Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-00741-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-00741-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2023-00741-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
10 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-00741-01
Referencia: Acción de tutela
Actores: MARTHA CECILIA PAZ ARGOTY Y OTROS.
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA IMPUGNADA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO
SOLICITADO. VACACIONES INDIVIDUALES DE EMPLEADOS DE LA RAMA
JUDICIAL. SE REITERA POSICIÓN DE LA SALA SOBRE LA MATERIA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DESCANSO, AL TRABAJO EN CONDICIONES
DIGNAS Y JUSTAS Y A LA IGUALDAD.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Al no haber obtenido la mayoría de votos el proyecto de fallo
presentado por el señor Consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ,
esta Sala procede a decidir la impugnación presentada por la
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL DE CALI contra la sentencia de 20 de abril de 2023,
mediante la cual la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL
CONSEJO DE ESTADO1 amparó los derechos fundamentales de
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En adelante la Sección Segunda.
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Actores: MARTHA CECILIA PAZ ARGOTY Y OTROS.
ÁLVARO ENRIQUE BURBANO NARVÁEZ y ordenó adelantar las
gestiones administrativas necesarias con el fin de garantizar el
disfrute de sus vacaciones.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
Los señores MARTHA CECILIA PAZ ARGOTY, MARÍA CECILIA
SARRIA NAVIA y ÁLVARO ENRIQUE BURBANO NARVÁEZ,
actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela
prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al descanso, al trabajo en
condiciones dignas y justas y a la igualdad los cuales consideraron
vulnerados por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, la
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL2 y la
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL DE CALI3, al negar la expedición del certificado de
disponibilidad presupuestal para el nombramiento del reemplazo
durante el disfrute de las vacaciones individuales del señor
BURBANO NARVÁEZ.
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En adelante la Dirección Ejecutiva
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En adelante la Dirección Ejecutiva Seccional
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I.2.- Hechos
Afirmaron que actualmente hacen parte de la totalidad de la planta
de personal del JUZGADO VEINTIUNO PENAL MUNICIPAL CON
FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS4; MARTHA CECILIA
PAZ ARGOTY en el cargo de Juez en propiedad, la señora MARÍA
CECILIA SARRIA NAVIA como secretaria en propiedad y el señor
ÁLVARO ENRIQUE BURBANO NARVÁEZ como oficial mayor en
propiedad.
Manifestaron que el señor ÁLVARO ENRIQUE BURBANO
NARVÁEZ desempeñó su cargo en forma ininterrumpida por el
período comprendido entre el 1o. de junio de 2021 al 30 de mayo de
2022, motivo por el que se causó un período de vacaciones a su
favor.
Afirmaron que el 16 de enero de 2023, la titular del despacho solicitó
a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL que le informara acerca
de la disponibilidad presupuestal, con el fin de que se garantizaran
las vacaciones del señor BURBANO NARVÁEZ y se nombrara un
reemplazo que lo sustituyera en ese lapso, con el propósito de evitar
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En adelante el Juzgado
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la afectación en el desarrollo de las labores del despacho judicial en
el que labora.
Manifestaron que, como consecuencia de lo anterior, la DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL profirió el oficio DESAJCLO23-287 de 31
de enero de 2023, mediante el cual denegó la expedición del CDP
que tenía como destinación el nombramiento de un reemplazo que
sustituyera al señor BURBANO NARVÁEZ, mientras disfrutaba de
las vacaciones solicitadas, debido a las restricciones presupuestales
para proveer recursos destinados al nombramiento de personal de
reemplazo, por lo cual la Juez negó la solicitud de vacaciones.
Señalaron que reconocer y conceder el período de disfrute de
vacaciones en virtud del derecho al descanso del oficial mayor
ÁLVARO ENRIQUE BURBANO NARVÁEZ, sin contar con la
posibilidad de designar un reemplazo, implicaría que el JUZGADO
únicamente contaría con dos cargos de oficial mayor, tanto la
secretaria como la juez tendrían que asumir la sobrecarga laboral del
despacho, lesionando así su derecho al trabajo en condiciones dignas
y justas; y agregaron que también se afectaría su derecho a la
igualdad frente aquellos servidores judiciales que gozan de
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vacaciones colectivas y no dependen de una asignación presupuestal
para su disfrute.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Argumentaron que existe reiterada y reciente jurisprudencia
relacionada con la expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal para proveer el reemplazo del empleado que disfruta
de vacaciones individuales.
