República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-00685-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
8 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá D. C. ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001 03 15 000 2023 00685 01
Demandante: Luz Mariela Escobar de Herrera
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Temas: Tutela contra providencia judicial / Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho / Sustitución de la pensión gracia /
reconocimiento ilegal
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandante contra la sentencia
del 24 de marzo de 2023, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, declaró improcedente la acción de tutela.
1. La acción de tutela
La señora Luz Mariela Escobar de Herrera a través de apoderado, promueve acción
de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por estimar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad social.
1.1. Pretensiones
En protección de los derechos reclamados, solicita:
1. TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso y seguridad social de la
señora LUZ MARIELA ESCOBAR DE HERRERA, vulnerado por parte de la SECCIÓN
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 00685 01
Demandante: Luz Mariela Escobar de Herrera
SEGUNDA, SUBSECCIÓN B DEL CONSEJO DE ESTADO. Como consecuencia de lo
anterior:
2. SE DECLARE SIN EFECTOS la sentencia proferida el 20 de octubre de 2022, por
medio del cual se confirmó la decisión proferida por la SALA TERCERA DE
DECISIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA, que resolvió negar las
pretensiones de la demanda instaurada por la señora LUZ MARIELA ESCOBAR DE
HERRERA, bajo el argumento de que la Resolución No. 008166 del 3 de agosto
de 1995, era “ilegal”.
3. QUE SE DECLARE LA NULIDAD del acto administrativo contenido en la
comunicación radicado No. 201714203304801, y a título de restablecimiento del
derecho se ordene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONES
Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP, a reconocer y
pagar a la señora LUZ MARIELA ESCOBAR DE HERRERA, la pensión de
sobrevivientes respecto a la pensión de gracia, a partir del 4 de agosto de 2016.
4. Se adopten las demás medidas que el señor(a) Juez(a) estime pertinentes para
la protección de los derechos fundamentales de la accionante.
1.2. Hechos de la solicitud
Como hechos relevantes, la parte accionante señaló los siguientes:
i) El señor Gildardo de Jesús Herrera Agudelo cumplió los requisitos para acceder a
una pensión mientras laboraba en el Colegio Nacional Deogracias Cardona, por lo
cual la Caja Nacional de Previsión –CAJANAL, a través de Resolución 008920 del 20
de noviembre de 1992, le reconoció pensión de jubilación desde el 2 de junio de
1982. Posteriormente, mediante Resolución 08166 del 3 de agosto de 1995, se le
reconoció derecho a la pensión de gracia, pero con efectos fiscales desde el 12 de
enero de 1992.
ii) Por Resolución expedida el 20 de diciembre de 1999, se dispuso el retiro del señor
Herrera Agudelo a partir del 17 de enero de 2000 al alcanzar la edad de retiro
forzoso.
iii) La señora Luz Marina Escobar de Herrera contrajo matrimonio con el señor
Gildardo Herrera el 17 de diciembre de 1959 y convivió con él hasta el 3 de agosto
de 2016, fecha en la que falleció.
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iv) El 23 de diciembre de 2016, reclamó la sustitución de la pensión gracia, la cual
fue negada por la UGPP mediante Resolución EDP 009330 del 9 de marzo de 2017,
por considerar que la pensión cuya sustitución era objeto de pedimento, tuvo origen
en un acto ilegal.
v) El 11 de marzo de 2017, la UGPP ante nueva solicitud de reconocimiento de la
pensión gracia, mediante comunicado 201714203304801 del 20 de noviembre de
2017, indicó que ya existía un pronunciamiento en firme al respecto.
vi) La señora Luz Mariela Escobar a través de apoderado formuló demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
decisión de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP.
vii) El 8 de marzo de 2019, el Tribunal Administrativo de Risaralda negó las
pretensiones de la demanda.
viii) El 20 de octubre de 2022, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, confirmó la providencia proferida por el juez a quo.
