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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-00741-01

Fecha
10 de agosto de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-00741-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 25 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00741-01 Actores: MARTHA CECILIA PAZ ARGOTY Y OTROS.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2023-00741-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

10 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00741-01
Referencia: Acción de tutela
Actores: MARTHA CECILIA PAZ ARGOTY Y OTROS.

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA IMPUGNADA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO
SOLICITADO. VACACIONES INDIVIDUALES DE EMPLEADOS DE LA RAMA
JUDICIAL. SE REITERA POSICIÓN DE LA SALA SOBRE LA MATERIA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DESCANSO, AL TRABAJO EN CONDICIONES
DIGNAS Y JUSTAS Y A LA IGUALDAD.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Al no haber obtenido la mayoría de votos el proyecto de fallo

presentado por el señor Consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ,

esta Sala procede a decidir la impugnación presentada por la

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN

JUDICIAL DE CALI contra la sentencia de 20 de abril de 2023,

mediante la cual la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL

CONSEJO DE ESTADO1 amparó los derechos fundamentales de

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En adelante la Sección Segunda.

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ÁLVARO ENRIQUE BURBANO NARVÁEZ y ordenó adelantar las

gestiones administrativas necesarias con el fin de garantizar el

disfrute de sus vacaciones.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

Los señores MARTHA CECILIA PAZ ARGOTY, MARÍA CECILIA

SARRIA NAVIA y ÁLVARO ENRIQUE BURBANO NARVÁEZ,

actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela

prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la

protección de sus derechos fundamentales al descanso, al trabajo en

condiciones dignas y justas y a la igualdad los cuales consideraron

vulnerados por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, la

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL2 y la

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN

JUDICIAL DE CALI3, al negar la expedición del certificado de

disponibilidad presupuestal para el nombramiento del reemplazo

durante el disfrute de las vacaciones individuales del señor

BURBANO NARVÁEZ.

2
En adelante la Dirección Ejecutiva
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En adelante la Dirección Ejecutiva Seccional

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I.2.- Hechos

Afirmaron que actualmente hacen parte de la totalidad de la planta

de personal del JUZGADO VEINTIUNO PENAL MUNICIPAL CON

FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS4; MARTHA CECILIA

PAZ ARGOTY en el cargo de Juez en propiedad, la señora MARÍA

CECILIA SARRIA NAVIA como secretaria en propiedad y el señor

ÁLVARO ENRIQUE BURBANO NARVÁEZ como oficial mayor en

propiedad.

Manifestaron que el señor ÁLVARO ENRIQUE BURBANO

NARVÁEZ desempeñó su cargo en forma ininterrumpida por el

período comprendido entre el 1o. de junio de 2021 al 30 de mayo de

2022, motivo por el que se causó un período de vacaciones a su

favor.

Afirmaron que el 16 de enero de 2023, la titular del despacho solicitó

a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL que le informara acerca

de la disponibilidad presupuestal, con el fin de que se garantizaran

las vacaciones del señor BURBANO NARVÁEZ y se nombrara un

reemplazo que lo sustituyera en ese lapso, con el propósito de evitar

4
En adelante el Juzgado

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la afectación en el desarrollo de las labores del despacho judicial en

el que labora.

Manifestaron que, como consecuencia de lo anterior, la DIRECCIÓN

EJECUTIVA SECCIONAL profirió el oficio DESAJCLO23-287 de 31

de enero de 2023, mediante el cual denegó la expedición del CDP

que tenía como destinación el nombramiento de un reemplazo que

sustituyera al señor BURBANO NARVÁEZ, mientras disfrutaba de

las vacaciones solicitadas, debido a las restricciones presupuestales

para proveer recursos destinados al nombramiento de personal de

reemplazo, por lo cual la Juez negó la solicitud de vacaciones.

Señalaron que reconocer y conceder el período de disfrute de

vacaciones en virtud del derecho al descanso del oficial mayor

ÁLVARO ENRIQUE BURBANO NARVÁEZ, sin contar con la

posibilidad de designar un reemplazo, implicaría que el JUZGADO

únicamente contaría con dos cargos de oficial mayor, tanto la

secretaria como la juez tendrían que asumir la sobrecarga laboral del

despacho, lesionando así su derecho al trabajo en condiciones dignas

y justas; y agregaron que también se afectaría su derecho a la

igualdad frente aquellos servidores judiciales que gozan de

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vacaciones colectivas y no dependen de una asignación presupuestal

para su disfrute.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Argumentaron que existe reiterada y reciente jurisprudencia

relacionada con la expedición del certificado de disponibilidad

presupuestal para proveer el reemplazo del empleado que disfruta

de vacaciones individuales.

