Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00738-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-00738-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-00738-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
29 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00738-01
Actora: Superintendencia Financiera de Colombia
Demandados: Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y otro1
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del
requisito general de relevancia constitucional
Derechos Fundamentales Invocados: i) Igualdad, ii) debido proceso y iii) acceso
a la administración de justicia
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la Superintendencia Financiera de
Colombia y por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado contra la
sentencia de tutela de 17 de marzo de 2023 proferida por la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio del cual declaró improcedente
el amparo.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
1
Cfr. índice núm. 3 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en forma digital.
2
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00738-01
Actora: Superintendencia Financiera de Colombia
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1.La actora, obrando mediante apoderado, presentó solicitud de tutela contra la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al
proferir la sentencia de 26 de enero de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio
de la acción de reparación directa identificado con el número único de radicación
050012331000200600476 01, vulneró sus derechos fundamentales indicados
supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Adujo que, la Cooperativa Financiera de Antioquia celebró un contrato de
comisión para la compra y venta de valores con la sociedad Multivalores S.A. En
virtud de dicho contrato, la Cooperativa Financiera de Antioquia a través de la
comisionista, adquirió títulos valores y realizó operaciones sobre éstos.
4. Afirmó que, a 31 de diciembre de 2002 Multivalores S.A. reportó a la
Superintendencia utilidades netas por ciento setenta y siete millones ciento setenta
y dos mil quinientos catorce pesos con treinta y cinco centavos ($177.172.514,35).
5. Manifestó que, el 14 de marzo de 2003 la Superintendencia de Valores autorizó
a Multivalores S.A. para que distribuyera ciento veintiocho millones doscientos
veintidós mil cien pesos ($128.222.100) entre sus accionistas, con base en la cifra
de utilidades reportada por la sociedad.
6. Indicó que, Multivalores S.A. reportó a la Superintendencia que, a 30 de junio de
2003, obtuvo utilidades por seiscientos sesenta millones doscientos diez mil
trescientos siete pesos ($660.210.307) y que a 30 de septiembre de 2003 percibió
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Actora: Superintendencia Financiera de Colombia
utilidades por ochocientos cuarenta y tres millones setecientos cincuenta y ocho mil
ciento dieciocho pesos ($843.758.118).
7. Agregó que, con fundamento en los rendimientos reportados por Multivalores
S.A., la Cooperativa Financiera de Antioquia realizó por medio de ésta inversiones
en los siguientes títulos valores:
“[…] 1. BONO FOGAFIN adquirido con la operación (…) número 01611 de 22 de
marzo de 2002 (…) por valor de TRESCIENTOS MILLONES ($300.000.000)
PESOS (…) 2. TES EN Dólares (…) 5150306 adquirido con la operación (…) 17495
de 8 de octubre de 2003 por valor de DOSCIENTOS MIL (200.000) DÓLARES (…)
3. TES EN Dólares (…) 5150307 adquirido con la operación (…) 17495 de 8 de
octubre de 2003 por valor de DOSCIENTOS MIL (200.000) DÓLARES (…) 4. TES
en pesos (…) O5140307 adquirido con la operación (…) 17132 de 22 de octubre de
2003 por valor de QUINIENTOS MILLONES ($500.000) de pesos (…) 5. TES en
pesos (…) O5140307 adquirido con la operación (…) 17133 de 22 de octubre de
2003 por valor de QUINIENTOS MILLONES ($500.000) de pesos (…)
6. TES EN Dólares (…) 5150306 adquirido en la operación de salida 33286
de 20 de octubre de 2003 para ser vendido el 28 del mismo mes y año en la
operación de regreso 33287 por valor de TRESCIENTOS MIL DÓLARES
(300.000) (…) 7.TES EN Dólares (…) 5150306 adquirido en la operación de
salida 33324 de 20 de octubre de 2003 para ser vendido el 28 del mismo mes
y año en la operación de regreso 33325 por valor de DOSCIENTOS MIL
DÓLARES (200.000) […]”.
8. Adujo que, el 22 de octubre de 2003 la Superintendencia de Valores expidió la
Resolución 0682 en la que tomó posesión de los bienes, haberes y negocios de
Multivalores S.A. porque advirtió el ocultamiento de pérdidas de la compañía
durante un periodo de 13 meses y el reporte de información financiera falsa o
engañosa. Según la Supertintendencia, las pérdidas de Multivalores S.A.
alcanzaron los cuatro mil millones de pesos.
9. Expresó que el 24 de octubre de 2003 la Cooperativa Financiera de Antioquia
solicitó a Multivalores S.A. que trasladara los títulos valores adquiridos a otra
comisionista de bolsa. El 28 de octubre de 2003 la Cooperativa Financiera de
Antioquia solicitó a Multivalores S.A. información sobre el cumplimiento de las
operaciones de reembolso previstas para esa fecha.
10. Multivalores S.A., por medio del agente especial de la Superintendencia de
Valores, le informó que los títulos no fueron trasladados porque los había vendido
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Actora: Superintendencia Financiera de Colombia
sin su consentimiento y que las operaciones de reembolso no se concretaron porque
la comisionista no contaba con los dineros para realizarlas.
11.El 20 de febrero de 2004 la Superintendencia de Valores ordenó la liquidación
de Multivalores S.A. por considerarla inviable financiera y económicamente.
12.Manifestó que, la Cooperativa Financiera de Colombia presentó demanda contra
la Superintendencia Financiera de Colombia, en ejercicio de la acción de reparación
directa, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable por los
daños y perjuicios ocasionados, como consecuencia de la omisión en la inspección,
vigilancia y control de la sociedad comercial “[…] MULTIVALORES S.A.
COMISIONISTA DE BOLSA […]”.
13. El Tribunal Administrativo de Antioquia profirió sentencia de primera instancia el
12 de septiembre de 2011, por medio del cual negó las pretensiones de la demanda.
14. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia
de segunda instancia el 26 de enero de 2022, resolviendo lo siguiente:
“[…] REVÓCASE la sentencia proferida el 12 de septiembre de 2011 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la demanda para, en su
lugar, disponer:
PRIMERO: DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Superintendencia de
Valores (hoy Financiera) de los perjuicios causados a la Cooperativa Financiera de
Antioquia como consecuencia de la omisión en la inspección, vigilancia y control de
Multivalores S.A.
SEGUNDO: CONDÉNASE a la Superintendencia Financiera a pagar a favor de la
Cooperativa Financiera de Antioquia la suma de cinco mil trescientos cuarenta y tres
millones ochenta y cuatro mil sesenta y dos pesos ($5.343.084.062).
TERCERO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: Sin CONDENA en costas […]”.
15. Consideró que:
“[…] La Sala revocará la sentencia de primera instancia porque está probado que
existió omisión en el ejercicio de la función de inspección, vigilancia y control a cargo
de la Superintendencia de Valores que, de haberse ejercido oportunamente y en
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Actora: Superintendencia Financiera de Colombia
forma adecuada, habría evitado la pérdida de los dineros invertidos por la
demandante, a través de la comisionista de bolsa Multivalores S.A. La
responsabilidad de la Superintendencia se funda en lo dispuesto en el artículo 90 de
la C.P., según el cual el Estado debe responder cuando se acredite que el
demandante sufrió un daño antijurídico como consecuencia de una omisión
imputable a la entidad demandada. El <> no exonera al Estado de responder si no
está acreditado que el mismo fue la causa exclusiva del daño. En este caso, está
demostrado que el daño fue causado por la actuación irregular de la comisionista de
bolsa Multivalores S.A., pero resulta evidente que el mismo habría podido ser
impedido con una actuación adecuada y oportuna de la Superintendencia, a la que
le correspondía legalmente la función de vigilancia y control; por tal razón, la
solidaridad legal del artículo 2344 del Código Civil no permite la exoneración de la
Superintendencia demandada.
6.1.- No es admisible la posición de la Superintendencia según la cual quien realiza
una inversión en el mercado de valores sabe que asume riesgos que debe soportar;
los riesgos que asume son los relativos a la suerte de la inversión misma, no a la
idoneidad del intermediario ni a su capacidad para responder por los perjuicios que
cause. La autorización, el control y la vigilancia para el ejercicio de las funciones que
están a cargo de la Superintendencia es la base sobre la cual quien realiza la
inversión decide utilizar al intermediario. La existencia de riesgos con los ahorros e
inversiones en dinero de los particulares es precisamente lo que motiva la vigilancia
especial a cargo del Estado de esta actividad. Y el ejercicio de este control se le
asigna a una entidad que tiene amplias facultades para realizarla y, sobre todo, los
conocimientos técnicos que le permiten analizar la información que recibe y detectar
oportunamente a partir de determinados indicios (como los incrementos singificativos
en las utilidades), las irregularidades en la información y en las actividades del
intermediario.
