RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-00743-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00743-00

Fecha
27 de abril de 2023
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00743-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por la Contraloría General de la República, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-00743-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

27 de abril de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00743-00
Demandante: Nación, Contraloría General de la República

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-00743-00
Demandante NACIÓN, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN D
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defectos: sustantivo, por
decisión sin motivación y por desconocimiento del precedente
jurisprudencial. Medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho. Primas técnica automática y de alta gestión para el nivel
directivo. Factor salarial para reliquidación de prestaciones sociales.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por la Nación, Contraloría General de la República, de conformidad con
lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 10 de febrero de 20231, la Nación, Contraloría General de la República, por
conducto de apoderado, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia. Las pretensiones son las siguientes:
“PRIMERO: AMPARE los derechos fundamentales de la CONTRALORÍA DE LA
REPÚBLICA, al debido proceso, a la igualdad, a la doble instancia, y al acceso imparcial a la
administración de justicia, conculcados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Sub-sección “D”, dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento
del derecho No. 001333502120190009700/01, con la expedición de la sentencia del 27 de
octubre de 2022.

SEGUNDO: ORDENE al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sub-
sección “D”, M.P. Dra. Alba Lucía Becerra Avella, que profiera sentencia de remplazo de
segunda instancia dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho No.
001333502120190009700/01 promovido por Iván López Dávila, tomando las medidas
necesarias para restablecer los derechos vulnerados y subsanando los eventos violatorios de
los fundamentales derechos al debido proceso, a la igualdad, a la doble instancia, y de acceso
imparcial a la administración de justicia de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA;
esto es, ajustando su decisión tanto a la legislación existente, como al precedente
jurisprudencial vinculante dado por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado”.

1 Escrito de tutela radicado por ventanilla virtual. SAMAI, índice 2.
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00743-00
Demandante: Nación, Contraloría General de la República

2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El señor Iván López Dávila se encuentra vinculado a la Contraloría General de
la República, en el cargo de Director, Grado 03, adscrito a la Dirección de
Estudios Sectoriales de la entidad desde el 13 de agosto de 2014.
2.2. El 14 de noviembre de 2017 el señor López Dávila solicitó a la Contraloría
General de la República el reconocimiento y pago de la prima técnica
automática y la prima de alta gestión como factor salarial y prestacional;
petición que fue resuelta negativamente mediante el Oficio Nro.
2017IE0094705 del 25 de enero de 2018.
Contra la anterior decisión el interesado interpuso recurso de reposición, que
fue resuelto en la Resolución Nro. 81117-00279-2018 del 5 de febrero de 2018,
confirmado el acto.
2.3. Por lo anterior, el señor Iván López Dávila, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, demandó a Nación, Contraloría
General de la República pretendiendo la nulidad de los actos administrativos
que le negaron el reconocimiento y pago de la prima técnica automática y de
la prima de alta gestión como factor salarial a partir del año 2014.
A título de restablecimiento del derecho, pidió se tuvieran en cuenta estos dos
conceptos como factor salarial para todos los efectos prestacionales y se
ordenara reliquidar las prestaciones con la inclusión de estos dos
emolumentos.
2.4. Del asunto conoció en primera instancia el Juzgado Veintiuno Administrativo
de Bogotá (radicación Nro. 11001-33-35-021-2019-00097-00) que, en
sentencia del 10 de diciembre de 2021, negó las pretensiones de la demanda.
Indicó que acogía la postura e interpretación de la jurisprudencia del Consejo
de Estado, Sala de Conjueces y de la Corte Constitucional que rechazaba el
concepto de salario como fundamento único para que cualquier pago realizado
por el empleador pudiera ser considerado como base salarial para el cálculo
de prestaciones sociales distintas a la pensión.
En este sentido, indicó que debía negar la pretensión de inaplicar por
inconstitucional las expresiones “la prima de gestión de que trata este artículo no
constituye factor salarial para ningún efecto legal” y “la cual no constituye factor
salarial para ningún efecto legal” contenidas en los Decretos 182 de 2014, 1093
de 2015, 241 de 2016, 1010 de 2017, 334 de 2018, 1005 de 2019 y 320 de
2020.
2.5. La decisión fue apelada por la parte demandante ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D que, en
sentencia del 27 de octubre de 2022 <<notificada por correo electrónico el 4 de
noviembre de 2022>>, revocó la decisión de primera instancia y en su lugar,
accedió a las pretensiones de la demanda.
El a quem encontró que, tanto la prima técnica automática como la prima de
gestión eran remuneraciones que recibía mensualmente el demandante como
contraprestación del servicio, razón por la que debían tener connotación de

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00743-00
Demandante: Nación, Contraloría General de la República

factor salarial conforme con el artículo 53 de la Constitución Política, y que por
ello debía inaplicarse por inconstitucional la expresión “no constituye factor
salarial” contenida en los Decretos 182 de 2014, 1093 de 2015, 241 de 2016,
1010 de 2017, 344 de 2018, 1005 de 2019 y 320 de 2020 y debía declararse
la nulidad del acto administrativo que negó las primas técnica automática y de
gestión como factor salarial.
Advirtió que si bien la Sección Segunda del Consejo de Estado en las
sentencias del 30 de marzo de 2017 y 5 de mayo de 2022 indicó que el
Gobierno Nacional estaba facultado para determinar que las primas técnica
automática y de alta gestión no tenían carácter salarial y no era posible
cambiarle su naturaleza; pero que esa Sala se apartaba de tal postura en
atención a lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-621 de
2015 en la que se expuso la posibilidad que tienen los jueces de apartarse de
la jurisprudencia de las altas cortes, máxime cuando las decisiones no eran de
unificación.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora consideró que, al proferir la sentencia del 27 de octubre de 2022 en
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con la radicación Nro.
11001-33-35-021-2019-00097-00/02, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D incurrió en los defectos sustantivo, por decisión
sin motivación y por desconocimiento del precedente jurisprudencial.
3.1. Defecto sustantivo. Sostuvo que la decisión aplicó la excepción de
inconstitucionalidad autorizada en el artículo 4 de la Constitución Política, sin
ningún tipo de argumentación.
Estuvo en desacuerdo con el argumento del tribunal de considerar que las
primas técnica automática y de alta gestión fueran tenidas como factor salarial,
sin haberse detenido a revisar el régimen salarial y prestacional de los
servidores de la Contraloría General de la República, ya que de acuerdo con
lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 113 de la Ley 106 de 1993 no
constituían salario por tratarse de prestaciones sociales como era el caso de
la prima técnica automática.
Que estos dos emolumentos eran concedidos por el simple hecho de estar
vinculado en un cargo que exigía calidades excepcionales y que no tenían
carácter salarial al no retribuir la labor desempeñada, tal como disponían los
artículos 4 y 5 del Decreto 270 de 2000 aplicable a la planta de personal de la
contraloría, establecida con ocasión del ejercicio de las facultades
extraordinarias conferidas por el numeral 1º del artículo 1º de la Ley 573 de
2000.
3.2. Defecto por decisión sin motivación. Indicó que si bien la decisión tiene unas
consideraciones con las que se resolvió el problema jurídico planteado, en
realidad lo que se buscaba era darle visos de legalidad y razonabilidad a la
tesis que los magistrados de esa sala venían sosteniendo con anterioridad a
pesar de ir en contravía de la tesis del Consejo de Estado sobre esos mismos
supuestos fácticos y jurídicos.
Advirtió que se acudió al principio de autonomía no solo para desconocer los
precedentes del órgano de cierre para casos similares, sino que aplicó la