1.3. Fundamentos jurídicos de la accionante
Consideró que la providencia objeto de litis habría incurrido en los siguientes
defectos:
1.3.1. Defecto procedimental
Dado que al señor Gildardo de Jesús Herrera Agudelo -en vida- le fue reconocida la
pensión gracia mediante Resolución 008166 del 3 de agosto de 1995, a la señora
Luz Marina Escobar en virtud del principio de confianza legítima le asiste el derecho
a la pensión de sobrevivientes, razón por la cual la competencia de la Sección
Segunda de esta corporación se circunscribía únicamente a verificar el cumplimiento
de las condiciones para ser beneficiaria de la sustitución pensional, sin que hubiera
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lugar a discutir el derecho a la pensión de gracia, prestación que nunca fue
cuestionada o controvertida por la UGPP.
Conforme a lo expuesto, consideró que el Consejo de Estado desconoció el
contenido del artículo 97 del CPACA, en virtud del cual debía previamente revocar el
acto de carácter particular de reconocimiento de la pensión gracia y no decidir sobre
la legalidad de dicha prestación ya reconocida al entonces docente, pues no era la
finalidad del medio de control propuesto.
1.3.2. Defecto sustantivo
El problema jurídico de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se
ceñía a determinar si la señora Escobar de Herrera tenía derecho o no a la pensión
de sobrevivientes, por lo cual, al verificarse la legalidad del acto de reconocimiento
inicial, se conculcó el principio de congruencia contenido en el artículo 281 de la Ley
1564 de 2012, en tanto se emitió un pronunciamiento extra petita.
1.3.3. Violación directa de la Constitución
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, desconoció el derecho a la
seguridad social de la señora Luz Escobar, pues debió ordenar la sustitución
pensional reclamada en tanto reunía los requisitos legales en su calidad de cónyuge
supérstite.
1.4. Actuación procesal
Por auto del 13 de febrero de 2023, se ordenó notificar como demandados a los
magistrados del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, y como
terceros interesados, a los magistrados del Tribunal Administrativo de Risaralda y a
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social –UGPP, para que en el término de dos días y en
ejercicio de su derecho de defensa rindieran el respectivo informe.
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1.5. Intervenciones
1.5.1. El magistrado del Tribunal Administrativo de Risaralda,1 Juan Carlos
Hincapié Mejía, ponente de la providencia objeto de litis, anotó que desde la
perspectiva de la relevancia constitucional el asunto objeto de controversia tiene una
connotación patrimonial de carácter estrictamente privado, razón por la cual la
cuestión que se debate se refiere a un aspecto meramente legal, que no impacta los
derechos fundamentales sino beneficios patrimoniales, en atención a la sentencia
SU-128 de 2021.
Agrega que a la UGPP no le estaba vedado verificar las condiciones de consolidación
del derecho a favor del causante, con mayor razón cuando no se están cobrando las
mesadas recibidas por el fallecido, sino simplemente no dando lugar a su
transmisión, decisión administrativa que fue revisada por los jueces competentes,
observando la plenitud de las formas del proceso y con el respeto a la doble
instancia, por lo que la posición de la parte accionante en tutela es estrictamente
formalista y no procura salvaguardar la efectividad de los derechos y la prevalencia
del derecho sustancial sobre las formalidades.
Aclaró que la sustitución pensional no es un derecho originario sino derivado, como
tampoco es un derecho nuevo a favor de los beneficiarios sino proveniente del
causante, de tal suerte que las condiciones de consolidación o incluso vocación de
transmisibilidad constituyen elementos arraigados e indisolubles del derecho
principal.
En tal virtud, solicitó denegar el amparo reclamado.
