Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00743-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-00743-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-00743-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
23 de junio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000 2023 00743 01
Referencia: Acción de tutela
Actora: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
TESIS: MODIFICA LA SENTENCIA IMPUGNADA QUE DENEGÓ LAS
PRETENSIONES DE LA ACCIÓN DE TUTELA DE LA REFERENCIA Y, EN SU LUGAR,
DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR CARECER DEL
PRESUPUESTO DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. ASUNTO MERAMENTE
LEGAL Y ECONÓMICO. INAPLICA POR INCONSTITUCIONALIDAD Y
SOLAMENTE ENTRE LAS PARTES DEL PROCESO LA EXPRESIÓN “NO
CONSTITUYE FACTOR SALARIAL” CONTENIDA EN LAS NORMAS RESPECTO A
LA PRIMA TÉCNICA AUTOMÁTICA Y LA PRIMA DE ALTA GESTIÓN.
DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA IGUALDAD, AL DEBIDO
PROCESO Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la
sentencia de 27 de abril de 2023, proferida en primera instancia por
la SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 que denegó el
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En adelante la Sección Cuarta.
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Actora: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
amparo solicitado.
I.– ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
La CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, actuando a
través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela
prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la
protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales estima
vulnerados por la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “D”- DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA2 al proferir
la sentencia de 27 de octubre de 2022, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 110013335021 2019 00097 02.
I.2.- Hechos
Indicó que el señor IVÁN LÓPEZ DÁVILA se encuentra vinculado a
la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en el cargo de
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En adelante el Tribunal
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Director Grado 03, adscrito a la Dirección de Estudios Sectoriales de
la entidad desde el 13 de agosto de 2014.
Refirió que el señor IVÁN LÓPEZ DÁVILA solicitó ante la entidad el
reconocimiento y pago de la prima técnica automática y la prima de
alta gestión como factor salarial y prestacional, petición denegada
mediante Oficio núm. 2017IE0094705 de 25 de enero y confirmada
a través de la Resolución núm. 81117-00279-2018 de 5 de febrero
de 2018.
Relató que, como consecuencia de lo anterior el señor IVÁN LÓPEZ
DÁVILA promovió demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en su contra, con el fin de que
se declarara la nulidad de los actos administrativos mencionados y,
en su lugar, se ordenara la reliquidación de las prestaciones sociales
adeudadas, incluyendo la prima técnica y la prima de alta gestión,
como factor salarial, desde el 13 de agosto de 2014.
Manifestó que a la demanda se le asignó el número único de
radicación 2019-00097-00 y le correspondió por reparto al Juzgado
Veintiuno Administrativo de Bogotá que, en sentencia de 10 de
diciembre de 2021, denegó las pretensiones al considerar que la
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prima técnica y la prima de falta gestión no constituyen factor
salarial.
Sostuvo que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de
apelación el cual fue desatado por el TRIBUNAL en sentencia de 27
de octubre de 2022, por medio la que revocó la decisión del a quo y,
en su lugar, accedió a las pretensiones de la demanda, por lo que
dispuso inaplicar parcialmente por inconstitucionalidad y solamente
entre las partes, la expresión “no constituye factor salarial para
ningún efecto” contenida en los artículos 5º y 6º de los decretos3 182
de 7 de febrero de 2014, 1093 de 26 de mayo de 2015, 241 de 12
de febrero de 2016, 1010 de 9 de junio de 2017, 344 de 19 de febrero
de 2018, 1005 de 6 de junio de 2019 y 320 de 27 de febrero de 2020,
respecto a las primas técnica y prima de alta gestión.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en
defecto sustantivo al resolver el asunto sin aplicar la normativa que
constituye el régimen salarial y prestacional de la carrera especial de
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Por los cuales se fijan las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de
empleos de la Contraloría General de la República y se dictan otras disposiciones.
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la Contraloría General de la República.
En efecto, resaltó que el TRIBUNAL no aplicó en debida forma el
artículo 4º de la Carta Política, que trata respecto de la excepción de
inconstitucionalidad; además, pasó por alto que de conformidad con
el artículo 113, numeral 5 de la Ley 106 de 30 de diciembre de 19934,
la prima técnica como la de alta gestión, no constituyen salario, por
tratarse de prestaciones sociales; además, tales emolumentos por
haber sido concedidos por el simple hecho de estar vinculado en un
cargo que exige unas calidades excepcionales, no tienen carácter de
factor salarial, en la medida en que no retribuyen la labor
desempeñada, tal como lo prevén los artículos 4º y 5º del Decreto
270 de 20005, aplicable a la planta de personal de la entidad,
establecida con ocasión del ejercicio de las facultades extraordinarias
conferidas por el numeral 1 del artículo 1º de la Ley 573 de 2000.
