Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-00686-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-00686-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2023-00686-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
23 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00686-01
Demandante: Municipio de Los Patios
Demandado: Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la
Cámara de Comercio de Cúcuta
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO /
Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - la parte actora pretende reabrir
el debate al no estar de acuerdo con lo decidido por el juez natural /
SUBSIDIARIEDAD
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante en
contra de la sentencia proferida el 16 de marzo de 2023, por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, mediante la cual se resolvió declarar improcedente la solicitud
de amparo.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 9 de febrero de 2023, el municipio de Los Patios (Norte de Santander),
actuando a través de apoderado judicial, presentó demanda de tutela contra el
Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio
de Cúcuta (en adelante CCAA) y el Tribunal de Arbitraje conformado por Aleida
Patricia Lasprilla Díaz, Carlos Alberto Quintero Torrado y Carlos David Santos
Gutiérrez, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
acceso a la administración de justicia, a la defensa y al debido proceso. Estima que
tales prerrogativas fueron vulneradas por las autoridades accionadas, al proferir los
autos: (i) Número 002 del 19 de octubre de 2022 por medio del cual se admitió la
demanda arbitral y se ordenó correr traslado de la misma al municipio de Los Patios;
(ii) Número 003 del 19 de octubre de 2022, por medio del cual se accedió a la medida
cautelar propuesta por Energizett S.A. E.S.P, y se le ordenó constituir una póliza
judicial por el 20% de 400 SMLMV; (iii) Número 004 del 24 de octubre de 2022,
mediante el cual se aceptó la póliza presentada por Energizett S.A. E.S.P. y se
ordenó al Municipio de Los Patios o a quien corresponda suspender cualquier trámite
y/o proceso administrativo o sancionatorio en referencia al contrato de concesión No.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00686-01
Demandante: Municipio de Los Patios
Demandado: Centro De Conciliación, Arbitraje y Amigable
Composición de la Cámara de Comercio de Cúcuta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
001 de 31 de agosto de 2007 celebrado con el Municipio de Los Patios (Norte de
Santander) y la demandante Energizett S.A. E.S.P.; (iv) Número 007 del 19 de
diciembre de 2022, mediante el cual se decidió no revocar el Auto número 02 del 19
de octubre de 2022; y (v) Número 008 del 10 de enero de 2023, por medio del cual
se negaron los recursos de reposición presentados contra el auto No. 004 del 24 de
octubre de 2022, que decretó la medida cautelar solicitada por Energizett S.A. E.S.P.
Decisiones proferidas en el marco del trámite arbitral1 que promovió Energizett S.A.
E.S.P. en contra de la entidad territorial.
2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se
contraen a las siguientes:
<< PRIMERA. TUTELAR EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO vulnerado por el
Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio
de Cúcuta, Norte de Santander y el Tribunal Arbitral conformado por los árbitros Aleida
Patricia Lasprilla Díaz, Carlos Alberto Quintero Torrado Y Carlos David Santos
Gutiérrez, al no adecuar la actuación procesal a pesar de falta de vinculación del
MUNICIPIO DE LOS PATIOS durante la etapa pre-arbitral.
SEGUNDA. DEJAR SIN EFECTOS el auto del diecinueve (19) de diciembre de 2022
por medio del cual el Tribunal Arbitral decidió no revocar en ninguna de sus partes el
auto No.002 de fecha 19 de octubre del 2022, emitido por este despacho.
TERCERA. DEJAR SIN EFECTOS el auto del veinticuatro (24) de octubre de 2022
por medio del cual el Tribunal Arbitral decidió ordenar “al Municipio de Los Patios o a
quien corresponda la SUSPENSION de cualquier trámite y/o proceso administrativo o
sancionatorio en referencia a contrato de concesión No. 001 de 31 de agosto de 2007
celebrado con el Municipio de Los Patios (Norte de Santander) y la demandante
ENERGIZETT S.A. E.S.P., de conformidad a lo expuesto en la parte motiva”.
