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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00677-01

Fecha
19 de mayo de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00677-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 42 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00677-01 Actora: EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-00677-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

19 de mayo de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00677-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO
TRANSMILENIO S.A.

TESIS: MODIFICA LA SENTENCIA IMPUGNADA QUE DENEGÓ LAS
PRETENSIONES DE LA ACCIÓN DE TUTELA DE LA REFERENCIA RESPECTO AL
DEFECTO FÁCTICO ALEGADO Y, EN SU LUGAR, DECLARA IMPROCEDENTE LA
SOLICITUD DE AMPARO POR CARECER DEL PRESUPUESTO DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL. ASUNTO MERAMENTE LEGAL Y ECONÓMICO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra

la sentencia de 21 de marzo de 2023, mediante la cual la SECCIÓN

TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO1

denegó el amparo solicitado en relación con el defecto fáctico alegado

1
En adelante la Subsección “B” de la Sección Tercera

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00677-01
Actora: EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO
TRANSMILENIO S.A.

y declaró improcedente la acción respecto al defecto por

desconocimiento del precedente judicial.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO

TRANSMILENIO S.A.2, actuando a través de su apoderado judicial,

en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la

Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos al debido

proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales, a su

juicio, le fueron vulnerados por la SECCIÓN TERCERA -

SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO3 al haber proferido

la providencia de 4 de noviembre de 2022, dentro del proceso

ejecutivo identificado con el número único de radicación 25000-23-

36-000-2017-01343-01.

I.2.- Hechos

Refirió que suscribió con la empresa RECAUDO BOGOTÁ S.A.S. el

2
En adelante Transmilenio
3
En adelante la Subsección “A” de la Sección Tercera

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TRANSMILENIO S.A.

contrato núm. 001 de 2011 para la concesión del sistema integrado

de recaudo, control e información y servicio al usuario del Sistema

Integrado de Transporte Público de Bogotá.

Adujo que el 25 de septiembre de 2013, RECAUDO BOGOTÁ S.A.S.

interpuso demanda en su contra ante el Tribunal del Centro de

Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá4 que, mediante laudo

de 7 de diciembre de 2016, dispuso:

“[…] Décimo: Condenar a [Transmilenio] a reliquidar a
[Recaudo Bogotá] el valor de la participación en el ingreso del
SITP con base en la CLÁUSULA 59 del Contrato de Concesión,
aplicando el valor de la tarifa al usuario, actualizada, de acuerdo
con la normatividad tarifaria, conforme lo dispone el Contrato,
suma que asciende a COP $6.511.400.000,00 a marzo de 2015,
por las razones expuestas en la parte motiva.

Dicha suma deberá ser actualizada por las partes en la misma
forma y con la misma metodología del perito hasta la fecha de
este Laudo […]”.

Sostuvo que las partes solicitaron aclaración, corrección y adición del

laudo, las cuales fueron denegadas mediante auto de 16 de enero de

2017.

Relató que mediante Resolución 019 de 23 de enero de 2017,

actualizó la suma a pagar a RECAUDO BOGOTÁ S.A.S. que

4
Integrado por Juan Pablo Cárdenas Mejía (presidente), Hernando Yepes Arcila, William Namén
Vargas y Diego Fernando Morales Gil (secretario).

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cuantificó en $7.420’947.274, por lo cual, el 25 de enero de 2017

pagó, a través de un cheque, la suma de $7.056’281.924 y a su

recibo, se registró que esa suma correspondía a un “pago parcial de

la condena”.

Afirmó que el 13 de marzo de 2017, la empresa INVERLINK S.A.,

en calidad de perito designado dentro del proceso arbitral, presentó

actualización del valor de la participación de ingreso del SITP,

utilizando la misma forma y metodología indicada por el Tribunal,

cuya suma ascendió a $17.425.819.437, por lo cual el 30 de marzo

siguiente, RECAUDO BOGOTÁ S.A.S. radicó ante su empresa

cuenta de cobro por $10.004’872.163 bajo el concepto de saldo del

remanente de la condena.

Manifestó que el 4 de mayo de 2017, alegó haber pagado toda la

obligación y desconocer la actualización elaborada por el perito

INVERLINK S.A. que ascendía a la suma de $17.425.819.437.

Indicó que, inconforme con lo anterior, el 19 de julio de 2017,

RECAUDO BOGOTÁ S.A.S. presentó demanda ejecutiva en su

contra con el fin de obtener el pago de $10.004.872.163 que, en su

criterio, correspondían a la actualización de la tarifa del usuario con

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base en el IPC entre abril de 2015 y diciembre de 2016 y, en

consecuencia, al saldo remanente de la condena que le fue impuesta

mediante el laudo arbitral de 7 de diciembre de 2016, desconociendo

que la actualización de la condena debía hacerse en la misma forma

y con la misma metodología del perito, razón por la cual la suma que

le dio como resultado fue inferior a la fijada en el laudo arbitral.