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00743-00
Demandante: Nación, Contraloría General de la República

excepción de inconstitucionalidad incumpliendo con las condiciones señaladas
en la jurisprudencia constitucional para acudir al criterio de supremacía
normativa, ya que (i) no demostró la vulneración de las disposiciones
constitucionales que dijo aplicar con preferencia a la preceptiva
inmediatamente referida, (ii) omitió mencionar cuál derecho fundamental tenía
prevalencia en el caso concreto y frente a quién, y (iii) presentó razones ajenas
al caso concreto y por ende inaplicables para fundamentar que las normas
aplicables al caso concreto eran inconstitucionales.
3.3. Defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial. Encontró que el
tribunal se apartó de los precedentes del 30 de marzo de 2017 2 y del 5 de
mayo de 20223, proferidos por el Consejo de Estado y que así lo reconoció en
la providencia cuestionada sin motivación alguna para apartarse de los
mismos, además que no era válido indicar que por no ser precedentes de
unificación no era obligatoria su observancia, pues que se trataba de
situaciones iguales que debían analizarse a la luz del precedente del órgano
de cierre.
También anunció que se desconocieron los siguientes antecedentes
jurisprudenciales por parte del tribunal accionado, que trataban situaciones
idénticas a su caso y en los que se analizó la naturaleza de las primas técnica
automática y de alta gestión para este tipo de servidores que como él,
pertenecen al nivel directivo:
● Sentencia del 7 de diciembre de 2022, Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, expediente 25000-23-42-000-2018-02808-01 (2671-2021).
● Sentencia igualmente del 7 de diciembre de 2022, Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, expediente 25000-23-42-000-2017-00680-02 (2321-
2021).

4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 21 de febrero de 2023, el despacho admitió la demanda de tutela,
ordenó notificar a las partes accionante y accionada y, dispuso la vinculación
como terceros con interés al señor Iván López Dávila, quien actuó como
demandante en el proceso ordinario; y al Juzgado Veintiuno Administrativo de
Bogotá, autoridad que dictó la sentencia de primera instancia.
4.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, hizo un recuento de la sentencia emitida en segunda instancia
y a continuación, indicó en relación con la presente acción que no se
configuraban los defectos de tutela contra providencia judicial, al haberse
proferido por funcionario competente, conforme al procedimiento, aplicando el
supuesto legal que sirvió de fundamento a la decisión conforme con las
pruebas allegadas al expediente, de acuerdo con los precedentes y de manera
congruente.

Finalmente, consideró que la acción de tutela era improcedente, ya que la
Contraloría General de la República, ejerció todos y cada uno de los
mecanismos judiciales que tenía a su disposición y que, los argumentos

2 Expediente 25000-23-25-000-2010-00012-01 (2473-2011). Consejero ponente César Palomino Cortés.
Sección Segunda, Subsección B.
3 Expediente 25000-23-42-000-2018-01942-01 (3032-2021). Consejero ponente William Hernández Gómez.
Sección Segunda, Subsección A.
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00743-00
Demandante: Nación, Contraloría General de la República

planteados, ya habían sido resueltos por la Corporación de manera que no
podía entender la acción de tutela como una tercera instancia.

4.3. El señor Iván López Dávila, en su calidad de tercero con interés, manifestó
que lo que buscaba la contraloría era una instancia adicional mediante el
ejercicio de la acción de tutela, por lo que no se cumplía con el requisito de la
relevancia constitucional.

Indicó que el precedente traído por la contraloría no era de unificación y había
resuelto un tema de reliquidación pensional en la que se analizaba si las
primas objeto de debate eran o no factor de la pensión, pero que no era el caso
de un funcionario que se encuentra en actividad como es su caso, en el que lo
que se discute es que sean factor salarial para la reliquidación de las
prestaciones sociales.

Aclaró que, en relación con la noción de salario, tanto el Consejo de Estado
como las demás cortes han sido de la posición estable de considerar que
constituye salario toda remuneración percibida por el actor como retribución a
la prestación del servicio de manera habitual y periódica e independientemente
de la denominación dada por el legislador.

También consideró que, no podía excusarse la contraloría en la no
interposición del recurso extraordinario de revisión dadas las rigurosidades del
mismo, pues que esto no podía desplazar un mecanismo idóneo siempre que
se cumplieran las causales, por lo que no se cumplía con el requisito de
subsidiariedad. Por último, descartó la procedencia de los defectos propuestos
por la parte actora.

4.4. El Juzgado Veintiuno Administrativo de Bogotá, no se pronunció en esta
oportunidad4.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19915, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa

4 Allegó link de acceso al proceso ordinario.
5 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00743-00
Demandante: Nación, Contraloría General de la República

excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales6
y especiales7 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional8 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.

Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un
mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.

3. Delimitación y planteamiento del problema jurídico

3.1. Encuentra la Sala que en el escrito de tutela se menciona la presunta
configuración de los defectos sustantivo, por desconocimiento del precedente
y por decisión sin motivación, sin embargo, en relación con este último defecto,
se advierte que se refuerza el argumento de no haberse tenido en cuenta en
la decisión del tribunal el precedente vinculante del Consejo de Estado, de
manera que se abordará bajo la caracterización del defecto por
desconocimiento del precedente jurisprudencial, toda vez que comparte sus
fundamentos.

3.2. Hecha la anterior precisión, de acuerdo con los antecedentes del caso,
corresponde a la Sala determinar si al proferir la sentencia del 27 de octubre
de 2022 en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
la radicación Nro. 11001-33-35-021-2019-00097-00/01, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, incurrió en los defectos
sustantivo y por desconocimiento del precedente, al haber otorgado la
connotación de factor salarial a las primas técnica automática y de alta gestión,
por tratarse de conceptos percibidos de manera habitual y periódica por el
directivo Iván López Dávila, lo que a juicio de la Contraloría General de la
República resulta contrario a las normas que regulan el sistema prestacional
de la entidad y a los precedentes de la Sección Segunda del Consejo de
Estado sobre la materia.