1.5.2. El subdirector de Defensa Judicial Pensional y apoderado de la a Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social –UGPP,2 Javier Andrés Sosa Pérez, señaló que la providencia
objeto de estudio fue proferida con base en la normativa y jurisprudencia vigente,
razón por la cual evidenció que no le asistía derecho a la señora Luz Mariela Escobar
1 Expediente digital de tutela.
2 Expediente digital de tutela.
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para acceder a una pensión de sobrevivientes de la pensión gracia, por cuanto el
causante no reunía los requisitos legales para ostentar dicho derecho, ya que su
vinculación como docente fue del orden nacional, lo que implicaba que el error de la
administración en el reconocimiento pensional inicialmente a él conferido no pudiera
continuar a favor de la accionante, pues tal y como se dispuso en el acto
administrativo demandado y confirmado por las autoridades judiciales, en este caso
no existe un derecho adquirido a su favor, pues nunca le fue conferido.
Aclaró que conforme al material probatorio aportado al proceso judicial se estableció
que la señora Escobar pretende la sustitución irregular de la pensión gracia del
causante con desconocimiento de la ley y de la jurisprudencia, sin atender que la
UGPP negó su reconocimiento ante el incumplimiento de los requisitos establecidos
en la Ley 114 de 1913, dados los tiempos laborados por el causante en el orden
nacional, hecho que evidencia la improcedencia de la presente acción constitucional.
1.5.3. El magistrado del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,3
César Palomino Cortés, ponente de la decisión cuestionada, indicó que al realizar un
examen de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, en este caso no se han agotado todos los medios judiciales idóneos
debido a que contra la sentencia objeto de tutela procede el recurso extraordinario de
revisión.
1.6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en sentencia del 24 de marzo
de 2022, declaró improcedente la acción de tutela al no encontrar justificado, en
debida forma, el cargo de la presunta omisión en que habría incurrido la UGPP al
abstenerse de iniciar de manera obligatoria un proceso administrativo con el
propósito de demostrar la ilegalidad del reconocimiento de la pensión impetrada, lo
cual deriva en el incumplimiento a cabalidad del requisito general de relevancia
constitucional.
3 Expediente digital de tutela.
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Además, destacó que la acción de tutela es utilizada como un medio dirigido a revivir
el análisis jurídico efectuado en el medio de control No. 66001 23 33 000 2018 00073
00 [01], con el fin de analizar nuevamente aspectos que fueron definidos por la
autoridad judicial de segunda instancia e imponer la interpretación favorable a sus
intereses en detrimento de aquella que fue prohijada por el Consejo de Estado, lo
que impidió estudiar el fondo dicha alegación.
Respecto del cargo relativo a la asunción directa del estudio de la legalidad del acto
que otorgó la pensión gracia, en lugar de limitarse a verificar la concurrencia de las
condiciones que permitían la sustitución, lo que habría violado del principio de
congruencia y la incursión en un fallo extra petita, esa Sección concluyó que no
cumple el requisito genérico de subsidiariedad, pues tal asunto está sujeto al recurso
extraordinario de revisión de conformidad con el numeral 5.º del artículo 250 de la
Ley 1437 de 2011, por dar lugar a una nulidad originada en la sentencia, el que no
fue intentado.
1.7. Impugnación
En el escrito de impugnación el accionante reiteró los argumentos aduciendo lo
siguiente:
i) Se encuentra cumplido el requisito de relevancia constitucional pues el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, negó la sustitución de la pensión gracia a
la señora Luz Mariela Escobar de Herrera, sustentando su decisión en la ilegalidad
del acto administrativo de reconocimiento de esta prestación a su cónyuge Gildardo
Herrera Agudelo (Q.E.P.D.), asunto que no constituía el objeto de la solicitud de
amparo pues lo procedente era verificar el cumplimiento por la accionante de los
requisitos para ser acreedora del derecho a la sustitución pensional, todo lo cual
implica el desconocimiento del procedimiento legal específico dispuesto para que la
administración revoque sus manifestaciones de voluntad cuando considere que se
configura alguna de las causales expuestas en el artículo 93 del CPACA.
ii) Respecto del requisito de subsidiariedad anotó que la señora Luz Mariela Escobar
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tiene actualmente 81 años y someterla al largo trámite del recurso extraordinario de
revisión «no resulta justo ni viable», máxime cuando esperó cuatro años para que se
resolviera el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, sin que las
autoridades judiciales ni siquiera verificaran si cumplía o no con los requisitos para
adquirir la prestación solicitada. Al efecto, trajo a colación las sentencias T-779 de
2014 y T-136 de 2019.