CUARTA. ORDENAR ANULAR TODAS LAS ACTUACIONES desplegadas dentro
del trámite arbitral iniciado por ENERGIZETT S.A. E.S.P. en contra del MUNICIPIO
DE LOS PATIOS con el número de expediente No. 202220013948, desde la fecha en
que se citó a reunión para designación de árbitros.
QUINTA. ORDENAR DISOLVER EL TRIBUNAL ARBITRAL conformado por los
árbitros Aleida Patricia Lasprilla Díaz, Carlos Alberto Quintero Torrado Y Carlos David
Santos Gutiérrez desplegadas dentro del trámite arbitral iniciado por ENERGIZETT
S.A. E.S.P. en contra del MUNICIPIO DE LOS PATIOS con el número de expediente
No. 202220013948 por los vicios en la conformación del Tribunal Arbitral >>2.
3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada
y de las pruebas allegadas se tiene, que:
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Tramitado con el número de radicado: 202220013948.
2 Expediente digital, folio 10 del escrito de demanda.
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Demandante: Municipio de Los Patios
Demandado: Centro De Conciliación, Arbitraje y Amigable
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
4.- El 31 de agosto de 2007, el Municipio de Los Patios y Energizett S.A. E.S.P.
celebraron el Contrato de Concesión No. 001 de 2007, con el objeto de garantizar el
suministro, la instalación, la expansión, el mantenimiento y la administración de la
infraestructura urbana y rural, y todos los aspectos relacionados con la prestación
del servicio de alumbrado público en el municipio. La duración del referido contrato
se pactó por un período de 30 años contados a partir de la suscripción del acta de
inicio.
5.- El 26 de abril de 2022, la entidad accionante profirió la Resolución No. 210 de
2022 por medio de la cual dio inicio a un “procedimiento administrativo para
determinar si existe o no mérito para dar por terminado el Contrato de Concesión”.
6.- El 19 de septiembre de 2022, a través de la Resolución No. 518 de 2022, el
municipio incorporó y rechazó algunos medios de prueba solicitados y aportados por
Energizett S.A. E.S.P. en el marco del procedimiento administrativo de terminación
unilateral del Contrato de Concesión No. 001 de 2007 iniciado por la entidad
territorial.
7.- En el contexto descrito, Energizett S.A. E.S.P. presentó ante el CCAA una
convocatoria arbitral (demanda) en contra de la entidad territorial accionante. Esto,
de conformidad con la cláusula compromisoria del Contrato de Concesión No. 001
de 20073.
8.- En escrito separado la entidad convocante solicitó el decreto de las siguientes
medidas cautelares: (i) la suspensión inmediata del procedimiento administrativo
para la terminación unilateral del Contrato de Concesión No. 001 de 2007 iniciado
por el municipio de Los Patios a través de la Resolución 210 de 2022 y (ii) que se
ordenara al Municipio de Los Patios, a partir de la admisión de la demanda,
abstenerse de iniciar procesos administrativos o sancionatorios relacionados con la
existencia y validez del Contrato de Concesión No. 001 de 2010.
9.- El 5 de octubre de 2022 el CCAA realizó el sorteo de los árbitros, el cual culminó
con la designación de Carlos Alberto Quintero Torrado, Carlos David Santos
Gutiérrez y Aleida Patricia Lasprilla Díaz, quienes el 7 de octubre de 2023 aceptaron
la referida designación.
3 “CLAUSULA
VIGESIMA SEXTA. COMPROMISORIA. ARBITRAJE: Las demás controversias que se susciten
entre el CONTRATANTE y el CONCESIONARIO con ocasión del Contrato de operación y que legalmente
puedan ser transigidas por las partes, se someterán a la decisión de un Tribunal de Arbitramento compuesto”.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
10.- El 11 de octubre de 2022, la mencionada entidad notificó a la alcaldía municipal
de Los Patios que la realización de la audiencia de instalación del Tribunal de
Arbitramento se realizaría el 18 de octubre de 2022.