Señalaron que las vacaciones o el descanso para los servidores

públicos, constituye un derecho fundamental, el cual debe ser

protegido por vía de tutela en el momento que sea vulnerado por la

autoridad pública.

I.4.- Pretensiones

Los actores solicitaron el amparo de los derechos fundamentales

invocados como violados, en los siguientes términos:

“[…] PRIMERA: Se tutelen los derechos fundamentales de los
accionantes al descanso, el trabajo en condiciones dignas y
justas, así como la igualdad.

SEGUNDA: Se ordene al Consejo Superior de la Judicatura, la
Dirección Ejecutiva Nacional de Administración Judicial y la

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Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - Seccional Cali,
que en el plazo de diez (10) días, de manera coordinada,
eliminen las barreras presupuestales y administrativas que
impedirían al Oficial Mayor del Juzgado, Álvaro Enrique Burbano
Narváez, gozar del período de vacaciones solicitado, generando
el respectivo “certificado de disponibilidad presupuestal” para
que se designe un reemplazo por vacaciones.

TERCERO: Requerir a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali - Valle del Cauca y a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, para que, en adelante,
eviten realizar conductas como la expuesta en el presente caso,
y procedan a emitir sin necesidad de tutela los respectivos
certificados de disponibilidad presupuestal, para poder realizar
el nombramiento de un reemplazo de la persona que sale a
disfrutar sus vacaciones […]”. [Negrillas del escrito de tutela].

I.5.- Defensa

I.5.1.- El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, a través de

la Presidencia de la Corporación, solicitó su desvinculación de la

acción, al no ser la entidad llamada a responder por los hechos de

tutela.

Argumentó que esa Corporación ejerce funciones netamente

administrativas, sujetas al marco normativo dispuesto en la

Constitución y en la Ley 270 de 7 de marzo de 19965, esta última

que prevé que el Consejo Superior de la Judicatura, los Consejos

Seccionales de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial y las Direcciones Seccionales de Administración Judicial

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“Estatutaria de la Administración de Justicia”

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tienen funciones propias y diferentes y, por tanto, responden de

manera independiente.

Afirmó que no resulta viable endilgar alguna responsabilidad a esa

entidad, toda vez que las acciones u omisiones que atribuyen los

accionantes como vulneradoras recaen, exclusivamente, sobre la

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL, entidad que actúa como

ordenador del gasto, de conformidad con los numerales 2 y 6 del

artículo 103 de la Ley 270 de 1996 y que tiene a cargo expedir el

certificado de disponibilidad presupuestal para designar los

reemplazos de los empleados judiciales que pretenden el disfrute de

sus vacaciones.

I.5.2.- La DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL, a través de su

directora, solicitó declarar improcedente la acción de tutela respecto

de esa entidad, en razón a que no es una decisión caprichosa de la

administración no disponer recursos para el reemplazo del descanso

de los empleados, sino que obedece al cumplimiento de las

directrices del Consejo Superior de la Judicatura en la Circular

PSAC11-44 del año 2011, la cual no ha sido derogada, ni suspendida.

De igual forma, afirmó que la improcedencia del amparo pretendido

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radica en que los empleados, pueden demandar la precitada circular

y solicitar como medida cautelar la suspensión provisional de los

efectos del acto administrativo.

Aunado a lo anterior, sostuvo que la aprobación de disfrute de

vacaciones es una obligación que compete al titular del despacho y

no debe supeditarse a que exista presupuesto para el reemplazo, so

pena de vulnerar inequívocamente dicho derecho, sin que la carga

laboral existente en la rama judicial sea un argumento válido para

denegar las vacaciones y, además, tampoco avala desconocer la

Circular en mención y pasar por alto el principio de legalidad y

seguridad jurídica que debe primar en las actuaciones de los

servidores públicos, que pueden ser responsables, por acción,

omisión o extralimitación de funciones.

I.5.3.- El Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del

Cauca solicitó su desvinculación del trámite constitucional por existir

falta de legitimación en la causa por pasiva y/o, en su defecto,

declarar que no ha vulnerado ningún derecho fundamental.

