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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00686-00

Fecha
16 de marzo de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00686-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción constitucional de la referencia, por las razones expuestas en este proveído. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En el evento de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00686-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

16 de marzo de 2023

Demandante: Municipio de los Patios
Demandado: Centro de Conciliación, Arbitraje
y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Cúcuta
Rad: 11001-03-15-000-2023-00686-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00686-00
Demandante: MUNICIPIO DE LOS PATIOS
Demandado: CENTRO DE CONCILIACIÓN, ARBITRAJE Y AMIGABLE
COMPOSICIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE
CÚCUTA

Temas: Tutela contra trámite arbitral

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la acción de tutela interpuesta por el municipio de Los Patios – Norte de
Santander contra el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la
Cámara de Comercio de Cúcuta - Norte de Santander y el tribunal arbitral conformado por
los árbitros Aleida Patricia Lasprilla Díaz, Carlos Alberto Quintero Torrado y Carlos David
Santos Gutiérrez.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de demanda

1. Con escrito remitido al Consejo de Estado el 9 de febrero de 2023 y repartido a
este despacho el viernes 10 del mismo mes y año, el municipio de Los Patios (Norte de
Santander), actuando a través de apoderado judicial, ejerció acción de tutela contra el
Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de
Cúcuta (Norte de Santander) y el tribunal de arbitraje conformado por Aleida Patricia
Lasprilla Díaz, Carlos Alberto Quintero Torrado y Carlos David Santos Gutiérrez, con el
fin de que le sean amparados sus “derechos fundamentales al debido proceso, derecho
de defensa y acceso a la administración de justicia.”

2. El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de los siguientes autos:

• Número 02 del 19 de octubre de 2022 por medio del cual se admitió la demanda
arbitral y se ordenó correr traslado de la misma al municipio de Los Patios.

1

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Demandante: Municipio de los Patios
Demandado: Centro de Conciliación, Arbitraje
y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Cúcuta
Rad: 11001-03-15-000-2023-00686-00

• Número 03 del 19 de octubre de 2022 por medio del cual se accedió a la medida
cautelar propuesta por Energizett S.A. E.S.P, y se le ordenó constituir una póliza
judicial por el 20% de 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes -smlmv-.
• Número 04 del 24 de octubre de 2022, mediante el cual se aceptó la póliza
presentada por Energizett S.A. E.S.P. y se ordenó “al Municipio de Los Patios o a
quien corresponda la SUSPENSION de cualquier trámite y/o proceso administrativo o
sancionatorio en referencia a[l] contrato de concesión No. 001 de 31 de agosto de 2007
celebrado con el Municipio de Los Patios (Norte de Santander) y la demandante
ENERGIZETT S.A. E.S.P., de conformidad a lo expuesto en la parte motiva.”
• Número 07 del 19 de diciembre de 2022 mediante el cual se decidió no revocar el
Auto número 02 del 19 de octubre de 2022.
• Número 08 del 10 de enero de 2023, por medio del cual se negaron los recursos
de reposición presentados contra los autos Nos. 4 y 5 del 24 de octubre de 2022
que decretaron una medida cautelar, al interior del trámite arbitral No.
202220013948.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

“PRIMERA. TUTELAR EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO vulnerado por el
Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de
Comercio de Cúcuta, Norte de Santander y el Tribunal Arbitral conformado por los
árbitros Aleida Patricia Lasprilla Diaz, Carlos Alberto Quintero Torrado Y Carlos
David Santos Gutiérrez, al no adecuar la actuación procesal a pesar de falta de
vinculación del MUNICIPIO DE LOS PATIOS durante la etapa pre-arbitral.

SEGUNDA. DEJAR SIN EFECTOS el auto del diecinueve (19) de diciembre de
2022 por medio del cual el Tribunal Arbitral decidió no revocar en ninguna de sus
partes el auto No.002 de fecha 19 de octubre del 2022, emitido por este despacho.

TERCERA. DEJAR SIN EFECTOS el auto del veinticuatro (24) de octubre de 2022
por medio del cual el Tribunal Arbitral decidió ordenar “al Municipio de Los Patios
o a quien corresponda la SUSPENSION de cualquier trámite y/o proceso
administrativo o sancionatorio en referencia a contrato de concesión No. 001 de 31
de agosto de 2007 celebrado con el Municipio de Los Patios (Norte de Santander)
y la demandante ENERGIZETT S.A. E.S.P., de conformidad a lo expuesto en la
parte motiva.”

CUARTA. ORDENAR ANULAR TODAS LAS ACTUACIONES desplegadas
dentro del trámite arbitral iniciado por ENERGIZETT S.A. E.S.P. en contra del
MUNICIPIO DE LOS PATIOS con el número de expediente No. 202220013948,
desde la fecha en que se citó a reunión para designación de árbitros.

QUINTA. ORDENAR DISOLVER EL TRIBUNAL ARBITRAL conformado por los
árbitros Aleida Patricia Lasprilla Díaz, Carlos Alberto Quintero Torrado Y Carlos
David Santos Gutiérrez desplegadas dentro del trámite arbitral iniciado por
ENERGIZETT S.A. E.S.P. en contra del MUNICIPIO DE LOS PATIOS con el

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número de expediente No. 202220013948 por los vicios en la conformación del
Tribunal Arbitral.”1

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los cuales
son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. Energizett S.A. E.S.P. presentó ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la
Cámara de Comercio de Cúcuta una solicitud, en los términos indicados en la cláusula
compromisoria establecida en el contrato de concesión No. 001 del 31 de agosto de 2007
celebrado con el municipio de Los Patios (Norte de Santander).

5. Como medidas cautelares, de conformidad con el artículo 32 de la Ley 1563 de
2012 y la Ley 1437 de 2011 solicitó:

• Que se ordene por el Tribunal la suspensión inmediata del procedimiento
administrativo para la terminación unilateral del Contrato de Concesión No. 001 de
2007 iniciado por el municipio de Los Patios a través de la Resolución 210 de 2022.
• Que se ordene al municipio de Los Patios que, a partir de la admisión de la
demanda, se abstenga de iniciar procesos administrativos o sancionatorios por
cuestiones que se ventilan ante el Tribunal de Arbitramento, esto es, la existencia
y validez del Contrato de Concesión No. 001 de 2010.

6. El 5 de octubre de 2022 el Centro de Arbitraje y Amigable Conciliación de la
Cámara de Comercio de Cúcuta realizó el sorteo de los árbitros. En consecuencia, se
designó como principales a los señores Carlos Alberto Quintero Torrado, Carlos David
Santos Gutiérrez y Aleida Patricia Lasprilla Díaz, quienes aceptaron el 7 del mismo mes
y año.

7. El 11 de octubre de 2022, la mencionada entidad notificó a la alcaldía municipal de
Los Patios de la realización de la audiencia de instalación del tribunal de arbitramento, al
cual le correspondió el radicado No. 2022120013948. Aquella se llevaría a cabo el 18 de
octubre de 2022 a las 4:30 pm.

8. En el acta No. 001 del 18 de octubre de 2022 de la instalación del tribunal de
arbitramento se dejó constancia que la parte demandada, esto es, el municipio de Los
Patios, no se presentó.

9. En Auto No. 001 del 18 de octubre de 2022, el se resolvió, entre otras cosas, (i)
declarar instalado el tribunal arbitral constituido para dirimir las controversias de carácter
patrimonial entre Energizett S.A. E.S.P. y el municipio de Los Patios, en virtud del contrato
de concesión No. 001 de 2007; (ii) se nombró como presidente a la señora Aleida Patricia
Lasprilla Díaz; (iii) se designó como secretario al señor Jeisson Alirio Cárdenas Orduz;
(iv) se fijó como lugar y funcionamiento el Centro de Arbitraje y Amigable Conciliación de

1 La transcripción es fiel al original.

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la Cámara de Comercio de Cúcuta; y (v) la notificación a las partes a los correos
electrónicos correspondientes.