2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, interpuesta
contra el fallo de tutela proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el
inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,4 según el cual «las tutelas
que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda
instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de
lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la
cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
2.2. Problema jurídico
Se contrae a determinar si el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
quebrantó los derechos fundamentales invocados por la accionante al proferir la
sentencia del 20 de octubre de 2022 dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 66001 23 33 000 2018 00073 00 [01], que
resolvió confirmar la decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda que negó las
pretensiones del medio de control relacionadas con la sustitución de la pensión
gracia.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales
4 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado
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La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuandoquiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública».
En el Decreto 2591 de 1991 se reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40,
se estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas.
Sin embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en
la Sentencia C543/1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la
cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e
independencia judicial y las normas de competencia que se fijan en la Constitución
Política.
No obstante, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad para que,
de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela procediera
en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la
decisión pueda causar un perjuicio irremediable».
Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional5 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las
cuales, finalmente, convergieron en la Sentencia C-590 de 2005,6 donde la Corte
concentró y diferenció las causales genéricas y específicas de procedibilidad
necesarias para verificar la oportunidad del amparo.
Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un
5T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-11se8 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998,
SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003,
T-200 de 2004, T-774 de 2004.
6Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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perjuicio ius fundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la
inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate
de una irregularidad procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante
que tiene en la sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la
vulneración, los derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el
proceso judicial, siempre que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias
de tutela.
A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución Política; resaltando el hecho de que para que
proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.
El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,7 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo cuando se esté en
presencia de proveídos que resulten violatorios de derechos fundamentales
relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el
derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados en la ley y
la jurisprudencia.
Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
agosto de 2014,8 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación
o ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para
determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía
oportunamente, es decir, con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso
concreto, de acuerdo con los presupuestos señalados para el efecto por la Corte
Constitucional.
2.4. Hechos probados
7Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González.
Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
8Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente
radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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De conformidad con las pruebas que obran dentro del expediente, se puede
establecer lo siguiente:
2.4.1. El 9 de noviembre de 1992, mediante la Resolución 008920 la Caja Nacional
de Previsión Social -CAJANAL reconoció al señor Gildardo de Jesús Herrera Agudelo,
pensión vitalicia de jubilación a partir del 2 de junio de 1982.9
2.4.2. El 3 de agosto de 1995, a través de Resolución 008166 la Caja Nacional de
Previsión Social dispuso a favor del señor Gildardo de Jesús Herrera Agudelo el
reconocimiento y pago de la pensión gracia, efectiva a partir del 29 de diciembre de
1989.10
2.4.3. El 9 de marzo de 2017, el subdirector de determinación de derechos
pensionales de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP, negó el reconocimiento de
la pensión de sobrevivientes de la pensión gracia que con ocasión del fallecimiento
del señor Gildardo de Jesús Herrera Agudelo, reclamara la señora Luz Mariela
Escobar de Herrera como cónyuge supérstite.11
El mencionado acto administrativo negó el reconocimiento de la sustitución de la
pensión gracia en virtud de lo establecido en el acta 1172 del 7 y 8 de julio de 2016,
al evidenciar que la señora Luz Mariela Escobar de Herrera no tiene derecho a tal
reconocimiento ya que su origen es una pensión de carácter ilegal. La resolución en
mención estableció la procedencia de los recursos de reposición y apelación empero
la señora Luz Mariela Escobar de Herrera no agotó la vía administrativa.