Señalaron que las vacaciones o el descanso para los servidores
públicos, constituye un derecho fundamental, el cual debe ser
protegido por vía de tutela en el momento que sea vulnerado por la
autoridad pública.
I.4.- Pretensiones
Los actores solicitaron el amparo de los derechos fundamentales
invocados como violados, en los siguientes términos:
“[…] PRIMERA: Se tutelen los derechos fundamentales de los
accionantes al descanso, el trabajo en condiciones dignas y
justas, así como la igualdad.
SEGUNDA: Se ordene al Consejo Superior de la Judicatura, la
Dirección Ejecutiva Nacional de Administración Judicial y la
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Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - Seccional Cali,
que en el plazo de diez (10) días, de manera coordinada,
eliminen las barreras presupuestales y administrativas que
impedirían al Oficial Mayor del Juzgado, Álvaro Enrique Burbano
Narváez, gozar del período de vacaciones solicitado, generando
el respectivo “certificado de disponibilidad presupuestal” para
que se designe un reemplazo por vacaciones.
TERCERO: Requerir a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali - Valle del Cauca y a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, para que, en adelante,
eviten realizar conductas como la expuesta en el presente caso,
y procedan a emitir sin necesidad de tutela los respectivos
certificados de disponibilidad presupuestal, para poder realizar
el nombramiento de un reemplazo de la persona que sale a
disfrutar sus vacaciones […]”. [Negrillas del escrito de tutela].
I.5.- Defensa
I.5.1.- El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, a través de
la Presidencia de la Corporación, solicitó su desvinculación de la
acción, al no ser la entidad llamada a responder por los hechos de
tutela.
Argumentó que esa Corporación ejerce funciones netamente
administrativas, sujetas al marco normativo dispuesto en la
Constitución y en la Ley 270 de 7 de marzo de 19965, esta última
que prevé que el Consejo Superior de la Judicatura, los Consejos
Seccionales de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y las Direcciones Seccionales de Administración Judicial
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“Estatutaria de la Administración de Justicia”
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tienen funciones propias y diferentes y, por tanto, responden de
manera independiente.
Afirmó que no resulta viable endilgar alguna responsabilidad a esa
entidad, toda vez que las acciones u omisiones que atribuyen los
accionantes como vulneradoras recaen, exclusivamente, sobre la
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL, entidad que actúa como
ordenador del gasto, de conformidad con los numerales 2 y 6 del
artículo 103 de la Ley 270 de 1996 y que tiene a cargo expedir el
certificado de disponibilidad presupuestal para designar los
reemplazos de los empleados judiciales que pretenden el disfrute de
sus vacaciones.
I.5.2.- La DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL, a través de su
directora, solicitó declarar improcedente la acción de tutela respecto
de esa entidad, en razón a que no es una decisión caprichosa de la
administración no disponer recursos para el reemplazo del descanso
de los empleados, sino que obedece al cumplimiento de las
directrices del Consejo Superior de la Judicatura en la Circular
PSAC11-44 del año 2011, la cual no ha sido derogada, ni suspendida.
De igual forma, afirmó que la improcedencia del amparo pretendido
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radica en que los empleados, pueden demandar la precitada circular
y solicitar como medida cautelar la suspensión provisional de los
efectos del acto administrativo.
Aunado a lo anterior, sostuvo que la aprobación de disfrute de
vacaciones es una obligación que compete al titular del despacho y
no debe supeditarse a que exista presupuesto para el reemplazo, so
pena de vulnerar inequívocamente dicho derecho, sin que la carga
laboral existente en la rama judicial sea un argumento válido para
denegar las vacaciones y, además, tampoco avala desconocer la
Circular en mención y pasar por alto el principio de legalidad y
seguridad jurídica que debe primar en las actuaciones de los
servidores públicos, que pueden ser responsables, por acción,
omisión o extralimitación de funciones.
I.5.3.- El Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del
Cauca solicitó su desvinculación del trámite constitucional por existir
falta de legitimación en la causa por pasiva y/o, en su defecto,
declarar que no ha vulnerado ningún derecho fundamental.
Sostuvo que el artículo 101 de la Ley 270 de 1996 no establece la
función de ordenador del gasto de los Consejos Seccionales de la
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Judicatura y, por el contrario, conforme lo previsto en los artículos
99, y los numerales 2 y 6 del artículo 103 ibidem, dicha potestad
corresponde en forma exclusiva a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, por vía de su director ejecutivo y/o directores
seccionales.