Sostuvo que el artículo 101 de la Ley 270 de 1996 no establece la

función de ordenador del gasto de los Consejos Seccionales de la

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Judicatura y, por el contrario, conforme lo previsto en los artículos

99, y los numerales 2 y 6 del artículo 103 ibidem, dicha potestad

corresponde en forma exclusiva a la Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial, por vía de su director ejecutivo y/o directores

seccionales.

Por lo anterior, afirmó que carece de competencia para resolver la

controversia planteada, toda vez que corresponde única y

exclusivamente a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial o

a sus Seccionales, realizar la apropiación del rubro correspondiente

para la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para

el pago de salarios en reemplazos de vacaciones de empleados

judiciales.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 7 de julio de 2023, la SECCIÓN SEGUNDA

declaró la falta de legitimación en la causa por activa de las señoras

MARTHA CECILIA PAZ ARGOTY y MARÍA CECILIA SARRIA

NAVIA, debido a que no eran las titulares de los derechos y amparó

los derechos fundamentales deprecados por ÁLVARO ENRIQUE

BURBANO NARVÁEZ.

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Igualmente, declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva

del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y ordenó a la

DIRECCIÓN EJECUTIVA nivel central y a la DIRECCIÓN

EJECUTIVA SECCIONAL adelantar las gestiones administrativas y

presupuestales para efectuar el nombramiento de la persona que

reemplace al señor BURBANO NARVÁEZ en el disfrute de sus

vacaciones.

Asimismo, ordenó al JUZGADO expedir el acto administrativo en el

que disponga respecto a la concesión de las vacaciones individuales

solicitadas por ÁLVARO ENRIQUE BURBANO NARVÁEZ.

Advirtió que los derechos fundamentales del señor BURBANO

NARVÁEZ fueron trasgredidos, al considerar que los asuntos de

índole administrativo no pueden afectar el derecho al goce y disfrute

del período vacacional, por cuanto el descanso constituye un derecho

fundamental derivado del trabajo en condiciones dignas.

Asimismo, señaló que el actor no se encontraba en la capacidad de

soportar la falta de regulación del procedimiento que garantice la

expedición del CDP que permita cubrir los reemplazos de los

empleados judiciales que tienen el derecho al disfrute de sus

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vacaciones.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL cuestionó la providencia

de primera instancia, al señalar que no puede desconocer las

directrices emitidas por el Consejo Superior de la Judicatura

mediante la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011, en la

que claramente se dispone la no procedencia del pago para

reemplazo de vacaciones de empelados, en congruencia con lo

previsto en el artículo 132 y 153 de la Ley 270 de 1996.

Precisó que, al tratarse del régimen de vacaciones individuales,

corresponde al respectivo nominador definir la situación sobre su

goce, pues es éste quien conoce y aprueba todas las situaciones

administrativas en las que pueda incurrir el servidor judicial.

En ese sentido, solicitó revocar el fallo impugnado y, en su lugar,

declarar la improcedencia de la solicitud de amparo, toda vez que el

hecho de que no exista presupuesto para el reemplazo de vacaciones

de los empleados judiciales no es razón suficiente para que los

nominadores les nieguen a sus empleados el derecho al disfrute de

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las mismas.

Afirmó que las Direcciones Seccionales de Administración Judicial no

cuentan con recursos propios, ya que están supeditadas al envío de

los mismos por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial a nivel central.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las Secciones.

Caso concreto

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La Sala observa que los actores promovieron acción de tutela con la

finalidad de obtener el amparo a sus derechos fundamentales al

descanso, al trabajo en condiciones dignas y justas y a la igualdad,

los cuales consideran vulnerados por la negativa de la DIRECCIÓN

EJECUTIVA SECCIONAL de asignar la disponibilidad presupuestal

para nombrar el reemplazo del señor ÁLVARO ENRIQUE BURBANO

NARVÁEZ durante el período de disfrute de sus vacaciones.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN SEGUNDA que, a través de sentencia de 7 de julio 2023,

declaró la falta de legitimación en la causa por activa de las señoras

MARTHA CECILIA PAZ ARGOTY y MARÍA CECILIA SARRIA

NAVIA, debido a que no eran las titulares de los derechos y amparó

los derechos fundamentales deprecados por el señor ÁLVARO

ENRIQUE BURBANO NARVÁEZ, al considerar que los asuntos de

índole administrativo no pueden afectar el derecho al goce y disfrute

del período vacacional que legalmente le asiste; máxime, si se tiene

en cuenta que el descanso constituye un derecho fundamental

derivado del derecho al trabajo en condiciones dignas.

