Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-00681-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-00681-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-00681-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
24 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 00681 01
Demandante: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
Demandado: Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Cali
Temas: Tutela contra laudo arbitral. Presunta vulneración del derecho al debido
proceso. Se encuentra en trámite el recurso extraordinario de anulación
interpuesto contra la decisión arbitral. No cumple los requisitos de
subsidiariedad y relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala las impugnaciones que formulan el director de Defensa Jurídica
Nacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Fondo de Pasivo
Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia contra la sentencia del 14 de abril de
2023, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Primera, declaró improcedente
la tutela.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud de tutela
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado promovió acción de tutela contra
el laudo arbitral proferido el 12 de agosto de 2022, por el Tribunal de Arbitramento de
la Cámara de Comercio de Cali.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
1.2. Pretensiones
La entidad accionante formula las siguientes súplicas:
i) Se ampare el derecho fundamental al debido proceso del Fondo de Pasivo Social
de Ferrocarriles Nacionales de Colombia (FPSFNC) vulnerado con la actuación de la
autoridad arbitral demandada.
ii) En consecuencia, dejar sin efecto el Laudo del 12 de agosto de 2022, proferido en
el trámite arbitral con radicación A-20220215/0850.
1.3. Hechos de la solicitud
Como hechos relevantes, la accionante señaló los siguientes:
i) Mediante Resolución 6 del 9 de enero de 2013, el Fondo de Pasivo Social de
Ferrocarriles Nacionales de Colombia (FPSFNC) ordenó la apertura del Proceso de
Selección Abreviada de Menor Cuantía 1 de 2013. En esa fecha se publicaron tanto
en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) como en la página web
de la entidad, los estudios previos, el pliego de condiciones, sus anexos y formatos y
el aviso de convocatoria.
ii) Desde el 9 y hasta el 14 de enero de 2013, se recibieron manifestaciones de interés
de los proponentes, entre las que estaba la de la Clínica Santiago de Cali S. A., persona
jurídica de derecho privado, organizada bajo el tipo societario de anónima, inscrita en
la Cámara de Comercio de Cali.
iii) La Clínica fue objeto de intervención del 16 de julio de 2010 al 18 de julio de 2013,
por parte de la Superintendencia Nacional de Salud debido a la difícil situación
financiera y económica que atravesaba; sin embargo, ello no le impidió participar en el
proceso de selección.
iv) Una vez se surtió el trámite correspondiente, a través de la Resolución 518 del 15
de febrero de 2013, el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de
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Colombia (FPSFNC) adjudicó el Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía 1
de 2013 a la Clínica como persona jurídica y no a sus socios como personas naturales.
v) El 18 de febrero de 2013, la Clínica Santiago de Cali S. A. y el Fondo de Pasivo
Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia (FPSFNC) celebraron el Contrato 23 de
2013 para la «Prestación de los Servicios Integrales en Salud bajo la modalidad de
pago por capitación con sujeción al Plan Obligatorio de Salud y al Plan de Atención
Convencional definido en el Pliego de Condiciones, incluyendo los Programas de
Promoción y Prevención con destino a los pensionales y demás beneficiarios de la
Región o División Pacífico del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de
Colombia». El valor del contrato se fijó en la suma de $ 27.413.775.174 para el período
comprendido del 1.º de marzo al 31 de diciembre de 2012.
vi) Durante la ejecución del contrato las partes suscribieron el Otrosí Modificatorio 1
del 1.º de agosto de 2013, mediante el cual adicionaron el valor en la suma de
$ 2.334.765.077, porque se determinó que la remuneración para el contratista
resultaba insuficiente por el alto costo que representaban los procedimientos y
medicamentos.
vii) El 23 de diciembre de 2013, las partes suscribieron el Otrosí Modificatorio 3 con el
objeto de adicionar el valor total del contrato en la suma de $ 10.169.586.280 y
prorrogar el contrato en su cláusula tercera a partir del 1º de enero y hasta el 31 de
marzo de 2014, inclusive.
viii) El 20 de enero de 2022, más de siete años después de la extinción y liquidación
del contrato, los señores Édgar Salazar Castelblanco en nombre propio y en
representación de la sociedad Zalka S. A., Juan Manuel Salazar Castelblanco, Yolanda
Rivera de Salazar, Guillermo Alberto Villalobos Salazar, Irma Cilia Castelblanco
Hurtado en representación de Lina Marcela Salazar Castelblanco, Édgar Salazar
Rivera en representación de Andrés Felipe Salazar Castelblanco, Daniel Salazar
Castelblanco, Jessica Ceballos Salazar y Édgar Salazar Rivera en representación de
la sociedad Stilson Financial Limited, suscribieron un compromiso arbitral con el Fondo
de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
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ix) El 15 de febrero de 2022, las personas nombradas formularon demanda arbitral en
contra del FPSFNC cuyo objeto fue la reparación del supuesto daño antijurídico que
sufrieron los convocantes «con ocasión de la suscripción, ejecución y liquidación del
Contrato de prestación de los servicios integrales de salud No. 23 de 2013». Por medio
del Auto 1 del 19 de abril de 2022, se declaró legalmente instalado el Tribunal de
Arbitramento conformado por los árbitros, Óscar Ibáñez Parra (presidente), Lyda
Mercedes Crespo Ríos y Eugenio David Martinelli, para dirimir en derecho las
controversias entre las partes.
x) El 12 de agosto de 2022, cinco meses después de presentada la demanda, se llevó
a cabo la audiencia de lectura de laudo que puso fin a la discusión. En el desarrollo
del arbitramento y en el laudo se incurrió en graves errores sustanciales que generaron
una flagrante violación del derecho fundamental al debido proceso del Fondo de
Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y que culminaron con una
condena en su contra por la suma de $ 65.231.668.442.
xi) El 22 de agosto de 2022, el FPSFNC solicitó la aclaración, corrección y adición del
laudo, la que fue negada mediante auto del 23 de agosto de 2022, notificado el 24 de
agosto del mismo año.
xii) El 29 de septiembre de 2022 MG Medical Group SAS presentó recurso de anulación,
aunque no fue parte del trámite arbitral, alegando la existencia de una acreencia
debidamente reconocida en el proceso de liquidación de la Clínica de Santiago de Cali
S. A., que sigue insatisfecha, por lo que adujo no se le podían reconocer sumas de
dinero a los socios de esa entidad.
xiii) El 3 de octubre de 2022, impetró conjuntamente con el Fondo de Pasivo Social de
Ferrocarriles Nacionales de Colombia (FPSFNC) recurso extraordinario de anulación en
contra del laudo del 12 de agosto de 2022, el cual está en trámite ante la Sección
Tercera del Consejo de Estado.
xiv) El 30 de diciembre de 2022, la directora general puso en conocimiento de la
Fiscalía General de la Nación varios de los hechos que se relacionan, dado que
podrían ser constitutivos de delitos.