Expuso que a la demanda le correspondió el número único de

radicación 25000-23-36-000-2017-01343-01 y en primera instancia

al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA5 que,

mediante sentencia de 25 de agosto de 2021, declaró probada la

excepción de inexistencia del título ejecutivo por no contener una

obligación clara, expresa y exigible, propuesta por la ejecutada y

declaró terminado el proceso pues aunque que del laudo arbitral de

7 de diciembre de 2016 se desprendía una obligación clara, expresa

y exigible consistente en el pago a la ejecutante de $6.511’400.000;

no sucedía lo mismo respecto a la condena relacionada con la

actualización de ese valor desde abril de 2015, hasta diciembre de

2016, pues al respecto no se indicó en el laudo una suma específica

a pagar y solo se dieron unas directrices para el pago, las cuales

someten la actualización del mismo a un trámite posterior entre las

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En adelante el Tribunal

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partes.

Estimó que a la ejecutante le correspondía instaurar el

correspondiente recurso extraordinario de anulación, en tanto que se

configuraba la causal novena de anulación, pues no se había decidido

sobre cuestiones sujetas al arbitramento.

Expuso que la parte ejecutante interpuso recurso de apelación contra

el fallo de primera instancia, por considerar que se habían allegado

los documentos que conformaban el titulo ejecutivo complejo, el cual

fue desatado por la SUBSECCIÓN “A” DE LA SECCIÓN TERCERA

que, mediante sentencia de 4 de noviembre de 2022, revocó el fallo

de primera instancia y, en su lugar, declaró no probadas las

excepciones propuestas, ordenó seguir adelante con la ejecución y

que las partes practicaran la liquidación del crédito de conformidad

con el artículo 446 del Código General del Proceso.

Finalmente, adujo que en la providencia cuestionada se concluyó que

no le asistió razón al TRIBUNAL, habida cuenta que la forma y la

metodología que se aplicó en la actualización de la condena aportada

por el ejecutante acató lo ordenado por el Tribunal Arbitral, por lo

que la obligación fue correctamente cuantificada en un valor de

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$17.425.819.437 y, en consecuencia, el pago realizado a RECAUDO

BOGOTÁ S.A.S. por valor de $7.056’281.924, solamente se podía

considerar como un pago parcial del crédito, de manera que seguía

pendiente el pago del saldo remanente de la condena impuesta en el

laudo de 7 de diciembre de 2016.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en

defecto fáctico porque concluyó, equivocadamente, que el título

ejecutivo estaba comprendido por el laudo arbitral y por el peritaje

aportado por RECAUDO BOGOTÁ S.A.S. y se le otorgó una

veracidad total al peritaje aportado en el proceso ejecutivo sin tener

en cuenta que dicha prueba fue desconocida por el Tribunal Arbitral

mediante auto de 16 de enero de 2017.

Destacó que en el citado auto de 16 de enero de 2017, el Tribunal de

arbitramento precisó el alcance del numeral 10 del laudo y también

concluyó que la liquidación que presentó RECAUDO BOGOTÁ S.A.S.

como actualización de la condena no era procedente, en tanto que

no tuvo en cuenta el incremento de las tarifas, el número de viajes

esperados y el impacto económico de la actualización de la tarifa, de

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manera que no comprendía los motivos por los cuales la autoridad

judicial demandada accedió a las pretensiones.

Arguyó que se valoró de manera sesgada el peritaje rendido por la

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, prueba de oficio

decretada por el TRIBUNAL, en la cual se precisó que INVERLINK

no usó una fórmula explícita para liquidar la condena, de manera que

no podía afirmarse que existía una metodología para esos efectos.

Sostuvo que el Tribunal Arbitral no realizó la actualización de la

liquidación porque en ese momento no contaba con la información

dentro del expediente de la tarifa media al usuario, los incrementos,

ni el impacto económico de la actualización de la tarifa o el número

de viajes esperados.

Agregó que el título ejecutivo no contiene una obligación clara,

expresa y exigible, pues el mismo sometió el pago de la actualización

a un trámite posterior entre las partes, encaminado a determinar las

cifras exactas que se deben reconocer y pagar, pues en el laudo

arbitral se señaló una suma líquida por valor de $6.511.400.000.00,

la cual tiene la naturaleza jurídica de título ejecutivo, pero en cuanto

a lo pretendido con el proceso ejecutivo, esto es, la actualización de

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la tarifa del usuario con base en el IPC entre abril de 2015 y diciembre

de 2016, el Tribunal de Arbitramento en su laudo arbitral dejó en

abstracto la condena, que sólo podía concretarse a través de los

mecanismos legales dispuestos para esos efectos.

