M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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M.P. Carlos Bernal Pulido.
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acción de tutela por no cumplir con los requisitos de relevancia
constitucional e inmediatez. En cuanto a la relevancia, en esa ocasión la
Corte indicó, entre otras razones, que dicho requisito no estaba cumplido
por cuanto: “si bien la parte actora asegura que las providencias
demandadas desconocen sus derechos fundamentales, la relevancia
constitucional de un asunto no se determina con la mera enunciación de
los derechos fundamentales presuntamente comprometidos, sino
mediante la acreditación razonable de una presunta amenaza o
vulneración de los mismos”. [Se destaca].
El criterio jurisprudencial contenido en los fallos T–422 de 2018, SU-573
de 2019, SU-128 de 2021, SU-103 y SU-215 de 2022, entre otros,
consistente en que, para superar el requisito de relevancia, no basta con
la mera enunciación de los derechos fundamentales, sino que supone por
parte del actor la carga de justificar razonablemente la existencia de una
restricción prima facie desproporcionada de un derecho fundamental,
evidencia que es precisamente esa la razón por la cual es necesario que,
para la acreditación de este primer elemento que integra la relevancia
constitucional, la parte interesada, en el escrito de tutela, (1) invoque la
vulneración de derechos fundamentales, (2) exponga los motivos por los
cuales considera que la sentencia atacada está vulnerando tales derechos
fundamentales, y (3) compruebe que la transgresión supone un atentado
contra el núcleo esencial de los derechos invocados, requisitos que exigen
del juez de tutela un examen de los motivos aducidos por la parte actora
para afirmar que hay amenaza o vulneración de un derecho fundamental,
comparadas con el núcleo esencial del mismo.
Ello es así porque, solo si la vulneración del derecho acontece en lo que
se denomina su núcleo esencial, es posible advertir que el caso reviste la
relevancia o trascendencia necesarias para permitir que, por vía de este
mecanismo, se logre exceptuar en un juicio constitucional el principio de
cosa juzgada que orienta todo el andamiaje institucional en el que se
funda nuestro sistema jurídico. Con este propósito, el juez no podrá
limitarse a convalidar el requisito de la relevancia constitucional con la
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sola mención de un derecho fundamental, pues deberá evaluar si, de
acuerdo con los argumentos expresados en el escrito correspondiente,
hay amenaza o violación efectiva del mismo.
El núcleo esencial de un derecho fundamental ha sido entendido por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional como “el ámbito intangible del
derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a los particulares” 9 y
ha explicado que, desde la perspectiva de los derechos subjetivos, el
núcleo esencial se define así10:
“[…] Métodos para la determinación del núcleo esencial
22. En el proceso de determinación de lo que constituye el núcleo
esencial de un derecho fundamental, el juzgador dispone de técnicas
jurídicas complementarias. Visto desde la perspectiva de los derechos
subjetivos, el contenido esencial de un derecho fundamental consiste
en aquellas facultades o posibilidades de actuación necesarias para
que el derecho sea reconocible como pertinente al tipo descrito y sin
las cuales dejaría de adscribirse a ese tipo, desnaturalizándose. Por
otra parte, la jurisprudencia de intereses ha diseñado una fórmula
según la cual el núcleo esencial del derecho fundamental es aquella
parte de su contenido que es absolutamente necesaria para que los
intereses jurídicamente protegibles, que dan vida al derecho, resulten
real, concreta y efectivamente protegidos. De este modo, se rebasa o
se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido
a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo
razonable o lo despojan de la necesaria protección […]”. [Se destaca].
En otra oportunidad la Corte indicó que el núcleo esencial de un derecho
fundamental es “esa parte del derecho que lo identifica, que permite
diferenciarlo de otros y que otorga un necesario grado de inmunidad
respecto de la intervención de las autoridades públicas. En sentido
negativo debe entenderse el núcleo esencial de un derecho fundamental
como aquel sin el cual un derecho deja de ser lo que es o lo convierte en
otro derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica al derecho
fundamental y sin lo cual se le quita su esencia fundamental. O, también,
puede verse como la parte del derecho fundamental que no admite
restricción porque en caso de hacerlo resulta impracticable o se
desnaturaliza su ejercicio o su necesaria protección”11.
9
Corte Constitucional, sentencia T-426 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
10
Ibidem.