La función de la Superintendencia no es simplemente de divulgación de la
información que le presentan sus vigilados ni mucho menos de certificación de
idoneidad de la misma ante los particulares, basada en la buena fe o en la presunción
de legalidad de los informes. A la Superintendencia le corresponde, con su particular
experticia, realizar el análisis de la información que se le reporta y detectar
oportunamente las irregularidades que evidencian la falta de veracidad; no cumple
una labor simplemente formal relativa a verificar que la información se presenta a
tiempo considerando que ella […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
16. La actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] Con la formulación de la presente demanda solicito que se adopten todas
aquellas decisiones judiciales a las que constitucional y legalmente haya lugar y que,
además, se impartan todas las órdenes judiciales que resulten necesarias y/o
pertinentes para garantizar de manera real y efectiva los Derechos Fundamentales
que le han sido desconocidos a la SFC dentro del proceso judicial de reparación
directa, SFC, en cuanto en segunda (2ª) instancia, además de que de manera
infundada e indebida se revocó “la sentencia proferida el 12 de septiembre de 2011
por el Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la
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Actora: Superintendencia Financiera de Colombia
demanda”, también se dispuso declarar a mi poderdante patrimonialmente
responsable “de los perjuicios causados a la Cooperativa Financiera de Antioquia
como consecuencia de la omisión en la inspección, vigilancia y control de
Multivalores S.A.” y, consecuencialmente, se la condenó “a pagar a favor de la
Cooperativa Financiera de Antioquia la suma de cinco mil trescientos cuarenta y tres
millones ochenta y cuatro mil sesenta y dos pesos ($5.343.084.062)”.
Dichas decisiones judiciales fueron adoptadas a través de la parte resolutiva del fallo
fechado en enero 26 de 2022, por lo cual se requiere que, entre las decisiones y
órdenes judiciales que deban adoptarse en virtud de la presente Acción de Tutela
se contemple la viabilidad de dictar las siguientes o similares declaraciones:
PRIMERA: Tutelar los Derechos Fundamentales al DEBIDO PROCESO (artículo 29
C.P.), a la DEFENSA (artículo 29 C.P.), a LA IGUALDAD (artículo 13 C.P.), a la
SEGURIDAD JURÍDICA (artículos 2 y 230 C.P.) a la CONFIANZA LEGÍTIMA y a la
BUENA FE (artículo 83, C.P.) de los cuales es titular mi mandante.
SEGUNDA: Dejar sin efectos la sentencia del 26 de enero de 2022 proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual se
decidió: (i) revocar “la sentencia proferida el 12 de septiembre de 2011 por el
Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la demanda”; (ii)
declarar a la SFC patrimonialmente responsable “de los perjuicios causados a la
Cooperativa Financiera de Antioquia como consecuencia de la omisión en la
inspección, vigilancia y control de Multivalores S.A.” y, (iii) condenarla “a pagar a
favor de la Cooperativa Financiera de Antioquia la suma de cinco mil trescientos
cuarenta y tres millones ochenta y cuatro mil sesenta y dos pesos ($5.343.084.062)”.
TERCERA: Ordenar que se tutelen y se protejan los Derechos Fundamentales que
se le han vulnerado a la Parte Demandante y como consecuencia de ello se deba
proferir una sentencia judicial que reemplace las cuestionadas decisiones de
segunda (2ª) instancia que deben dejarse sin efectos.
CUARTA: Ordenar a la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
la expedición de una sentencia que reemplace la dictada en enero 26 de 2022,
dentro de la cual, con independencia del sentido en que sea proferida, se tengan en
cuenta tanto la normatividad como la jurisprudencia realmente aplicables sobre la
materia y, además, se efectúe una valoración racional, razonable y lógica del
material probatorio decretado y practicado en el proceso, al igual que los
precedentes y jurisprudencia del Consejo de Estado en punto de responsabilidad
extracontractual por falla en el servicio de las funciones a cargo de la demandada
SV, hoy SFC.
QUINTA: Las demás órdenes judiciales que se consideren procedentes y/o
pertinentes con la finalidad de asegurarle a mi mandante la efectividad real y
concreta de sus referidos derechos constitucionales […]”.
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Actora: Superintendencia Financiera de Colombia
17. La actora en su escrito de tutela señaló que la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado incurrió en un i) defecto fáctico, en un ii) defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, en un iii) defecto
procedimental absoluto, en un iv) defecto sustantivo por aplicación indebida de
normas jurídicas; y en la causal de v) violación directa de la Constitución.
Actuación
18. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por auto de 15
de febrero de 2023; i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar a los
magistrados de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado ; y iv)
vinculó al Tribunal Administrativo de Antioquia, a la Cooperativa Financiera de
Antioquia, al Ministerio Público, y a “[…] todos quienes hubieren intervenido en el
proceso de reparación directa radicado al número 05001233100020060047600/01
y que a la fecha no hubieren sido vinculados al presente trámite constitucional […]”,
en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días
para que rindieran informe sobre el particular.
Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo
19. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló que:
“[…] Mediante auto del 15 de febrero de 2023 se admitió la tutela instaurada por la
Superintendencia Financiera de Colombia contra la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, con ocasión de la providencia —de la que fui
ponente— del 26 de enero de 2022, en la que se revocó la sentencia del 12 de
septiembre de 2011 que profirió el Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar,
se accedió a las pretensiones de la demanda, al interior del medio de control de
reparación directa identificado con el radicado número
05001233100020060047600/01.
En el referido auto se me requiere para que rinda informe sobre los hechos objeto
de la solicitud de amparo.
Con todo respeto me permito manifestar que no participaré en la acción de tutela de
la referencia como parte ni como tercero y acataré estrictamente las disposiciones
que se adopten en ella […]”.
20. La Cooperativa Financiera de Antioquia señaló que:
“[…] En atención a las pretensiones de la parte accionante, de conformidad con el
informe rendido, en calidad de apoderado de la COOPERATIVA FINANCIERA DE
ANTIOQUIA - CFA como parte interesada, me opongo a cada una de ellas y en su
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Actora: Superintendencia Financiera de Colombia
lugar se solicita que se DECLARE IMPROCEDENTE la presente acción de tutela
promovida por la Superintendencia Financiera de Colombia – SFC en contra de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado […]”.
21. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado expresó que:
“[…] i) En primer lugar, la sentencia no resolvió todos los extremos de la litis, toda
vez que no se pronunció acerca de la existencia de la culpa exclusiva de la víctima,
ni sobre el hecho de que como entidad financiera debía tener un cuidado especial
en la gestión de sus negocios en el mercado financiero, el cual, a diferencia de lo
que parece considerar la Subsección B, se rige por las reglas de la autonomía de la
voluntad y de la libertad de empresa, con regulación estatal.
En este sentido, la Subsección B de la Sección Tercera debió, al menos, analizar los
argumentos de las partes en tal sentido, para determinar si la participación de la CFA
en la producción del daño era determinante -eximente- o no - concausa-, en la
producción del daño. Asunto que fue obviado por completo por el juzgador en la
decisión de segunda instancia.
ii) En segundo lugar, la simple lectura de la providencia atacada demuestra que está
única y exclusivamente basada en razones argumentativas, pero no existe soporte
probatorio alguno de las conclusiones a las que llega la Sala. En los folios del fallo
contentivos de las consideraciones, no existe referencia a las pruebas que podrían
permitir arribar a la conclusión de la responsabilidad del Estado o de su conocimiento
en relación la conducta de Multivalores S.A., previo a junio y julio de 2003.
iii) Existe, además, una grave incongruencia del fallo, pues afirma que debió
informarle a la CFA en octubre de 2003 para que no realizara las operaciones de ese
mes, sin embargo, la liquidación de los perjuicios versa sobre las operaciones
realizadas en 2002. En el caso concreto, el único incumplimiento que podría ocurrir
-plenamente justificado por la cronología de los hechos- podría tener que ver con
estas operaciones, por lo que, en gracia de discusión, la sentencia debió encontrar
la responsabilidad solo por esos hechos y no por lo ocurrido con anterioridad al
conocimiento de las irregularidades de Multivalores S.A.
iv) Finalmente, resultaría redundante repetir el exhaustivo recuento de la pacífica
postura jurisprudencial del Consejo de Estado en torno al alcance de las funciones
de Inspección, Vigilancia y Control del Sector Financiero y del paradójico hecho de
que esta sea la única sentencia que acoge y promueve la responsabilidad automática
del Estado por el hecho de terceros que actúan en el mercado de valores […]”.
22. El Tribunal Administrativo de Antioquia allegó constancia de remisión del
expediente de reparación directa.
La sentencia impugnada
23. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante
sentencia de 17 de marzo de 2023, resolvió lo siguiente:
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00738-01
Actora: Superintendencia Financiera de Colombia
“[…] PRIMERO. DECLARAR improcedente la solicitud de amparo que presentó la
Superintendencia Financiera de Colombia en contra de la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia […]”.
24. Consideró que:
“[…] i) El asunto no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental, en la
medida en que, si bien la SFC aludió a que el defecto fáctico en su dimensión
negativa cambiaría la decisión que se adoptó, no ahondó en una vulneración
concreta para alguno de los elementos que integran el núcleo esencial del
derecho fundamental al debido proceso. Este último, que entendió la Corte
Constitucional como “hacer valer ante los jueces derechos e intereses de las
personas, mediante la defensa contradictoria, y de obtener, en fin, una respuesta
fundada en derecho”2, garantía que integra el derecho a la defensa como la
“posibilidad de que toda persona pueda emplear todas las herramientas y
mecanismos adecuados para defenderse”3.