Afirmó que la liquidación de la condena realizada por el perito de

INVERLINK no tuvo en cuenta la normatividad tarifaria y que de

haberla examinado el resultado habría sido distinto al ahora

pretendido, toda vez que no existe la forma, ni la metodología a la

que hace referencia el artículo 10º del laudo en la manera reconocida

por la autoridad judicial accionada.

Sostuvo que se configuró el defecto por violación a la Constitución

Política debido a que la accionada desconoció sus derechos al debido

proceso y al acceso a la administración de justicia, pues la decisión

controvertida desconoció diferentes precedentes jurisprudenciales y,

además, valoró defectuosamente el acervo probatorio recaudado.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados y, en consecuencia:

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“[…] se deje sin valor ni efecto la sentencia proferida en segunda
instancia el día 4 de noviembre de 2022, notificada por estado
el 25 de noviembre de 2022, por el CONSEJO DE ESTADO -
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN
TERCERA - SUBSECCIÓN A, dentro del proceso ejecutivo
número 25000233600020170134301.

TERCERO: Ordenar al CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA -
SUBSECCIÓN A que dicte un nuevo fallo, en razón a los
fundamentos de hecho y de derecho que más adelante se
exponen […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La SUBSECCIÓN “A” DE LA SECCIÓN TERCERA solicitó

declarar improcedente la acción por falta de relevancia

constitucional, toda vez que lo pretendido por la actora es constituir

una tercera instancia.

Advirtió que la sustentación de la acción de tutela revela que lo

pretendido por la actora es la revisión del criterio que fundamentó la

liquidación de la condena, pues no alude a aspectos que acrediten la

vulneración de un derecho fundamental, así como tampoco al

cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad como la

relevancia constitucional.

En efecto, destacó que el auto de 16 de enero de 2017, aclaró que

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este no hacía parte del título ejecutivo complejo y, en consecuencia,

sus consideraciones eran irrelevantes para la liquidación de la

condena, máxime aun, teniendo en cuenta que en el mismo se

denegaron todas las solicitudes elevadas por las partes.

Resaltó que en el dictamen rendido por la CONTRALORÍA GENERAL

DE LA REPÚBLICA, se concluyó que la liquidación del crédito

aportada por la ejecutante coincidió con la efectuada por

INVERLINK, acatando las instrucciones impartidas en el ordinal

décimo de la parte resolutiva del laudo base de ejecución.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- RECAUDO BOGOTÁ S.A.S. alegó que la presente solicitud

de amparo resulta improcedente, comoquiera que la parte actora no

sustentó en debida forma la procedencia de este mecanismo

constitucional, además, carece de relevancia constitucional, en la

medida en que lo pretendido es revivir un debate de los argumentos

propuestos dentro del proceso ordinario.

Sostuvo que la actora interpretó de forma inadecuada el dictamen de

la Contraloría General de la República, pues la conclusión allí

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alcanzada resulta opuesta a lo expuesto en los cargos de la solicitud

de amparo, toda vez que en el mismo se estableció que la liquidación

realizada por Transmilenio no empleó la fórmula usada por el perito,

requisito para garantizar el cumplimiento adecuado del laudo

arbitral.

Precisó que, en el auto de 16 de enero de 2017, se negaron las

solicitudes de aclaración, complementación y adición formuladas por

las partes, lo cual pone de manifiesto que el Tribunal Arbitral

concluyó que el laudo proferido no requería ajuste alguno. En todo

caso, aclaró que el informe de Recaudo Bogotá al cual se refiere la

actora en su escrito de tutela y que fue desestimado en el señalado

auto, es un informe distinto al presentado en el proceso ejecutivo.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 21 de marzo de 2023, la SUBSECCIÓN “B”

DE LA SECCIÓN TERCERA de esta Corporación denegó el amparo

solicitado en relación con el defecto fáctico alegado al considerar que

la posición asumida en la providencia cuestionada resulta válida y

razonable, pues la autoridad judicial valoró adecuadamente las

pruebas allegadas al proceso.

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Para el efecto, explicó que el título base de ejecución es complejo,

en la medida en que está compuesto por el laudo arbitral de 7 de

diciembre de 2016, la experticia técnica rendida ante el Tribunal

Arbitral y la respectiva actualización de la condena impuesta por este

último.

Recordó que el Tribunal Arbitral resolvió condenar a Transmilenio a

pagar el valor de la participación en el ingreso del SITP con base en

la cláusula 59 del contrato de concesión, aplicando el valor de la tarifa

al usuario, actualizada, de acuerdo con la normatividad tarifaria,

conforme lo dispone el contrato, suma que asciende a

$6.511.400.000,00 a marzo de 2015 y estableció que esa suma debía

ser actualizada por las partes en la misma forma y con la misma

metodología del perito hasta la fecha del laudo.