11
Corte Constitucional, sentencia C-756 de 2008 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
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3.3.1.4. La competencia e independencia jurisdiccional
La segunda finalidad de la relevancia constitucional consiste en preservar
la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad o con un marcado
contenido económico. La Corte Constitucional ha conceptualizado así este
segundo elemento de la relevancia12:
“[…] La controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero
no meramente legal y/o económico. Según la jurisprudencia
constitucional, las discusiones de orden legal, esto es, aquellas
relativas a un derecho de índole económica, deben ser resueltas
mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, dado
que ‘le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma
imprudente en asuntos de carácter netamente legal o reglamentario’,
so pena de ‘involucrarse en [cuestiones] que corresponde definir a
otras jurisdicciones’. En tales términos, un asunto carece de
relevancia constitucional, según lo ha considerado la Corte, (i) cuando
la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de
un derecho, como la correcta interpretación o aplicación de una
norma ‘de rango reglamentario o legal’, salvo que de esta ‘se
desprendan violaciones a los derechos y deberes
constitucionales’ o (ii) cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria
con connotaciones particulares o privadas, “que no representen un
interés general” […]”.
En esa medida, siguiendo el planteamiento de la Corte Constitucional, un
asunto carece de relevancia constitucional cuando el debate planteado
por la parte actora es de naturaleza meramente legal y/o económica. Sin
embargo, en la reciente SU-215 de 2022, al respecto se señaló que:
“no significa que en todos los casos en los que se cuestione la
definición y aplicación judicial de normas de rango legal se incumple
el requisito de relevancia constitucional […] en la labor judicial la
indebida aplicación de normas de rango legal puede derivar en una
violación de derechos fundamentales. Justamente esa situación es la
que sustenta la existencia, caracterización y definición del defecto
sustantivo. En todo caso, la relevancia constitucional exige que el
accionante vincule la discusión legal con la violación de una garantía
fundamental o, en otros términos, que explique con suficiencia el por
qué la interpretación o aplicación de una norma de rango legal afectó
garantías constitucionales. […]”.
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Sentencia SU–573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
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Y, para precisar aún más el alcance de este planteamiento, el referido
fallo de unificación advirtió:
“[…] Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra
sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer
algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela
formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el
reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de
reparación directa; (iii) laudos arbitrales y las sentencias de
anulación; (iv) procesos ejecutivos, entre otras materias que implican
pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la
acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho
fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios. […]”.
En suma, el asunto debe trascender al plano constitucional, y ello se logra
cuando la argumentación no se limita a buscar la protección de los
intereses económicos y/o legales que identifican particularmente a la
parte actora, sino que justifica razonablemente la afectación
desproporcionada de los derechos fundamentales que se invocan.
3.3.1.5. La instancia adicional
Por último, el tercer propósito del criterio de relevancia constitucional es
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a este
elemento, la Corte Constitucional ha dicho13:
“[…] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional
orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según la
jurisprudencia constitucional, ‘la tutela contra providencias judiciales
no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios’, pues la competencia del juez de tutela se restringe ‘a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter
legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie,
si la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de
la autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así
se garantizaría “la órbita de acción tanto de los jueces
constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en estricto
respeto a la independencia de los jueces ordinarios […]”.
13
Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
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En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022,
y reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que
“la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo
de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que
no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.
3.3.2. Caso concreto
La Sala examinará el reclamo traído ante el juez de tutela a la luz de cada
uno de los tres criterios que, de acuerdo con la jurisprudencia estudiada,
hacen parte de la relevancia constitucional, para determinar si en este
caso este requisito general de procedencia está cumplido.
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de
relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
Como quedó visto en precedencia, de acuerdo con la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, este criterio supone que el debate planteado gire en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y, en
esa medida, es que se hace necesario que el juez de tutela verifique
cuáles son los derechos fundamentales invocados por la parte actora y las
razones por las cuales considera que la sentencia atacada los vulnera,
para así determinar si, prima facie, dicha transgresión supone el
desconocimiento de su núcleo esencial o, en otras palabras, si está siendo
afectado el contenido de un derecho.
En el asunto bajo examen, las demandantes alegaron que la sentencia
controvertida vulnera los derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, “en conexidad con el
principio de seguridad jurídica”.