En consecuencia, la SECCIÓN SEGUNDA ordenó a la DIRECCIÓN

EJECUTIVA nivel central y a la DIRECCIÓN EJECUTIVA

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SECCIONAL adelantar las gestiones administrativas y

presupuestales para efectuar el nombramiento de la persona que

reemplace al señor BURBANO NARVÁEZ en el disfrute de sus

vacaciones.

La DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL impugnó la decisión del a

quo y solicitó revocarla, toda vez que no puede desconocer los

lineamientos fijados por el Consejo Superior de la Judicatura en la

Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011 y hacer extensivas

las reglas sobre la procedencia del pago de remplazos de funcionarios

judiciales a los empleados judiciales. Además, afirmó que el derecho

al descanso no puede ser negado por el nominador del empleado

judicial.

Conforme con lo anterior, la Sala circunscribirá su estudio a lo

expuesto en el recurso de impugnación y, en consecuencia, deberá

determinar si la acción de tutela de la referencia cumple con los

requisitos de procedibilidad y, de ser así, establecer si el hecho de

que la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL se oponga a la

expedición del certificado de disponibilidad presupuestal que

garantice la contratación de una persona que reemplace al señor

BURBANO NARVÁEZ, vulnera sus derechos fundamentales al

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impedir el disfrute pleno de sus vacaciones.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que la solicitud de amparo

fue promovida dentro de un término razonable, por cuanto la

presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados se

originó con ocasión a la expedición del oficio DESAJCLO23-287 de 31

de enero de 2023, a través del cual la DIRECCIÓN EJECUTIVA

SECCIONAL negó la expedición del certificado presupuestal

mencionado.

Adicional a lo anterior, en lo que concierne a la subsidiariedad la Sala

también encuentra acreditado dicho requisito, como quiera que por

una parte, el objeto de la acción de tutela es lograr la protección

inmediata del derecho a las vacaciones como garantía mínima de los

trabajadores y, por otra, en razón a que el eventual medio de control

y restablecimiento del derecho resultaría ineficaz, respecto a la

necesidad de que se efectué un nombramiento de remplazo durante

el tiempo que esté en vacaciones6.

Visto que la presente acción de tutela cumple con los requisitos de

6
Criterios bajo los cuales esta Sala ha aceptado de forma reiterada la procedencia de acciones de tutela
en casos similares al presente. Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de septiembre de 2021, CP Hernando Sánchez
Sánchez, número único de radicación 110010315000202102853-01.

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procedibilidad, procede la Sala a abordar el estudio del fondo del

asunto.

Del derecho al trabajo y el régimen de vacaciones de la Rama

Judicial

Respecto del derecho al trabajo el artículo 25 de la Constitución

Política establece:

“[…] Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social
y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del
Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas […]”.

Por su parte, el artículo 53 de la Carta Política y la Corte

Constitucional han establecido como una garantía mínima en favor

de los trabajadores la concerniente al descanso remunerado, derecho

que tiene como propósito que el empleado recupere las energías ante

el desgaste normal de las mismas, originado por la actividad laboral.

Al efecto, en sentencia C-019 de 20047 la Corte Constitucional

señaló:

“[…] El derecho al descanso conviene entenderlo como la

7
Mp Jaime Araújo Rentería.

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oportunidad que se le otorga al empleado para reparar
sus fuerzas intelectuales y materiales, para proteger su
salud física y mental, para compartir con su familia mayores y
mejores espacios de encuentro fraternal, para abordar
actividades idóneas al solaz espiritual, para incursionar más en
la lectura y el conocimiento, y, a manera de posibilidad
estética, para acercarse paulatinamente al hacer artístico en
sus múltiples manifestaciones.

En nuestra legislación las vacaciones se erigen como el
derecho a un descanso remunerado por las labores
desarrolladas al servicio del empleador, quien a su vez
tiene el deber de causarlas contablemente, al igual que la
obligación de pagarlas al empleado dentro de los términos de
ley. Es decir, el empleado tiene derecho al disfrute de un
tiempo libre a título de vacaciones, durante el lapso legalmente
causado y con el pago previo de ese derecho, pues no sería
justo ni razonable el que un trabajador saliera a “disfrutar” sus
vacaciones desprovisto del correspondiente ingreso
económico. Claro es que unas vacaciones carentes de recursos
se tornarían en un hecho contraproducente a los intereses y
derechos del titular y su familia, ante la permanencia del gasto
que implica su existencia y desarrollo.