Sumado a lo anterior, afirmó que, para la actualización de la

condena, las partes debían emplear las mismas fórmulas y variables

que empleó INVERLINK en el proceso arbitral, de manera que la

obligación dineraria allí contenida es liquidable, es decir,

determinable a través de una operación aritmética en los términos

del artículo 424 del CGP.

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Concluyó que no le asistía razón a la actora, al afirmar que en el

peritaje rendido por la Contraloría General de la República se

concluyó que INVERLINK no usó una fórmula explícita para liquidar

la condena, debido a que no podía afirmarse que existía una

metodología para esos efectos, pues lo cierto era que en dicho

peritaje la entidad reconoció de forma explícita la existencia de una

metodología en el informe de INVERLINK, la cual también fue

acogida por el Tribunal Arbitral para liquidar los perjuicios a favor de

RECAUDO BOGOTÁ S.A.S., lo cual ponía de manifiesto que no se

había configurado el defecto fáctico alegado.

Finalmente, declaró la improcedencia por falta de carga

argumentativa en relación con el defecto por desconocimiento del

precedente, toda vez que respecto al mismo la actora no agotó la

carga mínima de argumentación requerida en los casos de acción de

tutela contra providencia judicial, pues si bien era cierto que había

alegado el desconocimiento de precedentes judiciales, no era menos

cierto que, la actora no hizo referencia a ningún precedente en

concreto.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

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La parte actora impugnó la decisión proferida en primera instancia y

solicitó que se revoque, bajo los siguientes argumentos:

Insistió en que se configuró una vía de hecho por defecto fáctico en

la providencia cuestionada al haber efectuado una valoración

defectuosa del acervo probatorio separándose de lo probado en el

proceso, específicamente, en el auto de 16 de enero de 2017,

proferido por el Tribunal de Arbitramiento.

Afirmó que la autoridad judicial accionada valoró a su arbitrio la

prueba del peritaje rendido por la Contraloría General de la República

vulnerando sus derechos fundamentales y desconociendo que el

título ejecutivo no contiene una obligación clara, expresa y exigible,

pues el mismo Tribunal de Arbitramento no aceptó la actualización

de la condena del laudo de 7 de diciembre de 2016, presentada por

RECAUDO BOGOTÁ S.A.S. y realizada por INVERLINK, que es la

misma actualización que presentó como parte del título ejecutivo a

cobrar en la demanda ejecutiva.

Sostuvo que la liquidación que presentó RECAUDO BOGOTÁ S.A.S.

como actualización de la condena no resultaba procedente, toda vez

que no tuvo en cuenta el incremento de las tarifas, el número de

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viajes esperados y el impacto económico de la actualización de la

tarifa, lo cual demostraba una valoración de las pruebas irracional,

ilegal y en perjuicio del patrimonio público.

Arguyó que, contrario a la conclusión arribada por el juez de primer

grado, no puede afirmarse válidamente que el laudo arbitral hubiese

incorporado una condena liquidable en los términos fijados en los

artículos 422 y 424 del CGP, pues, aunque el fallo contenido en el

laudo señaló una cantidad determinada de dinero, la misma ya había

sido sufragada por TRANSMILENIO S.A. y una cantidad en

abstracto que las partes debían determinar, sin embargo, dicha suma

no podía establecerse pacíficamente.

Refutó que en el fallo de primer grado se declaró la improcedencia

de la acción por la falta de carga argumentativa en el defecto por

desconocimiento del precedente judicial, cuando a todas luces era

evidente que se refería a la sentencia dictada por el TRIBUNAL, lo

cual demostraba que se había efectuado una interpretación errónea

del escrito de tutela.

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IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las Secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

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violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma

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expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos

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vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los

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fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente caso, la actora solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de

justicia y, en consecuencia, pretende que se deje sin efecto la

providencia de 4 de noviembre de 2022, proferida por la SECCIÓN

TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO, dentro

del proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación

25000-23-36-000-2017-01343-01.

La inconformidad de la parte actora radica en que, a su juicio, la

sentencia cuestionada incurrió en defecto fáctico por estimar que en

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el laudo arbitral de 7 de diciembre de 2016, no se había fijado una

obligación clara, expresa y exigible que fuera pasible de ser

ejecutada, ya que si bien se fijó una condena concreta en su contra

por valor de $6.511’400.000, esta característica no se podía predicar

respecto de la orden de actualización de esa suma, pues se estimó

que existía un debate jurídico que el Tribunal Arbitral omitió aclarar

en la providencia, respecto de las variables que se debían tener en

cuenta por las partes para atender la actualización mencionada, de

manera que dicha obligación no resultaba clara, pues el título base

de ejecución carecía de ese elemento esencial, lo que implicaba su

inexistencia.