Por lo anterior, afirmó que carece de competencia para resolver la
controversia planteada, toda vez que corresponde única y
exclusivamente a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial o
a sus Seccionales, realizar la apropiación del rubro correspondiente
para la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para
el pago de salarios en reemplazos de vacaciones de empleados
judiciales.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 7 de julio de 2023, la SECCIÓN SEGUNDA
declaró la falta de legitimación en la causa por activa de las señoras
MARTHA CECILIA PAZ ARGOTY y MARÍA CECILIA SARRIA
NAVIA, debido a que no eran las titulares de los derechos y amparó
los derechos fundamentales deprecados por ÁLVARO ENRIQUE
BURBANO NARVÁEZ.
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Igualmente, declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva
del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y ordenó a la
DIRECCIÓN EJECUTIVA nivel central y a la DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL adelantar las gestiones administrativas y
presupuestales para efectuar el nombramiento de la persona que
reemplace al señor BURBANO NARVÁEZ en el disfrute de sus
vacaciones.
Asimismo, ordenó al JUZGADO expedir el acto administrativo en el
que disponga respecto a la concesión de las vacaciones individuales
solicitadas por ÁLVARO ENRIQUE BURBANO NARVÁEZ.
Advirtió que los derechos fundamentales del señor BURBANO
NARVÁEZ fueron trasgredidos, al considerar que los asuntos de
índole administrativo no pueden afectar el derecho al goce y disfrute
del período vacacional, por cuanto el descanso constituye un derecho
fundamental derivado del trabajo en condiciones dignas.
Asimismo, señaló que el actor no se encontraba en la capacidad de
soportar la falta de regulación del procedimiento que garantice la
expedición del CDP que permita cubrir los reemplazos de los
empleados judiciales que tienen el derecho al disfrute de sus
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vacaciones.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL cuestionó la providencia
de primera instancia, al señalar que no puede desconocer las
directrices emitidas por el Consejo Superior de la Judicatura
mediante la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011, en la
que claramente se dispone la no procedencia del pago para
reemplazo de vacaciones de empelados, en congruencia con lo
previsto en el artículo 132 y 153 de la Ley 270 de 1996.
Precisó que, al tratarse del régimen de vacaciones individuales,
corresponde al respectivo nominador definir la situación sobre su
goce, pues es éste quien conoce y aprueba todas las situaciones
administrativas en las que pueda incurrir el servidor judicial.
En ese sentido, solicitó revocar el fallo impugnado y, en su lugar,
declarar la improcedencia de la solicitud de amparo, toda vez que el
hecho de que no exista presupuesto para el reemplazo de vacaciones
de los empleados judiciales no es razón suficiente para que los
nominadores les nieguen a sus empleados el derecho al disfrute de
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las mismas.
Afirmó que las Direcciones Seccionales de Administración Judicial no
cuentan con recursos propios, ya que están supeditadas al envío de
los mismos por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial a nivel central.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las Secciones.
Caso concreto
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La Sala observa que los actores promovieron acción de tutela con la
finalidad de obtener el amparo a sus derechos fundamentales al
descanso, al trabajo en condiciones dignas y justas y a la igualdad,
los cuales consideran vulnerados por la negativa de la DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL de asignar la disponibilidad presupuestal
para nombrar el reemplazo del señor ÁLVARO ENRIQUE BURBANO
NARVÁEZ durante el período de disfrute de sus vacaciones.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN SEGUNDA que, a través de sentencia de 7 de julio 2023,
declaró la falta de legitimación en la causa por activa de las señoras
MARTHA CECILIA PAZ ARGOTY y MARÍA CECILIA SARRIA
NAVIA, debido a que no eran las titulares de los derechos y amparó
los derechos fundamentales deprecados por el señor ÁLVARO
ENRIQUE BURBANO NARVÁEZ, al considerar que los asuntos de
índole administrativo no pueden afectar el derecho al goce y disfrute
del período vacacional que legalmente le asiste; máxime, si se tiene
en cuenta que el descanso constituye un derecho fundamental
derivado del derecho al trabajo en condiciones dignas.