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1.4. Fundamentos jurídicos
La accionante alega que con el laudo acusado se vulneró el derecho al debido proceso
del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia (FPSFNC) y, se
configuró un defecto sustantivo, fáctico y decisión sin motivación, los cuales sustentó
así:
i) El Tribunal interpretó y aplicó erróneamente y contra legem los artículos 68 del
Código General del Proceso y 1634 y 1637 del Código Civil para reconocer la
legitimación sustancial en la causa a los socios de la Clínica Santiago de Cali S. A. en
la reclamación de perjuicios derivados de un contrato del que no fueron parte.
ii) Lo anterior implicó el reconocimiento de perjuicios inciertos e indirectos,
desconociendo que la sociedad todavía está en el tráfico jurídico y defraudando a los
numerosos acreedores insatisfechos.
iii) Aunque el Tribunal evidenció la existencia de un objeto ilícito porque se contrataron
servicios diferentes a los de baja complejidad mediante el sistema de pago por
capitación, en contravía de lo dispuesto en el artículo 52, numeral 1, de la Ley 1438 de
2011 y la Sentencia C-197 de 2012, no declaró la nulidad absoluta, omitiendo
deliberadamente la aplicación de los artículos 6.º, 1523, 1741 y 1742 del Código Civil
y 44 y 45 de la Ley 80 de 1993.
iv) La autoridad arbitral declaró la ineficacia, no obstante, la inexistencia de norma
legal que la estableciera, lo que le permitió fundamentar «una jugosa compensación
en favor de los accionantes» eludiendo la prohibición del artículo 1525 del Código Civil
sobre restituciones con objeto ilícito.
v) En el laudo se aplicó el artículo 55 de la Ley 80 de 1993, precepto derogado y que
de ningún modo rige para las controversias contractuales. Además, en el caso
concreto operó la caducidad del medio de control y así debía declararse al fallar, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
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vi) El Tribunal incurrió en una absoluta falta de valoración probatoria para imponer las
condenas y se negó a conocer y apreciar el expediente de liquidación de la Sociedad
Clínica Santiago de Cali S. A. que adelantó la Superintendencia de Sociedades, el que
resultaba primordial para determinar la legitimación sustancial en la causa de las
partes intervinientes en el trámite arbitral.
vii) Así mismo, la parte resolutiva del laudo se justificó con una motivación defectuosa,
que llevó a graves contradicciones sobre la naturaleza de la controversia y la aplicación
de un esquema de responsabilidad contractual impertinente, sin que se verificaran los
presupuestos esenciales, toda vez que entre los socios de la clínica y el FPSFNC no
hubo contrato. De la misma manera, se debe tener en cuenta que una cláusula viciada
de nulidad no produce per se un daño y tampoco la ejecución del contrato, menos a
quienes no fueron parte; en consecuencia, es inexistente cualquier causalidad.
1.5. Actuación procesal
La acción de tutela se admitió mediante auto del 14 de febrero de 2023, que se ordenó
notificar a los integrantes1 del Tribunal de Arbitraje que profirió el laudo del 12 de
agosto de 2022 dentro del trámite arbitral con radicado A-20220215/08502 y al Centro
de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Cali,
como demandados. Así mismo, se dispuso la notificación a la sociedad Zalka SAS y al
Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia (FPSFNC) como
terceros interesados en las resultas de esta acción, para que dentro del término de tres
días, y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Del Tribunal de Arbitramento. Los árbitros, Óscar Ibáñez Parra, Lyda
Mercedes Crespo Ríos y Eugenio David Martinelli Urzola solicitan se niegue el amparo
constitucional y se declare la improcedencia de la acción, por los siguientes motivos:
1 Óscar Ibáñez Parra (presidente), Lyda Mercedes Crespo Ríos y Eugenio David Martinelli Urzola.
2 Constituido para resolver la controversia surgida entre Zalka SAS y el Fondo de Pasivo Social de
Ferrocarriles Nacionales de Colombia (FPSFNC).
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i) En el presente asunto no se evidencian violaciones graves o yerros que ameriten
la procedencia de este mecanismo de naturaleza excepcional para cesar los efectos
del laudo arbitral; por el contrario, se acreditó que la parte actora pretende revivir
discusiones procesales de fondo que se zanjaron en el fallo y que no expuso en la
etapa procesal correspondiente, toda vez que no compareció al litigio, pese a que fue
notificada en debida forma.
ii) Como se infiere del objeto de la solicitud de amparo, se encamina en realidad a
impugnar las providencias del Tribunal Arbitral, lo que es abiertamente improcedente
como lo ha señalado la jurisprudencia, lo cual se sustrae por completo de la sustancia
de este mecanismo constitucional.
iii) En otros términos, lo que busca la accionante es renovar la controversia a través
de la tutela, usándola equivocadamente, pues no solamente trae idénticos argumentos
a los expuestos en el trámite arbitral y en el recurso de anulación que actualmente está
en curso, sino que además esgrime alegaciones nuevas que no fueron objeto del
conocimiento del Tribunal de Arbitramento.
iv) Toda vez que los jueces y árbitros no deben explicar sus providencias, dado que
ellas hablan por sí solas, es preciso remitirse a las consideraciones ampliamente
expresadas para resolver de mérito el asunto en el laudo arbitral dictado el 12 de
agosto de 2022.
v) Lo anterior, teniendo en cuenta que la decisión se fundamentó en todas las pruebas
recaudadas y practicadas que resultaron pertinentes y conducentes, de lo que se
desprende que se efectuó una adecuada valoración probatoria y la decisión se fundó
en derecho.
1.6.2. Del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia. El
jefe de la Oficina Asesora Jurídica pide la protección de su derecho fundamental al
debido proceso, en razón a que en el laudo arbitral se aplicaron varias normas, tales
como los artículos 50 y siguientes de la Ley 80 de 1993, que no tienen ningún tipo de
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relación con el caso concreto y dentro de la motivación del fallo se hicieron
afirmaciones que carecen de sentido y rigurosidad jurídica.