6 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son:
i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya
utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus
derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial
(inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión
proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
7 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
8 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00743-00
Demandante: Nación, Contraloría General de la República

4. El defecto sustantivo no se estructura en el caso objeto de estudio
4.1. El defecto sustantivo, es un vicio relacionado con la interpretación y aplicación
de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, que tiene una
incidencia directa en la decisión y del que se puede predicar que de forma
directa y autónoma lesiona los derechos fundamentales.
La jurisprudencia constitucional ha considerado que este defecto se produce,
entre otros eventos, cuando la aplicación de la norma al caso concreto no se
encuentra dentro del marco de interpretación razonable o la aplicación de la
regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contra legem9.
4.2. En el caso, no se advierte este defecto en la sentencia cuestionada, pues en
la parte considerativa de manera expresa se hace mención a lo dispuesto en
el artículo 113 de la Ley 106 de 1993, al Decreto 270 de 2000, y a los decretos
que anualmente expide el Gobierno Nacional para fijar la escala de
remuneración para las distintas categorías de empleos, en los que se consagró
año a año la prima técnica automática y la prima de alta gestión, que indicaron
expresamente, no constituían factor para ningún efecto legal.
En la decisión judicial que se revisa, no se desconoció el contenido de dichos
preceptos, de hecho, se mencionan de manera expresa las normas y lo que
estas consagran, sin embargo, el tribunal resolvió acudir a la figura de la
inaplicación por inconstitucionalidad de las disposiciones que indicaban que
estos rubros no constituían factor salarial, al considerar que se contrariaba la
definición esencial de salario, por tratarse la prima técnica automática y la
prima de alta gestión de una retribución que de manera habitual percibía el
demandante en su calidad de directivo al servicio de la Contraloría General de
la República.
4.3. En este sentido, vale la pena recordar que la figura de la excepción de
inconstitucionalidad es un instrumento que contempla el artículo 4º de la
Constitución Política y que permite que se inaplique una norma de rango legal
si va en contravía de una norma constitucional, dando prelación a esta última
y, cuyos efectos solo son inter partes.
De modo que, no se desconocieron las normas relacionadas con el régimen
salarial y prestacional de los empleados de la Contraloría General de la
República por haber hecho uso del mencionado instrumento de inaplicación
por inconstitucionalidad al que acudió el tribunal y que justificó de manera
suficiente, no solo con la definición de salario sino con apoyo jurisprudencial
de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado frente al concepto, además
de indicar que de no inaplicar las normas que desconocían estos rubros como
factor salarial sería contrariar las disposiciones de la Carta Política.
Así, concluyó el tribunal frente al punto lo siguiente:
“Así entonces, en consideración a las características previamente descritas respecto a las
primas técnica y de alta gestión, la Sala concluye que, al ser pagados esos emolumentos
de manera mensual, es decir, percibidas de manera habitual y permanente, aunado al
hecho que corresponden inequívocamente a una contraprestación por motivo del servicio o
las labores prestadas por ese servidor, esos emolumentos, ineludiblemente deben tener la
connotación de factor salarial - art. 53 CP primacía de la realidad sobre las formas -.

9 Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00743-00
Demandante: Nación, Contraloría General de la República

En consecuencia, se inaplicará por inconstitucional la expresión ´ no constituye factor salarial´
contenida en los decretos 182 de 2014, 1093 de 2015, 241 de 2016, 1010 de 2017, 344 de
2018, 1005 de 2019 y 320 de 2020 y se declarará la nulidad del acto administrativo que negó
el reconocimiento de la prima técnica automática y la prima de alta gestión como factor
salarial”.

5. Defecto por desconocimiento del precedente y su análisis en el caso
concreto.
5.1. El precedente judicial alude a que un caso similar ya ha sido resuelto en el
pasado y sirve como referente para que se decidan otros conflictos
semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el
juez al momento de decidir el nuevo caso. Por lo anterior, la aplicación del
precedente busca armonizar y salvaguardar los principios de igualdad y
seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma y,
consecuentemente, se garantice el debido proceso del ciudadano.
La Corte Constitucional ha sostenido que la aplicación del precedente judicial
implica que10 “…un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los)
caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son
semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia
jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente
y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más
específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”.

Para la Sala11, puede plantearse la transgresión del precedente si se
demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan
identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación; (ii) que
tales decisiones eran vinculantes para la autoridad judicial demandada, tanto
por ser el precedente vigente, como por tener la fuerza vinculante suficiente;
(iii) que la decisión judicial que se cuestiona en sede de tutela es contraria al
precedente vinculante, (iv) y que el juez de instancia no presentó una
justificación razonable para apartarse del precedente vinculante.
El desconocimiento del precedente constitucional es una causal autónoma y
específica de procedibilidad, que se configura, entre otros motivos: (i) cuando
se contraría la ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad y/o (ii)
cuando se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado a
través de la ratio decidendi de sus sentencias de tutela, mucho más cuando
se trata de sentencias de unificación.
Al referirse al defecto por desconocimiento del precedente, y los requisitos
para apartarse válidamente del mismo, la Corte Constitucional ha precisado
que deben cumplirse con los requisitos de transparencia y suficiencia, en virtud
de los cuales, el juez de la causa no solo debe identificar y referirse a la
decisión judicial de la que se aparta, sino también explicar los motivos por los
que decide apartarse del precedente existente; evento en el cual, es
insuficiente ofrecer argumentos en un sentido contrario al del precedente, pues
además se debe demostrar, con argumentos sólidos, que el precedente
vigente no es válido, correcto o suficiente para resolver el caso sometido a
decisión.