11.- En el Auto No. 001 del 18 de octubre de 2022 el Tribunal de Arbitramento: (i)
dejó constancia que el Municipio de Los Patios, no se presentó; (ii) declaró instalado
el tribunal arbitral constituido para dirimir las controversias de carácter patrimonial
entre Energizett S.A. E.S.P. y el municipio de Los Patios, en virtud del contrato de
concesión No. 001 de 2007; (iii) nombró como presidenta del Tribunal a la abogada
Aleida Patricia Lasprilla Díaz; (iv) designó como secretario a Jeisson Alirio Cárdenas
Orduz; (iv) fijó como lugar y funcionamiento el Centro de Arbitraje y Amigable
Conciliación de la Cámara de Comercio de Cúcuta; y (v) notificó a las partes a los
correos electrónicos correspondientes.
12.- En Auto No. 002 del 19 de octubre de 2022 el Tribunal admitió la demanda y a
través del Auto No. 003 de la misma fecha ordenó a la parte convocante constituir
una póliza judicial por el 20% de 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes,
de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 1563 de 2012 y
mediante providencia No. 004 del 24 de octubre de 2022 ordenó al Municipio de Los
Patios suspender cualquier trámite y/o proceso administrativo sancionatorio en
referencia al contrato de concesión No. 001 del 31 de agosto de 2007.
13.- El municipio de Los Patios presentó recurso de reposición contra el Auto No.
002 del 19 de octubre de 2022, por medio del cual se admitió la demanda arbitral y
solicitó la nulidad de las actuaciones adelantadas en el expediente. De igual forma,
presentó recurso de reposición en contra del Auto No. 004 de octubre de 2022.
14.- Mediante el Auto No. 007 del 19 de diciembre de 2022, el tribunal arbitral
decidió no revocar la providencia No. 002 del 19 de octubre de 2022 y en el Auto No.
008 del 10 de enero de 2023, se negó el recurso de reposición interpuesto contra el
auto No. 004 de 24 de octubre de 2022.
15.- En el escrito de tutela, la parte actora sostuvo que el CCAA vulneró sus
derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, a la defensa y al
debido proceso debido a que:
16.- Al designar los árbitros que conforman el Tribunal, la entidad actuó al margen
del procedimiento establecido en el artículo 14 de la Ley 1563 de 2012 e interpretó
de manera equivocada el alcance de la cláusula compromisoria contenida en el
Contrato de Concesión No. 001 de 2007. Al respecto señaló que: (i) la cláusula
compromisoria guardó silencio frente a la designación de los árbitros, razón por la
cual no era posible interpretar que: a) dicha facultad había sido delegada de manera
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directa y expresa al CCAA o, b) existía un acuerdo expreso entre las partes de
aceptar el reglamento del CCAA, lo cual habilitaría de manera indirecta a la entidad
a realizar dicha designación; y (ii) ante la ausencia de un pacto entre las partes en
relación a la designación de los árbitros, el CCAA se encontraba obligado a aplicar
las disposiciones supletivas consagradas en el numeral 4° del artículo 14 de la Ley
1563 de 2012, por lo que a solicitud de cualquiera de las partes, un Juez Civil del
Circuito, y no el CCAA por cuenta propia, debía designar de plano por medio de un
sorteo, entre quienes conforman la lista de árbitros de la entidad, a los árbitros.
17.- A causa de un error de digitación, el CCAA omitió notificar al Municipio de Los
Patios la convocatoria de la audiencia de instalación del Tribunal de Arbitramento
que se realizó el 18 de octubre de 2022 y el Auto No. 001 de 2022, esto debido a
que las referidas comunicaciones se remitieron al correo electrónico
notificacionjudicial@lospatios-nortedesantander.gov.co y no a la dirección de correo
notificacionjucidial@lospatios-nortedesantander.gov.co, por lo que la entidad solo
tuvo conocimiento de las actuaciones del trámite arbitral a partir del Auto No. 002 de
2022, por medio del cual se admitió la demanda arbitral. A causa de la situación
descrita, de conformidad con el deber de información consagrado en el artículo 15
de la Ley 1563 de 2012, el CCAA privó a la entidad territorial de la oportunidad de
manifestar por escrito sus dudas acerca de la imparcialidad o independencia de los
árbitros designados y su deseo de relevar a alguno de estos.