10. El 18 de octubre de 2022 Energizett S.A. E.S.P radicó memorial dando alcance a
la solicitud de medidas cautelares.

11. En Auto No. 002 del 19 de octubre de 2022 el tribunal arbitral admitió la demanda,
ordenó la notificación al municipio de Los Patios, al Ministerio Público y corrió traslado por
el término de 20 días.

12. En Auto No. 003 del 19 de octubre de 2022, la autoridad arbitral ordenó a la parte
convocante constituir una póliza judicial por el 20% de 400 salarios mínimos legales
mensuales vigentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 1563
de 2012.

13. Mediante providencia No. 004 del 24 de octubre de 2022 se ordenó al Municipio de
Los Patios la suspensión de cualquier trámite y/o proceso administrativo sancionatorio en
referencia al contrato de concesión No. 001 del 31 de agosto de 2007. Como sustento de
la decisión, expuso:

“De conformidad al informe secretarial presentado y que antecede a la presente, es
menester por parte de este panel arbitral entrar a resolver la solicitud incoada por el
apoderado judicial de la demandante, junto con el oficio de alcance a la misma; presentada
el pasado 21 de octubre del hogaño.

No obstante, a lo anterior, y cumpliendo con los presupuestos regentes para la obtención
de la medida cautelar en procesos declarativos y el alcance a lo mencionado en el art. 590
del C.G.P., direccionada a “la protección del objeto del litigio, impedir su infracción o evitar
las consecuencias derivadas del mismo, prevenir daños, hacer cesar los que se hubiesen
causado o asegurar la efectividad de la pretensión…”. Siendo así, y verificados los
elementos señalados para tal fin tales como: i) La legitimación de la parte, ii) la existencia
de la amenaza o vulneración del derecho, iii) la apariencia de buen derecho, y iv) la
necesidad de la medida cautelar; a la necesidad de no vulneración; la presente terna
arbitral.”

14. El municipio de Los Patios presentó recurso de reposición contra el Auto No. 002
del 19 de octubre de 2022, por medio del cual se admitió la demanda arbitral. Igualmente,
solicitó la nulidad de las actuaciones adelantadas en el expediente. En dicho recurso,
afirmó haber sido notificado de la decisión recurrida, el 20 de octubre de 2022.

15. En Auto No. 005 del 25 de octubre de 2022, el tribunal arbitral corrió traslado del
recurso antes mencionado.

16. Con posterioridad, el ente territorial accionado presentó recurso de reposición
contra el auto No. 004 del 24 de octubre de 2022, el cual aseguró habérsele notificado el
26 del mismo mes y año.

17. En Auto No. 007 del 19 de diciembre de 2022, el tribunal arbitral decidió no revocar
la providencia No. 002 del 19 de octubre de 2022 y correr traslado de la demanda de
conformidad con el artículo 21 de la Ley 1563 de 2012.

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18. Mediante providencia No. 008 del 10 de enero de 2023, se negó el recurso de
reposición contra los autos No. 004 y 005 del 24 de octubre de 2022.

19. El ente territorial accionado, contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de
las pretensiones. Mediante Auto No. 11 del 25 de enero de 2023, se corrió traslado de la
misma.

20. La audiencia de conciliación de que trata el artículo 24 de la Ley 1563 de 2012 se
llevó a cabo parcialmente el 17 de febrero de 2023, debido a que fue suspendida.

1.3. Fundamentos de la solicitud

21. La parte actora consideró que la acción de tutela de la referencia cumple con los
requisitos de procedibilidad adjetiva, por los siguientes motivos.

22. En relación con el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de
Cúcuta, indicó que, de conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional en la
sentencia T-783 de 2012, el mecanismo constitucional de amparo es procedente para
cuestionar la vulneración de derechos fundamentales por parte de entidades privadas que
prestan un servicio público.

23. Así las cosas, puso de presente que, en atención a que el referido centro tiene
como función facilitar la convocatoria de un tribunal arbitral, dicha actuación debe ser
revisada por el juez constitucional, si con la misma se vulneran derechos fundamentales.

24. Al respecto, citó la sentencia de la Corte Constitucional SU-600 de 1999, en la cual
se expuso:

“No es posible negar la importancia jurídica y procesal de la etapa pre-arbitral, dado que, si
bien en ella no se decide la controversia, si se hace patente el ejercicio de una función
pública que debe cumplirse conforme a un procedimiento legal vinculante tanto para el
Centro como para las personas convocadas. Pese a que en esta etapa no se decide la
controversia, la garantía del debido proceso y el derecho de defensa pueden resultar
comprometidos cuando se violan los preceptos legales que la gobiernan. La vigencia de
estos derechos fundamentales es independiente de la caracterización de esta etapa como
jurisdiccional o de que semejante atributo se atribuya o niegue al director del Centro de
Arbitraje.”2

25. En relación con dicha providencia, adujo que resultaban aplicables sus
consideraciones frente a las funciones administrativas que aún conservan los Centros de
Arbitraje y Conciliación, las cuales tienen una relación estrecha con el funcionamiento del
tribunal arbitral y concluyó que, “excepcionalmente también procede la acción de tutela
respecto de tales actuaciones, por precisamente ser susceptibles de conllevar a la vulneración de
un derecho fundamental, cuando se cumpla con los medios judiciales no resulten idóneos o se
evidencie el acaecimiento de un perjuicio irremediable.”

26. Por otra parte, manifestó que, si bien el tribunal arbitral define su propia
competencia en la primera audiencia de trámite, lo cierto es que debe decidir sobre los

2 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-600 del 18.08.1999. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

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vicios que se presenten en la etapa pre arbitral3, lo cual se relaciona con el deber del juez
contenido en el artículo 42 del Código General del Proceso, en concordancia con el control
de legalidad que se encuentra a cargo del fallador al terminar cada etapa del proceso, de
conformidad con lo señalado en el artículo 131 ejusdem. En este punto afirmó que “si el
Tribunal Arbitral no resuelve, ni atiende la corrección de los vicios originados en la etapa
prearbitral, será procedente la acción de tutela para proteger al accionante a quien se le han
violentado sus derechos fundamentales por tornarse los medios judiciales en insuficientes para
lograr la protección constitucional.”

1.3.1. Vulneración del derecho al debido proceso por las actuaciones del Centro de
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cúcuta

27. Consideró que el centro accionado actuó gravemente por fuera del procedimiento
establecido para la conformación del tribunal arbitral, ya que designó los árbitros sin que
la cláusula compromisoria le hubiere delegado esta función. Para sustentar su argumento,
citó la sentencia de la Corte Constitucional C-1038 de 2002.

28. A juicio del tutelante, las partes que suscribieron la cláusula compromisoria, no le
otorgaron la facultad de elegir a los árbitros al centro accionado y, aquello tampoco se
desprende de la escogencia que hicieron en relación a la aplicación del reglamento de
dicha entidad.

29. Igualmente, citó los artículos 14 y 58 de la Ley 1563 de 2012 e indicó que existe
una imposibilidad legal de que en los arbitrajes en los que hace parte una entidad del
Estado, la controversia se someta a las reglas del respectivo centro, por lo que “se debía
remitir, a solicitud de cualquiera de las partes, el asunto para que el Juez Civil del Circuito,
procediera a designar de plano por medio de un sorteo de la lista de árbitros del centro en donde
se hubiera radicado la demanda, los árbitros de la controversia.”

30. Afirmó que no se llevó a cabo la audiencia de designación de los árbitros, lo que
conlleva a concluir que su designación fue irregular.