En consecuencia, la SECCIÓN SEGUNDA ordenó a la DIRECCIÓN
EJECUTIVA nivel central y a la DIRECCIÓN EJECUTIVA
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SECCIONAL adelantar las gestiones administrativas y
presupuestales para efectuar el nombramiento de la persona que
reemplace al señor BURBANO NARVÁEZ en el disfrute de sus
vacaciones.
La DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL impugnó la decisión del a
quo y solicitó revocarla, toda vez que no puede desconocer los
lineamientos fijados por el Consejo Superior de la Judicatura en la
Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011 y hacer extensivas
las reglas sobre la procedencia del pago de remplazos de funcionarios
judiciales a los empleados judiciales. Además, afirmó que el derecho
al descanso no puede ser negado por el nominador del empleado
judicial.
Conforme con lo anterior, la Sala circunscribirá su estudio a lo
expuesto en el recurso de impugnación y, en consecuencia, deberá
determinar si la acción de tutela de la referencia cumple con los
requisitos de procedibilidad y, de ser así, establecer si el hecho de
que la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL se oponga a la
expedición del certificado de disponibilidad presupuestal que
garantice la contratación de una persona que reemplace al señor
BURBANO NARVÁEZ, vulnera sus derechos fundamentales al
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impedir el disfrute pleno de sus vacaciones.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que la solicitud de amparo
fue promovida dentro de un término razonable, por cuanto la
presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados se
originó con ocasión a la expedición del oficio DESAJCLO23-287 de 31
de enero de 2023, a través del cual la DIRECCIÓN EJECUTIVA
SECCIONAL negó la expedición del certificado presupuestal
mencionado.
Adicional a lo anterior, en lo que concierne a la subsidiariedad la Sala
también encuentra acreditado dicho requisito, como quiera que por
una parte, el objeto de la acción de tutela es lograr la protección
inmediata del derecho a las vacaciones como garantía mínima de los
trabajadores y, por otra, en razón a que el eventual medio de control
y restablecimiento del derecho resultaría ineficaz, respecto a la
necesidad de que se efectué un nombramiento de remplazo durante
el tiempo que esté en vacaciones6.
Visto que la presente acción de tutela cumple con los requisitos de
6
Criterios bajo los cuales esta Sala ha aceptado de forma reiterada la procedencia de acciones de tutela
en casos similares al presente. Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de septiembre de 2021, CP Hernando Sánchez
Sánchez, número único de radicación 110010315000202102853-01.
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procedibilidad, procede la Sala a abordar el estudio del fondo del
asunto.
Del derecho al trabajo y el régimen de vacaciones de la Rama
Judicial
Respecto del derecho al trabajo el artículo 25 de la Constitución
Política establece:
“[…] Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social
y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del
Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas […]”.
Por su parte, el artículo 53 de la Carta Política y la Corte
Constitucional han establecido como una garantía mínima en favor
de los trabajadores la concerniente al descanso remunerado, derecho
que tiene como propósito que el empleado recupere las energías ante
el desgaste normal de las mismas, originado por la actividad laboral.
Al efecto, en sentencia C-019 de 20047 la Corte Constitucional
señaló:
“[…] El derecho al descanso conviene entenderlo como la
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Mp Jaime Araújo Rentería.
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oportunidad que se le otorga al empleado para reparar
sus fuerzas intelectuales y materiales, para proteger su
salud física y mental, para compartir con su familia mayores y
mejores espacios de encuentro fraternal, para abordar
actividades idóneas al solaz espiritual, para incursionar más en
la lectura y el conocimiento, y, a manera de posibilidad
estética, para acercarse paulatinamente al hacer artístico en
sus múltiples manifestaciones.
En nuestra legislación las vacaciones se erigen como el
derecho a un descanso remunerado por las labores
desarrolladas al servicio del empleador, quien a su vez
tiene el deber de causarlas contablemente, al igual que la
obligación de pagarlas al empleado dentro de los términos de
ley. Es decir, el empleado tiene derecho al disfrute de un
tiempo libre a título de vacaciones, durante el lapso legalmente
causado y con el pago previo de ese derecho, pues no sería
justo ni razonable el que un trabajador saliera a “disfrutar” sus
vacaciones desprovisto del correspondiente ingreso
económico. Claro es que unas vacaciones carentes de recursos
se tornarían en un hecho contraproducente a los intereses y
derechos del titular y su familia, ante la permanencia del gasto
que implica su existencia y desarrollo.