En tal sentido, la SFC no explicó con suficiencia cómo se le impidió solicitar y
aportar pruebas que consideró pertinentes, al margen de que si se revisa el
asunto ordinario se colige que el Tribunal Administrativo de Antioquia decretó
íntegramente las documentales que la parte allegó, y solicitó los exhortos que
requirió.
ii) La controversia se limita a una discusión meramente legal, pues los reparos
dirigidos a la realización efectiva del deber de vigilancia y a la previsibilidad de los
riesgos por los inversionistas, son asuntos litigiosos propios del proceso de
reparación directa, que se identifican con los argumentos defensivos que planteó
la SFC en dicho trámite, en particular, en torno a la desacreditación del nexo de
causalidad.
En este orden, el asunto puntual de la diligencia en la detección de las
irregularidades fue materia de pronunciamiento por el Tribunal Administrativo de
Antioquia en providencia del 12 de septiembre de 2011, al considerar que sí operó
el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima ya que
Multivalores burló la confianza y la publicidad a partir del suministro de
información falsa. En razón a tal circunstancia, encontró probada la ausencia de
un nexo causal entre el daño y la conducta de la SFC.
Bajo tal panorama se pronunció la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado en providencia del 26 de enero de 2022, en la que a partir de
una interpretación del artículo 90 de la Constitución Política, consideró que quedó
demostrada la existencia de un daño antijurídico. Aunado a ello, puntualizó que
el actuar oportuno de la SFC hubiera impedido la causación del resultado lesivo,
por lo que el hecho de asumir riesgos no era de recibo, pues si bien la
comisionista debe revestir de idoneidad, la SFC está llamada a ejercer labores de
vigilancia y autorización.
Así pues, diferenció la labor de divulgación de la de certificación, y realizó un
recuento normativo y jurisprudencial a partir del que exteriorizó la valoración de
las siguientes pruebas: i) la resolución 0682 del 22 de octubre de 2003; ii) el
2
Corte Constitucional. Sentencia T-416 de 1998.
3
Corte Constitucional. Sentencia C-163 de 2019.
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Actora: Superintendencia Financiera de Colombia
informe de visita número 383 del 2 de abril de 2004 sobre la detección de
operaciones fraudulentas; iii) el informe de inspección; iv) el acta de visita del 22
de octubre de 2003; y iv) la denuncia penal en contra de los administradores de
Multivalores.
De acuerdo con lo establecido, esta judicatura considera que la SFC estructuró
su acción constitucional como una contraargumentación a cada uno de los
sustentos que planteó la accionada en su decisión. Dicho de otro modo, manifestó
que las conclusiones de la accionada no tenían soporte probatorio, frente a lo que
esta Sala encontró que la providencia destacó las pruebas que estimó relevantes
para fundar su convencimiento.
Sumado a ello, si bien la SFC identificó algunas pruebas que a su juicio no fueron
valoradas o lo fueron indebidamente, y puso de presente que tal apreciación
hubiera incidido materialmente en el sentido de la decisión, no expuso,
concretamente, cómo cada de una de las aludidas necesariamente hubiera
llevado a una decisión distinta, puntualmente a la exoneración de responsabilidad
en sede judicial. De este modo, no le brindó al juez constitucional los elementos
mínimos suficientes para examinar las pruebas particulares.
En igual sentido, esta judicatura pone de presente que la SFC realizó
afirmaciones de legalidad y defensivas, a partir de las que es dable extraer que
le asiste una inconformidad con la decisión que adoptó la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, al haber sido esta última desfavorable a
sus intereses y haberla condenado al pago de una suma cuantiosa por concepto
de perjuicios a favor de la CFA.
Adicionalmente, la SFC al estructurar su acción de tutela como una crítica a cada
una de las aseveraciones que realizó la accionada, permite inferir que está
utilizando el mecanismo constitucional como un juicio de corrección y no de
validez de la decisión judicial, a partir de lo que pretende que el juez de tutela
realice una revaloración probatoria de los medios incorporados al plenario para
desacreditar su responsabilidad administrativa, bajo la premisa de un estudio de
sus elementos.
En contraposición, el juzgador constitucional no está llamado a reabrir el debate
ordinario de forma integral sin una justificación válida que lo habilite, mucho
menos para determinar cuál es la postura que mejor consulta de los derechos e
intereses de las partes, por lo que la estructuración de la demanda de tutela en
el caso examinado sirve como parámetro para justificar la limitación de la
controversia a una problemática puramente legal, sin trascendencia
iusfundamental para la protección de las garantías superiores […]”.
[…]
“[…] Visto lo anterior, esta magistratura advierte que en lo atinente a la inaplicación
del artículo 281 del CGP, la actora lo que cuestionó fue que la accionada dejó de
pronunciarse sobre el extremo de la litis relativo a la culpa exclusiva de la víctima.
Por lo tanto, el reparo puntualmente considerado se estructura como una
transgresión al principio de congruencia en la sentencia […]”.
[…]
“[…] En este plano, conviene puntualizar que la SFC aún tiene a su alcance la
interposición de dicho mecanismo, pues la providencia enjuiciada quedó
ejecutoriada una vez cobró ejecutoria el auto que resolvió la solicitud de aclaración
y adición del 13 de julio de 2022, que se notificó a las partes el 29 de agosto del
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00738-01
Actora: Superintendencia Financiera de Colombia
mismo año. En consecuencia, para el momento de interposición de la presente
solicitud de tutela no había expirado el término de un año que habilita el artículo 251
del CPACA4. En gracia de discusión, la parte actora no trajo a colación la utilización
de la presente acción como una forma para evitar la consumación de un perjuicio
irremediable, por lo que el amparo tampoco procedería en su modalidad transitoria
[…]”.
[…]
“[…] En un segundo plano, la SFC aludió a un desconocimiento del precedente
horizontal, frente a lo que esta Sala considera que trajo a colación múltiples
sentencias del Consejo de Estado de diferentes subsecciones, por lo que no
constituyen providencias de unificación. En el mismo sentido, si bien refirió una regla
jurídica en la mayoría de estas, no precisó cómo su caso guardaba similitud con el
anterior, de modo que: i) no determinó cómo la regla que extrajo debía ser
innegablemente empleada en su controversia; e ii) hizo abstracción de reglas
jurídicas genéricas relacionadas con la carga de la prueba y el régimen de
responsabilidad extracontractual del Estado, sin realizar una debida atribución al
objeto de su proceso litigioso […]”.
[…]
“[…] Defecto procedimental absoluto: el reparo de la SFC se ciñó a determinar
que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado dejó de analizar
la culpa exclusiva de la víctima, frente a lo que estaría obligado el juez de segunda
instancia, por lo que puntualizó que dicha omisión devino de la ausencia de
valoración de dos correos electrónicos: i) del 17 de febrero de 2004, en el que la
CFA pidió la identificación de las operaciones; y ii) del 19 de febrero de 2004, en el
que CFA precisó su imposibilidad de aportar información anterior al 2003.
Expuesto el reparo en tales términos, se subsume en el cargo de defecto sustantivo
y fáctico que ya fueron analizados, de modo que frente al asunto relativo a la falta
de congruencia el actor tiene a su disposición el recurso extraordinario de revisión,
y en lo atinente a la indebida valoración probatoria, su cargo carece de relevancia
constitucional, por lo que el presente reparo es igualmente improcedente.
iv) Violación directa de la Constitución Política: el accionante sustentó que no
quedaron probados los elementos de la responsabilidad extracontractual del
Estado, pues no se consideró el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de
la víctima.
En relación con el mentado cargo, esta judicatura considera que la SFC no ahondó
en una debida fundamentación que le permitiera entender las razones puntuales por
las que consideró que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
violó de forma directa de la Constitución Política, razón por la que el cargo propuesto
deviene improcedente por falta de identificación razonable de los hechos y de los
derechos. Al margen de ello, el reparo insiste en el mismo asunto de la
incongruencia del fallo, frente a lo que esta Sala se remitirá a las consideraciones
presentadas en los literales anteriores sobre el requisito de subsidiariedad […]”.
4
“El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia”.
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Actora: Superintendencia Financiera de Colombia
La impugnación
25. La Superintendencia Financiera de Colombia y la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado impugnaron la sentencia proferida por la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado.
26.La Superintendencia Financiera de Colombia en su escrito de impugnación
adujo que:
“[…] A pesar de lo anterior, en la sentencia de tutela de primera instancia no se
evaluó de manera específica y concreta si las conclusiones plasmadas por la
accionada en la sentencia del 26 de enero de 2022, que son consideradas por la
SFC como arbitrarias y especulativas, cuentan con un mínimo o elemental sustento
probatorio.
Por el contrario, puede observarse que el a quo afirmó de manera general que la
subsección accionada fundó sus conclusiones y los hechos probados en “su
criterio, en la sana crítica y en la fórmula que empleó para realizar la valoración
probatoria (…)”.
Este tipo de afirmaciones abstractas y vagas incluidas en el fallo de tutela
impugnado hacen que se perpetúe la vulneración de los derechos de la
Superintendencia, pues de esa forma se está evitando estudiar de forma puntual,
si algunos de los hechos determinantes en que se fundó la condena impuesta a la
SFC carecen o no de un elemental soporte probatorio.
Lo anterior, conlleva a que en la práctica esté llamada a desaparecer la acción de
tutela en contra de providencias judiciales que incurran en defecto fáctico por
carecer de un mínimo o elemental soporte probatorio, pues se observa que en
casos como éste, el mecanismo de amparo termina resolviéndose con análisis y
afirmaciones abstractas, similares a las que son objeto de reproche en la decisión
que es materia del mecanismo de amparo […]”.