31. Puso de presente que, por lo anterior, interpuso recurso de reposición contra el
auto admisorio, el cual fue resuelto por el tribunal arbitral, en el sentido de indicar que
“fueron las partes, a través del pacto arbitral o clausula compromisoria en delegar a la Cámara de
Comercio de Cúcuta, la designación o conformación del panel arbitral.”

32. Consideró que no se debió aplicar el Decreto 1818 -sin indicar el año-, sino el
artículo 133 del reglamento del centro.

33. Adujo que no resultaba idóneo esperar a que se realizara la primera audiencia de
trámite, ya que su celebración no ocurre de manera inmediata, por lo que tendría que
esperar a que se surta todo el trámite correspondiente, lo cual puede llevar mas de 1 año,
requiere un desgaste por parte del municipio y compromete sus recursos públicos, por
cuanto la fijación y pago de los honorarios ocurre con anterioridad a dicha audiencia y, en
todo caso, la medida cautelar continuaría vigente.

3 Al respecto citó la sentencia de la Corte Constitucional T-783 de 2013, así como la decisión del Tribunal Arbitral de

Cursor Construcciones Ltda, en liquidación contra Gas Natural S. A. Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de
Bogotá, árbitros Ramiro Bejarano Guzmán, presidente, Hernán Fabio López y Felipe Navia Arroyo.
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34. Por otro lado, alegó una falta de notificación de las actuaciones adelantadas por
parte del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cúcuta previas
al auto admisorio de la demanda arbitral.

35. Lo anterior por cuanto las notificaciones se efectuaron a los correos electrónicos
errados: notificacionjudidial@lospatios-nortedesantander.gov.co y al buzón
alclospatios@nortedesantander.gov.co. El primero de los buzones a los cuales está
dirigida la comunicación no corresponde con el buzón de notificaciones judiciales, en
cuanto contiene un error de digitación, dado que la cuenta de notificaciones de la entidad
es notificacionjudicial@lospatios-nortedesantander.gov.co, es decir con una d en lugar de
c, en su digitación. El segundo de los correos de notificaciones judiciales
alclospatios@nortedesantander.gov.co relacionado en la comunicación no corresponde
con la dirección de notificaciones judiciales de la entidad, ni tampoco a una dirección que
conozca el municipio o de la que haga uso.

36. Aquello tuvo como consecuencia la imposibilidad de pronunciarse dentro del
proceso en los términos del artículo 15 de la Ley 1563 de 2012. Al respecto, indicó que el
tribunal se limitó a concluir que tal afirmación constituía una ofensa a la carrera profesional
de los árbitros.

37. Insistió en que se presentó una indebida realización del sorteo para la designación
de los árbitros, ya que no se llevó a cabo entre los profesionales de la especialidad de la
controversia.

38. Puso de presente que la acción de tutela es procedente para controvertir las
actuaciones realizadas por el tribunal arbitral, ya que se cumplen en el caso concreto
con los presupuestos de procedibilidad.

39. En efecto, adujo haber agotado todos los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios con los que contaba “toda vez que los vicios que acá se aducen han sido
presentados al Tribunal Arbitral mediante el recurso de reposición en contra del Auto No. 02 por
medio del cual se dispuso admitir la demanda y este simplemente ha omitido pronunciarse,
alegando que tales circunstancias están por fuera de su resorte, o que solamente pueden ser
resueltas en la Primera Audiencia de Trámite”

40. Para la parte actora, el tribunal incurrió en un defecto procedimental y no motivó
debidamente sus decisiones, yerros que fueron advertidos en los recursos de reposición
presentados en el trámite arbitral.

41. En concreto indicó:

“El Tribunal Arbitral omitió corregir las irregularidades cometidas durante la etapa prearbitral.
Frente a la indebida notificación de la Audiencia de Instalación, el Tribunal resolvió que
carecía de competencia para conocer sobre las actuaciones del Centro de Conciliación,
arbitraje y amigable composición de la Ciudad de Cúcuta al no ser “actuaciones judiciales”
y no haber sido investido de la competencia provisional prevista en la audiencia de
instalación. La anterior decisión desconoce la jurisprudencia de la Corte Constitucional
referenciada, y conlleva a un error de procedimiento al seguir un trámite ajeno al que se ha
previsto, omitiendo el deber del control de legalidad que debe hacer de las actuaciones
adelantadas, acorde con el artículo 42 y 131 del CGP y que resulta aplicable en materia
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arbitral. Frente a la omisión en la oportunidad para pronunciarse sobre el deber de
información de los árbitros, el Tribunal simplemente se limitó a afirmar que el Tribunal
contaba con todas las cualidades para fallar el asunto, considerando una ofensa, la
argumentación del apoderado y advirtiendo que es este quien debe informarse de la hoja
de vida de los árbitros.” (sic a lo transcrito)

42. Por otro lado, alegó la configuración de un defecto fáctico al valorar la cláusula
compromisoria desconociendo las reglas de la sana crítica y de la lógica.

43. Así mismo, argumentó la existencia de un defecto sustantivo por la indebida
aplicación del artículo 14 de la Ley 1563 de 2012 en el cual se establece la forma en que
debe ser integrado el tribunal y la manera en que pueden ser designados los árbitros.
Igualmente, por la inobservancia del artículo 32 del mismo estatuto y del 229 de la Ley
1437 de 2011 en relación con el decreto de la medida cautelar.

44. Afirmó que se está ante un perjuicio inminente, puesto que el Tribunal Arbitral ha
decretado mediante los Autos No. 3 y 4 una medida cautelar, consistente en: “ORDÉNESE
al Municipio de Los Patios o a quien corresponda la SUSPENSIÓN de cualquier trámite y/o
proceso administrativo o sancionatorio en referencia a contrato de concesión No. 001 de 31 de
agosto de 2007 celebrado con el Municipio de Los Patios (Norte de Santander) y la demandante
ENERGIZETT S.A. E.S.P., de conformidad a lo expuesto en la parte motiva.” sin que hubiera
justificación alguna tampoco en esta nueva providencia. Por lo anterior, manifestó que hay
urgencia en la necesidad de adoptar medidas de protección.

1.4. Trámite de la acción de tutela

45. Mediante auto del 20 de febrero de 2023, se admitió la acción de tutela y se dispuso
su notificación a la parte actora, así como al Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable
Composición de la Cámara de Comercio de Cúcuta - Norte de Santander y el tribunal
arbitral conformado por los árbitros Aleida Patricia Lasprilla Díaz, Carlos Alberto Quintero
Torrado y Carlos David Santos Gutiérrez.

46. Así mismo, se vinculó en calidad de terceros con interés jurídico a Energizett S.A.
E.S.P., y a los posibles sujetos procesales e intervinientes del trámite arbitral identificado
con el número 2022200139484.

1.5. Intervenciones

47. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en la copia digital del expediente, se presentaron las siguientes contestaciones:

1.5.1. Centro de Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de
Cúcuta

48. El secretario de la Cámara de Comercio mencionada se opuso a la prosperidad de
las pretensiones de la acción de tutela. Al respecto indicó que el centro de conciliación se
ciñó a lo establecido en la Ley 1563 de 2012, a los Decretos 1069 de 2015 y 1885 de

4 Una vez revisado el expediente del proceso de arbitraje, se advirtió que no había más sujetos.

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2021 y al reglamento del mismo centro el cual fue aprobado por el Ministerio de Justicia y
del Derecho.

49. Manifestó que las inconformidades planteadas por el tutelante, fueron objeto de
pronunciamiento por parte del tribunal arbitral, el cual es el juez natural de la causa, de
conformidad con la cláusula compromisoria establecida en el contrato No. 001 de 2007.