10 Corte Constitucional. SU-573 de 2017.
11 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 23 de abril de 2014. Expediente No. 11001-03-15-000-
2013-02625-00. C.P. Jorge Octavio Ramírez.
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00743-00
Demandante: Nación, Contraloría General de la República

En este sentido, la sentencia SU–309 de 2019 la Corte Constitucional explicó:
“De acuerdo con la Corte, para evaluar si se está frente a dicho defecto es preciso i) determinar
la existencia de un precedente o de un grupo de precedentes aplicables al caso concreto y
distinguir las reglas decisionales contenidas en estos precedentes 12; ii) comprobar que el fallo
judicial impugnado debió tomar en cuenta necesariamente tales precedentes, pues de no
hacerlo incurría en un desconocimiento del principio de igualdad; y, iii) verificar si el juez tuvo
razones fundadas para apartarse del precedente judicial, bien por encontrar diferencias
fácticas entre el precedente y el caso analizado, bien por considerar que la decisión debería
ser adoptada de otra manera para lograr una interpretación más armónica en relación con los
principios constitucionales, y más favorable a la vigencia y efectividad de los derechos
fundamentales, de acuerdo con el principio pro persona.
A partir de lo anterior, este Tribunal ha precisado que no se configura el defecto siempre que
el funcionario jurisdiccional reconozca y señale las decisiones anteriores de las que se aparta,
y argumente con suficiencia los motivos por los cuales toma distancia de lo resuelto con
anterioridad. Por ello, el manejo legítimo del precedente obliga a que el juez i) dé cuenta del
balance judicial vigente; ii) presente los razonamientos adecuados y suficientes para el
abandono o cambio de la norma jurisprudencial; y, iii) explique de qué manera su propuesta
hermenéutica desarrolla de mejor manera los derechos y principios superiores. (Subrayas
intencionales).
En esa medida, las autoridades están en el deber de seguir las decisiones proferidas por los
órganos de cierre y, en especial, las decisiones proferidas por la Corte Constitucional.
El carácter vinculante del precedente permite garantizar los principios de igualdad, justicia
formal, seguridad jurídica, buena fe, a la vez que propende a la coherencia del sistema jurídico
en general. Empero, “...esa sujeción no es absoluta, toda vez que los mandatos de autonomía
e independencia judicial facultan al juez para apartarse del precedente, siempre que formulen
una carga argumentativa adecuada y suficiente. Tales criterios han sido valorados por esta
Corte para identificar si existió o no un manejo ilegítimo del precedente que quebrantara
derechos fundamentales de las partes de un proceso”, sin soslayar ‒se enfatiza‒ el valor
acentuado del precedente cuando se trata de pronunciamientos de esta Corporación, tanto de
la Sala Plena, como aquellos adoptados por las Salas de Revisión que constituyen
jurisprudencia en vigor”13.

Y sobre los mismos requisitos, en la sentencia SU–395 de 2017, la Corte
previamente había indicado que:
“las cargas para apartarse de un precedente varían según la autoridad que lo profirió. En
efecto, cuando se trata de un precedente horizontal, más allá de que se presente una
diversidad en las circunstancias o supuestos fácticos sometidos a conocimiento y decisión del
juez que le permitan otorgar un trato desigual, dicha autoridad en su providencia debe hacer
referencia expresa al precedente con el que ha resuelto casos análogos -requisito de
transparencia- y, a partir de allí, exponer las razones suficientes que, a la luz de los cambios
introducidos en el ordenamiento jurídico o de la transformación del contexto social dominante,
justifiquen un cambio jurisprudencial -requisito de suficiencia-. No basta, entonces, con
ofrecer simplemente argumentos en otro sentido, sino que resulta forzoso demostrar que el
precedente anterior no resulta válido, correcto o suficiente para resolver un nuevo caso
sometido a decisión. Una vez satisfechas estas exigencias, en criterio de la Corte, se entiende
protegido el derecho a la igualdad de trato y garantizada la autonomía e independencia de los
operadores judiciales”.
“…y es que cuando el precedente emana de un alto tribunal de justicia, éste adquiere un
carácter ordenador y unificador que propugna por materializar los principios de primacía de la
Carta Política, la igualdad, la certeza en el derecho y el debido proceso, además de su
caracterización como técnica judicial elemental para mantener la coherencia de todo el
ordenamiento.

12 Sentencia SU-114 de 2018.
13 Corte Constitucional. Sentencia SU–309 del 11 de julio de 2019. Expediente: T-7.071.794.
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00743-00
Demandante: Nación, Contraloría General de la República

“De tal modo que cuando un juez pretenda apartarse de un precedente constitucional, (i) no
sólo debe hacer explícitas las razones por las cuales se abstiene de seguir la jurisprudencia
en vigor sobre la materia objeto de escrutinio judicial, (ii) sino que también debe demostrar
que la interpretación alternativa que se ofrece desarrolla y amplía de mejor manera el
contenido de los derechos, principios y valores constitucionales objeto de protección. Siendo
así las cosas, prima facie, resultan totalmente contrarias al debido proceso, (a) el
incumplimiento de una carga mínima de argumentación que, a partir del principio de razón
suficiente, justifique apartarse del precedente; así como (b) la simple omisión o negativa del
juez en su aplicación, a partir de un erróneo entendimiento de la autonomía que les reconoce
el Texto Superior.”

5.2. En el caso puesto a consideración de la Sala, se advierte que en la sentencia
cuestionada la autoridad judicial accionada justificó las razones por las que
decidió inaplicar por inconstitucionalidad las normas que establecían que la
prima técnica automática y la prima de alta gestión “no constituían factor
salarial” y, tales consideraciones implicaron que, pese a reconocer la
existencia de precedentes del Consejo de Estado sobre la materia, decidiera
apartarse de los mismos.
En este punto, resulta relevante citar los argumentos en los que se apoyó el
tribunal accionado para apartarse del precedente de la Sección Segunda del
Consejo de Estado y adoptar la decisión contenida en la providencia acusada:
“4. Definición de salario según las normas y la jurisprudencia de las Altas Cortes.
La Constitución Política de 1991, en su artículo 53 consagra el derecho al trabajo, y faculta al
Congreso para la expedición del estatuto del trabajo, el cual debe regirse por principios
fundamentales, como: [...] igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración
mínima, vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, estabilidad en el empleo;
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, facultades para
transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador
en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, primacía
de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales;
garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario;
protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad [...]”.
La regulación del derecho al trabajo también incluye los convenios internacionales
debidamente ratificados, los cuales hacen parte de la legislación interna, en virtud de la figura
denominada, bloque de constitucionalidad, sin que la ley, los contratos, los acuerdos y
convenios de trabajo, puedan menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de
los trabajadores.
Ahora, en cuanto a la definición de salario, es preciso citar el convenio sobre la protección del
salario (C095- - num.15.1949), el cual hace parte del bloque de constitucionalidad, y que en
su artículo 1 señala:
“[...] el término salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su
denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada
por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en
virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya
efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar. [...]”.
El Código Sustantivo del Trabajo (Ley 50 de 1990 14), en cuanto a los elementos constitutivos
y no de salario, señala:
“(...) Artículo 127. Elementos integrantes. (Artículo modificado por el artículo 14 del
Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente) Constituye salario no sólo la
remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o
en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o
denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales,