Dentro del sentido y fines del derecho a las vacaciones resulta
pertinente destacar la regla según la cual los empleados
deben disfrutar efectivamente su período vacacional,
con arreglo a los términos y plazos establecidos en la
ley. Aceptándose sólo por excepción el pago de las mismas sin
el concomitante disfrute; esto es, únicamente en los casos
taxativamente señalados se admite la compensación en dinero
de las vacaciones […]”.
(Negrillas fuera del texto)

De igual forma, el artículo 4º del Convenio 52 de la Organización

Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por el Estado Colombiano

mediante la Ley 54 de 31 de octubre de 19628, dispone:

“[…] Articulo 4. Se considerará nulo todo acuerdo que implique
el abandono del derecho a vacaciones pagadas o la renuncia a

8
“Por la cual se aprueban varios Convenios Internacionales del Trabajo adoptados por la
Conferencia Internacional del Trabajo, en las reuniones 20ª, 32ª, 34ª y 40ª.”

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las mismas […].

Ahora bien, el régimen de vacaciones de los empleados y funcionarios

de la RAMA JUDICIAL se encuentra establecido en el artículo 146

de la Ley 270 de 7 de marzo 19969, en los siguientes términos:

“[…] Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la
Rama Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala
Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la
Judicatura, las de los Tribunal Nacional (sic), las de los
Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos
de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las
de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses.

Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con
las necesidades del servicio por la Sala Administrativa del
Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de
Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo
nominador en los demás casos, por un término de veintidós
días continuos por cada año de servicio […]”.

Significa lo precedente que el régimen de vacaciones de los

empleados de la Rama Judicial, se escinde en dos modalidades, a

saber: a) los empleados que disfrutan sus vacaciones de manera

colectiva y, b) los empleados pertenecientes a la “[…] Sala

Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la

Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados

Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia,

Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la

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“ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.

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Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

[...]”, cuyo régimen vacacional es individual.

No obstante lo anterior, en ambos supuestos el empleado de la

RAMA JUDICIAL se hace acreedor del derecho a disfrutar de sus

vacaciones, el cual se considera fundamental e irrenunciable y, por

tanto, debe ser protegido a través de la acción de tutela.

Ahora bien, en el presente caso conforme con los elementos de juicio

obrantes en el plenario10, se encuentra probado de forma relevante

lo siguiente:

• El señor ÁLVARO ENRIQUE BURBANO NARVÁEZ en calidad de

oficial mayor en propiedad del JUZGADO, solicitó a su nominador

que le fueran concedidas las vacaciones a que tenía derecho por

haber laborado durante el período comprendido entre el 1o. de junio

de 2021 al 30 de mayo de 2022.

• La titular del JUZGADO solicitó a la DIRECCIÓN EJECUTIVA

SECCIONAL la expedición del certificado de disponibilidad

presupuestal en aras de garantizar el nombramiento de un

10
Anexos que fueron allegados con la solicitud de amparo, vistos en el sistema SAMAI, índice 2,
expediente de primera instancia.

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reemplazo, que sustituyera al señor BURBANO NARVÁEZ mientras

disfrutaba de sus vacaciones.

• Mediante Oficio núm. DESAJCLO23-287 del 31 de enero de 2023,

la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL denegó la expedición del

certificado de disponibilidad presupuestal aludido, afirmando que la

Circular 44 del 23 de noviembre de 2011 emitida por el Consejo

Superior de la Judicatura, no contempla para el caso de los

empleados.

• La nominadora del señor BURBANO NARVÁEZ denegó las

vacaciones solicitadas teniendo en cuenta la negativa de la Dirección

Ejecutiva Seccional para expedir el certificado de disponibilidad

presupuestal.

Precisado lo anterior y visto el marco normativo y jurisprudencial

aplicable al asunto bajo estudio, la Sala advierte que comparte el

criterio del a quo, en el sentido de que las circunstancias

administrativas no pueden limitar el goce y disfrute del período

vacacional que legalmente le asiste al señor BURBANO NARVÁEZ,

teniendo en cuenta la injerencia de dicha prerrogativa en el derecho

al trabajo, donde el descanso constituye una garantía fundamental

del empleado, además de una prestación social y un derecho

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económico relacionado con la salud y la seguridad social de las

personas.

En efecto, impedir el derecho al goce de las vacaciones por cuenta

de restricciones administrativas no es una obligación que deba

soportar el actor, además porque las dificultades de la carga laboral

y la insuficiencia de recursos presupuestales de la rama no pueden

proyectarse sobre los derechos de quienes laboran en los despachos

judiciales.