Dentro del sentido y fines del derecho a las vacaciones resulta
pertinente destacar la regla según la cual los empleados
deben disfrutar efectivamente su período vacacional,
con arreglo a los términos y plazos establecidos en la
ley. Aceptándose sólo por excepción el pago de las mismas sin
el concomitante disfrute; esto es, únicamente en los casos
taxativamente señalados se admite la compensación en dinero
de las vacaciones […]”.
(Negrillas fuera del texto)
De igual forma, el artículo 4º del Convenio 52 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por el Estado Colombiano
mediante la Ley 54 de 31 de octubre de 19628, dispone:
“[…] Articulo 4. Se considerará nulo todo acuerdo que implique
el abandono del derecho a vacaciones pagadas o la renuncia a
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“Por la cual se aprueban varios Convenios Internacionales del Trabajo adoptados por la
Conferencia Internacional del Trabajo, en las reuniones 20ª, 32ª, 34ª y 40ª.”
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las mismas […].
Ahora bien, el régimen de vacaciones de los empleados y funcionarios
de la RAMA JUDICIAL se encuentra establecido en el artículo 146
de la Ley 270 de 7 de marzo 19969, en los siguientes términos:
“[…] Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la
Rama Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala
Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la
Judicatura, las de los Tribunal Nacional (sic), las de los
Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos
de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las
de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses.
Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con
las necesidades del servicio por la Sala Administrativa del
Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de
Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo
nominador en los demás casos, por un término de veintidós
días continuos por cada año de servicio […]”.
Significa lo precedente que el régimen de vacaciones de los
empleados de la Rama Judicial, se escinde en dos modalidades, a
saber: a) los empleados que disfrutan sus vacaciones de manera
colectiva y, b) los empleados pertenecientes a la “[…] Sala
Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la
Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados
Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia,
Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la
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“ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.
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Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
[...]”, cuyo régimen vacacional es individual.
No obstante lo anterior, en ambos supuestos el empleado de la
RAMA JUDICIAL se hace acreedor del derecho a disfrutar de sus
vacaciones, el cual se considera fundamental e irrenunciable y, por
tanto, debe ser protegido a través de la acción de tutela.
Ahora bien, en el presente caso conforme con los elementos de juicio
obrantes en el plenario10, se encuentra probado de forma relevante
lo siguiente:
• El señor ÁLVARO ENRIQUE BURBANO NARVÁEZ en calidad de
oficial mayor en propiedad del JUZGADO, solicitó a su nominador
que le fueran concedidas las vacaciones a que tenía derecho por
haber laborado durante el período comprendido entre el 1o. de junio
de 2021 al 30 de mayo de 2022.
• La titular del JUZGADO solicitó a la DIRECCIÓN EJECUTIVA
SECCIONAL la expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal en aras de garantizar el nombramiento de un
10
Anexos que fueron allegados con la solicitud de amparo, vistos en el sistema SAMAI, índice 2,
expediente de primera instancia.
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reemplazo, que sustituyera al señor BURBANO NARVÁEZ mientras
disfrutaba de sus vacaciones.
• Mediante Oficio núm. DESAJCLO23-287 del 31 de enero de 2023,
la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL denegó la expedición del
certificado de disponibilidad presupuestal aludido, afirmando que la
Circular 44 del 23 de noviembre de 2011 emitida por el Consejo
Superior de la Judicatura, no contempla para el caso de los
empleados.
• La nominadora del señor BURBANO NARVÁEZ denegó las
vacaciones solicitadas teniendo en cuenta la negativa de la Dirección
Ejecutiva Seccional para expedir el certificado de disponibilidad
presupuestal.
Precisado lo anterior y visto el marco normativo y jurisprudencial
aplicable al asunto bajo estudio, la Sala advierte que comparte el
criterio del a quo, en el sentido de que las circunstancias
administrativas no pueden limitar el goce y disfrute del período
vacacional que legalmente le asiste al señor BURBANO NARVÁEZ,
teniendo en cuenta la injerencia de dicha prerrogativa en el derecho
al trabajo, donde el descanso constituye una garantía fundamental
del empleado, además de una prestación social y un derecho
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económico relacionado con la salud y la seguridad social de las
personas.
En efecto, impedir el derecho al goce de las vacaciones por cuenta
de restricciones administrativas no es una obligación que deba
soportar el actor, además porque las dificultades de la carga laboral
y la insuficiencia de recursos presupuestales de la rama no pueden
proyectarse sobre los derechos de quienes laboran en los despachos
judiciales.