18.- La designación de los árbitros por parte del CCAA no tuvo en cuenta las
disposiciones contenidas en el artículo 8 de la Ley 1563 de 2012. Esto debido a que,
los profesionales del derecho designados no son expertos en temas de contratación
estatal o en derecho administrativo, especialidades jurídicas relacionadas con la
controversia objeto del trámite arbitral.
19.- Con fundamento en los alegatos expuestos, la parte actora considera que el
Tribunal Arbitral incurrió en: (i) un defecto procedimental al no corregir las
irregularidades cometidas durante la etapa pre arbitral, señalando que carecía de
competencia para conocer sobre las actuaciones del CCAA al no ser “actuaciones
judiciales” y por no haber sido investido de la competencia provisional prevista en la
audiencia de instalación; (ii) un defecto fáctico por valorar la cláusula compromisoria
desconociendo las reglas de la sana crítica y de la lógica; y (iii) un defecto sustantivo,
por la indebida aplicación del artículo 14 de la Ley 1563 de 2012 en el cual se
establece la forma en que debe ser integrado el Tribunal y la manera en que deben
designarse los árbitros y por la inobservancia del artículo 32 del mismo estatuto y del
229 de la Ley 1437 de 2011 en relación con el decreto de las medidas cautelares.
20.- Por último, adujo que a causa de las medidas cautelares decretadas en los
Autos No. 3 y 4 de 2022, la entidad se encontraba ante la ocurrencia de un perjuicio
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irremediable, pues de no lograr la intervención del juez constitucional, estaría
obligada a no realizar actuaciones administrativas propias del giro ordinario de sus
funciones, viéndose obligada a mantener vigente un contrato estatal que podría
adolecer de vicios poniendo en riesgo la satisfacción del interés público, durante todo
el desarrollo del trámite arbitral, o al menos hasta la primera audiencia de trámite, lo
cual podría tomar cerca de uno o dos años, más aun si se tiene en cuenta que el
demandante advirtió que reformaría la demanda.
B. Sentencia de primera instancia
21.- Mediante sentencia de 16 de marzo de 2023, la Sección Quinta del Consejo de
Estado declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que la acción de
tutela no cumplía con el requisito de procedibilidad de relevancia constitucional, por
cuanto: el debate planteado no está relacionado con la afectación de un derecho
fundamental; la solicitud de amparo se pretende utilizar como una instancia adicional
del proceso ordinario; y las decisiones del tribunal arbitral han sido consecuencia de
la aplicación de las normas que regulan la materia. Además, precisó que la demanda
de tutela pretendía reabrir el debate sobre los mismos argumentos elevados en el
proceso arbitral que dio origen a los cuestionamientos que fueron objeto de
pronunciamiento por parte del Tribunal, en la medida en que, en los recursos de
reposición presentados, el municipio de Los Patios alegó: la indebida notificación; la
indebida conformación del tribunal y su posible falta de competencia; y la falta de
motivación en el decreto de la medida cautelar.
22.- Por último, señaló que, en relación a los cargos de indebida integración del
tribunal, indebida notificación del convocado y falta de competencia de la autoridad
judicial, la demanda no cumplía con el requisito de subsidiariedad para su
procedencia, pues los alegatos propuestos constituyen causales taxativas de
anulación contempladas en el artículo 41 la Ley 1563 de 2012.
D. La impugnación
23.- En desacuerdo con lo anterior, la parte accionante interpuso impugnación para
insistir en los argumentos expuestos en el libelo introductorio. Además, precisó que
la controversia propuesta en el recurso de amparo sí tiene relevancia constitucional
debido a que la acción de tutela que se presenta pretende controvertir todos los
Autos proferidos por el Tribunal Arbitral, en particular el Auto No. 7 por medio del
cual, dicho Tribunal resolvió no pronunciarse frente a los vicios relacionados con la
conformación del Tribunal Arbitral, a pesar de que los mismos habían sido advertidos
por la parte convocada.