50. Consideró que el asunto no goza de relevancia constitucional ya que “las
consideraciones presentadas fueron decididas en dos ocasiones, una a través de los autos
desatados por el tribunal arbitral y el segundo a través de la dirección de medios alternativos de
solución de conflictos del Ministerio de Justicia y del Derecho.” Observó que los mismos
argumentos elevados en el trámite arbitral, fueron traídos en el escrito de tutela, por lo
que no acreditó el requisito de la relevancia constitucional.

51. En relación con el fondo del asunto, puso de presente que el centro aplicó el artículo
8 de la Ley 1563 de 2012 en atención a que (i) las partes delegaron en el centro la
designación de los árbitros; (ii) la escogencia de aquellos se realizó por sorteo; (iii) el
sorteo se llevó a cabo dentro de los 5 días siguientes a la petición de las partes; y (iv) con
la lista del centro.

52. Adujo que en virtud del principio competencia-competencia, quien debe definir si
se cumplieron los requisitos para convocar el tribunal, es la misma autoridad arbitral.

53. Puso de presente que la parte actora contaba con el recurso de reposición contra
el auto por medio del cual los árbitros asumieron competencia, por lo que el derecho al
debido proceso no había sido vulnerado.

54. Señalo las sentencias C-1038 de 2002 y SU-174 de 2007 de la Corte
Constitucional, en las cuales se indicó que la función de administrar justicia recaía en el
tribunal de arbitramento y no en el centro, motivo por el cual, no tiene competencia para
decidir la controversia arbitral.

1.5.2. Energizett S.A. E.S.P.

55. Puso de presente que la acción de tutela de la referencia no cumple con los
requisitos de procedibilidad adjetiva. En relación con la subsidiariedad, indicó que las
inconformidades que se elevan en el escrito de demanda constitucional, se deben plantear
en la primera audiencia de trámite de que trata el artículo 30 de la Ley 1563 de 2012 y en
el recurso extraordinario de anulación que procede contra los laudos arbitrales por
causales que coinciden con los argumentos de la tutela.

56. Expuso que, en la primera audiencia de trámite, que desarrolla el mencionado
artículo 30, el tribunal deberá decidir si se declara competente para conocer el fondo del
asunto y, en esa ocasión, se deberán analizar las cuestiones procesales previas como (i)
las notificaciones surtidas al interior del proceso, (ii) la integración del tribunal de
arbitramento.

57. Afirmó que, si el municipio de Los Patios no está de acuerdo con lo allí decidido,
deberá interponer recurso de reposición contra esa decisión, ya que ese es el escenario

9

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pertinente y adecuado para tal discusión y concluyó que dicho medio de impugnación es
tan relevante, que es requisito de procedibilidad para la presentación del recurso
extraordinario de anulación.

58. En efecto, los numerales 3 y 4 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 establecen
como causal del recurso de anulación, el “no haberse constituido el tribunal en forma legal”
y “estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación, o falta de
notificación o emplazamiento, siempre que no se hubiere saneado la nulidad.”

59. Adicionalmente, alegó que no se cumple con el requisito de la relevancia
constitucional, en la medida en que la parte actora reitera los mismos fundamentos de
derecho que ya fueron objeto de pronunciamiento por parte del tribunal arbitral.

60. Para exponer lo anterior, realizó el siguiente cuadro comparativo:

ARGUMENTOS DEL MUNICIPIO EN EL ARGUMENTOS DEL MUNICIPIO EN LA
RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA EL ACCIÓN DE TUTELA
AUTO ADMISORIO
“Indebida notificación de las actuaciones “indebida notificación al MUNICIPIO DE LOS
adelantadas hasta la fecha” PATIOS de las actuaciones prearbitrales
adelantadas por el Centro de Conciliación,
Arbitraje y Amigable Composición de la
Cámara de Comercio de Cúcuta”
“Indebida conformación del Tribunal Arbitral “Indebida designación de los árbitros por parte
por desconocer las reglas dispuestas en la Ley del CCAA”
1563 de 2012”
“Indebida designación del secretario por parte
del Tribunal Arbitral”
“La no puesta en conocimiento de las partes “Indebido enteramiento al MUNICIPIO DE LOS
del deber de información de los árbitros ÁRBITROS (sic) del deber de información por
oportunamente” parte de los árbitros y omisión de la
oportunidad de las partes de pronunciarse
sobre el deber de información”
“Inexistencia de prueba sobre el pacto arbitral
en la demanda”

61. De lo anterior, concluyó:

“Con lo expuesto y con esa simple comparación, salta a la vista que el Accionante trae a
colación exactamente los mismos argumentos – con algunos cambios formales- que planteó
en el recurso de reposición que ya fue resuelto por el Tribunal de Arbitramento, solo que
ahora los desarrolla bajo el rotulo de “vías de hecho”. El Municipio tutelante no plantea
ningún punto adicional y, más grave aún, ni siquiera hace alusión al Auto No 7 de 19 de
diciembre de 2022 en el que se resolvió de manera definitiva su reposición – que versaba
sobre los mismo hechos- y en el que se expusieron fehacientemente las razones para su
rechazo. Por ende, es claro que el escrito de tutela no plantea una controversia
constitucional ni una afectación a derechos fundamentales, simple y llanamente hace una
transliteración del recurso de reposición ya resuelto, buscando que el Juez Constitucional
reabra la controversia y fije un sentido contrario al decidido por el Tribunal de Arbitramento,
como si se tratara de un mecanismo ordinario de impugnación. Lo cierto es que los árbitros
en su función jurisdiccional gozan de autonomía y las simples desavenencias no pueden
ventilarse por vía de tutela. Por ende, la repetición de argumentos tendientes a configurar
una violación al debido proceso es inviable para procurar una protección constitucional y
más cuando el Tribunal acreditó fehacientemente los criterios por los cuales no aceptaba
los argumentos del hoy tutelante. Más concretamente, el escrito de tutela no controvierte ni
refuta lo dicho en el Auto No. 7 donde el Tribunal explicó con lujo de detalles todo el proceso
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de notificación que se surtió y la forma de designación de los árbitros, a la luz de la correcta
interpretación del pacto arbitral. Así mismo, el Tribunal en el Acta 8 explicó las razones que
llevaron a confirmar la medida cautelar, aspectos sobre, los que nuevamente, no hay ningún
reproche específico.”

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

62. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el
municipio de Los Patios (Norte de Santander) contra el Centro de Conciliación, Arbitraje
y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Cúcuta (Norte de Santander) y el
tribunal arbitral conformado por los árbitros Aleida Patricia Lasprilla Díaz, Carlos Alberto
Quintero Torrado y Carlos David Santos Gutiérrez, de conformidad con lo establecido en
el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en
el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

63. Corresponde a la Sala resolver los siguientes problemas jurídicos que subyacen al
caso concretos:

● ¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de
tutela contra providencia judicial?

64. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala resolver lo siguiente:

• ¿El el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de
Comercio de Cúcuta (Norte de Santander) y el tribunal arbitral conformado por los
árbitros Aleida Patricia Lasprilla Díaz, Carlos Alberto Quintero Torrado y Carlos
David Santos Gutiérrez vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso,
derecho de defensa y acceso a la administración de justicia de la parte actora, por
presuntamente incurrir en los defectos procedimental, fáctico y sustantivo en el
trámite arbitral No. 202220013948?

65. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) Justicia arbitral - tutela contra autos interlocutorios dictados por
tribunales de arbitramento – precedentes de la Corte Constitucional y Consejo de Estado
sobre la materia; (iii) Reglas adicionales de procedencia en materia arbitral (iv) Sobre la
rigurosidad en el estudio de la subsidiariedad; (v) el estudio de los requisitos de
procedibilidad adjetiva; y (iv) el análisis del caso concreto.