Ahora bien, para la Sala no es de recibo el argumento del recurrente,
según el cual bastaría con ordenar al nominador del actor concederle
las vacaciones sin que se dispusiera sobre el certificado de
disponibilidad presupuestal para efectuar un nombramiento de
remplazo.
Lo anterior, porque proceder de tal forma desconocería el derecho al
trabajo en condiciones dignas del actor y el de sus compañeros del
Juzgado, al romper el desarrollo armónico y eficiente de las tareas
asignadas a cada empleado.
Al respecto, se destaca que, en asuntos como el presente, de forma
reiterada, como consecuencia del amparo que se ha concedido en
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dichas eventualidades, esta Sala ha ordenado la expedición del
certificado de disponibilidad presupuestal para garantizar el
reemplazo del empleado durante sus vacaciones11.
El criterio aludido no solo ha sido acogido por esta Sala y el a quo,
sino que también es sostenido por la SECCIÓN CUARTA y la
SECCIÓN QUINTA de esta Corporación.
Así, en sentencia de 19 de agosto de 202112, la SECCIÓN CUARTA
señaló:
“[…] De lo anterior, la Sala encuentra que existe vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la señora Myriam
Tatiana Cortés Sánchez, toda vez que los asuntos de índole
administrativa no pueden afectar el derecho al goce y disfrute
del periodo vacacional que legalmente le asiste, máxime si se
tiene en cuenta que el descanso constituye un derecho
fundamental derivado del derecho al trabajo en condiciones
dignas. […]
De acuerdo con lo expuesto, en coherencia con el criterio que ha
manejado esta Sala, se impone acceder al amparo los derechos
fundamentales al trabajo, a la dignidad humana, a la igualdad y
a la salud de la señora Myriam Tatiana Cortés Sánchez. En
consecuencia, ordenar a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial Seccional – Bogotá - Cundinamarca,
Dirección Financiera y al Consejo Superior de la
Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que,
de manera coordinada, dentro de treinta (30) días contados a
partir de la notificación de la presente providencia, adelanten las
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de agosto
de 2021,CP Roberto Augusto Serrato Valdés número único de radicación 11001-03-15-000-2021-
04569-00.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de
septiembre de 2021, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación
110010315000202102853-01.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de 21 de agosto
de 2021, CP Milton Chaves García, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-04630-00.
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gestiones administrativas y presupuestales que correspondan,
para que la Juez 17 de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Bogotá nombre el reemplazo de la señora Myriam
Tatiana Cortés Sánchez, y así materialice el derecho al disfrute
del descanso remunerado […]”
De igual forma, en sentencia de 9 de septiembre de 202113, la
SECCIÓN QUINTA expuso:
“[…] En cuanto a los servidores judiciales, las vacaciones se
encuentran establecidas en el artículo 146 de la Ley 270 de
1996, de modo que, conforme a lo expuesto en precedencia, la
Sala considera vulnerado el derecho al trabajo en condiciones
dignas del señor Jorge Andrés Gaitán Castrillón, por parte de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Manizales, por lo que se impone tutelar el derecho conculcado y,
en consecuencia, se dispondrá:
i) Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Manizales que, en un plazo de cuarenta y ocho (48)
horas, contadas a partir de la notificación de la presente
sentencia, si aún no lo hubiere hecho, solicite a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial (Unidad de Planeación o a
la dependencia que corresponda), la provisión de los recursos
necesarios para que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Manizales adopte las medidas que se requieren para conceder
las vacaciones del señor Jorge Andrés Gaitán Castrillón. La
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dispondrá de cinco
(5) días hábiles, contados a partir de la solicitud que realice el
director seccional, para proveer los mencionados recursos […]”.
Corolario a lo anterior, la Sala señala que la orden impuesta por el a
quo a la impugnante, a efectos de que adelante las gestiones
administrativas y presupuestales necesarias para el nombramiento
de la persona que reemplace al actor en el disfrute de sus vacaciones,
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 9 de
septiembre de 2009, CP Luis Alberto Álvarez Parra, número único de radicación 1100103-15-000-2021-
04993-00.
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es congruente como medida requerida para garantizar el amparo
concedido.
En ese orden de ideas, en la medida en que los reproches de la
impugnación estudiada no tienen vocación de prosperidad, el fallo
proferido en primera instancia será confirmado, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de agosto de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
Salva voto
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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