Afirmó que el TRIBUNAL también incurrió en decisión sin
motivación, toda vez que si bien presentó las consideraciones con las
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“Por la cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de la
República, se establece su estructura orgánica, se determina la organización y funcionamiento de la
auditoría externa, se organiza el Fondo de Bienestar Social, se determina el sistema de personal, se
desarrolla la carrera administrativa especial y se dictan otras disposiciones.”
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Por el cual se fija el sistema de remuneración de los empleos de la Contraloría General de la República
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que resolvió el problema jurídico planteado “en realidad no es así,
porque mas que eso, lo que busca es darle visos de legalidad y
razonabilidad a la tesis de los Magistrados de esa Sala veían
sosteniendo con anterioridad, a pesar de ir en clara contradicción con
decisiones del Consejo de Estado sobre los mismos supuestos
fácticos y jurídicos”.
Destacó que la autoridad judicial accionada simplemente mencionó
la definición del concepto de salario y aludió al principio de
progresividad y no regresividad, lo cual no tiene relación directa con
el caso concreto y no resuelve nada. Sumado a ello, refirió que acudió
a líneas sin contexto de pronunciamientos del Consejo de Estado que
tampoco guardan similitud fáctica ni jurídica con el problema jurídico
a resolver, desatendiendo la normativa existente sobre la materia.
Añadió que, no siendo suficiente lo anterior, de manera arbitraria
acudió al principio de autonomía no solo para desconocer los
pronunciamientos del órgano de cierre para casos similares, sino
para aplicar la excepción de inconstitucionalidad, incumpliendo con
las condiciones señaladas para ello, dado que no demostró la
vulneración de las disposiciones constitucionales que dijo aplicar con
preferencia a la preceptiva inmediatamente referida, omitió informar
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cual derecho fundamental tenía prevalencia en el caso concreto y
presentó razones ajenas al asunto.
Asimismo, adujo que también se incurrió en desconocimiento del
precedente judicial dispuesto para el asunto por la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado6, quienes fijaron una línea
jurisprudencial sobre la materia y consideraron que dentro del
régimen de carrera administrativa especial de la Contraloría General
de la República, la prima técnica y la prima de alta gestión no
constituyen factor salarial.
Recalcó que el TRIBUNAL se alejó de los precedentes judiciales ya
dispuestos, sin motivar de manera alguna su decisión, pese a que se
trataba de casos análogos al presente.
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”,
sentencia de 30 de marzo de 2017, C.P. César Palomino Cortés, radicación número 250002325000
2010 00012 01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia
de 5 de mayo de 2022, C.P. William Hernández Gómez, radicación número 250002342000 2018 01942
01.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia
de 30 de marzo de 2017, C.P. César Palomino Cortés, radicación número 250002325000 2010 00012
01.
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Finalmente, aseveró que la providencia acusada pone a la entidad
ante un imposible jurídico y administrativo que amenaza con causar
un daño irreparable al patrimonio del Estado, pues ordena unos
reconocimientos económicos que contravienen la ley y la
jurisprudencia.
I.4.- Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
invocados y, en consecuencia:
“[…] ORDENE al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Sub-sección “D”, M.P. Dra. Alba Lucía Becerra
Avella, que profiera sentencia de remplazo de segunda instancia
dentro del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 001333502120190009700/01 promovido por Iván
López Dávila, tomando las medidas necesarias para restablecer
los derechos vulnerados y subsanando los eventos violatorios de
los fundamentales derechos al debido proceso, a la igualdad, a
la doble instancia, y de acceso imparcial a la administración de
justicia de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; esto
es, ajustando su decisión tanto a la legislación existente, como
al precedente jurisprudencial vinculante dado por la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado. […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL adujo que no se observa la configuración de
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ninguno de los defectos indicados, en la medida en que: i) fue
proferida por funcionarios competentes; ii) con acatamiento al
procedimiento establecido para esta clase de actuaciones; iii)
aplicando el supuesto legal que sirvió de fundamento de la decisión,
de acuerdo al acervo probatorio allegado al expediente; iv) sin que
se presente contradicción entre los fundamentos y la parte
resolutiva; v) sin la presencia de un error inducido; vi) con una
decisión ampliamente motivada con fundamentos de hecho y de
derecho; y, vii) sin desconocimiento del precedente constitucional.
Sumado a ello, manifestó que la acción de tutela de la referencia se
torna improcedente, ya que la actora ejerció todos y cada uno de los
mecanismos judiciales que tenía a su disposición, de tal forma que
los argumentos planteados son los ya resueltos en la providencia
censurada, por lo que este mecanismo constitucional no puede ser
usado como una tercera instancia, como lo pretende la parte actora.