[…]
“[…] En efecto, se espera que el Juez de Tutela evalúe concretamente y no de
manera general o apelando a la sana crítica del Juzgador accionado, si en la
sentencia del 26 de enero de 2022 se tomó en consideración alguna prueba que
de forma mínimamente razonable y lógica, permitiera concluir que la
Superintendencia de Valores pudo detectar antes de la fecha en que efectivamente
ocurrió, las irregularidades contables cometidas por Multivalores. La SFC ha
sostenido que esta es una materia especialmente técnica, que requiere un
profundo estudio de la contabilidad de una sociedad comisionista de bolsa, a través
de métodos regularmente reconocidos en materia contable. Por esa razón, no
puede ser abordado de manera superficial, como desafortunadamente ocurrió en
el fallo censurado.
Así mismo, se tiene la expectativa de que el Juez de Tutela, evalúe si en la
sentencia del 26 de enero de 2022 se construyó una prueba indiciaria notoriamente
arbitraria, al omitirse hacer referencia a las reglas técnicas, lógicas o de la
experiencia que le sirvieron de sustento.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00738-01
Actora: Superintendencia Financiera de Colombia
En el mismo sentido, el Juez de Tutela de primera instancia debió evaluar en
general los puntos enumerados párrafos atrás, para validar si, según lo narrado en
el texto de la acción de tutela, el fallo del 26 de enero de 2022 tiene o no un sustento
probatorio que reafirme su validez o si, por el contrario, este tuvo por probados
hechos de manera especulativa y arbitraria, que a su vez sirvieron de base para la
condena impuesta a la SFC consistente en indemnizar perjuicios superiores a 5 mil
millones de pesos en favor de una de sus entidades vigiladas. En el texto de la
acción de tutela la SFC manifestó que ninguno de los documentos analizados por
la subsección accionada, permiten arribar a las conclusiones consignadas en la
sentencia del 26 de enero de 2022.
Los anteriores argumentos sirven de sustento para solicitar que el fallo de primera
instancia sea revocado, a efectos que el ad quem se pronuncie de manera concreta
sobre las deficiencias probatorias de la sentencia del 26 de enero de 2022, las
cuales, en concepto de la SFC, son groseras y evidentes, y conllevan a la
configuración de un defecto fáctico que vulnera el debido proceso de mi
representada […]”.
[…]
“[…] Por lo tanto, resulta equivocado como el Juez de Tutela al momento de
resolver sobre la protección constitucional que se le solicitó amparar, manifestó que
la controversia que se planteó se ciñe a una discusión netamente legal, cuando lo
que se encuentra en juego es el respaldo a las garantías constitucionales que
fueron vulneradas por el Consejo de Estado en el fallo que se censura, y en su
lugar se abstrae del estudio de dicha causal alegando que no se advirtió la
existencia de una afectación desproporcionada de los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia. No puede ser mayor el
desconocimiento del fallo que se enjuicia al punto que el mismo incurrió en una
violación directa de la Constitución Política, por cuanto se condenó al Estado sin
que se hubieran probado en el proceso los elementos de la responsabilidad
extracontractual derivados del artículo 90 Constitucional.
En este sentido se observa que no existe ningún otro medio para discutir y hacer
valer el derecho fundamental conculcado con la sentencia del 26 de enero de 2022,
la cual contrario a lo señalado en la sentencia de tutela no tiene su génesis en una
mera inconformidad con la decisión que adoptó la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, al haber sido esta última desfavorable a los
intereses de mi defendida y haberla condenado al pago de una suma cuantiosa por
concepto de perjuicios a favor de la CFA […]
[…]
“[…] En todo caso, se pone de presente que lo pretendido por la SFC con esta
acción de tutela no es evidenciar las razones por las que ella debe eventualmente
ser exonerada en el referido medio de control. Según se expuso párrafos atrás, lo
que se busca es que el fallo que puso fin al litigio, sea proferido con base en hechos
debidamente probados, más no en especulaciones o apreciaciones del Juzgador
que no tienen prueba.
Por estas razones, tampoco es cierto lo sostenido en la sentencia impugnada en el
sentido que la SFC no haya advertido una afectación desproporcionada a sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia o que se haya limitado a indicar nominalmente los defectos sufridos por la
sentencia del 26 de enero de 2022. Sobre este punto, se llama la atención en que
no puede haber una afectación mayor al debido proceso que la obtención de
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Actora: Superintendencia Financiera de Colombia
decisiones irrazonables y especulativas, agravio que fue explicado en detalle en el
texto de la acción de tutela.
Por las razones expuestas a lo largo de este escrito, en concordancia con lo
señalado en la acción de tutela, se pone de presente que la SFC si demostró que
las consideraciones a las que arribó la accionada fueron arbitrarias y caprichosa, y
no le asiste razón al a quo al sostener que no fue así. A diferencia de lo indicado
en la decisión impugnada, se encuentra que el Juez de Tutela de primera instancia
con base en argumentos vagos y generales, sostuvo que dicha providencia incluyó
una valoración probatoria razonable, pasando por alto el estudio específico y
concreto de los motivos por los que la SFC sostiene que no fue así […]”.
27. Por su parte, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en su escrito
de impugnación afirmó que:
“[…] En la decisión de primera instancia se afirmó, de una manera general que no
se había acreditado la manera en la cual los defectos planteados habrían incidido
en la decisión final en el proceso primigenio. Tal afirmación evidencia que no se
tuvieron en cuenta los argumentos que presentó la Superintendencia Financiera y
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica en los memoriales iniciales.
En la providencia del 13 de marzo de 2023, no se hizo análisis alguno acerca de lo
señalado en el memorial de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en
relación con la configuración del defecto material. Al respecto se indicó:
Resulta notorio que la Subsección B de la Sección Tercera, en su providencia,
desconoce que la IVC que se ejerce respecto de los agentes que actúan en el
mercado financiero -como es connatural a este tipo de funciones estatales- es de
carácter posterior y no previo o concomitante. Así mismo, se basa, principalmente
en la información que aporten los propios agentes del mercado y su contraste con
la realidad de las operaciones financieras. En este sentido el hecho de que los
funcionarios de Multivalores S.A., hayan cometido conductas delictivas, para
falsificar los estados financieros y la información aportada a la Superintendencia por
supuesto que incide en el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y
control.
A pesar de lo anterior, derivado de las actividades investigativas de la propiedad
entidad, se realizó un conjunto de conductas tendientes a verificar la realidad de la
información presentada por Multivalores S.A., al respecto, las pruebas allegadas al
proceso dan cuenta de lo siguiente:
• En agosto de 2003, la Superintendencia de Valores realizó dos requerimientos en
relación con los estados financieros radicados por Multivalores S.A., en junio y julio
de ese año. Los requerimientos se produjeron por “presuntos faltantes en caja y
bancos de clientes”.
• En comunicación del 2 de octubre siguiente, la comisionista reconoció la existencia
del faltante y unas pérdidas de que rondaban los $1.700 millones de pesos.
• El 21 de octubre de 2003, se radicó el “Informe de Gestión del Representante Legal
a la Junta Directiva y Coadyuvado por ella para su presentación a la Asamblea
General de Accionistas”, con el reconocimiento de que esta información fue
deliberadamente ocultada a través de un entramado de falsedades destinado a
esconder la situación financiera de Multivalores S.A.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00738-01
Actora: Superintendencia Financiera de Colombia
• Al día siguiente, el 22 de octubre de 2003, la expidió la Resolución 0682 mediante
la cual tomó posesión de los bienes, haberes y negocios de Multivalores S.A., por
la apropiación de dineros de los clientes, información falsa reportada a la
Superintendencia de Valores, ocultamiento de pérdidas, entre otras.
• Esta toma de posesión vino, además, aparejada con: i) el inicio de procesos
administrativos sancionatorios contra los administradores; ii) la interposición de
denuncias penales relacionadas con la información falsa presentada por
Multivalores S.A.
En otras palabras, la Superintendencia de Valores no solo actuó oportunamente,
sino que lo hizo en el marco y con todo el arsenal de herramientas propias de las
actividades de Inspección, Vigilancia y Control, que se activaron como consecuencia
de requerimientos que se realizó la propia entidad ante la existencia de
incongruencias en los estados financieros presentados en junio y julio de 2003. No
existe una sola prueba, distinta de la argumentación esbozada por la Subsección B,
en relación con el ejercicio inusual o defectuoso de las competencias de la entonces
existente Superintendencia de Valores.
Así mismo, esta Agencia concluyó: “llama poderosamente la atención que la
Subsección B de la Sección tercera haya afirmado que la Superintendencia de
Valores se limitó a ‘recibir los informes sobre los estados financieros presumiendo
la buena fe en la información reportada por la comisionista de bolsa’. Esta afirmación
no tiene sustento fáctico en prueba alguna del proceso, a través de la cual se pudiera
dar cuenta de las condiciones psíquicas y espirituales de los funcionarios en relación
con la información presentada por Multivalores S.A., pero además denota el total
dislate en la aproximación a las actividades de Inspección, Vigilancia y Control”.
Esa línea de tiempo, debidamente soportada en el proceso, debió, al menos ser
analizada por parte de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado. Así mismo, se argumentó con suficiencia acerca de los importantes yerros
en los que incurrió la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y
su incidencia en la decisión final […]”.