24.- Señaló que dicha omisión conlleva a una grave vulneración del derecho al
debido proceso, el derecho de defensa y el acceso a la administración de justicia del
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
Municipio, pues avala la existencia de un Tribunal Arbitral que ha sido indebidamente
conformado, lo que desconoce el principio de voluntariedad del arbitraje. Lo que
sumado a la vigencia de las medidas cautelares que suspenden el trámite
administrativo de terminación por ilegalidad del Contrato No. 01 de 2007, genera que
el asunto adquiera relevancia constitucional, pues a través del recurso de amparo se
pretende preservar los derechos fundamentales de una parte del proceso arbitral,
vulnerados por las providencias judiciales atacadas.
25.- Al referirse al cumplimiento del requisito de subsidiariedad, indicó que el
ejercicio de la presente acción tuvo lugar, toda vez que los vicios aducidos en la
demanda fueron presentados al Tribunal Arbitral mediante el recurso de reposición
en contra del Auto No. 02 por medio del cual se dispuso admitir la demanda y este
omitió pronunciarse al respecto, alegando que tales circunstancias están por fuera
de su resorte, o que solamente podían resolverse en la Primera Audiencia de
Trámite, extendiendo de manera inadecuada la valoración sobre los yerros
cometidos por el CCAA en la etapa pre arbitral.
26.- Por lo anterior, adujo que en el presente caso los mecanismos judiciales
ordinarios no resultan idóneos para cuestionar la legalidad de los actos pre arbitrales
puesto que la Primera Audiencia de Trámite solamente tiene lugar, una vez, se haya
realizado toda la etapa introductoria del proceso, razón por la cual el recurso de
reposición que se interponga en contra de la decisión que se adopte en dicha
audiencia no resulta idóneo para garantizar los derechos de la parte actora, dado
que: (i) este mecanismo de defensa desconoce del deber de hacer control de
legalidad a cargo del juez, (ii) la audiencia solamente tendrá lugar muchos meses
después de advertida la irregularidad, (iii) el Municipio de Los Patios estaría obligado
a consignar los honorarios al Tribunal Arbitral, a pesar de que el mismo está
indebidamente conformado, (iv) se mantendría vigente una medida cautelar que
afecta el cumplimiento de los fines misionales y constitucionales de la entidad
territorial.
27.- En consecuencia, solicitó que se revoque el fallo de primera instancia y en su
lugar se declare la protección de los derechos fundamentales invocados en el
recurso de amparo.
II. CONSIDERACIONES
E. Competencia
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
28.- La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar su
contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera instancia,
según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19914.
F. Análisis del caso concreto
29.- Dado lo anterior, corresponde determinar si se confirma, modifica o revoca el fallo
impugnado, proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado que declaró
improcedente la solicitud de amparo al no encontrar acreditado el cumplimiento de los
requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad.
30.- Como se indicó previamente, en la demanda de tutela y en el escrito de
impugnación la parte actora alegó que el CCAA vulneró sus derechos fundamentales
en la medida en dicha entidad incurrió en una indebida notificación y conformación
del Tribunal de Arbitramento, y no tuvo en cuenta la posible falta de competencia del
mismo ya que, a su juicio, el CCAA valoró de manera errónea la cláusula
compromisoria del Contrato de Concesión No. 001 de 2007 y las disposiciones
consagradas en Ley 1563 de 2012.
31.- De igual forma, adujo que el Tribunal accionado incurrió en: (i) un defecto
procedimental al no corregir las irregularidades cometidas durante la etapa pre
arbitral, señalando que carecía de competencia para conocer sobre las actuaciones
del CCAA al no ser “actuaciones judiciales” y por no haber sido investido de la
competencia provisional prevista en la audiencia de instalación; (ii) un defecto fáctico
por valorar la cláusula compromisoria desconociendo las reglas de la sana crítica y
de la lógica; y (iii) un defecto sustantivo, por la indebida aplicación del artículo 14 de
la Ley 1563 de 2012 en el cual se establece la forma en que debe ser integrado el
Tribunal y la manera en que deben designarse los árbitros y por la inobservancia del
artículo 32 del mismo estatuto y del 229 de la Ley 1437 de 2011 en relación con el
decreto de las medidas cautelares.