1.6.3. La sociedad Zalka SAS. a través de apoderado solicita se declare la
improcedencia de la solicitud de tutela, porque no existe una acción u omisión por parte
del Tribunal de Arbitramento que pueda derivar en una lesión a la garantía fundamental
invocada en el escrito de demanda, más aún cuando el debate, en realidad, no versa
sobre derechos fundamentales, los que fueron debidamente salvaguardados, sino por
censuras dirigidas a reabrir la disputa resuelta en el laudo del 12 de agosto de 2022.
1.7. La sentencia que se impugna
El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante fallo del 14 de abril de 2023, declaró
improcedente la acción de tutela por no cumplir con los requisitos generales de
subsidiariedad y relevancia constitucional, con base en las siguientes razones:
i) La parte actora interpuso recurso extraordinario de anulación contra el laudo que
es objeto de censura, en el que también alegó, como lo hizo en la solicitud de amparo,
la causal de anulación enlistada en el numeral 2 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012,
que establece lo referente a la caducidad de la acción, el cual se admitió por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante auto del 20 de
febrero de 2023.
ii) Bajo ese contexto, se advierte que, respecto al cargo relacionado con la aplicación
del artículo 55 de la Ley 80 de 1993 y la falta de estudio de la caducidad del medio de
control, la acción de tutela es improcedente porque no cumple el requisito de
subsidiariedad, comoquiera que debe ser estudiado en sede del recurso previsto en el
artículo 40 de la Ley 1563 de 2012, el cual se encuentra en trámite; por consiguiente,
no puede utilizarse el mecanismo constitucional como un instrumento paralelo para
reemplazar los medios extraordinarios de defensa judicial.
iii) Adicionalmente en el proveído que admitió el recurso extraordinario de anulación
se dispuso suspender el cumplimiento de lo resuelto en el laudo proferido el 12 de
agosto de 2022; en consecuencia, no se avizora la configuración de un perjuicio
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irremediable, máxime cuando la accionante no lo alegó ni probó.
iv) Respecto a los demás reproches que plantea la parte actora, esto es, la aplicación
de forma errónea del artículo 68 del Código General del Proceso y de los artículos
1634 y 1637 del Código Civil para reconocer la legitimación sustancial en la causa de
los convocantes en el trámite arbitral, la no declaración de la nulidad del contrato pese
a existir ilicitud del objeto contractual, la falta de valoración de las pruebas que obraban
en el expediente para acreditar los hechos sobre la ejecución y liquidación del contrato
y, la de dictar una decisión sin motivación, no cumplen con el requisito de relevancia
constitucional.
v) Lo anterior en razón a que la acción de tutela se está utilizando por la accionante
como una instancia adicional, para cuestionar la interpretación del contrato y la
valoración probatoria por parte del Tribunal de Arbitramento, dado que, se cuestiona
por esta vía la aplicación que efectuó de los artículos 68 de la Ley 1564 de 2012 y
1634 y 1637 del Código Civil, la falta de declaración de nulidad del contrato «pese a
existir ilicitud del objeto contractual», la falta de valoración de las pruebas que obraban
en el expediente para acreditar los hechos sobre la ejecución y liquidación del contrato,
y la de proferir una decisión sin motivación.
1.8. Impugnaciones
El director de Defensa Jurídica Nacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado y el apoderado del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de
Colombia en sendos escritos impugnan la providencia anterior.
1.8.1. El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, por
medio de apoderado, solicita se estudien de fondo las afectaciones a sus derechos
fundamentales y, en consecuencia, se amparen, por las siguientes razones:
i) Aunque la jurisprudencia constitucional señala que el examen de los requisitos de
procedencia de la acción de tutela contra los laudos arbitrales debe ser estricto y
riguroso, como se indica en el fallo impugnado, lo cierto es que en este caso es notoria
y evidente la violación directa de las garantías alegadas, por tanto, no solo resulta
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admisible sino también necesaria.
ii) No obstante acudió a la justicia arbitral y que por ello se entiende sustraído de
forma temporal el asunto del conocimiento de la administración de justicia, lo cierto es
que la flagrante vulneración al debido proceso hace necesario que se disponga su
amparo; por tanto, no se puede utilizar la forma como una excusa para violentar y
amenazar los derechos fundamentales; en consecuencia, no puede primar la forma
sobre la sustancia.
iii) Igualmente ocurre con el análisis de las exigencias adicionales al cumplimiento de
los requisitos generales y especiales previstos para las providencias judiciales que
deben tenerse en cuenta cuando se trata de la acción de tutela contra un laudo arbitral
según lo establecido en la Sentencia SU-174 de 2007, especialmente, el requisito
excepcional y su carácter subsidiario.
iv) Así las cosas, se debe examinar si el ejercicio del recurso extraordinario de
anulación que prevé el artículo 40 de la Ley 1563 de 2012, con el fin de controvertir los
errores in procedendo que comprometen la validez de las actuaciones es suficiente
para la protección del derecho al debido proceso reclamado, teniendo en cuenta que
no representa una garantía real y efectiva de los derechos fundamentales, sustanciales
o patrimoniales.
v) La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha examinado y aceptado la
procedencia de la tutela contra laudos arbitrales en los eventos en los que no se ha
agotado el recurso extraordinario de anulación, entre estos, cuando la solicitud de
amparo y el recurso de anulación se presentaron de manera simultánea o cercana en
el tiempo, lo que implica que al resolver el asunto se encuentre en trámite; sin embargo,
el estudio no se puede agotar en la manifestación de que tiene un carácter residual
que no le otorga al afectado el derecho de acceder a ella y a otros mecanismos legales
de manera simultánea y concurrente, pues es evidente, el perjuicio irremediable que
afrontaría en caso de que resulte desfavorable, afectación de gran dimensión sobre el
patrimonio público lo que por sí solo la dota de gran relevancia constitucional.