13
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En primer término, la Sala debe resaltar que, si bien la parte actora
mencionó el derecho a la igualdad, no presentó ninguna sustentación
sobre su eventual vulneración. En tales condiciones, no solo es evidente
la ausencia de relevancia constitucional de este reclamo, sino que resulta
imposible para el juez de tutela evaluar su eventual amparo. De otra
parte, debe tenerse en cuenta que el principio de seguridad jurídica no es
un derecho fundamental susceptible de ser amparado por vía de tutela14.
Bajo dicho contexto, la Sala examinará el contenido o el núcleo esencial
de cada una de las demás prerrogativas iusfundamentales invocadas por
la parte actora, esto es, el debido proceso y el acceso a la justicia, dado
que, de advertirse prima facie su afectación en su faceta constitucional,
se derivaría que el asunto sí tiene tal naturaleza, pues compromete o
involucra el contenido, alcance o goce de un derecho fundamental.
Ahora bien, en la citada sentencia SU-103 de 2022, la Sala Plena de la
Corte Constitucional, al estudiar el requisito de relevancia en relación con
los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso efectivo a la
administración de justicia, explicó:
“[…] 112. Asimismo, reiterando la sentencia T-244 de 2007, afirmó la
Sala de Revisión en la sentencia T-131 de 2021 que el primer
escenario, esto es, cuando la tutela se dirige a cuestionar una
supuesta vulneración del derecho al debido proceso en su faceta
constitucional, supone un desconocimiento de sus elementos
esenciales, tales como el derecho al juez natural, el derecho a
presentar y controvertir las pruebas, el derecho de defensa, el
principio de legalidad, el derecho a la publicidad del proceso y de la
decisión judicial, el derecho a la independencia e imparcialidad del
juez o el derecho de defensa. De igual forma, el escenario en la cual
la acción de tutela pretende demostrar una violación al derecho al
acceso a la administración de justicia, supone una vulneración algunos
de sus garantías fundamentales, como lo son (i) el acceso de toda
persona al sistema judicial; (ii) las garantías previstas para el normal
desarrollo del proceso; y (iii) las que se relacionan con la decisión que
se adopta dentro del proceso y su capacidad de ser ejecutada. Lo
anterior, teniendo en cuenta que ‘el acceso a la justicia se integra al
núcleo esencial del debido proceso, por la circunstancia de que su
garantía supone necesariamente la vigencia de aquél, si se tiene en
cuenta que no es posible asegurar el cumplimiento de las garantías
14
Cfr. sentencia T-061 de 2012 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
14
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sustanciales y de las formas procesales establecidas por el legislador
sin que se garantice adecuadamente dicho acceso’.
113. Por lo tanto, para acreditar el requisito de relevancia
constitucional, no es suficiente alegar una violación del derecho al
acceso a la administración de justicia o del debido proceso con
fundamento en una simple relación de los hechos del caso con
aquellos, sino que se exige demostrar, de manera razonable, una
restricción desproporcionada sobre alguno(s) de sus elementos. En la
mencionada sentencia T-131 de 2021, la Corte declaró la
improcedencia de la acción de tutela por, entre otras cosas, no
satisfacer el requisito de relevancia constitucional. Constató que la
tutela no suponía a priori el desconocimiento del derecho fundamental
al debido proceso del accionante en su faceta constitucional, sino que
planteaba una controversia estrictamente económica, consistente en
la inconformidad la actora con el laudo arbitral emitido en su contra
[…]”. [Se destaca].
En un pronunciamiento anterior, específicamente la sentencia SU-128 de
2021, el alto tribunal constitucional explicó, con fundamento en el fallo
SU-573 de 2019, lo siguiente frente al derecho fundamental al debido
proceso y al requisito de relevancia constitucional:
“[…] 4.3. En ese mismo sentido, en la sentencia SU-573 de 2019 esta
corporación determinó que ‘la acreditación de esta exigencia, más allá
de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales, supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a
un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación
con aquel’. Así, por ejemplo, no es suficiente con que la parte actora
alegue la violación del derecho fundamental al debido proceso para
entender acreditado el requisito general de procedencia de relevancia
constitucional […]” [Se destaca].