[…]
“[…] Igual que ocurre con la argumentación del punto anterior, de manera
sorprendente en la sentencia de primera instancia se omite cualquier tipo de análisis
en relación con los cargos planteados por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado. Un simple vistazo al memorial radicado por esta entidad, permite concluir
que la sentencia objeto de la acción constitucional impone obligaciones de imposible
cumplimiento a la Superintendencia Financiera en relación con las funciones de
inspección, vigilancia y control y la vuelve garante universal, solidariamente
responsable, por todos los daños que causen los entes vigilados.
En este orden de ideas, en el memorial de la Agencia se concluyó:
La sentencia del 26 de enero de 2022 incurre en esa doble exigencia que hace
imposible garantizar la congruencia de la sentencia en relación con los hechos
probados y las normas aplicables al caso concreto, pero que además impone un
deber de responder automáticamente por los hechos de terceros en el marco de
mercardos regulados en los cuales el Estado ejerce inspección, vigilancia y control.
En el caso sub lite, se reitera, no existe un solo medio de prueba que permita concluir
el conocimiento de hechos irregulares que le hubieren permitido actuar antes de que
lo hizo.
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Actora: Superintendencia Financiera de Colombia
No se trata de un asunto cosmético o de carácter estrictamente legal, toda vez que
la sentencia del 26 de enero de 2022 carece por completo de valoración probatoria
en relación con los fundamentos de la responsabilidad a la luz del carácter relativo
de la falla del servicio y los principios que la propia jurisprudencia de esa
Corporación ha decantado.
3.3. Se acreditó que la providencia del 26 de enero de 2022 incurrió en defectos
procedimentales, profirió una decisión sin motivación y causó una violación directa
de la Constitución Política
El memorial que radicó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y
que,evidentemente, no fue revisado para la adopción de la decisión de primera
instancia, se realizó una extensa argumentación en la ausencia de soporte
probatorio, normativo y/o argumentativo que llevó a la decisión final en el proceso
primigenio […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
28.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915, por el cual se
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20216 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 2018 7 y con el
artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 8, que asigna a esta
sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
29. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
6 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
8 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Actora: Superintendencia Financiera de Colombia
Problemas jurídicos
30.En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es
procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales,
concretamente si se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.
31.Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la igualdad; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia, procediendo posteriormente
a vi) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando, se satisfagan los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
32.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena9, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
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Actora: Superintendencia Financiera de Colombia
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales
33.Esta Sección adoptó10 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 200511, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
34.Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
35.De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”12 que encaje en dichos parámetros.
36.Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.
María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
11 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
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Actora: Superintendencia Financiera de Colombia
37.El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201413.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto
38.La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de la
relevancia constitucional.
Acerca del requisito general de la relevancia constitucional
39.Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
201414, al referirse al requisito general de relevancia constitucional, consideró lo
siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [15]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [16].
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
14 Ut supra página 6.
[15] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[16] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
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Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [17].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar
en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [18].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [19]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [20].
[17] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[18] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia
de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[19] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[20] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
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En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [21]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.
[…]
“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).
40.De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional consideró22:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”23
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
[21] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
22 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
23Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
22
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asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”24
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
41.En ese orden de ideas, el requisito general de la relevancia constitucional se
acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez constitucional se
involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales y ii) cuando el actor
en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga argumentativa mínima de
establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial demandada
incurrió en algunas de las causales especiales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la afectación de los
derechos fundamentales.
42.Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202225
precisó, en relación con el alcance del requisito general de la relevancia
constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
24 Ibidem.
25 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
23
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42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción
de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no
a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales
69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental,
producto de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar
una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia,
(ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]”. (Resaltado por la Sala).
24
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Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso
43.Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
44.Atendiendo a que, la Corte Constitucional26 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
45.Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
26 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
25
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libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
46.Atendiendo a que la Corte Constitucional27 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia
47.Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
48.Atendiendo a que, la Corte Constitucional28 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
27 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
28 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
26
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una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.
Análisis del caso concreto
49.Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
50.La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
51.Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
51.1. Copia de la sentencia de segunda instancia proferida por la Subsección B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 26 de enero de 2022.
Solución del caso concreto
Análisis del posible incumplimiento del requisito general de la relevancia
constitucional
52. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los que
la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
27
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constitucional. La actora en su escrito de tutela señaló lo siguiente29:
“[…] La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en un
defecto procedimental absoluto que afecta gravemente los derechos fundamentales
al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia de mi
representada, al omitir analizar en la parte motiva de la decisión, uno de los
principales argumentos en que se fundó la contestación de la demanda y que
también fue expuesto en los alegatos de segunda instancia, cual es la culpa
exclusiva de la víctima derivada de la grave incuria demostrada por CFA al tolerar
los graves y frecuentes incumplimientos contractuales de Multivalores S.C.B. en la
administración de su portafolio de inversión.
Lo anterior, tomando en consideración que la ley obliga a todo juez de segunda
instancia, a resolver sobre todas las excepciones formuladas por el demandado en
la contestación de la demanda, incluso en el evento en que no haya apelado la
sentencia. Esto de conformidad con los dictados del artículo 282 del Código General
del Proceso y del artículo 170 del CCA.
En la contestación de demanda la Superintendencia señaló como un argumento de
defensa (culpa exclusiva de la víctima) el hecho de que CFA, a pesar de ser un
profesional experto en la prestación de servicios financieros que administra recursos
del público y que es Establecimiento de Crédito vigilado por la SFC, asumió una
posición en extremo pasiva y negligente frente a los recurrentes incumplimientos
contractuales de Multivalores S.A. Esto último, debido a que a pesar de que conocía
o debía conocer que únicamente en el año 2003, la comisionista Multivalores llevó
a cabo sin su autorización más de 700 operaciones en el mercado de valores, no
adoptó medida alguna al respecto ni reportó tal circunstancia al Organismo de
Supervisión con el objeto de que fueran llevadas a cabo oportunamente las medidas
a que hubiere lugar en salvaguarda de sus intereses […]”.
[…]
“[…] Defecto fáctico derivado de tener por probados hechos, con base en el arbitrio
y afirmaciones falaces del Juzgador, que carecen por completo de un soporte
probatorio técnico:
El H Consejo de Estado dentro de su sentencia del 26 de enero de 2022 incurrió en
varias afirmaciones especulativas, todas ellas carentes del más elemental soporte
técnico y probatorio, las cuales fueron usadas como sustento para condenar al
Estado a reparar perjuicios por una cuantía superior a 5.300 millones de pesos.
7.2.1.1. No hay prueba de que la Superintendencia de Valores hubiera podido
detectar antes de agosto a octubre de 2003, las irregularidades contables de
Multivalores.
Una de las afirmaciones fundamentales pero meramente especulativas, en cuanto
carente de todo soporte probatorio, que se encuentran incorporadas en la parte
motiva de la sentencia del 26 de enero de 2022, y tal vez la más grave, radica en
que el Alto Tribunal sin soporte técnico alguno y basado exclusivamente en su
apreciación eminentemente subjetiva, afirmó que la Superintendencia de Valores
pudo haber detectado antes de agosto a octubre de 2003 las falsedades e
irregularidades cometidas por Multivalores si sólo hubiera analizado
“adecuadamente” los estados financieros y balances reportados mensualmente por
29
Transcripción literal de la solicitud del amparo.
28
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la sociedad comisionista, al Organismo de Supervisión. Dicho aspecto fue uno de
los temas centrales del litigio y respecto de este las partes asumieron posturas
contrarias: De una parte, la demandante (CFA) sostuvo que las falsedades
contables de Multivalores supuestamente habrían podido ser detectadas por la
Superintendencia antes agosto a octubre de 2003; por su parte, la entidad
demandada (SV) señaló que la tarea de desentrañar las falsedades y anomalías
contables de la comisionista era imposible en un momento previo al que en realidad
ocurrió14 , pues la vigilada maquilló de manera intencional y fraudulenta sus estados
financieros y balances, precisamente con el objeto de ocultar su realidad financiera
tanto al Supervisor como a los demás usuarios de su información contable […]”.
[…]
“[…] De la cita efectuada, se destaca que en la parte motiva del fallo no se explica
concretamente en qué habría podido consistir el análisis “adecuado” de los estados
financieros y balances de Multivalores, que la Superintendencia de Valores
supuestamente pasó por alto, y menos se indica siquiera cómo habría debido
hacerse entonces dicho “análisis adecuado”; tampoco se señala de manera
específica en cuáles de las partidas de cada uno de los estados financieros
mensuales (de agosto de 2002 a octubre de 2003) se encontraban de manera
concreta las falsedades e inconsistencias cometidas intencionalmente por la
Comisionista ni los criterios o métodos que permitirían a los profesionales de la
Superintendencia detectarlas para la época de los hechos o que supuestamente
dejaron de aplicar. Lamentablemente, en la decisión también se hacen
señalamientos vacíos en contra de la Superintendencia que, se insiste, carecen de
cualquier sustento tanto técnico como probatorio, en los que, por ejemplo, se
sostiene superficialmente y en forma en extremo genérica y gaseosa que “habría
bastado con revisar los estados financieros reportados y compararlos con los
balances” para que hipotéticamente se hubieran podido detectar las irregularidades
de la comisionista.