I.6. Intervinientes
I.6.1.- El señor IVÁN LÓPEZ DÁVILA, vinculado como tercero
interesado en las resultas del proceso, solicitó denegar el presente
amparo y mantener incólume el fallo acusado, toda vez que la acción
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de tutela de la referencia no cumple los requisitos de la relevancia
constitucional, la subsidiariedad y mucho menos con los yerros que
se le endilgan.
Alegó que los cargos propuestos por la actora aparentemente buscan
una instancia adicional, lo cual no resulta de tal validez, además, los
argumentos acá expuestos no fueron presentados dentro del proceso
ordinario.
Añadió que el asunto bajo examen no tiene precedente alguno;
además, el precedente alegado no es una sentencia de unificación
que sea de obligatorio cumplimiento para los asuntos por resolver,
sumado a ello, en ese caso se analizó una solicitud de reliquidación
de pensión, mas no de un funcionario que continua en actividad.
Por último, destacó que no se evidencia la ocurrencia de un perjuicio
irremediable en el caso concreto que amerite la intervención del juez
constitucional, máxime cuando la controversia versa sobre un asunto
meramente legal.
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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 27 de abril de 2023, la SECCIÓN CUARTA de
esta Corporación denegó el amparo solicitado al considerar que la
autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos endilgados.
Al entrar a analizar el asunto bajo examen, el a quo determinó que
aun cuando la actora alegó la presunta configuración de los defectos
sustantivo, desconocimiento del precedente y decisión sin
motivación, en relación con este último defecto advirtió que
reforzaba el argumento de no haber tenido en cuenta la
jurisprudencia del Consejo de Estado, por lo que lo abordó bajo la
caracterización del desconocimiento del precedente, al compartir los
mismos argumentos.
Ahora, frente al defecto sustantivo, destacó que en la sentencia
acusada se hizo mención expresa a lo dispuesto en el artículo 113 de
la Ley 106 de 1993, al Decreto 270 de 2000 y a los decretos que
anualmente expide el Gobierno Nacional para fijar la escala de
remuneración para las distintas categorías de empleos, en los que se
estableció la prima técnica automática y la prima de alta gestión, por
lo que no se desconoció el contenido de dichos preceptos, otra cosa
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es que el TRIBUNAL haya resuelto acudir a la figura de la
inaplicación por inconstitucionalidad de las disposiciones que
indicaban que estos rubros no constituían salario.
Ahora, en cuanto a los precedentes de 30 de marzo de 2017 y 5 de
mayo de 2022 proferidos por el Consejo de Estado, en una Sala de
Sección, sostuvo que la autoridad judicial accionada admitió que pese
a existir dichos pronunciamientos se apartaba de los mismos en
ejercicio de la autonomía e independencia judicial que le asistía, lo
que, a su juicio, resulta válido a la luz del precedente constitucional.
Aseveró que, a lo largo del fallo acusado, se indicó ampliamente las
consideraciones por las cuales desconocer que se trataba de un rubro
que percibían ciertos funcionarios de manera permanente y habitual,
no podía ir en contra de los postulados constitucionales del artículo
53 de la Carta Política, relativos a la primacía de la realidad sobre las
formas en materia laboral.
Así las cosas, advirtió que no se desconoció el precedente judicial,
sino que el TRIBUNAL se apartó del mismo cumpliendo los
requisitos de transparencia y suficiencia para no aplicar el
precedente, lo que le permitió evidenciar una justificación razonable
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de los motivos que llevaron a no coincidir en esa oportunidad con el
antecedente.
Finalmente, respecto de los demás precedentes restantes, afirmó
que eran posteriores a la sentencia cuestionada, por lo que no era
posible hablarse de precedente frente a estos.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la decisión proferida en primera instancia
señalando que sigue estando inerme ante la vulneración de sus
derechos fundamentales, esta vez por cuenta del juez de primera
instancia que para negar el amparo decidió adecuar el debate desde
la órbita constitucional que fue puesta a consideración y limitarse a
copiar las consideraciones dadas por el TRIBUNAL para decir
brevemente que la decisión que aquel adoptó sí fue justificada
razonablemente, al punto que hay transparencia y suficiencia en el
apartamiento de precedente.
Señaló que no le asistió razón al a quo al considerar que el defecto
por decisión sin motivación constituía el mismo reproche del
desconocimiento de precedente, por lo que solicitó que se proceda a
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hacer un estudio individual de los cargos inicialmente formulados.