De acuerdo con los lineamientos jurisprudenciales expuestos por la Sala
Plena de la Corte Constitucional en sentencias SU-573 de 2019, SU-128
de 2021, SU-103 y SU-215 ambas de 2022, no se cumple la exigencia de
relevancia constitucional cuando la parte actora se limita a invocar la
vulneración de los derechos fundamentales, sin sustentar de manera
precisa las razones por las cuales estima que la decisión judicial atacada
los afectó, pues, en criterio de la Corte, “se exige demostrar, de manera
razonable, una restricción desproporcionada sobre alguno(s) de sus
elementos”15, esto es, que el interesado alegue la vulneración de los
15
Sentencia SU-103 de 2022 (M.P. Alejandro Linares Cantillo).
15
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derechos al debido proceso o de acceso efectivo a la administración de
justicia en su faceta constitucional o, dicho de otra manera, que
identifique dentro del núcleo esencial cuál de las garantías que los
componen resultan comprometidas con ocasión de la providencia atacada
en la acción de tutela.
La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso
como el “conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a
través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una
actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia.
Hacen parte de las garantías del debido proceso: (i) el derecho a la
jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso
a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones
motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía
superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al
juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud
legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de
acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las personas y la
división del trabajo establecida por la Constitución y la ley; (iii) el derecho
a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y
adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para
la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado
cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y
a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso;
(iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo
razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido
a dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) el derecho a la
independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores
públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia,
ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al
legislativo, y (vi) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o
funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los
16
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hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios
anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas” 16.
En este caso, las demandantes se centraron en cuestionar el análisis
probatorio que efectuó el Tribunal Administrativo del Cesar, que resultó
ser distinto del que ellas esperaban, pero no propusieron en torno a sus
argumentos ninguna discusión de índole constitucional, circunstancia que
evidencia que simplemente se encuentran en desacuerdo con la decisión
de fondo que se adoptó, y no sugiere, ni menos aún demuestra, que con
su decisión la autoridad judicial atacada haya infringido los elementos del
núcleo esencial de los derechos fundamentales invocados.
De todos modos, una vez revisada la decisión judicial confutada, la Sala
no vislumbra vulneración o amenaza del núcleo esencial del derecho al
debido proceso, puesto que el medio de control de reparación directa
se tramitó ante las autoridades judiciales competentes, se adelantó
conforme a las reglas previstas en la ley, no se pretermitió ninguna de las
etapas procesales, las partes tuvieron la oportunidad de ejercer su
defensa, se garantizó el derecho de contradicción y la publicidad de las
actuaciones, y, por último, las providencias dictadas en el curso del
proceso se fundaron en derecho.
De igual manera, tampoco se advierte la violación del núcleo esencial del
derecho de acceso a la administración de justicia, en la medida que
las tutelantes obtuvieron dos pronunciamientos judiciales en sede
ordinaria que atendieron todos los elementos que constituyen el núcleo
esencial del debido proceso constitucional. Situación distinta es que estén
en desacuerdo con el criterio aplicado por el juez natural al momento de
valorar las pruebas con base en las cuales decidió el caso concreto, y que,
además, la providencia atacada haya desestimado las pretensiones que
perseguía la demanda.
16
Sentencia C-341 de 2014 (M.P. Mauricio González Cuervo).
17
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Así las cosas, en el presente caso el requisito de relevancia constitucional
no concurre, pues la parte actora no cumplió con la exigencia de explicar
los motivos por los cuales la providencia que cuestiona afecta la faceta
constitucional de los derechos fundamentales invocados. Es decir que, si
bien alegó la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, no propuso en
torno a ellos una discusión de índole constitucional, sino que únicamente
exteriorizó sus inconformidades con la decisión cuestionada. Además, de
lo expuesto no se advierte prima facie que, en este caso, el fallo atacado
comprometa o involucre el contenido de un derecho fundamental.
En suma, el primer criterio que se estudia, consistente en restringir el
ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales, no se cumple en este caso,
comoquiera que la tutela no involucra un debate jurídico en torno al
contenido, alcance y goce de uno de tales derechos. Y en todo caso,
tampoco se advierte prima facie la transgresión de estas prerrogativas en
su faceta constitucional, esto es, en los elementos que componen el
núcleo esencial de cada una.