2.4.4. El 11 de octubre de 2017, la señora Luz Mariela Escobar presentó ante la
UGPP nueva reclamación administrativa radicada bajo el número 201770013154212. 12
9 Expediente digital original del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
10
Folios 20 a 24, expediente digital original del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
11Folios 27 a 32, expediente digital original del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
12 Expediente digital original del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
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2.4.5. El 20 de noviembre de 2017, mediante comunicado 201714203304801 la UGPP
le informó a la señora Escobar de Herrera que las pretensiones solicitadas ya habían
sido resueltas a través de la Resolución RDP 009330 del 9 de marzo de 2017 decisión
que al estar en firme conforme a lo establecido en el artículo 87 del CPACA, agotó la
denominada actuación administrativa.13
2.4.6. El 8 de marzo de 2019, el Tribunal Administrativo de Risaralda negó las
pretensiones de la demanda. 14
2.4.7. El 20 de octubre de 2022, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, confirmó la providencia proferida por el juez a quo.15
2.5. Verificación del cumplimiento de las causales generales de procedibilidad
Se encuentra satisfecho el requisito de inmediatez, en cuanto la providencia acusada
fue dictada el 20 de octubre de 2022, y notificada por correo electrónico el 15 de
noviembre de igual anualidad,16 mientras que la acción de tutela de la referencia fue
radicada el 9 de febrero de 2023,17 es decir, dentro de los 6 meses siguientes,
término que ha sido acogido por esta corporación como prudencial para acudir al
medio de amparo constitucional.
La solicitud de tutela identifica razonablemente los hechos y los argumentos con
fundamento en los cuales se cuestiona la vulneración de derechos fundamentales en
la providencia enjuiciada.
El asunto no se refiere a una sentencia de tutela, toda vez que la decisión objeto de
litis se profirió dentro del trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho.
13 Folios 4 al 6 del cuaderno principal.
14 Folios 91 a 100, expediente digital original del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
15 Folios 154 a 166, expediente digital original del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
16
Folios 171 a 175 expediente digital original del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
17https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202300685
001100103
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En lo atinente con los requisitos de relevancia constitucional y de subsidiariedad,
más adelante se harán algunas precisiones.
2.6. Análisis de la Sala. Caso concreto
Conforme a la Sentencia SU-157 de 2022, es indispensable verificar que la acción de
tutela no sea utilizada como una instancia adicional para remplazar las vías judiciales
ordinarias, de modo que el juez constitucional debe asegurarse que el caso objeto de
estudio reviste suficiente relevancia constitucional, requisito que -contrario a lo
expuesto por el juez a quo de tutela- encuentra cumplido esta Sala, toda vez que el
debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso y a la seguridad social, y, además, fueron desarrollados los
argumentos para respaldar dicho cargo, así como los defectos que, en su criterio, se
configuran con la decisión materia de litis.
Ahora bien, respecto del principio de congruencia planteado en el sub lite la
accionante considera que la providencia cuestionada, al pronunciarse sobre la
legalidad de un acto que no estaba en discusión, trasgredió dicho principio al
conculcar su derecho legítimo a ser beneficiaria de una pensión por vía de
sustitución, dando aplicación además a la facultad extra petita.
Al efecto, esa Subsección sostuvo que la controversia planteada, en principio, no
puede ser analizada a través de la acción de tutela, en tanto la accionante tiene a su
disposición el recurso extraordinario de revisión con fundamento en la causal de
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso en el marco del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, contenida en el numeral 5.º del
artículo 250 del CPACA, que procede para alegar la transgresión del principio de
congruencia en la que pudo haber incurrido, según su entender, la autoridad
accionada. Sin embargo, sin perjuicio de lo anterior y dado que en el escrito de
impugnación se señaló que en la actualidad la señora Escobar de Herrera tiene 82
años, Sala estudiará de fondo dicho reparo.