Destacó que el a quo acudió a los mismos motivos que dieron pie a
la petición de amparo, lo cual, a su juicio, no resulta válido
comoquiera que no comprende de qué manera la determinación del
TRIBUNAL de acudir a la excepción de inconstitucionalidad le
permite al juez de tutela entender y asumir que estaba satisfecho el
deber de motivación para apartarse del precedente dado por el
órgano de cierre, pues nunca ha estado en discusión que las primas
debatidas no constituyen salario.
Añadió que la suficiencia y transparencia en las razones de
apartamiento mencionada por la SECCIÓN CUARTA han debido
referirse de manera argumentada, precisa y rigurosa acerca del
precedente judicial dado por la Sección Segunda del Consejo de
Estado, máxime cuando ni la autonomía ni la independencia judicial
fueron invocados por el TRIBUNAL para apartarse de los
pronunciamientos del órgano de cierre de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
Insistió en que el desconocimiento de precedente judicial no fue
atendido por el juez de primera instancia, pues dicho yerro estaba
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debidamente probado, en la medida en que la autoridad judicial
accionada no dio una razón válida para inaplicar la jurisprudencia ya
emitida sobre el asunto, para lo cual reiteró las sentencias
presuntamente desconocidas.
Así las cosas, solicitó que se realice un estudio de la totalidad de los
argumentos expuestos en el escrito de tutela para que, en su lugar,
se conceda el amparo inmediato de los derechos fundamentales
invocados.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las Secciones.
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La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
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seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
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demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado
fuera del texto)
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En el presente caso, la actora pretende que se deje sin efecto la
providencia de 27 de octubre de 2022, proferida por el
TRIBUNAL, a través de la cual revocó la decisión del a quo y, en su
lugar, accedió a las pretensiones de la demanda promovida por el
señor IVÁN LÓPEZ DÁVILA en su contra, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 2019 00097 02.
La controversia tiene origen en una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho presentada por el señor IVÁN LÓPEZ
DÁVILA en su contra, en la que solicitó el reconocimiento y pago de
la prima técnica automática y la prima de alta gestión como factor
salarial a partir del año 2014, en su calidad de Director, Grado 03,
adscrito a la Dirección de Estudios Sectoriales de la CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA.
La inconformidad de la parte actora radica en que, a su juicio, la
decisión acusada incurrió en los defectos sustantivo,
desconocimiento del precedente y decisión sin motivación, habida
cuenta que, a su juicio, se dejó de aplicar la normativa y la
jurisprudencia del Consejo de Estado que ha dispuesto que la prima
técnica automática y la prima de alta gestión no constituyen salario,
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decisión que omitió, por demás, motivar las razones por las cuales
se apartó de los pronunciamientos emitidos por el órgano de cierre.
Finalmente, la actora aseveró que la providencia acusada pone a la
entidad ante un imposible jurídico y administrativo, y amenaza con
causar un daño irreparable al patrimonio del Estado, pues ordena
unos reconocimientos económicos que contravienen la ley y la
jurisprudencia.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN CUARTA de esta Corporación que denegó las pretensiones
de la demanda al considerar que la sentencia acusada no incurrió en
los defectos alegados, toda vez que aplicó la normativa que
precisamente pone de presente la actora y, además, no desconoció
el precedente judicial dispuesto para el asunto, pues explicó las
razones por las cuales se apartó de dichos pronunciamientos.
En la impugnación la actora manifestó que persiste la vulneración
de sus derechos fundamentales invocados, pues el a quo se limitó a
copiar las consideraciones dadas por el TRIBUNAL para concluir que
la decisión adoptada sé se encontraba justificada, lo cual no resulta
válido, comoquiera que en la sentencia acusada nunca se motivó en
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debida forma el apartamiento del precedente dictado por el órgano
de cierre, máxime cuando nunca ha estado en discusión que las
primas debatidas no constituyen salario.
Añadió que el desconocimiento de precedente judicial no fue atendido
por el juez de primera instancia, por lo que solicitó que se realice un
estudio de la totalidad de los argumentos expuestos en el escrito de
tutela para que y, en su lugar, se conceda el amparo inmediato de
los derechos fundamentales invocados.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero, ii)
establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados al revocar la sentencia de primera instancia
y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 2019 00097 02.
Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
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providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial el requisito general de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional7, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».8
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
7
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
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Sala Plena de esta Corporación9, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [10]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [11].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [12].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[10] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[11] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[12] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
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derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [13].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
[13] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [14]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [15].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [16]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
[14] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[15] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[16] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
constitucional debía analizarse:
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“[…] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además,
una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la controversia
en el caso bajo estudio es de carácter meramente legal y de
contenido estrictamente económico, esto último, cuyo
reconocimiento no compromete ningún derecho fundamental de la
actora.