En consecuencia, esta tutela no cumple con el primer presupuesto de la
relevancia constitucional.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y evitar que la
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad
En el análisis del primer elemento que hace parte de la relevancia quedó
visto que el debate planteado por las actoras en tutela, en lo atinente al
derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, no
involucra un asunto constitucional, por cuanto no gira en torno a la
afectación o vulneración del contenido de tales prerrogativas.
Ahora, como se explicó en precedencia, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, el segundo criterio de la relevancia implica que “la
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controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no
meramente legal y/o económico”17. En esa medida, en la misma decisión,
la Corte señaló que un asunto carece de relevancia cuando “(i) la
discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un
derecho, como la correcta interpretación o aplicación de una norma ‘de
rango reglamentario o legal’, salvo que de esta ‘se desprend[a]n
violaciones a los derechos y deberes constitucionales’ o (ii) cuando sea
evidente su naturaleza o contenido económico, por tratarse de una
controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o
privadas, ‘que no representen un interés general’ (…)”.
En este caso, la controversia propuesta en la tutela recae sobre la
acreditación del nexo causal entre la actividad de los miembros de la
Policía Nacional y el daño padecido por la parte actora, que se habría
derivado de la muerte del señor Cristian de Jesús Vega Polo, debate que
ya fue resuelto por el juez natural del asunto, de acuerdo con el análisis
de las pruebas allegadas por las partes, las cuales, en su criterio, no
demostraron, con el grado de certeza requerido, que el impacto de bala
que recibió la víctima hubiera sido propinado por agentes del Estado.
Dicho de otro modo, la controversia propuesta en sede de tutela no gira
en torno a la posible vulneración de garantías iusfundamentales, sino
sobre el enfoque que la autoridad judicial accionada dio al análisis de las
pruebas que fueron allegadas por la parte actora para demostrar la
imputabilidad del daño invocado a la administración, aspecto frente al
cual consideró que no existía certeza suficiente.
Por lo tanto, para la Sala la controversia sobre la aplicación de ese criterio,
cuya consecuencia fue la ausencia de configuración de la responsabilidad
de la administración, resulta ser de naturaleza legal y económica.
Al efecto, cabe recordar las consideraciones vertidas en el fallo T–422 de
2018 de la Corte Constitucional18, en la que se declaró improcedente una
17
Sentencia SU–573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
18
Sentencia T–422 de 2018 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
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tutela por incumplir los requisitos de relevancia constitucional e
inmediatez. Sobre la relevancia, en dicha oportunidad expuso:
“[…] 35. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, para esta
Sala es claro que el asunto sometido a su análisis carece de relevancia
constitucional. El actor considera que, con las providencias
demandadas, las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales, debido a que las autoridades judiciales
accionadas, a su juicio, no valoraron las pruebas del expediente que
daban cuenta que la experiencia acreditada por el señor (…) no tenía
la idoneidad que se requería para desempeñar el cargo en el que fue
nombrado en reemplazo del accionante.
36. La supuesta irregularidad advertida por el actor no cumple con
este requisito, debido a que (i) se trata de un asunto meramente legal,
(ii) que busca convertir la acción de tutela en una tercera instancia
adicional a las establecidas para casos como el presente, y que, por
tanto, (iii) no tiene una relación directa con la presunta vulneración o
amenaza del derecho al debido proceso u otro derecho fundamental
del actor.
37.En el presente asunto, si bien, la acción de tutela interpuesta por
(…) pretende que se dejen sin efecto las sentencias proferidas por el
Juzgado (…) Administrativo de Bogotá, y el Tribunal Administrativo de
Antioquia, de manera consecuente supone que se dejen sin efecto las
sentencias de segunda y primera instancia del mismo proceso,
teniendo en cuenta que en ninguna de dichas oportunidades
procesales fue otorgada, a su favor, la pretensión de nulidad del acto
administrativo que terminó su nombramiento provisional y el
restablecimiento del derecho con el reintegro solicitado. Como
fundamento de la acción, consideró que el juez y el tribunal no
valoraron, de manera adecuada, el material probatorio del
expediente.