1.8.2. De la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. El director de
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Defensa Jurídica Nacional impugna el fallo de primera instancia para que se revoque
y, en su lugar, se tutele el derecho fundamental al debido proceso del Fondo de Pasivo
Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia (FPSFNC); por consiguiente, se deje sin
efecto el laudo arbitral del 12 de agosto de 2022. Como motivos de inconformidad
aduce lo siguiente:
i) La alegación en sede de tutela se centró en que el Tribunal Arbitral aplicó a la
controversia una norma sustancial que estaba derogada, lo que acarreó que se
inaplicara el precepto vigente a la situación fáctica. Distinto es que el canon trate sobre
la caducidad, lo que no equivale a que se estime que es lo reclamado en sede de tutela
en idénticos términos en que se hizo en la anulación, pues el origen de este defecto
sustantivo consiste «en la utilización de la norma [anulada] que no trata sobre
caducidad».
ii) Es decir, el a quo equiparó la pretensión de anulación con fundamento en la
caducidad de la acción con el cargo de defecto sustantivo por aplicación de una norma
derogada, a pesar de que se trata de supuestos diferentes e incomparables.
iii) La omisión de la declaración de caducidad es un tema procesal —in procedendo—
propio de la instancia de anulación, por esa razón se incluyó en el recurso
extraordinario formulado contra el laudo arbitral. En cambio, el empleo de una norma
derogada a una controversia y la consecuente inaplicación de la vigente aplicable, es
un vicio sustancial de la decisión que únicamente puede reclamarse vía tutela, ya que
las partes no cuentan con otros recursos idóneos para controvertir el grave yerro
sustancial —in judicando—.
iv) Como se alega en el escrito de tutela, y que ahora se reafirma, el laudo arbitral
está inmerso en un defecto sustancial insubsanable porque se usó una disposición
normativa derogada, esto es, el artículo 55 de la Ley 80 de 1993 y omitió sin
fundamento jurídico el precepto en vigor y aplicable a la situación fáctica; es decir, el
artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA).
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v) El error de fondo en que incurrió el Tribunal Arbitral no tiene cabida en ninguna de
las causales taxativas que prevé el artículo 40 de la Ley 1563 de 2012, por
consiguiente, no hay otra alternativa que reclamarlo mediante la tutela, pues no hay
en el sistema legal ningún otro mecanismo que permita su corrección. En esos
términos está acreditada la subsidiariedad en relación con el tercer defecto sustantivo
alegado en la solicitud de amparo.
vi) La providencia de primera instancia estima que los múltiples defectos alegados en
el escrito de tutela no cumplen el requisito de relevancia constitucional porque
cuestionan la interpretación del contrato y la valoración probatoria efectuada por el
Tribunal de Arbitramento, lo que en criterio del a quo implica utilizar la tutela como
instancia adicional.
vii) En relación con lo anterior, se debe anotar que no es cierto que la demanda se
centre en interpretaciones del Tribunal, por las siguientes razones:
• De los 5 defectos invocados, solamente uno versa sobre el contenido del
contrato y es el atinente al objeto ilícito (segundo defecto sustantivo de la tutela),
pero ni siquiera hace cuestionamientos sobre su interpretación.
• El escrito de tutela no rebate el análisis que hace el Tribunal Arbitral sobre el
objeto del contrato. Por el contrario, lo que afirma es que el Tribunal acertó en sus
consideraciones en tanto identificó correctamente que el objeto del contrato
adolecía de objeto ilícito. Pues, en efecto, demostraron los árbitros que contrariaba
normas imperativas de orden público y una sentencia de constitucionalidad. […]
• Lo que en realidad se cuestionó en ese cargo es que, a pesar de identificar el
objeto ilícito, el Tribunal Arbitral omitió conscientemente su declaración, en
contravía a su deber oficioso que le asistía como juez.
• Ello quiere decir que, en realidad el cuestionamiento tiene su génesis en el
desconocimiento de normas imperativas que debían ser aplicadas oficiosamente
por el Tribunal Arbitral, cuya omisión implicó avalar los efectos de un acto jurídico
ilegal.
• Pero, en estricto sentido, no hubo ningún cuestionamiento a aspectos
interpretativos sobre el contenido del contrato, pues todas las partes coinciden en
que su objeto es ilícito.
viii) No se comparte el criterio de la decisión de tutela que sostiene que los defectos,
particularmente el relativo a las pruebas, se limitan a una divergencia sobre la
valoración del Tribunal Arbitral, por el contrario, la anomalía que se alega es de una
entidad mayúscula e impacta negativamente el derecho fundamental al debido
proceso, por lo que debe ser revisada en segunda instancia.
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ix) Se reiteran los argumentos expuestos en la demanda respecto de cada uno de los
defectos invocados, los cuales se sustentaron en forma tan amplia y detallada, que
permiten determinar efectivamente que en el asunto se halla satisfecho el requisito
general de relevancia constitucional.
x) Además de lo anterior, no puede perderse de vista que hay una condena en firme
en contra del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia
(FPSFNC) por un monto cercano a los setenta mil millones de pesos; por ende, no puede
el juez constitucional, pese a la acreditación de los numerosos yerros del laudo arbitral
y las graves afectaciones al derecho fundamental al debido proceso, abstenerse de
tomar las medidas pertinentes para la protección del patrimonio público.
1.9. Otras actuaciones
El 21 de junio de 2023, como magistrado ponente del asunto de la referencia,
manifesté a la Sala impedimento para conocer de las impugnaciones interpuestas
contra el fallo del 14 de abril de 2023, por cuanto el laudo arbitral recurrido, esto es, el
del 12 de agosto de 2022 se dictó por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de
Comercio de Cali que presidió el doctor Óscar Iván Ibáñez Parra, quien como
procurador 127 judicial II fue mi compañero mientras laboré en la Procuraduría General
de la Nación como procurador 56 judicial II en asuntos administrativos.
Mediante auto del 13 de julio de 2023, los consejeros Jorge Iván Duque Gutiérrez y
Gabriel Valbuena Hernández resolvieron declarar infundado el impedimento, porque
consideran que las razones expresadas no se encuadran en ninguna de las causales
previstas en el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.
2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del
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artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,3 según el cual «las tutelas que sean de
competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para
conocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela proferido por
la Sección Primera de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso, se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para
efecto de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos que plantea la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado contra el laudo proferido el 12 de agosto de
2022 por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Cali dentro del
trámite arbitral con radicación A-20220215/0850.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».
El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40,
estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin
embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la
3 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
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cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e
independencia judicial y las normas de competencia que fija la Constitución.
No obstante lo anterior, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad
para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela
procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión
pueda causar un perjuicio irremediable».
Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional4 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las cuales, finalmente,
convergieron en la Sentencia C-590 de 2005,5 donde la Corte concentró y diferenció
las causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la
oportunidad del amparo.
Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado
a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la
sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los
derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial, siempre
que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes: defecto
orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente,
violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que, para que proceda el
4T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567
de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de
2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
5Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.
El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,6 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.
Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
agosto de 2014,7 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir,
con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los
presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.
2.3.2. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra laudos arbitrales
El inciso tercero del artículo 116 de la Constitución Política dispone que los particulares
pueden ser transitoriamente investidos de la función de administrar justicia para dictar
fallos en derecho o en equidad, en los términos que establezca la ley. Esta habilitación
constituye el fundamento constitucional para que los particulares ejerzan dicha
atribución a través de mecanismos alternativos de solución de conflictos como el
arbitramento y su naturaleza jurídica comporta un acto jurisdiccional cuyas actuaciones
tienen el alcance de surtir efectos de cosa juzgada.