Otra de las acusaciones abstractas, infundadas, subjetivas y gratuitas que fueron
efectuadas por el cuestionado fallo de la Subsección B del H Consejo de Estado a
la Superintendencia, radica en sostener que presuntamente el Organismo de
Supervisión pasó por alto comparar los estados financieros con los “demás
documentos en poder de la comisionista”. Revisado este aparte de la sentencia, se
encuentra que, nuevamente, en la decisión judicial se pasó por alto identificar cuáles
son los “demás documentos en poder de la comisionista” y las razones por las cuales
imaginariamente estos habrían estado al alcance de la Superintendencia en ese
período de tiempo.
En el mismo sentido, se aduce en el fallo, nuevamente sin contar con soporte
probatorio alguno para ello, que la Superintendencia habría tenido “conocimiento
mensual de los movimientos de los estados financieros”, pero no se indica de
manera específica en cuáles de las partidas de cada uno de tales estados
financieros mensuales se habrían evidenciado las inconsistencias y falsedades
contables o el ocultamiento de pérdidas en que –de manera deliberada, intencional
y criminal– incurrió la sociedad comisionista de bolsa, ni las razones por las cuales
éstas habrían sido detectables por la Superintendencia antes de agosto de 2003 a
octubre de 2003 […]”.
[…]
“[…] Otro de los ejercicios puramente especulativos que contiene la sentencia
cuestionada y que afecta gravemente su necesario apego a la Constitución Política,
consistió en señalar que la Superintendencia, supuestamente, habría podido
descubrir antes las falsedades intencionalmente cometidas por Multivalores, si
29
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Actora: Superintendencia Financiera de Colombia
simplemente hubiese practicado una visita de inspección en cuanto detectó
inconsistencias en los estados financieros de la comisionista y esta no dio respuesta
pronta a sus requerimientos […]”.
[…]
“[…] Este es otro de los graves errores en materia probatoria en que incurrió el
Consejo de Estado, pues, nuevamente, sin soporte técnico alguno y con total
desconocimiento –así como con total orfandad probatoria–, se aventuró a sostener
que la visita pudo y/o debió haber sido practicada en un momento previo a aquel en
el cual en efecto ocurrió (octubre de 2003).
Sin embargo el fallo NO dice de forma precisa en qué día o en qué mes debió
haberse practicado la visita; nada señala acerca de cuál debió haber sido el criterio
que debió tenerse en cuenta para ordenar anticipadamente la visita en cuestión;
nada indica acerca de cuáles debían haber sido los criterios que debían tenerse en
cuenta tanto para la planeación como para el desarrollo de la visita; nada menciona
en cuanto a las instrucciones que debían haberse impartido a los funcionarios
visitadores para la realización de esas actuaciones; nada sugirió siquiera acerca de
cuáles han debido ser las finalidades que debían orientar la orden de realización, la
planeación y/o el desarrollo mismo de dicha visita.
Y por si los silencios que aquí se le reprochan a la sentencia de enero 26 de 2022
no fueren suficientes –que en efecto lo son, y en demasía– para evidenciar el
carácter absolutamente abstracto, genérico, subjetivo, infundado y especulativo de
la única y determinante argumentación que se expuso en ese fallo para arribar a la
decisión de condenar a mi mandante, se impone agregar que esa sentencia nada
dijo tampoco en torno a la forma, completamente hipotética, en la cual la realización
de la visita de inspección que la Superintendencia de Valores realizó habría evitado
la ocurrencia de los supuestos daños ocasionados a la parte demandante por la sola
circunstancia de que tal visita se hubiera llevado a cabo con anterioridad (¿de un
día? ¿de 10 días? ¿de un mes? …).[…]”.
[…]
“[…] En la sentencia del 26 de enero de 2022, el Consejo de Estado construyó una
prueba indiciaria de manera indebida y, por tanto, arbitraria, pues no explicó la regla
técnica, lógica o de la experiencia que supuestamente le habría permitido tener por
probado el hecho indicado a partir del hecho indicador. Según el fallo, los
incrementos “significativos” de utilidades de una entidad vigilada serían indicio de
falsedades e irregularidades, sin embargo, brilló por su ausencia el razonamiento
crítico y lógico que habría llevado a cabo esa corporación para arribar a semejante
conclusión […]”.
[…]
“[…] 7.2.2.1. La Resolución de toma de posesión y el informe de visita de inspección
No. 383 de 2004, no afirman que esas actuaciones debieron ser decretadas antes
de octubre de 2003.
Llama la atención que, paradójicamente, el único criterio técnico autorizado al que
hizo referencia la sentencia del 26 de enero de 2022 del H Consejo de Estado (al
igual que la parte demandante en el hecho 23 de su demanda) para sostener que la
Superintendencia de Valores habría incurrido en una omisión y/o retardo en el
cumplimiento de sus funciones, se encuentra constituido por el contenido de los
actos administrativos y del informe de inspección No. 383 del 2 de abril de 2004
elaborado por expertos de esta misma Superintendencia. Lo anterior, a pesar de
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que el objeto de tales actos no fue determinar si la SV estuvo en capacidad y/o en
condiciones de detectar previo a las fechas en que efectivamente ocurrió, las
inconsistencias cometidas por Multivalores, o si la supervisión ejercida por la
Superintendencia sobre dicha sociedad comisionista de bolsa fue o no adecuada.
En el mismo sentido, en el contenido de esos actos, tampoco se consagran tales
afirmaciones, ni se incorporan criterios técnicos o científicos que permitan llegar al
interprete a tales conclusiones.
En la sentencia se observa que los hechos que el Consejo de Estado tuvo por
probados básicamente son los mismos hallazgos que encontraron los técnicos de la
Entidad Demandada tras haber adelantado, por espacio de dos (2) meses una visita
de inspección a la firma comisionista. Los hallazgos se consignaron en un informe
de visita que terminó de elaborarse el 2 de abril de 2004, esto es algo más de 3
meses después de que la visita finalizó, el cual constó de ciento treinta y ocho (138)
folios, veinte (20) fólderes AZs de anexos, más dos (2) Cds y disquetes.
Sin embargo, se insiste, en ninguno de los apartes del referido informe, se señala o
se establecen elementos de juicio que permitan concluir técnicamente, y no
arbitraria e infundadamente como por error ocurrió en la sentencia del 26 de enero
de 2022, que la SV pudo detectar con anterioridad las irregularidades contables de
Multivalores o acelerar la visita de inspección de dicha sociedad comisionista.
También el H Consejo de Estado tuvo por probados los hechos consignados en el
contenido de la Resolución 682 del 22 de octubre de 2003, por medio de la cual la
propia SV decretó la toma de posesión de bienes, haberes y negocios de
Multivalores. En este acto administrativo tampoco se afirmó ni se incorporaron
elementos que permitan llevar al Juez al convencimiento de que la SV estuvo en
condiciones de desentrañar las falsedades e inconsistencias cometidas por
Multivalores en sus estados financieros […]”.
[…]
“[…] Según se expuso párrafos atrás, la accionada no hizo ningún desarrollo teórico,
conceptual ni jurídico del tipo de análisis causal que fue aplicado en la sentencia del
26 de enero de 2022, ni tampoco los elementos evaluados para tal efecto. No
obstante lo anterior, en el caso improbable en que la Subsección haya hecho uso
de la teoría de la causalidad adecuada como herramienta para definir la causalidad
entre la presunta falla en el servicio de la SV y el daño sufrido por CFA , debe decirse
que su aplicación fue ilógica, irrazonable y arbitraria, pues no se sustentó ni jurídica
ni probatoriamente, lo cual generó una vulneración del artículo 90 de la Constitución
al igual que del derecho de defensa y debido proceso de mi representada.
Si el Consejo de Estado optara por decidir la controversia bajo la causa adecuada,
como ocurre en la mayoría de su jurisprudencia, tendría que cuestionarse sobre
cuáles son las causas físicas y jurídicas del daño y, respecto de a causa jurídica,
determinar si la presunta falla cometida por la agencia estatal demandada, según
las reglas de la experiencia y en un curso normal de los acontecimientos, fue la
causa suficiente y necesaria del daño […]”.
[…]
“[…] La sentencia del 26 de enero de 2022 desatendió el artículo 281 del CGP pues
y omitió analizar la excepción de culpa exclusiva de la víctima propuesta por la
Superintendencia Financiera en su defensa al dar contestación a la demanda y, en
especial, ignoró sin valoración alguna las pruebas en que esa excepción se
sustentaba (extractos periódicos del portafolio de CFA con Multivalores y correos
electrónicos de febrero de 2004). Con el ánimo de no ser reiterativo, me remito a lo
manifestado sobre el particular en el numeral 8.1. de este escrito, a lo largo del cual
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se explicó que el H Consejo de Estado no valoró las pruebas en que se sustentó
dicho medio exceptivo […]”.
[…]
“[…] La sentencia del 26 de enero de 2022, proferida por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, desconoció abiertamente las reglas fijadas
por múltiples fallos de la misma Corporación en aquellos casos en los cuales se
estudiaron y se resolvieron problemas jurídicos similares e incluso idénticos en
materia de responsabilidad extracontractual de la Superintendencia por presunta
falla en el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control.
Así mismo, pasó por alto reglas generales en materia de responsabilidad
extracontractual del Estado que necesariamente debían ser atendidas en el caso
concreto.
Se exponen a continuación algunos de los precedentes pasados por alto en la
sentencia.