Antes de proceder a estudiar la presunta vulneración de los derechos fundamentales
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invocados por la accionante, la Sala aclara que avocará el análisis de los defectos
procedimental y sustantivo en un mismo acápite, pues guardan idéntica carga
argumentativa.
En consecuencia, se procede al análisis de la posible vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y a la seguridad social, con ocasión de la
providencia dictada el 20 de octubre de 2022 por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, que resolvió confirmar la decisión del Tribunal
Administrativo de Risaralda que denegó las pretensiones del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.
La solicitante del amparo pretende en esta sede que se ordene a la Sección
Segunda, Subsección B, de esta corporación emitir una nueva providencia que tenga
por objeto conminar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP para que reconozca y
pague a la señora Luz Mariela Escobar de Herrera la sustitución de la pensión gracia
concedida en vida a su cónyuge.
Se fundamenta dicho reparo en la existencia de un defecto sustantivo y
procedimental, pues en su criterio la Sección Segunda, Subsección B, al determinar
que el acto de reconocimiento de la pensión gracia a favor del señor Gildardo de
Jesús Herrera Agudelo era ilegal, pasó por alto que la UGPP debió iniciar un
procedimiento administrativo con ese propósito conforme a las previsiones del
artículo 97 del CPACA, en virtud del cual debía determinar si procedía revocar el acto
de carácter particular o intentar la acción de lesividad contra el acto de
reconocimiento de la pensión gracia, y no decidir de manera directa sobre la
legalidad de la prestación reconocida al entonces docente pues la finalidad del medio
de control propuesto no era esa, razones por las cuales el ámbito de competencia
estaba limitado a verificar la concurrencia de las condiciones que permitían adquirir o
no la sustitución de la pensión gracia -de sobrevivientes en los términos del escrito
de tutela.
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Respecto de estas inconformidades resulta necesario precisar que la providencia
objeto de reparo la Sección Segunda, Subsección B, de esta corporación, de manera
previa a la resolución del problema jurídico del asunto planteado en la litis del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, hizo expresa mención a los
parámetros legales18 y jurisprudenciales19 aplicables, primero, a la pensión de
sobrevivientes en atención a la aplicación que de las normas generales se hace a la
pensión gracia y, luego, a los preceptos que regulan el régimen especial de esta
última y su vocación de sustitución.
De este modo, en primer lugar, verificó conforme a lo probado en el proceso si la
señora Luz Mariela Escobar de Herrera en calidad de cónyuge sobreviviente tenía
derecho a la sustitución de la pensión gracia pretendida en calidad de beneficiaria del
señor Gildardo de Jesús Herrera Agudelo quien, para el momento del fallecimiento,
según la UGPP no acreditó el cumplimiento de los requisitos dispuestos para causar la
prestación reclamada dado que parte de los tiempos laborados son de carácter
nacional, por lo que concluyó que fue adquirida de forma ilegal, sobre el particular
discurrió:
Observa la Sala que los mismos tiempos de carácter nacional fueron los que sirvieron
para reconocer la pensión gracia como la pensión de jubilación del señor Gildardo de
Jesús Herrera Agudelo, lo que está prohibido al desconocer los lineamientos del
artículo 128 de la Constitución Política que impide la doble asignación de recursos del
tesoro público.
En este orden de ideas, se advierte que a la luz de lo establecido en el inciso primero
del artículo 1.° de la Ley 91 de 1989, es improcedente acceder al reconocimiento de la
pensión gracia, teniendo en cuenta el carácter excepcional de esta prestación, en la
medida en que se hace indispensable que el causante acredite el cumplimiento de la
totalidad de los requisitos establecidos en la Ley 114 de 1913 y demás normas
concordantes; en especial, el referente a que haya prestado los servicios docentes en
planteles educativos del orden Departamental o Municipal, durante mínimo 20 años.