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En efecto, la divergencia recae sobre un asunto de mera legalidad
porque se deriva del alcance que la actora pretende que se dé a los
artículos 113 de la Ley 106 de 1993, 4º y 5º del Decreto 270 de 2000
y a los demás decretos reglamentarios del régimen salarial y
prestacional de los servidores de la CONTRALORÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA.
Así mismo, que se estudie la aplicación del artículo 4º de la
Constitución Política, frente a la excepción de inconstitucionalidad y,
en particular, que se determine los precedentes dispuestos para el
caso concreto.
Dichos aspectos carecen de una perspectiva constitucional, en la
medida en que su solución derivaría de la interpretación que el juez
natural le dio a la norma y a los precedentes supuestamente
desconocidos, los cuales, dicho sea de paso, fueron mencionados en
la providencia cuestionada.
En efecto, se destaca que las inconformidades que ahora alega la
actora en esta sede constitucional fueron atendidas por el
TRIBUNAL de la siguiente manera, así:
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“[…] 2. Problemas Jurídicos
Consiste en determinar si el señor Iván López Dávila tiene derecho
a que se inaplique la expresión “no constituye factor salarial”
contenida en Decretos 182 de 2014, 1093 de 2015, 241 de 2016,
1010 de 2017 y 344 de 2018 artículo 5° e inciso 3° del artículo 6°
y como consecuencia de lo anterior, se reconozcan las primas de
alta gestión y técnica como salario para todos los efectos legales y
prestacionales, reliquidando y pagando las diferencias de todas las
prestaciones sociales.
[…]
3. De la prima técnica y la prima de alta gestión
La Ley 106 de 1993, por la cual se dictan normas sobre
organización y funcionamiento de la Contraloría General de la
República, dispone:
“Artículo 113º.- De las Prestaciones Sociales de los Empleados de
la Contraloría General de la República. Los empleados públicos de
la Contraloría General de la República tendrán derecho a disfrutar,
además del régimen prestacional establecido para los empleados
públicos de la rama ejecutiva del poder público a nivel nacional, de
las prestaciones que vienen disfrutando en virtud de normas
anteriores, entre otros, a saber:
[…]
Posteriormente, el Gobierno Nacional profirió anualmente decretos
mediante los cuales fija la escala de remuneración para distintas
categorías de empleo, entre estos, los Decretos 1494 de 2001,
2719 de 2001, 691 de 2002, 3542 de 2003, 4155 de 2004, 920 de
2005, 393 de 2006, 622 de 2007, 662 de 2008, 727 de 2009, 1392
de 2010, 1040 de 2011, 837 de 2012, 1012 de 2013, 182 de 2014,
1093 de 2015, 241 de 2016, 1010 de 2017, 344 de 2018, 1005 de
2019 y 320 de 2020 los mismos consagran año a año la
denominada prima de alta gestión y prima técnica automática, las
cuales expresamente indican que esos emolumentos no
constituyen factor para ningún efecto legal.
4. Definición de salario según las normas y la jurisprudencia
de las Altas Cortes
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La Constitución Política de 1991, en su artículo 53 consagra el
derecho al trabajo, y faculta al Congreso para la expedición del
estatuto del trabajo, el cual debe regirse por principios
fundamentales, como:”[…] Igualdad de oportunidades para los
trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos
inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a
la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso
necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al
trabajador menor de edad (…)”.
[…]
Ahora, en cuanto a la definición de salario, es preciso citar el
Convenio sobre la protección del salario (C095 - núm. 95. 1949),
el cual hace parte del bloque de constitucionalidad, y que en su
artículo 1 señala:
“[…] el término salario significa la remuneración o ganancia, sea
cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que
pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación
nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de
un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este
último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya
prestado o deba prestar. […]”
El Código Sustantivo del Trabajo (Ley 50 de 1990), en cuanto a los
elementos constitutivos y no de salario, señala:
[…]
La Corte Constitucional en la sentencia C-521 de 1995, al estudiar
la constitucionalidad del artículo 128 de la Ley 50 de 1990, arguyó
lo siguiente, frente a la noción de salario:
“[…] Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o
variable sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie
como contraprestación o retribución directa y onerosa del servicio,
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y que ingresan real y efectivamente a su patrimonio, es decir, no
a título gratuito o por mera liberalidad del empleador, ni lo que
recibe en dinero en especie no para su beneficio ni para enriquecer
su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, ni
las prestaciones sociales, ni los pagos o suministros en especie,
conforme lo acuerden las partes, ni los pagos que según su
naturaleza y por disposición legal no tienen carácter salarial, o lo
tienen en alguna medida para ciertos efectos, ni los beneficios o
auxilios habituales u ocasionales, acordados convencional o
contractualmente u otorgados en forma extralegal por el
empleador, cuando por disposición expresa de las partes no tienen
el carácter de salario, con efectos en la liquidación de prestaciones
sociales. […]”
En cuanto a la definición de factor salarial, la aludida Corporación,
se pronunció en la sentencia C-710 de 1996, así:
“[…] La definición de lo que es factor salarial, corresponde a la
forma como se desarrolla el vínculo laboral, y no a la existencia de
un texto legal o convencional que lo consagre o excluya como tal,
pues todo aquello que recibe el trabajador como contraprestación
directa de su servicio, sin importar su denominación, es salario. En
esta materia, tal como lo establece el artículo 53 de la Constitución,
la realidad prima sobre las formalidades pactadas por los sujetos
que intervienen en la relación laboral. Por tanto, si determinado
pago no es considerado salario, a pesar de que por sus
características es retribución directa del servicio prestado, el juez
laboral, una vez analizadas las circunstancias propias del caso, hará
la declaración correspondiente.