7.3.3.1.- Sentencia del 26 de mayo de 2021. Consejo de Estado Sección Tercera
subsección C. CP. Nicolás Yepes Corrales. Expediente 47104 […]”.
[…]
“[…] 7.3.3.2.- Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 14
de septiembre de 2016. Consejera Ponente Marta Nubia Velásquez Rico.
Expediente 37637: […]”.
[…]
“[…] 7.3.3.3.- Consejo de Estado Sección Tercera Subsección A, en sentencia del
24 de septiembre de 2020. Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico.
Expediente 59713 […]”.
[…]
“[…] 7.3.3.4.- Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del veintinueve (29)
de enero del dos mil dieciocho (2018). Consejero Ponente Jaime Orlando Santofimio
Gamboa. Expediente 59179 […]”.
[…]
“[…] 7.3.3.5.- Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 7
de marzo de 2012. Consejero Ponente Hernán Andrade Rincón. Expediente 20042
[…]”.
[…]
“[…] 7.4.- Violación directa de la Constitución
En la sentencia del 26 de enero de 2022 también se incurrió en una violación directa
de la Constitución Política, por cuanto se condenó al Estado sin que se hubieran
probado en el proceso los elementos de la responsabilidad en los términos
establecidos en la norma y desarrollados por la jurisprudencia del propio Consejo
de Estado […]”.
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53. La Superintendencia Financiera de Colombia en su escrito de impugnación
adujo que:
“[…] A pesar de lo anterior, en la sentencia de tutela de primera instancia no se
evaluó de manera específica y concreta si las conclusiones plasmadas por la
accionada en la sentencia del 26 de enero de 2022, que son consideradas por la
SFC como arbitrarias y especulativas, cuentan con un mínimo o elemental sustento
probatorio.
Por el contrario, puede observarse que el a quo afirmó de manera general que la
subsección accionada fundó sus conclusiones y los hechos probados en “su
criterio, en la sana crítica y en la fórmula que empleó para realizar la valoración
probatoria (…)”.
Este tipo de afirmaciones abstractas y vagas incluidas en el fallo de tutela
impugnado hacen que se perpetúe la vulneración de los derechos de la
Superintendencia, pues de esa forma se está evitando estudiar de forma puntual,
si algunos de los hechos determinantes en que se fundó la condena impuesta a la
SFC carecen o no de un elemental soporte probatorio.
Lo anterior, conlleva a que en la práctica esté llamada a desaparecer la acción de
tutela en contra de providencias judiciales que incurran en defecto fáctico por
carecer de un mínimo o elemental soporte probatorio, pues se observa que en
casos como éste, el mecanismo de amparo termina resolviéndose con análisis y
afirmaciones abstractas, similares a las que son objeto de reproche en la decisión
que es materia del mecanismo de amparo […]”.
[…]
“[…] En efecto, se espera que el Juez de Tutela evalúe concretamente y no de
manera general o apelando a la sana crítica del Juzgador accionado, si en la
sentencia del 26 de enero de 2022 se tomó en consideración alguna prueba que
de forma mínimamente razonable y lógica, permitiera concluir que la
Superintendencia de Valores pudo detectar antes de la fecha en que efectivamente
ocurrió, las irregularidades contables cometidas por Multivalores. La SFC ha
sostenido que esta es una materia especialmente técnica, que requiere un
profundo estudio de la contabilidad de una sociedad comisionista de bolsa, a través
de métodos regularmente reconocidos en materia contable. Por esa razón, no
puede ser abordado de manera superficial, como desafortunadamente ocurrió en
el fallo censurado.
Así mismo, se tiene la expectativa de que el Juez de Tutela, evalúe si en la
sentencia del 26 de enero de 2022 se construyó una prueba indiciaria notoriamente
arbitraria, al omitirse hacer referencia a las reglas técnicas, lógicas o de la
experiencia que le sirvieron de sustento.
En el mismo sentido, el Juez de Tutela de primera instancia debió evaluar en
general los puntos enumerados párrafos atrás, para validar si, según lo narrado en
el texto de la acción de tutela, el fallo del 26 de enero de 2022 tiene o no un sustento
probatorio que reafirme su validez o si, por el contrario, este tuvo por probados
hechos de manera especulativa y arbitraria, que a su vez sirvieron de base para la
condena impuesta a la SFC consistente en indemnizar perjuicios superiores a 5 mil
millones de pesos en favor de una de sus entidades vigiladas. En el texto de la
acción de tutela la SFC manifestó que ninguno de los documentos analizados por
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Actora: Superintendencia Financiera de Colombia
la subsección accionada, permiten arribar a las conclusiones consignadas en la
sentencia del 26 de enero de 2022.
Los anteriores argumentos sirven de sustento para solicitar que el fallo de primera
instancia sea revocado, a efectos que el ad quem se pronuncie de manera concreta
sobre las deficiencias probatorias de la sentencia del 26 de enero de 2022, las
cuales, en concepto de la SFC, son groseras y evidentes, y conllevan a la
configuración de un defecto fáctico que vulnera el debido proceso de mi
representada […]”.
[…]
“[…] Por lo tanto, resulta equivocado como el Juez de Tutela al momento de
resolver sobre la protección constitucional que se le solicitó amparar, manifestó que
la controversia que se planteó se ciñe a una discusión netamente legal, cuando lo
que se encuentra en juego es el respaldo a las garantías constitucionales que
fueron vulneradas por el Consejo de Estado en el fallo que se censura, y en su
lugar se abstrae del estudio de dicha causal alegando que no se advirtió la
existencia de una afectación desproporcionada de los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia. No puede ser mayor el
desconocimiento del fallo que se enjuicia al punto que el mismo incurrió en una
violación directa de la Constitución Política, por cuanto se condenó al Estado sin
que se hubieran probado en el proceso los elementos de la responsabilidad
extracontractual derivados del artículo 90 Constitucional.
En este sentido se observa que no existe ningún otro medio para discutir y hacer
valer el derecho fundamental conculcado con la sentencia del 26 de enero de 2022,
la cual contrario a lo señalado en la sentencia de tutela no tiene su génesis en una
mera inconformidad con la decisión que adoptó la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, al haber sido esta última desfavorable a los
intereses de mi defendida y haberla condenado al pago de una suma cuantiosa por
concepto de perjuicios a favor de la CFA […]
[…]
“[…] En todo caso, se pone de presente que lo pretendido por la SFC con esta
acción de tutela no es evidenciar las razones por las que ella debe eventualmente
ser exonerada en el referido medio de control. Según se expuso párrafos atrás, lo
que se busca es que el fallo que puso fin al litigio, sea proferido con base en hechos
debidamente probados, más no en especulaciones o apreciaciones del Juzgador
que no tienen prueba.
Por estas razones, tampoco es cierto lo sostenido en la sentencia impugnada en el
sentido que la SFC no haya advertido una afectación desproporcionada a sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia o que se haya limitado a indicar nominalmente los defectos sufridos por la
sentencia del 26 de enero de 2022. Sobre este punto, se llama la atención en que
no puede haber una afectación mayor al debido proceso que la obtención de
decisiones irrazonables y especulativas, agravio que fue explicado en detalle en el
texto de la acción de tutela.
Por las razones expuestas a lo largo de este escrito, en concordancia con lo
señalado en la acción de tutela, se pone de presente que la SFC si demostró que
las consideraciones a las que arribó la accionada fueron arbitrarias y caprichosa, y
no le asiste razón al a quo al sostener que no fue así. A diferencia de lo indicado
en la decisión impugnada, se encuentra que el Juez de Tutela de primera instancia
con base en argumentos vagos y generales, sostuvo que dicha providencia incluyó
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Actora: Superintendencia Financiera de Colombia
una valoración probatoria razonable, pasando por alto el estudio específico y
concreto de los motivos por los que la SFC sostiene que no fue así […]”.
54. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en su escrito de
impugnación afirmó que:
“[…] En la decisión de primera instancia se afirmó, de una manera general que no
se había acreditado la manera en la cual los defectos planteados habrían incidido
en la decisión final en el proceso primigenio. Tal afirmación evidencia que no se
tuvieron en cuenta los argumentos que presentó la Superintendencia Financiera y
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica en los memoriales iniciales.
En la providencia del 13 de marzo de 2023, no se hizo análisis alguno acerca de lo
señalado en el memorial de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en
relación con la configuración del defecto material. Al respecto se indicó:
Resulta notorio que la Subsección B de la Sección Tercera, en su providencia,
desconoce que la IVC que se ejerce respecto de los agentes que actúan en el
mercado financiero -como es connatural a este tipo de funciones estatales- es de
carácter posterior y no previo o concomitante. Así mismo, se basa, principalmente
en la información que aporten los propios agentes del mercado y su contraste con
la realidad de las operaciones financieras. En este sentido el hecho de que los
funcionarios de Multivalores S.A., hayan cometido conductas delictivas, para
falsificar los estados financieros y la información aportada a la Superintendencia por
supuesto que incide en el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y
control.
A pesar de lo anterior, derivado de las actividades investigativas de la propiedad
entidad, se realizó un conjunto de conductas tendientes a verificar la realidad de la
información presentada por Multivalores S.A., al respecto, las pruebas allegadas al
proceso dan cuenta de lo siguiente:
• En agosto de 2003, la Superintendencia de Valores realizó dos requerimientos en
relación con los estados financieros radicados por Multivalores S.A., en junio y julio
de ese año. Los requerimientos se produjeron por “presuntos faltantes en caja y
bancos de clientes”.