Ante el reconocimiento de las pensiones gracia como de su sustitución se expidió el
lineamiento No 122 Acta No 1172 del 07 y 08 de julio de 2016 por parte de la Unidad
de Gestión Pensional y Parafiscal UGPP en donde se resolvió que, en estos casos, se
deben verificar los requisitos para el reconocimiento de la pensión ya que la mayoría
de estas pensiones fueron concedidas de manera ilegal.
18 Pensión de sobrevivientes: artículo 46 de la Ley 100 de 1993, artículo 47 ibidem, modificado por el artículo 13
de la Ley 797 de 2003. Pensión gracia. artículos 1.º de la Ley 114 de 1913, 6.° de la Ley 116 de 1928, 3.° de la
Ley 37 de 1933, literal a) del numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de marzo de 2010, expediente radiado núm. 08001 23
31 000 2006 00004 01, Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997,
sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 2018. Corte Constitucional, sentencia T-101 de 2006
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A pesar de que el señor Gildardo de Jesús Herrera Agudelo (q.e.p.d), desde el día 12
de enero de 1992 fecha en que surtió efectos fiscales la pensión de gracia, percibió y
disfrutó de la misma sin ningún pronunciamiento de fondo sobre alguna irregularidad o
ilegalidad respecto del reconocimiento de dicha pensión, no es óbice para que cuando
la accionada se percató de la ilegalidad de este reconocimiento a través de la petición
de sobrevivientes al analizar nuevamente el caso, pueda negar el mismo con los
argumentos referidos, al sostener que los servicios prestados fueron de carácter
nacional, y por ende resolver negar el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes, por lo que su actuar corresponde a lo determinado en la ley.
Por lo expuesto la afirmación de la parte demandante relativa a que el pago constante
de la pensión gracia durante más de 22 años consolidó un derecho adquirido sobre tal
prestación, no resulta adecuada al caso sub judice, puesto que tal como se adujo
previamente, aquella figura jurídica no se configura por el paso del tiempo sino por la
legalidad de su origen y estructuración siempre y cuando ésta no sea rebatida en vía
judicial con un fallo ejecutoriado.
No comparte la Sala lo relacionado con que el actuar de la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL -UGPP va en contravía del principio constitucional de confianza legítima, el cual
otorga al administrado el poder de exigir una protección jurídica de sus expectativas
legítimas, cuando al tener razones objetivas para confiar en la estabilidad de la
situación jurídica preexistente, la alteración repentina de las mismas sin haber
proporcionado el tiempo y los mecanismos necesarios para su adaptación a la nueva
situación, desencadena una alteración grave de sus condiciones económicas y
patrimoniales, ya que las expectativas que se protegen son las legales y no las
provenientes del abuso del derecho.
En segundo lugar, la Sección Segunda, Subsección B, respecto del supuesto deber
de la UGPP de incoar un proceso administrativo, reparo alegado por la accionante,
hizo las siguientes consideraciones:
Frente a la obligación de la entidad accionada de demandar sus propios actos, donde
se pueden hacer los reproches necesarios, además de esta posibilidad se encuentra
en cabeza del organismo demandado una vez se solicita la reliquidación de la pensión
gracia así como la sustitución, realizar un nuevo estudio del cumplimiento de los
requisitos para la procedencia del derecho que se pretende reliquidar o sustituir, toda
vez que no se podría limitar al ente prestacional, cuando una vez observe la
irregularidad o ilegalidad en su emisión seguir permitiendo esta situación, siempre que
se trate de un acto arbitrario, opuesto a la Constitución y la [l]ey, obviamente los
motivos del estudio deben ser reales, objetivos y trascendentes.
La administración cuenta con la posibilidad de realizar un nuevo análisis respecto del
acto administrativo creador del derecho y cuando considere que el mismo es ilegal o
vulnere el ordenamiento jurídico, puede negar la reliquidación o sustitución deprecada,
para poner fin a una situación que considera irregular y en consecuencia, hacer cesar
sus efectos.