Precisamente el carácter jurisdiccional y sus efectos implican que los laudos arbitrales
se asimilen a las sentencias judiciales con el propósito de examinar la procedencia de
la acción de tutela. Sobre esta específica materia, en Sentencia T-244 de 2007, la
Corte Constitucional se pronunció en relación con la equiparación entre las decisiones
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez,
expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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arbitrales y las providencias judiciales, en los siguientes términos:
En síntesis, el proceso arbitral es materialmente un proceso judicial, y el laudo
arbitral es el equivalente a una sentencia judicial en la medida que pone fin al
proceso y desata de manera definitiva la cuestión examinada, adicionalmente los
árbitros son investidos de manera transitoria de la función pública de administrar
justicia, la cual además legalmente ha sido calificada como un servicio público, por
tal razón no cabe duda que en sus actuaciones y en la decisiones que adopten los
tribunales arbitrales están vinculados por los derechos fundamentales, y que la
tutela es procedente cuando estos sean vulnerados o amenazados con ocasión de
un proceso arbitral.
La equivalencia —material— que existe entre el laudo arbitral y la providencia judicial,
activa de manera excepcional la procedencia de la tutela como mecanismo de
protección de los derechos fundamentales, los cuales pueden verse afectados por las
decisiones emanadas y el procedimiento llevado a cabo por los tribunales de
arbitramento.
En Sentencia de unificación SU-837 de 2002, la Sala Plena de la Corte Constitucional
determinó que los administradores de justicia sean permanentes o temporales, no
están exentos de cumplir con lo previsto en la Constitución, de tal manera que
mediante la solicitud de amparo es factible controvertir sus actos jurisdiccionales,
siempre y cuando estos vulneren de manera directa el derecho fundamental al debido
proceso o al acceso a la administración de justicia.
La jurisprudencia constitucional también ha sido particularmente enfática en cuanto al
carácter excepcional de la procedencia de la acción de tutela contra laudos arbitrales,
el procedimiento que se adelanta ante los tribunales de arbitramento y las decisiones
que resuelven los recursos de anulación. En ese sentido, su procedencia y
procedibilidad está sometida, en principio, a las reglas fijadas en la Sentencia C-590
de 2005, respecto a las providencias judiciales.
Las precitadas condiciones se recapitularon con el fin de reiterar que estas no dan
lugar a la equivalencia absoluta entre los laudos y las providencias judiciales para
efectos de la acción de tutela, ya que el carácter especial de la justicia arbitral incide
en que se deba hacer un examen de procedibilidad —tanto de los requisitos generales,
como especiales—, más riguroso. Efectivamente, a partir de la Sentencia de
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unificación SU-500 de 2015, se precisó que la razón para realizar un estudio más
estricto reside fundamentalmente en que se trata de un escenario en el cual se ha
expresado la voluntad de las partes de apartarse de la jurisdicción ordinaria y
someterse a la decisión que adopte un tribunal de arbitramento.
La decisión de las partes de marginarse de la justicia ordinaria constituye un elemento
esencial que implica procurar al máximo la permanencia del fallo proferido por la
jurisdicción arbitral, la cual no debe condicionarse a una posterior ratificación o
cuestionamiento por parte de la jurisdicción a la cual las partes expresamente
renunciaron. En palabras de la Corte Constitucional:8
Acudir a la justicia arbitral implica una derogación específica, excepcional y
transitoria de la administración de justicia estatal, derivada de la voluntad de las
partes en un conflicto transigible.
2.4. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:
2.4.1. El 12 de agosto de 2022, el Tribunal de Arbitraje de Zalka SAS versus el Fondo
de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia profirió laudo arbitral en el
que resolvió lo siguiente:9
PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones previas denominadas [falta de
jurisdicción, falta de competencia, inexistencia del demandante, indebida
representación del demandante, ineptitud de la demanda por falta de los requisitos
formales, ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones y no
haberse presentado prueba de la calidad en que actúa el demandante], por las
razones expuestas en la parte considerativa del presente Laudo.
SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de mérito denominadas
[prescripción, cobro de lo no debido, buena fe y presunción de legalidad de los
actos administrativos], por las razones expuestas en la parte considerativa del
presente Laudo.
TERCERO: DECLARAR que entre la Clínica Santiago de Cali S.A. y el Fondo de
Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia se celebró el Contrato de
Prestación de los Servicios Integrales de Salud No. 023 de 2013, por las razones
8 Sentencia SU-174 de 2007.
9 Índice 10, del expediente electrónico.
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expuestas en el presente Laudo.
CUARTO: DECLARAR que el Contrato de Prestación de los Servicios Integrales de
Salud No. 023 de 2013, celebrado entre la Clínica Santiago de Cali S.A. y el Fondo
de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, previó la prestación de
los servicios de salud de Nivel I, II, III y de Alto Costo a cargo de la Clínica Santiago
de Cali, por las razones expuestas en el presente Laudo.
QUINTO: DECLARAR que el Contrato de Prestación de los Servicios Integrales de
Salud No. 023 de 2013, celebrado entre la Clínica Santiago de Cali S.A. y el Fondo
de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, previó el pago por
capitación como único criterio de retribución de los servicios prestados en
desarrollo del contrato, por las razones expuestas en el presente Laudo.
SEXTO: DECLARAR que la Clínica Santiago de Cali S.A. cumplió con todas las
obligaciones previstas en el Contrato de Prestación de los Servicios Integrales de
Salud No. 023 de 2013 en los Niveles I, II, III y Alto Costo, por las razones expuestas
en el presente Laudo.
SÉPTIMO: DECLARAR que el Contrato de Prestación de los Servicios Integrales de
Salud No. 023 de 2013, celebrado entre la Clínica Santiago de Cali S.A. y el Fondo
de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, se encuentra regido por
las normas generales de la Ley 80 de 1993 y por las disposiciones especiales del
artículo 52 (núm. 1) de la Ley 1438 de 2011, por las razones expuestas en el
presente Laudo.
OCTAVO: DECLARAR que, el artículo 52 de la Ley 1438 de 2011 […] por regular
aspectos relativos al (I) derecho fundamental a la salud, al (II) derecho a la
seguridad social, a la (III) sostenibilidad del sistema de seguridad social en salud y
otros relacionados, tiene la naturaleza de norma de orden público.