Igualmente, sostuvo que la forma y la metodología que se aplicó en

la actualización de la condena aportada por el ejecutante desconoció

lo ordenado por el Tribunal Arbitral, por lo que la obligación fue

cuantificada de forma errónea en un valor de $17.425.819.437 y, en

consecuencia, el pago realizado a RECAUDO BOGOTÁ S.A.S., por

valor de $7.056’281.924, se tuvo como un pago parcial del crédito,

de manera que seguía pendiente el pago del saldo remanente de la

condena impuesta en el laudo de 7 de diciembre de 2016.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

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SUBSECCIÓN “B” DE LA SECCIÓN TERCERA de esta Corporación

que denegó el amparo solicitado en relación con el defecto fáctico

alegado al considerar que la posición asumida en la providencia

cuestionada resulta válida y razonable, pues la autoridad judicial

valoró adecuadamente las pruebas allegadas al proceso.

Así mismo, declaró la improcedencia por falta de carga

argumentativa en relación con el defecto por desconocimiento del

precedente judicial, toda vez que respecto al mismo la actora no

agotó la carga mínima de argumentación requerida.

La actora impugnó la decisión proferida en primera instancia y solicitó

que se revoque, afirmando que el título ejecutivo no contiene una

obligación clara, expresa y exigible, pues el mismo Tribunal de

Arbitramento no aceptó la actualización de la condena que le impuso

el laudo de 7 de diciembre de 2016, presentada por RECAUDO

BOGOTÁ S.A.S. y realizada por INVERLINK, que es la misma

actualización que presentó como parte del título ejecutivo a cobrar

en la demanda ejecutiva por valor de $17.425.819.437.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe

resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple

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con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero, ii)

establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

fundamentales invocados al revocar la sentencia de primera instancia

y, en su lugar, declarar no probadas las excepciones propuestas por

la parte ejecutada y, como consecuencia, ordenar seguir adelante

con la ejecución, dentro del proceso ejecutivo identificado con el

número único de radicación 25000-23-36-000-2017-01343-01.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

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encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional6, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».7

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación8, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el

6
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [10].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [11].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [12].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

[9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[11] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[12] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [13]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [14].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez

[13] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[14] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”

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natural [15]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

[15] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

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ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la controversia

en el caso bajo estudio es de carácter meramente legal y de

contenido estrictamente económico, esto último, cuya falta de

reconocimiento no compromete ningún derecho fundamental de la

parte actora.

En efecto, la divergencia recae sobre un asunto de mera legalidad

porque se deriva del alcance que la actora pretende que se dé al

título base de la ejecución ordenada en su contra y la obligación allí

contenida, que a su juicio no es clara, expresa, ni exigible, debido a

que el Tribunal arbitral omitió aclarar en la providencia las variables

que se debían tener en cuenta por las partes para atender la

actualización de la condena impuesta en el laudo, por lo cual se

entiende que ya se efectuó el pago total de la obligación.

Dichos aspectos, además de carecer de una perspectiva

constitucional, en la medida en que se limitan a una discusión

meramente legal, que gira en torno a la inconformidad con la decisión

adoptada por el juez natural del asunto, fueron resueltos en la

providencia controvertida así:

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“[…] En el presente asunto, el título base de ejecución es complejo,
en la medida en que está compuesto no solo por el laudo arbitral
de 7 de diciembre de 2016, sino también por la experticia técnica
rendida ante el Tribunal de Arbitramento y por la respectiva
actualización de la condena impuesta por este último, documentos
que reposan en el expediente y de los cuales se evidencia la
conformación en debida forma del título base de ejecución, aspecto
que se debe corroborar de oficio por el juzgador, dada la potestad
• deber que le asiste y que fue explicada en precedencia.

Para el Tribunal a quo el título era inexistente por no contener una
obligación clara, expresa y exigible -artículo 422 del CGP-, ya que
estimó que existía un debate jurídico que el Tribunal arbitral omitió
aclarar en la providencia, respecto de las variables que se debían
tener en cuenta por las partes para atender la actualización de la
condena impuesta en el laudo.

Sin embargo, se debe considerar que, en el laudo de 7 de diciembre
de 2016, el Tribunal Arbitral, por una parte, resolvió (transcripción
literal):

Noveno: Declarar que la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER
MILENIO-TRANSMILENIO S.A. no adelantó las acciones y gestiones
ante la Secretaría Distrital de Movilidad de la Alcaldía Mayor de
Bogotá, D.C., ni ante el Alcalde Mayor para que éste actualizara la
tarifa al usuario mediante decreto con base en la evaluación de dicha
Secretaría y de acuerdo con la normatividad tarifaria, conforme lo
dispone el Contrato, rompiendo el equilibrio económico del Contrato,
por las razones expuestas en la parte motiva.