38.Primero, el actor plantea controversias sobre asuntos meramente
legales, como la verificación de los requisitos legales para desempeñar
un cargo. Pues bien, la definición de tales requisitos y en general las
situaciones propias del derecho administrativo laboral, que deben ser
verificados en cada caso concreto, es de resorte exclusivo del juez de
lo contencioso administrativo, que no del juez constitucional. Esta Sala
advierte que el debate planteado por el actor no versa sobre la
presunta afectación o violación de derechos fundamentales, sino sobre
su discrepancia en relación con la verificación de la experiencia
acreditada por el señor (…), especialmente, con que se hubiere
nombrado a alguien en el cargo que este desempeñaba en
provisionalidad […]”. [Se destaca]
Siendo así, la Sala observa que en el caso de autos el debate traído por
la parte actora es ajeno al derecho constitucional y no guarda relación
con los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, sino que es de contenido legal y económico,
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pues su inconformidad se refiere principalmente a los criterios aplicados
por la autoridad judicial frente a la prueba del daño del nexo causal, como
elemento de la responsabilidad extracontractual del Estado, y a la
repercusión que ello tendría sobre el sentido del fallo emitido por el
tribunal accionado para resolver sobre las pretensiones de reparación
económica por ellas formuladas, aspecto que debe ser valorado de
manera exclusiva por el juez natural del asunto.
Como consecuencia de lo expuesto, para la Sala es claro no se encuentra
acreditado en este caso el elemento de la relevancia constitucional, en lo
relativo al segundo criterio analizado en relación con los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, cuya
protección se solicitó en este caso.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia
o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces
El tercer criterio de la relevancia constitucional supone que la tutela no
sea utilizada como una instancia o recurso adicional orientado a discutir
asuntos de mera legalidad.
Frente a este último criterio de la relevancia, además de lo dicho por la
jurisprudencia antes citada, cabe destacar que, en el fallo C-590 de 2005,
la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de una decisión de
tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la
relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe
contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces
de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación
de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea
de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo
que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para
proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber pasado por
un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que
permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en
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condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”. [Se destaca].
Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos
en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la
valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha
la convicción que generan en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en
la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o
en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que
este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se
desconocería la autonomía e independencia del juez natural.
En este caso, la Sala recuerda que las inconformidades planteadas en la
tutela giran en torno al análisis que realizó el Tribunal Administrativo del
Cesar sobre la prueba del nexo causal entre la muerte del señor Cristian
de Jesús Vega Polo —daño antijurídico invocado en la demanda de
reparación directa— y la actividad de los agentes de la Policía Nacional
que estuvieron en el lugar de los hechos.
Todo lo anterior, se insiste, constituye el debate que ya se agotó en el
proceso ordinario y, en todo caso, las demandantes se limitaron a exponer
sus inconformidades frente a las conclusiones a las que llegó el tribunal,
sin proponer al respecto una nueva discusión de verdadera índole
constitucional, por lo que es claro que simplemente se encuentran
inconformes con la decisión y que por tanto pretenden que el juez
constitucional analice nuevamente las pruebas que, según alegan,
acreditaban la imputabilidad del daño a la entidad accionada. Es decir,
que solo pretenden acceder a una instancia adicional.
A este efecto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las
pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante y
demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
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que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que tiene. Por lo tanto,
en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las
partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido
atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus competencias,
y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones hiciera el juez
constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por fuera de las
competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.
En un escenario de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por las partes en sus pretensiones,
excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha
sido sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales, y no
es el juez de constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el
caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que
precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues en
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este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su faceta del derecho a la defensa, en la medida en
que tal decisión no haya podido ser controvertida. Pero es evidente que
ese no es el supuesto en la decisión que aquí se examina, pues la parte
actora no alega que el juez se haya desviado de los hechos o el derecho
propuesto en el proceso, sino que se limita a argumentar que decidió sin
tener en cuenta el alcance que, según su parecer, debió darles a las
pruebas allegadas al proceso, en cuanto a la acreditación del nexo causal
entre el daño y la actividad de la administración.
En razón a todo lo expuesto, la Sala concluye que en este asunto no se
cumple con el requisito de la relevancia constitucional, razón por la cual
resulta completamente innecesario el estudio sobre el posible
cumplimiento de los restantes requisitos generales de procedibilidad de la
tutela contra decisiones judiciales.
3.4. Conclusión
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala declarará improcedente la
acción de tutela de la referencia, al constatar la ausencia del requisito de
relevancia constitucional, respecto de los derechos fundamentales
invocados.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si ella no es impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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