2.3. Razones jurídicas de la decisión

2.3.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

66. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 5
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela

5 Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania

Álvarez Bello. C.P.: María Elizabeth García González.
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contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena
habían adoptado posturas diversas sobre el tema6 y declaró su procedencia.7

67. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia constitucional;
ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y vi) subsidiariedad, es decir,
agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean
idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que,
de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la
improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

68. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de
los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o
negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

69. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones
o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices
se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.3.2. Justicia arbitral – Precedentes de la Corte Constitucional8 y Consejo de
Estado9 sobre la materia

70. El artículo 116 de la Constitución Política10 permite que los particulares sean
investidos transitoriamente de la función pública de administrar justicia, en condición de
árbitros habilitados para proferir fallos en derecho o en equidad si las partes así lo deciden,
siempre y cuando se trate de conflictos que involucren derechos transigibles11.

71. El arbitramento lo ha definido la Corte Constitucional (sentencia T-466 de 2011)
como un mecanismo de resolución de diferencias de carácter privado originado a través
de un acuerdo entre dos o más personas, en el que se comprometen a llevar las
controversias suscitadas de naturaleza transigible ante la decisión de los árbitros, las
cuales se asemeja a las sentencias judiciales, debido a que son “obligatorias, plenamente
ejecutables y hacen tránsito a cosa juzgada”.

6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
7 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
8 Corte Constitucional, Sentencias C-950 de 2005, T-466 de 2011, SU-500 de 2015, entre otras.
9 Sentencia Consejo de Estado de 27.07.2017, Rad. 11001-03-15-000-2016-02032-01, M.P. Stella Jeannette Carvajal

Basto.
10 ARTÍCULO 116. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior

de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran Justicia. También lo hace la
Justicia Penal Militar.
(…) Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de
jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en
derecho o en equidad, en los términos que determine la ley.
11 Sentencia del 27 de julio de 2017, expediente 11001-03-15-000-2016-02032-01.

12

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72. Así como ocurre con algunas decisiones dictadas por jueces de la República, las
determinaciones arbitrales también pueden vulnerar derechos fundamentales y, en
consecuencia, pueden ser cuestionadas por vía de tutela.

73. En lo que respecta a las providencias judiciales, la Corte Constitucional ha
establecido que la procedencia de la tutela contra decisiones arbitrales exige el
cumplimiento de los requisitos generales y específicos descritos en la sentencia C-590 de
200512.

74. Entendida la especialidad de la justicia arbitral, el estudio de esos requisitos resulta
ser más riguroso que el exigido para las providencias judiciales. Al respecto, la sentencia
SU-500 de 2015 dispuso:

“La equivalencia, empero, no opera de manera directa en cuanto a la verificación de
las causales de procedibilidad que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado
para el caso de las providencias judiciales, toda vez que el carácter especial de la
justicia arbitral implica que se deba hacer un examen de procedibilidad —tanto de los
requisitos generales como especiales— más estricto.

5.2. La razón para que, tratándose de acciones de tutela dirigidas contra laudos
arbitrales, se predique esa lectura particular y más restrictiva de los requisitos de
procedibilidad establecidos para la acción de tutela contra providencias judiciales,
reside, fundamentalmente, en la consideración de que se está en un escenario en el
cual se ha expresado la voluntad de los sujetos de apartarse de la jurisdicción ordinaria
y someterse a la decisión que adopte un tribunal de arbitramento. Ello, por cuanto “(…)
acudir a la justicia arbitral implica una derogación específica, excepcional y transitoria
de la administración de justicia estatal, derivada de la voluntad de las partes en un
conflicto transigible”.

75. La rigurosidad del estudio de procedibilidad genera, “de manera particular, la
necesidad de realizar una atenta valoración del requisito de procedibilidad general que tiene que
ver con la relevancia constitucional del asunto sometido al conocimiento del juez de tutela”, “para
determinar si la petición hace referencia a una violación directa de un derecho fundamental, y no
se orienta a plantear asuntos de fondo”13

76. En razón a ello, la autonomía de los árbitros en principio es la que opera cuando la
voluntad de las partes así lo ha determinado, de ahí que el juez de tutela está limitado
para pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido a arbitramento 14 , debido a que fue
la decisión de los sujetos de manera voluntaria que, decidieron que la controversia fuera
suscitada a través de la justicia arbitral.

77. Así las cosas, además de analizar los requisitos generales de procedibilidad, es
imperativo revisar que la decisión arbitral fue controvertida mediante los recursos que

12 a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. b. Que se hayan agotado todos los

medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez. d. Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como
los derechos vulnerados. f. Que no se trate de sentencias de tutela
13 Ibídem.
14 SU-174 de 2007. (…) 5.4. Síntesis: reglas aplicables a la acción de tutela contra laudos arbitrales.

Como se señaló en el aparte 3.4.3. precedente, las cinco providencias que se acaban de reseñar, en las cuales la Corte
decidió sobre acciones de tutela interpuestas contra laudos arbitrales, tienen como común denominador los siguientes
cuatro elementos, que en conjunto subrayan el carácter excepcional de la acción de tutela en estas oportunidades: (1)
un respeto por el margen de decisión autónoma de los árbitros, que no ha de ser invadido por el juez de tutela e impide
a éste pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido a arbitramento.
13

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admite el trámite arbitral, mediante el recurso extraordinario de anulación y,
eventualmente, mediante el recurso extraordinario de revisión 15.

78. En ese sentido, si se verifica que en efecto fueron agotados los recursos previstos
en la justicia arbitral y la decisión que se cuestiona en sede constitucional, no admite
recurso extraordinario de anulación —bien sea porque la naturaleza de la providencia o
porque las inconformidades de las partes no se enmarcan en ninguna de las causales
previstas en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012—, el juez de tutela debe dar por
cumplido el requisito de la subsidiariedad.

2.3.3. Reglas adicionales de procedencia en materia arbitral

79. En la Sentencia SU-174 de 2007 el Alto Tribunal determinó unas reglas adicionales
a las cuales debe sujetarse al juez constitucional a la hora de examinar la procedencia de
este tipo de acciones de tutela:

“(1) un respeto por el margen de decisión autónoma de los árbitros, que no ha de ser
invadido por el juez de tutela e impide a éste pronunciarse sobre el fondo del asunto
sometido a arbitramento;

(2) la procedencia excepcional de la acción de tutela exige que se haya configurado, en la
decisión que se ataca, una vulneración directa de derechos fundamentales;

(3) si bien es posible y procedente aplicar la doctrina de las vías de hecho a los laudos
arbitrales, dicha doctrina ha de aplicarse con respeto por los elementos propios de la
naturaleza del arbitraje, los cual implica que su procedencia se circunscribe a hipótesis de
vulneración directa de derechos fundamentales; y

(4) el carácter subsidiario de la acción de tutela se manifiesta con especial claridad en estos
casos, ya que sólo procede cuando se ha hecho uso de los recursos provistos por el
ordenamiento jurídico para controlar los laudos, y a pesar de ello persiste la vía mediante la
cual se configura la vulneración de un derecho fundamental. En materia de contratos
administrativos sobresale el recurso de anulación contra el laudo”.

80. Adicionalmente en la Sentencia SU-033 de 2018, la Corte identificó que el juez de
tutela debe realizar una especial valoración del requisito de relevancia constitucional;
incluido un estudio más atento del requisito de subsidiariedad; y condiciona la aplicación
de los requisitos específicos de procedibilidad.

2.3.4. Sobre la rigurosidad en el estudio de la subsidiariedad

81. En desarrollo de la regla en el numeral 4 de la Sentencia SU-174 de 2007, la Corte
Constitucional ha reconocido que “el recurso extraordinario de anulación es el medio
idóneo para que el juez verifique la adecuación del laudo a los parámetros
constitucionales respecto a las causales que están enfocadas en la valoración del derecho
al debido proceso por posibles errores in procedendo”16 y, en esa medida, la regla general
para estimar cumplido el requisito de subsidiariedad implica agotar el recurso de
anulación.