14 Por la cual se introducen reformas al Código sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.
10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00743-00
Demandante: Nación, Contraloría General de la República

valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de
descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones. Artículo 128. Pagos que no constituyen salarios. (Artículo modificado por el artículo
15 de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente) No constituyen salario las
sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador,
como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades,
excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en
especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar
a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte,
elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco las prestaciones sociales de que
tratan los títulos VIII y IX, ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados
convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador,
cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero
o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas
extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad. [...]”. La Corte Constitucional en la sentencia C-521 de 199515, al estudiar la constitucionalidad del
artículo 128 de la Ley 50 de 199016, arguyó lo siguiente, frente a la noción de salario:
“(...) Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable sino todo lo que
recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación o retribución directa
y onerosa del servicio, y que ingresan real y efectivamente a su patrimonio, es decir, no
a título gratuito o por mera liberalidad del empleador, ni lo que recibe en dinero en
especie no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a
cabalidad sus funciones, ni las prestaciones sociales, ni los pagos o suministros en
especie, conforme lo acuerden las partes, ni los pagos que según su naturaleza y por
disposición legal no tienen carácter salarial, o lo tienen en alguna medida para ciertos
efectos, ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales, acordados convencional o
contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando por
disposición expresa de las partes no tienen el carácter de salario, con efectos en la
liquidación de prestaciones sociales”. En cuanto a la definición de factor salarial, la aludida Corporación, se pronunció en la sentencia
C-710 de 1996, así:
“[...] La definición de lo que es factor salarial, corresponde a la forma como se
desarrolla el vínculo laboral, y no a la existencia de un texto legal o convencional
que lo consagre o excluya como tal, pues todo aquello que recibe el trabajador
como contraprestación directa de su servicio, sin importar su denominación, es
salario. En esta materia, tal como lo establece el artículo 53 de la Constitución, la
realidad prima sobre las formalidades pactadas por los sujetos que intervienen
en la relación laboral. Por tanto, si determinado pago no es considerado salario,
a pesar de que por sus características es retribución directa del servicio prestado,
el juez laboral, una vez analizadas las circunstancias propias del caso, hará la
declaración correspondiente”.
“Así las cosas, debe entenderse que el artículo 128 se limita a establecer que no
constituyen salario las sumas que ocasionalmente, y por mera liberalidad recibe el
trabajador, y a señalar algunos ejemplos de esos conceptos. Definición que no
desconoce norma alguna de la Constitución, ni impide que se pueda reclamar ante el
juez competente, el reconocimiento salarial de una suma o prestación excluida como
tal, cuando, por sus características, ella tiene por objeto retribuir el servicio prestado. Por tanto, la norma, así entendida, es constitucional. El artículo 128, como norma de carácter general, no es contraria a la Constitución.

En
caso de que los regímenes salariales a que hacen referencia los actores, desconozcan
esta norma, y, por ende, se cree una desigualdad, lo lógico es demandar esos
regímenes y, no el artículo que se acaba de analizar, pues él, como se ha explicado,
se limita enunciativamente a determinar que sumas no son salario. Sin que ello implique
que, en casos concretos, el juez, una vez analizadas las circunstancias que rodean el
caso puesto a su consideración, concluya que determinadas sumas de dinero que

15 M.P: Antonio Barrera Carbonell.
16 Por la cual se introducen reformas al Código sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.
11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00743-00
Demandante: Nación, Contraloría General de la República

recibe el trabajador, a pesar de estar excluidas como factor salarial lo son, en razón al
carácter retributivo de la labor prestada.
[...]
Finalmente, nada obsta para que el legislador, en relación con determinadas
prestaciones, establezca que ellas, a pesar de no ser salario, se consideren como tal,
para asignarle determinados efectos. Así, por ejemplo, el auxilio de transporte a pesar
de no ser salario, debe considerarse como tal, para efectos prestacionales. [...]”.
(Subrayas y negrillas fuera del texto original). Por su parte, el Consejo de Estado17, en lo atinente al concepto de Salario, ha señalado:
“[...] Desde la expedición de la Ley 83 de 1931, se Ilama sueldo el pago de los servicios
de los empleados públicos, el cual debe hacerse por períodos iguales vencidos y sin
que sobrepase el mes calendario; se acepta como una noción restringida que coincide
con la asignación básica fijada por la Ley para los diversos cargos de la administración
pública. El salario, en cambio, es una noción amplia que para el sector público
comprende todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como
retribución por sus servicios, tales como primas, sobresueldos, bonificaciones,
gastos de representación, etc., además de la asignación básica fijada por la ley
para los diferentes cargos, del valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada
nocturna o en días de descanso obligatorio (Decreto - Ley 1042 de 1978, art. 42). Este
concepto, aplicable a la relación legal reglamentaria, propia del vínculo del servidor
público, guarda similitud sustancial con la noción aplicable a las relaciones laborales
de carácter privado cuando el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo dice que
constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que
recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio,
sea cualquiera la forma o denominación que adopte. Lo cual permite afirmar que salario
es la remuneración ordinaria o contraprestación directa de los servicios prestados por
el servidor o trabajador, en una relación laboral de índole legal, reglamentaria o
contractual. Las prestaciones sociales, por su parte, han sido establecidas por el
legislador “para cubrir los riesgos o necesidades del trabajador que se originan durante
la relación de trabajo”, según la Corte Suprema de Justicia, estando representadas por
dinero, servicios u otros beneficios con los cuales se busca amparar las contingencias
a que suele verse sometida la persona que labora al servicio de un empleador. Se
diferencian del salario, sustancialmente, en que no tienen carácter retributivo o
remuneratorio por los servicios prestados, pues el derecho a ella surge en razón de la
relación laboral y con el fin de cubrir riesgos o necesidades.

Sin embargo, la ley no
siempre es precisa al calificar las prestaciones sociales o la institución salarial 18. [...]
En conclusión, el salario es: todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el
empleado como retribución por sus servicios, se debe cotizar sobre todo lo devengado
y liquidar las prestaciones sociales sobre lo realmente percibido [...]”
La aludida Corporación, también ha dicho19:
“[...] De acuerdo con el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por
el artículo 14 de la Ley 50 de 1990, “constituye salado no sólo la remuneración
ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie
como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que
se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo
suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio,
porcentajes sobre ventas y comisiones".(...) Así pues, constituye salario, en general,
toda suma que remunere el servicio prestado por el trabajador y no hacen parte de
este, (i) los pagos ocasionales y que por mera liberalidad efectúa el empleador, como
bonificaciones; (ii) los pagos para el buen desempeño de las funciones a cargo del
trabajador, como el auxilio de transporte, (iii) las prestaciones sociales y (iv) los