NOVENO: DECLARAR que, en los términos de los artículos 16, 1518, 1523, 1524 y
132 del Código Civil colombiano y demás normas concordantes, los convenios
particulares no pueden derogar normas de orden público.
DÉCIMO: DECLARAR que el Contrato de Prestación de los Servicios Integrales de
Salud No. 023 de 2013, celebrado entre la Clínica Santiago de Cali S.A. y el Fondo
Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, quebrantó el numeral 1º
del artículo 52 de la Ley 1438 de 2011, al prever, el sistema de pago por capitación,
para la atención de los niveles II, III y Alto Costo a cargo de la Sociedad Santiago
de Cali S.A., hoy Sociedad Santiago de Cali S.A. Liquidada, por las razones
expuestas en el presente Laudo.
DÉCIMO PRIMERO: DECLARAR que la ejecución del Contrato de Prestación de los
Servicios Integrales de Salud No. 023 de 2013, celebrado entre la Clínica Santiago
de Cali y el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, generó
un daño patrimonial a la Sociedad Clínica Santiago de Cali S.A., al prever, en contra
de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 52 de la Ley 1438 de 2011, el sistema
de pago por capitación, para la atención de los niveles II, III y Alto Costo, a cargo
de la Sociedad Santiago de Cali S.A., por las razones expuestas en el presente
Laudo.
DÉCIMO SEGUNDO: DECLARAR que el daño patrimonial causado a la Sociedad
Clínica Santiago de Cali S.A. hoy Sociedad Clínica Santiago de Cali S.A. Liquidada
con ocasión del Contrato de Prestación de los Servicios Integrales de Salud No.
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023 de 2013, específicamente el sistema de pago por capitación, para la atención
de los niveles II, III y Alto Costo, a cargo de la Sociedad Santiago de Cali S.A., tiene
carácter antijurídico por ser violatorio de la Ley 1438 de 2011, por las razones
expuestas en el presente Laudo.
DÉCIMO TERCERO: DECLARAR que el daño patrimonial causado a la Sociedad
Clínica Santiago de Cali S.A. hoy Sociedad Clínica Santiago de Cali S.A. Liquidada
con ocasión del Contrato de Prestación de los Servicios Integrales de Salud No.
023 de 2013, específicamente el sistema de pago por capitación, para la atención
de los niveles II, III y Alto Costo, a cargo de la Sociedad Santiago de Cali S.A.,
consistió en disminución patrimonial, la prolongación de la misma y ganancia,
beneficio y provecho dejados de percibir.
DÉCIMO CUARTO: DECLARAR que el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia, tiene la obligación jurídica de reparar del DAÑO
PATRIMONIAL causado a la Sociedad Clínica Santiago de Cali S.A. hoy Sociedad
Clínica Santiago de Cali S.A. Liquidada, por disminución patrimonial, la
prolongación de la misma, y ganancia, beneficio y provecho dejados de percibir
con ocasión de la ejecución del Contrato de Prestación de los Servicios Integrales
de Salud No. 023 de 2013.
DÉCIMO QUINTO: En consecuencia de lo anterior, CONDENAR al Fondo de Pasivo
Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia a pagar en favor de la sociedad
ZALKA S.A.S.[…] por concepto de daño emergente, por los valores sufragados por la
Sociedad Clínica Santiago de Cali S.A. hoy Sociedad Clínica Santiago de Cali S.A.
Liquidada, para la prestación de los servicios de Nivel II, en la suma de [cuatro mil
novecientos setenta y seis millones trescientos sesenta y siete mil treinta y
dos pesos M/cte.] ($ 4.976.367.032), de conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa de este Laudo Arbitral.
DÉCIMO SEXTO: CONDENAR al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales
de Colombia a pagar en favor de la sociedad ZALKA S.A.S.[…] por concepto de
interés por mora del daño emergente, por los valores sufragados por la Sociedad
Clínica Santiago de Cali S.A. hoy Sociedad Clínica Santiago de Cali S.A. Liquidada,
para la prestación de los servicios de Nivel II, en la suma de [trece mil
cuatrocientos noventa y ocho millones ochocientos cuarenta y cinco mil
setecientos cuarenta y un pesos M/cte.] ($ 13.498.845.741), de acuerdo con la
tasa de interés moratorio establecida por la DIAN, conforme al artículo 4 del Decreto
Ley 1281 de 2002, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de
este Laudo Arbitral.
DÉCIMO SÉPTIMO: CONDENAR al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia a pagar en favor de la sociedad ZALKA S.A.S.[…] por
concepto de daño emergente, por los valores sufragados por la Sociedad Clínica
Santiago de Cali S.A. hoy Sociedad Clínica Santiago de Cali S.A. Liquidada, para la
prestación de los servicios de Nivel III, en la suma de [cinco mil novecientos
treinta y seis millones trescientos ochenta y nueve mil sesenta y un pesos
M/cte.] ($ 5.936.389.061), de conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa de este Laudo Arbitral.
DÉCIMO OCTAVO: CONDENAR al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia a pagar en favor de la sociedad ZALKA S.A.S.[…] por
concepto de interés por mora del daño emergente, por los valores sufragados por
la Sociedad Clínica Santiago de Cali S.A. hoy Sociedad Clínica Santiago de Cali
S.A. Liquidada, para la prestación de los servicios de Nivel III, en la suma de
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[dieciséis mil sesenta millones trescientos cuarenta y ocho mil novecientos
cuarenta pesos M/cte.] ($ 16.060.048.940), de acuerdo con la tasa de interés
moratorio establecida por la DIAN, conforme al artículo 4 del Decreto ley 1281 de
2022, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de este Laudo
Arbitral.
DÉCIMO NOVENO: CONDENAR al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia a pagar en favor de la sociedad ZALKA S.A.S.[…] por
concepto de daño emergente, por los valores sufragados por la Sociedad Clínica
Santiago de Cali S.A. hoy Sociedad Clínica Santiago de Cali S.A. Liquidada, para la
prestación de los servicios de Nivel Alto Costo, en la suma de [cuatro mil
novecientos cincuenta millones noventa mil treinta y tres pesos M/cte.]
($ 4.950.090.033), de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de
este Laudo Arbitral.