15 ARTÍCULO 45. RECURSO DE REVISIÓN. Tanto el laudo como la sentencia que resuelva sobre su anulación, son

susceptibles del recurso extraordinario de revisión por las causales y mediante el trámite señalado en el Código de
Procedimiento Civil.
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.

14

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82. Esa regla, tiene una excepción porque el legislador restringió el recurso de
anulación a unas causales taxativas y “por ello, es posible que en el trámite arbitral se
presenten afectaciones a derechos fundamentales que no estén comprendidas en tales causales
y, en consecuencia, no puedan ser controvertidas por vía del referido recurso de anulación”17. En
tales eventos, “obligar al agotamiento del recurso de anulación (…) significaría un artificio
innecesario cuando no se está en presencia de alguna de las causales o se pretendiera
forzadamente acomodar la verdadera razón de la afectación del derecho fundamental en una de
las causales de anulación”18.

83. En el Auto 051 de 2012, la Corte Constitucional precisó que la idoneidad de este
último recurso debe analizarse en cada caso concreto y que, de no encontrarse probada,
debe admitirse la interposición de la acción de tutela contra un laudo arbitral sin que se
haya agotado el recurso de anulación19.

84. En estos eventos, la tutela implica “un primer acercamiento al laudo arbitral, por lo
que la valoración sobre la eventual vulneración de derechos fundamentales habrá de ser
más estricta”20 y, por tanto, el juez deberá ser más exigente frente al cumplimiento del
requisito de relevancia constitucional.

2.4. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Relevancia constitucional

85. Para el caso concreto, la Sala anticipa que declarará la improcedencia del amparo
solicitado, por no superarse el requisito de relevancia constitucional, por cuanto no se
cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de
202221.

2.4.2. Sentencia SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional – unificación de criterios
en materia de relevancia constitucional

86. A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias
proferidas en primera y segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo
de Estado, respectivamente, dentro de una acción de tutela formulada por Producciones
RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo órgano de cierre.

87. La acción constitucional reprochó las sentencias dictadas dentro de un medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto contra las liquidaciones
oficiales de revisión expedidas por la DIAN, en las que se incluyó como ingresos gravados
la tarifa del IVA por los servicios de producción prestados por RTI S.A.S. y se le sancionó
por inexactitud frente a las declaraciones sobre el impuesto sobre las ventas que presentó
por el año gravable 2010.

17 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
18 Corte Constitucional, Sentencia SU-500 de 2015
19 Corte Constitucional, Sentencia SU-500 de 2015.
20 Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
21 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-215 del 16.06.22., M.P. Natalia Ángel Cabo.

15

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88. En el proceso de tutela llevado a cabo por el Consejo de Estado, la Sección Quinta
definió en primera instancia declarar la improcedencia por no encontrar satisfecho el
requisito general de procedibilidad de la subsidiariedad, y negó otros cargos de la acción
constitucional. En segunda instancia, la Sección Primera confirmó integralmente la
decisión de esta Corporación.

89. Se resalta que, al momento de estudiar los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sección Quinta se limitó a examinar
la inmediatez, que no se tratara de una acción de tutela contra una decisión de la misma
naturaleza y la subsidiariedad. En cuanto a la Sección Primera, estudió los 6 requisitos
fijados por la Corte Constitucional. Pese a que los encontró satisfechos todos, salvo el de
la subsidiariedad frente a uno de los cargos, sobre la relevancia constitucional determinó
que “se invocaron los derechos fundamentales presuntamente vulnerados”.

90. La Corte Constitucional, al momento de estudiar los citados requisitos en sede de
revisión, encontró que la acción de tutela formulada por RTI S.A.S. contra la Sección
Cuarta del Consejo de Estado carecía de relevancia constitucional.

34. En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:

“el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso
y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que, cuando se
cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más
restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no
solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor
jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad.”

91. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del
fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las
normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental para:

“lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se
previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se
garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución”.

92. Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

“(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía
e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción
de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales;
y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal22”

22 Ob. Cit. “Sentencia SU-573 de 2019.”

16

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93. De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

“En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico23; es decir, la cuestión “debe revestir una “clara”,
“marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.”24 (…)

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o económica.
(…)

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios,
pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no a problemas
de carácter legal.”25 En este orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional
exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales”26

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental. (…)

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto27, lo que implica verificar que en efecto se
haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar una
instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir controversias
doctrinarias o interpretativas de corrección legal28.”

94. Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche
una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte
Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no cumplía
con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad para interpretar, aplicar o
desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental; (ii)
involucraba un debate eminentemente legal; (iii) planteaba una discusión
preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la carga argumentativa y
explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación de los derechos
fundamentales invocados.

2.4.3. Análisis de cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto

95. El municipio de Los Patios consideró que la autoridad demanda vulneró sus
derechos fundamentales “al debido proceso, derecho de defensa y acceso a la
administración de justicia” al incurrir en los defectos fáctico, sustantivo y procedimental.

23 Ob. Cit. “Sentencia SU-103 de 2022.”
24 Ob. Cit. “Sentencia SU-103 de 2022.”
25 Ob. Cit. “Sentencia SU-103 de 2022.”
26 Ob. Cit. “Sentencia SU-128 de 2021.”
27 Ob. Cit. “Sentencia SU-573 de 2019.”
28 Ob. Cit. “Ibid.”

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96. Los yerros mencionados están dirigidos a cuestionar las actuaciones surtidas al
interior del trámite arbitral No. 202220013948 que se lleva a cabo en la Cámara de
Comercio de Cúcuta, en la medida en que se incurrió en una indebida notificación y
conformación del tribunal de arbitramento, ya que, a su juicio, se valoró de manera
errónea la cláusula compromisoria y no se motivó la decisión que decretó la medida
cautelar.

97. En el proceso arbitral, el tutelante presentó recursos de reposición contra el auto
que decretó la medida cautelar y el que aceptó la caución presentada. Así mismo contra
la admisión de la demanda, bajo los mismos argumentos que expone en el escrito de
tutela.

98. El tribunal arbitral, en el Auto No. 007 del 19 de diciembre de 2022 resolvió el
recurso de reposición contra el Auto No. 002 del 19 de octubre del mismo año, en el
sentido de indicar que:

“Ahora bien, infortunadamente desconoce el Sr. Sánchez Becerra quien expresa actuar en
nombre del municipio de Los Patios, que la determinación que realiza el centro de arbitraje
hace referencia a su competencia para desarrollar labores administrativas que le asignan,
entre otros, a través de los artículos 14, 20 y 23 de la propia ley 1563 de 2012 - determinación
que implica la verificación de las reglas de competencia previstas en el artículo 12 de la misma
ley-. Se concluye por parte de este Tribunal, que las tareas desarrolladas por el centro de
arbitraje tienen esta naturaleza – Administrativa -, por cuanto: i) con las mismas no se decide
el acceso a la administración de justicia de quien presenta la demanda; ii) no implican
habilitación o limitación de la competencia o la labor que cumplen los árbitros; y, finalmente,
iii) no están reguladas por disposiciones del Código General del Proceso –que regulan el
ejercicio de funciones jurisdiccionales-.