32.- Pese a que la parte actora considera que las gestiones permitidas o
adelantadas por el CCAA vulneran sus derechos fundamentales, razón por la cual el
debate propuesto es relevante desde el punto de vista constitucional y afirma que los
recursos ordinarios y el trámite consagrado en la Ley 1563 de 2012 no son idóneos
para obtener la protección de sus derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia, a la defensa y al debido proceso, la Sala estima, al igual
que al a quo, que el recurso de amparo es improcedente.
33.- En primer lugar, porque los alegatos propuestos por la parte actora plantean
una discusión de índole estrictamente legal, en relación al contenido, alcance e
4 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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interpretación de la cláusula compromisoria y de las disposiciones consagradas en
los artículos: 15 (deber de información); 14 y 8 (designación de los árbitros que
conforman el Tribunal); y 32 (decreto de medidas cautelares) de la Ley 1563 de 2012.
34.- Al respecto es importante precisar que en relación a la designación los árbitros
que conforman el Tribunal, la entidad se limitó a proponer un debate meramente
interpretativo en torno a la aplicación del 14 de la Ley 1563 de 2012 y la cláusula
compromisoria del Contrato de Concesión No. 001 de 2007, sin tener en cuenta que
en el Auto No. 007 del 19 de diciembre de 2022, en el que el Tribunal resolvió el
recurso de reposición contra el Auto No. 002 del 19 de octubre del mismo año, la
autoridad señaló que:
<<Ahora bien, infortunadamente desconoce el Sr. Sánchez Becerra quien expresa
actuar en nombre del municipio de Los Patios, que la determinación que realiza el
centro de arbitraje hace referencia a su competencia para desarrollar labores
administrativas que le asignan, entre otros, a través de los artículos 14, 20 y 23 de la
propia ley 1563 de 2012 – determinación que implica la verificación de las reglas de
competencia previstas en el artículo 12 de la misma ley-.
Se concluye por parte de este Tribunal, que las tareas desarrolladas por el centro de
arbitraje tienen esta naturaleza – Administrativa -, por cuanto: i) con las mismas no se
decide el acceso a la administración de justicia de quien presenta la demanda; ii) no
implican habilitación o limitación de la competencia o la labor que cumplen los árbitros;
y, finalmente, iii) no están reguladas por disposiciones del Código General del Proceso
–que regulan el ejercicio de funciones jurisdiccionales-.
En concordancia con lo anterior, la ley 1563 de 2012 asigna a los miembros del tribunal
arbitral las funciones que, al inicio del proceso, implican el ejercicio de jurisdicción
como son i) la admisión, inadmisión o rechazo de la demanda –artículo 20-; ii) dar la
orden para realizar el traslado de la demanda – artículo 21-; o iii) la determinación de
la competencia para conocer de las pretensiones de las partes involucradas en el
proceso –artículo 30-. (…)
Es válido, recordar al Sr. SANCHEZ BECERRA, que la oportunidad para presentar la
oposición sobre la “Integración del Tribunal” se debe realizar en la Primera Audiencia
de Trámite, tal y como lo contempla el art. 30 de la Ley 1563 del 2012, es decir, cuando
se haya integrado la litis, dado que en la misma el tribunal decidirá sobre su propia
competencia para decidir de fondo la controversia y no antes.>>
35.- Sobre la omisión de notificar al Municipio de Los Patios la convocatoria de la
audiencia de instalación del Tribunal de Arbitramento que se realizó el 18 de octubre
de 2022 y el Auto No. 001 de 2022, indicó que en los términos del artículo 15 de la
Ley 1563 de 2012, el CCAA privó a la entidad territorial de la oportunidad de
manifestar por escrito sus dudas acerca de la imparcialidad o independencia de los
árbitros designados y su deseo de relevar a alguno de estos, sin demostrar que en
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efecto la entidad cuente con información para atacar la imparcialidad o
independencia de los árbitros. Además, a partir del análisis del expediente del trámite
arbitral es posible observar que las presuntas omisiones relacionadas con la indebida
notificación del Municipio no han impedido que este ejerza en debida forma su
derecho a la defensa o al acceso a la administración de justicia.