Por otra parte, como consecuencia, condenó a Transmilenio en los
siguientes términos (transcripción literal):

Décimo: Condenar a la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER
MILENIO-TRANSMILENIO S.A. a reliquidar a RECAUDO BOGOTÁ
S.A.S. el valor de la participación en el ingreso del SITP con base en
la CLÁUSULA 59 del Contrato de Concesión, aplicando el valor de la
tarifa al usuario, actualizada, de acuerdo con la normatividad
tarifaria, conforme lo dispone el Contrato, suma que asciende a
COP$6.511.400.000,00 a marzo de 2015, por las razones expuestas
en la parte motiva75 . Dicha suma deberá ser actualizada por las
partes en la misma forma y con la misma metodología del perito
hasta la fecha de este Laudo (se destaca).

Por lo anterior, es claro para la Sala que la condena impuesta en el
laudo no solo se limitó a la suma de $6.511’400.000, sino que
también implicaba la actualización de dicha cifra hasta la fecha en
que se profirió la providencia “en la misma forma y con la misma
metodología del perito”, es decir, para la actualización de la
condena las partes debían emplear las mismas fórmulas y variables

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que empleó el auxiliar de la justicia en el proceso arbitral, el cual
fue Inverlink, lo que conlleva necesariamente a que la obligación
dineraria allí contenida se pueda catalogar como liquidable, es decir
-se reitera- determinable a través de una operación aritmética, en
los términos del artículo 424 del CGP ya comentado.

Este último aspecto encuentra sustento en que, por un lado, con el
fin de dar cumplimiento al laudo, Transmilenio profirió la
Resolución 019 de 2017 en la que realizó una actualización del
monto de la condena, que arrojó como resultado un valor a pagar
a favor de Recaudo Bogotá de $7.420’947.274, cálculos que en el
presente proceso fueron ratificados por la empresa Valora, junto
con el testimonio de la señora Anna Konstantinovskaya, quien
depuso sobre el procedimiento adelantado por Transmilenio en la
liquidación de la condena impuesta en el laudo del 7 de diciembre
de 2016.

También se observa que la parte ejecutante, junto con su escrito
inicial, aportó un documento elaborado por Inverlink, en el que se
indica que la actualización de la condena arroja un monto de
“17.425,8 millones de pesos”, cifra considerablemente mayor a la
obtenida por Transmilenio.

No obstante, con independencia de dicha discrepancia, en ambos
casos se demuestra que la actualización ordenada en el laudo sí se
podía realizar, no era indeterminable, por lo que la conclusión a la
que arribó el Tribunal de primera instancia al declarar la
inexistencia del título no guarda consonancia con lo expuesto hasta
este punto de la providencia.

De ahí que, para resolver la litis planteada, la Subsección centrará
su análisis en la diferencia sustancial que presentaron las partes al
realizar la actualización de la condena, no sin antes insistir en que
dicho debate, más allá de la supuesta ausencia o no de los
requisitos esenciales del título, se circunscribe a determinar sí se
configuró o no el pago de la obligación, aspecto que obvió el a quo,
aun cuando en el escrito de oposición al mandamiento de pago,
Transmilenio indicó que la condena se encontraba íntegramente
pagada y por tanto no era actualmente exigible.

Del material probatorio obrante en el expediente se debe destacar
el dictamen financiero elaborado por la CGR, el cual fue decretado
de oficio por el a quo y frente al que no se realizó mayor análisis
en la sentencia recurrida, pero que resulta de gran importancia, ya
que, entre otros asuntos, explica la diferencia en los resultados de
las respectivas actualizaciones de las partes, así como cuál era la
apropiada en los términos que señaló el laudo de 7 de diciembre
de 2016, último elemento que es determinante, ya que en este

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escenario de ejecución no se discute, cuestiona o se hacen
reproches respecto de las decisiones del juez natural de la
controversia, por lo que en el sub examine las consideraciones
realizadas por el Tribunal a quo sobre una supuesta configuración
de la causal novena de anulación -no haber decidido sobre
cuestiones sujetas al arbitramento- del laudo base de ejecución y
la inobservancia por parte de la parte ejecutada de adelantar el
recurso extraordinario de anulación, no son de recibo por esta Sala,
siendo un aspecto que no le correspondía abordar en este asunto.

En lo que respecta al dictamen elaborado por la CGR, en primer
lugar, conviene traer a colación la explicación sobre la discrepancia
en la actualización de la condena que presentaron las partes
(transcripción literal):

[…]

De lo precedente se aclara la diferencia entre los dictámenes
aportados por las partes sobre la metodología utilizada para
realizar la actualización, la cual dependía de la utilización de una
variable -tarifa efectiva-, por lo que era necesario analizar cuál
había sido el criterio adoptado en el laudo sobre este punto, lo cual,
se reitera, debía atender a la misma metodología que utilizó el
perito en el proceso arbitral.