En concordancia con lo anterior, la ley 1563 de 2012 asigna a los miembros del tribunal
arbitral las funciones que, al inicio del proceso, implican el ejercicio de jurisdicción como son
i) la admisión, inadmisión o rechazo de la demanda –artículo 20-; ii) dar la orden para realizar
el traslado de la demanda – artículo 21-; o iii) la determinación de la competencia para
conocer de las pretensiones de las partes involucradas en el proceso –artículo 30-. (…)

Es válido, recordar al Sr. SANCHEZ BECERRA, que la oportunidad para presentar la
oposición sobre la “Integración del Tribunal” se debe realizar en la Primera Audiencia de
Trámite, tal y como lo contempla el art. 30 de la Ley 1563 del 2012, es decir, cuando se haya
integrado la litis, dado que en la misma el tribunal decidirá sobre su propia competencia para
decidir de fondo la controversia y no antes.”

99. Por otro lado, frente al argumento relacionado con la indebida integración del
tribunal, adujo que el artículo 116 de la Constitución Política consagra el principio de la
habilitación, frente al cual, la Corte Constitucional ha afirmado que las partes pueden
delegar en un tercero la designación de los árbitros:

“En efecto, el Principio de Habilitación no implica que las partes deban directamente
designar a los árbitros, pues si ellas acuerdan que un tercero designe al árbitro o a los
árbitros, se entiende que la designación hecha por ese tercero es expresión de la voluntad
de las partes.

Esa posibilidad se ajusta entonces al Principio de Habilitación. Y, en este caso, la labor que
ejerce el centro de arbitraje es puramente material y de apoyo, y no implica ninguna decisión
jurisdiccional, por lo que se ajusta a la C.N.”

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100. Puso de presente que la cláusula vigésimo sexta del contrato de concesión No.
001 de 2007, expresaba “…La de demás controversias que se susciten entre el contratante y
concesionario con ocasión del contrato de operación y que legalmente puedan ser transigidas por
las partes, se someterán a la decisión de un tribunal de arbitramento compuesto…”
101. Igualmente, consideró que de la cláusula se advertía que las partes delegaron en
la Cámara de Comercio de Cúcuta, la designación o conformación del panel arbitral

102. Adicionalmente, en Auto No. 008 del 10 de enero de 2023, mediante el cual resolvió
el recurso de apelación contra la medida cautelar decretada, indicó que en el caso
concreto se cumplían los requisitos para su adopción, sumado al hecho de que las
mismas constituyen herramientas para proteger, de manera provisional, la integridad de
un derecho, sin que implique la adopción de un criterio subjetivo.

103. Igualmente expuso que la Ley 1563 de 2012 permitió expresamente el decreto de
medidas cautelares, determinando, en su artículo 32, que el tribunal podría ordenar
aquellas procedentes de tramitarse el asunto ante la justicia ordinaria o el contencioso
administrativo.

104. Finalmente, le indicó que el argumento relacionado con la indebida notificación
había sido resuelto en el Auto No. 007 del 19 de diciembre de 2022, motivo por el cual no
sería objeto de un nuevo pronunciamiento. Sin embargo, expuso que el ente territorial
había sido debidamente notificado, lo cual se confirmaba con la participación del mismo,
a través de la interposición de los recursos al interior del proceso.

105. Con este panorama, la Sala advierte que la acción de tutela no cumple con el
requisito de procedibilidad de la relevancia constitucional, por cuanto (i) el debate
planteado no está relacionado con la afectación de un derecho fundamental; (ii) la solicitud
de amparo se pretende utilizar como una instancia adicional del proceso ordinario; y (iii)
las decisiones del tribunal arbitral han sido consecuencia de la aplicación de las normas
que regulan la materia.

106. En efecto, se observa que lo que pretende la accionante no es que se proteja uno
de sus derechos fundamentales, sino que se modifique la interpretación y aplicación de
las normas que regulan el trámite arbitral, en relación con la forma en la que debía
integrarse el tribunal de arbitramento, a partir de la cláusula compromisoria, así como
controvertir la motivación expuesta por la autoridad accionada para adoptar la medida
cautelar decretada.

107. Es decir, en realidad lo que se persigue es que el juez de tutela se inmiscuya en la
órbita de competencia del tribunal arbitral, para decidir una cuestión que ya ha sido objeto
de pronunciamiento. Sumado al hecho de que, como se expondrá en el acápite siguiente,
al encontrarse en curso el trámite arbitral, la parte accionante debe hacer uso de las
oportunidades procesales que la Ley 1563 de 2012 le otorga para ejercer sus derechos
de defensa y contradicción ante el juez natural.

108. Esto significa que el mecanismo de protección constitucional se está utilizando para
beneficiar el interés privado y particular del tutelante, cuestión que no hace referencia a
la interpretación y aplicación de la Constitución.

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109. Se precisa que la Corte Constitucional ha insistido que uno de los objetivos del
requisito de relevancia constitucional es que la acción de tutela no se convierta en una
“tercera instancia” en la que se vuelvan a debatir los asuntos ya resueltos por los jueces
ordinarios.

110. Lo anterior, con el fin de preservar la competencia y autonomía del juez natural y,
además, porque la solicitud de amparo no puede ser utilizada para suplir las etapas
procesales propias de cada juicio, sino para proteger derechos fundamentales.

111. En el caso que ocupa a la Sala, es evidente que la demanda de tutela se erige
sobre los mismos argumentos elevados en el proceso arbitral que dio origen a los
cuestionamientos que fueron objeto de pronunciamiento por parte del tribunal, en la
medida en que, en los recursos de reposición presentados, el municipio de Los Patios
alegó (i) la indebida notificación; (ii) la indebida conformación del tribunal y su posible falta
de competencia y (iii) la falta de motivación en el decreto de la medida cautelar.

112. En este punto, conviene precisar que la competencia para resolver dichos asuntos,
sobre todo aquel relacionado con la competencia del tribunal, corresponde al mismo y no
al juez constitucional.

113. En esta controversia no se entiende cómo, las decisiones del tribunal lesionan o
amenazan alguno de los derechos fundamentales del municipio de Los Patios, en la
medida en que las decisiones de la autoridad arbitral accionada tuvieron sustento en los
preceptos normativos de la Ley 1563 de 2012 y el criterio jurisprudencial de la Corte
Constitucional.

114. Lo que se observa es que la inconformidad del accionante se fundamenta en su
capricho de obtener un nuevo pronunciamiento que sea favorable a sus intereses, pero
no logra explicar cómo sus cuestionamientos trascienden al plano constitucional.

115. Por último, se advierte que el simple alegato de una vulneración al debido proceso,
a la defensa y de acceso a la administración de justicia, como en el caso en cuestión, no
conlleva a que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela revista necesariamente
de relevancia constitucional, pues para ello se requiere que en la demanda medie un
ejercicio hermenéutico y argumentativo que permita entrever que la controversia gira en
torno al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental. Esto, pues la competencia
de este juez se restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales y no a
problemas de carácter legal o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales.

116. Así las cosas, la acción de tutela que ejerció el municipio de Los Patios no cumple
con el requisito de relevancia constitucional y, por ello, habrá que declararse su
improcedencia.

117. Ahora, si bien el incumplimiento del requisito anterior, resulta suficiente para
declarar la improcedencia del amparo solicitado, la Sala considera necesario realizar
algunas precisiones en relación con el cumplimiento del requisito de la subsidiariedad, en

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atención a los argumentos expuestos por el actor en el escrito de demanda y las
intervenciones realizadas.

2.5. Subsidiariedad

118. La Sala advierte que la presente acción constitucional, en lo que se refiere a los
cargos de indebida integración del tribunal, indebida notificación del convocado y falta de
competencia de la autoridad judicial, no cumple con el requisito de subsidiariedad para su
procedencia, por los argumentos que a continuación se exponen29.