36.- Por último, en relación a la adopción de las medidas cautelares la parte actora
se limitó a señalar que el decreto de las mismas carecía de motivación y negaba al
Municipio la posibilidad de ejercer en debida forma sus facultades legales y
constitucionales al impedirle continuar con el procedimiento administrativo de la
terminación unilateral de un contrato que aduce podría estar viciado de ilegalidad. Al
respecto en el Auto No. 008 de 2023, el Tribunal accionado precisó que:
<<Para mayor claridad, el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional (L. 1563/12),
permitió expresamente el decreto de medidas cautelares, determinando, en su artículo
32, que el tribunal podría ordenar aquellas procedentes de tramitarse el asunto ante la
justicia ordinaria o el contencioso administrativo.
Explícitamente, se facultó al tribunal para decretar: “cualquier otra medida cautelar que
encuentre razonable para la protección del derecho objeto del litigio, impedir su
infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer
cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión”. Ahora
bien, las medidas cautelares “innominadas” o “genéricas”, que reguló el Estatuto y con
la tendencia legislativa de fortalecer el régimen de medidas cautelares, que otrora era
excepcional, reglado y aplicable únicamente a las tradicionales medidas “nominadas”.
Se infiere de lo anterior, que la solicitud de la medida cautelar reúne los requisitos que
trae el Estatuto para la cautela innominada y que son: (i) petición de parte; (ii)
legitimación o interés para actuar; (iii) amenaza o vulneración del derecho; (iv)
apariencia de buen derecho; (vi) necesidad, efectividad y proporcionalidad de la
medida y (v) caución equivalente al 20 % del valor de las pretensiones estimadas en
la demanda.>>
37.- Además, precisó que la medida cautelar decretada tuvo en cuenta: (i) la
apariencia de buen derecho de la entidad solicitante; (ii) que la demanda estuviera
razonablemente fundada en derecho; (iii) que la convocante hubiera demostrado
siquiera mente sumaria la titularidad del derecho o derechos invocados; y (iv) los
documentos, informaciones, argumentos y justificaciones necesarios para concluir
mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaba más gravoso para el
interés público negar la medida cautelar que concederla.
38.- En este punto la Sala evidencia que las actuaciones del CCAA y el Tribunal se
han sustentado en la existencia de una cláusula compromisoria suscrita por las
partes, así como en la solicitud expresa de una de ellas de dar inicio al trámite arbitral,
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00686-01
Demandante: Municipio de Los Patios
Demandado: Centro De Conciliación, Arbitraje y Amigable
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
razón por la cual al encontrarse ante un escenario en el cual las partes han
expresado su voluntad de apartar un litigio de la jurisdicción ordinaria y someterlo a
la decisión de un tribunal de arbitramento, el juez constitucional se encuentra
obligado a dar prevalencia a la decisión libre y autónoma de las partes, amparada
por el ordenamiento legal, de sustraer un litigio determinado de la justicia estatal,
para radicar su resolución en la justicia arbitral.
39.- Por lo anterior, en el caso objeto de estudio la excepcionalidad de la acción de
tutela se ve reforzada no solo por el hecho de que las partes decidieron apartar su
conflicto del conocimiento de la jurisdicción estatal, dotando a las decisiones
adoptadas por el tribunal arbitral de un alto grado de autonomía y firmeza que impide
acudir a los mecanismos convencionales de controversias, sino también porque, tal
y como lo indicó el juez de primera instancia, los alegatos propuestos por la parte
actora fueron objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal mediante el Auto No.