VIGÉSIMO: CONDENAR al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de
Colombia a pagar en favor de la sociedad ZALKA S.A.S.[…] por concepto de interés
por mora del daño emergente, por los valores sufragados por la Sociedad Clínica
Santiago de Cali S.A. hoy Sociedad Clínica Santiago de Cali S.A. Liquidada, para la
prestación de los servicios de Nivel Alto Costo, en la suma de [trece mil ciento
cincuenta y seis millones quinientos veintitrés (sic) novecientos ochenta
pesos M/cte.] ($ 13.156.523.980), de acuerdo con la tasa de interés moratorio
establecida por la DIAN, conforme al artículo 4 del Decreto ley 1281 de 2022, de
conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de este Laudo Arbitral.
VIGÉSIMO PRIMERO: NEGAR la pretensión décima novena de la demanda arbitral
sobre la indexación de las sumas reconocidas, por las razones expuestas en el
presente laudo.
VIGÉSIMO SEGUNDO: CONDENAR en costas y agencias en derecho a la parte
convocada (sic) Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia,
por la suma de [seis mil seiscientos cincuenta y tres millones cuatrocientos
tres mil seiscientos cincuenta y cinco pesos M/cte.] ($ 6.653.403.655), de
conformidad con las razones expuestas en el presente Laudo.
[…]
VIGÉSIMO CUARTO: DECLARAR que no hay lugar a aplicar a ninguna de las partes la
sanción prevista en el artículo 206 del Código General del Proceso, por lo expuesto
en la parte motiva.
[…]
VIGÉSIMO SÉPTIMO: ORDÉNESE el archivo de una copia del presente laudo en el
Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cali, para los
efectos de ley, después de resuelto el recurso de anulación, si fuere interpuesto.
[…]
2.4.2. El 22 de agosto de 2022, el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales
de Colombia, por medio de apoderado, solicitó la aclaración, corrección y adición del
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Demandante: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
laudo arbitral del 12 de agosto de 2022.10
2.4.3. El 23 de agosto de 2022, el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de
Cali, dispuso lo siguiente:11
Primero: Negar la solicitud de aclaración, corrección y adición del laudo del 8 (sic)
de agosto de 2022, formulada por el apoderado de la parte convocada, por las
consideraciones hechas en la presente providencia.
Segundo: Exhortar al Dr. Diego Fernando Ariza Osorio en su calidad de
[a]poderado [j]udicial del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de
Colombia, para que en futuras actuaciones, evite faltar al deber de respeto con los
servidores judiciales y con los intervinientes en el proceso y realice sus actuaciones
bajo una correcta praxis legal.
Tercero: Por Secretaría, de manera inmediata, [c]ompulsar [c]opias de esta
[p]rovidencia y del escrito obrante en archivo 39.1 del [e]xpediente [d]igital, ante la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Valle del Cauca, para que dentro del
ámbito de su competencia, investigue la actuación surtida a través de dicho
documento por el Dr. Diego Fernando Ariza Osorio, en su calidad de [a]poderado
[j]udicial del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, y
se adopten las acciones a que haya lugar en el evento de evidenciar la comisión
de alguna conducta constitutiva de falta disciplinaria. Orden que deberá ser de
cumplimiento inmediato.
[…]
2.4.4. El 30 de septiembre de 2022, a través de radicado 20225000104341-DDJ el
Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado interpusieron recurso extraordinario de anulación
contra el laudo proferido por los árbitros Óscar Ibáñez Parra, Lyda Mercedes Crespo
Ríos y Eugenio David Martinelli dentro del trámite arbitral con radicado A-2022-215-
/0850. 12
2.4.5. El 20 de febrero de 2023, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado dentro del recurso de anulación de laudo arbitral con radicación 11001 03
26 000 2022 00211 00, resolvió lo siguiente: 13
10 Índice 10, del expediente electrónico.
11 Índice 10, del expediente electrónico.
12 Índice 10, del expediente electrónico.
13 Índice 7, del expediente electrónico con radicación 11001 03 26 000 2022 00211 00.
23
Radicado: 11001 03 15 000 2023 00681 01
Demandante: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
PRIMERO: RECHAZAR por improcedente el recurso extraordinario de anulación
interpuesto por la sociedad MG Medical Group SAS, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ADMITIR el recurso extraordinario de anulación interpuesto por la parte
convocada – Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacional de Colombia – y
por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado contra el Laudo de 12 de
agosto de 2022, proferido por el Tribunal Arbitral constituido para dirimir las
controversias surgidas entre los socios de la Clínica Santiago de Cali SA liquidada
(cuya cesionaria de los derechos litigiosos es la sociedad Zalka SAS) y el Fondo de
Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.
TERCERO: Por [S]ecretaría de la Sección Tercera NOTIFICAR personalmente al
[a]gente del Ministerio Público de conformidad con lo establecido en el artículo 198
del CPACA.
CUARTO: SUSPENDER el cumplimiento de lo resuelto en el Laudo proferido el 12
de agosto de 2022, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
[…]
2.4.6. El 14 de marzo de 2023, pasó el expediente al despacho del magistrado Alberto
Montaña Plata de la Sección Tercera, Subsección B de esta corporación, para elaborar
el proyecto de sentencia que resolverá el recurso extraordinario de anulación del laudo
arbitral, de conformidad con el artículo 42 de la Ley 1563 de 2012. 14
2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado cuestiona la vulneración del
derecho fundamental al debido proceso del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia con la adopción del laudo arbitral del 12 de agosto de 2022,
por el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cali convocado para dirimir
las controversias surgidas entre la sociedad Zalka SAS cesionaria de los derechos
litigiosos de los socios de la Clínica de Santiago de Cali S. A. liquidada y el FPSFNC con
ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del Contrato de Prestación de
Servicios Integrales de Salud 23 de 2013.
Así mismo, aduce la configuración de los defectos sustantivo, fáctico y decisión sin
motivación en el fallo que se dictó dentro del trámite arbitral con radicación A-
20220215/0850.
14 Índice 13, del expediente electrónico con radicación 11001 03 26 000 2022 00211 00.
24
Radicado: 11001 03 15 000 2023 00681 01
Demandante: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
Considera la Sala que la Sección Primera de esta corporación acierta al rechazar por
improcedente la acción de tutela, en cuanto determinó que no se satisface el requisito
general que establece la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005, referido
a que el asunto que se discuta tenga relevancia constitucional, pues aunque se alega
la vulneración de la garantía fundamental al debido proceso, lo cierto es que al revisar
la motivación efectuada al respecto, se observa que la parte actora se limita a insistir
en un examen de legalidad, argumento de defensa que ya fue objeto de análisis al
decidir el proceso arbitral; además de plantear un debate probatorio y económico.