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Debido a las infinitas inconsistencias en el reconocimiento de pensiones y con el
propósito de fortalecer el principio de moralidad que debe preceder la actividad de
dicho reconocimiento, así como para afrontar el tema de la corrupción que tanto
perjudica las finanzas públicas, considerando que el pago de las pensiones se nutre de
los recursos del erario, ya de por sí limitados, y que imponen un examen exigente y
riguroso frente a los montos que se autorizan, pues un exceso en tales sumas, que no
correspondan con lo dispuesto legalmente, y afecta la liquidez y solvencia del sistema,
es obligación de los organismos pensionales cuando se conceden derechos sin el lleno
de los requisitos, negar la concesión de una pensión de sobrevivientes que fue
otorgada a su titular con desconocimiento la ley.
Dichas posturas se acompasan con lo señalado por la Corte Constitucional en
sentencia SU-182 de 2019, respecto de la revocatoria directa del acto administrativo
de reconocimiento de la pensión, al efecto sostuvo:
Desde la Sentencia C-835 de 2003, la jurisprudencia constitucional ha reconocido
inequívocamente la revocatoria unilateral frente a pensiones irregulares. Posición que
también es compartida por el Consejo de Estado. En la actualidad, no se discute que
una pensión obtenida por medios ilegales o en abierto incumplimiento de los requisitos,
al punto de entrar en la órbita del derecho penal, pueda ser revocada sin el
consentimiento del interesado.
Desde esta perspectiva, esta Subsección considera razonable y ajustada a la
normatividad vigente la valoración de las pruebas aportadas al medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho efectuada por la Sección Segunda,
Subsección B, razón por la cual llega a la convicción de que la argumentación que
sustenta los defectos alegados no desvirtúa la presunción de legalidad del acto
administrativo que negó la sustitución de la pensión gracia.
Por todo lo anterior, esta Sala de Subsección considera que la providencia
controvertida, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
está suficientemente argumentada en cuanto a lo demandado por la señora Luz
Mariela Escobar de Herrera, sin que, de otra parte, se hubiera acreditado un
desconocimiento de los derechos fundamentales invocados, lo que descarta la
vulneración alegada.
Conviene reiterar que la interpretación jurídica y las consideraciones hechas por el
juez natural deben ser respetadas por el juez de tutela, a quien no le es dable
desconocer las decisiones por él adoptadas dentro del ámbito de sus competencias,
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salvo que resulte palmaria la vulneración de derechos fundamentales, lo que en el
presente caso no se halló probado.
De otra parte, respecto de la presunta violación directa de la Constitución -en la
que habría incurrido la providencia enjuiciada-, la jurisprudencia constitucional ha
explicado que se configura cuando un juez ordinario adopta una decisión que
desconoce la carta ya sea porque i) deja de aplicar una disposición ius fundamental a
un caso concreto; o ii) aplica la ley al margen de los dictados de la carta.
Conforme a lo expuesto en líneas precedentes, se precisa que la Sección Segunda,
Subsección B de esta corporación no desconoció ningún precepto constitucional, ni
realizó una interpretación de la normatividad contraria a la Constitución, como
tampoco dejó de aplicar una disposición legal desconociendo el precedente
constitucional; por el contrario, atendió el deber que le asiste a todas las autoridades
judiciales de velar por el cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4.° de
la Constitución.
3. Conclusión
La Sala concluye que la providencia del 20 de octubre de 2022 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, no vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y a la seguridad social, al confirmar el fallo del
Tribunal Administrativo de Risaralda que negó las pretensiones del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado 66001 23 33 000
2018 00073 01.
En mérito de lo anterior, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Revocar la providencia proferida 24 de marzo de 2023, por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante el cual se declaró la
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improcedencia de la acción de tutela, para en su lugar, denegar el amparo de los
derechos fundamentales invocados por la señora Luz Mariela Escobar de Herrera,
conforme a la parte considerativa que antecede.
Segundo: Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente En comisión
CRG
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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