007 del 19 de diciembre de 2022, en el que el Tribunal Arbitral decidió no revocar la
providencia No. 002 del 19 de octubre de 2022 y en el Auto No. 008 del 10 de enero
de 2023, se negó el recurso de reposición interpuesto contra el auto No. 004 de 24
de octubre de 2022, sin que se advierta una actuación arbitraria por parte del Tribunal
accionado, por lo que es posible concluir que a través del trámite del recurso de
amparo la accionante pretende que se modifique la interpretación y aplicación de las
normas que regulan el trámite arbitral, en relación con la forma en la que debía
integrarse el tribunal de arbitramento, a partir de la cláusula compromisoria, así como
controvertir la motivación expuesta por la autoridad accionada para adoptar la
medida cautelar decretada.
40.- En segundo lugar, la Sala considera que en lo que se refiere a los cargos de
indebida integración del tribunal, indebida notificación del convocado y falta de
competencia de la autoridad judicial, la acción de tutela es improcedente, en los
términos del principio de subsidiariedad, debido a que la entidad accionante cuenta
con otros medios de defensa judicial idóneos para hacer valer todos los derechos
invocados: (i) a lo largo del proceso arbitral, específicamente en el marco de la
Primera Audiencia de Trámite, pues de conformidad con los artículos 12 y 20 de la
Ley 1563 de 2012 y la Sentencia C-765 de 2013, en la que se analizó la
constitucionalidad del referido artículo 12, en virtud del principio Kompetenz-
Kompetenz, el tribunal puede resolver sobre su propia competencia mediante auto
que solo es susceptible de recurso de reposición; y (ii) en el eventual trámite de
anulación, en los términos previstos en las causales 1,2,3 y 4 del artículo 41 de Ley
1563 de 2012, siempre y cuando la entidad territorial, en el recurso de reposición
que llegue a interponerse en contra el auto de asunción de competencia, alegue las
causales de (i) inexistencia, invalidez o imposibilidad del pacto arbitral, (ii) caducidad
de la acción, la falta de jurisdicción o de competencia, y (iii) no haberse constituido
el tribunal en forma legal.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00686-01
Demandante: Municipio de Los Patios
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
41.- Por último, debe precisarse que si bien la accionante alega que los mecanismos
ordinarios y extraordinarios de defensa no resultan idóneos para cuestionar la
legalidad de los actos pre arbitrales dado que: (i) desconocen el deber de hacer
control de legalidad a cargo del juez, (ii) su utilización está supeditada a la realización
de la Primera Audiencia de Trámite que solamente tendrá lugar muchos meses
después de advertida la irregularidad, (iii) el Municipio de Los Patios estaría obligado
a consignar los honorarios al Tribunal Arbitral, a pesar de que el mismo está
indebidamente conformado, (iv) se mantendría vigente una medida cautelar que
afecta el cumplimiento de los fines misionales y constitucionales de la entidad
territorial. La Sala considera que los argumentos propuestos no son de recibo, debido
a que la tesis de la accionante busca pretermitir, a través de la acción de tutela, las
etapas procesales establecidas en la Ley 1563 de 2012, excusándose en el costo
que implica la instalación y el funcionamiento del tribunal arbitral: (i) sin precisar la
forma en la que los costos derivados del proceso pueden obstaculizar el
cumplimiento de sus funciones; y, (ii) aduciendo la supuesta imposibilidad de cumplir
con sus obligaciones legales y constitucionales al encontrarse imposibilitada para
dar continuidad al procedimiento de terminación unilateral del contrato de concesión,
asumiendo la presunta ilegalidad de dicho contrato, pese a que este es precisamente
el objeto de controversia del trámite arbitral cuestionado.
42.- Por lo expuesto anteriormente, la acción de tutela que se examina se torna
improcedente al no cumplir con los requisitos generales de subsidiariedad y
relevancia constitucional. Por lo tanto, esta Sala confirmará la sentencia de 16 de
marzo de 2023, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
43.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 16 de marzo de 2023, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Demandante: Municipio de Los Patios
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Composición de la Cámara de Comercio de Cúcuta
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE5
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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