17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Consejero Ponente: César
Palomino Cortés. Bogotá D.C., nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017). Radicado:
25000234200020130154101 (4683- 2013).
18 Radicación 839 del 21 de junio de 1996. Javier Henao Hidrón.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero ponente: Martha
Teresa Briceño de Valencia, Bogotá D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil dieciséis (2016), radicación
número: 76001 - 23-31-000-2011-01867-01(21519)

12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00743-00
Demandante: Nación, Contraloría General de la República

beneficios o bonificaciones habituales u ocasionales de carácter extralegal, si las partes
acuerdan que no constituyen salario. A su vez los factores que no constituyen salario,
y, dentro de estos, los beneficios o bonificaciones extralegales que expresamente se
acuerden como no salariales, sean ocasionales o habituales, no hacen parte de la base
del cálculo de los aportes parafiscales al ICBF. Ello, porque la base de los aportes es
la nómina mensual de salarios, es decir, “la totalidad de los pagos hechos por concepto
da los diferentes elementos integrantes del salario”, como prevé el artículo 17 de la Ley
21 de 1982. Cabe insistir en que las bonificaciones ocasionales otorgadas por mera
liberalidad del empleador no constituyen factor salarial por mandato legal (art 128
C.S.T.), sin que se requiera de acuerdo entre las partes y que, con fundamento en la
misma norma y en el artículo 17 de la Ley 344 de 1996, tampoco son salario las
bonificaciones o beneficios, -sean ocasionales o habituales-, siempre que sean
extralegales y que las partes expresamente acuerden que no hacen parte del salario.
[...]” (Subrayas fuera del texto original). En otro pronunciamiento, el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo definió los
conceptos de devengar y salario de la siguiente forma:
“[...] Esta corporación20 ha hecho la distinción de los conceptos devengar y salario, en
tanto no son idénticos, y por ello no se pueden confundir. Devengar, es adquirir derecho
a alguna percepción o retribución por razón de trabajo, servicio u otro título; mientras
que el Salario es la retribución por el servicio prestado y en este sentido, es uno de los
posibles objetos del verbo devengar, de donde no todo lo devengado es salario, así
como el salario no puede considerarse devengado para todos los efectos, en la medida
en que pueden devengarse -causarse- rentas o ingresos a títulos diferentes. Así las cosas, cuando la ley se refiere expresamente al salario como unidad de medida,
todo pago que tenga un propósito retributivo, constituya un ingreso personal del
funcionario y sea habitual, tiene naturaleza salarial y debe incluirse en la base de
liquidación del derecho pretendido. En ese orden de ideas, cuando la ley estipula que lo devengado por un funcionario es
la unidad de medida de un derecho, la misma ley será la que defina qué ingresos
percibidos deben ser imputados en la liquidación del mismo. Igualmente, cuando se
refiera al salario debe entenderse que todo pago con carácter retributivo, que constituya
un ingreso personal para el trabajador y que sea habitual, tiene tal naturaleza o
característica. [...]”. Finalmente, es menester mencionar lo expresado por la Corte Suprema de Justicia 21, al
referirse a la interpretación de los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, en
vigencia de la Ley 50 de 1990:
“[...] Estas normas, en lo esencial siguen diciendo lo mismo bajo la nueva redacción de
los artículos 14 y 15 de ley 50 de 1990, puesto que dichos preceptos no disponen, como
pareciera darlo a entender una lectura superficial de sus textos, que un pago que
realmente remunera el servicio, y por lo tanto constituye salario ya no lo es en virtud de
la disposición unilateral del empleador o por convenio individual o colectivo con sus
trabajadores. En efecto, ni siquiera al legislador le está permitido contrariar la
naturaleza de las cosas, y por lo mismo no podría disponer que un pago que retribuye
a la actividad del trabajador ya no sea salario.

Lo que verdaderamente quiere decir la
última parte del artículo 15 de la ley 50 de 1990, aunque debe reconocerse que su
redacción no es la más afortunada, es que a partir de su vigencia pagos que son
“salario” pueden no obstante excluirse de la base de cómputo para la liquidación de
otros beneficios laborales (prestaciones sociales, indemnizaciones, etc.)”.
"Este entendimiento de la norma es el único que racionalmente cabe hacer, ya que aun
cuando habitualmente se ha tomado el salario como la medida para calcular las
prestaciones sociales y las indemnizaciones que legalmente se establecen en favor del
trabajador, no existe ningún motivo fundado en los preceptos constitucionales que rigen
la materia o en la recta razón, que impida al legislador disponer que una determinada

20 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren. dieciocho (18) de mayo de dos mil once (2011). Radicación número: 50001-23-31-000-2006-
00945- 01(1854-09).
21 Corte Suprema de Justicia en sentencia del 12 de febrero de 1993 (radicación 5481. Sección Segunda M.P.
Hugo Suescún Pujols.
13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00743-00
Demandante: Nación, Contraloría General de la República

prestación social o indemnización se liquide sin consideración al monto total del salario
del trabajador, esto es, que se excluyan determinados factores no obstante su
naturaleza salarial, y sin que pierdan por ello tal carácter. El Legislador puede entonces
también -y es estrictamente lo que ha hecho- autorizar a las partes celebrantes un
contrato individual de trabajo, o de una convención colectiva de trabajo o de un pacto
colectivo, para disponer expresamente que determinado beneficio o auxilio extralegal,
a pesar de su carácter retributivo del trabajo, no tenga incidencia en la liquidación y
pago de otras prestaciones o indemnizaciones. Lo que no puede lógicamente hacerse,
ni por quienes celebran un convenio individual o colectivo de trabajo, es disponer que
aquello que por esencia es salario, deje de serlo. [...]”.
De conformidad con las normas y jurisprudencia aludidas, se colige que hace parte del salario
toda remuneración percibida por el actor como retribución a la prestación del servicio,
independientemente de la denominación recibida.
En efecto, bajo la anterior definición de salario, el Consejo de Estado en sentencia de 19 de
febrero de 2018, al estudiar en una demanda de nulidad la expresión “no constituye carácter
salarial” de la prima de dirección de los servidores de la contribución por el ejercicio de las
funciones inherentes a las jefaturas, prestación similar a la aquí pretendida, indicó 22:
“[...] constituye un criterio de esta Sección, que la naturaleza salarial de un pago se
deriva de la retribución directa por los servicios del trabajador que no sea ocasional.
En el caso bajo análisis, el Gobierno Nacional dispuso que la prima de dirección
prevista en el artículo 423 del Decreto 1268 de 1999, no constituye factor salarial; sin
embargo, la Sala resalta, que esta prima es una retribución económica que se reconoce
a los servidores de la contribución, por el ejercicio de las funciones inherentes a las
jefaturas24.
Se trata de un pago como retribución de la prestación del servicio, esto es, que
remunera de forma periódica el ejercicio de las funciones de los servidores que hayan
sido designados en las jefaturas de la entidad. De acuerdo con el artículo 61 del Decreto
1072 de 1999, una de las situaciones administrativas en las que pueden encontrarse
los servidores públicos de la contribución es la “designación de jefatura”, situación
administrativa por medio de la cual, los servidores públicos de la contribución del
Sistema Específico de Carrera en la DIAN, desempeñan las funciones de dirección,
coordinación, supervisión y control de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
y de las diferentes dependencias en que se encuentra organizada dicha Entidad 25”.
Constituye una suma establecida en favor del servidor de la contribución como
retribución directa por sus servicios, lo cual, la convierte en habitual y periódica.
En este orden de ideas y en atención al precedente que se expuso anteriormente,
concluye la Sala que la prima de dirección es factor salarial, de modo que la expresión
“no constituye factor salarial”, está viciada de nulidad por desconocer el concepto de
salario en los términos señalados. [...]”
No obstante lo antes expuesto, en sentencia del 21 de mayo de 2020 26 el Consejo de Estado,
al estudiar en una demanda de nulidad el carácter salarial de la prima de gestión tributaria,
aduanera y cambiaria, indicó en relación al concepto de salario de la Corte Constitucional,
que refiere al pago cumplido, pero no a la posibilidad de señalar emolumentos con o sin
carácter salarial, pues en esa definición están las cesantías y vacaciones, las cuales son
prestaciones sociales, más no salario. Se cita:

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B , Consejero
ponente: César Palomino Cortés, Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil dieciocho (2018),
Radicación número: 11001-03-25-000-2011-00167-00(0580-11)
23 Cita de cita. ARTÍCULO 4o. PRIMA DE DIRECCIÓN. Es la retribución económica que se reconoce a los
servidores de la contribución por el ejercicio de las funciones inherentes a las jefaturas, cuando han sido
designados para tal efecto (...).
24 Cita de cita. Decreto Ley 1072 de 1999.
25 Cita de cita. Así lo disponía el artículo 62 del Decreto 1072 de 1999, vigente para la fecha de expedición de
la disposición acusada.
26 Consejo de Estado, Sala de Io Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, Consejero
ponente: William Hernández Gómez, Bogotá, D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil veinte (2020)
Radicación número: 11001- 03-25-000-2017-00860-00(4661-17)
14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00743-00
Demandante: Nación, Contraloría General de la República

“[...] Nótese que el aparte transcrito de manera alguna se refiere a la posibilidad de
señalar emolumentos sin carácter salarial para la liquidación de otras prestaciones
sociales, sino a la acepción amplia del vocablo salario, para exponer que todas las
sumas que se generen en favor del trabajador como consecuencia de la relación laboral
deben pagarse cumplidamente, sin importar su denominación, contexto que es
diferente al que en esta oportunidad se debate. De esta manera, no resulta admisible
que, como lo sugiere el demandante, todas las sumas que reciba el servidor deban ser
consideradas como factor salarial, habida cuenta de que la definición incluida en la
sentencia SU-995 de 1999 incluye igualmente las cesantías, vacaciones y primas, las
cuales en sentido estricto la ley define como prestaciones sociales”.
Teniendo en cuenta que el Consejo de Estado varió la definición de salario en la última
sentencia expuesta, la Sala se permite realizar una resumida Línea respecto a la posición
jurisprudencial de las altas cortes sobre la materia, así 27:

¿Cuál es la posición de las Altas Cortes frente a la definición de salario?

• CC – C-521 de 1995
• CC – C-710 de 1996
• CC – C-081 de 1996
• CE-CSC 21/02/199. RAD 954
• CSJ 12/02/1993. RAD 5481

• CE - 21/06/1996. RAD:839
• CSJ - 22/07/2008. RAD:31299 La definición de
Constituye salario toda
salario es un vocablo
retribución directa, constante • CC - 892 de 2009 amplio que refiere
y periódica que no sea
• CE - 18/05/2011. RAD:1854-09 únicamente al pago
ocasional
• CE - 21/10/2011. RAD:1016-09 cumplido por la labor
realizada
• CE-12/10/2011. RAD:1552-10
• CE - 9/02/2017. RAD:4683-13
• CE - 19/02/2018. RAD:0580-11
• CSJ 14/11/2018. RAD: 68303
• CE - 18/07/2019. RAD:21026
• CE- 21/05/2020. RAD 4661-17

En vista de lo anterior, tanto el Consejo de Estado como las demás Altas Cortes han tenido
una posición generalmente estable respecto al concepto de salario, siendo claro, que la más
reiterada y aceptada es que, constituye salario toda remuneración percibida por el actor como
retribución a la prestación del servicio, de manera habitual, periódica e independientemente
de la denominación dada por el legislador.
5. Del principio de progresividad y no regresividad
Teniendo en cuenta lo antes reseñado, para adoptar una postura, la Sala considera necesario
hacer referencia al principio de progresividad y no regresividad de los derechos sociales,
económicos y culturales, el cual ha sido señalado por la Corte Constitucional en la sentencia
C-228 de 2011, así:
“[...]
2.1. El principio de progresividad de los derechos sociales, económicos y culturales
(DESC) y la prohibición concomitante de la regresividad de estos derechos se
encuentra consagrado en el artículo 48 de la C.P que establece que, “El Estado, con la
participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la
seguridad social...”
2.2. Igualmente, se debe tener en cuenta que el principio de progresividad y la
prohibición de regresividad de los DESC se encuentran consagrados en las normas de
derecho internacional que hacen parte del bloque de constitucionalidad**, ya que

27 Se aclara que existen más sentencias sobre la materia, no obstante, se extrajo Ian que se consideraron
más relevantes en el tiempo por cuando las otras reiteraban la posición.
15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00743-00
Demandante: Nación, Contraloría General de la República