Ahora bien, para la Sala no es de recibo el argumento del recurrente,

según el cual bastaría con ordenar al nominador del actor concederle

las vacaciones sin que se dispusiera sobre el certificado de

disponibilidad presupuestal para efectuar un nombramiento de

remplazo.

Lo anterior, porque proceder de tal forma desconocería el derecho al

trabajo en condiciones dignas del actor y el de sus compañeros del

Juzgado, al romper el desarrollo armónico y eficiente de las tareas

asignadas a cada empleado.

Al respecto, se destaca que, en asuntos como el presente, de forma

reiterada, como consecuencia del amparo que se ha concedido en

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dichas eventualidades, esta Sala ha ordenado la expedición del

certificado de disponibilidad presupuestal para garantizar el

reemplazo del empleado durante sus vacaciones11.

El criterio aludido no solo ha sido acogido por esta Sala y el a quo,

sino que también es sostenido por la SECCIÓN CUARTA y la

SECCIÓN QUINTA de esta Corporación.

Así, en sentencia de 19 de agosto de 202112, la SECCIÓN CUARTA

señaló:

“[…] De lo anterior, la Sala encuentra que existe vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la señora Myriam
Tatiana Cortés Sánchez, toda vez que los asuntos de índole
administrativa no pueden afectar el derecho al goce y disfrute
del periodo vacacional que legalmente le asiste, máxime si se
tiene en cuenta que el descanso constituye un derecho
fundamental derivado del derecho al trabajo en condiciones
dignas. […]

De acuerdo con lo expuesto, en coherencia con el criterio que ha
manejado esta Sala, se impone acceder al amparo los derechos
fundamentales al trabajo, a la dignidad humana, a la igualdad y
a la salud de la señora Myriam Tatiana Cortés Sánchez. En
consecuencia, ordenar a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial Seccional – Bogotá - Cundinamarca,
Dirección Financiera y al Consejo Superior de la
Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que,
de manera coordinada, dentro de treinta (30) días contados a
partir de la notificación de la presente providencia, adelanten las

11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de agosto
de 2021,CP Roberto Augusto Serrato Valdés número único de radicación 11001-03-15-000-2021-
04569-00.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de
septiembre de 2021, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación
110010315000202102853-01.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de 21 de agosto
de 2021, CP Milton Chaves García, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-04630-00.

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gestiones administrativas y presupuestales que correspondan,
para que la Juez 17 de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá nombre el reemplazo de la señora Myriam
Tatiana Cortés Sánchez, y así materialice el derecho al disfrute
del descanso remunerado […]”

De igual forma, en sentencia de 9 de septiembre de 202113, la

SECCIÓN QUINTA expuso:

“[…] En cuanto a los servidores judiciales, las vacaciones se
encuentran establecidas en el artículo 146 de la Ley 270 de
1996, de modo que, conforme a lo expuesto en precedencia, la
Sala considera vulnerado el derecho al trabajo en condiciones
dignas del señor Jorge Andrés Gaitán Castrillón, por parte de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Manizales, por lo que se impone tutelar el derecho conculcado y,
en consecuencia, se dispondrá:

i) Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Manizales que, en un plazo de cuarenta y ocho (48)
horas, contadas a partir de la notificación de la presente
sentencia, si aún no lo hubiere hecho, solicite a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial (Unidad de Planeación o a
la dependencia que corresponda), la provisión de los recursos
necesarios para que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales adopte las medidas que se requieren para conceder
las vacaciones del señor Jorge Andrés Gaitán Castrillón. La
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dispondrá de cinco
(5) días hábiles, contados a partir de la solicitud que realice el
director seccional, para proveer los mencionados recursos […]”.

Corolario a lo anterior, la Sala señala que la orden impuesta por el a

quo a la impugnante, a efectos de que adelante las gestiones

administrativas y presupuestales necesarias para el nombramiento

de la persona que reemplace al actor en el disfrute de sus vacaciones,

13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 9 de
septiembre de 2009, CP Luis Alberto Álvarez Parra, número único de radicación 1100103-15-000-2021-
04993-00.

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es congruente como medida requerida para garantizar el amparo

concedido.

En ese orden de ideas, en la medida en que los reproches de la

impugnación estudiada no tienen vocación de prosperidad, el fallo

proferido en primera instancia será confirmado, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad

con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión

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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de agosto de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
Salva voto

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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