• En comunicación del 2 de octubre siguiente, la comisionista reconoció la existencia
del faltante y unas pérdidas de que rondaban los $1.700 millones de pesos.
• El 21 de octubre de 2003, se radicó el “Informe de Gestión del Representante Legal
a la Junta Directiva y Coadyuvado por ella para su presentación a la Asamblea
General de Accionistas”, con el reconocimiento de que esta información fue
deliberadamente ocultada a través de un entramado de falsedades destinado a
esconder la situación financiera de Multivalores S.A.
• Al día siguiente, el 22 de octubre de 2003, la expidió la Resolución 0682 mediante
la cual tomó posesión de los bienes, haberes y negocios de Multivalores S.A., por
la apropiación de dineros de los clientes, información falsa reportada a la
Superintendencia de Valores, ocultamiento de pérdidas, entre otras.
• Esta toma de posesión vino, además, aparejada con: i) el inicio de procesos
administrativos sancionatorios contra los administradores; ii) la interposición de
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Actora: Superintendencia Financiera de Colombia
denuncias penales relacionadas con la información falsa presentada por
Multivalores S.A.
En otras palabras, la Superintendencia de Valores no solo actuó oportunamente,
sino que lo hizo en el marco y con todo el arsenal de herramientas propias de las
actividades de Inspección, Vigilancia y Control, que se activaron como consecuencia
de requerimientos que se realizó la propia entidad ante la existencia de
incongruencias en los estados financieros presentados en junio y julio de 2003. No
existe una sola prueba, distinta de la argumentación esbozada por la Subsección B,
en relación con el ejercicio inusual o defectuoso de las competencias de la entonces
existente Superintendencia de Valores.
Así mismo, esta Agencia concluyó: “llama poderosamente la atención que la
Subsección B de la Sección tercera haya afirmado que la Superintendencia de
Valores se limitó a ‘recibir los informes sobre los estados financieros presumiendo
la buena fe en la información reportada por la comisionista de bolsa’. Esta afirmación
no tiene sustento fáctico en prueba alguna del proceso, a través de la cual se pudiera
dar cuenta de las condiciones psíquicas y espirituales de los funcionarios en relación
con la información presentada por Multivalores S.A., pero además denota el total
dislate en la aproximación a las actividades de Inspección, Vigilancia y Control”.
Esa línea de tiempo, debidamente soportada en el proceso, debió, al menos ser
analizada por parte de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado. Así mismo, se argumentó con suficiencia acerca de los importantes yerros
en los que incurrió la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado y
su incidencia en la decisión final […]”.
[…]
“[…] Igual que ocurre con la argumentación del punto anterior, de manera
sorprendente en la sentencia de primera instancia se omite cualquier tipo de análisis
en relación con los cargos planteados por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado. Un simple vistazo al memorial radicado por esta entidad, permite concluir
que la sentencia objeto de la acción constitucional impone obligaciones de imposible
cumplimiento a la Superintendencia Financiera en relación con las funciones de
inspección, vigilancia y control y la vuelve garante universal, solidariamente
responsable, por todos los daños que causen los entes vigilados.
En este orden de ideas, en el memorial de la Agencia se concluyó:
La sentencia del 26 de enero de 2022 incurre en esa doble exigencia que hace
imposible garantizar la congruencia de la sentencia en relación con los hechos
probados y las normas aplicables al caso concreto, pero que además impone un
deber de responder automáticamente por los hechos de terceros en el marco de
mercardos regulados en los cuales el Estado ejerce inspección, vigilancia y control.
En el caso sub lite, se reitera, no existe un solo medio de prueba que permita concluir
el conocimiento de hechos irregulares que le hubieren permitido actuar antes de que
lo hizo.
No se trata de un asunto cosmético o de carácter estrictamente legal, toda vez que
la sentencia del 26 de enero de 2022 carece por completo de valoración probatoria
en relación con los fundamentos de la responsabilidad a la luz del carácter relativo
de la falla del servicio y los principios que la propia jurisprudencia de esa
Corporación ha decantado.
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Actora: Superintendencia Financiera de Colombia
3.3. Se acreditó que la providencia del 26 de enero de 2022 incurrió en defectos
procedimentales, profirió una decisión sin motivación y causó una violación directa
de la Constitución Política
El memorial que radicó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y
que,evidentemente, no fue revisado para la adopción de la decisión de primera
instancia, se realizó una extensa argumentación en la ausencia de soporte
probatorio, normativo y/o argumentativo que llevó a la decisión final en el proceso
primigenio […]”.
55. Al respecto, es preciso indicar que el asunto controvertido por la actora ya fue
objeto de estudio por la autoridad judicial accionada y la acción de tutela contra
providencia judicial no constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate
resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad accionada
incurrió en la vulneración de derechos fundamentales.
56. Además, la Sala debe hacer énfasis que cuando se trata de interponer una
acción de tutela contra providencias proferidas por una Alta Corte como lo es el
Consejo de Estado, el juez constitucional debe efectuar un análisis de procedibilidad
de los requisitos generales de manera más rigurosa y exigente. En ese orden de
ideas, la Corte Constitucional frente al tema ha considerado lo siguiente : 30
“[…] Dado que “la garantía de que cada órgano goce de autonomía, en el sentido
que debe poder desenvolverse y desplegar su actividad por sí mismo, y
autogobernarse, son actividades que resultan básicas para definir el equilibrio en el
ejercicio del poder público”31, los órganos judiciales de cierre “tienen entre sus
competencias ‘la unificación de jurisprudencia como forma de precisar con autoridad
y vocación de generalidad el significado y alcance de las diferentes áreas del
ordenamiento jurídico”32. Por tanto, en el evento en que se cuestione una sentencia
dictada por una Alta Corte, el examen de la relevancia constitucional debe ser más
estricto que el que pudiera hacerse en los demás eventos de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales. En tales términos, la acreditación de
esta exigencia, más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga
una relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la
existencia de una restricción prima facie desproporcionada a un derecho
fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel […]”.
57. Además de lo anterior, para la Sala, a diferencia de lo sostenido por la
Superintendencia Financiera de Colombia y por la Agencia Nacional de Defensa
30 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
31 Sentencia SU-050 de 2018.
32 Sentencia SU-354 de 2017.
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Actora: Superintendencia Financiera de Colombia
Jurídica del Estado en sus respectivos escritos de impugnación, en el caso sub
examine, se plantea una afectación de derechos fundamentales que tienen su
origen en últimas en un debate estrictamente probatorio y económico, el cual ya fue
expuesto dentro del proceso de reparación directa, y fue decidido por el juez natural
de la causa, por lo que no le corresponde al juez constitucional hacer un
pronunciamiento adicional, toda vez que ello implicaría desconocer el principio de
autonomía e independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional
convirtiéndolo en una instancia adicional.
58.Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal de lo
Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…] entidad de
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…] no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito de tutela se
“[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.
59. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita,
no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se
encuentra limitado a asuntos meramente probatorios y económicos cuya
competencia se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.
60.Igualmente, el conflicto que subyace en esta oportunidad tiene un alcance de
contenido particular y meramente probatorio y económico, esto es así porque la
discusión y los argumentos que se extraen de la acción de tutela, más que develar
la necesidad de protección de un derecho fundamental, buscan que el juez de tutela
valide la tesis jurídica de la actora y, con ello, acceda a las pretensiones de la
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Actora: Superintendencia Financiera de Colombia
demanda, sin que de esta discusión se pueda evidenciar una clara trascendencia o
relevancia constitucional.
61. Para la Sala, la controversia planteada por la actora es de naturaleza puramente
probatoria y económica; y no gira en torno al contenido, alcance y goce del derecho
fundamental indicado supra.
62. En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca
cuestionar el criterio de interpretación probatoria de la autoridad judicial accionada,
es decir, la actora acude al juez constitucional buscando la corrección del criterio
jurídico del juez natural y reabrir un debate probatorio y económico concluido que
escapa de la órbita de competencia del juez constitucional. Si bien es cierto, la
actora alega la vulneración de sus derechos fundamentales indicados supra, el
criterio de la relevancia constitucional, no se determina con su mera enunciación,
sino mediante la acreditación expresa y razonable de una presunta amenaza o
vulneración de los mismos, lo cual no aconteció en el caso sub examine.
63. Los supuestos de vulneración al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia enunciados por la actora, no se evidencian en el caso sub
examine, toda vez que el proceso de reparación directa se adelantó ante el juez
competente, en respeto de las formas propias del proceso, y respetó el derecho de
presentar y controvertir las pruebas allegadas. Además, no concurre una situación
de amenaza o alguna causal de vulnerabilidad que amerite la actuación del juez
constitucional.
64. En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter netamente
probatorio y económico, no es una circunstancia que habilite por sí misma la
procedencia de la tutela contra una providencia judicial.
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Actora: Superintendencia Financiera de Colombia
65. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de relevancia constitucional dentro del marco de la acción de
tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien la actora enuncia la
trasgresión de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al
acceso a la administración de justicia, esa presunta afectación tiene su origen en un
debate estrictamente probatorio y económico.
Conclusiones de la Sala
66.Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 17
de marzo de 2023 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, por medio de la cual declaró improcedente la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 17 de marzo de 2023 proferida
por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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