específicamente se encuentran estipulados en el artículo 2 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que establece que, “Cada uno
de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto
por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales,
especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que
disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en
particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí
reconocidos”. Del mismo modo en el artículo 11.1 del PIDESC se establece que, “Los
Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel
de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia... 28”
[...]”
También dijo en la misma sentencia que:
“[...] 2.7. Del mismo modo la jurisprudencia constitucional estableció que el mandato de
progresividad implica que una vez alcanzado un determinado nivel de protección de un
derecho social existe prima facie la presunción de inconstitucionalidad de todo
retroceso y la necesidad de realizar un juicio de constitucionalidad más severo en el
caso de que se presenten legislaciones regresiva de éstos derechos. Sobre esta
presunción de inconstitucionalidad prima facie del retroceso en materia de derechos
sociales se dijo en la Sentencia C-038 de 2004 que,
“El mandato de progresividad implica que una vez alcanzado un determinado nivel de protección, la amplia
libertad de configuración del legislador en materia de derechos sociales se ve restringida, al menos en un
aspecto: todo retroceso frente al nivel de protección alcanzado es constitucionalmente problemático puesto
que precisamente contradice el mandato de progresividad. Como los Estados pueden enfrentar dificultades,
que pueden hacer imposible el mantenimiento de un grado de protección que había sido alcanzado, es obvio
que la prohibición de los retrocesos no puede ser absoluta sino que debe ser entendida como una prohibición
prima facie. Esto significa que, como esta Corte ya lo había señalado, un retroceso debe presumirse en
principio inconstitucional, pero puede ser justificable, y por ello está sometido a un control judicial más severo. Para que pueda ser constitucional, las autoridades tienen que demostrar que existen imperiosas razones
que hacen necesario ese paso regresivo en el desarrollo de un derecho social".
[...]
2.9. Del mismo modo se debe resaltar que el test de proporcionalidad en materia de regresividad
de los derechos sociales ha utilizado los tres pasos que se plantean en el juicio de igualdad, es
decir el principio de idoneidad que consiste en verificar si la medida regresiva tiene un fin
constitucionalmente legítimo y un presupuesto constitucional que la justifique, en segundo Lugar
el presupuesto de la necesidad en donde se valora si de todas las medidas posibles, la que
escogió el legislador es la menos regresiva, hasta llegar hasta al último paso del test de verificar
la proporcionalidad en sentido estricto que consiste en confrontar el principio de no regresividad
con otros principios constitucionales como la garantía de sostenibilidad del sistema o los
principios de universalidad, solidaridad y eficiencia cuando se trata de valorar el sistema de
seguridad social, para establecer si en el caso concreto se presenta un mayor menoscabo del
principio de progresividad frente al principio constitucional que se enfrenta a éste.

Así por ejemplo
en la Sentencia C-038 de 2004 se dijo que si se utiliza como presupuesto de justificación de la
regresividad de un derecho social el fomento del empleo se debe constatar, “(i) que las medidas
no fueron tomadas inopinadamente sino que se basaron en un estudio cuidadoso, y (ii) que el
Congreso analizó otras alternativas, pero consideró que no existían otras igualmente eficaces
que fueran menos lesivas, en términos de la protección del derecho al trabajo. Y (iii) finalmente
debe el juez constitucional verificar que la medida no sea desproporcionada en estricto sentido,
esto es, que el retroceso en la protección del derecho al trabajo no aparezca excesivo frente a
los logros en términos de fomento del empleo”. Conforme a lo anterior, en razón al principio de progresividad, la Sala adoptará la
postura que, salario constituye toda retribución que recibe el trabajador de manera
directa, mensual, directa, mensual, ordinaria, constante y periódica por su servicio y
entenderlo de otra manera vulneraría el derecho fundamental al trabajo, a la
remuneración mínima y vital y demás principios laborales”.

Más adelante sostuvo:
“Debe decirse que, si bien el Consejo de Estado en sentencias del 30 de marzo de 2017 y 05
de mayo de 2022, indicó que el Gobierno Nacional en ejercicio de la facultad que le fue

28 Ver sobre el tema el libro compilado por Christian Courtis titulado ”Ni un paso atrás: prohibición de
regresividad en materia de derechos sociales”, Buenos Aires. CELS, 2006.
16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00743-00
Demandante: Nación, Contraloría General de la República

otorgada por la Ley 4 de 1992, está facultado para determinar que la prima técnica y la prima
de alta gestión no tienen naturaleza salarial y no es posible cambiarle su naturaleza; la Sala
mayoritaria se apartará de tal postura, en atención a lo dispuesto por la Corte Constitucional
en sentencia C-621 de 2015, donde expuso la posibilidad que tienen los jueces de apartarse
de la jurisprudencia de Altas Cortes, así:
(…)
Así las cosas, como quiera que las referidas providencias no son sentencias de unificación
jurisprudencial y de obligatorio acatamiento, no hay lugar a rectificar la tesis que esta
subsección ha venido adoptando y, por lo tanto, se revocará la sentencia que negó las
pretensiones de la demanda y, en su lugar, se accederá a las mismas”.

De acuerdo con lo anterior, se advierte que en relación con los precedentes
del 30 de marzo de 2017 y del 5 de mayo de 2022 proferidos por el Consejo
de Estado, en Sala de Sección, el Tribunal admitió que pese a existir dichos
pronunciamientos, se apartaba de los mismos en ejercicio de la autonomía e
independencia judicial que le asistía, lo que resulta válido a la luz el precedente
constitucional transcrito en aparte anterior.
En efecto, indicó expresamente que en los citados pronunciamientos se
hablaba de la potestad del Gobierno para considerar que las primas técnica
automática y de alta gestión no tenían naturaleza salarial, pero a lo largo de la
providencia cuestionada también se indicaron ampliamente las
consideraciones por las que el Tribunal encontró que, desconocer que se
trataba de un rubro que percibían ciertos funcionarios de manera permanente
y habitual, no podía ir en contra de los postulados constitucionales del artículo
53 de la Constitución Política, relativos a la primacía de la realidad sobre las
formas en materia laboral, razón por la que determinó inaplicar para el caso
del señor Iván López Dávila las normas que indicaban precisamente que no
constituía factor salarial para en su lugar, permitir que se tuvieran como tal y
esto tuviera incidencia en la liquidación de sus prestaciones sociales.
De esta manera, no se advierte un desconocimiento del precedente en este
sentido, lo que se evidencia es que el tribunal optó por apartarse del mismo
cumpliendo los requisitos de transparencia y suficiencia para no aplicar el
precedente, aspecto que permite evidenciar a la Sala una justificación
razonable de los motivos que llevaron a no coincidir en esa oportunidad con el
antecedente, cumpliéndose así con los criterios de transparencia, suficiencia
y el amparo del derecho de la mejor manera.
Finalmente, en relación con los dos precedentes restantes que citó como
fundamento del defecto que se estudia, debe indicar la Sala que se trata de
sentencias de la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación del 7
de diciembre de 2022, es decir, son posteriores a la sentencia del tribunal que
se cuestiona, que es del 27 de octubre de 2022, razón por la que no podría
hablarse de precedente con respecto a estas decisiones que debieran haberse
observado al emitir la decisión.

6. Conclusión
Tales consideraciones resultan suficientes para concluir que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, no incurrió en
los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente jurisprudencial, razón
por la que deberán negarse las pretensiones de la demanda de tutela.

17

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-00743-00
Demandante: Nación, Contraloría General de la República

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por la Contraloría
General de la República, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta Salva el voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRON

18

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.