[…]

Por lo anterior, salta a la vista que la parte ejecutante cumplió en
su actualización de la condena con los parámetros que indicó el
Tribunal de Arbitramento en el laudo de 7 de diciembre de 2016,
circunstancia que no se puede predicar de la actualización de
Transmilenio, realizada mediante la Resolución 019 de 2017, ya
que, si bien para esta última la “tarifa efectiva” es una variable
dinámica que depende de la normativa tarifaria y de la demanda
real del sistema, pues así lo estimó la parte ejecutada, esto no fue
lo que consagró el laudo, en la medida en que -se reitera- el ordinal
décimo del laudo indicó claramente que: “Dicha suma deberá ser
actualizada por las partes en la misma forma y con la misma
metodología del perito hasta la fecha de este Laudo (se destaca).

Asimismo, sobre este último aspecto, se debe tener presente que
en la parte motiva del laudo el Tribunal arbitral hizo referencia al
dictamen elaborado por Inverlink, en el cual “calculó el efecto que
ha tenido la no actualización de la tarifa por el IPC y concluyó que
el mismo es de 6.511,4 millones para el período comprendido entre
junio de 2012 y marzo de 2015”, por lo que la forma y metodología
que se menciona en el ordinal décimo para la actualización de la
condena impuesta, únicamente se podía considerar que era la
empleada por Inverlink en el dictamen del proceso arbitral,

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conclusión a la que arribó la CGR y que esta Subsección comparte,
al indicar que (transcripción literal):

[…]

Por consiguiente, en el sub judice, la condena impuesta en el
ordinal décimo de la parte resolutiva del laudo de 7 de diciembre
de 2016, proferido por el Tribunal de Arbitramento del Centro de
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, se debe considerar
como una obligación dineraria liquidable a través de operación
aritmética, en los términos del artículo 424 del Código General del
Proceso, dado que en la providencia se señaló cuál debía ser la
forma y metodología para actualizar el perjuicio sufrido por la hoy
ejecutante, por la no indexación de la tarifa con respecto al IPC.

Es así como quedan sin fundamento las conclusiones a las que llegó
el Tribunal a quo, ya que la forma y metodología que se aplicó en
la actualización de la condena aportada por el ejecutante acató lo
ordenado por el Tribunal arbitral, por lo que la obligación fue
debidamente cuantificada -$17.425.819.437- y, en esa medida, el
pago realizado por Transmilenio, por valor de $7.056’281.924 a
Recaudo Bogotá, solamente se puede considerar como un pago
parcial del crédito, y lo que se persigue en el sub lite, es el saldo
remanente de la condena impuesta en el laudo de 7 de diciembre
de 2016 […]”.

De la trascripción en cita la Sala advierte que, la autoridad judicial

accionada concluyó que la actualización de la condena ordenada en

el laudo sí se podía realizar, no era indeterminable y concluyó que el

título base de ejecución es complejo, en la medida en que está

compuesto no solo por el laudo arbitral de 7 de diciembre de 2016,

sino también por la experticia técnica rendida ante el Tribunal de

Arbitramento y por la respectiva actualización de la condena

impuesta por este último, los cuales evidenciaban la conformación en

debida forma del título base de ejecución.

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Así mismo, resaltó que en el laudo de 7 de diciembre de 2016, el

Tribunal Arbitral condenó a la hoy tutelante aclarando que la condena

impuesta en el laudo no solo se limitó a la suma de $6.511’400.000,

sino que también implicaba la actualización de dicha cifra hasta la

fecha en que se profirió la providencia “en la misma forma y con la

misma metodología del perito”, por lo cual para la actualización de la

condena las partes debían emplear las mismas fórmulas y variables

que empleó INVERLINK, esto es, el auxiliar de la justicia en el

proceso arbitral, lo cual implicaba que la obligación dineraria allí

contenida se podía catalogar como liquidable y determinable a través

de una operación aritmética, en los términos del artículo 424 del

Código General del Proceso.

Por lo anterior, la autoridad judicial accionada decidió centrar su

análisis en la diferencia sustancial que presentaron las partes al

realizar la actualización de la condena, precisando que dicho debate,

más allá de la supuesta ausencia o no de los requisitos esenciales del

título, se circunscribía a determinar sí se configuró o no el pago de la

obligación, aun cuando en el escrito de oposición al mandamiento de

pago la hoy tutelante indicó que la condena se encontraba

íntegramente pagada y, por tanto, no era actualmente exigible.