El requisito de relevancia constitucional, de conformidad con la jurisprudencia
constitucional,15 implica determinar que la «cuestión que se entra a resolver es
genuinamente una [materia] de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes»,16 pues «el juez constitucional no puede entrar a estudiar
[argumentos] que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena
de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones».17
Este requisito persigue las siguientes finalidades: 1) preservar la competencia y la
independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional18 y, por
tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad;
2) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, 3) impedir que la acción de
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
de los jueces.
En el presente asunto los cuestionamientos presentados por la accionante no
constituyen vulneraciones a sus garantías fundamentales, sino que se dirigen a
15 Sentencia T-248 de 2018.
16 Sentencia C-590 de 2005.
17 Ibidem.
18 Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo siguiente:
«En este sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un mecanismo que
sirva para que el juez constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión de la respectiva
causa. En efecto, por esta vía no puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho
legislado ni suplantar al juez natural en su función esencial como juez de instancia. Lo que sin embargo
sí habilita la tutela es la vigilancia de la aplicación judicial al caso concreto de los derechos
fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia».
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controvertir la legalidad de la actuación de la autoridad arbitral, como lo señaló el a
quo, pese a que en la impugnación arguye que el asunto satisface plenamente esa
exigencia, en la medida en que no se trata de una discusión de índole legal o
probatorio, sino que por el contrario, se trata de dilucidar si se quebrantaron los
derechos fundamentales del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de
Colombia (FPSFNC) y la protección del patrimonio público.
Sin embargo, sus alegaciones atacan la interpretación del contrato y la valoración
probatoria por parte del Tribunal de Arbitramento, dado que los cargos que formula se
centran en debatir la aplicación que efectuó de los artículos 68 de la Ley 1564 de 2012
y 1634 y 1637 del Código Civil, la falta de declaración de nulidad del contrato pese a
que en su sentir existe ilicitud del objeto contractual, la falta de apreciación de las
pruebas que obraban en el expediente para acreditar los hechos sobre la ejecución y
liquidación del contrato, y además lo acusa de proferir una decisión sin motivación,
controversias que fueron objeto de discusión en el trámite arbitral y resueltas en esa
instancia, por tanto, no pueden ser revisadas en sede de tutela.
Así mismo, la Sala no puede pasar por alto que el Tribunal de Arbitramento al intervenir
en el presente trámite adujo que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
pese a que fue informada de la presentación de la demanda conforme a lo dispuesto
en el artículo 12 de la Ley 1563 de 2012, «no compareció al proceso sino hasta la
presentación del recurso de anulación cuando […] había cesado en sus funciones,
motivo por el cual los argumentos y consideraciones planteadas [no fueron debatidos
al interior del trámite arbitral como era de su naturaleza y esencia]», especialmente en
lo que se refiere a la caducidad del medio de control.
Igualmente, añade la autoridad demandada que la accionante en el escrito de tutela
expuso que «tuvo que enfrentarse a un expediente desconocido para identificar los
yerros que hacen necesaria la excepcionalidad de la acción de tutela, contra
providencias judiciales, dada la alarmante condena proferida de forma abiertamente
ilegal», cuando esa circunstancia obedeció a su decisión deliberada de no acudir al
proceso y actuar en la etapa procesal prevista y según los términos legales, para
ejercer el respectivo derecho de defensa.
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En ese sentido, considera la Sala que en el asunto sub examine se utiliza la solicitud
de amparo como una instancia adicional para reabrir el proceso arbitral y lograr que
por esta vía se examinen materias que no fueron controvertidas en oportunidad con el
propósito de dejar sin efectos la condena impuesta, por lo que no le es dable al juez
de tutela realizar un pronunciamiento de fondo, toda vez que ello implicaría desconocer
la autonomía e independencia del juez natural de la causa para decidir el litigio
sometido a su escrutinio.
Así las cosas, y no obstante la accionante invoca la violación de una garantía
fundamental, el presente asunto no se puede considerar que tenga una evidente
relevancia constitucional, que le permita al juez constitucional revisar la providencia
que se censura.
Por otra parte, la acción de la referencia tampoco supera el requisito general de
subsidiariedad, como lo estimó la primera instancia, toda vez que el recurso
extraordinario de anulación que interpusieron conjuntamente la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado y el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales
de Colombia (FPSFNC) contra el laudo arbitral demandado se encuentra pendiente de
decisión; como se estableció en los hechos probados, el 14 de marzo de 2023, el
expediente pasó al despacho del magistrado Alberto Montaña Plata de la Sección
Tercera, Subsección B de esta corporación, para proferir sentencia de conformidad
con lo previsto en el artículo 42 de la Ley 1563 de 2012.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido que la acción de tutela es
improcedente por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad cuando se
promueva en forma paralela o cercana en el tiempo con el recurso extraordinario de
anulación, ya que el mecanismo de amparo es una institución de naturaleza residual
que no le otorga al presunto afectado el derecho de acceder a ella y a otros recursos
legales de manera simultánea y concurrente, de ahí que al juez constitucional le está
vedado invadir la competencia de los jueces ordinarios para decidir de forma alterna
una misma súplica.19
19 Sentencia T 131 de 2021.
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En esa medida, al encontrarse en trámite el medio de defensa judicial multicitado, la
acción de tutela se torna improcedente, por la imposibilidad del juez de tutela para
pronunciarse de forma coetánea al ordinario, sobre una pretensión idéntica, esto es,
la declaración de nulidad del laudo arbitral.
Ahora en lo que se refiere al perjuicio que alega la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado se cierne sobre el patrimonio público por la condena que se le
impuso al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia ( FPSFNC),
como se indicó en el fallo objeto de impugnación, la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado mediante auto del 20 de febrero de 2023, dictado
dentro del recurso de anulación con radicación 11001 03 26 000 2022 00211 00 ordenó
la suspensión del cumplimiento de lo resuelto en el laudo arbitral proferido el 12 de
agosto de 2022, con fundamento en el artículo 42 de la Ley 1563 de 2012.
3. Conclusión
La Sala concluye que la presente acción de tutela es improcedente para la protección
del derecho fundamental al debido proceso al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia (FPSFNC) invocado por la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, cuya vulneración atribuye al laudo del 12 de agosto de 2022
emitido por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Cali, porque no
cumple los requisitos de falta de relevancia constitucional y subsidiariedad.
En tal sentido, la Sala procederá a confirmar la sentencia proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 14 de abril de 2023, mediante la cual el Consejo
de Estado, Sección Primera, declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por
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la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, conforme a la parte considerativa
que antecede.
Segundo. Ejecutoriada esta decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Aclaración de voto
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Aclaración de voto
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada Samái. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
MAM
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