[…]
Por su parte, el Consejo de Estado, en lo atinente al concepto de
salario, ha señalado:
[…]
En conclusión, el salario es: todas las sumas que habitual y
periódicamente recibe el empleado como retribución por sus
servicios, se debe cotizar sobre todo lo devengado y liquidar las
prestaciones sociales sobre lo realmente percibido.
[…]
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En otro pronunciamiento, el Máximo Tribunal de lo Contencioso
Administrativo definió los conceptos de devengar y salario de la
siguiente forma:
[…]
En ese orden de ideas, cuando la ley estipula que lo devengado por
un funcionario es la unidad de medida de un derecho, la misma ley
será la que defina qué ingresos percibidos deben ser imputados en
la liquidación del mismo. Igualmente, cuando se refiera al salario
debe entenderse que todo pago con carácter retributivo, que
constituya un ingreso personal para el trabajador y que sea
habitual, tiene tal naturaleza o característica. […]”
Finalmente, es menester mencionar lo expresado por la Corte
Suprema de Justicia, al referirse a la interpretación de los artículos
127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, en vigencia de la ley
50 de 1990:
[…]
De conformidad con las normas y jurisprudencia aludida, se colige
que hace parte del salario toda remuneración percibida por el actor
como retribución a la prestación del servicio, independientemente
de la denominación recibida.
En efecto, bajo la anterior definición de salario, el Consejo de
Estado en sentencia de 19 de febrero de 2018, al estudiar en una
demanda de nulidad la expresión “no constituye carácter salarial”
de la prima de dirección de los servidores de la contribución por el
ejercicio de las funciones inherentes a las jefaturas, prestación
similar a la aquí pretendida, indicó:
[…]
No obstante lo antes expuesto, en sentencia del 21 de mayo de
2020 el Consejo de Estado, al estudiar en una demanda de nulidad
el carácter salarial de la prima de gestión tributaria, aduanera y
cambiaria, indicó en relación al concepto de salario de la Corte
Constitucional, que refiere al pago cumplido, pero no a la
posibilidad de señalar emolumentos con o sin carácter salarial,
pues en esa definición están las cesantías y vacaciones, las cuales
son prestaciones sociales, más no salario. Se cita:
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Teniendo en cuenta que el Consejo de Estado varió la definición de
salario en la última sentencia expuesta, la Sala se permite realizar
una resumida línea respecto a la posición jurisprudencial de las
altas cortes sobre la materia, así:
En vista de lo anterior, tanto el Consejo de Estado como las demás
Altas Cortes han tenido una posición generalmente estable
respecto al concepto de salario, siendo claro, que la más reiterada
y aceptada es que, constituye salario toda remuneración percibida
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por el actor como retribución a la prestación del servicio, de manera
habitual, periódica e independientemente de la denominación dada
por el legislador.
5. Del principio de progresividad y no regresividad
Teniendo en cuenta lo antes reseñado, para adoptar una postura,
la Sala considera necesario hacer referencia al principio de
progresividad y no regresividad de los derechos sociales,
económicos y culturales, el cual ha sido señalado por la Corte
Constitucional en la Sentencia C-228 de 2011, así:
Conforme a lo anterior, en razón al principio de progresividad, la
Sala adoptará la postura de que, salario constituye toda retribución
que recibe el trabajador de manera directa, mensual, ordinaria,
constante y periódica por su servicio y entenderlo de otra manera
vulneraría el derecho fundamental al trabajo, a la remuneración
mínima y vital y demás principios laborales.