119. En primer lugar, se tiene que la parte accionante considera que el tribunal de
arbitramento vulneró sus derechos fundamentales del debido proceso, a la defensa y de
acceso a la administración de justicia, en atención a que el tribunal arbitral se conformó
de manera indebida, no tiene competencia para actuar en el proceso de conformidad con
la cláusula arbitral y ha incurrido en irregularidades en relación con las notificaciones de
las decisiones adoptadas en el trámite arbitral.

120. Ahora bien, al respecto, es necesario traer a colación lo que la Corte
Constitucional30 ha establecido en relación al recurso de anulación de laudos arbitrales31
el cual se constituye, por regla general, en el medio de defensa judicial idóneo para
subsanar las eventuales vulneraciones de derechos fundamentales que hayan tenido
lugar con ocasión del trámite arbitral, en razón a ello la acción de tutela se puede
interponer una vez el órgano judicial competente falle el recurso de anulación 32 y la
excepción a esa regla se circunscribe a que (i) el reproche no esté contemplado en las
causales del recurso de anulación y (ii) la tutela se interponga como mecanismo transitorio para
evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

121. Adicionalmente, en la Sentencia C-765 de 2013 en la que se analizó la
constitucionalidad del artículo 12 de la Ley 1563 de 2012, referente a la iniciación del
proceso arbitral, se explicó que, con la expedición de la Ley referida, se desarrolló en
forma amplia el principio Kompetenz-Kompetenz, consistente en que “el tribunal puede
resolver sobre su propia competencia mediante auto que solo es susceptible de recurso de
reposición33”.

122. De un análisis integral de la normativa que rige el asunto y de los elementos fácticos
expuestos por la parte actora en el vocativo de la referencia, se encuentra que, en el
escrito de tutela el municipio se concentró en los argumentos relacionados con la indebida
conformación del tribunal arbitral, así como su indebida notificación.

29 Ver al respecto las sentencias del Consejo de Estado, Sección Quinta del 30.09.2021. M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad.

11001-03-15-000-2021-04137-01 y del 16.06.2022. M.P. Luís Alberto Álvarez Parra. Rad. 11001-03-15-000-2022-
02716-00.
30 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-951 del 04.12.14., M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. Expediente:

PE-041
31 Artículo 40 y siguientes de la Ley 1563 de 2012 (Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional).
32 Sentencia T-244 de 2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), sentencia SU- 500 de 2015 (M.P. Luis Guillermo

Guerrero Pérez), entre otras.
33 En Colombia, el principio de Kompetenz-Kompetenz en lo que respecta a su efecto positivo, fue consagrado en el

numeral 2° del artículo 147 del Decreto 1818 de 1998, el cual establecía “el tribunal resolverá sobre su propia
competencia mediante auto que sólo es susceptible de recurso de reposición”. En Sentencia SU-174 de 2007, la Corte
Constitucional se refirió a este principio en el ámbito internacional y concluyó que el mismo estaba vigente en la práctica
del arbitraje en Colombia.
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123. Dichos argumentos fueron expuestos y resueltos en el curso del trámite arbitral,
como se expuso en el acápite relacionado con la relevancia constitucional.

124. En razón a lo analizado, la Sala encuentra que la parte actora cuenta con los
mecanismos regidos por el imperio normativo del procedimiento arbitral, una vez se lleve
a cabo la primera audiencia de trámite y en materia de lo contencioso administrativo para
tramitar la anulación del laudo, además del recurso extraordinario de revisión.

125. De acuerdo con lo anterior y en consonancia con la pretensión y los argumentos
formulados por la parte actora en el escrito de tutela, esta Sala considera que lo solicitado
está íntimamente relacionado con un asunto propio de la competencia del juez natural,
que puede invocar una vez se profiera el laudo arbitral en el recurso de anulación.

126. En concreto, lo pretendido enfáticamente por la parte accionante es que se ordene
a la autoridad judicial demandada que corrija los presuntos yerros y se disuelva el tribunal
arbitral.

127. En ese entendido y comoquiera que la indebida conformación del tribunal, su falta
de competencia y la falta de notificación constituyen causales taxativas de anulación
contempladas en el artículo 41 la Ley 1563 de 2012, y los vicios que alega el actor en
sede constitucional corresponden a aquellas, la Sala advierte que cuenta con el recurso
de anulación ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, contra el laudo arbitral
que el tribunal profiera, como se señaló en líneas precedentes.

128. Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en el penúltimo inciso del artículo 41
ejusdem, esto es, que “Las causales 1, 2 y 3 sólo podrán invocarse si el recurrente hizo
valer los motivos constitutivos de ellas mediante recurso de reposición contra el auto de
asunción de competencia.”, en la medida en que la indebida conformación del tribunal
está establecida en la causal 3 de dicha norma.

129. En razón a lo expuesto, se declarará la improcedencia de la acción, porque la parte
actora cuenta con otros mecanismos de defensa judicial que puede accionar, tanto al
interior del trámite arbitral, como una vez se profiera el laudo arbitral.

130. En ese orden de ideas, el municipio de Los Patios no ha agotado los medios
judiciales idóneos que tiene a su disposición, debido a que puede ejercer con
posterioridad el recurso de anulación y el extraordinario de revisión para defender sus
derechos fundamentales y exponer los argumentos que esgrimió en la acción de tutela,
ante la autoridad judicial que le corresponde resolver.

131. Al respecto, el recurso de anulación constituye un medio de protección idóneo para
que el accionante defienda las garantías iusfundamentales que consideró transgredidas,
por cuanto el juez de la causa tiene la facultad para definir sobre las inconsistencias en
que se incurrieron durante el trámite arbitral, en donde se podrá advertir la aplicación
indebida de las normas para definir la competencia y decidir la controversia planteada.

132. En este punto, resulta importante resaltar que la Corte Constitucional en la
sentencia SU-656 de 2017, estableció:

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“De esta manera, siendo evidente la idoneidad del recurso de anulación para amparar
los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con las actuaciones
surtidas en el trámite arbitral e incluso en el laudo proferido, la acción de tutela en el
presente caso se torna improcedente hasta tanto el Tribunal Superior de Bogotá, como
autoridad competente para resolver, profiera el fallo respectivo, especialmente si las razones
que alega la accionante en la sustentación del recurso de anulación, se fundamentan en
argumentos similares a los de la presente acción de tutela, que se refieren
fundamentalmente a demostrar la vía de hecho en que incurrieron los árbitros del tribunal al
desconocer el principio de la cosa juzgada y su falta de competencia.”

133. Por lo anterior, esta Sala considera que en sede de tutela no es procedente
pronunciarse sobre el fondo del asunto en cuestión, pues ello implicaría trascender la
órbita constitucional e invadir la esfera de competencia del juez natural de la controversia.
Esto, en la medida en que el amparo constitucional procede de manera excepcional y
como mecanismo transitorio de protección de derechos fundamentales, siempre y cuando
se compruebe o sea posible avizorar la inminencia de un perjuicio irremediable.

134. Tampoco se acreditó que exista algún peligro actual con la virtualidad suficiente
que permita advertir, razonablemente, sobre la posible vulneración de un derecho
fundamental. Por tanto, no se requieren medidas urgentes e impostergables que exijan la
intervención del juez de tutela, dado que la accionante cuenta con un mecanismo idóneo
y eficaz de defensa del derecho invocado, como lo son, el recurso de anulación o
extraordinario de revisión contra el laudo arbitral que se profiera al interior del proceso
arbitral, el cual se encuentra actualmente en curso.

2.6. Conclusión

135. En atención a los argumentos expuestos en precedencia, se declarará la
improcedencia del mecanismo de amparo, en la medida en que no supera los requisitos
adjetivos de procedibilidad relacionados con la relevancia constitucional y la
subsidiariedad.
DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
FALLA:

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción constitucional de la
referencia, por las razones expuestas en este proveído.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En el evento de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http//relatoria.consejodeestado.gov.co.8081

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