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Lo anterior pone de manifiesto que, en efecto, la sentencia

cuestionada está debidamente motivada con fundamento en las

pruebas y las normas aplicables al asunto, por lo que el hecho de que

la parte actora no comparta la tesis allí dispuesta, no significa que la

decisión sea arbitraria, sino que, de conformidad con la autonomía

judicial de la que goza el juez de conocimiento, la SUBSECCIÓN “A”

DE LA SECCIÓN TERCERA revocó el fallo de primera instancia y,

en su lugar, declaró no probadas las excepciones propuestas, ordenó

seguir adelante con la ejecución y que las partes practicaran la

liquidación del crédito de conformidad con el artículo 446 del Código

General del Proceso

Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado

improcedentes acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no

resulta ser de verdadera relevancia constitucional, debido a que se

centra en reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue

el caso de la providencia de 29 de agosto de 201816, en la que se

sostuvo:

“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue

16
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.

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precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.

Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).

Igualmente, en providencia de 9 de febrero de 201717, se indicó:

“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).

17
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.

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De igual forma, la discusión tiene un contenido claramente

económico, en la medida en que la inconformidad de la actora tiene

origen en un proceso ejecutivo y alega que el laudo arbitral de 7 de

diciembre de 2016 dejó en abstracto el pago de la actualización de

la condena que le fue impuesta y que dicha obligación se encontraba

cuantificada en un valor de $7.056’281.924, los cuales ya habían sido

pagados en su totalidad, contrario a lo estimado por la parte

ejecutante, que alegó que de conformidad con los parámetros que

indicó el Tribunal de Arbitramento y aplicando la forma y la

metodología de actualización de la condena, el valor de la obligación

dineraria ascendía a $17.425.819.437; sin que se advierta que dicha

situación pueda llegar a comprometer derechos fundamentales.

Frente al particular, resulta oportuno precisar que la autoridad

judicial accionada al conocer el proceso ejecutivo en segunda

instancia, consideró que no le asistía razón a la hoy tutelante, al

concluir que la forma y la metodología que se aplicó en la

actualización de la condena aportada por la ejecutante acató lo

ordenado por el Tribunal arbitral, por lo que la obligación fue

debidamente cuantificada por un valor total de $17.425.819.437 y,

en esa medida, el pago realizado por la actora por valor de

$7.056’281.924 a RECAUDO BOGOTÁ S.A.S, solamente se podía

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considerar como un pago parcial del crédito y lo que se perseguía era

el saldo remanente de la condena impuesta en el laudo de 7 de

diciembre de 2016, recalcando que en el mismo se indicó

palmariamente que: “Dicha suma deberá ser actualizada por las

partes en la misma forma y con la misma metodología del perito

hasta la fecha de este Laudo”.

En relación con las acciones de tutela en las que se alega una

afectación de derechos fundamentales que tienen su origen en

últimas en un debate estrictamente legal y económico, el cual ya fue

expuesto dentro del proceso ejecutivo, esta Sala18 ha indicado:

“ […] para la Sala, el actor plantea una afectación de
derechos fundamentales que tienen su origen en últimas
en un debate estrictamente legal y económico, el cual ya
fue expuesto dentro del proceso ejecutivo y fue decidido
por el juez natural de la causa, por lo que no le corresponde
al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda
vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e
independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo
constitucional convirtiéndolo en una instancia adicional.

[…]
46. La Sala considera que la discusión que se expone a través
del escrito de tutela, siguiendo lo expuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia antes transcrita, no tiene
trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia
se encuentra limitado a asuntos meramente legales y
económicos cuya competencia se encuentran en cabeza del juez
de lo contencioso administrativo.

18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de enero
de 2023, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 110010315000202206436-00

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47.Igualmente, el conflicto que subyace en esta
oportunidad tiene un alcance de contenido particular y
meramente económico, esto es así porque la discusión y
los argumentos que se extraen de la acción de tutela, más
que develar la necesidad de protección de un derecho
fundamental, buscan que el juez de tutela valide la tesis
jurídica del actor y, con ello, acceda a las pretensiones de la
demanda, sin que de esta discusión se pueda evidenciar una
clara trascendencia o relevancia constitucional […]”. (Destacado
fuera de texto)

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la actora,

sino una divergencia que obedece a un debate de mera legalidad y

de carácter económico, en el cual el juez de tutela no puede

inmiscuirse, so pena de otorgar a la acción de tutela el carácter de

un recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales y de

paso invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En consecuencia, la Sala modificará la decisión de primera instancia

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que denegó las pretensiones de la acción de tutela de la referencia

y, en su lugar, declarará improcedente la solicitud de amparo por no

cumplir el requisito de la relevancia constitucional, como en efecto

se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar,

DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional,

por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

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COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 19 de mayo de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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