[…]
7. Caso concreto
Se encuentra debidamente probado dentro del proceso que el
señor Iván López Dávila, ocupa el cargo de Director – grado 3, de
la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría General de la
República, desde el 13 de agosto de 2013 (expediente
administrativo pág. 229), devengando mensualmente los
siguientes conceptos: sueldo básico, prima técnica y prima alta
gestión, según se observa de los desprendibles de nómina visibles
en el archivo 04, páginas 17 a 52, del expediente híbrido cuyo link
se agrega al final de este proveído.
Teniendo en cuenta lo anterior, como la parte accionante
solicitó la inaplicación por inconstitucionalidad de la
expresión “no constituye factor salarial” del artículo 5° y del
inciso 3° del artículo 6° de los Decretos 182 de 2014, 1093
de 2015, 241 de 2016, 1010 de 2017, 344 de 2018, por
cuanto contradicen el artículo 53 de la Constitución Política
y el Convenio sobre la Protección del Salario (Convenio Nº
95 de 1949), la Sala considera pertinente advertir, que la
aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, consiste
en que en un caso concreto en el que el operador jurídico,
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encuentre una disposición jurídica transgrediendo la
Constitución, debe optar por la aplicación más favorable.
La jurisprudencia constitucional ha definido que “[…] la excepción
de inconstitucionalidad es una facultad o posibilidad (o si se quiere,
una herramienta) de los operadores jurídicos, en tanto no tiene que
ser alegada o interpuesta como una acción; pero se configura
igualmente como un deber en tanto las autoridades no puede dejar
de hacer uso de ella en los eventos en que detecten una clara
contradicción entre la disposición aplicable a un caso concreto y las
normas constitucionales […]”.
Con fundamento en el artículo 4º de la Constitución Política,
la inaplicación de normas que contraríen la Constitución
Política no es una función exclusiva de la Corte
Constitucional y de los órganos de cierre de las
jurisdicciones, si no es una obligación de todos los jueces en
caso de incompatibilidad entre la Constitución y otra
normativa, aplicar las disposiciones constitucionales y que
tal inaplicación normativa tendrá efectos inter partes, tal
como lo anotó la Corte Constitucional en sentencia C-122 de
2011.
Adicionalmente a lo expuesto, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha establecido que, esta excepción procede cuando
“[…] la actuación controvertida se funda en una norma
indiscutiblemente inaplicable, ya sea porque (a) la norma perdió
vigencia por cualquiera de las razones de ley, (b) es
inconstitucional, (c) o porque el contenido de la disposición no tiene
conexidad material con los presupuestos del caso. También puede
darse en circunstancias en las que a pesar del amplio margen
interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades
judiciales, se produce (d) un grave error en la interpretación de la
norma constitucional pertinente, el cual puede darse por
desconocimiento de sentencias de la Corte Constitucional con
efectos erga omnes, o cuando la decisión judicial se apoya en una
interpretación claramente contraria a la Constitución […]”.
El no hacer uso de la excepción de inconstitucionalidad vulneraría
los derechos fundamentales de las partes debido a que, el juez
competente emplearía una interpretación normativa sin tener en
cuenta que contraría los derechos y principios consagrados en la
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Carta Fundamental. Por lo tanto, basaría su decisión en una norma
que, de acuerdo con el principio de interpretación conforme a la
Constitución, no podría existir en nuestro ordenamiento. En
consecuencia, se expediría un fallo con fundamento en normas que,
siendo de menor jerarquía, irían en contra de los principios y
derechos establecidos en la Constitución Política y, así, se generaría
un quebrantamiento de la misma.
En efecto, para resolver, se tomarán las normas que consideró
violadas, para determinar si existe o no un quebrantamiento a
ellas.
[…]
Así entonces, en consideración a las características
previamente descritas respecto a las primas técnica y de
alta gestión, la Sala concluye que, al ser pagados esos
emolumentos de manera mensual, es decir, percibidas de
manera habitual y permanente, aunado al hecho que
corresponden inequívocamente a una contraprestación por
motivo del servicio o las labores prestadas por ese servidor,
esos emolumentos, ineludiblemente deben tener la
connotación de factor salarial. -art. 53 CP. primacía de la
realidad sobre las formas.
En consecuencia, se inaplicará por inconstitucional la expresión “no
constituye factor salarial” contenida en los Decretos 182 de 2014,
1093 de 2015, 241 de 2016, 1010 de 2017, 344 de 2018, 1005 de
2019 y 320 de 2020 y se declarará la nulidad del acto
administrativo que negó el reconocimiento de la prima técnica
automática y prima de alta gestión como factor salarial.
Debe decirse que, si bien el Consejo de estado en sentencias
del 30 de marzo de 2017 y 05 de mayo de 2022, indicó que
el Gobierno Nacional en ejercicio de la facultad que le fue
otorgada por la Ley 4 de 1992, está facultado para
determinar que las prima técnica y la prima de alta gestión
no tienen naturaleza salarial y no es posible cambiarle su
naturaleza; la Sala mayoritaria se apartará de tal postura,
en atención a lo dispuesto por la Corte Constitucional en
sentencia C-621 de 2015, donde expuso la posibilidad que
tienen los jueces de apartarse de la jurisprudencia de las
Altas Cortes, así:
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[…]
Así las cosas, comoquiera que las referidas providencias no son
sentencias de unificación jurisprudencia y de obligatorio
acatamiento, no hay lugar a rectificar la tesis que esta Subsección
ha venido adoptando y, por lo tanto, se revocará la sentencia que
negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, se accederá
las mismas.
[…]” (Destacado fuera de texto).
De la trascripción en cita la Sala advierte que, en efecto, la sentencia
cuestionada está debidamente motivada con fundamento en las
normas y la jurisprudencia, en particular en el principio de
progresividad, en el artículo 4º de la Constitución Política que trata
respecto de la excepción de inconstitucionalidad y en el artículo 53
ibidem, por lo que el hecho de que la parte actora no comparta la
tesis allí dispuesta, no significa que la decisión sea arbitraria, sino
que, de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez
de conocimiento, el TRIBUNAL inaplicó por inconstitucionalidad la
expresión “no constituye factor salarial” contenida en los decretos
182 de 2014, 1093 de 2015, 241 de 2016, 1010 de 2017, 344 de
2018, 1005 de 2019 y 320 de 2020 y, accedió al reconocimiento de
la prima técnica automática y la prima de alta gestión como factor
salarial.
Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado
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improcedentes acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no
resulta ser de verdadera relevancia constitucional, debido a que se
centra en reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue
el caso de la providencia de 29 de agosto de 2018 17, en la que se
sostuvo:
“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.
Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).
17
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.
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Igualmente, en providencia de 9 de febrero de 201718, se indicó:
“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).
De igual forma, la discusión tiene un contenido claramente
económico, en la medida en que la inconformidad de la actora tiene
origen en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el
que se ordenó reconocer al señor IVÁN LÓPEZ DÁVILA, la inclusión
de la prima técnica automática y la prima de alta gestión como factor
salarial para la liquidación de las prestaciones sociales, sin que se
advierta que dicha situación pueda llegar a comprometer su mínimo
vital o cualquier otro derecho fundamental.
18
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
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En relación con este aspecto, esta Sala19 ha indicado:
“ […] para la Sala, el actor plantea una afectación de
derechos fundamentales que tienen su origen en últimas
en un debate estrictamente legal y económico, el cual ya
fue expuesto dentro del proceso ejecutivo y fue decidido
por el juez natural de la causa, por lo que no le corresponde
al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda
vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e
independencia judicial y desnaturalizaría el mecanismo
constitucional convirtiéndolo en una instancia adicional.
[…]
46. La Sala considera que la discusión que se expone a través
del escrito de tutela, siguiendo lo expuesto por la Corte
Constitucional en la sentencia antes transcrita, no tiene
trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia
se encuentra limitado a asuntos meramente legales y
económicos cuya competencia se encuentran en cabeza del juez
de lo contencioso administrativo.
47.Igualmente, el conflicto que subyace en esta
oportunidad tiene un alcance de contenido particular y
meramente económico, esto es así porque la discusión y
los argumentos que se extraen de la acción de tutela, más
que develar la necesidad de protección de un derecho
fundamental, buscan que el juez de tutela valide la tesis
jurídica del actor y, con ello, acceda a las pretensiones de la
demanda, sin que de esta discusión se pueda evidenciar una
clara trascendencia o relevancia constitucional […]”. (Destacado
fuera de texto)
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la actora,
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de enero
de 2023, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 110010315000202206436-00
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sino una divergencia que obedece a un debate de mera legalidad y
de carácter económico, en el cual el juez de tutela no puede
inmiscuirse, so pena de otorgar a la acción de tutela el carácter de
un recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales y de
paso invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En consecuencia, la Sala modificará la decisión dictada por el a quo,
que denegó las pretensiones de la acción de tutela de la referencia
y, en su lugar, declarará improcedente la solicitud de amparo por
carecer del requisito general de la relevancia constitucional, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
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F A L L A:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada que denegó las
pretensiones de la acción de tutela de la referencia y, en su lugar,
DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional
por no cumplir el requisito general de la relevancia constitucional,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de junio de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
Ausente en comisión
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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